domingo, junio 15, 2008

Córdoba: STAJ logra por primera vez dos delegados en la junta de personal

En estos comicios en la Administración de Justicia de Córdoba se elegían a 17 delegados, frente a los 15 de las últimas elecciones, por la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público. De esta forma, los 2 nuevos representantes de la junta de personal son para el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), después de que hace 4 años no lograse obtener representación.


Los sindicatos que antes de las elecciones ya estaban en la junta de personal (CSI-CSIF, SPJ-USO, UGT y CCOO) seguirán contando con los mismos delegados, aunque todos han subido en votos, sobre todo los tres primeros. El reparto de votos fue el siguiente: CSI-CSIF, 6 delegados y 220 votos; SPJ-USO, 4 representantes y 126 sufragios; UGT, 3 delegados y 114 votos; CCOO, 2 representantes y 56 votos, y STAJ, 2 delegados y 60 sufragios.

El índice de participación en las elecciones fue del 98,3%, ya que emitieron su sufragio 670 de los 681 profesionales que estaban llamados a votar. En la Audiencia se instaló una mesa en la que votaron los trabajadores del Palacio de Justicia, Doctor Barraquer, Mercantil, Medicina Legal y el juzgado de paz de Castro del Río.

Por otra parte, se había instalado otra urna fija para los juzgados de la calle 12 de Octubre y contenciosos, mientras que en Lucena había otra para la localidad, Aguilar y los juzgados de paz de Rute e Iznájar. Además, se habilitaron mesas itinerantes para el resto de partidos judiciales de la provincia. En las elecciones de 2004, el índice de participación fue muy inferior, de un 75,76%.

Fuente: diariocordoba.com

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Alicante: Los forenses recurrirán en los tribunales el pago de un complemento

Una veintena de forenses se concentró a las puertas de los Juzgados de Alicante para exigir a la Conselleria de Justicia que les abone un complemento salarial. El Ministerio les reconoció ese plus, denominado «complemento específico de puesto», en septiembre del año pasado con efectos retroactivos a los ejercicios 2005 y 2006. Debían cobrar, por tanto, 117 euros mensuales más en sus nóminas, pero la Generalitat no ha incluido esas cantidades hasta ahora en ninguna de ellas, según informaron fuentes del Instituto de Medicina Legal.


La Consejeria de Justicia adeuda ya a cada especialista más de 4.000 euros. Los forenses han presentado recursos ante la propia Administración, pero en breve se cumplirán tres meses sin obtener respuesta, por lo que han decidido recurrir a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo para exigir el pago de los atrasos.

Además, han anunciado que reducirán su jornada laboral a la franja horaria comprendida entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde.

La protesta duró unos minutos. Los forenses se concentraron en la puerta del edificio antiguo de Benalúa con pitos y una pancarta en la que se podía leer «No a la discriminación salarial». Se trata de la primera protesta de este colectivo contra la Consejeria, que no fue secundada sin embargo ni en Valencia ni en Castellón.

Fuente: laverdad.es

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Jerez: La Inspección de Trabajo destapa las "vergüenzas" de los juzgados

La Dirección General de la Inspección de Trabajo ha emitido un requerimiento a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Justicia para que subsane las "graves deficiencias" de seguridad e insalubridad y el "incumplimiento generalizado" de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales que ha detectado en una evaluación, llevada a cabo a instancias de la junta de jueces, del edificio de los juzgados de la avenida Tomás García Figueras, en Jerez.


Según el informe del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, estas pésimas condiciones que presenta la sede judicial jerezana "generan un riesgo grave para los trabajadores que prestan servicio en el centro y para las personas que lo visitan, principalmente en lo que a normativa de seguridad y salud de lugares de trabajo se refiere, dada la 'pluripatología' que sufre el edificio". En este punto, señalan las conclusiones del análisis, lo anterior es provocado, "no sólo por la antigüedad del inmueble en sí y por la incapacidad de albergar en condiciones adecuadas el número de dependencias allí existentes, habiéndose visto superado por las mismas, sino también por un deficiente mantenimiento del mismo".

Por todo ello, la Inspección de Trabajo, cuyo informe ha sido considerado por fuentes de máxima solvencia como un "hecho insólito en toda España por haber sido emitido a instancias de los propios magistrados", insta a las Administraciones central y autonómica a que, en un plazo máximo de treinta días desde la recepción del requerimiento, elabore un plan de emergencia y evacuación del centro y un plan de autoprotección de las instalaciones, analizando las posibles situaciones de emergencia y adoptando las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores". Asimismo, Trabajo reclama, en un plazo máximo de dos meses, la "confección de un plan de prevención que incluya evaluación de riesgos del centro y puestos de trabajo del mismo, así como una planificación de la actividad preventiva como consecuencia de la misma".

Pero con lo anterior no es suficiente. No en vano, tras la detección de multitud de irregularidades en García Figueras, el informe solicita, para tener a punto en un plazo no superior al trimestre, "formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores en materia preventiva, sobre los riesgos de su puesto de trabajo, y medidas preventivas a adoptar como consecuencia del resultado de la evaluación"; y la implantación, igualmente antes de tres meses, de una "vigilancia periódica de la salud de los funcionarios (...) mediante reconocimientos médicos laborales específicos con aplicación de protocolos médicos según los riesgos de cada puesto de trabajo".

En última instancia, la Inspección de Trabajo exige la "adecuación del edificio e instalaciones al Reglamento de Seguridad y Salud de Lugares de Trabajo en el plazo de seis meses desde la recepción de este requerimiento".

Fuente: europasur.es

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Guadalajara: El TSJ reclama nuevos juzgados para la provincia

El presidente del tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM), Vicente Rouco, ha presentado la Memoria Judicial del año 2007 en la región, en la que se incluye la reclamación al Gobierno de la creación de cuatro nuevos juzgados en la provincia de Guadalajara. En la Memoria se hace también un repaso a como quedó la situación de los juzgados de toda la región en el pasado año, antes de la huelga de los funcionarios. Y las cifras reflejan un considerable aumento de los asuntos acumulados, fundamentalmente en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción.


A juicio del TSJ, se hace necesario para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia en la provincia que comiencen a funcionar un sexto Juzgado de Primera Instancia, un Juzgado Exclusivo para tratar asuntos de violencia machista; un segundo Juzgado de lo Penal; y un cuarto Juzgado de Instrucción (aunque en el caso de este último hay que decir que su creación acababa de ser recientemente anunciada por el Consejo de Ministros).

La Memoria del TSJ destaca el trabajo de la Audiencia Provincial presenta un resultado muy positivo, con los asuntos solventados "práctciamente al día". En la Audiencia de Guadalajara ingresaron en 2007 777 asuntos, se resovieron 766, y sólo 84 quedaron pendientes para su resolución en 2008. Cabe señalar que la Audiencia de Guadalajara no celebró ninguna vista con Jurado en el pasado año.

En lo que respecta a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, la Memoria del TSJ destaca que en 2007 se avanzó en la separación de jurisdicciones en el Partido Judicial, lo que permitió "un reparto de asuntos y un volumen de trabajo más equilibrados" que en 2006. Dice el TSJ que los niveles de resolución de los cinco Juzgados de Primera Isntancia y los 3 Juzgados de Instrucción "refleja el intenso trabajo de jueces, magistrados, secretarios y funcionarios", pero los datos evidencian que el número asuntos pendientes se incrementó, debido al crecimiento de la población.

Así, en 2007 ingresaron 6.883 asuntos en los Juzgados de Primera Instancia de Guadalajara, mientras que se resolvieron 6.328. A comienzos de 2007 estos juzgados tenían pendientes de resolver 5.087 casos, cifra que se incrementó a 5.849 a finales de ese año. En el caso de los Juzgados de Instrucción, ingresaron 22.476 asuntos, y se resolvieron 21.175. Los asuntos pendientes pasaron de 3.363 a comienzos de año, a 4.803 a finales.

Finalmente, la Memoria Judicial recuerda la necesidad de que se construya una nueva sede para los Juzgados de la capital, debido al agotamiento del actual edificio de la plaza de Beladíez. Esta sede, que se levantará al otro lado de la A-2, ya fue objeto de una cesión del terreno desde el Ayuntamiento al Estado hace casi un año, sin que de momento se haya resuelto la adjudicación de las obras.

Fuente: eldecano.es

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sábado, junio 14, 2008

Alemania y España: Distintos sistemas para la Justicia

Disciplina, eficiencia y organización. Quien conoce Alemania sabe que estas virtudes marcan profundamente el funcionamiento de las administraciones. Y la Justicia no es una excepción. En Alemania, los casos que entran anualmente en el sistema judicial equivalen a los que se resuelven. Los procedimientos civiles en primera instancia duran entre cuatro y doce meses. En la jurisdicción penal, aún menos: entre cuatro y seis meses, según afirma Sebastián von Thunen, abogado del bufete teutón Hengeler Mueller. La duración de los procedimientos en España dista mucho de acercarse a la velocidad teutona. Nada que ver, por tanto, con las montañas de expedientes acumulados que padecen los juzgados y tribunales españoles. Pero, ¿cuál es el secreto de su sistema?


Alemania dedica el doble de recursos por persona a la Justicia. Hay más jueces y fiscales por habitante, lo que, lógicamente implica una mayor capacidad de gestión de todos los asuntos.

Estas cifras parecen contradecir las declaraciones del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en su primera comparecencia en televisión tras las elecciones. El jefe del Ejecutivo defendió entonces que el problema de la Justicia en España no es de recursos económicos. Pero el dinero que los países punteros de Europa dedican a la Justicia es superior.

Otra de las dificultades a la hora de hacer más eficiente el sistema que Zapatero enunció en televisión fue la multiplicidad de administraciones y órganos competentes en materia de Justicia: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comunidades autónomas y el Estado.

Y ahí también España podría aprender de los teutones. Alemania es una república federal con un nivel muy alto de descentralización. Como explica Mathias Grupp, abogado alemán de Cuatrecasas, “cada estado federado es competente sobre los tribunales sitos en su territorio y el Estado sobre los tribunales de ámbito nacional”. La descentralización, por tanto, no excusa un funcionamiento deficiente de la Justicia.

Otra de las particularidades alemanas es que no existe ningún órgano similar al CGPJ español. Dependiendo del tribunal, los Länder o el Estado central asumen ese tipo de competencias. “No hay un órgano de gobierno autónomo judicial. El sistema es es administrado por el ministro de Justicia de cada Land o del Bund, dependiendo de la instancia”, explica Von Thunen.

El abogado señala, sin embargo, que desde 2007 las asociaciones profesionales de jueces vienen reclamando un órgano similar al CGPJ. “Pero no creo que esta petición tenga mucha perspectiva de éxito”, sentencia.

Otro punto fuerte del sistema alemán es la utilización de las nuevas tecnologías, después de las reformas que se han emprendido en los últimos años. “Hay un uso muy extenso de las nuevas tecnologías, lo que acaba acelerando los procedimientos, aunque hay diferentes sistemas dependiendo de cada Land”, dice Von Thunen.

A pesar de lo que pueda parecer, el sistema judicial en Alemania no está exento de críticas. Las fuentes consultadas reconocen que no ha habido en los últimos años un escándalo judicial tan dramático como el caso Mari Luz en España. Sin embargo, jueces y fiscales denuncian habitualmente que la carga de trabajo por persona está aumentado, puesto no se sustituye a los funcionarios que se jubilan.

También se quejan los profesionales de su remuneración, que no parece ajustarse a una carrera muy larga y sacrificada. Von Thunen destaca también el carácter litigioso de los alemanes, que acuden a juicio por cuestiones como la altura de una valla en una finca, lo que lleva a una sobrecarga judicial.

El mismo sistema de acceso a la abogacía y la judicatura

Después de terminar la carrera de Derecho, a cualquier estudiante en Alemania aún le queda mucho camino por recorrer para llegar a ser juez, fiscal o abogado. En primer lugar, debe pasar un Staatsexam, una especie de examen de oposición, en el que se ponen a prueba los conocimientos adquiridos durante la licenciatura.

El procedimiento es común para las tres disciplinas. Tras el Staatsexam, hay un periodo de prácticas en el que el becario pasa por muy diversas situaciones: “Se está un tiempo a las órdenes de un fiscal, luego de un juez, tal vez otro periodo en un bufete de abogados...”, explica Mathias Grupp, abogado alemán. Al final de toda esta experiencia, que dura alrededor de los dos años, más el tiempo que se ha necesitado para preparar el primer examen, viene el segundo Staatsexam.

Ésa es la prueba definitiva, tras la cual el jurista puede solicitar su ingreso como fiscal o juez en un juzgado, o intentar ganarse la vida como abogado. Las intenciones del ministro de Justicia en España, Mariano Fernández Bermejo, para la reforma del acceso a la judicatura parecen copiar en cierta forma el sistema alemán. La reciente reforma del acceso a la abogacía, aún pendiente de concretar mediante reglamento, se dirige también hacia un sistema de prácticas y formación adicional después de la licenciatura.

Fuente: expansion.com

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viernes, junio 13, 2008

Córdoba: STAJ denuncia que no se han adoptado medidas de planificación en el Registro Civil

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) informa en una nota que "ha constatado el hecho de que, pese a la sobrecarga de trabajo que supone el trámite adicional de los aproximadamente 800 expedientes de nacionalidad, la presión sufrida en los últimos meses por sus funcionarios ha sido constante".


Así, apunta que los trabajadores "se han visto literalmente atrapados en una marea humana que intentaba por todos los medios acceder a los despachos y han sido abordados, incluso, al salir a la calle en demanda de atención".

El STAJ denuncia que "no se ha adoptado ninguna medida al respecto, ni en orden a controlar el caos de personas visiblemente palpable en torno a las oficinas y alrededores del Registro Civil, ni en orden a planificar el trabajo con apoyo suficiente a la plantilla".

Fuente: diariocordoba.com
Más información en STAJ Andalucía

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Jumilla: El segundo juzgado estará en funcionamiento antes de fin de año

Antes de que finalice el año estará en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 en Jumilla, según la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de las 146 nuevas unidades judiciales en España, de las que seis corresponden a la Región de Murcia. Con la aprobación de este Real Decreto, unido a los anteriores del 11 de enero y del 8 de febrero, el Ministerio de Justicia da cumplimiento en un plazo de seis meses al compromiso adquirido para este año.


La consecución de este Juzgado para Jumilla es la muestra de la clara apuesta del alcalde Francisco Abellán y el gobierno municipal en materia de Justicia. “En este sentido, desde hace ocho años venimos trabajando intensamente y los frutos van llegando: se logró el nuevo edificio del Juzgado, con más dotación de recursos materiales y humanos, en este año tendremos ese segunda unidad judicial, además Jumilla tiene aprobado el Registro de la Propiedad e igualmente la Segunda Notaría”, afirma Abellán.

El alcalde ha añadido que “vamos a seguir trabajando en la misma línea, pero ya podemos decir que se van cumpliendo los objetivos en lo que a Justicia se refiere”. Por último Francisco Abellán anunció que se va a invitar al ministro Mariano Fernández Bermejo para que visite Jumilla y conozca el edificio del Juzgado, “así como para trasladarle las necesidades que seguimos teniendo”.

Además del de Jumilla, el Real Decreto recoge todas las unidades judiciales correspondientes a la programación de 2008, consistentes en 126 Juzgados y 20 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales.

En concreto, la Región albergará, el de nuestro municipio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cieza, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de San Javier, el Juzgado de Lo Penal número 2 de Lorca, y los Juzgados de Lo Contencioso-Administrativo números 7 y 8 de Murcia.

Además autorizó, asimismo, la creación de 31 unidades en Andalucía, cuatro en Aragón, tres en Asturias, tres en las islas Baleares, nueve en Canarias, uno en Cantabria, seis en Castilla y León, cinco en Castilla y La Mancha, 21 en Cataluña, 23 en la Comunidad Valenciana y dos en Extremadura, además de siete en Galicia, 30 en la Comunidad de Madrid, uno en Navarra, tres en el País Vasco y uno en La Rioja, uno en Ceuta y uno en Melilla.

La puesta en marcha de las 160 nuevas unidades judiciales tienen un coste de 27,9 millones de euros.

Fuente: murcia.com

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jueves, junio 12, 2008

Alicante: El Registro Civil alerta de cobros en internet por trámites que Justicia realiza gratis


El Registro Civil de Alicante advirtió de que la estrategia publicitaria de una empresa que se anuncia en internet está llevando a múltiples usuarios a pagar por un servicio que la administración ofrece de manera gratuita. La titular de este tribunal, Virtudes López, afirmó que están recibiendo un goteo constante de quejas por parte de personas que han desembolsado 18 euros por la tramitación de solicitudes que a través de las páginas web de la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Justicia no requieren del pago de un solo euro. La magistrada tachó de "confusa" la publicidad de esta mercantil.


La confusión tiene su origen al insertar las palabras "registro civil" en los buscadores. Una operación que ofrece como principal resultado y de manera destacada el enlace a una empresa privada que realiza las mismas gestiones que las instituciones públicas pero previo pago.

La juez subrayó que está tramitando una carta a la Conselleria de Justicia para alertar de esta práctica que ha generado malestar y mucha confusión entre las personas que hacen uso del servicio on-line que oferta el Registro Civil. Las operaciones que se pueden realizar son las relacionadas con peticiones de citas para temas matrimoniales, de nacimientos o defunciones para las que este departamento habilitó la posibilidad de emplear internet. Tanto las páginas oficiales como la empleada por esta empresa privada solicitan los datos personales del interesado y realizan un procedimiento "idéntico", con la única diferencia de que, en la segunda, antes de aceptar el trámite se solicita al interesado "el "pago de 18 euros más IVA". Opción a la que hay que sumar los gastos de envío y de correo certificado si se opta por esta fórmula, según se recoge en las condiciones de la página web de la mercantil.

Fuentes del Registro Civil subrayan que es necesario frenar este tipo de actuaciones, ya que una empresa se está lucrando gracias al "desconocimiento de la red de muchos de los usuarios que han optado por sus servicios". Una opción que han escogido pensando que era el procedimiento normal para cursar sus peticiones.

El uso de estas prácticas actúa en contra, según las mismas fuentes, del objetivo con el que se llevó a cabo la implantación de este servicio en internet, que no era otro "que el de facilitar y agilizar los trámites a los usuarios".

Fuente: informacion.es

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Avilés: El Ministerio de Justicia autoriza crear un nuevo juzgado

El Ministerio de Justicia ha autorizado la creación del séptimo juzgado de primera instancia e instrucción en Avilés, lo que permitirá iniciar un plan para especializar las diferentes salas en la atención a causas civiles o penales al llegarse a la ratio que establece la Ley. En este momento, las seis salas de los juzgados de Avilés tienen carácter mixto, es decir, atienden causas civiles y penales indistintamente. Otras ciudades, como Gijón, Oviedo o El Ferrol, cuentan ya con la división de las salas, lo que posibilita la especialización y contribuye a una mayor eficacia.


Ahora Avilés podría pedir esa misma división, al tener ya siete juzgados. Con la creación de este último se pretende contribuir a reducir la saturación que se está dando en las salas de justicia de Avilés, donde se están superando en más de un 30% el número de causas anuales que, según la Ley, debe atender cada juzgado.

Actualmente, algunas de las salas de Avilés están señalando juicios a cuatro meses vista, un indicativo de la saturación que se vive en ellas. El hecho de que el juzgado número cinco se dedique en exclusiva a causas de violencia de género provocó una situación de saturación del resto de salas, agravada tras la huelga de los funcionarios de justicia.

Pero, según explicaron fuentes judiciales consultadas por este periódico, la creación de este nuevo juzgado no resolverá por completo la saturación que se vive. Para lograrlo, según sostienen estas mismas fuentes, sería necesario crear una segunda sala de lo penal. «Hace cinco años se autorizó su creación, pero nunca se llegó a poner en marcha», explicaron.

Agilización

Lo que sí contribuirá a agilizar la carga de trabajo en el juzgado de lo penal es la creación de una plaza de tramitador en esta sala que se ocupará, en exclusiva, de la ejecución de sentencias. La dilación que se vive actualmente a la hora de llevar a efecto este trámite podría llegar a provocar la prescripción de algunos delitos, poniendo por tanto en libertad a personas pendientes de cumplir condena. Según han confirmado fuentes del Principado, el Ministerio de Justicia ha decidido crear la plaza tras la petición de la Dirección General de Justicia y la plaza se cubrirá con urgencia. El Principado, además, confía en que, a lo largo de esta legislatura, se ponga en marcha el segundo juzgado de lo penal en el palacio de justicia de Avilés.

El juzgado de primera instancia número siete de Avilés no es el único de nueva creación autorizado para Asturias. Oviedo contará con una nueva sala de este tipo, la número diez, y Gijón con uno de instrucción, el número cinco. La creación de estas nuevas salas, según sostienen fuentes judiciales consultadas, provocarán diferentes movimientos de jueces, secretarios judiciales y funcionarios en activo, que llevan tiempo esperando que se les conceda un cambio de destino.

Fuente: lavozdeaviles.es

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miércoles, junio 11, 2008

La Justicia gallega es la tercera más colapsada de España

Los juzgados gallegos están cada vez más saturados. En un año la comunidad ha ascendido un puesto y se sitúa junto con Baleares como la tercera de España con mayor tasa de congestión judicial, según la clasificación elaborada por el Consejo General del Poder Judicial para el pasado 2007. Tan sólo Canarias y Castilla la Mancha, empatadas en la ratio de colapso, presentan una situación peor que Galicia.


Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia todavía no ha presentado su memoria de actividad correspondiente a 2007, el Consejo General del Poder Judicial ya ha colgado los datos en su página web. Las cifras evidencian que el atasco en los juzgados lejos de aligerarse se acentúa. Los 223 órganos existentes tenían acumulados 135.968 asuntos pendientes al empezar el año. Pero, además, ingresaron otros 426.176. El problema radica en que tan sólo pudieron resolverse 419.127, por lo que cuando finalizó 2007 la montaña de casos en trámite había crecido en casi 9.000, hasta los 144.714 asuntos.

La situación se repite año a año. En 2006, la lista de casos pendientes ya se había incrementado en 2.465, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, lo que evidencia la necesidad de dotar de más medios humanos y materiales a los tribunales para desatascar la Justicia gallega.

La alta tasa de congestión -que se calcula sumándole a los asuntos pendientes al inicio del año, los ingresados y dividiendo el resultado por los resueltos- contrasta con la escasa litigiosidad que presenta la comunidad. En Galicia se registraron 153,78 asuntos por cada 1.000 habitantes, muy lejos de cifras como la de Madrid que alcanzó los 216,99. Sin embargo, la comunidad madrileña es más eficaz aligerando los casos que se acumulan en sus tribunales y presenta una tasa de congestión de 1,29 -en la media española- frente al 1,34 de la comunidad gallega.

Las jurisdicciones penal y social son las que presentan una peor situación en Galicia. Sólo en los casos civiles los juzgados de la comunidad logran situarse por debajo de la media española en congestión. De hecho, en cada uno de los 129 juzgados civiles existentes, entraron en el 2008 con una herencia media de 364 casos por resolver de otros años. Esta cifra sube a 463, 22 en los órganos que se encargan de la vía penal y llega a 865 en la jurisdicción social.

Los que más casos acumulan son los juzgados contencioso-administrativo, es decir los que atienden a las reclamaciones de los ciudadanos frente a la Xunta o a los ayuntamientos, con 1.071 asuntos pendientes por cada uno de los 16 tribunales existentes en la comunidad.

Fuente: elcorreogallego.es

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martes, junio 10, 2008

Madrid tiene un plan para los interinos


"Es un personal no cualificado en su mayor parte”. Con estas palabras ha definido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, a los trabajadores interinos de la Administración de Justicia, que suponen el 37,7% de un total de 6.011 empleados. Para evitar esta falta de conocimiento, que tan directamente repercute en la calidad de la Justicia, la Comunidad de Madrid ha desarrollado un plan de formación pionero dirigido a estos profesionales.


Los cursos, que se impartirán a través del Instituto Madrileño de Administración Pública, permitirán que el personal interino pueda adquirir los conocimientos necesarios en materia de Justicia antes de su incorporación a un órgano judicial de cualquier jurisdicción. El Gobierno regional estima que, de aquí hasta finales de año, se beneficiarán de esta iniciativa unos 500 trabajadores.

Firma del protocolo

El vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, y el presidente de la Fundación Justicia en el Mundo de la Unión Internacional de Magistrados, Rubén Jiménez, firmaron el protocolo de colaboración que rige las pautas de este acuerdo y que servirá para proporcionar conocimientos teórico-prácticos a los interinos de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, que representan casi el 38% de la plantilla judicial.

La formación específica para estos trabajadores se centrará en tres áreas específicas: la organización y funcionamiento del Estado, del poder judicial y de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid. Además de los interinos, los funcionarios de carrera pertenecientes a los cuerpos generales de gestión, tramitación y auxilio procesal, podrán beneficiarse de este acuerdo.

Fuente: negocios.com

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Canarias: Ruano aclara el cese de la directora de Justicia

El consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Emergencias, José Miguel Ruano, aclaró en una comparecencia parlamentaria solicitada por el Partido Socialista que "la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Rosa Rubio, me pidió el cese en su cargo porque le era imposible formar equipo con la actual viceconsejera de Justicia, Carolina Déniz. Tras analizar la situación y ver que no mejoraba con el transcurso del tiempo, hablé con ambas y resolví el cese".


La destitución de Rubio, cuando ni siquiera llevaba un año en el cargo, se produjo escasos días después de que saltara a la luz la situación de colapso que viven los juzgados canarios debido a la falta de personal, competencia que corresponde al Gobierno de Canarias, y al poco de que el Consejo General de Poder Judicial comunicara que en las Islas hay 12.500 sentencias sin ejecutar.

Los roces entre Déniz y Rubio fueron constantes desde el primer momento, e incluso los sindicatos hicieron público su poco entendimiento con la segunda, llegando a levantarse de la última mesa sectorial para manifestar su desacuerdo; tal vez por ello, Ruano ha elegido como sustituta a la jefa del Servicio de Personal de Nóminas de la Consejería de Justicia, y encargada de la puesta en marcha de la Unidad de Recursos Humanos, de la Dirección General de la Función Pública, Dolores Alonso.

Fuente: eldia.es

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lunes, junio 09, 2008

Utrera: STAJ denuncia que los funcionarios se ven obligados a trabajar en los pasillos

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denunció las pésimas condiciones en las que trabaja el personal destinado en los juzgados de Utrera, que llega hasta el extremo de que parte del personal está trabajando en las zonas comunes del edificio, sin apenas iluminación y en condiciones "lamentables".


El edificio judicial utrerano, añadió el sindicato, ha quedado obsoleto (a pesar de su poca antigüedad), y es, apuntó el STAJ, "insuficiente" para albergar al personal que allí trabaja. Estas carencias se traducen en la acumulación de expedientes en las propias oficinas, cables por los suelos e iluminación insuficiente, que hacen muy difícil, e incluso arriesgado, según el sindicato, el trabajo.

Se ha dado el caso, señaló el sindicato, de que alguna funcionaria embarazada ha tenido que empujar su mesa para poder sentarse o levantarse en su puesto de trabajo, ya que no tiene espacio por detrás para mover el sillón. Hay zonas de paso de menos de 40 centímetros.

Por otro lado, cuando llega el verano, la temperatura en algunas dependencias es insoportable, pues el sistema de aire acondicionado está centralizado y se ha demostrado totalmente inadecuado, pues mientras en algunas salas hace frío, en otras el aire apenas llega y hace calor.

Por otro lado, el PP de Sevilla ha elevado una propuesta al pleno municipal en la que pide que la Ciudad de la Justicia sea construída en Los Gordales, en el barrio de Los Remedios, y que mientras tanto se contruya un edificio-puente que "permita superar la fase de transición hasta el traslado definitivo"

El portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, entregó la propuesta de su partido al representante del Poder Judicial en Andalucía occidental, Antonio Reinoso, al presidente de la Audiencia, Damián Alvarez, y al juez decano, Federico Jiménez Ballester. El portavoz popular afirmó, tras la reunión, que las sedes judiciales sevillanas están en una situación "insostenible".

La propuesta del PP al pleno municipal exige al Gobierno la retirada del recurso que bloquea la cesión de la parcela de los Gordales para la construcción de la Ciudad de la Justicia.

Fuente: El Mundo

Más información en STAJ Andalucía

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domingo, junio 08, 2008

Madrid: El Ministerio de Justicia rechaza las críticas del TSJ

El Ministerio de Justicia expresó su rechazo a las críticas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la insuficiencia de órganos judiciales en la región madrileña, con motivo de la presentación de la Memoria anual de dicha institución. El departamento que preside Mariano Fernández Bermejo indicó que Madrid fue la comunidad donde se crearon más unidades judiciales durante la pasada legislatura.


"Si en el período 2004-2007 se crearon 86 plazas de jueces y magistrados, entre 2000 y 2003, con el Gobierno del Partido Popular, sólo se crearon 36, es decir, menos de la mitad de las que creó el Gobierno socialista en los pasados cuatro años", explicó.

Asimismo, el Ministerio de Justicia subrayó que Madrid ha sido la segunda comunidad autónoma "mejor tratada" en lo que se refiere a creación de unidades judiciales para este año, con 30 plazas, únicamente superada por Andalucía, con 31. "La previsión de creación de plazas de jueces y magistrados para 2008 es de 160 unidades judiciales para todo el territorio nacional, de las que 30 son para Madrid", aseguró.

Este ministerio incidió en que Madrid ronda la media nacional de jueces por habitante. "Si esta media nacional está establecida en 5,01 jueces por cada 50.000 habitantes, Madrid posee 4,91 jueces por cada 50.000 habitantes, situándose por encima de siete comunidades autónomas", precisó.

Justicia considera que, aun siendo muy importante la creación de unidades judiciales, no es el único factor a tener en cuenta, ya que es fundamental la optimización de los recursos de que se dispone mediante la modernización de las estructuras, la actualización de métodos de trabajo y la introducción de nuevas tecnologías.

Fuente: EcoDiario.es

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sábado, junio 07, 2008

500 cántabros no han cumplido sus condenas

Alrededor de 500 personas en Cantabria no han cumplido las penas de trabajo en beneficio de la sociedad que les ha sido impuesta por los jueces. Y no lo han hecho porque se han negado y la Justicia no les ha obligado y porque ni ayuntamientos, ni organizaciones sociales ni asociaciones sin ánimo de lucro han reclamado personal para trabajos comunitarios. Porque, aunque tienen empleados gratis durante una temporada, les cuesta dinero, desde el pago del seguro social a los desplazamientos desde su lugar de residencia al lugar donde prestarán ese trabajo social.


Puede tratarse de un simple bonobús en Santander, o los billetes para desplazamientos en autobús o tren por la región. La jornada laboral de uno de estos condenados a trabajos en beneficio de la sociedad es de cuatro horas diarias, distribuidas dependiendo de su ocupación laboral. Si ese trabajo en instituciones y organizaciones es de 8 horas en fin de semana (mañana y tarde), debe ser la organización donde cumplen quien pague la comida del condenado. Debido a ese gasto, no se reclaman más condenados a trabajos sociales.

Se calcula que cada mes se condena a 170 personas a trabajos en beneficio de la comunidad. Son penas principales o sustitutivas de las de prisión que no excedan de dos años. Consiste en que los condenados presten trabajo no retribuido en determinadas actividades de utilidad pública, preferentemente relacionadas con hechos que tengan que ver con la naturaleza del delito por ellos cometido. Pueden ser trabajos en parques si destrozaron un jardín, trabajo en las calles si rompieron mobiliario urbano, o en asociaciones contra la violencia o contra la droga, en caso de que sus delitos tengan que ver con estos ámbitos.

Estas penas de trabajo en beneficio de la comunidad son aplicables a los delitos contra la seguridad vial, hurto, robo, estafa, apropiación indebida y daños, siempre que no vayan acompañados de violencia o intimidación. También se aplica a delitos contra la salud pública, como tráfico de drogas, siempre que los productos no causen grave daño a la salud. En el balance sobre seguridad ciudadana del pasado año se señala que al 75 por ciento de las 15.545 infracciones penales cometidas en Cantabria se le podrían aplicar trabajos (penas sociales) en beneficio de la comunidad, según dio a conocer la Consejería de Justicia de Cantabria.

Para contribuir a que se cumplan estas penas, la Consejería de Justicia destina este año 30.000 euros con destino a cubrir los gastos que generan estos penados. Hasta el momento, 39 ayuntamientos de Cantabria han solicitado un total 157 personas para que cumplan en sus diferentes departamentos (jardinería, limpieza, administración..,) las penas de trabajos en beneficio de la comunidad que les han impuesto los jueces por diversos delitos.

Con respecto al año 2007, el cumplimiento de estas penas tiene una novedad: entonces las competencias en medios materiales y y personal de justicia era del Ministerio de Justicia y este año lo son de la Consejería de Justicia del Gobierno de Cantabria, cuyo titular es José Vicente Mediavilla que indicó que «gracias a esa aportación económica, aumenta el número de personas que cumplirán su penas de trabajo en beneficio de la comunidad, que serán 250 este año. En total, 136 más que en el anterior ejercicio. Esos penados generarán 50.000 jornadas de trabajo al año, dijo José Vicente Mediavilla «lo que colaborará a agilizar que se cumplan las sentencias impuestas en materia de trabajo en beneficio de la comunidad» y «se normalizará la aplicación de estas penas», recalcó.

Mediavilla indicó que «se abre ahora un proceso en el que los ayuntamientos y las oenegés interesadas en tener a penados de estas características en sus departamentos puedan adherirse y realizar sus solicitudes «dando una segunda oportunidad a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes que por primera vez cometen una infracción de carácter penal». Los trabajos en beneficio de la comunidad -dijo- son una alternativa legal y perfectamente aceptable para dar una segunda oportunidad a las personas que han cometido delitos no especialmente dañinos contra la sociedad y desde el Gobierno regional impulsamos que se cumplan las sentencias», concluyó el responsable de Justicia de Cantabria.

Fuente: eldiariomontanes.es

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