Alemania: Un tribunal prohibe el uso de la chapela como sustitutivo del velo islámico

Un tribunal alemán ha prohibido el uso de la boina vasca a una maestra musulmana por entender que lo utilizaba a modo de sustitutivo del pañuelo islámico y quedar por tanto dentro de la categoría "símbolo religioso".

La cámara rechazó la demanda de la docente, de 35 años, contra la sanción impuesta por la dirección de su escuela por el uso de esa prenda y consideró que, con ello, se rompe el principio de la neutralidad religiosa en las aulas. A juicio del tribunal, para los alumnos que conocían ya a la docente con el pañuelo islámicos el uso sustitutivo de la boina tiene el mismo carácter de símbolo religioso.

La maestra, de origen turco, empezó a usar la chapela , que se calaba hasta cubrir completamente sus cabellos, a raíz de la prohibición del velo en las aulas. La querellante había argumentado que llevaba el pelo cubierto por razones culturales y que sin la boina se sentía como desnuda. Al mismo tiempo, había rechazado la propuesta de compromiso de la dirección de la escuela de cubrirse con una peluca.

El abogado de la maestra ha anunciado que presentará recurso con el argumento de que una boina no es un símbolo religioso y por tanto no puede romper el principio de la neutralidad.

El uso del velo islámico quedó prohibido entre el personal docente de las escuelas públicas hace un año, en aras de la neutralidad religiosa.



Fuente: Periodista Digital

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Málaga: A la cabeza en número de litigios

Un año más, los datos vuelven a corroborar la intensa vida judicial de Málaga. Con una media de 285,2 causas judiciales por cada mil habitantes, se ha convertido en la provincia con más litigios de España, por encima de la media andaluza, de 212,5, y más aún de la española, de unos 180. Y no es que los malagueños tengan una personalidad especialmente querulante, como se define a quienes recurren constantemente a la justicia para solucionar sus problemas. Hay otros muchos factores que influyen en las tasas de litigiosidad entre los que destaca el desarrollo urbanístico y poblacional.

Estas cifras han sido facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial, que en su último `Estudio de la Justicia por Tribunales Superiores´ vuelve a analizar pormenorizadamente el trabajo desarrollado por los órganos judiciales del Estado durante el año pasado. Andalucía (con Málaga y Granada a la cabeza) ocupa una vez más un lugar destacado como la de mayor actividad litigante. Una razón, por otra parte, que muchos esgrimen para justificar la necesidad de más juzgados.

Entre ellos se encuentra el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Arroyo Fiestas, quien considera que una provincia "tan importante" como Málaga necesita mayor inversión en órganos judiciales. "Al menos los veinte que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado oportunos para satisfacer la demanda judicial malagueña".

En su opinión, el hecho de que la provincia alcance una tasa tan elevada de litigiosidad se debe al impulso que durante los últimos años ha experimentado, tanto en población como en riqueza económica, lo que repercute indiscutiblemente en el número de conflictos entre los ciudadanos. "Esto no significa que haya más inseguridad sino que el crecimiento financiero, en el que Málaga también se sitúa entre las provincias más poderosas tanto en número de cajas, como de volumen de negocio; el auge de los medios de transportes, con un mayor número de usuarios; y el hecho de ser una de las provincias con más desarrollo urbanístico hace que surjan constantemente problemas que los ciudadanos y las empresas intentan solucionar en los juzgados", explica.

De hecho, las causas inmobiliarias supusieron una cuarta parte de los casos tratados el año pasado en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la provincia y no parece que este año las cifras vayan a ser muy diferentes.

Junto a estas causas, también destacan las relacionadas con la Ley de Extranjería, que rellenan muchas de las denuncias que después se resuelven en los órganos judiciales y que junto a las anteriores llegan a colapsar el área contenciosa de la capital. Los inmigrantes conocen bien sus derechos y no están dispuestos a acatar las órdenes de expulsión sin luchar antes en los juzgados.

Precisamente a ellos alude el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, para explicar el número tan elevado de causas registradas por habitante en la provincia: "No todas las personas que recurren a la justicia en Málaga están censadas. Al igual que a la sanidad, los extranjeros que residen aquí tienen derecho a asistencia jurídica, por lo que la media de 285 causas por cada 1.000 habitantes no debe asumirse de forma tajante", analizó. No obstante, asegura que estos datos no le sorprenden ya que corroboran el nivel socio-económico alcanzado por la provincia en los últimos años y que la han convertido en la capital económica de Andalucía. Algo que, los letrados "comprueban en los turnos de oficio, los más numerosos de toda la Comunidad Autónoma".

Por abogados, no hay problema, porque el de Málaga es el quinto colegio más grande de España, pero Camas coincide con Arroyo Fiestas en la necesidad de crear más juzgados que absorban tantas causas.

Fuente: La Opinión de Málaga

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Navarra: Los juzgados con menor tasa de asuntos pendientes

Durante tercer año consecutivo, el informe 'La Justicia dato a dato' coloca a el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) a la cabeza de España en la mayoría de parámetros sobre productividad en juzgados y tribunales. Concretamente, presentan la menor tasa de asuntos pendientes, el menor índice de congestión, así como la segunda mejor cifra de resolución de casos. El informe, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es una especie radiografía sobre el estado del sistema judicial en 2006.

Desde el TSJN, y en la persona de su presidente, Juan Manuel Fernández, destacó en la rueda de prensa de presentación de los resultados que la tendencia positiva se está consolidando y calificó la situación de la Justicia en Navarra de 'buena', a lo que ha contribuido, dijo, la creación de nueve órganos en los últimos tres años.

Sin embargo, demandó la creación de una cuarta sección en la Audiencia Provincial, ante la consideración de que la especialización de los tribunales repercutirá en la celeridad y la calidad de las resoluciones. Las tres secciones tratan asuntos civiles y penales y la Sala de Gobierno quiere que tiendan hacia la especialización, pero es 'imposible' tender a ella con la actual organización, según explicó. Espera contar para esta nueva demanda, que deberá aprobar el Ministerio de Justicia, con el apoyo del Gobierno y del Parlamento foral.

Fernández atribuyó la posición de 'privilegio' de la Justicia navarra al 'esfuerzo y dedicación' de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, médicos forenses, equipos técnicos, abogados y procuradores. Pero insistió en que hay situaciones 'manifiestamente mejorables'.

El presidente del TSJN reseñó que los datos son buenos pese a que Navarra ocupa el décimo tercer lugar en cuanto al número de jueces por cada 100.000 habitantes, concretamente 9,47, frente a las 12,15 de Cantabria, una comunidad con un número de habitantes similar. Además, la plantilla de fiscales, compuesta por 15 personas, es la menor de todas las CCAA, sólo por delante de La Rioja - 11-, y muy lejos de la antepenúltima, Cantabria, que tiene 24 fiscales.

Como dato positivo destacó el hecho de que Navarra es la cuarta comunidad autónoma con menor índice de litigiosidad, con 132,3 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional se eleva a 180. 'Aquellas comunidades con menor índice de litigiosidad presentan mayor grado de estabilidad social y económica y cuentan on una mejor forma de resolver los conflictos', apuntó.

Según el informe confeccionado por la sección de estadística del CGPJ, los juzgados y tribunales navarros recibieron 79.657 asuntos en 2006, resolvieron 78.503 y quedaron en trámite al finalizar el año 15.085, lo que arroja una tasa de pendencia del 0,19, la menor de toda España (la media nacional es de 0,30).

En el desglose por jurisdicciones, Navarra se sitúa al frente de este ranking en los ámbitos penal (0,10) y contencioso-administrativo (0,61), cuando la media nacional se encuentra en 0,16 y 0,51, respectivamente. En los otros dos órdenes jurisdiccionales, Civil y Social, los juzgados navarros también presentan unos números sensiblemente inferiores a la media.

El tiempo que los asuntos están en los órganos judiciales es otro indicador de la calidad de la Justicia. Así, el informe recoge que los Juzgados de Primera Instancia, Primera Instancia e Instrucción y Familia de Navarra son los segundos órganos judiciales que menos tardan en resolver un asunto con una duración media de 5,2 meses, frente a la media nacional que es de 7,4.

Según este informe, Navarra cuenta con 57 jueces: 42 en la jurisdicción civil y penal, 9 en la Contencioso-Administrativa, 5 en la Social y uno adjunto en el Tribunal Superior de Justicia. Los 57 jueces y magistrados constituyen el 1,3 por ciento de total del territorio nacional. De acuerdo con estos datos, en la Comunidad foral hay 3,80 jueces por fiscal, cuando la media es de 2,44. En total, a fecha 1 de enero de 2006, en España había 4.576 jueces.

Asimismo, en los juzgados y tribunales navarros están destinados 43 secretarios judiciales, de un total de 3.536 en toda España. También dispone de 8 forenses, 127 funcionarios del cuerpo de gestión procesal, 176 del cuerpo de tramitación procesal y 104 del cuerpo de auxilio judicial. En Navarra están censados 1.230 abogados, 96 procuradores, 12 registradores titulares y 42 notarios en activo.

En cuanto a las partidas presupuestarias en materia de Justicia, el dossier recoge que el Gobierno foral dispuso en 2006 de 24.880.000 euros, un 4,6 por ciento más que en 2005, cuando se presupuestaron 23.792.000 euros. De igual modo, el Ejecutivo navarro previó un gasto de 1.580.000 euros para la justicia gratuita.

El informe contiene asimismo la población reclusa en cada autonomía. Concretamente, en la prisión de Pamplona el 31 de diciembre de 2006 cumplían condena 214 reclusos, 199 hombres y 15 mujeres. De éstos, el 29,4 por ciento eran extranjeros.

Fuente: Terra

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Quejas y reclamaciones: Los ciudadanos quieren una justicia "atenta"

El 75,3% de las quejas y reclamaciones que se presentan ante la Justicia española critican el funcionamiento de juzgados y tribunales, mientras que el 13,9% se tramitan por la disconformidad de los ciudadanos afectados con sus correspondientes resoluciones judiciales.

Así consta en el estudio 'La Justicia, dato a dato' elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se recoge que la Unidad de Atención al Ciudadano del órgano de gobierno de los jueces recibió en 2006 un total de 12.636 reclamaciones y denuncias, de las cuales 9.518 se referían al funcionamiento del servicio judicial y 1.762 al sentido de las sentencias.

De la misma forma, un total de 5.443 ciudadanos demandaron en sus reclamaciones "una justicia ágil y tecnológicamente avanzada" y 2.586 una administración "atenta". Otros 357 hicieron hincapié en la falta de transparencia, 92 pidieron un sistema "responsable ante el ciudadano" y cinco más mecanismos más comprensibles para el conjunto de la sociedad.

Además, durante el pasado ejercicio se presentaron 368 peticiones de información (un 2,9% del total), 139 sugerencias (1,1%) e incluso 26 agradecimientos (0,2%). A otras 820 reclamaciones (el 6,5%), el CGPJ dio el carácter de "inclasificable" o las consideró como "cuestión ajena" a los objetivos de su servicio de atención.

En cuanto a la identidad de los demandantes, el 57,3% fueron hombres (7.238), el 38,2% mujeres (4.831), el 1,7% (211) personas jurídicas y el 0,4% (53) organismos judiciales. De ellos, el 77,9% (9.846) eran particulares, el 10% (1.260) operadores jurídicos y el 7% (886) internos en centros penitenciarios. Las quejas fueron dirigidas en mayor medida a los Registros Civiles (un 44,4%) y a la jurisdicción penal (24,8%).


Fuente: Hispanidad

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Aragón: El presidente del TSJ pide mejores instalaciones

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Fernando Zubiri, demandó mejores instalaciones judiciales, y un mayor número de juzgados, al Ejecutivo autónomo, que asumirá la competencia de medios personales y materiales de Justicia el próximo año, mientras que el juez decano de Zaragoza, Mauricio Murillo, demandó la puesta en servicio de un nuevo juzgado de guardia. Ambos presentaron sus respectivas memorias anuales, correspondientes a 2006, en rueda de prensa.

La situación actual, ante las transferencias, es de "interinidad y esperanza", dijo Fernando Zubiri. En concreto, Zubiri demandó la creación de dos plazas de magistrado para la Sala de lo Contencioso del TSJA, y en la Audiencia Provincial de Zaragoza, tres plazas nuevas para la jurisdicción civil y una para la penal, ya que el Tribunal Superior está a expensas de la creación de una Sección Sexta de lo Penal, en la Audiencia.

También solicitó Zubiri la creación de un nuevo Juzgado de Instrucción y otro de Primera Instancia, así como el Mercantil número dos de la provincia de Zaragoza y el Penal número ocho de la misma provincia, y otro más de Primera Instancia en Huesca; uno de Primera Instancia e Instrucción en Barbastro; otro Juzgado en Fraga y otro más en la ciudad de Teruel. Zubiri aclaró que "las peticiones que formulamos son bastante austeras, están avaladas por datos" y están diseñadas "pensando en el servicio a los ciudadanos", más cuando hay "muchos" jueces aragoneses o con interés en instalarse en Aragón.

El presidente del Tribunal Superior reclamó la ampliación del Palacio de Justicia de Zaragoza, que acoge a la Audiencia Provincial y el TSJA, ya que es "incapaz" de albergar con la suficiente eficiencia todas las labores judiciales que en él se desarrollan ahora. Al respecto, Zubiri recordó que el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometió a ceder un espacio para su ampliación, pero "todavía no se ha determinado" el proyecto. Zubiri pidió la ampliación del edificio de Juzgados ubicado en la Plaza del Pilar, ya que "en este momento tenemos varias sedes desplazadas".

Fernando Zubiri dijo que también es necesaria la construcción de un edificio de Juzgados en la ciudad de Huesca y celebró que en el Palacio de Justicia de Teruel se están realizando trabajos de ampliación. El presidente del TSJA avisó de la "necesidad imperiosa" de un nuevo edificio de Juzgados en Fraga (Huesca).

Ante estas demandas, Zubiri cuenta con el "compromiso" de la Diputación General de Aragón (DGA) de construir un nuevo edificio para la Audiencia de Zaragoza, así como un nuevo Juzgado de Instrucción y otro de lo Penal. Fernando Zubiri demandó la creación de un nuevo partido judicial en Zuera, por la presión laboral que le supone la macrocárcel de Zuera al Juzgado de Paz zufariense.

Por otra parte, el responsable del TSJA solicitó una mejora de los sistemas de grabación y reproducción videográfica de los juicios, que actualmente se realiza con el sistema de vídeo VHS y que "está quedando obsoleto", consideración a la que se sumó Mauricio Murillo. Ambos solicitaron la mejora, asimismo, de los medios informáticos y la definitiva implantación del sistema operativo 'Lexnet', que permite una segura comunicación oficial entre los titulares de los Juzgados y otros operadores de la Justicia, como abogados o procuradores.

Fernando Zubiri recordó que el próximo año 2008, a causa de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, aumentarán, previsiblemente, los asuntos judiciales, por lo que consideró necesario aumentar el número de jueces en Zaragoza, 10,18 por cada 100.000 habitantes en lugar de los 10,24 cada 100.000 habitantes en España y muy lejos de los 13 de Asturias.

A lo largo de 2006, los Juzgados y Tribunales aragoneses han emitido 36.254 sentencias, lo que representa 365,68 sentencias por órgano judicial, lo que "da lugar a que se haya dictado más de una sentencia por cada día procesal hábil". Además, se han dictado 22.390 ejecutorias, algunas de ellas en los Juzgados de Familia. Zubiri aprovechó para defender la mediación en los casos penales de tipo menor, como ya se está haciendo en sendos Juzgados de Zaragoza y Calatayud a modo de experiencia piloto. La mediación está dando "frutos importantes", sobre todo en el caso de los delincuentes "no profesionales".

Por último, Fernando Zubiri demandó la creación de un Departamento de Justicia del Gobierno de Aragón, del que dijo que podría asumir otras competencias como Interior o Administraciones Públicas, como ocurre en otras comunidades. Zubiri consideró necesario que el titular de esta competencia "sea una persona que se siente en el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma".

Por su parte, Mauricio Murillo lamentó la perpetuación de las obras en el edificio de Juzgados de Zaragoza y comentó que "cualquier obra que se trate de hacer coexistir con el trabajo se hace problemática". Los ciudadanos y los operadores de la Justicia "tenemos que soportar" una serie de obras en estos edificios, continuó el juez decano, quien aprovechó para exigir la pronta puesta en marcha del nuevo Juzgado de lo Mercantil, algo "ineludible" y se mostró satisfecho por la marcha del Registro Civil.

Sobre el aumento de la litigiosidad, Murillo comentó que es producto de las sociedades desarrolladas, donde aumenta la actividad de todo tipo.

De los Juzgados de Instrucción de Zaragoza, Mauricio Murillo dijo que tramitan unas 7.000 diligencias previas al año y "deberían entrar 5.000", aludiendo así a la notable presión laboral de los empleados judiciales en todo Aragón.

Sobre el Juzgado de Guardia, Murillo explicó que cada 24 horas tramita las "incidencias" junto con los juicios por delito y otro juzgado más, de lunes a viernes, tramita los juicios de faltas. El "problema" radica en el de 24 horas, que puede recibir incluso a 20 detenidos diarios, por lo que "son guardias complicadas". "Lo que interesa en Zaragoza es que haya dos juzgados de guardia de 24 horas, uno que haga incidencias y el otro que se dedique a enjuiciar". Murillo pidió también la creación de otro Juzgado de lo Contencioso.

Fuente: El Periódico de Aragón

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Los divorcios crecen, las separaciones se reducen

Desde hace dos años, cuando entró en vigor la reforma legislativa que puso en marcha los llamados 'divorcios express', los divorcios han crecido el 48,1 por ciento, mientras que las separaciones se han reducido el 76 por ciento.

Según el Ministerio de Justicia, los divorcios y separaciones (consensuados o no) permanecieron estables en 2004 pero, a partir del primer semestre de 2005, el impacto de la modificación legal dio pie a un importante aumento de los divorcios y una reducción de las separaciones, una evolución que se mantuvo en 2006.

No obstante, pese al trasvase de separaciones a divorcios, lo cierto es que, la ley no ha afectado a las relaciones personales de los españoles ni ha generado un «efecto llamada», ya que, sumados ambos indicadores, la cifra global resultante de divorcios y separaciones es prácticamente igual desde hace dos años. En concreto, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2006, se solicitaron 136.392 divorcios, el doble que un año antes -85.073 fueron consensuados y 51.319 no consensuados-.

Por el contrario, durante el año pasado, 13.220 parejas optaron por separarse, cifra notablemente inferior a las 55.049 que se separaron en 2005. De estas separaciones, 8.653 fueron consensuadas y 4.567 no consensuadas, según los datos del CGPJ. La reforma de esta Ley redujo considerablemente el tiempo requerido para divorciarse y suprimió la obligatoriedad de la separación como paso previo al divorcio .

Fuente: eldiariomontanes.es

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Badajoz: 10 meses de plazo para las obras del Palacio de Justicia

La adjudicación de las obras que se van a realizar en el Palacio de Justicia de Badajoz tiene un importe de licitación de 1.703.869,79 euros, y cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses, según informó la Delegación del Gobierno.

El objetivo de las actuaciones consiste en adecuar el Registro Civil a la demanda que tiene dotándole de mejor espacio para lo cual el Juzgado número 5 de Primera Instancia de Badajoz se trasladará junto con el Registro Civil al local de la calle Jacinta García Hernández en el transcurso de las obras, previéndose que el traslado podrá tener lugar entre agosto y septiembre.

Con estas obras se subsanarán las "deficiencias" de que adolecía el edificio especialmente en materia de accesibilidad, tanto desde el exterior como desde el interior, por medio de la instalación de un ascensor con parada en todas las plantas. Asimismo, se ordenarán todos los archivos y el sótano donde en lugar de estanterías se instalarán archivos compactos mejorándose la capacidad y distribución del material archivado, la obra supone una actuación en 2.359 metros cuadrados en el interior del edificio.

Por otra parte, la Delegación del Gobierno informa de que la semana pasada se procedió a la adjudicación en los servicios centrales del Ministerio de Justicia de la obra que va a realizarse en el edificio de Jerez de los Caballeros, que con un plazo de ejecución de 3 meses y una inversión de 120.000 euros. La obra consiste en la redistribución de espacios en el interior del edificio, mejorar la accesibilidad especialmente para los minusválidos y la climatización de todo el edificio.

Por último y como culminación del proceso de adjudicación y realización de obras que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia, para el próximo 23 de julio está prevista la constitución de una mesa de contratación del Ministerio de Justicia que adjudicará entre otras, las obras para el Palacio de Justicia de Villanueva de la Serena.

Esta obra, que cuenta con una licitación de 475.000 euros y un periodo de ejecución de 6 meses, va a proceder a instalar definitivamente la accesibilidad al edificio, así como a mejorar la redistribución y circulación interior, reordenación de espacios e instalando ascensor de minusválidos y las dependencias, como aseos, que para ellos se requieren.

Esta obra obligará a trasladar uno de los Juzgados y la Adscripción de la Fiscalía fuera del edificio, para lo cual se ha contactado ya con el alcalde, quien ha puesto a disposición del Ministerio las instalaciones de unas antiguas dependencias municipales, recién terminadas y que permitirán que allí se ubiquen las dos dependencias durante la realización de las obras.

Fuente: Extremadura al día

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Extranjería y el carnet por puntos pueden colapsar los juzgados de lo Contencioso

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, presentó el informe «La Justicia, dato a dato» que ofrece una panorámica reveladora del estado de la administración de justicia.

Junto a cifras claramente positivas -en 2006 aumentó la tasa de resolución de asuntos pese al aumento del número causas a las que ha tenido que hacer frente-, Hernando no ocultó su preocupación por otras cuestiones y muy especialmente por el riesgo claro de «colapso» que a su juicio sufre la jurisdicción contencioso-administrativa por los recursos cada vez más numerosos que se presentan tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería y contra las multas de tráfico, una vez que se ha puesto en marcha el carné por puntos.

El presidente del CGPJ puso cifras a esta preocupación y reveló que el número de asuntos en esta jurisdicción había aumentado entre un 27 y un 32,6 por ciento en 2006 con respecto al año anterior. El incremento se atribuye principalmente a los dos elementos antes mencionados y Francisco José Hernando reclamó a los poderes públicos que adopten medidas con urgencia para «aliviar la carga» de los juzgados de lo Contencioso, porque de lo contrario hay riesgo de colapso.

El informe del CGPJ recoge igualmente que por primera vez, en 2006 el número de asuntos ingresados en los tribunales ordinarios superó los ocho millones, de los que seis correspondieron a la jurisdicción penal. Con estas cifras es lógico que los asuntos pendientes de resolver mantuvieran el pasado año su tendencia ascendente y se situaran ya en los 2,3 millones.

Respecto a la primera de las cifras, Hernando hizo una lectura positiva ya que, en su opinión, demuestra la confianza de los ciudadanos en la Justicia. En cualquier caso, el presidente del órgano de gobierno de los jueces recordó también que ese número tan alto de asuntos es motivo de inquietud por lo que supone de crecimiento en la carga de trabajo de los tribunales y el efecto inmediato de dilación en los tiempos de respuesta y resolución de los casos.

Por jurisdicciones, es la Penal la que mayor aumento de asuntos ingresados sufrió en 2006, con más de seis millones, lo que sin embargo no afectó a su capacidad resolutiva, pues el número de asuntos resueltos a finales de año fue sólo ligeramente inferior al de casos ingresados. El año pasado se dictaron en esta jurisdicción 622.103 sentencias.

En los juzgados de lo Civil se presentaron 1,36 millones de asuntos y destaca el hecho de que los asuntos pendientes aumentaran un 87 por ciento. En los juzgados de lo Mercantil, esta última cifra aumento un 47 por ciento. El presidente del CGPJ expresó su preocupación antes estas cifras ya que estos órganos fueron concebidos para agilizar la tutela judicial en un ámbito tan sensible a los tiempos de respuesta de la justicia como es el mercantil.

En cuanto a la tasa de litigiosidad, la mayor magnitud corresponde a Madrid, Andalucía, Valencia y Baleares, que rebasan los 203 asuntos por mil habitantes, mientras que los del País Vasco reflejan la tasa menor, con 117,7 asuntos.

Hernando explicó también que los informes reflejan ciertos desajustes en la planta judicial como el hecho de que Comunidades Autónomas con mayor número de juzgados y tribunales por mil habitantes tengan una proporción de asuntos ingresados inferior a la media nacional o, al contrario, que tribunales de Madrid o Valencia presenten la media mayor de asuntos ingresados por año cuando se encuentran por debajo de la media nacional en cuanto al número de jueces.

Finalmente, según los datos aportados por Francisco José Hernando, a 1 de enero de 2006, la plantilla judicial activa estaba integrada por 4. 576 miembros, en su mayoría pertenecientes a las jurisdicciones Civil y Penal, con una tasa media de 10,24 magistrados y jueces por cada 100.000 habitantes que se sitúan mayoritariamente en la franja de edad de entre 30 y 50 años.

Fuente: ABC

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Valladolid: El alcalde ofrece suelo para la Ciudad de la Justicia

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ofreció a la subsecretaria de Justicia, Susana Peri, varias parcelas dotacionales para que el Gobierno pueda levantar el edificio que agrupe todas las sedes de este ministerio que ahora están dispersas en la capital.

Concretamente, el regidor señaló terrenos en el plan parcial Pinar de Jalón, en el nuevo desarrollo de Los Santos Pilarica y también apuntó en el mapa de suelos municipales en Parquesol, Parque Alameda y en los cuarteles de Arco de Ladrillo, aunque en este último caso no se pudo concretar la superficie con la que se podría contar.

En este primer contacto entre el máximo responsable del Consistorio y los representantes del Ministerio de Justicia también participaron el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, y el subdelegado, Cecilio Vadillo. Por el momento la reivindicación de los trabajadores de Justicia, que quieren una ubicación céntrica, bien en el antiguo colegio El Salvador o en otro edificio cercano a los actuales juzgados parece que no podrá cumplirse. De hecho, el alcalde advirtió durante la reunión de que el Ayuntamiento no dispone en este momento de inmuebles para su cesión en la zona centro.

El antiguo centro educativo de la plaza de San Pablo es la opción preferente de los funcionarios de Justicia, abogados y procuradores. Sin embargo su precio, treinta millones de euros, hace que su adquisición sea inviable. El máximo responsable del departamento gubernamental, Manuel Bermejo, calificó de «irracional» lo que los propietarios del colegio piden por este inmueble y aseguró que detrás de la operación hay intereses especulativos.

Los terrenos de El Salvador están calificados como suelo dotacional privado. En la última protesta protagonizada por los trabajadores de Justicia, en la que se manifestaron contra el traslado de los juzgados de lo Social y de la Clínica Forense al paseo de Arco de Ladrillo, se exigió al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León -en proceso de recibir la transferencia- que trabajen para evitar la especulación en el cambio de uso del solar.

También desde el Grupo Municipal Socialista se ha plateado durante la campaña electoral que el Ayuntamiento y la Administración autonómica tienen mucho que decir en la calificación de los terrenos de El Salvador, ya que si no se cambia y se mantiene como dotacional los dueños podrían replantearse una bajada en el precio que piden ahora.

Fuente: Terra

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El 72% de los inmigrantes llega a España sin permiso de trabajo

Así define al inmigrante medio la ‘Encuesta sobre condiciones de vida y de trabajo de la población inmigrante en España’ de la Fundación Sistema, que presentó los resultados dentro del VI Encuentro Salamanca ‘La inmigración y sus causas’.

España, según destaca el estudio, es el segundo país del mundo que entre los años 2002 y 2005 más inmigrantes acogió. Sólo Estados Unidos queda por delante en un periodo en el que pasaron de vivir dos millones de extranjeros en suelo español a más de 3,7 millones. El informe estima, además, que la población inmigrante rondará los quince millones en 2015 y supondrá el 27% del total de los habitantes de un país que entró en el siglo XXI con apenas un 2% de extranjeros.

La Fundación Sistema explica el fuerte tirón inmigratorio, entre otras causas, por la condición de España de país fronterizo en tres frentes distintos: una amplia frontera marítima con el norte de África, la proximidad del archipiélago canario con los países subsaharianos y una cercanía cultural de «hondas raíces» con Latinoamérica que «aporta importantes contingentes regulares de inmigración».

El sociólogo José Félix Tezanos, director de la Fundación Sistema, resalta que el 72,4% de los extranjeros que viven en España llegaron sin gozar de un permiso de trabajo, un 22,4% reconoce aún no tenerlo.

Aunque representan el 10% de la población total, los inmigrantes suponen el 14% de la población activa. Incluso uno de cada cinco trabaja sin contar con un contrato laboral pese a que más de la mitad, un 58% posee estudios medios o superiores. El estudio revela también un cambio de tendencia en la procedencia de los extranjeros, los latinoamericanos son ahora mayoría, antes lo eran los africanos, y los rumanos empiezan a disputar el primer puesto a los magrebíes.

Fuente: Minuto Digital

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Cantabria: 12,15 jueces por cada 100.000 habitantes

Cantabria es la segunda comunidad autónoma con mayor número de jueces, con una tasa de 12,15 por cada 100.000 habitantes.

Sólo en Asturias se supera ese índice, con 13 jueces por 100.000 habitantes, mientras la media nacional es de 10,24, según se pone de relieve en el informe anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentado en rueda de prensa. La comunidad está también entre las primeras regiones en cuanto al número de fiscales, en este caso, con una tasa de 4,22 por 100.000 habitantes, por encima de la media (4,19) y por detrás de Baleares (4,59), Galicia (4,44), Canarias (4,35) y Extremadura (4,23).

En total, Cantabria contaba a 1 de enero de 2007 con 68 órganos judiciales, nueve más que en la misma fecha de 2001. En ese mismo periodo la litigiosidad en la comunidad ha aumentado un 16%, pero aun así sigue estando por debajo de la media nacional. Así, en el conjunto del país en 2006 se alcanzó una tasa de 179,91 asuntos registrados por cada 1.000 habitantes, frente a los 168,11 de Cantabria. Cada órgano judicial español recibió el pasado año una media de 2.387 nuevos asuntos, mientras en la comunidad cántabra la media fue de 1.873, una de las más bajas.

Respecto a la resolutividad de los órganos judiciales, Cantabria cerró 2006 con una tasa de resolución de 0,98. Cuando este indicador es superior a 1 significa que se resolvieron más asuntos de los registrados y que, por tanto, se redujo el número de procesos pendientes. Sin embargo, por debajo de 1 indica que llegaron más asuntos de los que se resolvieron. La media nacional de resolución coincide con la cántabra y sólo hay una comunidad, Asturias, que alcanza una tasa de 1, pero no la supera.

En cuanto a los asuntos pendientes, la tasa de la región es de 0,3, igual a la nacional. Cuanto más bajo es este indicador -que en ninguna comunidad supera el 0,37-, mejor resultado implica. La tasa de pendencia varía de forma significativa en función del tipo de procedimientos. En Cantabria, la pendencia más baja corresponde a la jurisdicción penal, con un 0,18 que, a pesar de ello, es superior a la media nacional (0,16). A continuación se sitúan la jurisdicción social, con un 0,31 (en España 0,51), y la civil, con un 0,61 (en el resto del país 0,66). En el lado opuesto, la mayor pendencia se acumula en el ámbito de lo contencioso-administrativo, con una tasa de 0,79, prácticamente la mitad que la registrada en el conjunto del país (1,47).

Por lo que se refiere al tiempo medio que se demora la resolución de un asunto, en la región es de 5,58 meses, ligeramente por debajo de la media nacional, situada en 5,94 meses. Las comunidades con más demoras son Murcia (con 7,12 meses de media para resolver un proceso), Baleares (6,96) y Cataluña (6,93) y la más ágil es Extremadura, con 3,83 meses. El informe del Consejo General del Poder Judicial analiza también las quejas recibidas en el último año por funcionamiento defectuoso de los órganos judiciales. Cantabria, con 96 quejas es, junto a La Rioja (64) y Navarra (46), una de las comunidades con menor número de denuncias.

Fuente: Cantabria Liberal

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El gobierno impotente ante el fracaso de la Ley de Violencia de Género

El número de mujeres muertas debido a lo que se ha dado en llamar violencia de género no solo no ha disminuido sino que ha aumentado tras la entrada en vigor de la polémica ley socialista. El pasado 22 de junio, el gobierno ha aprobado, en Consejo de Ministros, nuevas medidas para luchar contra esta lacra.

Hasta la fecha se han gastado 140 millones de euros, creado juzgados especiales y unidades policiales dedicadas en exclusiva a esta cuestión sin que el endurecimiento de las penas haya dado resultado positivo alguno.

Con la nueva reforma el Ministerio de Justicia quiere uniformar los criterios de todos los llamados “operadores jurídicos”, es decir, jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados que actúan en los Juzgados de Violencia, exclusivos o compatibles.

Sin embargo la reforma viene a reconocer veladamente el hecho de que 75 % de las denuncias presentadas acaban siendo retiradas, al contemplar los efectos de la renuncia a la orden de protección por la víctima.

También se promoverá la suscripción de un Convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas y la FEMP con el fin de mejorar el funcionamiento de las Oficinas de atención a la víctima y la cooperación con las redes de servicios sociales locales y provinciales y fomentar la participación de las Asociaciones y Organizaciones de mujeres.

En este sentido la Asociación PROJUSTICIA ha hecho público un comunicado que critica estas nuevas medidas que considera no frenarán el aumento de mujeres asesinadas y que el único efecto real que van a tener es aumentar la financiación de las asociaciones feministas. “Las medidas aprobadas no sólo no corregirán la situación sino que se agravará. Habrá más dinero para mantener la corrupción creada bajo el paraguas de estas leyes injustas, discriminatorias e inconstitucionales”, manifiesta en su comunicado PROJUSTICIA.

Según PROJUSTICIA “las feministas argumentan que la culpa no es de la Ley ni de los criterios que la han alumbrado ni de sus creadores y/o defensores. La culpa es de los demás. La culpa es de la descoordinación entre policía y jueces, del tratamiento de las noticias por parte de los medios de comunicación, de la falta de medios materiales, … de que la sociedad no está preparada. Preparada para tragar sus mentiras”, eludiendo afrontar la realidad del problema.

Fuente: Minuto Digital

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Dia de luto oficial por los seis soldados españoles asesinados por el terrorismo islámico

Este martes es día de luto oficial en España. Las banderas españolas de todos los edificios públicos ondearán a media asta en señal de duelo por los seis militares asesinados en Líbano. A las once de la mañana, Paracuellos del Jarama, base de la Brigada Paracaidista, será el triste escenario donde los seis compatriotas reciban el último homenaje de compañeros, familiares, amigos y representantes institucionales.

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Castilla-La Mancha: Los forenses que luchan por salir del sótano

El equipo de forenses del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo lleva varios años luchando por salir del sótano del Hospital del Carmen donde se han resignado a estar “como una medida de transición” hasta que consigan que este Instituto tenga un edificio propio.

Con sus reivindicaciones lograron que en el edificio de los nuevos Juzgados se habilitaran unas dependencias para prestar su servicio de consultas a lesionados. Pero las autopsias siguen realizándose en el Hospital del Carmen.

A pesar de que la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha siempre ha tenido conocimiento de esta situación, ahora lo recibía por primera vez de forma oficial. El recientemente constituido Comité de Seguridad y Salud Laboral le remitía dos informes en el que explican su situación, uno referente a dicha sala de autopsias y otro en relación con la vivienda del ordenanza de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que tampoco cumple lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

José García Muñoz, jefe del servicio de Laboratorio del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo y delegado en prevención de riesgos laborales, explicaba el contenido del primer informe. Así, en él se refleja que no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad e higiene en este sótano ya que los forenses están cada día expuestos a agentes de contaminación biológica y química.

“Tienen que reunir una serie de requisitos puesto que trabajamos con cadáveres que pueden estar infectados y con sustancias cancerígenas como el formol. Es gravísimo porque podemos contagiarnos de enfermedades como el SIDA o la hepatitis C por lo que estamos hablando de palabras mayores”, añadía.

A partir de ahora, una vez recibido el informe, la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha esta obligada en un plazo de tres meses a subsanar las deficiencias de esta dependencia. Si no cumpliera con lo establecido en el plazo previsto el Comité puede enviar una Inspección de Trabajo para que clausure definitivamente el sótano del Hospital del Carmen.

Actualmente, los forenses también realizan algunas autopsias en los tanatorios que disponen de salas para ello. Pero a juicio de García Muñoz tampoco están habilitadas cumpliendo la normativa vigente. “La Administración no puede mirar hacia otro lado”, apuntaba el médico forense.

El próximo mes de septiembre el Comité de Seguridad y Salud Laboral tendrá de nuevo una reunión.

Fuente: El Dia de Ciudad Real

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Valencia: Un juez avala la huella digital para controlar a los funcionarios

El sistema de huella digital, implantado por la Generalitat Valenciana en la Ciudad de la Justicia de Valencia, para obligar a los funcionarios a fichar «no vulnera derecho fundamental alguno», por cuanto su uso «sólo pretende servir como instrumento de control y verificación del horario de entrada y salida de los funcionarios a sus centros de trabajo, recogiéndose como únicos datos el número de DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento y número de registro personal». El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Valencia ha desestimado el recurso interpuesto por tres empleados públicos contra este sistema de control de horarios que empezó a funcionar a principios de año en la Ciudad de la Justicia de Valencia y que la Generalitat tiene previsto implantar en el resto de edificios judiciales.

En contra del criterio de los denunciantes, la Fiscalía mantenía que el dispositivo, basado en la obtención de datos biométricos, «no lesiona la intimidad corporal ni la dignidad humana»; tampoco «conculca el derecho a la integridad física o a la salud» ni vulnera «el derecho a la igualdad».

Según la variada jurisprudencia citada en la sentencia, los equipos están basados en «el reconocimiento tridimensional de la mano», de manera que se registran más de 90 medidas para «verificar la identidad» de las personas. «Utiliza planos tridimensionales obtenidos mediante luz infrarroja y óptica», pero «no escanea detalles como líneas, huellas o color». «La tecnología de geometría de mano no es usada para identificación personal sino para verificación», mantiene la juez, que recuerda que el dispositivo, que convierte la información obtenida en una representación matemática de 9 bytes que se almacenan en la unidad, «no recoge información de la huella dactilar diginal, asegurando así la intimidad de los usuarios»; es además, «absolutamente inofensivo» por cuanto la luz infrarroja utilizada en el lector manual «es la misma que se utiliza en mandos a distancia de vídeo o televisión».

La sentencia concluye que «el nuevo sistema de control resulta idóneo para conseguir el objetivo propuesto, que no es otro que el de lograr un mayor nivel de eficacia en la administración pública», mediante un «control efectivo» de las obligaciones de los funcionarios, que «se inician en el momento del puntual acceso a sus puestos de trabajo y en una estricta observancia de la jornada laboral». La existencia de otros posibles sistemas, añade la resolución judicial, «no convierte el sistema enjuiciado en ilegal».

Fuente: ABC

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