Nadie quiere ser fiscal en Sicilia

Ser juez o fiscal en Sicilia y Calabria, dos territorios con una fortísima presencia mafiosa, exige un grado de valentía que, la verdad, muy pocos demuestran tener. Poquísimos, a juzgar por la dramática escasez de magistrados que sufren estas dos regiones.


Hasta el punto de que algunos pequeños juzgados no sólo corren el riesgo de verse 'paralizados', sino que se enfrentan directamente 'al cierre', según denuncia en un informe la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), la principal organización judicial de Italia, que no duda en calificar la situación de "gravísima emergencia".

¿Quiere ejemplos? En Sicilia, donde en los años 90 fueron asesinados los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, se acaba de celebrar un concurso público para cubrir 55 plazas vacantes de fiscal sustituto. Y ha sido un fracaso absoluto: tan sólo se han presentado cuatro miserables aspirantes.

Por no hablar de lo que sucedió en enero pasado, cuando el Consejo Superior de la Magistratura (el órgano de autogobierno de los jueces italianos) convocó un concurso para 205 puestos vacantes de fiscal en 97 juzgados del país (el 25% de ellos en Sicilia) y que concluyó de nuevo en desastre total. Para las 12 plazas en liza en Palermo presentaron solicitudes 23 magistrados, pero 20 de ellos acabaron echándose atrás. En Catania, sólo uno de los siete puestos vacantes ha sido cubierto. Y los otros 12 juzgados sicilianos con plazas disponibles no tuvieron ni un solo pretendiente, según revela EL "Corriere della Sera".

La presencia de 'Cosa Nostra' en Sicilia tiene mucho que ver con todo esto. Pero no lo explica todo. La escasez de fondos que tradicionalmente padecen los juzgados del sur de Italia también pesa como una losa, al igual que los bajos sueldos que suelen cobrar los magistrados que ejercen en Sicilia y otras regiones meridionales. De hecho, está previsto que en el próximo concurso para acusadores públicos se ofrezcan incentivos económicos: un sueldo de 2.500 euros netos durante cuatro años. Aunque muchos dudan que esa estrategia vaya a funcionar...

Y también influye la reforma de la Justicia emprendida por el Gobierno de Silvio Berlusconi y que separa definitivamente la carrera de juez de la de fiscal. Hasta ahora, un magistrado italiano podía alternar su ejercicio como acusador público o como juez. Sin embargo, en la actualidad un juez que decide hacerse fiscal no puede dar marcha atrás hasta pasar cinco años en una región distinta de la de procedencia.

Fuente: elmundo.es

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Cantabria: El TSJ solicita un juez de refuerzo para los Juzgados de lo Social

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado solicitar al Consejo General del Poder Judicial la dotación de un juez de refuerzo con el fin de atender el incremento de asuntos que han entrado en los últimos meses en los Juzgados de lo Social de Santander.


El TSJC destaca en un comunicado que sólo en el primer mes de este año, los cinco Juzgados laborales de Cantabria han ingresado 156 asuntos, frente a los 54 que entraron en enero de 2007 o los 62 en el mismo periodo de 2008, lo que pone de manifiesto una tendencia creciente con incrementos de 188% respecto a 2007 o del 152% respecto al pasado año.

"La importancia de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país y su incidencia sobre la vida y la economía de las personas físicas y jurídicas, ha hecho que se haya incrementado notoriamente la carga de trabajo" de estos Juzgados laborales, señala el acuerdo de Sala de Gobierno.

Añade que "el propio Consejo General del Poder Judicial ha interesado que se eleve la propuesta que se estime conveniente para reforzar los Juzgados de lo Social de Santander".

Por eso, el órgano de gobierno de los jueces en nuestra región acuerda solicita una medida de refuerzo consistente en la comisión de servicio de juez de la carrera judicial y con relevación de funciones, que de forma rotatoria atienda o palie la sobrecarga de trabajo de los cinco Juzgados laborales de Cantabria.

Los últimos datos disponibles recogidos por el Tribunal Superior de Justicia para la Memoria Judicial de 2008 -que se encuentra en fase de elaboración-, ponen de manifiesto que durante el pasado año se produjo un aumento notable en la entrada de asuntos en el Orden Jurisdiccional Social. Así, frente a los 4.335 pleitos planteados en 2007, un año después se presentaron 5.365, esto es, un incremento cercano al 25%.

Concretamente, en materia de despidos y extinciones de contratos, durante el último trimestre de 2008 entraron 433 asuntos, frente a los 142 del mismo periodo del año anterior, lo que significa que este tipo de pleitos se multiplicaron por tres o, lo que es lo mismo, el incremento fue superior al 200%.

Fuente: cantabrialiberal.com

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UGT pagó a Garzón 12.000 euros por dar una conferencia

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cobró 12.000 euros por impartir una conferencia en Avilés por la Fundación Asturias perteneciente al sindicato UGT. A la charla, que duró apróximadamente unos 60 minutos, sólo asistieron 100 personas.


El acto se desarrolló el 13 de septiembre del año 2007 bajo el título ‘Libertad y seguridad. Los retos para una nueva ciudadanía’. Mes y medio después, el magistrado repitió la charla en México, bajo el mismo nombre y con el mismo contenido en el Instituto Tecnológico de Monterrey. En dicha ocasión, el argumento se centró en la defensa de los derechos humanos primarios y promover los sociales.

Además, el sindicato también sufragó los gastos del viaje de Garzón que incluían un billete de ida y vuelta en business con la compañía aérea Iberia, y una comida en uno de los mejores restaurantes. La cotización que ha recibido el juez por sus conferencias es bastante elevada y muy superior a la que recibe la inmensa mayoría de ponentes.

Garzón ofreció en el año 2007 un gran número de conferencias en el extranjero, en concreto, fueron 18 las charlas que el presidió. También en España el juez ofreció un gran número de conferencias, aunque el cobro por las mismas se sitúan en torno a los 10.00 euros, una cifra que también supera a la mayoría.

Fuente: lanacion.es

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Suiza: Dos jueces dimiten por dedicarse durante el trabajo a visitar webs pornográficas

Consultaban páginas web pornográficas en su oficina. Son dos jueces suizos que se han visto obligados a dimitir después de que se supiera en el país helvético que dedicaban algunas horas de su trabajo visitando contenidos subidos de tono por Internet. La noticia ha supuesto un gran escándalo en Suiza.


Uno de ellos es Pierre Boinay, fiscal general de 57 años y con casi 30 trabajando en la Administración suiza. Boinay ha dejado su cargo porque, asegura en una carta, no quiere "perjudicar la imagen de la Justicia de su país". La dimisión se hará efectiva el 31 de agosto de este año, momento en el que Boinay "disfrutará de una jubilación anticipada", según dicen algunos medios suizos.

El otro juez que ha dimitido es Yves Maître, aunque no ha precisado las razones de su marcha. El escándalo salpica, además, a otros 30 funcionarios que serán expedientados.

La noticia se hizo pública después de que los informáticos del departamento comprobaran que la red local sufría una sobrecarga anormal, todo debido a la gran cantidad de datos pornográficos descargados y visionados en los ordenadores de los magistrados y funcionarios.

Fuente: 20minutos.es

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El Gobierno de Cantabria continúa con sus planes para digitalizar los expedientes judiciales

¿El papel desaparecerá de los Juzgados de Cantabria en 2011?. Al menos esa es la previsión que baraja la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno regional para la implantación del sistema informático 'Avantius'. Este programa, ya en funcionamiento en Navarra desde 2004, pretende acabar con la imagen de sótanos donde se acumulan los expedientes y habitaciones con montañas de resoluciones aguardando su archivo.


Pero no sólo eso. Su manual de instrucciones también recoge la posibilidad de tramitar cada proceso judicial, desde su inicio hasta su archivo, en formato digital. Es decir, todo lo que antes ocupaba centenares de archivadores ahora se guardará en el espacio que ocupa un ordenador.

Así se evitarán situaciones como la del 'caso Gürtel', que instruye el juez Garzón. El envío del sumario tuvo que retrasarse porque no daba tiempo a fotocopiar por triplicado los 20.000 folios de los que consta.

Tras recibir las transferencias de Justicia en enero de 2008, quedó claro que una de las prioridades en Cantabria era la modernización de toda la Administración. El primer paso era, entonces, buscar un sustituto para 'Libra' y 'Minerva', que no son dos estrellas, sino los sistemas que actualmente se utilizan en los Juzgados de Cantabria.

La propuesta del Ministerio fue 'Minerva NOJ', pero la Consejería dirigida por Vicente Mediavilla decidió estudiar las alternativas utilizadas en otras ciudades. El modelo navarro fue el que más convenció, como quedó claro en la visita que Mediavilla hizo a la capital navarra el pasado 14 de enero. Fue entonces cuando el consejero se refirió a una Administración de Justicia «anclada en el pasado» en Cantabria y puso a Navarra y a su programa de gestión, 'Avantius', como «modelos a seguir».

Distintos nombres

No todas las comunidades manejan el mismo sistema de procesos judiciales. En Cataluña la aplicación se llama Temis, pero será sustituida por Justicia.cat en 2010. En el País Vasco se utiliza Justizia Bat, mientras que en Valencia se llama Cicerone. En Canarias, Atlante, y en Andalucía, Adriano. Murcia, capital de una de las seis autonomías sin competencias transferidas, es la única que prueba la versión más moderna de la aplicación ministerial Minerva.

Pero 'Avantius' no llegará solo a Cantabria. Le acompañarán 'Portal de Profesionales' y 'Asigna'. El primero es una página web que permitirá la comunicación entre todos los colegios profesionales (abogados, procuradores y graduados sociales), permitiendo la notificación y presentación de escritos con firma electrónica, el acceso a la agenda de señalamientos de juicios y consultar partes del expediente judicial de un determinado proceso.

'Asigna', por su lado, es un programa que permite gestionar los expedientes de asistencia jurídica gratuita durante todo su proceso, desde la solicitud realizada por un ciudadano hasta el abono de la subvención concedida y su propio control económico.

La instalación de 'Avantius' -con nombre de editor italiano de las 'Tragedias' de Séneca en el siglo XVI- no será posible sin una remodelación completa del equipo informático de los Juzgados, por lo que la Consejería tiene previsto destinar este año dos millones de euros a esta partida.

La implantación del nuevo programa se desarrollará así en tres fases, con la línea de meta fijada en 2011. En la primera se prepararán, analizarán y configurarán los equipos y las plantillas; en la segunda, se migrarán todos los datos del anterior sistema, y en la tercera, se controlará el arranque del nuevo gestor.

'Avantius' se convertirá por esa razón en la punta de lanza del Plan de Modernización de la Administración que Mediavilla desgranó recientemente en el Parlamento. La rapidez de los juicios será tema de otro capítulo, aunque es cierto que la lentitud se aprecia menos dentro del disco duro de un ordenador que apilada en las mesas.

Fuente: eldiariomontanes.es

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Cádiz: Una menor denuncia a sus padres por obligarla a casarse con su primo

Selamha Mint Mohamed tenía apenas 14 años cuando sus padres la obligaron a casarse en Mauritania con uno de sus primos, 26 años mayor que ella. Eso fue en 2006. Desesperada, la chica, nacida en España y residente en Puerto Real, cerca de Cádiz, denunció a sus propios progenitores y a su marido y los llevó ante un tribunal, que los podría condenar a largas penas de prisión.


El juicio, que continúa en la Audiencia Provincial de Cádiz, pone de manifiesto un complicado choque de culturas y costumbres. El esposo de Selamha, preso en España, está acusado de violación, por lo que podría ser condenado a hasta diez años de cárcel.

Los padres de la menor, que se encuentran en libertad provisional, se enfrentan a penas de hasta 17 años de prisión por coacciones, violencia doméstica en el ámbito del hogar y trato denigrante, por haber amenazado a su hija con matarla si no mantenía relaciones sexuales con su primo.

“Mi padre me decía que me iba a lapidar”, declaró Selamha en el juicio. “Me dijo que la primera piedra la iba a tirar él”.

La chica, que se encuentra en tratamiento psicológico, declaró por videoconferencia, por temor a represalias de sus progenitores, a los que las autoridades españolas quitaron la custodia de la menor, y para evitar las presiones de la veintena de familiares que en la sala apoyan a sus padres y a su marido.

Tanto el esposo de la chica como sus padres argumentan que, según las leyes de la república islámica de Mauritania, nada de lo ocurrido es ilegal, y que no pueden ser castigados por una ley -la española- que no entiende de sus ancestrales tradiciones. Además, aseguran que Selamha se casó y mantuvo relaciones sexuales por propia voluntad.

Así lo ven también las autoridades de este país del noroeste de África, donde el caso ha causado un gran revuelo y protestas contra España, el país que vio nacer tanto a Selamha, de hoy 16 años, como a su hermano Abdalá y a su hermana Aicha, ambos menores que ella.

Los tres conservan la nacionalidad mauritana. Sus padres, Mohamed Ould Abdallahi y Hawa Mint Cheikh, se instalaron en Puerto Real, en el sur del país, hace casi 30 años. El padre ronda los 70 años, es prácticamente analfabeto y apenas habla español.

En verano de 2006, Selamha y su madre se fueron a Mauritania de vacaciones. Allí, su primo Mokhtar, un pequeño empresario de 40 años, pidió su mano, a cambio de una dote que según algunos medios españoles fue de unos 640 euros.

El padre de la niña dio su consentimiento desde Puerto Real por teléfono. “Acepté que mi hija hiciera lo que hacen todas las chicas mauritanas: casarse con sus primos mayores”, explicó Abdallahi.

Unas semanas después de la boda, Selamha regresó a España y siguió sus estudios. En mayo de 2007, su esposo la visitó en Puerto Real, aprovechando un viaje de negocios y, según declaró ella en el juicio, sus padres volvieron a obligarla con amenazas a mantener relaciones sexuales con él.

“Yo me resistía, pero mis padres me decían que me matarían, que me quemarían o que me cortarían el cuello”, relató. Contó además que la encerraron en una habitación con su marido.

Al día siguiente, Selamha acudió llorando a casa de unos vecinos españoles y con el apoyo de una de las hijas mayores de éstos denunció a su esposo y a sus padres en comisaría. Los tres fueron detenidos, si bien los padres más adelante salieron en libertad condicional. Ahora se sientan en el banquillo de los acusados.

En Mauritania, el juicio se sigue con gran atención. Y con rencor hacia la Justicia en Cádiz. Así, el imán de la Gran Mezquita de Nuackchot, la capital del país, apeló a las autoridades españolas, en un sermón transmitido por radio y televisión, a que sean comprensivas con la familia de Selamha.

Otros clérigos del país se unieron a este exhorto e incluso pidieron al gobierno mauritano interceder en favor de la familia ante el Ejecutivo español, al argumentar que ésta se limitó a cumplir la sharía (la ley islámica). Secundan asimismo el argumento del padre, quien asegura haber sido “víctima de una ingeniosa y malintencionada maquinación” orquestada por sus vecinos españoles para arrebatarle a su hija.

En este sentido, el periódico mauritano “Le Quotidien” recordó que también en occidente, chicas de la edad de Selamha tienen relaciones sexuales, mientras que otro diario, “Le Renovateur”, apeló a la reciprocidad: “Si la Justicia mauritana no puede encarcelar a un español por beber alcohol en nuestro país, los españoles no pueden juzgar en nuestro nombre supuestos extravíos sociales”.

En la misma línea, el embajador de Mauritania en Madrid, Sidi Mohamed Ould Boubcar, llamó a la Justicia española a tener en cuenta “las especificidades culturales y religiosas” de su país.

Fuente: Minuto Digital

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La Audiencia de los líos

¿Es la joya de la corona de la justicia o un tribunal copado por estrellas que abusan de su poder? La Audiencia Nacional se ha convertido en un actor protagonista de la vida política y social, un papel que pocos le auguraban cuando nació en 1977. Por ello, se multiplican las voces que piden una limitación de sus funciones, así como el control de la dimensión pública de sus principales magistrados. Un debate alimentado por la controversia de casos como ‘Gürtel’, el intento de persecución de los crímenes de Franco o los conflictos diplomáticos derivados de la jurisdicción universal.


La hora de una reforma de la Audiencia Nacional parece haber llegado, después de tres décadas de funcionamiento que los expertos coinciden en valorar positivamente. Es la opinión de Francisco Javier Gómez de Liaño, ex magistrado de la Audiencia y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, quien destacó el “papel extraordinario” que ha cumplido este tribunal, aunque subrayó la necesidad de limitar sus competencias. A su juicio, el terrorismo, el narcotráfico, y los grandes delitos económicos deberían concentrar los esfuerzos de la Audiencia.

De este modo, parte de la carga de trabajo que arrastra este órgano se repartiría por los diferentes juzgados y tribunales de España. El cauce para estos cambios pasa por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una vía complicada por la tormenta que podría desatarse entre PSOE y PP, muy sensibles a los efectos políticos de las decisiones procedentes de la Audiencia Nacional.

Para Francisco Javier Díaz, profesor de Fundamentos del Derecho de la Universidad de Alcalá, estas reformas legales deberían dirigirse a terminar con el excesivo protagonismo de algunos magistrados. En contraposición a la relevancia pública de jueces como Baltasar Garzón, Díaz recordó el modo de trabajo de los miembros del Tribunal Supremo o de los miles de jueces que se encargan discretamente de casos de tanto impacto social como el de la joven recientemente asesinada en Sevilla.

El fenómeno de los jueces estrella, alentado en muchos casos por los medios de comunicación y los partidos políticos en función de sus intereses coyunturales, es una de las críticas más repetidas. Gómez de Liaño denunció el “afán de notoriedad” y los “excesos” cometidos por los magistrados, por lo que reclamó una corrección normativa. Además, señaló que debe ser el Ministerio Fiscal el encargado de trasladar la información a la opinión pública, en lugar de que el juez quien acapare todos los focos. “No están para exhibirse, sino para trabajar”, afirmó.

Rafael de Mendizábal, primer presidente de la Audiencia Nacional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, criticó la “espectacularidad” y “lo desorbitado” de la exposición pública de este tribunal, y criticó la “vocación imperialista” que supone el ejercicio de la “jurisdicción universal”. Una facultad que ha llevado a la persecución desde Madrid de delitos en Israel, Guatemala, Ruanda, El Salvador, Chile, Tíbet o el Sáhara, o incluso a la revisión de la dictadura franquista.

32 años de polémica

No obstante, Mendizábal defendió la existencia de la Audiencia, especialmente necesaria en un Estado descentralizado, ya que puede actuar como un tribunal federal. Así, rechazó asimilar el comportamiento de determinados magistrados con el funcionamiento del tribunal, y demandó una reforma completa del sistema judicial español que evite disfunciones como los jueces estrella o los enfrentamientos entre juez y fiscal.

La Audiencia Nacional fue creada en 1977, al mismo tiempo que desaparecía el Tribunal de Orden Público. Una comparación que llevó a algunos sectores a criticar su nacimiento, y que todavía utilizan como argumento grupos como PNV o ERC, partidarios de su desaparición. De acuerdo con Díaz, el nuevo tribunal logró arrancar el “ropaje franquista” a la Justicia, sobre todo en la persecución de los delitos de terrorismo.

Su evolución ha ido acompañada de polémica, tanto por los magistrados que han ejercido en ella, como por los casos que han abordado. El síndrome tóxico causado por el aceite de colza, la investigación de los GAL, el accidente del Yakolev 42, los atentados del 11-M, o los innumerables juicios a etarras han convertido a este tribunal en un arma de doble filo, político y judicial. Su carácter futuro dependerá en parte de quién sea elegido como nuevo presidente, en sustitución de Carlos Dívar. El CGPJ tiene sobre la mesa nueve candidatos, entre los que destacan figuras tan conocidas como Garzón o Javier Gómez Bermúdez. A ellos les corresponderá decidir si el espectáculo continúa en las escaleras de la Audiencia Nacional.

Fuente: elconfidencial.com

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Com.Valenciana: Magistrados del TSJ reclaman al CGPJ la reforma del Palacio de Justicia

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) pidieron a la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gabriela Bravo que interceda para que se aborde la reforma "necesaria" del Palacio de Justicia de Valencia, planeada desde 2004. Justificaron esta petición en la falta de despachos, el hacinamiento de oficinas judiciales y en las mínimas condiciones de salubridad.


Así lo indicó Bravo a los medios de comunicación tras reunirse con los magistrados y con el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, en un acto al que no acudió el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, a pesar de estar previsto. Sobre su ausencia, Bravo indicó que le ha sido imposible asistir por motivos personales, a causa de un imprevisto.

En cuanto a las preocupaciones que los jueces le trasladaron a Bravo, se encuentra la "necesaria" reforma del Palacio de Justicia, puesto que, según le comentaron, presenta "grandes deficiencias". Entre ellas, le citaron la falta de despachos; que las oficinas judiciales presentan un aspecto de "verdadero hacinamiento"; y que las condiciones de salubridad "son mínimas".

Por ello, le reclamaron que desde el Consejo le instaran a la comunidad autónoma a que asuma "como medida prioritaria" la restauración y puesta en marcha de la reforma para que los magistrados puedan desempeñar su trabajo "cumpliendo los mínimos requisitos" establecidos tanto en la Constitución como en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Ante esta petición, Bravo les comentó que esta situación no era "exclusiva" de la Comunidad Valenciana, puesto que hay otros "problemas similares" en gran parte de los juzgados de toda España, "sin distinción de quién es competente", puntualizó. Por ello, les dijo que desde el Consejo se instará un plan de prevención de riesgo para exigir tanto al Ministerio de Justicia como a las comunidades autónomas con competencias edificios que reúnan las mínimas condiciones para desempeñar su trabajo.

En este punto, matizó que "se ha invertido mucho", y en la Comunidad, en concreto, dijo, "se ha edificado en muchos palacios de justicia, que son un paradigma de lo que representa el siglo XXI", pero, aseveró, "el esfuerzo presupuestario no ha sido el suficiente y se tiene que seguir instando para que se asuma este compromiso".

Más plazas y reformas

Junto a este asunto, los magistrados le trasladaron a Bravo las cargas de trabajo que asumen; le pidieron más plazas de especialistas tanto de lo contencioso como de lo social; y le plantearon la "necesidad" de distintas reformas legislativas para desjudicializar algunos temas, entre ellos, en materia de registros civiles o en jurisdicción voluntaria.

En este sentido, Bravo aseveró que es "necesario" abordar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que es "obsoleta" y "tiene muchos parches"; además de "tener claro el sistema judicial para abordar una reforma profunda", dijo.

Fuente: panorama-actual.es

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Los juzgados navarros, los que menos quejas originaron en 2008

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha recogido, por tercer año consecutivo, el menor número de quejas, reclamaciones y denuncias interpuestas por los ciudadanos españoles por el funcionamiento de los juzgados y tribunales.


Así lo revela el informe elaborado por la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recoge que en 2008 se interpusieron 81 quejas en Navarra, 113 en Cantabria y 139 en La Rioja.

Según los datos reflejados en el estudio comparativo, los juzgados y tribunales navarros recibieron 100 quejas en 2004, 64 en 2005, 46 en 2006 y 60 en 2007.

En el dossier, el órgano de gobierno de los jueces constata que el peso por las reclamaciones por el funcionamiento de los Registros Civiles supone ya el 52% del total.

A este respecto, señala que los tres principales motivos siguen siendo los tiempos de espera, la insuficiencia de la plantilla y el horario.

Igualmente, en este apartado, los Registros Civiles de Navarra se sitúan en el último puesto en cuanto al número de quejas formuladas con 20, seguidos de los de Cantabria (26) y Aragón (48).

En Navarra, en los últimos cuatro años, entre 2004 y 2007, el número de reclamaciones ha sido de 16, 15, 4 y 9, respectivamente.

Fuente: soitu.es

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YouTube entra en los juzgados

Ni una declaración jurada ni un precedente legal: el mes pasado, en un juicio celebrado en Estados Unidos, el protagonista en la sala fue un vídeo de YouTube. Las imágenes mostraban lo que puede considerarse o una estremecedora brutalidad policial o una respuesta mesurada ante la intransigencia de un hombre arrestado.


Esta evidencia tiene el potencial de desestabilizar, de momento sólo en EEUU, la forma en que los jueces de apelación hacen su trabajo, según un nuevo estudio de The Harvard Law Review. El estudio indica que si los jueces del Tribunal Supremo pueden ver por sí mismos lo que sucedió en un caso, es posible que se sientan menos inclinados a respetar los hallazgos objetivos de los miembros del jurado y las conclusiones de jueces de tribunales inferiores.

En 2007, por ejemplo, el Tribunal Supremo consideró el caso de un joven de Georgia que se quedó tetrapléjico cuando la policía estrelló un coche patrulla contra el suyo en una persecución a gran velocidad. La persecución fue grabada por una cámara del salpicadero del coche patrulla, y este vídeo fue lo que dominó el análisis del tribunal.

El tribunal de apelación federal de Atlanta había fallado a favor del conductor, Victor Harris, en una fase preliminar del caso, diciendo que un jurado debería decidir si su modo de conducir justificaba las agresivas medidas adoptadas por la policía.

Los jueces se oponen

Pero no es así como lo ven la mayor parte de los jueces. El juez Antonin Scalia afirmó que el vídeo mostraba “la persecución más aterradora que he visto nunca desde The French Connection". Otro juez aseguró que no estaba seguro de qué pensar sobre la interpretación del tribunal de apelación y que podría “acabar con la conocida pregunta de Chico Marx: ¿A quién das más crédito, a mí o a tus propios ojos?”.

Cuando se dictó la sentencia del caso, sólo un juez estuvo en desacuerdo. Con un contenido sarcasmo, subrayó el nuevo papel que sus colegas habían asumido. “Ocho de los miembros del jurado de este tribunal llegaron a un veredicto que difiere de los puntos de vista de los jueces, tanto del tribunal de distrito, como del tribunal de apelación, que seguramente están más familiarizados que nosotros con los peligros de la conducción en las carreteras”, dijo el juez.

Muchos magistrados no parecen entender que el vídeo no es una prueba categórica o irrefutable como el ADN, sino sólo un relato parcial, volátil y peligrosamente convincente de lo que sucedió, dice Jessica Silbey, una profesora de Derecho de Boston. Pero el vídeo puede aportar un contacto con la vida real que un papel escrito nunca aportará.

Veamos el ejemplo de un vídeo, prueba central de una demanda presentada el mes pasado pidiendo que el tribunal sentencie sobre otro caso de lo que puede ser abuso de fuerza por parte de la policía.

Las imágenes, también grabadas por la cámara del salpicadero de un coche patrulla, muestran a Jesse Buckley justo después de ser detenido por acelerar en una carretera rural de Florida. Que te paren no es una experiencia agradable para nadie, pero hizo que Buckley se derrumbara completamente. En una entrevista afirmó que la perspectiva de pagar una multa de 175 dólares le resultó demasiado dura, dada su delicada situación financiera.

“Simplemente lloré”, dice. “Necesitaba llorar. No podía dejar de llorar”. No quiso firmar la citación de tráfico, y fue arrestado. Con las manos atadas a la espalda, se sentó en el suelo, al lado de su coche, sollozando.

Jonathan Rackard, un adjunto al sheriff, intentó levantar a Buckley para trasladarlo al coche patrulla, pero no pudo. Después le amenazó con emplear una pistola de aturdimiento Taser.

A lo largo de un par de minutos, Rackard le aplicó tres shocks eléctricos de cinco segundos de 50.000 voltios con la Taser. Entre el segundo y el tercer shock, fue al coche patrulla y llamó para pedir refuerzos. Buckley siguió donde estaba. Pronto llegó un segundo oficial y entre los dos introdujeron a Buckley en el coche patrulla. Buckley se confesó culpable, pagó la multa y presentó una demanda.

Los casos citados son algunos ejemplos de cómo YouTube está cambiando también la Justicia, después de ser un ejemplo empresarial para todo el mundo de la tecnología.

Fuente: gaceta.es

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Garzón compra trajes antibalas a razón de entre 2.000 y 3.000 dólares por encargo

El actor estadounidense Steven Segal, Álvaro Uribe –presidente de Colombia-, Andrew Carroll –escritor norteamericano autor del libro Behind the Lines-, los príncipes de España Felipe y Letizia… y el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 5, Baltasar Garzón. Esta es la lista de ‘vips’ o clientes preferentes que aparece en la página web del ‘sastre’ colombiano Miguel Caballero –www.miguelcaballero.com-, experto en la fabricación de trajes a medida con una peculiaridad: son a prueba de balas.


De todos ellos hay fotos en la citada web corporativa, y en todas ellas aparecen los protagonistas con el propio Miguel Caballero, salvo en dos casos, el de los príncipes de España y el del presidente Uribe. Garzón aparece junto a Caballero vestido con una cazadora de ante en tono tostado, posando junto a su sastre colombiano ante la cámara de un fotógrafo de prensa. Suficiente prueba de que, al menos, se conocen. Otra cosa es que Garzón haya pagado por alguno de sus productos los 2.000 a 3.000 dólares de precio, pero todo hace pensar que sí.

Según cuenta el propio Miguel Caballero, la empresa fue creada en 1992 en Colombia como respuesta a necesidades de seguridad personal. La idea surgió del propio Caballero cuando vio cómo agentes de policía exponían sus vidas al prescindir de los tradicionales chalecos antibalas por su excesivo peso. Se puso a trabajar en la fabricación de prendas de seguridad, pero también de moda, que con poco peso -800 gramos- fueran capaces de resistir el impacto de una bala.

Sus productos se dirigen a especialistas de la seguridad, pero también a clientes vip, para los que ha creado dos líneas de producto –MC Black Collection y Miguel Caballero Gold- de mayor calidad en cuanto a las telas y la fabricación, pero también de mayor precio –entre 2.000 y 3.000 dólares dependiendo del producto-, y en las que se pueden encontrar trajes a medida, cazadoras, americanas, abrigos, chalecos, etcétera. El precio varía dependiendo de la calidad de producto y también su resistencia.

De hecho, existen para todas las categorías tres niveles de resistencia a las balas, bajo –revólveres y armas de 9 mm-, medio –al que se añade una mini uzi a los dos anteriores-, y alto –que incluye una ametralladora MP5-. La web también aporta experiencias personales de clientes que han salvado su vida gracias a los productos de Miguel Caballero y que la compañía ha unido bajo el epígrafe de Club de Sobrevivientes Honorarios. Un club al que no pertenece Garzón, pero sí parece que al de clientes de sastres curiosos, como Francisco Camps.

Un viaje a China ‘gratis total’

Por otro lado, algunas fuentes aseguran que el ‘viaje’ que consta en la querella archivada por el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por las remuneraciones obtenidas del Banco Santander durante su estancia en Nueva York para participar en un ciclo de conferencias, corresponde a un viaje a China que el juez Garzón realizó con su mujer y sus tres hijos, y que fue abonado en su integridad -21.152 euros- por el Centro Rey Juan Carlos de Nueva York.

En el dictamen del Supremo sólo se indica que este organismo abonó gastos en concepto de “viaje”, pero no especifica más detalles dado que sólo se detiene en analizar las actividades de Garzón en Nueva York y las retribuciones que percibió por ellos, retribuciones que en parte Garzón no declaró y por lo que ahora el Consejo General del Poder Judicial estudia la imposición de una sanción por falta grave. El hecho de que se tratara de un viaje a China con su familia podría agravar el caso que estudia el CGPJ.

Estas fuentes añaden que dado que el Supremo solo ha estudiado la actividad de Garzón en Nueva York obvia otras posibles actividades de las que también podrían derivarse retribuciones ilícitas que en este caso afectarían a La Caixa, como el ciclo de conferencias organizado por la Fundación La Caixa en marzo de 2007, dirigidos por el magistrado de la Audiencia Nacional, y en los que el propio Garzón hizo de entrevistador del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del ex presidente socialista Felipe González.

Fuente: elconfidencial.com

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Melilla: El Colegio de Abogados demanda la creación de dos nuevos juzgados

El Colegio de Abogados de Melilla ha considerado necesario subsanar algunas "carencias" que tiene el sistema judicial en la ciudad autónoma para un mejor funcionamiento de los tribunales, por lo que ha pedido la creación de dos nuevos juzgados.


El decano del Colegio de Abogados melillense, Blas Jesús Imbroda, ha explicado que difiere de la opinión expresada por tres vocales del CGPJ que han visitado la ciudad y han asegurado que las necesidades judiciales en Melilla están cubiertas.

En opinión de Blas Jesús Imbroda, Melilla ha avanzado "mucho" en el marco judicial en los últimos años, pero eso no implica que no existan algunas necesidades.

Entre ellas, el decano ha puesto como ejemplo la necesidad de crear un juzgado mixto que se especializara en cuestiones de familia y ha resaltado que uno de los juzgados de instrucción es el encargado, a su vez, de asumir las competencias del Registro Civil.

"El Registro Civil de Melilla tiene muchísimo trabajo y, sin embargo, un mismo juez comparte esas funciones con asuntos civiles y penales", ha precisado el máximo representante de los abogados melillenses.

Según Blas Jesús Imbroda, hay juzgados en la ciudad que tienen "mucha saturación" y, en consecuencia, se producen "retrasos" en la respuesta judicial.

Por ello, considera necesario replantear la posibilidad de replantear la creación de un juzgado más y que, posteriormente, se haga una redistribución del trabajo.

Asimismo, ha resaltado la importancia de que Melilla cuente con un segundo Juzgado de lo Social, a pesar de que no se produzca un número de casos que cubran los módulos que vienen marcando el CGPJ.

El decano ha dicho no compartir ese criterio "cuantitativo", que ha calificado como un "error", ya que no sólo se trata de una cuestión de números, sino de calidad en los asuntos.

"Los asuntos que lleva el Juzgado de lo Social son de mucha envergadura, asuntos muy complicados y, en consecuencia, sí sería necesario para dar una mayor respuesta que en Melilla existieran dos unidades judiciales de este tipo", ha concretado Blas Jesús Imbroda.

Otro de los temas importantes que ha tratado el decano del Colegio de Abogados es la agrupación de los juzgados en una misma zona, ya que "no tiene sentido" que en estos momentos haya dos juzgados que están en una ubicación distinta al resto.

Según Blas Jesús Imbroda, si lo que se pretendía era que todos los juzgados estuvieran juntos para poder atender los servicios, no puede entenderse que haya algunos juzgados alejados de los demás.

Por último, ha tachado como "penoso" el acceso a las dependencias judiciales, donde solamente hay una entrada y un único control seguridad.

Fuente: infomelilla.com

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Defensores de los animales se querellan contra Bermejo por un delito de furtivismo

La organización de defensa de los animales Libera! ha interpuesto una querella ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo contra Mariano Fernández Bermejo después de que éste admitiera que había cazado sin licencia en Andalucía. Si la querella es aceptada, pedirán que comparezcan como testigos el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la fiscal de la Audiencia Dolores Delgado y el comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial, Juan Antonio González García, todos ellos presentes durante la montería.



La organización de defensa de los animales Libera! ha interpuesto una querella ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo por considerar que cometió un delito de furtivismo durante la cacería que realizó el pasado febrero en Jaén.

La asociación ha interpuesto esta denuncia "porque Bermejo admitió de forma pública, en el programa La Mirada Crítica de Telecinco del 19 de febrero, que carecía de licencia para cazar en Andalucía", ha explicado el abogado de Libera!, Daniel Dorado.

El letrado ha añadido que si la querella es aceptada, pedirán que comparezcan ante el tribunal como testigos el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón; la fiscal de la Audiencia Dolores Delgado y el comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial, Juan Antonio González García, todos ellos presentes durante la cacería.

Dorado ha añadido que el ex ministro "no puede excusarse en que no sabía que había entrado en territorio andaluz porque hoy en día existen sistemas tecnológicos para saberlo".

El abogado ha explicado que el ex ministro se enfrenta a una multa de hasta 400 euros al día durante un periodo máximo de un año, según el Código Penal.

Libera! exige, en un comunicado, la renuncia de Bermejo a su escaño por Murcia porque "personas que han cometido un delito no es lógico que representen a los ciudadanos en el Congreso de los Diputados".

La organización entiende que Bermejo "incumplió el artículo 335 del Código Penal", que tipifica la caza sin licencia como un delito contra la fauna.

Mariano Bermejo ya fue multado por la Junta de Andalucía con 2.000 euros por cazar sin licencia en los municipios jienenses de Andújar y Torres.

Fuente: El Imparcial

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Córdoba: La Junta ve "desproporcionada" la petición de 6 nuevos juzgados

La delegada de Justicia de la Junta de Andalucía, Mercedes Mayo, calificó de "desproporcionada y falta de rigor" la petición de crear seis nuevos juzgados de primera instancia en Córdoba capital.


Según los jueces, en el 2008 han superado el doble de la carga de trabajo establecida como razonable, pero Mayo considera que, aunque "efectivamente ha habido un aumento de trabajo, no se ha duplicado" respecto al 2007.

Aunque recordó que la creación de órganos judiciales no es competencia de la Junta y que tendrá que ser el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los que valoren las necesidades, Mercedes Mayo apuntó, no obstante, que habrá que esperar a que concluya el estudio que realiza actualmente el CGPJ sobre los módulos (carga máxima razonable que establece por cada órgano judicial) para establecer si hace falta la creación de nuevos juzgados.

VOLUMEN DE TRABAJO

"En función de los nuevos módulos se verá la necesidad de crear nuevos órganos judiciales", explicó Mayo, que considera que los actuales han quedado obsoletos y no sirven para cuantificar con rigor el volumen de trabajo. "Hay que esperar al estudio y entonces se verán las necesidades", insistió la delegada de Justicia.

De otro lado, respecto a la carga extra de trabajo que, según los sindicatos, ha supuesto para los juzgados la puesta en marcha del nuevo registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, la delegada de Justicia aseguró que "ahora mismo se está evaluando la carga que pueda tener este sistema y, cuando se evalúe, se tomarán medidas".

El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en este sentido y ha pedido un plan de actuación urgente para la inclusión de todos los datos por parte de los juzgados y tribunales, el reforzamiento de personal o la adecuación de las plantillas a las nuevas cargas de trabajo. Mercedes Mayo explicó que la introducción de los datos diarios no supone una sobrecarga, aunque "se está valorando si lo está siendo la incorporación de los datos atrasados". "Se tomarán medidas adecuadas sin son necesarias", concluyó.

Fuente: diariocordoba.com

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Ceuta: Presentación de la aplicación informática Lexnet

La secretaria de Gobierno Judicial, Josefa Vilar, junto a José Antonio Huertas, jefe de operaciones de la Subdirección de Informática y Nuevas Tecnologías, fueron los encargados de presentar en el Palacio Autonómico, la nueva aplicación informática del Ministerio de Justicia: ‘Lexnet’.


Al acto, que duró aproximadamente una hora, acudieron miembros de todas las áreas de Justicia, como José Luis Puerta, fiscal jefe de Ceuta, Fernando Tesón, presidente de la Audiencia Provincial, Isabel Valriberas, decana del colegio de abogados, y representantes de los secretarios judiciales y funcionarios de Justicia. También estuvieron presentes el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, el vicepresidente de la Ciudad Autónoma, Pedro Gordillo, o el secretario general del PSOE, José Antonio Carracao.

Josefa Vilar resaltó las cualidades positivas de esta nueva aplicación, centrándose en su “función unificadora” y en el “ahorro económico y de recursos” que supondrá. “Nuestra intención es comenzar a trabajar de inmediato. Espero que la próxima semana se reúna una comisión para decidir la forma de implantación de Lexnet y realizar la firma de un protocolo”, manifestó la responsable. En su discurso destacó también que la implantación de esta nueva herramienta informática iba a ser “una pieza fundamental para el correcto funcionamiento de la futura oficina judicial”. Sobre estas instalaciones aclaró que esperaba que estuvieran funcionando “en enero de 2010”.

José Antonio Huertas presentó los aspectos más técnicos y funcionales de la herramienta judicial respondiendo a una serie de preguntas. “¿Qué es Lexnet? Pues un medio de transmisión seguro de información, basado en la firma electrónica y con una interfaz similar a un correo web”, definió. Su función principal será la de envío de actos de comunicación procesal y la presentación de escritos y documentos de diversa índole. Mediante este sistema se podrán en contacto los órganos judiciales y todos los profesionales que trabajan con la Administración de Justicia.

Sobre sus características destacó la “autenticación, integridad, confidencialidad y sellado de tiempo” y sobre las ventajas que comporta dijo que “supone un ahorro de papel y tóner para las impresoras (por tanto un ahorro económico), que evitaba los desplazamientos innecesarios, la velocidad de transmisión de los datos, la evolución hacia el expediente electrónico, que se maneja a través de internet, que está funcionando 24 horas todos los días (24x7) y que se pueden obtener datos estadísticos completos y actualizados”. Su implantación se hará de forma gradual y en un principio empezarán con los seis juzgados mixtos, situados en el Palacio de Justicia, con los dos juzgados de lo Penal y con el juzgado de Menores.

Vilar comentó que en un principio el uso de la aplicación será obligatoria para los secretarios judiciales, los funcionarios de la Administración de Justicia y para el colegio de procuradores. También quiso matizar que su implantación no suponía un hecho pionero, ya que “está siendo utilizado en Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Valencia y Galicia, donde hay cerca de 10.000 usuarios”. El primer sitio de España en que se implantó fue en León, en el año 2003, desde entonces ha ido extendiéndose por diversos sitios del territorio.

En la comisión que se reunirá la semana que viene para firmar el protocolo participarán, además de la propia secretaria del Gobierno Judicial, los presidentes y representantes de los diferentes colectivos como son los jueces, fiscales, abogados, procuradores o los graduados sociales. “En definitiva quiero que participen todos los profesionales con los que tienen que intervenir”, sentenció.

Este sistema supondrá un gran avance para la Justicia, ya que servirá para homogeneizar, organizar y hacer compatible todos los sistemas de telecomunicación y gestión procesal, minimizando los problemas y agilizando los trámites.

El plazo que se han fijado los responsables se alarga hasta finales de año, justo antes de la entrada en funcionamiento de la nueva oficina judicial.

Los profesionales asistentes realizaron sus preguntas, resolviendo de esta forma sus dudas sobre este sistema.

Fuente: elfarodigital.es

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