domingo, febrero 22, 2009

Menos de 5.000 jueces para casi 9 millones de asuntos al año

¿Cuántos jueces hay exactamente en España? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuánto cobran por su labor? ¿Cuántos asuntos tienen que tramitar? ¿Qué opinan de su trabajo? Aquí van algunas respuestas.


A 31 de enero de este año, el número de jueces en activo era -según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia- de 4.860, aunque a esa cifra hay que restarle los 442 que están disfrutando de distintas excedencias y uno más que se encuentra suspendido.

Para este año, Justicia prevé la creación de 150 unidades judiciales, con lo que pretende mantener la trayectoria seguida en los últimos 4 años, en los que se han convocado 1.100 nuevas plazas de jueces y fiscales.

A pesar de la ampliación de la planta judicial (250 unidades judiciales en 2005, 93 en 2006, 131 en 2007 y 150 en 2008), España, con diez jueces por cada 100.000 habitantes, está lejos todavía de la media europea, donde esa ratio es de 19,8, y más aún de casos como el de Alemania, donde llega a 26.

El Gobierno, sin embargo, afirma que las estadísticas no son equiparables, porque muchos países utilizan baremos distintos y cuentan, por ejemplo, a los jueces de paz, que en España no pertenecen a la carrera.

Además, desde la creación de una plaza judicial hasta su entrada en funcionamiento transcurre una media de tres años, de tal forma que en 2008 comenzaron a trabajar los 250 jueces cuyas plazas se convocaron en 2005.

Asturias, con 12,93; Cantabria, con 11,35; y Baleares, con 10,81, son las Comunidades Autónomas que disfrutan de un mayor número de jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en el otro extremo se sitúan Castilla-La Mancha y Murcia, donde no llegan a 9.

Los jueces españoles se encuentran cada año con millones de asuntos que entran en los tribunales: en concreto 8.908.495 en 2008, año en el que los órganos jurisdiccionales resolvieron 8.570.089 y dictaron 1.487.012 sentencias, según las cifras facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El resultado es que, al inicio de cada año, la cuenta no está a cero: a 31 de diciembre de 2008 en los tribunales había 2,5 millones de asuntos en trámite, a los que irán sumando los que entren en 2009.

La opinión de los jueces ante esta situación es rotunda: la inmensa mayoría -el 71 por ciento- ya opinaba en 2006 que realiza "demasiado trabajo", según una encuesta realizada ese año a toda la carrera judicial española por el CGPJ.

Además de considerar que trabajan demasiado -declaran una media de 45,95 horas a la semana, un 38 por ciento de ellas en su casa- los jueces no están satisfechos con su nivel retributivo, de tal forma que un 41 por ciento dice que lo está poco o muy poco.

Las retribuciones de la carrera judicial abarcan una horquilla que va desde los 84.567 euros anuales que cobran los presidentes de Sala y magistrados de Tribunales Superiores de Justicia a los 50.566 euros de media de los jueces, según el Ministerio.

No obstante, tanto en la media del sueldo de un magistrado -75.623,28 euros al año- como en el de los jueces no se incluyen las retribuciones variables por trienios, guardias o planes concretos de actuación.

Las mujeres representan el 46,8 por ciento del total de jueces y en los grupos de edad más jóvenes (hasta los 40 años) son una clara mayoría, de tal forma que el CGPJ calcula que en los próximos años se llegará a un predominio en todos los grupos de edad.

Pero la presencia de mujeres en los distintos órganos jurisdiccionales no es homogénea y es bastante menor en los que se requiere mayor antigüedad, ya que mientras las juezas tienen una antigüedad media de 11,7 años, la de los varones es de 16,6 años, situación que según el Consejo se irá corrigiendo en los próximos años.

La media de edad de la carrera judicial es de 45 años, pero mientras la de las juezas se sitúa en los 41,6, la de los varones alcanza los 48.

Fuente: heraldo.es

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Dependencia judicial



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sábado, febrero 21, 2009

Huelga Madrid: Imágenes de la manifestación y concentración ante el TSJM

Los funcionarios de Justicia de la Comunidad de Madrid han culminado su semana de huelga con una gran manifestación que ha terminado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde han abucheado sin piedad a Esperanza Aguirre y Francisco Granados.


Aguirre, acompañada por el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se reunió con una delegación de los sindicatos en un despacho del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a cuyas puertas se concentraba una amplia representación del colectivo de funcionarios con pitos y pancartas.



Fuente: soitu.es , nuevatribuna.es

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Salamanca: Clavijo aboga por la creación de más juzgados

El presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Ramón González Clavijo, abogó por la creación de más juzgados en la provincia salmantina para paliar la situación de “colapso” que vive el tercer poder del Estado. En concreto, uno de lo Contencioso-Administrativo, uno de lo Social, dos juzgados de Primera Instancia y un juzgado de Instrucción.


El presidente, que aseguro que el Alto Tribunal salmantino está “plenamente conforme y asume los actos de protesta” por las reivindicaciones de las asociaciones judiciales, reveló que la carga que soportan los juzgados y tribunales de Castilla y León y Salamanca no es excesiva, comparada con otras comunidades, pero están trabajando “al 150 y 180 por cien”. Además, Clavijo detalló que el Juzgado de Primera Instancia tiene un número de registros de entrada superior a los 1.500 al año y deja “muy poco tiempo para realizar sentencias de calidad” a la vez que crea entre los jueces una sensación de “inseguridad”.

En este punto, el presidente también hizo hincapié en que los juzgados de Instrucción en Salamanca registran 7.000 diligencias al año y, por todo ello, consideró necesario la “elaborar un calendario de actuación a corto, medio y largo plazo”, porque “lo que se pide es mucho, teniendo en cuenta que hay que hacer una reforma integral de la Justicia y que no se ha hecho nunca”.

El presidente de la Audiencia Provincial también explicó que la Justicia ya está notando los efectos de la crisis actual aunque reconoció que aún no ha llegado al Alto Tribunal. En cambio, los juzgados Mercantiles, de lo Social y de Instrucción están viendo aumentar notablemente el número de casos que, a través de recursos, pueden llegar a la Audiencia en unos meses. Clavijo expuso, además, que se están produciendo más delitos contra la propiedad y violentos, por el aumento de la “crispación” entre los ciudadanos, lo que ejemplificó revelando que en el último año, los magistrados del órgano que representa entraban en sala 20 veces para delitos importantes, mientras que son requeridos 35 veces.

No obstante, el presidente opinó sobre el recién estrenado registro de pederastas que aunque “está muy bien” sólo se fija en una tipología delictiva “muy puntual” que “está de moda”, y que tendría que ser un registro más general pero con especial atención a la violencia de género.

Por último y respecto a las últimas declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en las que asegura que la huelga es ilegal y que se tomarán medidas disciplinarias contra los jueces y magistrados que secundaran el paro, Clavijo destacó que son “poco propicias al diálogo y deberían cambiar radicalmente” porque la Justicia siempre ha sido “la cenicienta” en el momento de tomar medidas aunque matizó que éste “no es un problema de este Gobierno sino que viene acumulado de muchos años”, sentenció.

Fuente: tribuna.net

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El PP amenaza a Garzón con una querella y es hospitalizado por un ataque de ansiedad

Baltasar Garzón ingresó ayer tarde en una clínica madrileña a causa de una crisis de ansiedad, han informado fuentes próximas al magistrado. Garzón abandonó la Audiencia Nacional a las 14.40 horas al sentirse indispuesto con un fuerte dolor en el pecho y fue trasladado a una clínica madrileña en la que quedó ingresado .


El magistrado llegó a la clínica con la tensión muy alta y tras rebajársela con medicación fue trasladado a la unidad coronaria, donde permanecía en observación.

El PP presentará una querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, que investiga una presunta trama de corrupción que involucra al entorno de este partido, si antes del lunes no se inhibe de la causa, como le ha pedido la Fiscalía, y la remite a los tribunales correspondientes.

El portavoz de Justicia del grupo popular en el Congreso, Federico Trillo, ha dicho en un encuentro con los medios que “ha quedado claro” que el magistrado de la Audiencia Nacional está instruyendo “sin tener competencia para ello” puesto que algunos de los imputados son aforados.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez hace días que se inhibiera de la investigación, la cual debería tramitarse “en su totalidad”, de acuerdo con el Ministerio Público, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, salvo determinados casos, que serían competencia del Tribunal Superior de Valencia.

Trillo ha señalado que la ley autoriza al juez a que se practiquen las diligencias necesarias “para el aseguramiento” de las pruebas y de los testigos e inculpados, y esto podría hacerlo incluso hasta el lunes, ha recalcado, “pero a partir de ese momento no es razonable que retenga la competencia”. Y en el caso de que sí la retenga, el PP presentará ante la sala segunda del Tribunal Supremo esta querella por prevaricación.

Además, el portavoz de Justicia ha calificado de “manifiestamente injusto” que se haya dejado al PP en una situación de indefensión al devolverle los escritos sin leer o no tramitar la recusación que ha presentado, aparte de referirse a la “violación reiterada” del secreto del sumario.

En relación con esta cuestión, el grupo popular ha solicitado que el Fiscal General del Estado comparezca en comisión para informar sobre las actuaciones que ha llevado a cabo su departamento ante estas filtraciones.

Trillo ha dejado claro que el PP no busca con estas iniciativas “la nulidad” del procedimiento, pero ha explicado que el juez está cometiendo “demasiados errores” que pueden conducir a la nulidad y, por tanto, a que se deje de investigar estos delitos y a quienes los cometieron.

Por otro lado, el PP ha pedido al presidente del Congreso, José Bono, que convoque el martes que viene la habitual Junta de Portavoces, que no se celebrará esa semana como suele suceder cuando tiene lugar un proceso electoral -el 1 de marzo se celebran las elecciones vascas y gallegas-.

También ha solicitado a Bono que convoque igualmente el Pleno en la primera semana de marzo, que sería una sesión ordinaria fuera del calendario de sesiones, porque el PP “no va a permitir que el Congreso pare” -coinciden dos semanas sin Pleno- mientras en España hay una crisis que “no cesa”.

En ese Pleno, ha señalado el diputado popular José Luis Ayllón, el PP quiere que comparezca el vicepresidente económico, Pedro Solbes, para que explique la postura del Gobierno ante los anuncios de una posible fusión de cajas de ahorros de distintas autonomías.

Esta comparecencia fue solicitada junto a la del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para que dé cuenta en la sesión de control de sus relaciones con Garzón y del nivel de cumplimiento del principio de independencia “que debe regir” las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial, después de que haya trascendido la coincidencia de ambos en una cacería.

Fuente: Minuto Digital

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Bermejo pide al CGPJ la lista de jueces en huelga para descontarles un día de sueldo

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha pedido al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, una relación nominal de los jueces que manifestaron que se declaraban en huelga el pasado miércoles para descontarles de sus nóminas el sueldo de un día.


Según ha informado el Ministerio de Justicia, Bermejo ha hecho esta solicitud a Dívar a través de una carta que le ha remitido este viernes "a efectos de adoptar, en su caso, las medidas de carácter retributivo a que hubiere lugar". Tal como señaló el miércoles el ministro, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que el Ejecutivo estudiará una reforma legal que deje claro que los jueces no pueden hacer huelga, pero dejó claro que éste no es un asunto prioritario.

El mismo día de la huelga, el portavoz de una de las asociaciones judiciales que convocaron el paro, la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, anunció que los jueces que la han secundado han manifestado su voluntad de que se les descuente de la nómina el sueldo de un día, ya que ésto implica el reconocimiento del derecho a la huelga.

Por su parte, fuentes del CGPJ también consideraron que el Ministerio de Justicia debería descontar un día de los sueldos de aquellos jueces que hicieron huelga.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha reconocido este viernes que la regulación de las huelgas de jueces es una de las reformas que "habrá que abordar", aunque no ha puesto fecha a la medida, a la que no ha situado tampoco entre las prioridades del Ejecutivo.

"El Gobierno lo que considera prioritario es seguir trabajando por modernizar la Administración de Justicia y hacer más eficiente y y eficaz el servicio público" a los ciudadanos, ha dicho De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha confirmado que entre las reformas habrá que estudiar también medidas sobre el derecho a huelga de los jueces, como anunció el ministro de Justicia.

En cualquier caso, el Gobierno, según la vicepresidenta, entiende que la huelga del pasado miércoles "no estaba justificada" por encima de cualquier otro debate.

Reforma del régimen disciplinario de los jueces

De la Vega ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de "trabajar con todos" y "dialogar con todos" para mejorar el servicio a los ciudadanos y modernizar y abordar los problemas de la Justicia. "En eso está el Gobierno" y se harán todas las reformas que se consideren oportunas, "también ésta", ha concluido De la Vega refiriéndose a la regulación del derecho a la huelga en la carrera judicial.

No obstante, los grupos parlamentarios se han mostrado en contra de una legislación "a golpe de titular" y han advertido de que no la apoyarían en este periodo de sesiones.

Fuentes gubernamentales aclararon que el Ejecutivo no se plantea un horizonte tan inmediato, sino que estudiará esta reforma a más largo plazo. En cambio, el Ejecutivo sí se plantea llevar a las Cortes incluso antes del verano la reforma del régimen disciplinario de los jueces, una decisión tomada a raíz de que el juez Rafael Tirado, responsable del juzgado que no ejecutó la pena de prisión que pesaba desde el 2002 sobre el presunto asesino de la niña Mari Luz, fuera sancionado con sólo una multa de 1.500 euros.

Comparecencia de Dívar

Por su parte, el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, comparecerá en el Congreso el próximo 16 de marzo, tras la primera huelga de jueces del 18-F y la polémica por la multa al juez Tirado. Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la comparecencia de Dívar en el Congreso está prevista para las 16:00 horas del 16 de marzo.

Dívar, según las mismas fuentes, no hablará sobre dicha sanción, ya que como presidente del Tribunal Supremo (TS) no puede pronunciarse sobre asuntos que deban ser revisados por este órgano.

El Supremo examinará el recurso que la Fiscalía interpondrá ante su sala tercera contra la decisión del CGPJ de mantener la multa de 1.500 euros a Tirado por retrasos en la ejecución de la sentencia que condenó por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, en lugar de suspenderle de empleo y sueldo.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces informará a los grupos sobre la política disciplinaria y de inspección del Consejo, el programa de reformas para mejorar la Administración de Justicia y su situación actual.

Fuente: Estrella Digital

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La historia se repite: El Franco tirador y el francotirador



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Granada: STAJ participa en debate sobre la Administración de Justicia

El Club La Opinión, que organiza el ciclo de debates ‘La Administración de Justicia, ¿reformas o cambio de modelo?’, reunió bajo la coordinación del catedrático emérito de la Universidad de Granada, Nicolás López Calera, a los representantes de CCOO, CSIF, STAJ, SPJ-USO y UGT.


Los sindicatos, en representación de los trabajadores, vienen realizando en las últimas semanas paros puntuales para exigir más medios humanos y materiales a la administración para paliar la situación de colapso en algunos juzgados.

En concreto, solicitan la mejora del sistema informático, la creación de tres nuevos juzgados de lo Penal, dos en la capital y uno en Motril, y la aprobación de un plan de actuación urgente para reducir el número de asuntos que lleva cada juzgado.

Fuente: laopiniondegranada.es

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Un tribunal saudita valida el matrimonio de un hombre adulto con una niña de nueve años

Un tribunal saudita declaró válido el matrimonio de un hombre de más de 50 años con una niña de nueve en la ciudad de Anidh, al noreste de Riad, informó el periódico "Al Riad". Tras el juicio, la madre de la menor, a quien cita el rotativo, pidió a las autoridades del país que intervengan para impedir la unión.


"Mi hija todavía no sabe que está casada", dijo la mujer, quien aseguró al rotativo tener el corazón roto.

Según la madre, la pequeña no se ha enterado de que su matrimonio tuvo lugar en otra ciudad, mientras ella se encontraba en la casa de sus padres en Anidh.

De acuerdo con el diario, la mujer había pedido con anterioridad al tribunal de Anidh el divorcio de su hija, pero el juez rechazó su solicitud y aseguró que la niña podría reclamar la separación de su esposo cuando fuera adolescente.

En julio pasado, activistas sauditas pro derechos humanos intentaron impedir el matrimonio de otro hombre de 60 años con una niña de diez en la región de Haél, a unos 600 kilómetros al noroeste de Riad.

La población de varias zonas desérticas y montañosas de Arabia Saudita es muy conservadora, y muchas tribus locales permiten el matrimonio de sus hijos menores de edad.

Esta tradición se ve favorecida por la ausencia de una legislación que prohíba el matrimonio de menores de edad.

Varios intelectuales y activistas pro derechos humanos sauditas han hecho repetidos llamados en los últimos meses para elevar la edad de matrimonio en el reino árabe, si bien todavía no ha sido dado ningún paso oficial al respecto.

Fuente: iblnews.com

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viernes, febrero 20, 2009

Huelga Madrid: Los delegados sindicales abordan a Aguirre y a Granados en el TSJM

Los delegados de CCOO, STAJ Y UGT, encerrados desde el pasado día 18 de febrero en la sede de la Consejería de Justicia finalizaron hoy su encierro y se presentaron en un acto de la presidenta Aguirre en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid forzándola a escuchar sus peticiones y a comprometerse a negociar para acabar con la huelga.


Los delegados sindicales abandonaron el encierro "para intensificar la presión de la movilización". Los encerrados afirmaron que se mantenían en la Mesa Sectorial "a la espera de que el Consejero de Justicia respondiera al emplazamiento que los tres sindicatos le realizaron por escrito para continuar la negociación que, a última hora de la mañana del día 18, dio por rota el Director General de Justicia".

Sin embargo, señalaron que "por parte de la Administración no hubo ninguna respuesta a la convocatoria sindical, lo que evidencia no sólo la irresponsabilidad del Gobierno Regional sino también una intolerable falta de interés en adoptar soluciones que permitan una notable mejora del servicio público".

Aguirre y su consejero de Presidencia, Francisco Granados, fueron abordados a la entrada de la sede del TSJM, donde ambos políticos asistían a la toma de posesión de la nueva presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Ferrer. Tras recibirles con abucheos a la entrada, los sindicalistas exigieron a la presidenta retomar las negociaciones que dejó en suspenso el pasado miércoles el director general de Justicia, Gonzalo Quiroga.

Allí, tras la toma de posesión de Ana Ferrer, el presidente del Alto Tribunal, Francisco Javier Vieira, ofreció su despacho para el encuentro entre los representantes de los trabajadores y la jefa del Ejecutivo. A la salida, Francisco Granados informó que las negociaciones se retomarán el próximo lunes con su presencia. Pidió "disculpas" por haber incumplido los acuerdos de 2007 pero solicitó a un tiempo a los funcionarios "comprensión" por la situación económica actual, que ha afectado a los recursos disponibles del Ejecutivo regional.

Demandas inaplazables

Los sindicatos UGT, CCOO y STAJ reclaman como condición indispensable para acabar desconvocar la huelga, iniciada hace ya cinco días, que el Gobierno regional respete los acuerdos firmados en 2007 por el antecesor de Granados, Alfredo Prada.

La subida de sueldo ofrecida por la Comunidad les parece insuficiente mientras no haya un compromiso de incrementar los medios materiales y humanos, consiguiendo con ello desatascar la Administración de Justicia, hoy víctima de una preocupante saturación. Esta demanda es hasta el momento insoslayable para acabar con el conflicto, pero la Comunidad asegura que no puede cumplirla por el momento por falta de presupuesto y este fue el motivo de que el miércoles se rompiesen las negociaciones.

Mientras no acaben las movilizaciones, el paro de los funcionarios sigue acumulando asuntos pendientes en los juzgados, según los sindicatos, más de 500 cada día. Este viernes, el seguimiento volvió a cifrarse en el entorno del 81%, según los convocantes.

Fuente: madridiario.es , adn.es

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El vicepresidente del CGPJ, a Bermejo: "No estamos en la época de Franco"

Tras la amenaza del ministro de Justicia de hacer una ley para prohibir las huelgas de jueces, De la Rosa advirtió a Bermejo que "no estamos en la época de Franco, en la que se metían a la cárcel a aquellos que hacían huelga y no gustaba a los ministros de la dictadura".


De Rosa, antes de presidir el acto de presentación del libro que conmemora el 75 aniversario del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, manifestó que el derecho de huelga de los jueces se debería haber regulado cuando se planteó la cuestión en septiembre, y de este modo, "nos hubiéramos evitado un 18 de febrero", una huelga que ocasionó un perjuicio a "muchos ciudadanos y profesionales", lamentó.

En este sentido, comentó que "si se sabía de antes", habría que haber actuado, y que "si se actúa porque ha habido una huelga que no ha gustado al ministro, estamos ante una irresponsabilidad absoluta".

Al respecto, De Rosa agregó que "no se puede legislar cuando ocurre algo que no nos gusta, ya que estamos en democracia". "Si hay alguien --agregó-- que ejercita el derecho a la huelga y no le gusta al señor ministro, no estamos en la época de Franco, en la que metían a la cárcel a aquellos que hacían huelga y no gustaba a los ministros de la dictadura".

Fuente: Libertad Digital

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Cataluña: Justicia coloca chips a los expedientes para que no se pierdan

Documentos que crían moho en sótanos inhóspitos. O convertidos en nidos de palomas en sucias buhardillas. Así descansan, y así se pierden, reconoce Montserrat Tura, muchos de los expedientes judiciales archivados en Cataluña. En este ámbito, el sistema de archivo no ha evolucionado en los últimos siglos. Hasta ahora.


La Consejeria de Justicia ha comenzado a implantar un chip en cada dossier depositado en los archivos de los juzgados de Hospitalet y Barcelona a fin de agilizar el almacenaje, la localización - por radiofrecuencia-y la gestión de cada documento desde los ordenadores y PDA (asistente personal digital) de los juzgados. Por primera vez en España, los archivos judiciales dispondrán de la tecnología más avanzada en materia de archivística, indica la consejera de Justicia.

Los 156 juzgados que serán trasladados a la Ciudad de la Justicia acumulan casi siete millones de expedientes de los denominados semiactivos (abiertos hace entre 5 y 30 años). Debidamente colocados en una estantería, ocuparían 64,5 kilómetros lineales.

A partir de ahora, y durante los próximos cinco años, cada una de estas carpetas será identificada con un chip, de manera que desde que un asunto finalice su tramitación en un juzgado y sea transferido al archivo será posible conocer informáticamente su ubicación para localizarlo de forma inmediata, a fin de añadir nuevos documentos al expediente o atender una petición de consulta. Incluso si ha sido depositado en un lugar equivocado, el expediente será localizado inmediatamente.

"Se trata de poner orden y concierto en los archivos", indica Tura, que se muestra muy implicada en la modernización tecnológica del sistema judicial. La consejeria ha invertido medio millón de euros en la aplicación de la tecnología RFID (tecnología de identificación por radiofrecuencia). Un avance que, sin embargo, no se extenderá de momento a todos los juzgados de Cataluña, a la espera de culminar la informatización de las estanterías de Barcelona.

"Sin ninguna duda, ninguna otra comunidad autónoma presenta el grado de desarrollo tecnológico en materia de justicia que tiene Cataluña", insiste la consejera, que la semana pasada presentó el nuevo sistema de notificación vía telemática de los juzgados a los procuradores de tribunales. "Todos los trabajadores y todas las salas disponen de ordenadores", agrega.

Fuente: lavanguardia.es

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Huelga Madrid: Ruptura entre los funcionarios y la Consejería de Justicia


Unos 500 funcionarios de Justicia protestaron ayer jueves, en la cuarta jornada de huelga consecutiva, en la Gran Vía. Los funcionarios de la Administración de Justicia madrileña invadieron al mediodía la calle a la altura del número 18, donde se sitúa la sede de la Dirección General de Justicia de la Comunidad, en protesta por la ruptura de las negociaciones que mantenían desde el pasado martes con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.


Cerca de unos 500 huelguistas, según la policía, se apostaron en medio de la Gran Vía, obligando a cortar el tráfico rodado. Los manifestantes corearon "Granados dimisión" y "Esta huelga la vamos a ganar", mientras portaban pancartas que rezaban "No más mentiras, cumplimiento del acuerdo de Justicia ¡ya!". Los sindicatos cifraron en un 80,67 por ciento el seguimiento de la cuarta jornada de huelga, mientras que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior lo sitúa en un 37,25 por ciento.

La protesta se debe a la ruptura "unilateral" por parte del Gobierno regional de las conversaciones que mantenía desde el martes con los sindicatos a fin de resolver el conflicto. Los delegados sindicales de CCOO, STAJ y UGT se encontraban desde la tarde del miércoles encerrados en la sede de la Dirección General de Justicia. "No vamos a desconvocar la Mesa de Negociación hasta que se resuelva el conflicto", aseveró el coordinador estatal de CCOO de la sección de Justicia, Javier Hernández. Hernández criticó que la propuesta planteada por los interlocutores de Granados se base solo en el aspecto económico, al margen de las demandas de personal que reivindican. "No es de recibo que los ciudadanos tengan que acudir a las tres de la madrugada al Registro Civil para inscribir a sus hijos", denunció el sindicalista.

Más medios y plantilla

El portavoz de UGT, José María Rozas, insistió en la necesidad de que la oferta que plantee la Comunidad incluya un plan de choque que aumente la plantilla de los juzgados de lo Penal y el Registro Civil de la calle de Pradillo. "Queremos una garantía de que si se firma un acuerdo sea con fechas y plazos, no nos vale solo que se diga que irá a Consejo de Gobierno", aseveró. Los huelguistas prosiguen hoy viernes con su calendario de movilizaciones con piquetes en los Juzgados de lo Civil de la calle del Capitán Haya y una manifestación desde el Paseo de Recoletos hasta Génova, donde se sitúa la sede del PP nacional.

Madrid cumplirá "lo que pueda"

Por su parte, el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, aseguró que la Comunidad cumplirá el acuerdo firmado hace un par de años con los funcionarios de Justicia, pero advirtió que primero ha de adaptarlo a la crisis económica. Tras asegurar que las competencias en materia de Justicia corresponden al Ejecutivo central (si bien la Comunidad es la responsable de los medios materiales y humanos), el 'número dos' del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre manifestó que el Ejecutivo regonal "va a cumplir todo lo que pueda cumplir en las actuales circunstancias" de su compromiso.

Fuente: Europa Press , madridiario.es

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Bermejo, sin licencia para cazar




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jueves, febrero 19, 2009

Huelga Madrid: El PSOE exige que intervenga Aguirre

Desde el partido socialista, a través de su diputado regional y responsable de Justicia en la Asamblea regional, Javier Gómez, se ha acusado a Granados como el responsable directo del conflicto con los trabajadores, pues rompió de forma unilateral el acuerdo sectorial de Justicia que se firmó el 11 de diciembre de 2007. “Cuando una administración firma un acuerdo, éste debe cumplirse”, afirmó Gómez.


Además, denunció que las exigencias de los sindicatos de justicia son “cuestiones que el Gobierno regional obvia en su propuesta de acuerdo y que son las más importantes para solucionar los problemas que sufren los ciudadanos en la justicia”.

En su opinión, “no es viable llegar a un acuerdo que tiene una vigencia de cuatro años y romperlo antes de finalizar el primero, porque la credibilidad de la Administración regional queda en cuestión y porque, como ya habíamos advertido al Gobierno, entraríamos en una etapa de conflicto laboral que perjudicará a los ciudadanos madrileños y cuya consecuencia será que continúe la parálisis de la Consejería durante todo este tiempo”. Indicó también que desde la crisis de Gobierno que realizó Aguirre en junio, la Consejería de Justicia ha entrado en “estado comatoso” y es incapaz de dar respuesta a los retos que tiene por delante. “Está intentando comprar a los trabajadores negociando únicamente el complemento retributivo y huye de dar respuesta a los aspectos más importantes para la mejora cualitativa de la Justicia a los ciudadanos de nuestra región”.

El parlamentario regional ha exigido a Aguirre que sea ella quien impulse el diálogo de la mesa sectorial, ya que el Consejero ha demostrado su incapacidad para solucionar un conflicto que perjudica seriamente a los ciudadanos y cuya responsabilidad es única y exclusivamente de quien rompe de forma unilateral los acuerdos firmados. “Si el Consejero no quiere abordar esta situación crítica con los trabajadores, lo tendrá que hacer en la Asamblea de Madrid, ya que hemos solicitado su comparecencia”, concluyó Gómez.

Fuente: madridiario.es

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