Asturias: Las competencias que no acaban de llegar

De Francisco García Valledor a María José Ramos o de Juan Fernando López Aguilar a Mariano Bermejo: las negociaciones para lograr que el Principado asuma plenamente las competencias sobre los servicios de Justicia han visto pasar ya a una larga lista de negociadores, tanto desde el Principado como del Gobierno nacional. La actual consejera del ramo, María José Ramos, se situó como la última en esa serie al reafirmar que «antes del 1 de enero de 2009 esperamos hacer efectiva esa trasferencia».


Ambas administraciones han acordado el dinero público que debe ceder Madrid para que el Principado asuma la gestión de los actuales medios materiales y personales. «Ahora mantenemos ciertas diferencias económicas sobre las vacantes que faltan en la plantilla», desveló Ramos.

El comentario lo hizo durante la inauguración oficial de la nueva oficina que acogerá al Juzgado y la Fiscalía de Menores. La sede empezó a funcionar a principios de mes tras una inversión regional que supera el millón de euros, pero que tiene carácter provisional. El propio Principado tiene previsto crear una Ciudad de la Justicia. Será en el espacio que libere el actual Hospital Central tras su traslado al edificio que ahora se está construyendo en el barrio ovetense de La Cadellada. El futuro palacio podrá acoger todas las dependencias de la Justicia en Asturias, solventando así la actual dispersión de oficinas.

El nuevo Juzgado de Menores «tiene instalaciones magníficas, pero recuerdo que ahonda en la dispersión de sedes», reconoció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau.

Hasta ahora las diligencias sobre delitos cometidos por menores se llevaban en el Palacio de Justicia de Llamaquique, «donde ya no cabía porque se nos ha quedado pequeño, algo que nos obliga a ir a una solución global y total», reclamó Gerardo Herrero, Fiscal jefe de Asturias.

Fuente: elcomerciodigital.com
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Zaragoza: Inspección sugiere crear un nuevo juzgado de familia

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recomendado la creación en Zaragoza de un nuevo juzgado de familia que se sume a los tres existentes, dado que estos funcionan al límite de sus posibilidades y realizan un tercio más del trabajo que les corresponde. El empeño de los magistrados y los funcionarios les permite ir al día, pero a costa de un constante sobreesfuerzo.


De hecho, desde hace cuatro años, los juzgados de familia de la capital aragonesa resuelven entre un 17% y un 42% más de casos de los que tienen asignados según los módulos del Ministerio de Justicia. Por este motivo, la Inspección sostiene que el nuevo juzgado está plenamente justificado, ya que absorbería el exceso de trabajo que afecta a los tres órganos operativos.

Anualmente, los jueces de familia emiten en torno a 3.000 sentencias sobre asuntos que, en la mayoría de los casos, tratan del impago de pensiones y el incumplimiento del régimen de visitas.

"Aun así, estos datos no son del todo fiables, pues en este ámbito del Derecho la mayor complejidad se da en las ejecuciones de sentencia, y lo normal es que muchos casos ya sentenciados den lugar a varias ejecuciones", explica el titular de uno de los juzgados de familia zaragozanos.

Además, los procedimientos se complican todavía más en los asuntos denominados contenciosos, es decir, en los que no hay acuerdo de las partes. Sin embargo, los casos que se tramitan de mutuo acuerdo suponen más del doble de los que se realizan con la oposición de los intervinientes, en una proporción de 2,5 a 1.

La Administración de Justicia exige que los juzgados de familia emitan cada año 200 sentencias contenciosas, un porcentaje que, en el caso de Zaragoza, también se cumple estrictamente y que incluso se rebasa.

El Servicio de Inspección giró una visita a los juzgados de familia la pasada primavera y emitió unas conclusiones en las que somete a la Comisión Mixta del CGPJ y al Ministerio de Justicia la necesidad de crear un nuevo órgano judicial especializado en asuntos familiares. Asimismo, los inspectores también dejaron constancia ante la Diputación General de Aragón de que son necesarios ciertos reajustes en los locales de los tres juzgados para adecuarlos a su función.

"No tenemos un problema de espacio, como pasa en otras jurisdicciones", indicó el magistrado citado anteriormente. "Lo que pasa es que la distribución del espacio en las oficinas no se adapta al trabajo que se realiza en ellas", explicó.

Fuente: elperiodicodearagon.com

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Sevilla: Archivado el expediente contra los funcionarios de Penal 1

Los funcionarios del juzgado de lo penal número uno de Sevilla se enteraron ayer por los periódicos de que la Junta de Andalucía ha archivado el expediente que tenía abierto contra ellos por su presunta responsabilidad en la no ejecución de la condena a Santiago del Valle.

Sin embargo los trabajadores del juez Tirado, que ayer confesaron que se esperaban que archivaran el caso, aseguraron que la situación del juzgado no sólo sigue igual que cuando salió a la luz el escándalo sino que ahora tampoco les pagan las horas extra que hacen por las tardes.


Así, según relataron dos funcionarias, la avalancha de sentencias pendientes de ejecutar (hay más cerca de mil) ha provocado que lleven desde el pasado mes de mayo trabajando muchas tardes sin que la Junta de Andalucía, que tiene las competencias sobre los trabajadores judiciales, les pague. «No tenemos tiempo de hacer cumplir las ejecutorias y estamos viniendo a trabajar por la tarde. Nos quedamos a comer aquí y muchos día seguimos hasta las nueve de la noche. La gente está harta de venir a trabajar sin cobrar», indicó una de ellas.

Por eso el pasado mayo solicitaron a la consejería de Justicia que les pagaran las horas extra sin que por el momento les hayan contestado. Ni tampoco les han contestado sobre la caótica situación que sigue viviendo ese juzgado y en el que falta personal, líneas de teléfono y medios materiales. O incluso, aseguran que cuando se produce una baja la Junta tarda 40 días en cubrirla.

Esa situación de colapso fue reiterada por el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, quien aseguró que la situación sigue «idéntica» que cuando denunciaron en junta de jueces la deficitaria situación de los juzgados de lo penal el pasado marzo. «Sólo ha habido alguna medida de refuerzo puntual pero la situación de sobrecarga sigue siendo la misma», recalcó. En cuanto a la sanción impuesta a Tirado, el decano afirmó que respeta la decisión del CGPJ, lo mismo que respetará la que se adopte después del pleno.

Fuente: abcdesevilla.es
Para leer el comunicado de STAJ Andalucía denunciando la situación de los juzgados penales, pincha aquí

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Barcelona: 400 demandas por impago al día

Los juzgados de Barcelona están recibiendo este mes un promedio de 400 demandas diarias de impago, presentadas por empresas o entidades financieras contra clientes que no hacen frente a sus facturas. Según fuentes judiciales, tras el parón de la actividad judicial por las vacaciones de verano, en los primeros días de septiembre el decanato de los juzgados de Barcelona está recibiendo un “inusual aluvión de demandas de impago contra clientes morosos”.


Durante esta semana han llegado a los juzgados de Barcelona más de medio millar de demandas de impago presentadas por sólo tres empresas: la compañía de telecomunicaciones Jazztel y las financieras Banco Popular y Celeris. La mayoría de ellas han sido formuladas por la operadora Jazztel contra clientes que han dejado de abonar facturas telefónicas.

Banco Popular y la financiera Celeris, especializada en créditos al consumo y reagrupación de deudas, han acudido a los tribunales para que estos obliguen a sus clientes a hacer frente a sus pagos, informa Efe.

A ese aluvión de demandas se suma otro centenar que el pasado viernes interpusieron en los juzgados de la capital catalana los representantes legales del grupo de distribución El Corte Inglés, por clientes que habían adquirido productos a plazos y habían dejado de pagar sus facturas periódicas.

Una vez presentadas en el decanato, las demandas de impago se repartirán entre los distintos juzgados de primera instancia de Barcelona, que iniciarán un proceso judicial para requerir los pagos pendientes a los demandados. Las causas por impago podrían desembocar en procesos de embargo de las propiedades de los demandados en el caso de que éstos siguieran sin pagar sus deudas.

Fuente: expansion.com

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"Hay días en los que nuestras dependencias parecen el camarote de los Hermanos Marx"

En el Juzgado Mercantil de Sevilla los teléfonos no paran de sonar y los funcionarios no dan a basto para hacer su trabajo y atender personalmente a los abogados, procuradores y acreedores que piden información, o bien solicitan o entregan documentación. «Es tal la sobrecarga de trabajo que soportamos que hemos decidido no atender por teléfono el casi medio centenar de llamadas que recibimos a diario de toda España para pedir información sobre concursos de acreedores», explicó Juan Pedro Dueñas, secretario del Juzgado Mercantil de Sevilla.


«Hay días —comenta Dueñas— en los que el Juzgado Mercantil de Sevilla parece el camarote de los Hermanos Marx porque no cabe la gente y los funcionarios se volvían locos. En ocasiones he tenido que pedir a los abogados, procuradores y acreedores que salgan al pasillo y hagan cola. Literalmente, no hay espacio físico para sus funcionarios ni para los más de cien administradores judiciales actualmente nombrados, así como para los archivos y los expedientes en trámite que se amontonan». Para resolver puntualmente este problema, el juzgado ha pedido a la Junta que habilite dependencias para trasladar al menos sus archivos.

Juan Pedro Dueñas se pregunta si son éstas las dependencias modernas de las que habló la anterior consejera de Justicia, María José López, cuando dijo que diez años después de la transferencia de estas competencias se habían sentado las bases para una justicia «moderna, cercana, ágil, transparente y de calidad». «Ninguno de esos propósitos se ha cumplido. La Junta está bajo mínimos y no da respuesta puntual a las necesidades de los órganos de justicia, lo que provoca una falta de motivación de los funcionarios», añadió este secretario judicial.

Asimismo, Dueñas denunció las carencias informáticas del Juzgado Mercantil. «Los funcionarios tienen que notificar por correo convencional y a veces tardamos hasta tres meses, cuando podría hacerse por correo electrónico. Además, debería haber un registro público general de concursos declarados y una base de datos informática para facilitar información a los interesados. Con ello nos evitaríamos el casi medio centenar de llamadas diarias de personas que piden información, así como hacer a mano cientos de actos de comunicación a los acreedores, además de miles de fotocopias».

En cuanto a los administradores concursales, cree indispensable que se les dote de dependencias especiales, así como facilidades telemáticas para poder acceder a la documentación, lo que les evitaría tener que acudir periódicamente al juzgado.

Fuente: abcdesevilla.es

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Colombia: Huelga en los servicios judiciales

Colombia. Más de 20 mil procesos se encuentran paralizados en espera de que haya un acercamiento entre los trabajadores de la rama judicial y el Gobierno Nacional. Los trabajadores mantienen firme su posición del cese de actividades hasta que no tengan solución a los pliegos de peticiones que contienen nueve puntos. Los funcionarios y empleados protestan por mejores garantías laborales y respeto a la independencia de la justicia.


Al paro en la justicia a nivel nacional se unieron en los Llanos Orientales los despachos judiciales de Inírida (Guainía), Mitú (Vaupés), Puerto Carreño (Vichada), y los 12 funcionarios que laboran en el municipio de Granada, que se habían abstenido de ingresar al cese de actividades.

También confirmaron su participación en la protesta los empleados y funcionarios de la rama judicial en Acacías, precisó Samuel Figueroa, vicepresidente de la seccional Meta de Asonal Judicial.

En Villavicencio, aunque es permitido el ingreso de los usuarios al Palacio de Justicia, los empleados que se sumaron al paro impiden el acceso a los diferentes despachos, ubicándose alrededor de las escaleras que permiten subir a los otros pisos de la edificación.

La sede de la Fiscalía que funciona en la calle 15 con carrera 37L, más conocida como 'La Octava', por su cercanía con la octava etapa del barrio La Esperanza, está cerrada, y no se permite el ingreso de usuarios.

Sin embargo, el presidente de la sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, magistrado Romelio Daza Molina, aseguró que "se han atendido todos los casos en materia del funcionamiento del sistema penal acusatorio en lo que respecta a las audiencias de control de garantías y pequeñas causas al igual que los surgidos por hábeas corpus y tutelas".

Para el magistrado "no ha habido un impacto significativo dentro del servicio con ocasión del cese de actividades", puesto que según afirmó, además de que los tribunales están funcionando con normalidad, (aunque los usuarios no pueden llegar hasta los despachos), "no se han registrado libertades por vencimiento de términos por inactividad de la administración de justicia para ningún caso", puntualizó.

Sobre la parálisis de la justicia en el Meta, la directora seccional encargada de la Fiscalía, María Eliza Rocha, reiteró que su despacho velará por el respeto a los derechos de ambas partes. Además de admitir la validez del derecho a la protesta por parte de los funcionarios y empleados de la rama, estará atenta para garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía, "porque prima el interés de la colectividad", dijo.

Aunque se venían realizando las audiencias de control de garantías y pequeñas causas por parte de los jueces municipales, "en caso de que las dificultades resulten ser mayores en el Palacio, los jueces se trasladarán a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) ", dijo el magistrado Daza Molina.

Fuente: eltiempo.com , elpaisvallenato.com

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Rebelión de letrados en la Audiencia Nacional

Desde hace varios días no funciona el aire acondicionado en las salas de juicios blindadas de la Audiencia Nacional donde se juzgan los casos más importantes y más graves de la justicia española. La situación es tercermundista y hoy tocó fondo en Sala Tercera de la Audiencia Nacional, del juez Alfonso Guevara, donde más de una treintena de abogados han hecho un plante porque la situación es insostenible.


Los abogados están con abanicos, deshidratados y desfallecidos, al borde de una pájara o "jamacuco", como se suele decir pero desde el Gabinete de prensa de la Audiencia han dicho que "que no tiene constancia de lo sucedido". Y, mientras tanto, los magistrados tienen unos ventiladores pequeñitos encima del estrado dándole brisa, en parte por el calor y en parte porque el olor es cadavérico, como si estuvieran en una morgue. Seguramente el ministro de Justicia en su remozado ático no sufrirá las inclemencias del tiempo pero en la AN se suda la gota gorda como un botón más de muestra del colapso judicial.

Fuente: Periodista Digital

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La justicia riojana tarda una media de 5 meses en resolver los casos

El tiempo medio que tarda un órgano judicial de La Rioja en resolver cada asunto que ingresa es exactamente de cinco meses. Se trata de una cifra ligeramente menor a la registrada a nivel nacional, que es de 5,2 meses, según se expone en un estudio elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial con datos recavados durante el año 2007.


Este estudio pone de manifiesto que la Justicia de Extremadura es la más rápida de España, con un tiempo de respuesta de 3,8 meses, seguida de Aragón y Asturias (en ambos casos con 4,4 meses). Por contra, los asuntos se acumulan más tiempo en los Juzgados de Galicia (una media de siete meses), Cataluña (6,4) y Canarias (6,3).

El promedio de cinco meses que se registra en La Rioja es en realidad el resultado de valores muy distintos contabilizados en los diversos órganos judiciales. Así, por ejemplo, los pleitos de los ciudadanos contra la Administración, que corresponde dirimir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tienen un tiempo medio de respuesta de 13,8 meses, según los datos del CGPJ. Los Juzgados de lo Social tardan en resolver los asuntos 8,3 meses; y los sumarios que entran a la Audiencia Provincial pasan allí 12,6 meses hasta que se celebra el juicio y se dicta la correspondiente sentencia.

Entre los Juzgados con tiempos de respuesta por debajo de la media regional se encuentran los de Menores (4,4 meses), los de lo Penal (4,7 meses) o los de Violencia contra la Mujer (que resuelve los casos en 5,9 meses si se trata de asuntos civiles o en tan solo 0,6 meses si son asuntos penales).

En relación con estos datos resulta interesante destacar que, según el mismo informe del CGPJ, La Rioja es la segunda región española en donde los ciudadanos acuden menos a los Tribunales, con una media de 129,3 asuntos presentados por cada mil habitantes. La tasa sólo es más baja en el País Vasco (126,8), y queda muy lejos de la registrada en Madrid (217) o Andalucía (214,1).

Así, no es de extrañar que la entrada media de asuntos por órgano judicial presente en La Rioja el valor más bajo del país, con 1.635 casos por órgano al año frente a los 2.420 registrados como promedio nacional.

En cuanto al número de jueces, la comunidad autónoma registra un ratio incluso superior a la media española, con 9,6 jueces por cada 100.000 ciudadanos. Murcia y Castilla-La Mancha ni siquiera llegan a los ocho jueces por cada 100.000 habitantes.

Fuente: larioja.com

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PSOE y PP pactan la lista de vocales para renovar el CGPJ

Con casi dos años de retraso, puesto que su mandato había finalizado en noviembre de 2006, los dos principales partidos nacionales, PSOE y PP han logrado cerrar el acuerdo sobre la renovación de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial que ahora tendrán que elegir al presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo.


Entre los veinte nuevos vocales, nueve de los cuales han sido propuestos por el PSOE, otros nueve por el PP y sendos por los grupos nacionalistas catalán y vasco, contará con siete mujeres, un tercio de sus miembros, cuatro de las cuales -dos magistradas y dos fiscales- serán elegidas a propuesta del PSOE, dos a propuesta el PP y otra más por el PNV.

Los nuevos vocales deberán ser elegidos por los plenos del Congreso y del Senado, diez por cada uno de las Cámaras los próximos días 16 y 17 de septiembre. Los nuevos vocales tomarán posesión de su cargo el 23 de septiembre, seis días antes de que se produzca la apertura del Año Judicial prevista para el próximo día 29 y que fue retrasada, precisamente porque los socialista no querían que ese acto fuera presidido por el presidente del Supremo saliente, Jose Francisco Hernando. El acuerdo par la elección de los vocales del CGPJ es el primero alcanzado por el PSOE y el PP en la presente legislatura y es fruto de la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el líder del PP, Mariano Rajoy, el pasado mes de julio que desbloquearon la elección del nuevo CGPJ.

De los vocales propuestos por los partidos, en el caso del PSOE seis son magistrados, dos fiscales y un jurista de reconocido prestigio, catedrático de Derecho Penal. En el caso del PP, siete son magistrados, y dos son juristas de reconocido prestigio, uno letrado en Cotes y el otro presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. Los otros dos vocales propuestos por el CiU y el PNV, son del cupo de juristas de reconocido prestigio y ambos fueron parlamentarios en la legislatura pasada.

Todos los magistrados elegidos para vocales pertenecen a asociaciones de jueces a pesar de que la mitad de todos los jueces no están afiliados a ninguna de ellas. En el CGPJ que ahora termina sus funciones tres eran no afiliados.De los seis vocales elegidos por el PSOE, cinco pertenecen a Jueces por la Democracia y uno a la asociación Francisco de Vitoria, mientras que los siete magistrados propuestos por el PP pertenecen todos a la Asociación Profesional de la Magistratura.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, segunda por número de afiliados y que no tenía representación en el anterior CGPJ contará ahora con Manuel Torres Vela, elegido en la cuota del PSOE.

De las siete mujeres que estará presentes en el nuevo órgano de gobierno de los jueces destaca la presencia de Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior cuando Juan Alberto Belloch fue ministro de Justicia e Interior y magistrada en el Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso Administrativo; la de Gema Gallego, propuesta por el PP que fue instructora del “caso del ácido bórico”, uno de los pilares de la teoría de la conspiración sobre el 11-M en el que estaban inculpados varios jefes policiales que posteriormente fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid; y Concepción Espejel, también propuesta por el PP de 49 años, juez desde 1983, y actualmente en la Audiencia Provincial de Guadalajara, donde se encargó del incendio del Alto Tajo en el que murieron once personas y que revocó un informe pericial que descartaba la existencia de negligencias en ese suceso.

MODERNIZACION DE LA JUSTICIA

El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, tras dar a conocer la lista de vocales propuestos por las cuatro fuerzas parlamentarias más importantes, afirmó que el acuerdo “es bueno desde el punto de vista institucional, es bueno para el conjunto de la carrera judicial que va a ser gobernada por este nuevo Consejo, y es bueno para los ciudadanos, en la medida en que esperamos que introduzca un factor de estabilidad en la vida de las instituciones del Estado, y no dejó de subrayar el desgaste que ha sufrido la institución con los casi dos años que lleva de interinidad. Alonso recordó que el CGPJ no es un tribunal, sino un órgano político-constitucional que debe comportarse de modo imparcial “respecto a los intereses de parte”.

Por su parte, Mariano Fernández Bermejo, que compareció junto al portavoz socialista subrayó el alto nivel técnico de los vocales propuestos. “Tenemos una legislatura muy importante en materia de justicia, estamos empeñados en una modernización en la que va a ser necesario el concurso del CGPJ”, dijo Bermejo.

Por parte popular, su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que el interés de su partido a la hora de proponer a los nuevos vocales ha sido el de perseguir “un perfil profesional y técnico”, para que aborden el reto de la modernización de la administración de Justicia.

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, abundó en este aspecto al señalar que la intención del PP ha sido que el nuevo consejo cuente con “juristas de reconocido prestigio que conocieran el mundo de la Justicia desde dentro y desde muy diferentes ópticas”.

“Hoy se ha dado un primer paso importante en beneficio de la agilidad y de la eficacia de al administración de Justicia”, subrayó Sáenz de Santamaria.

Fuente: lanacion.es , Periodista Digital

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Madrid quiere duplicar sus juzgados mercantiles para hacer frente a la crisis

Están desbordados. La ola de despidos, suspensiones de pagos, insolvencias, ejecuciones... El papeleo está ahogando a la Justicia. El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, quiere duplicar el número de juzgados mercantiles para 2010, con el objetivo de atender el aluvión de insolvencias y conflictos empresariales que está generando la crisis económica, que está colapsando estos tribunales cuatro años después de su creación.


El decano de los jueces madrileños espera que los siete juzgados especializados en cuestiones mercantiles que existen en Madrid (a los que hay que sumar los dos habilitados para tramitar los concursos de acreedores de Fórum Filatélico y Afinsa) pasen a ser 15 en algo más de dos años. González Armengol opina que si se disponen los medios suficientes, la Ley Concursal, la ley que se aplica a las empresas insolventes, que acaba de cumplir cuatro años de vigencia, probará toda su eficacia. De momento, el desánimo es lo que cunde en los juzgados mercantiles.

"Esto es inasumible. Hoy por hoy es desbordante e ingente el número de concursos de acreedores (antiguas suspensiones de pagos) no sólo en Madrid, sino en los juzgados de otras grandes capitales como Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao", se queja el juez mercantil Santiago Senent, que añade que "si no podemos hacer el trabajo en un tiempo razonable, la ley desde el punto de vista práctico es ineficaz".

Buena prueba de la carga de trabajo que soportan estos tribunales es el incremento del 513% en el número de empresas que han presentado concurso de acreedores este verano en Barcelona, o bien esa insolvencia ha sido exigida por un acreedor. En Madrid el incremento ha sido más moderado, aunque el número de concursos de acreedores registrado hasta finales de agosto ya es un 82% superior al de todo 2007.

La creencia de que esas cifras no harán más que empeorar con la crisis o, simplemente, la experiencia acumulada en cuatro años de vida de la Ley Concursal llevan a la mayoría de profesionales del sector a pedir que se reformen algunos aspectos de la norma. Por ejemplo, la presidenta de la Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa (FIDE), Cristina Jiménez, sostiene que ante el número "brutal" de concursos que se están presentando en los juzgados, hay que favorecer aún más la presentación de planes de pago a los acreedores en los primeros momentos del proceso (los llamados convenios anticipados).

"La ley establece tantas trabas que hace que la mayoría de empresas no pueda plantear un convenio anticipado", declara esta experta, que apunta también la posibilidad de regular los convenios extrajudiciales, unos pactos entre las empresas y sus acreedores, con el visto bueno y las garantías de un juez, que permitieran buscar salida a una situación complicada sin necesidad de presentar un concurso, con la incertidumbre y la mala imagen que conlleva.

Con estas opiniones coincide el juez Senent, que señala que esas soluciones preconcursales posibilitarían sobre todo que las entidades financieras no tuvieran tanto miedo a financiar a empresas en crisis. En los últimos meses los bancos y cajas españoles se han vuelto muy reticentes no sólo a seguir concediendo préstamos a sociedades en apuros sino incluso a apoyar los convenios anticipados que les presentan las que ya se han declarado insolventes, que conllevan reducciones importantes en los pagos, según recuerdan Alicia Herrador y Andrés Jiménez de Parga, del bufete catalán Jiménez de Parga.

En cualquier caso, lo cierto es que el impulso al convenio anticipado es una de las cuestiones que más consenso suscita entre los profesionales, señala el socio de Gutiérrez de la Roza Abogados, Bernardo Gutiérrez de la Roza, que también propone agilizar el trámite de los incidentes concursales, una opinión con la que coincide Kiko Carrión, de Lupicinio Eversheeds. La venta de activos desde el inicio del concurso, la liquidación anticipada, la potenciación del embargo de los bienes de los administradores negligentes, cuestiones competenciales sobre la aplicación de la ley, y el número y retribución de los administradores nombrados por los jueces para gestionar las empresas insolventes son otras cuestiones que están en boca de todos los expertos que, sobre todo, piden medios para que la ley se cumpla.

Fuente: Cotizalia

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Alicante: El colapso de los juzgados penales provoca una huída masiva de los funcionarios

La saturación de trabajo a la que hacen frente los juzgados de lo penal de Alicante está provocando un goteo constante de solicitudes de traslado por parte de los profesionales que prestan sus servicios en esta jurisdicción. La falta de refuerzos en las plantillas y la derivación de trámites por parte de otras áreas ha generado, según fuentes judiciales, una situación "límite" para los trabajadores que, pese "a tener aquí su plaza, huyen de este área" para poder mejorar sus condiciones laborales.

La radiografía de la situación es similar en los siete juzgados de lo penal con los que cuenta las dependencias de Benalúa y se arrastra desde hace años. Con la llegada del verano y la convocatoria de traslados cada vez son más los funcionarios de carrera que apuestan por esta vía, dando lugar a situaciones como la registrada actualmente en el Penal 7 donde las peticiones de cambio de destino afectan a más de la mitad de la plantilla. La continua salida de mano de obra titular se traduce así en una recepción cada vez mayor de personal interino que en algunos juzgados ya supone casi la totalidad del equipo de trabajo.

El exceso de trabajo al que se ven sometidos los penales contrasta de manera relevante con las recomendaciones establecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúa en una media de 450 los casos que de manera anual debería afrontar cada juzgado, frente a los más de 600 en los que se asienta la provincia.

Al elevado número de procedimientos, suman, además, la gran entrada de ejecutorias que ingresan directamente desde los juzgados de instrucción. Un volumen total de trámites que en el conjunto de la provincia superan los 16.000, una media superior a los 1.200 por juzgado, y que "ante los cambios de destino y la falta de mano de obra" irán "tensando aún más" la situación que atraviesa la provincia.

Fuente: informacion.es

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Galicia: El Gobierno rebaja los nuevos juzgados a menos de la mitad

El fin al colapso de la Justicia gallega tendrá que esperar. Durante este mes, la comisión mixta integrada por miembros de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la Consejería de Presidencia tiene prevista una reunión en la que debatirá la distribución de seis juzgados nuevos y tres puestos de magistrado para diferentes salas que se pondrán en marcha a lo largo del próximo año.


Esta dotación de lo que se denomina planta judicial de nueva creación contrasta con las reiteradas peticiones del Tribunal Superior, que este mismo año ha reclamado la puesta en marcha de 18 juzgados más en Galicia, cuya implantación considera "urgente" y "necesaria". Es decir, para despachar con garantías el colapso judicial haría falta multiplicar por tres el número de juzgados nuevos que finalmente recibirá la comunidad gallega en 2009. Tal es la disparidad de criterios que, frente a esas tres nuevas plazas de magistrado que creará el Ministerio de Justicia en Galicia durante el próximo año, ya aprobadas, el máximo órgano de los jueces gallegos reclama un total de 16 puestos similares.

El consejero de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, arrancó el pasado julio el compromiso del ministerio para crear unidades judiciales nuevas (los seis juzgados y el puesto de magistrado). Lo hizo en la Conferencia Sectorial de Justicia, en la que se sientan el ministerio y las comunidades autónomas para decidir el reparto de un total de 150 plazas nuevas a crear en toda España el próximo año. Es ahora cuando toda repartir la escasez en la comisión mixta.

Frente al 2007, cuando se crearon siete nuevas plazas en Galicia, el consejero logró obtener dos más, en lo que calificó entonces de un "impulso decisivo para ganar en eficiencia judicial en el conjunto de la comunidad gallega". Ante las reclamaciones de los órganos de Justicia de Galicia, desde la Consejería de Presidencia aclaran que existe poco margen de maniobra por tratarse de competencias no transferidas, un objetivo que siempre tuvo en mente el equipo de Méndez Romeu.

Según consta en su memoria anual, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia reclama cinco puestos de magistrados de nueva creación para las secciones de lo Civil y Penal de las audiencias provinciales gallegas y otros 11 para el propio Tribunal Superior, nueve de ellos para la Sala de lo Contencioso Administrativo y otros dos para la de lo Social.

Entre lo que se pide y lo que se recibe, Galicia se encuentra entre las tres primeras autonomías con mayor atasco judicial (a finales de 2007 quedaron pendientes de resolver más de 144.700 casos), a pesar de que, con 10,4 jueces por cada 100.000 habitantes, es la sexta comunidad con mayor proporción de magistrados.

Fuente: elpais.com

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Francia: Un juez aplaza un juicio debido al ramadán

Que la celebración del Ramadán altere el funcionamiento de la justicia francesa resulta inconcebible en un país que ha hecho del laicismo uno de los principios de la República. Pero eso es lo que ha sucedido en Rennes, según los abogados de la acusación en un juicio contra siete procesados por diversos atracos.


La vista ha sido aplazada por el juez después de que la defensa solicitara retrasar el proceso alegando la “debilidad física” de un acusado a causa del ayuno diurno al que está obligado todo musulmán practicante durante el periodo del Ramadán.

Después del escándalo que provocó hace unos meses una sentencia de anulación matrimonial basada en el hecho de que la novia mintió sobre su virginidad a su esposo, de confesión musulmana, la decisión judicial de Rennes ha desencadenado una nueva polémica. Oposición, sindicatos, SOS racismo y asociaciones de magistrados han puesto el grito en el cielo. Todos juzgan “chocante” e “inadmisible” que la religión pueda inmiscuirse en un proceso judicial.

El fiscal salió al paso de la acusación de atentar contra el laicismo de la República afirmando que “en ningún caso” el cumplimiento del Ramadán forma parte de las razones que han llevado a aplazar el juicio. Pero la causa esgrimida por el juez –”preocupación por una buena administración de la justicia”– resulta suficientemente ambigua como para alimentar dudas.

UNA ABERRACION

“Es aberrante, es la primera vez que ocurre esto en Francia, ya no somos una República laica”, lamenta el abogado de la acusación Pierre Abegg. “En ningún caso una institución de la República debe tomar en cuenta consideraciones filosóficas, religiosas o políticas de los acusados”, recuerda.

El abogado de la defensa, Yann Choucq, dijo no comprender “tanto revuelo cuando es habitual obtener aplazamientos por las fiestas judías u otras. Igual que no hay audiencias en Navidad o por Pascua”.

Fuente: Eurabian News.

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Se espera una avalancha de suspensiones de pagos en los juzgados

La vuelta de vacaciones que sufren millones de españoles va a ser especialmente dura para los funcionarios judiciales. Según varias fuentes de toda solvencia, se espera que se presente una auténtica avalancha de solicitudes de concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) en los juzgados españoles por parte de numerosas empresas, en especial del sector inmobiliario pero no exclusivamente.


"La avalancha va a ser de órdago", afirma una de las fuentes consultadas, que añade que los principales bufetes de Madrid y Barcelona no han descansado en julio ni agosto preparando estos procesos. Un socio de uno de estos bufetes confirma esta información: "Hay muchas empresas pequeñas que han estado todo el verano intentando salvarse pero no lo han conseguido, así que no tienen más remedio que acogerse al concurso de acreedores".

Según las fuentes citadas, ninguna de las empresas que va a acudir el día 1 al juzgado es especialmente conocida. Por el contrario, se trata sobre todo de empresas pequeñas y medianas, muchas veces de ámbito regional, que han acabado por sucumbir a la crisis que ya sufre con todo su rigor nuestra economía, en especial el sector del ladrillo (el estallido de la burbuja inmobiliaria es el culpable de que nuestra situación sea más grave que la que sufre el resto de Europa por la crisis de crédito).

En todo caso, con la avalancha prevista seguirá creciendo la nómina de empresas que se declaran en suspensión de pagos, que era de 1.056 hasta junio, según el INE.

El concurso de acreedores, a pesar de su enorme impacto negativo sobre la imagen de las empresas, no es necesariamente el fin del mundo. De hecho, es una solución que puede resultar mejor que la refinanciación en algunos casos (y es la única salida si la empresa no es viable) puesto que permite gestionar la compañía sin estar pendiente del próximo vencimiento de deuda, posibilita reestructurar el balance de forma realista y facilita llegar a acuerdos con los acreedores (las refinanciaciones requieren unanimidad y los concursos, mayoría simple).

Fuente: Cotizalia

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Reino Unido: Una Justicia que desincentiva los litigios

Los británicos presumen de uno de los sistemas judiciales más prestigiosos del mundo. La clave reside en una baja cantidad de juicios y una judicatura especialmente preparada.


El Lincoln’s Inn es una de las cuatro asociaciones o colegios donde los barristers –abogados que pleitean ante la corte– deben estar inscritos para ejercer el Derecho en Inglaterra y Gales y cuya sede está en un magnífico edificio en el centro de Londres. “El conjunto es del siglo XII, pero hay una sala que fue construida después, en el siglo XV.

A ésa la llamamos New Hall (la habitación nueva)”. Esta anécdota de Andrew Ward, responsable de Competencia en Cuatrecasas en Madrid y barrister del Lincoln’s Inn durante años, ilustra muy bien la mentalidad y el peso de la tradición que marcan el sistema de Justicia en Reino Unido.

Este país carece de Constitución escrita. Su modelo legal está basado en los precedentes que dictan los jueces. Muchas de las instituciones que aún hoy perviven en Reino Unido datan del siglo XII, como la distinción entre barristers y solicitors –abogados que no pleitean, al menos hasta hace poco, ante los tribunales–. Y, sin embargo, su sistema parece gozar de plena salud, sobre todo en la jurisdicción comercial, cuyo funcionamiento es calificado como “ágil y rápido” por los expertos consultados.

“En un tema de deudas muy claro, los tribunales comerciales británicos pueden resolver incluso en 14 días”, afirma Stuart Percival, socio de Clifford Chance responsable del Departamento de Derecho Inglés en Madrid. La dilación de un proceso similar ante los tribunales mercantiles españoles estaría en torno a los seis meses.

¿Cómo consiguen las Islas esta celeridad con instituciones centenarias? La clave está en los pocos asuntos que llevan los tribunales y en la especialización y profundo conocimiento del Derecho de los jueces. Como revelaba un estudio publicado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Reino Unido es el país con menos casos judiciales entre los grandes de Europa, mientras que España es el que más procedimientos tiene.

La propia Justicia incentiva que las partes lleguen a un acuerdo para evitar los juicios. “En la vía civil, el demandado puede ofrecer una cantidad al demandante que luego se consigna ante el juez, por ejemplo, 10.000 euros. Al final, si decide seguir y la indemnización es menor que esos 10.000 euros, aunque gane el juicio, las costas las paga el demandante”, explica Ward. Esta institución es el Payment In.

Otra causa de la tendencia de los británicos a resolver sus problemas lejos de los tribunales es el precio de los abogados. “La Justicia es eficiente pero muy cara”, ratifica Ward.

Mucho tiene que ver también la eficiencia británica, que, según Percival, lleva a que muchas empresas se sometan voluntariamente a su jurisdicción, con el decisivo papel que juegan los jueces en el sistema.

Más 28.000 jueces de paz, que son ciudadanos comunes sin conocimiento del Derecho, dictan sentencia en primera instancia civil y penal en temas de pequeña cuantía (o delitos no muy graves), tal y como aclara Miguel Checa, consejero académico de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero.

En cambio, los jueces profesionales, que son pocos en relación con España, acceden a su puesto después de décadas de trabajo en los juzgados como barristers. “Es como el final del cursus honorem del abogado. La edad media para el acceso a la judicatura está en los 48 años”, afirma Checa. Para su elección, se convoca un concurso de méritos, no una oposición, que está a cargo de un órgano independiente: Independent Judicial Appointments Commission.

Ward aporta un ejemplo de la importancia de esta diferencia: “No creo que Emilio Cuatrecasas se sienta impresionado por un joven juez de 30 años en España. Sin embargo, el director de la oficina en Londres de Clifford Chance tratará seguro con muchísimo respeto a cualquier juez británico”. Reino Unido funciona de forma eficiente sin oposiciones a la judicatura, destaca Checa. “Eso implica que el sistema de oposiciones no es de Derecho Natural”, concluye.

El acceso a las ‘dos abogacías’ diferentes del país

Barristers y solicitors. Ésas son las dos modalidades durante siglos antagónicas de ejercicio del Derecho en Reino Unido. Hoy día, las diferencias se han hecho más pequeñas –un solicitor puede pleitear ante los tribunales, aunque no es común que lo haga–, pero la tradición sigue otorgando a cada uno un papel diverso.

Los solicitors son expertos en leyes que asesoran a sus clientes –los que trabajan en los grandes bufetes–, mientras que los barristers son los encargados de pleitear. Conocen la corte y son expertos en procesal. Un barrister no puede ser contratado ni pagado por ningún cliente: es el solicitor el que encarga al barrister la defensa procesal de su cliente ante los magistrados.

Lo esencial de esta distinción, con matices por las sucesivas reformas, permanece hasta hoy. El acceso es también diferente. “Los solicitors deben tener una licenciatura; si ésta no es en Derecho, al menos un año de especialización legal. Luego hay que pasar un año en una Law School, que suele ser muy cara, aunque muchos bufetes pagan las tasas a los alumnos a cambio de que después trabajen para ellos. Finalmente, se debe estar dos años de prácticas en un despacho”, explica Andrew Ward.

El camino de los barrister es igual al principio, pero en lugar de ir a una Law School, van a una Bar School. Y deben estar también un año de prácticas en una Barrister’s Chamber. El problema para los barristers es que no tienen bufetes que les bequen los estudios en la Bar School, afirma Ward.

Fuente: expansion.com

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