Canarias: STAJ, en la Plataforma Sindical por la Indemnización por Residencia

Con la firma de 9 sindicatos de colectivos públicos se constituyó oficialmente la "Plataforma Sindical por la Indemnización por Residencia" en Canarias, que defenderá de ahora en adelante la equiparación a nivel nacional de este complemento que perciben los funcionarios públicos por el hecho de vivir alejados del territorio peninsular.

En la plataforma participan de momento los sindicatos STAJ, CCOO, CSI-CSIF, UGT, AE CANARIAS, SPP, ACAIP-SAP, USO, INSUCAN, y COBAS. Otras dos asociaciones ya han dicho que se unirán a la reivindicación. “Es una reivindicación que por lo justa que es, está respaldada por todos los sindicatos con los que hemos contactado” dijo Mario Rodríguez González, portavoz de la plataforma junto con Ana Gutiérrez.

Canarias es la comunidad en la que los funcionarios públicos reciben una cantidad menor en concepto de Indemnización por Residencia”, complemento que tiene la finalidad de compensar la residencia lejana al territorio peninsular, siendo esta comunidad sin embargo la que más dista. Así por ejemplo un funcionario de categoría C1, que representa al funcionario medio canario, recibe 5.000 euros menos anualmente en concepto de Indemnización por Residencia que uno Ceta y Melilla. Si es de clase A, la diferencia se eleva a 7.000 euros anuales. Actualmente un funcionario medio en Canarias (categoría C1) recibe unos 70 euros mensuales en este concepto, mientras que en Ceuta y Melilla, estando mucho más cerca son 500 euros al mes.

Según Mario Rodríguez y Ana Gutiérrez en Canarias existe un doble agravio: Por un lado con respecto al resto de comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y Baleares, y por otro dentro de los mismos funcionarios públicos, donde el aumento de este complemento salarial compensatorio para la “élite de los funcionarios”, los jueces, fiscales y secretarios judiciales.

Afirman desde esta plataforma que “la exclusión de los funcionarios en Canarias ya viene siendo habitual desde el año 2003, donde en un acuerdo entre administración y sindicatos "donde nos excluyó en parte del reparto, porque se incrementa mucho más la retribución por la característica de lejanía en Ceuta, Melilla y Baleares que en Canarias” y añade que “nos han marginado en otras dos ocasiones” a la hora de revisar la indemnización por residencia.

Sin embargo “lo que más nos llama la atención es que ninguno de los partidos políticos en Canarias respalde nuestras justas reivindicaciones, dándose el caso que Coalición Canaria defendió esta subida para Baleares, pero no dijo nada para Canarias.”

“En Las Palmas se está constituyendo la misma plataforma, y haremos acciones conjuntas” de reivindicación. De momento, han convocado para el día 24 ante la Subdelegación del Gobierno una concentración de delegados sindicales que apoyan la plataforma.

Reivindican desde la plataforma que las subidas salariales queden reguladas por Ley, “para que no quede en manos del gobernante de turno la subida salarial, y sea para todas las comunidades por igual, teniendo especialmente en cuenta la ultraperificidad de nuestras islas.”

Denuncian también que existen diversos instrumentos fiscales y de apoyo a esta ultraperificidad de las islas para los empresarios (ZEC, RIC…), sin embargo para los trabajadores en general en Canarias “no existe nada que compense el mayor coste de vida, menos oportunidades de mejora, menores servicios públicos, mayores gastos de desplazamientos, etc.”

Fuente: Canarias 24 horas.com

Paraguay: Funcionarios judiciales en huelga

Paraguay. Los dos sindicatos de funcionarios judiciales comunicaron que luego de la realización de asambleas resolvieron convocar a una huelga general de todos los funcionarios. La huelga comenzó el pasado lunes hasta este viernes 21 de septiembre. La medida obedece a que el Senado postergó el estudio de la ampliación presupuestaria para el Poder Judicial, que debía cubrir el alquiler de varios juzgados, la adquisición de equipos informáticos para varias dependencias y un incremento del 10% en los salarios de todos los funcionarios.

Mediante una nota remitida en forma conjunta por el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar) y el Primer Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Prisintrajupar) se informó a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alicia Pucheta de Correa que resolvieron convocar a una huelga general de todos los funcionarios judiciales de la capital y el interior, a raíz que la Cámara de Senadores postergó el estudio de una ampliación presupuestaria para el Poder Judicial.

Los sindicalistas argumentan que el pedido de la ampliación presupuestaria obedece a la necesidad de cubrir numerosos gastos del segundo semestre del presente año, teniendo en cuenta que el Presupuesto 2007 es similar al del año anterior, no contemplando así el crecimiento vegetativo del Poder Judicial.

Entre las necesidades que deben ser cubiertas con urgencia, figuran los alquileres de numerosos juzgados en todo el país, la adquisición de equipamientos de oficina y computadoras para numerosas dependencias judiciales que ven afectadas sus labores por la carencia de los mismos; salarios caídos de empleados contratados que contaban con rubros para los primeros seis meses del año y un incremento salarial del 10%, en vista que los funcionarios judiciales no han visto un solo aumento en sus haberes desde hace diez años.

Pese a la realización de la huelga general, los sindicatos informaron que funcionarán los servicios básicos, como libertades, cheque de prestación de alimentos, resoluciones de personas aprehendidas, juzgados de Garantías, juzgados de turno, remates, restitución de menores por jurisdicción, hábeas corpus, amparos y trámites en los Registros Públicos y Tasas Judiciales que tendrán habilitadas dos ventanillas respectivamente.

Fuente: PPN.com

Castilla y León: Concepción cree "inminentes" las transferencias

La transferencia de las competencias en materia de Justicia del Gobierno central a la Junta de Castilla y León es «inminente», según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), José Luis Concepción.

Concepción consideró que hay «indicios importantes» que apuntan en esa dirección. En este sentido, indicó que, de no ser así, no se explicaría para qué se ha creado en la legislatura autonómica que prácticamente acaba de comenzar la Consejería de Interior y Justicia en Castilla y León, a lo que se suma el «evidente cambio de talante a mejor que se ha apreciado en el Ministerio de Justicia tras el cambio de titular».

Concepción aseguró que mantiene contactos frecuentes y periódicos tanto con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, como con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en los que trata sobre varios temas, entre ellos también el proceso de transferencia.

Sin embargo, recordó que se trata de un aspecto que es responsabilidad de los ejecutivos central y autonómico, «que son quienes deben limar posibles diferencias».

Para el presidente del Alto Tribunal de Castilla y León, la transferencia de los medios materiales de Justicia al Gobierno regional supondrá una mayor celeridad en la atención a las peticiones de los jueces en la Comunidad.

No obstante, insistió en que «lo ideal sería dar un vuelco a la interpretación del Estado de Derecho para que el poder judicial se equipare al legislativo en materia de presupuestos, de manera que sea el Consejo General del Poder Judicial el encargado de administrar el presupuesto de Justicia». En este sentido, precisó que «la transferencia de la competencia no satisface plenamente la autonomía que debería tener el poder judicial para equipararse a los poderes ejecutivo y legislativo, pero supondrá una dotación de medios y cobertura de necesidades más rápida y eficaz, al depender de una administración más cercana».

Por otra parte, Concepción se mostró optimista respecto a la creación de nuevas unidades judiciales en Castilla y León y auguró que la planta judicial de la comunidad estará completa en dos o tres años. A las 16 nuevas unidades autorizadas por el Ministerio de Justicia en 2005 se sumaron 4 en 2006 y a finales de 2007 se crearán cuatro más, pese a lo cual quedan pendientes 10 unidades más.

Fuente: Diario de León

Aragón: Los problemas están en Zaragoza

El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, reconoció que los problemas de la Justicia en la Comunidad autónoma están fundamentalmente en Zaragoza y que estos se refieren al espacio, la dispersión de órganos judiciales y a los medios tecnológicos.

Rogelio Silva visitó oficialmente las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), invitado por su presidente, Fernando Zubiri, y se entrevistó con este y con el fiscal jefe, José María Rivera.

Este primer contacto institucional sirvió para conocer de "primera mano" la situación de la Justicia en Aragón, como explicó Zubiri, ya que la Comunidad asumirá muy pronto las transferencias de esta materia. En este sentido, Silva manifestó que "no debería de existir ningún problema" para que el traspaso sea "efectivo" el próximo 1 de enero de 2008, como está previsto.

El consejero manifestó que a pesar de que este es un momento de incertidumbre porque "se está sin estar" y todavía no se puede hacer una "labor de inspección para ver los edificios y conocer cómo se encuentran", su departamento se está preparando, en colaboración con el TSJA, para tener todo listo para esa fecha.

Añadió que las líneas generales de la transferencia ya están "habladas y acordadas" con el Ministerio de Justicia. Sin embargo, comentó que todavía hay "cuestiones que matizar" en las cuales hay que entrar al "detalle", como, por ejemplo, el número de funcionarios que se transfieren.

Subrayó que la fase en la que se encuentra el traspaso de competencias es la más técnica y que se trabaja para definir todos los aspectos "y ajustar la transferencia al euro". Una vez acabado el estudio técnico, se reunirán las comisiones para firmar el traspaso. "Estamos en plazo para que se haga efectiva el 1 de enero de 2008". No obstante, anunció que durante tres meses habrá una gestión compartida entre ambas administraciones para paliar los "desajustes" que puedan surgir.

Respecto al problema que tiene Zaragoza de falta de espacio y dispersión de juzgados por la ciudad, Silva reiteró que la sugerencia de crear una Ciudad de la Justicia en la capital aragonesa "igual no es la más adecuada". Añadió que no se trata de copiar el modelo de otras Comunidades, sino de estudiar en profundidad las características de la ciudad, la disponibilidad de solares y la existencia de edificios que se puedan aprovechar y buscar la mejor fórmula "no solamente para los funcionarios, sino también para los usuarios".

El presidente del TSJA, Fernando Zubiri, se pronunció en el mismo sentido y matizó que "la idea de una Ciudad de la Justicia hay que entenderla no tanto como un concepto arquitectónico sino funcional".

Además, Rogelio Silva reconoció que "está claro que existen problemas en las instalaciones, fundamentalmente en Zaragoza" y señaló que la Justicia "tampoco cuenta con los medios materiales ideales, y presenta un retraso importante en nuevas tecnologías". El consejero se comprometió a hacer un "esfuerzo importante" para solucionar esta situación, aunque dijo que es difícil corregir en un año lo que a lo mejor se tuvo que hacer en veinte" por las limitaciones presupuestarias.

Fuente: Heraldo.es

Galicia: Los tribunales dejan pendientes cada día casi 400 juicios

Galicia ya es la cuarta comunidad española con un mayor colapso judicial. Los últimos datos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reflejan que cada día quedan casi 400 casos pendientes, a pesar de ser la novena autonomía en el ranking de asuntos por cada mil habitantes.

En el año 2006, los diferentes órganos judiciales de Galicia ingresaron un total de 417.808 asuntos, de los que resolvieron 403.003 y dejaron pendientes 138.067. Sólo las estadísticas de Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia son peores. Estos datos apuntan que, de mantenerse este nivel de resolución inferior al de ingreso, el número de casos pendientes seguirá creciendo durante el presente ejercicio 2007.

El presidente en funciones del TSXG, Antonio González Nieto, considera fundamental complementar la creación de nuevas plazas judiciales con la búsqueda de «una solución extrajudicial a muchos de los conflictos» menores.

A pesar de los datos anteriores, González Nieto dibuja un «panorama esperanzador» para Galicia, justificado en el hecho de que todos los órganos jurisdiccionales cuentan con jueces titulares, frente a la provisionalidad de antaño, y en la confianza de que la Xunta pueda negociar con el Gobierno central una mayor dotación de plazas judiciales.

En concreto, apunta la necesidad de superar el cupo del 6% que habitualmente se reserva a la comunidad en el reparto total para el territorio judicial español.

El optimismo del TSXG sobre el futuro del sistema judicial gallego no es compartido por abogados y sindicatos, que consideran insuficientes las peticiones de la Xunta al Gobierno central para subsanar el colapso en los tribunales de la comunidad. Consideran además imprescindible la puesta en marcha de un juzgado de violencia de género en cada municipio de más de 20.000 habitantes.

La puesta en marcha de los juicios rápidos supuso un antes y un después en los asuntos de faltas. Sin embargo, en esto Galicia también va a la cola. De hecho, es una de las comunidades en las que menor incidencia tienen este tipo de procedimientos judiciales. Así, del total de juicios por faltas, sólo un 7,5% fueron resueltos de este modo en 2006, porcentaje que queda muy lejos de los alcanzados por otras regiones. En Canarias tres de cada diez procesos fueron juicios rápidos y en Andalucía, el 22,9%.

Fuente: 20minutos.es

México: V Congreso de Justicia Alternativa

México, DF. La mediación se ha convertido en una alternativa extrajudicial en la solución de conflictos familiares, patrimoniales, judiciales no violentos, mercantiles y agrarios, reduciendo la carga de trabajo en el sistema judicial y logrando acuerdos entre las partes de una manera rápida y barata.

Al anunciar el V Congreso de Mediación, a realizarse del 19 al 21 de septiembre, el presidente de Centro Notiarial de Mediación, Othón Pérez, señaló que la sociedad se ha “judicializado” y hoy se tienen más conflictos que son tratados por los tribunales sin que éstos se den abasto.

Actualmente, dijo, el Tribunal Superior de Justicia del DF se ha convertido en el más grande en el mundo, con un total de 199 juzgados, los cuales no son capaces de atender las miles de demandas que se registran actualmente en la capital, por lo que la mediación entre las partes se ha convertido en una alternativa viable, con resultados expeditos.

Pese a ser una medida “joven” en América Latina, en poco más de 15 años se han tenido resultados favorables tanto en el Centro de Justicia Alternativa —donde no tiene ningún costo para los solicitantes— como en las propias notarías —donde se lleva a cabo y su costo oscila en los 4 mil pesos con un tiempo de resolución de cuatro semanas.

Con ello, dijo, se busca reducir también el número de delincuentes no violentos que llegan a las cárceles y esperan años ser juzgados, así como la saturación de los centros penitenciarios, logrando así el fin del conflicto y no sólo del proceso involucrado mediante una justicia restaurativa.

Mencionó que entre los ponentes en este congreso, se tiene confirmada la asistencia del presidente del Consejo de la Judicatura del DF, José Guadalupe Carrera Domínguez, y especialistas en mediación de EU, Puebla y Oaxaca.

Fuente: La Jornada

La tecnología es la varita mágica para mejorar la Justicia como servicio

El Gobierno considera que en este momento no hay ningún otro instrumento que pueda mejorar tanto la calidad de la Justicia como servicio público, como la extensión de las nuevas tecnologías en juzgados, tribunales y registros, aseguró el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández.

"Para el Ministerio de Justicia, es tan importante el BOE como la conexión a internet", dijo Pérez Hernández, en el acto de clausura del curso de la UIMP "Aspectos jurisdiccionales de las telecomunicaciones y sus relaciones con el audiovisual".

El secretario de Estado explicó, al respecto, que el Ministerio "tiene muy claro" que la exigencia constitucional de dar publicidad a las actuaciones judiciales "hoy sólo es posible cumplirla mediante las nuevas tecnologías", según informa la UIMP.

Pérez Hernández también planteó a los asistentes al curso si "tendría algún sentido" que se mantuviese el despliegue territorial de los datos que guardan los cerca de 8.000 registros civiles de paz del país el día que se digitalicen todos sus contenidos, o si por el contrario es más conveniente crear una base de datos "que sea el Registro Civil de España".

Explicó asimismo que el éxito de Lexnet, la plataforma puesta en marcha en enero para comunicar a los órganos judiciales a través de la red, ha sido tal, que "el Ministerio está pensando en anticipar su extensión haciendo que se modifiquen también las leyes procesales para que la comunicación vía internet tenga efectos jurídicos y pueda prescindirse del papel".

Fuente: hoyTecnología

Asturias: El Gobierno se compromete a "acelerar" las transferencias

Hay buena voluntad entre las partes, pero los avances concretos son todavía escasos. Es la conclusión que se puede extraer de la reunión que mantuvieron en Madrid representantes del Gobierno asturiano y del Ministerio de Justicia, con el cierre definitivo del traspaso de las competencias en esta materia como tema 'estrella'.

Del encuentro se desprende el compromiso del Ejecutivo central de «acelerar en la medida de lo posible» la negociación para culminar la parte pendiente de la transferencia, relativa al personal, aunque sin dar fechas. El Principado cuenta, en principio, con cerrar la tramitación el próximo 1 de enero.

Al encuentro con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena, acudieron los responsables regionales de Desarrollo Autonómico, José Manuel Fernández, y de Justicia, Manuel Cabaleiro. Arozamena informó a ambos de que «en las próximas semanas» remitirá al Principado la información pendiente para agilizar la transferencia, pero no se quiso 'mojar' y aportar una fecha precisa en la que el proceso pueda darse por finiquitado. Por lo tanto, más de un millar de efectivos seguirán dependiendo aún del Estado, a la espera de que previsiblemente a comienzos del próximo año, si no hay nuevos retrasos, pasen a engrosar las listas del funcionariado regional.

El traspaso de los recursos humanos acumula ya cierto retraso, puesto que en un principio se puso como fecha tope el pasado 1 de julio, y algo similar ocurre con la oficina judicial de Avilés. No se trata de una demora en sí, sino de la constatación de un cierto aplazamiento sobre los planes iniciales del ministerio de que la ciudad acogiera este servicio como 'experiencia piloto'. En cualquier caso, Justicia también habla de «agilizar los trámites». Ambas partes se comprometieron asimismo a celebrar en próximas fechas una reunión centrada en el apartado de las infraestructuras, sobre todo en lo relativo al estado del proyecto del Instituto de Medicina Legal.

Fuente: elcomerciodigital.com

Tolosa afirma que Cantabria está preparada para las transferencias

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, ha destacado que la Comunidad Autónoma tiene "capacidad absoluta" para asumir las transferencias de Justicia a partir de enero de 2008, aunque recalcó que la "mejora" y la "transformación" en esta Administración se realizará "poco a poco" y gracias "al trabajo y al compromiso de todos". Tolosa ha explicado que la apertura del año judicial, que se celebrará con un acto institucional el próximo 21 de septiembre, se presenta en esta ocasión "con un significado especial" como consecuencia de la asunción de las competencias de Justicia por parte de Cantabria, a partir del 1 de enero de 2008.

Resaltó que la transferencia de las competencias de Justicia abrirá "un nuevo escenario" en el que, según recalcó, "será necesario el compromiso político de la Comunidad Autónoma" y "el trabajo de todo el personal" de dicha Administración. El máximo representante del TSJC destacó que las relaciones de este órgano con el Gobierno regional son "inmejorables", sin que haya "ningún tipo de fricción" ni "problema" entre los representantes de ambos organismos. Enfatizó la "confianza" y la "colaboración" existentes, y auguró que en el futuro se "seguirá en esa línea", al tiempo que se mostró convencido de que la Comunidad Autónoma "responderá al reto" de "contribuir a satisfacer las necesidades" que plantee la Administración de Justicia.

Preguntado sobre los principales cambios desde que fuera nombrado presidente del TSJC, hace casi tres años, Tolosa se refirió al "crecimiento" experimentado por la Administración judicial en Cantabria en ese periodo, dado que "se ha tratado de mejorar en algunos aspectos que no estaban suficientemente desarrollados", dijo. Así, aludió a las acciones realizadas para "acercar" la institución del TSJC a diferentes colectivos y grupos sociales, con programas educativos y visitas de colegios a la sede de Las Salesas, junto a la organización de jornadas de puertas abiertas.

Enfatizó los "esfuerzos" de "apertura" del Tribunal "a la sociedad", con la creación de un gabinete de comunicación y, previsiblemente a partir del primer trimestre del próximo año, la puesta en marcha de una web institucional "abierta a todos los ciudadanos". Señaló, además, que en cuanto a formación de jueces y magistrados "se han dado avances importantes", de forma que Cantabria "es una de las comunidades que más actividades formativas desarrolla, en relación a su tamaño". Por otro lado, el presidente del TSJC hizo hincapié en la "colaboración" y el "trabajo" impulsado desde la institución y el ámbito judicial para que las transferencias de Justicia "se hagan realidad en las mejores condiciones".

"Ha habido un trabajo sostenido y continuo de colaboración con la Comunidad Autónoma para efectuar un diagnóstico de la situación de la Justicia y de las necesidades, que permitiera al Ejecutivo regional hacer la negociación del coste de la transferencia con la mayor de las concreciones", apostilló. Tolosa enfatizó, asimismo, el objetivo de "contribución a la mayor rapidez" y "eficacia" en el funcionamiento de la Justicia, un aspecto en el que, según aseveró, "es donde menor incidencia puede tener la actuación de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia".

Sobre el incremento en el número de asuntos pendientes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC --que el último informe anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sitúa en un 30 por ciento-- apuntó que ese aumento "no es trasladable" al resto de los órganos jurisdiccionales puesto que, tal y como remarcó, los juzgados de lo contencioso-administrativo "han reducido" la tasa de pendencia.

De hecho, explicó que el último informe del Servicio de Inspección del CGPJ sobre la evolución de esos juzgados, que en general "se considera crítica", revela que en Cantabria están en "una situación óptima" y mantienen "un buen nivel de resolución". Agregó que, pese al incremento en los asuntos pendientes, la situación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC "es más favorable que la de otras salas de España", aunque "esto no puede hacer caer en la autocomplacencia", dijo Tolosa, quien insistió en la necesidad de "cambiar la tendencia".

"Las generalizaciones siempre son muy peligrosas, y en este caso lo son", subrayó el presidente del TSJC, quien reconoció que en la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha registrado "un incremento de la tasa de pendencia", una situación ante la que "habrá que hacer esfuerzos" y "plantearse posibles vías de solución". En todo caso, Tolosa apuntó a la existencia de "razones" que "pueden justificar" esa subida en la tasa de pendencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, entre las que citó el "incremento en la entrada de asuntos", el aumento "espectacular" de las impugnaciones en materia de extranjería, y la "complejidad" de las cuestiones que se reciben.

Fuente: Cantabria Liberal

11-S: Never forgotten

Mérida: El Contencioso 2 entrará en servicio a finales de año

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida entrará en servicio a finales de año en un local situado en la avenida Reina Sofía, frente a la barriada de María Auxiliadora.

El Ministerio de Justicia ha alquilado de forma provisional estas dependencias, que cuentan con una superficie de 510 metros cuadrados, para poner en marcha el nuevo juzgado tras su creación por parte del Gobierno central el pasado mes de junio.

Su ubicación definitiva estará en el Palacio de Justicia que se construirá en los terrenos de Mérida III Milenio, previsto para finales del 2010, pero la urgencia de crear un segundo juzgado de lo Contencioso ha obligado a buscar en los últimos meses un emplazamiento lo más adecuado posible. De hecho, el Ministerio de Justicia ha rechazado varios inmuebles que han sido ofrecidos por el Ayuntamiento de Mérida, como el antiguo colegio Santo Ángel.

Desde el mes pasado se trabaja en la adecuación del local, situado en el número 80 de la avenida Reina Sofía, en la planta baja de un bloque de viviendas terminado recientemente. El recinto se encuentra en bruto y está siendo adaptado por el propietario conforme a las necesidades planteadas por el Ministerio de Justicia.

Su principal ventaja es que todas las estancias estarán en una sola planta. El aspecto negativo es lo alejado que se encuentra del resto de dependencias judiciales de la ciudad, lo que obligará al tránsito de profesionales y usuarios.

Los trabajos de albañilería, que acomete la empresa constructora Solcine Montijo, concluirán previsiblemente en septiembre. Tras esto, se procederá a la colocación del aire acondicionado y el resto de instalaciones. El equipamiento del mobiliario y los equipos informáticos correrán por cuenta de Justicia.

Las dependencias destacan especialmente por su luminosidad, ya que tienen fachada a tres calles distintas, y por su gran capacidad. Contarán con despacho para el juez y el secretario judicial, sala de vistas y sala de espera, entre otras estancias.

Para adaptar el espacio disponible a las necesidades de calidad que establece el Ministerio de Justicia para este tipo de instalaciones, será necesario reforzar la seguridad con rejas en las ventanas y con una entrada especial.

Junto a esto, se deberá mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida, para lo que se instalarán rampas tanto para entrar a las instalaciones como para poder superar los escalones situados a pie de calle.

Como recuerda la Delegación del Gobierno en Extremadura, el compromiso es que este nuevo servicio entre en funcionamiento antes del próximo 31 de diciembre, como se establece en el decreto por el que se creó el juzgado.

Junto a esto, la Delegación indica que el segundo juzgado de lo Contencioso de Mérida acogerá de 15 a 20 trabajadores. Para ello, el Ministerio de Justicia deberá plantear un concurso de traslado de puestos.

El concurso para la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Mérida ha despertado gran interés entre las empresas del sector. Según indica el Ministerio de Justicia, más de 15 firmas han presentado ofertas para llevar a cabo esta actuación.

Justicia convocó el pasado mes de julio el concurso para la construcción de las nuevas dependencias en los terrenos del proyecto Mérida III Milenio. Como suele ser habitual en estos procesos, las empresas interesadas han debido presentar una oferta técnica y otra económica.

Está previsto que el próximo 19 de septiembre se conozca el contenido de las ideas técnicas y que el 5 de octubre se abran los sobres con las ofertas económicas. Tras esto, la mesa de contratación deberá valorar las distintas posibilidades y elegir al adjudicatario.

El proyecto del nuevo Palacio de Justicia de Mérida pretende paliar de una vez por todas los problemas de falta de espacio de las dependencias judiciales de la capital autonómica. Para ello, tendrá capacidad para albergar dos secciones de la Audiencia Provincial (ahora sólo hay una) y 16 juzgados (ahora hay siete).

El presupuesto asciende a 18.520.508,28 euros y el plazo de ejecución es de tres años, con lo que podría estar concluido a finales del 2010.

Fuente: hoydigital

Un miembro del CGPJ pide la independencia de Cataluña

Las polémicas declaraciones del miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Alfons López Tena sobre el supuesto «genocidio» de los catalanes han provocado el repudio generalizado de sus pares. Sus reflexiones paranoicas sobre la historia de España no han tardado en ser rechazadas por los colectivos judiciales más representativos.

López Tena, valenciano y de padres andaluces, asegura en la página 230 de su libro «Cataluña bajo España. La opresión nacional en democracia» que los catalanes «no somos los únicos en el mundo sometidos a un proceso de discriminación, exclusión, subordinación y, a fin de cuentas, asimilación y/o genocidio». El propio López Tena asegura que esa reflexión se hizo «en un contexto genérico» y que en otros pasajes del libro precisa que en España ha habido llamamientos al genocidio, pero que finalmente se ha seguido la vía de «convertir a los catalanes en españoles, en asimilarlos».

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, Antonio García, aseguró que «ese tipo de declaraciones» son «absolutamente delirantes, propias de una persona aquejada de algún tipo de dolencia o de enfermedad mental. Lo digo con todo el respeto», subrayó. Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, calificó de «bastante deplorables» las razones que López Tena para pedir la independencia de Cataluña. «No ha habido ningún genocidio, en ningún caso, en la historia, respecto al pueblo catalán», subrayó.

Alfons López Tena lidera, junto al profesor de Derecho Constitucional Héctor López Bofill, terminal de ERC, este foro que aboga por «la fundación de un Estado de la nación catalana independiente en la Unión Europea» en ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido por las Naciones Unidas», según indica el manifiesto leído en la presentación. Según los promotores del Círculo, si Cataluña se separa de España pasaría a pertenecer automáticamente a la UE, aunque aseguran estar inspirados en las experiencia de Suiza y Quebec, que no pertenecen a la Unión Europea.

Por coherencia, como le recuerda el editorial de ABC, "López Tena nunca debió ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, cuya existencia se debe a la Constitución que él no acepta y a la unidad jurisdiccional del Estado cuya ruptura defiende. Y si los furores independentistas son sobrevenidos, siempre estará a tiempo de irse".

Fuente: Periodista Digital

Santander: Refuerzo para el Juzgado de lo Mercantil

El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander y también Juzgado de lo Mercantil está redoblando esfuerzos para sacar adelante el concurso de la Cooperativa del Campo de Monte que, tras los de Afinsa y Forum, es el mayor procedimiento judicial de este tipo en España por el número de afectados, unos 10.000. A partir del próximo jueves dia 13 el Juzgado recibirá un refuerzo de personal para agilizar la fase final del concurso y, además, durante varios días atenderá también en el ambulatorio de Monte para facilitar los trabajos.

Según informaron fuentes judiciales en un comunicado, durante casi año y medio de trámites desde que se presentó el concurso, el Juzgado de lo Mercantil ha trabajado en determinar exactamente el patrimonio total de la Cooperativa y su valoración económica, así como en concretar quiénes eran sus acreedores y cuál era el crédito de cada uno de ellos.

Finalizada esta etapa, el Consejo Rector de la Cooperativa presentó al Juzgado una propuesta de convenio, con la participación del banco Santander, con la que trata de evitar la desaparición de la cooperativa, aun cuando ello suponga para los afectados una pérdida de parte de los créditos y que éstos les sean reembolsados en diferentes plazos, lo que se conoce como "la quita y la espera". No obstante, habitualmente con el convenio se consiguen soluciones más ventajosas que con la liquidación de la entidad concursada.

Examinado y aceptado por la titular del Juzgado, la magistrada María del Mar Hernández Rodríguez, el convenio deberá ahora ser aceptado por los acreedores reunidos en Junta y, posteriormente, aprobado por la juez. Según establece la ley, tendrán que dar su visto bueno acreedores que representen en conjunto más del 50 por ciento del pasivo ordinario, es decir, de las deudas ordinarias que tiene la Cooperativa.

Dado el elevado número de afectados que existe en este concurso, el Juzgado de lo Mercantil ha adoptado una serie de medidas tendentes a facilitarles que puedan pronunciarse respecto al convenio. La Junta en la que se conocerá si los afectados están o no conformes con la propuesta de solución del Consejo Rector de la Cooperativa se celebrará el próximo 26 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Santander. Habitualmente, este trámite se realiza en la sede judicial de Las Salesas, pero en esta ocasión hubo que buscar otro emplazamiento con capacidad para 10.000 personas.

No obstante y teniendo en cuenta que los acreedores en este concurso son particulares y que muchos de ellos son trabajadores o personas mayores para los que sería complicado asistir a la Junta, el Juzgado de lo Mercantil abrió otra posibilidad contemplada en la ley, la de adherirse al convenio con anterioridad a la celebración de dicha reunión. De no existir esta opción, la Junta se alargaría en el tiempo varios días, dado que primero se realiza un control de asistencia de los acreedores, en este caso 10.000, y posteriormente una votación nominal de cada uno de ellos.

Precisamente para agilizar todos esos trabajos, desde el pasado viernes el Juzgado de lo Mercantil está recibiendo en su sede de la calle Valliciergo a los afectados, que son citados por la propia Cooperativa con un ritmo de dos centenares en cada jornada. Así, irán pasando todos aquellos acreedores que lo deseen hasta un día antes de la celebración de la Junta. Además, para facilitar este trámite a las personas mayores con problemas de movilidad, una delegación del Juzgado de lo Mercantil, encabezada por su titular y por la secretaria judicial, permanecerá en horario de nueve y media a dos de la tarde en el ambulatorio de Monte el martes 11, jueves 13 y viernes 14 de septiembre.

Por otro lado, a partir del 13 de septiembre el Juzgado de lo Mercantil contará con un refuerzo de tres funcionarios que durante un mes se dedicarán en exclusiva a este asunto. Con ello se pretende agilizar la recta final de este laborioso proceso, en el que el Juzgado en pleno ha realizado un elevado esfuerzo. El concurso es una vía legal recogida en la Ley Concursal de 2003 que se inicia cuando una persona, física o jurídica, es insolvente y no puede afrontar los pagos a sus acreedores. Entonces, para evitar la multiplicidad de procesos judiciales que sus acreedores pudieran iniciar para reclamar las deudas, se da comienzo a un concurso que agrupa a todos ellos y evita que unos puedan cobrar y otros no.

Fuente: Cantabria Liberal

Baleares: El servicio de autopsias seguirá centralizalizado en Palma

No habrá servicio público de autopsias en la Part Forana. La polémica de si se pueden o no realizar trabajos forenses en Inca y Manacor ha quedado definitivamente zanjada por parte del Ministerio de Justicia, que ya ha comunicado por escrito a ambos ayuntamientos que seguirán haciéndose Palma. Desestimando así las alegaciones presentadas por las dos ciudades, que son a su vez capitales de sus partidos judiciales de comarca.

Los alcaldes de Inca y Manacor se dirigieron al Ministerio de Justicia para protestar por la centralización del servicio en la capital mallorquina. Con el respaldo de sus plenos y por tanto el acuerdo de los principales partidos políticos, aseguraban en su protesta que si no se descentralizaba el servicio de autopsias, los vecinos de la Part Forana se verían gravemente perjudicados.

No en vano, defendían, que focalizar todo el servicio en Palma supone mayores gastos para los familiares de los difuntos, problemas humanitarios y de traslado, complicaciones en los entierros y un cúmulo de situaciones desagradables en momentos tan tristes. Los primeros ediles de Inca y Manacor solicitaban poder hacer al menos las llamadas autopsias de trámite en sus capitales de comarca judicial, una modalidad de análisis forense que no necesita de estudios complementarios o que medie orden alguna del juez.

Pero las reclamaciones no han surtido efecto. El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso, remitió su réplica al Ayuntamiento el pasado 22 de julio.

En su carta, Arozamena asegura al alcalde de Manacor, entre otras muchas consideraciones, que «el trabajo en equipo de los médicos forenses, la solicitud de éstos para centralizar los servicios en Palma, las modernas instalaciones que se requieren además de la necesaria tecnología, y por supuesto el evitar desplazamientos de los técnicos hace inviable tener tres sedes para la práctica de las autopsias; por lo que se descarta su descentralización de Palma».

Lo cierto es que las autopsias siempre se habían realizado en Manacor e Inca, donde las instalaciones se habían mejorado sustancialmente. Desde que se dieron ordenes contrarias hace cuatro años, la polémica ha seguido estando encima de la mesa y ante la que parece la última palabra del Ministerio mencionado, todo indica que se cierra el litigio de las autopsias. El alcalde, Antoni Pastor, comunicará a los 21 ediles que componen la Corporación municipal en el plenario ordinario de mañana la contestación del Ministerio de Justicia para que todos los partidos políticos se pronuncien al respecto.

Fuente: elmundo-eldia.com

Ceuta: Las pulgas echan a los funcionarios a la calle

Los trabajadores del Palacio de Justicia de Ceuta han organizado un paro en protesta por las pésimas condiciones en que están trabajando que se han recrudecido con la aparición de una plaga de pulgas.

Una treintena de funcionarios, la mayoría del número 4 en donde se han producido varias picaduras, ha salido a la calle organizando una protesta en contra de la administración por permitir situaciones tercermundistas.

Al margen de la protesta han requerido la presencia del inspector de Trabajo, que ha levantado acta inspeccionando el desarrollo de las obras de remodelación del Palacio de Justicia y revisando cada una de las salas junto a los representantes sindicales.

No sólo los funcionarios judiciales han sufrido picaduras de pulgas, también los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que prestan servicio en los accesos a los juzgados y en los calabozos lo han denunciado.

"Esto es producto de las obras, ya que se están metiendo gatos y ha debido ser una gata que ha parido en los bajos la que ha provocado esta plaga que ahora la estamos sufriendo nosotros", ha denunciado en un comunicado la Junta de Personal.

No estamos dispuestos a trabajar así porque las pulgas generan enfermedades, debe venir una empresa especializada a eliminarlas", apostillan. De esta situación tiene conocimiento la Gerencia Territorial, a la que los trabajadores exigen celeridad en las resoluciones.

Al margen de la citada plaga, los funcionarios denuncian que las obras de remodelación del Palacio se están llevando a cabo con los trabajadores dentro, lo que supone todo un atentado a la ley de prevención de riesgos laborales.

"Las condiciones en las que estamos trabajando son de vergüenza y ahora se suman las pulgas. Algunos abogados no quieren no bajar a los calabozos a asistir a los detenidos porque de ahí ha surgido el foco", concretan.

La Delegación del Gobierno, a la que se le ha denunciado esta situación, ha manifestado a la Junta de Personal de Justicia que se intentarán acelerar las obras para evitar las situaciones denunciadas, además de fumigarse las distintas salas judiciales.

Fuente: 20minutos.es

Madrid: El Campus de la Justicia, también en el mundo virtual

La Comunidad de Madrid ha recreado en 'Second Life', un mundo virtual donde más de ocho millones de personas de todo el planeta construyen y crean espacios en 3D, el nuevo Campus de la Justicia, un recinto que agrupará todas las sedes judiciales de la capital y que se está construyendo en la zona de Valdebebas, en una zona cercana al aeropuerto.

Los usuarios que accedan a este mundo paralelo podrán visitar una recreación digital del Campus, tal y como anunció el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, durante la presentación de esta iniciativa. El consejero anunció, además, que las instalaciones judiciales iban a incrementar su presencia nacional e internacional a través de Wikipedia y publicando contenidos audiovisuales en la popular web Youtube.

De esta forma, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se convierte en la primera administración española con presencia en el mundo virtual, que a diario utilizan varios miles de usuarios de todo el mundo. Se une a otros ciberedificios que ya alberga la red, como el Congreso de los Estados Unidos, las embajadas de Suecia y Las Maldivas y las sedes de políticos que han intentado impulsar su carrera presidencial en la red, como fue el caso de Nicolas Sarkozy y es ahora el de Hillary Clinton.

Prada sostuvo que esta es "una buena manera de aprovechar las tecnologías y crear un nuevo canal de comunicación con el ciudadano y el cuerpo de funcionarios de Justicia". "Es importante conocer sus opiniones e ideas que puedan hacer avanzar al proyecto, que contará con su primer edificio, el del Instituto de Medicina Legal, en 2009".

Además, en su opinión, la recreación en 'Second Life' es una "gran oportunidad" para que los futuros trabajadores del entorno judicial conozcan desde dentro la magnitud del proyecto y empiecen a sentirse como una pieza fundamental en el engranaje de esta iniciativa, que es el campus judicial más grande del mundo".

El objetivo, remarcó Prada, es recabar una "valiosa información en el universo de la red". Esta plataforma digital pondrá a disposición del usuario desde cualquier punto del mundo un espacio 3D de interacción para visitar las instalaciones del Campus, impartir información, cursos, charlas o ruedas de prensa. Asimismo, destacó que la recreación del Campus es un nuevo canal de publicidad a nivel mundial.

La aplicación de este sistema al Campus de la Justicia garantizará a ciudadanos y profesionales una presencia casi física, dentro del futuro Campus de la Justicia, simulando un espacio en tres dimensiones con todo tipo de salas, edificios, calles, y zonas abiertas, que ofrecerán una imagen prácticamente real de este gran espacio judicial.

Todo aquel que quiera acceder al Campus de la Justicia virtual podrá visitar de primera mano los edificios de Foster, Zaera, Rogers, Rafael de la Hoy y Jaime Duró, Isolux Corsán o de Rubén Picado y Maria José de Blas, y, por supuesto, conocer de primera mano el interior de los mismos, así como los grandes espacios abiertos y zonas verdes que conforman el proyecto.

Fuente: Diario de Noticias

Sevilla: La Junta lleva 10 años sin edificar el local cedido para Justicia

La Junta de Andalucía lleva diez años sin dar uso ni destino a una parcela de su propiedad, de unos 4.700 metros cuadrados en plena Milla de Oro de Sevilla, frente a Santa Justa -concretamente a espaldas del edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social- que le cedió gratuitamente el Ayuntamiento de Sevilla para que se dedicara a dependencias de la Administración judicial. Este abandono contraviene la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), publicada a finales de 2002 y en la que, curiosamente, el legislador inlcuyó una serie de disposiciones tendentes a forzar la puesta en el mercado de los suelos susceptibles de ser edificados pero que eran retenidos por sus propietarios sin darles destino.

Según Ángel Cabral González-Sicilia, abogado y socio de Bufete Génova, además de presidente de la Agrupación de Técnicos Urbanistas de Andalucía (ATUA-AETU), tanto el administrado como la Administración están obligados por las disposiciones legales y reglamentarias a edificar los solares en los plazos previstos .

«Si incumplen -añade este experto- se debe iniciar el procedimiento de declaración de incumplimiento (por el Ayuntamiento) y como consecuencia de ello, podrá resultar su inclusión en el Registro Municipal de Solares, paso previo a la entrada en juego del agente edificador». Respecto a los plazos previstos, el abogado refiere lo dispuesto en el artículo 148.2 de la LOUA en el que queda claro que dos son las formas de fijar el tiempo máximo para edificar parcelas y solares.

Una, estableciéndolo en el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico; y, la otra, viene de la mano del municipio que deberá fijarlo por el procedimiento de delimitación de las unidades de ejecución.

Pero el único plazo marcado por la LOUA en relación con la edificación viene recogido en el art. 173.1, que se refiere a las licencias de obras expresas que se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciarlas como para terminarlas «y para el caso de que no se determine expresamente éste será de un año para el inicio y tres para la terminación», aunque prevé la posibilidad de conceder prórroga por una sola vez y por un plazo no superior al inicialmente acordado (ex art. 173.2 de la LOUA).

De no fijarse un plazo máximo para edificar y, en su caso, si no se ha solicitado licencia, no se puede establecer un incumplimiento de dicha obligación y, en consecuencia, poner en marcha el procedimiento de ejecución por sustitución previsto.

Dice el urbanista que es el PGOU de Sevilla el que debe establecer el plazo para edificar en esa parcela y que, si bien desconoce el tiempo que ha previsto, «dudo mucho que para un solar sean diez años, que es el tiempo que éste terreno cercano a Santa Justa lleva abandonado».
Por otra parte, no pasa por alto una sentencia del Tribunal Supremo del 1 de febrero de 1994 bastante elocuente que dice que «la obligación de edificar en los plazos legales, descansa sobre principios que han sido de manera nítida y abundantemente perfilada por la doctrina del Tribunal Supremo, lo que hace innecesario incidir sobre los mismos, baste sólo señalar que a través de la misma, entre otras, se busca lograr dos finalidades que ya nuestro texto fundamental considera capitales, que no son otras que el sometimiento de la propiedad privada a la función social encomendada al derecho de la propiedad y evitar la especulación».

Según este experto, «con el objeto de no hacer de aquella institución una simple figura retórica y sin virtualidad práctica alguna, es necesario que conste de manera cumplida la firme voluntad de edificar una vez transcurridos los plazos establecidos; y en este caso concreto, transcurrido el plazo legal y aún después de iniciado el expediente, no se había llevado a cabo trámite alguno para edificar, y las posteriormente realizadas ante su desconexión temporal y el excesivo lapsus que transcurre de uno a otro, no sólo no evidencia una voluntad decidida para edificar, sino todo lo contrario, esto es, que un actuar así lo que pone de manifiesto es una voluntad rebelde al cumplimiento de la obligación».

No cabe duda de que la zona en la que está emplazado el solar de la Junta tiene el metro cuadrado a un precio más que considerable. Fuentes consultadas han asegurado que el precio del metro cuadrado edificable de uso terciario puede cifrarse en 2.600 euros e, incluso, en 3.000. El local que la Consejería de Justicia tiene abandonado tiene en el PGOU una edificabilidad de ocho plantas.

Fuente: ABC.es

Cartagena: En el Palacio de Justicia ya no cabe ni un alfiler

El Palacio de Justicia de Cartagena se ha quedado pequeño y, para que entren unos, otros deben salir. No es metafórico, porque todo está preparándose ya para que la Sala de Lo Contencioso se traslade a un bajo de la plaza Doctor García Marcos (conocida como la plaza de La Lonja) y su lugar lo ocupe el Juzgado de Violencia Doméstica, creado por el Gobierno para atender la oleada de casos de agresiones a mujeres.

Llega septiembre y los funcionarios judiciales afrontan un nuevo curso con la masificación del edificio de Ángel Bruna y el futuro de estas instalaciones como uno de sus asuntos de preocupación. Entre otras cosas, los representantes sindicales de los trabajadores de los diferentes juzgados, del Registro Civil y del área de Medicina Legal expresan su temor a que el cambio de ubicación de Lo Contencioso sea el primer episodio de una dispersión de tribunales por toda la ciudad.

La población del partido judicial de Cartagena no deja de crecer, lo que incrementa también el número de asuntos (de materias penales, de familia, civiles,...) que llegan a los diferentes órganos.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que es el que debe presionar ante el Ministerio para abordar las necesidades en Cartagena, ha reconocido esta situación de colapso en su memoria anual de 2006: «El aumento de la planta judicial en la sede del edificio que alberga todos los órganos judiciales provoca la carencia de salas de vistas y, por tanto, su mejor gestión. Igualmente, se dispone de menos espacio para archivos judiciales, lo que está paliado en gran medida por la remisión del archivo al depósito facilitado por la Gerencia de Justicia».

Los colegios profesionales de abogados y de procuradores de Cartagena han puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones la necesidad de crear una suerte de campus judiciales, unas instalaciones de grandes dimensiones que sustituyan a la sede actual.

No obstante, los funcionarios reconocen que para hacer fuerte la reivindicación del campus (al modo del que se quiere hacer en Murcia) resulta vital la participación de la Junta de Jueces.

Entre las soluciones que se han debatido está la venta del edificio de Ángel Bruna para lograr financiación de cara a levantar el citado campus. Pero son ideas, sugerencias,... Y el Palacio de Justicia se queda cada día más pequeño.

Fuente: laverdad.es