La huelga indefinida convocada por los funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid podría afectar a la instrucción dirigida por el juez Santiago Torres sobre la presunta red de tráfico de licencias ilegales, al demorar previsiblemente las declaraciones previstas en los próximos días del resto de los imputados que faltan por comparecer ante el magistrado, informaron cercanas a la investigación.
En la secretaría del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid trabajan habitualmente once funcionarios, que se dedican a realizar por orden de su titular las citaciones de los imputados o testigos, las llamadas preceptivas para que los presos sean trasladados a las dependencias judiciales, la transcripción de las declaraciones realizadas por el juez y la notificación de las medidas cautelares tomadas respecto a un individuo cuando no se comunican en el propio Juzgado, entre otras actividades.
Sin embargo, el paro de los trabajadores iniciado el 28 de noviembre ha reducido a cuatro el número de empleados públicos en el Juzgado 32, al igual que en otros, de acuerdo con los servicios mínimos establecidos para no interrumpir la actividad de los tribunales de la región.
Pero si la huelga indefinida de los funcionarios prosigue en los próximos días es previsible que se produzca un importante retraso en las tomas de declaración previstas para la próxima semana, puesto que todavía tienen que comparecer varios imputados, así como los testigos.
Hasta ahora, el juez Torres ha interrogado a más de veinte personas vinculadas con la supuesta trama de corrupción. De ellos, ordenó el ingreso en prisión preventiva de seis, tres empleados públicos de la Concejalía de Medio Ambiente, un funcionario jubilado y dos empresarios que colaboraban con los anteriores en la gestión de licencias.
Asimismo, otros cinco imputados permanecen en libertad bajo fianza de 3.000 euros y con la obligación de comparecer los días 10 y 24 de cada mes en la oficina de control de libertades provisionales de los Juzgados de la plaza de Castilla.
Ante el elevado volumen de trabajo que supone la investigación del caso, el titular del Juzgado de Instrucción 32 solicitó la pasada semana al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le asigne cuatro funcionarios más para hacer frente al procedimiento.
No obstante, el presidente del TSJM, Javier María Casas, aseguró durante la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid, que no tiene constancia de que el juez haya formulado la citada solicitud.
En cualquier caso, la petición será trasladada a la Sala de Gobierno del TSJM que valorará si procede el refuerzo de personal. En el caso de que sea favorable, el Alto Tribunal deberá remitir su informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se pronuncie al respecto. Si lo estima procedente, el órgano de gobierno de los jueces se lo comunicará a la Comunidad de Madrid, que finalmente dará el visto bueno a dicha asignación.
Fuente:
Europa Press
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