Será el próximo mes cuando, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, comiencen a funcionar los juzgados de lo Penal en la nueve sede que ocupa la Comandancia de Obras.Este es el propósito de la administración en aras a poder iniciar así las obras de reforma en los juzgados actuales empleando la zona que dejen liberada los penales para posibilitar los traslados.
La visita girada por el delegado del Gobierno, Jenaro García Arreciado, a la instalación militar sirvió para conocer in situ el desarrollo de las obras y reafirmarse en el propósito de tener listas las instalaciones el próximo mes.
Unas instalaciones en las que se han invertido entre 500 y 600 millones de las antiguas pesetas, precisamente para poder habilitar los espacios necesarios para ubicar los juzgados de lo Penal que operan en la ciudad así como los calabozos y las áreas destinadas al funcionariado.
En un plazo de entre 10 y 15 días se espera que se desarrollen los trabajos de traslado de los Penales hacia su nueva ubicación, de momento, intemporal. Las obras de remodelación de la Comandancia de Obras -edificio que pertenece a Defensa y que ha sido cedido de manera temporal para esta labor- han obtenido, hasta el momento, el visto bueno de la clase judicial, ya que el inicio de las obras comenzaron con la supervisión de miembros de la Junta de Personal, el propio gerente de Justicia y representantes de la Fiscalía y de la delegación del Gobierno de justicia, entre otros.
De dicha supervisión nació, por ejemplo, la idea de construir unos calabozos para el mantenimiento de los presos a la espera del juicio o de dotar de cierta amplitud a las salas en las que se celebrarán las vistas judiciales correspondientes de manera exclusiva al área de lo Penal. Aunque en principio se barajó la posibilidad de reubicar aquí los distintos juzgados, entendiendo lo caótico de la situación, se decidió única y exclusivamente el traslado de los penales, como así se hará.
Se confía en que los penales comiencen a funcionar a primeros del próximo mes, aunque todo depende de las pruebas de funcionamiento que se lleven a cabo, tanto en materia de seguridad como de aplicaciones tecnológicas. Hay que definir el control de seguridad en la puerta, el estado de los calabozos, así como las medidas operativas tanto de cableado como de grabación para hacer operativas el desarrollo de las sesiones judiciales.
En la Comandancia de Obras sigue viviendo personal que dispone de una vivienda en su interior. Este es el caso de una anciana que tiene ahí su vivienda y que permanecerá aunque se sigan desarrollando las tareas judiciales. Algo, al menos, llamativo.
Los sindicatos han mantenido la necesidad de que se cumpla con la normativa vigente en materia de riesgos laborales y prevención, algo a lo que permanecen atentos para evitar, por ejemplo, que la actividad judicial comience a funcionar sin todas las previsiones establecidas. Aún y todo, persisten las quejas por el desembolso de más de 500 millones de las antiguas pesetas que ha supuesto esta actuación urbanística porque a posteriori será la Ciudad la que deba determinar qué uso le da a estas instalaciones cuando se ponga en marcha el Palacio de Justicia nuevo.
Fuente: El Faro Leer Mas...
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a afectados por sentencias de derribo, ha denunciado las "diferentes varas de medir" aplicadas por la justicia a particulares e instituciones públicas en relación con este tema.
Los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad de Huesca están desbordados por el incremento de la carga de trabajo que han tenido que ir asumiendo en los últimos años. La consecuencia de ello es que los asuntos civiles están llegando a acumular retrasos de hasta siete meses, para desesperación de muchos ciudadanos. Ante esta situación, la Junta de Jueces ha enviado una carta al Ministerio de Justicia en la que reclama que adelante a junio la puesta en funcionamiento del anunciado cuarto juzgado y que, de paso, estudie ya la posibilidad de crear un quinto órgano en 2008 para evitar que se vuelva a llegar a esta situación límite.
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 1,08 millones de euros a Zeppelin Televisión S.A, productora del programa Gran Hermano, impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos por el tratamiento dado a la información de carácter personal de unos 7.000 candidatos a participar en el espacio de televisión emitido por Telecinco. La sentencia señala que la productora recabó información relativa a gustos, ideología, creencias religiosas, raza, salud o vida sexual sin que existiera consentimiento de los candidatos para que estos datos se trataran informáticamente. Además, cedió los ficheros sin la debida seguridad a personas con las que no le unía ningún lazo contractual.
