martes, abril 21, 2009

Huelva: El TSJ dice que faltan 79 funcionarios

El último informe sobre la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dejó patente las carencias de personal que existía en los juzgados onubenses (repartidos en seis partidos judiciales: Aracena, Valverde del Camino, La Palma del Condado, Ayamonte, Moguer y Huelva). Este Tribunal califica la situación en la provincia de Huelva de "singular y preocupante" y cifra en 79 plazas la necesidad de incrementar las plantillas de los jugados de la provincia, que suman 13 órganos judiciales. En concreto estima que en los cinco partidos judiciales de los pueblos faltan 40 funcionarios mientras que los otros 39 corresponden en la capital.


La falta de personal no es lo único que preocupa al Tribunal andaluz pues además muestra especial interés por la temporalidad que caracteriza a las plantillas de los juzgados onubense, en las que hay más personal interino que fijo. De hecho, destaca que frente a los 140 titulares (dejando fuera a los funcionarios del servicio común de la Audiencia) existen 159 interinos, fruto de la política de refuerzos que viene siguiendo la Junta de Andalucía para tratar de paliar las carencias de personal que se detectan en los órganos judiciales. A esto se suma el hecho de que en la provincia de Huelva existen un total de 35 órganos judiciales unipersonales de forma que si el funcionario se va de vacaciones o se ausenta por alguna circunstancia, el servicio se queda sin nadie que pueda hacerse cargo.

Fuente: huelvainformacion.es

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lunes, abril 20, 2009

Tenerife: Arreglar la sede provisional de los juzgados de lo Social costó 2 millones

La remodelación de la nueva sede de los juzgados de lo Social ha costado finalmente 1.982.638,05 euros frente a los 300.000 inicialmente presupuestados. Este es el precio que se ha pagado por reconvertir lo que era la galería comercial Orly en el nuevo emplazamiento de seis juzgados de la jurisdicción Social en el que también hay cabida para el juzgado de lo Social 7, que debía haber entrado en funcionamiento el 1 de enero y lo hará el 15 de mayo, y para un futuro juzgado más, el 8 de lo Social.


La viceconsejera de Justicia y Seguridad Carolina Déniz explicó que el coste de remodelación sería de 300.000 euros, pero adaptar ese espacio de casi 3.000 metros cuadrados alas condiciones de higiene y salud que marca la normativa y exigían los funcionarios, magistrados y secretarios judiciales ha multiplicado el gasto, ya que hubo que añadir aseos y habilitar una entrada independiente para el público a las cuatro salas de vistas creadas, de forma que el tránsito de personas no alterara el trabajo del personal judicial.

El resultado ha dejado por fin satisfechos a los jueces y a los representantes sindicales de los trabajadores, una vez subsanados todos los errores detectados sobre plano.

Los funcionarios se quejaron de falta de espacio, luz natural y de ventilación, pero la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, María Dolores Alonso, explicó durante una visita a las nuevas instalaciones, que "tanto la ventilación como la luz se deberá evaluar una vez que esté ocupado el inmueble".

"El local ya ha sido visitado por los técnicos en prevención de Salud y Riesgos y han comprobado que se cumple estrictamente con los requerimientos que exige la Ley", añadió.

Rehabilitación minuciosa

El espacio habilitado responde a los criterios de lo que deben ser las nuevas oficinas judiciales, es decir, espacios diáfanos en los que haya zonas comunes para los funcionarios encargados de la tramitación y gestión judicial, y mostradores de asistencia a los ciudadanos. Los funcionarios dispondrán de sus propios aseos, lo que en un primer proyecto no se contemplaba, y las salas de vistas, ubicadas al fondo y con acceso independiente (lo que tampoco estaba previsto), han sido insonorizadas. La sala de espera también se ha separado de la zona de trabajo de los propios juzgados.

"El resultado es una sede acorde con los requisitos presentes y futuros de la oficina judicial", indicó Alonso, pese a que se trata de una sede provisional, a la espera de que se construya el nuevo Palacio de Justicia en Cabo Llanos, que reunirá a todos los órganos judiciales, ahora dispersos en torno a la avenida Tres de Mayo.

Alonso explicó que la Consejería de Presidencia se planteó la compra del inmueble, "pero se desestimó a la espera del nuevo Palacio de Justicia". El alquiler del local costará 63.000 euros mensuales.

Cuatro órganos a la espera

El traslado de cinco de los seis juzgados de lo Social que hay en la provincia tinerfeña, ahora ubicados en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, dejará espacio para la sección sexta (penal) de la Audiencia Provincial, aprobada por el Ministerio de Justicia para 2008 pero que no entrará en funcionamiento hasta el 15 de mayo. También lo harán ese día el juzgado de lo Social 7, que lo hará en la nueva sede; de lo Contencioso-administrativo 4, que quedará en el espacio de la calle Aurea Díaz flores que ahora ocupa Social 6, y el juzgado de Menores 2, que también quedará en el Palacio de Justicia.

Los traslados de los juzgados de lo Social comenzarán el 5 de mayo, para que el día 15 puedan entrar en funcionamiento los cuatro nuevos órganos judiciales. Este retraso ha sido duramente criticado por magistrados y funcionarios, pero desde el Gobierno de Canarias se explicó que era más importante reforzar a los juzgados más sobrecargados.

Fuente: laopinion.es

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domingo, abril 19, 2009

Castilla La Mancha: Valerio asegura que no hay "muy distantes" posturas para transferir Justicia

La consejera de Justicia, Magdalena Valerio, ha afirmado que "no muy distantes" están las posturas con el Ministerio para que sean trasferidas las competencias, pero no ha adelantado fechas, mientras desde el PP se le ha reprochado que "el cómo necesita de un cuándo para no perder sentido".


Esta expresión ha utilizado la diputada del PP Natalia Tutor en un pleno parlamentario al lamentar que no existan novedades en los últimos meses después de meses de negociaciones y que ni siquiera se haya reunido Valerio con el nuevo ministro, Francisco Caamaño, en los cerca de dos meses desde que éste asumió el cargo.

"Escriba de nuevo al ministro", le ha recomendado Tutor a Valerio después de subrayar que hace más de un mes la consejera informó de que le remitió una carta y desde entonces no haya dicho si contestaba.

Y Valerio en sus respuestas parlamentarias no ha expuesto si tiene una cita con el ministro para tratar del asunto; eso sí, ha asegurado que todas las semanas existen contactos sobre el tema entre responsables del Ministerio y de la Consejería, y ha recordado que en 2008 hubo cinco reuniones con el anterior ministro y tres grupos de trabajo.

La titular regional de Justicia ha explicado que "salvo en las inversiones" no están distantes las posturas, para reiterar así que es una cuestión económica la que impide el acuerdo, al igual que en el proceso de transferencias entre el Ministerio y la Junta de Castilla y León.

A esa comunidad autónoma ha aludido Valerio dado que, gobernada por el PP, "llevan más años" que Castilla-La Mancha en una negociación similar.

Valerio ha aseverado que "en ningún momento ha estado paralizado el proceso" pese al cambio de ministro -Caamaño sucedió en febrero a Mariano Fernández Bermejo-, y ha explicado que la "hoja de ruta" para el traspaso de las competencias ya está diseñada.

El Plan Estratégico de Justicia de Castilla-La Mancha contiene -ha dicho Valerio- "las líneas fundamentales" para el traspaso desde los meses previos a que éste se produzca.

Como sobre cuándo sea Valerio no ha dado ninguna fecha, Tutor le ha dicho que "el cómo necesita tener un cuándo para no perder sentido", después de describir un panorama de la Administración de Justicia en Castilla-La Mancha en el que "la falta de medios" la asuela.

Valerio le ha pedido a la diputada de la oposición que comprenda que no era razonable que hablara sobre el asunto con Caamaño en el contexto de la toma de posesión como ministro a la que asistió.

"Abórdele en un encuentro casual", ha aconsejado Tutor a la consejera.

Fuente: soitu.es

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Segovia: El presidente de la Audiencia reclama el sexto juzgado mixto de Instancia e Instrucción y otro Penal

Hace apenas dos meses, el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Andrés Palomo, daba la voz de alarma con motivo de la huelga convocada por la judicatura. Si la carga de trabajo ya era alta cuando entró a funcionar el Juzgado número 5, «ahora estamos peor». Es decir, que entran más asuntos que los que pueden resolver los quince jueces y magistrados de la provincia.


Ese aviso ha quedado reflejado en la memoria de actividad hecha pública por el Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCYL).

El esfuerzo -alabado por Palomo- de los integrantes y responsables de los órganos judiciales y de los funcionarios ha ayudado a «sobrellevar» la tradicional «falta de medios» con la que ha tenido que lidiar la Administración de Justicia por culpa de las rácanas inversiones de los diferentes Gobiernos, «que siempre han ido por detrás de las necesidades», lamentó en su día el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.

Insuficientes

El río ha crecido, a tenor de un primer análisis de los datos de la actividad soportada el año pasado por los juzgados segovianos. Y el caudal de expedientes ha llegado a un límite en el que ya se puede hablar de «inundación», como apuntó hace dos meses Palomo. El incremento del trabajo y de las responsabilidades ha sido exponencial a lo largo del 2008, hasta tal punto que «los cinco Juzgados de Instrucción segovianos se encuentran más abrumados que cuando el número 5 inició su marcha», concluye Palomo en su repaso a la actividad del 2008.

Y ello a pesar de que, después de los dos meses de conflictos laborales, incluidos los paros de los funcionarios de Justicia, se logró que a final del curso «no resten secuelas», precisa el presidente de la Audiencia Provincial.

«La entrada en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 (abierto en diciembre del 2007 en la calle Ezequiel González) se ha revelado insuficiente» para paliar la carga de trabajo, especialmente civil, que padece el partido judicial segoviano, asevera una de las conclusiones de la memoria del Tribunal Superior autonómico.

Esta carencia hace imperiosa la constitución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, como sugiere el presidente de la Audiencia en su resumen del año. Esta «absoluta necesidad» se sustenta sobre un dato: el curso pasado se cerró con el registro de 4.600 asuntos, quedando pendientes alrededor de tres mil expedientes civiles, si se suman los correspondientes a la jurisprudencia contenciosa y los competentes al Derecho de Familia.

El presidente de la Audiencia Provincial no se olvida de «otras situaciones gravosas que no se ponderan», como la del Juzgado número 2, que por culpa del Registro Civil sufre un incremento notable de expedientes, sobre todo relacionados con la nacionalización de extranjeros. Además, otros juzgados «tienen que multiplicarse» porque añaden al trabajo ordinario los asuntos de violencia de género, recalca Andrés Palomo.

Sobrecargas

La situación del Juzgado de lo Penal no es mejor. El aumento de la carga de trabajo determina la necesidad de crear un segundo órgano para estos casos, esgrime el presidente de la Audiencia Provincial en su resumen anual. El curso 2008 terminó con 149 asuntos pendientes y contabilizó la entrada de 440 trámites, que se añadieron a los 169 que quedaban del ejercicio anterior.

A la hora de buscar los motivos que han desencadenado esta sobrecarga de actividad en los juzgados de Segovia, la crisis económica aparece como uno de los más influyentes. Así lo reconoce Andrés Palomo en la memoria anual publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Buena prueba de ello es la acumulación de trabajo que soportó el Juzgado de lo Social durante el ejercicio pasado, llegando a encargarse de más de 1.100 procesos incoados, lo que representa una subida cercana al 58% con respecto al volumen de expedientes vistos en cursos precedentes.

La crisis financiera y laboral también ha hecho mella en la actividad del Juzgado de lo Mercantil, que ha visto «desbordado» al ver cómo se ha disparado la entrada de expedientes, registrando en el 2008 un movimiento superior a los ochocientos asuntos. El curso se cerró con 440 casos pendientes.

En cuanto al resto de partidos judiciales de la provincia -Cuéllar, Sepúlveda y Santa María la Real de Nieva- no precisan ampliación alguna, pese a las necesidades coyunturales por las que atraviesa el juzgado sepulvedano.

Efectivos escasos

Además de las infraestructuras, los efectivos humanos disponibles son el otro caballo de batalla. El presidente de la Audiencia segoviana subraya que es «imprescindible» reforzar el personal, sobre todo ante «la escasez de plantilla del Juzgado de lo Penal, del registro Civil y del Juzgado de Santa María la Real de Nieva».

Por lo que respecta a los medios tecnológicos, Andrés Palomo confía en que el sistema de notificación Lexnet se consolide a lo largo del actual ejercicio, ya que, «aunque se han cambiado los ordenadores, no parece que sea inmediato su funcionamiento».

Por último, el presidente de la Audiencia reitera la necesidad de levantar un complejo único donde se ubiquen de manera conjunta y racional los juzgados de la capital segoviana.

Fuente: nortecastilla.es

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sábado, abril 18, 2009

Aguilas: El Juzgado de Paz inauguró nuevas instalaciones

“Tras 32 años prestando servicio en la calle Sánchez Fortún, el Juzgado de Paz estrena hoy unas nuevas dependencias mucho más óptimas para dar servicio a los ciudadanos”. Estas eran las primeras palabras de Domingo López, juez de paz del municipio, tras la inauguración, el pasado miércoles, de las nuevas instalaciones ubicadas en el edificio del Hospital-Residencia San Francisco, situada en la Avenida Juan Carlos I, 85.


El nuevo edificio, atendido por cinco funcionarios, estará abierto al público de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas y en el mismo se desarrollarán actos de conciliación; diligencias de comunicación, como notificaciones, citaciones, requerimientos y emplazamientos, todas ellos delegadas por exhortos de otros juzgados o tribunales; ratificaciones de denuncias; requerimientos para la presentación de documentos,pagos de multas o entregas y devoluciones de permisos de conducir; funciones de registro civil; matrimonios; y juicios de faltas cuando así lo determinen otros Juzgados de Instancia. No obstante, López precisaba que “es la función de Registro Civil la que más actividad proporciona”.

En cuanto a las dependencias del Juzgado de Paz, Domingo López, encargado de guiar esta primera visita, destacó que “el Juzgado cuenta con una sala de atención general en la que además se ubica el Registro Civil, atendido por dos funcionarios; una sección penal y otra civil; una secretaría y una sala de vistas”.

Asimismo, el nuevo Juzgado de Paz cuenta con un extenso archivo compuesto por tomos que van desde 1870 hasta la actualidad. Sobre este asunto López adelantó que “el Ayuntamiento está trabajando para la restauración de algunos de ellos, aunque lo ideal sería la digitalización de los mismos; algo que-continuó diciendo- depende de la Gerencia de Justicia por lo que su realización aún está muy verde”. En lo referente a la financiación de este local, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de los gastos de adecuación, mientras que la Gerencia de Justicia ha sufragado el mobiliario.

Juzgado de Primera Instancia

Por su parte, el primer edil, Juan Ramírez, mostró su satisfacción con un edificio que, aseguró, “está dotado adecuadamente para dar servicio a la sociedad. No obstante-precisó Ramírez- lo que me hubiese gustado, a mi y a todos los aguileños, es que hoy estuviésemos inaugurando el Juzgado de Primera Instancia”.

En este sentido, el primer mandatario aguileño recordó “que, pese al compromiso de los dos ex ministros de Justicia que han visitado la localidad, López Aguilar y Fernández Bermejo, de modificar la Ley de Demarcación y Planta para que la localidad recuperase el Juzgado que tuvo en su día, eso no ha sucedido”.

Asimismo, Ramírez manifestó que “el local que se ofreció en su momento, ubicado en las dependencias municipales del edificio del Placetón, para acoger el Juzgado continúa disponible y estamos convencidos de que cuando las competencias de Justicia sean transferidas a la Comunidad Autónoma, lograr nuestro objetivo será mucho más fácil”.

Finalmente, José Guillén, ex juez de paz de Águilas del año 1970 al 1972 y presente también en la inauguración, recordó la historia de las dependencias judiciales en nuestro municipio. “De 1903 a 1947 Águilas contó con un Juzgado Municipal; posteriormente pasó a calificarse como Juzgado de Distrito, para convertirse finalmente en Juzgado de Paz el 28 de diciembre de 1988, debido a la modificación de la Ley de Demarcación y Planta”, relataba Guillén.

Fuente: la-actualidad.com

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El Poder Judicial marca las horas de los jueces

Los jueces no podrán dedicar más de 11 horas de promedio a un concurso de acreedores, dos horas a cada expediente de regulación de empleo, seis a las liquidaciones de régimen matrimonial o algo menos de tres y media a los procesos de nulidad, separación, divorcio y modificación de medidas. Así consta en la propuesta que sirve de base para fijar los nuevos módulos de entrada de trabajo en los juzgados y en los tribunales, que actualmente está siendo debatida en diferentes grupos de trabajo, por representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los tribunales especializados.


Los juzgados de Primera Instancia y la Inspección del CGPJ han tratado de promediar las actuaciones más comunes con las más excepcionales para ir añadiendo complejidad a los datos en un intento de aproximar los horarios a la realidad de los tribunales.

Fracciones de hora

De esta forma, ahora se discute en las áreas del Derecho Civil y del Penal, sobre los ajustes que tienen que aplicarse a los 15 minutos máximos concedidos para los juicios monitorios civiles (para pequeñas cantidades, fundamentalmente utilizados para impagos en alquileres) o para las ejecutorias de sentencias penales o la media hora para los juicios monitorios mercantiles (para pequeñas cantidades).

Estos periodos de tiempo no se refieren sólo al trabajo en Sala, sino también al tiempo necesario para leer y estudiar los documentos, decidir las medidas necesarias y resolver los expedientes.

El trabajo desarrollado en estos grupos de trabajo es fruto de la anulación por el Tribunal Supremo del Reglamento de la Ley de Retribuciones y por la necesidad de adaptar las cargas de trabajo a las actuales exigencias de los tribunales, fundamentalmente en el caso de los mercantiles y laborales, que han visto incrementar exponencialmente su trabajo como consecuencia de la crisis económica.

En los trabajos realizados hasta ahora, se ha establecido el total de horas de trabajo de cada tribunal en 1.404 horas. Entre estas horas máximas hay que repartir los asuntos que entren en cada tribunal hasta completarlas.

Ese número de horas se obtiene de las 1.672 horas anuales registradas en los convenios laborales de los funcionarios, a las cuales se le han restado 112 horas dedicadas a formación, lo que supondría partir de 1.560 horas. Sobre este número de horas se ha procedido a efectuar una reducción de un 10 por ciento en concepto de actividades de difícil o imposible valoración.

Se han realizado distintos informes sobre las posibilidades de aplicar estos conceptos a los juzgados civiles, penales, mercantiles, sociales y contenciosos, mixtos y de violencia sobre la mujer.

En la memoria elaborada por los juzgados de Primera Instancia y de Instrucción se apoya este método de trabajo de las mesas y las 1.404 horas de trabajo, porque "es sabido que la distribución del total entre las distintas categorías de asuntos suele responder a ciertas pautas, sino invariables, sí al menos relativamente estables; por ejemplo, predominan los monitorios sobre los demás, los verbales superan a los ordinarios, son escasos los jurados y los sumarios y, en fin, otras muchas que podrían mencionarse".

Materias complejas

Por el contrario, los tribunales especializados, como es el caso de los juzgados y de las secciones exclusivas de lo Mercantil, los representantes de los jueces y magistrados consideran que sus "especiales características" hacen que "las materias que la Ley atribuye a su competencia sean todas ellas complejas, generen en muchas ocasiones una considerable carga de trabajo y den lugar a vistas que se prolongan durante horas o incluso días".

En la única memoria publicada hasta el momento, en esta mesa de trabajo, se muestra el desacuerdo con el modelo planteado, por cuanto consideran los jueces mercantiles, que su labor se centra en resolver y celebrar vistas, por lo que "no puede compararse sin más con la de la función pública, como si el contenido de la labor del juez fuera el mismo que el del auxiliar, o la de cualquier otro trabajo general, como tampoco sería asumible que un médico atendiera pacientes o realizara intervenciones siete horas y media diarias, como estándar de su actividad".

En la memoria se preguntan por la duración del juicio ordinario y se contestan que "pretender objetivar ese dato es una tarea inútil, además de no sentarse las bases sólidas, sencillamente, porque no es posible.

Además, estiman que el caso del concurso es especial, porque no sólo deben tenerse en cuenta los incidentes que se generen, sino la implicación del juez en multitud de aspectos y que el titular del juzgado sea capaz de conocer el estado de los procedimientos. Por ello, si en algo están de acuerdo los representantes de la Inspección del CGPJ y de los juzgados mercantiles es en que "debe desecharse la idea de asumir concursos en masa".

Finalmente, se afirma en el texto, que a la insuficiencia en el número de órganos se une "la complejidad de los asuntos y la presión que ha supuesto la crisis económica, que dispara aún más las cifras".

Ésta es una de las cuestiones fundamentales que jueces de toda España debatirán en sus asambleas el próximo 27 de abril, de cara a una posible huelga de dos horas de duración los días 18 y 19 de mayo, ensayo de la del 26 de junio.

Fuente: eleconomista.es

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Las Palmas: Condenan al ex presidente de la Audiencia por favorecer a un narco

José Antonio Martín Martín, ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, fue condenado a un año y seis meses de suspensión y multa de ocho meses por actividades prohibidas a funcionarios al favorecer a un narcotraficante.


El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas José Antonio Martín Martín a un año y seis meses de suspensión y multa de ocho meses por actividades prohibidas a funcionarios al favorecer a un narcotraficante.

La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal contó con el voto particular en contra de uno de los tres magistrados del tribunal, Javier Varona Gómez-Acedo, quien considera que su compañero no cometió delito alguno, aunque ha quedado probado que aconsejó para la puesta en libertad del narcotraficante.

El otro acusado en esta causa, el empresario Wilebaldo Luis Yanes, amigo del magistrado, ha sido condenado como cooperador necesario en el delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos a ocho meses de inhabilitación para cargo público y a una multa de cinco meses con cuota diaria de 30 euros.

El tribunal señala que no quedó acreditado que el magistrado prestó asesoramiento jurídico ocasional movido por el afán de obtener un lucro ilícito y sostiene que en el caso de Martín "se cumplen todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo del delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos".

El asesoramiento o consejo dado por Martín "comprometió la imparcialidad del presidente de la Audiencia de Las Palmas, menoscabó su deber de exclusividad, y provocó una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública", por lo que entiende que ha de ser objeto de persecución penal.

Según los hechos probados, Martín dio instrucciones a Wilebaldo Luis Yanes de cómo debía actuar el narcotraficante Rafael Bornia, para que se le concediera la libertad con fianza en una vista en la que se iba a resolver un recurso de apelación sobre su situación de prisión provisional y en la que él sabía que iba a ser el magistrado presidente.

Además, momentos antes de iniciarse la vista, celebrada el 28 de julio de 2005, el magistrado se acercó al fiscal Antidroga Javier García Cabañas y le preguntó por la posibilidad de que la Fiscalía, modificando su criterio anterior, pidiese la libertad de Rafael Bornia.

Ante la negativa del fiscal, el magistrado interesó una petición de libertad con una "alta fianza", que también fue rechazada.

Así mismo, al finalizar la vista y en el momento de la deliberación entre los magistrados que componían la sala, Martín se apartó del criterio que había mantenido en casos similares y votó en solitario a favor de que se acordase la libertad provisional a Rafael Bornia, que posteriormente fue condenado por un delito de tráfico de droga.

Los otros dos magistrados rechazaron la propuesta de Martín, quien "no cejó en su empeño y se enfrentó a la negativa de estos interesando "insistentemente" de sus compañeros un cambio de criterio, sin éxito.

Martín, en ningún momento, advirtió a los dos magistrados de los contactos, encuentros y conversaciones mantenidas directa e indirectamente con el hermano de narcotraficante, Julio Bordón, que fueron conocidos por la Justicia a raíz de las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación del "caso Eólico" dirigida por el juez Miguel Ángel Parramón.

Julio Bordón, quien conocía desde 2001 al otro acusado Wilebaldo Luis Yanes y de su amistad con Martín, que a su vez le había juzgado también a él por la misma causa que a Rafael, para conseguir la libertad provisional de su hermano pidió ayuda al empresario, quien se ofreció a colaborar en tales gestiones e interceder ante su amigo.

Para ello, organizó una cena el 5 de mayo de 2005, meses antes de la vista, en la que coincidieron Julio Bornia, el propio Luis Yanes, el magistrado y otras dos personas ajenas al motivo del encuentro.

La sentencia, en sus fundamentos de derecho, rechaza todas la cuestiones previas formuladas por las defensas de los dos acusados.

Tras descubrirse el delito, José Antonio Martín Martín fue apartado provisionalmente del cargo el 19 de enero de 2006 y posteriormente fue expedientado por el Consejo General del Poder Judicial, quien había dejado pendiente su resolución hasta conocer la sentencia.

Fuente: gaceta.es

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jueves, abril 16, 2009

Castilla y León: El TSJ pide a Justicia la creación de 39 unidades judiciales para 2010

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha solicitado al Ministerio de Justicia la creación de 39 unidades judiciales en la Comunidad para 2010, según anunció este miércoles en Burgos su presidente, José Luis Concepción, durante la presentación de la Memoria Judicial de 2008.


Concepción reconoció que "el Ministerio quizá no pueda afrontar la creación de 39 unidades judiciales de modo inmediato e inminente". Si bien añadió que han querido "concienciar y transmitir" su preocupación para que "se atienda en una décima parte o en una parte muy pequeña las necesidades del territorio".

De esta forma, manifestó: "Que se nos vuelva a dar para el año 2009 la creación de seis unidades judiciales, que para el año 2010 se nos diga que hay cuatro porque hay que compensar con otros territorios. Si no se atiende esa necesidad el año que viene a lo mejor se necesitan más". Concepción también apuntó que la creación de estas nuevas unidades judiciales "se puede afrontar perfectamente en dos años".

Se trata de la séptima plaza de magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Burgos, y la decimosegunda plaza de magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid del TSJ. Por provincias, en Ávila, la cuarta plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 y el Juzgado de lo Penal Número 2.

En Burgos, la undécima plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, el Juzgado de Primera Instancia, el número 8; el Juzgado de Violencia de Género Número 1, el Juzgado de lo Social Número 4, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Aranda de Duero y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Miranda de Ebro.

En León, la undécima y duodécima plazas de magistrado en la Audiencia Provincial o, alternativamente, Sección desplazada en la localidad de Ponferrada con competencia para el conocimiento de los asuntos provenientes de los partidos judiciales de Ponferrada y Villablino; el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3, el Juzgado de Primera Instancia Número 10, al que cabría atribuir con carácter exclusivo y excluyente las competencias en materia de familia e incapacidades; el Juzgado de Primera Instancia Número 11; la conversión del Juzgado de Primera Instancia Número 8 en Juzgado de lo Mercantil Número 1; el Juzgado de Violencia de Género Número 1; el Juzgado de lo Social Número 4; y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 8 de Ponferrada.

En Palencia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 y el Juzgado de lo Penal Número 2. En Salamanca, la sexta plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, el Juzgado de Instrucción Número 5 o, alternativamente, Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1; el Juzgado de Primera Instancia Número 9; la conversión del Juzgado de Primera Instancia Número 4 en Juzgado de lo Mercantil Número 1; y el Juzgado de lo Social Número 3.

En Segovia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 y el Juzgado de lo Penal Número 2. En Soria, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5. En Valladolid, el Juzgado de lo Mercantil Número 1, el Juzgado de Primera Instancia Número 14, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4, el Juzgado de lo Social Número 5, el Juzgado de Instrucción Número 7, el Juzgado de Violencia de Género Número 2, y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Medina del Campo.

Finalmente, en Zamora los juzgados de Primera Instancia e Instrucción Número 6 y Número 7 o, alternativamente, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 y Juzgado de Violencia de Género Número 1; y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Benavente.

"Política de goteo"

El presidente del Alto Tribunal de la Comunidad pidió al Ministerio que abandone "esta política de goteo" y que "atienda, de una vez por todas, con un plan ambicioso y responsable de presupuesto las necesidades de planta que le proponemos". "Debe afrontar esta asignatura pendiente", demandó, a la vez que recordó que "algo es algo y el ministro ha prometido 600 millones de euros para poner en marcha el Pan Modernización de la Justicia".

Acerca de su encuentro el pasado 30 de marzo con el ministro de Justicia, Franscisco Caamaño, en la inauguración de los nuevos Juzgados en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Concepción subrayó que "pocas conclusiones se pueden sacar porque fue un acto protocolario aunque le pude esbozar por encima las necesidades del territorio". También señaló que le comunicó su interés por mantener una reunión "para situarle más de cerca en estas necesidades y la evolución de los tribunales en estos últimos años", dijo.

"Persona dialogante y accesible"

Aún así, Concepción calificó al responsable de la cartera de Justicia como "una persona dialogante y accesible", así como "gran conocedor de los juzgados". En este sentido, relató: "Llegué a caer en el convencimiento de que debido a su extracción universitaria y no profesional podía tener un conocimiento menor del día a día de un juzgado pero como hijo de abogado de un pueblo gallego me demostró que conocía perfectamente y desde la infancia el trabajo diario de un juzgado, y eso me tranquilizó".

"No hemos vuelto a la época de los catedráticos, afortunadamente, y al parecer seguimos contando con un ministro de Justicia que conoce el día a día de un juzgado y eso es bueno para nosotros", apostilló. En cuanto a la situación de la negociación del traspaso de las competencias en materia de justicia aseguró que "lo ignoro", ya que según matizó "el TSJ se mantiene al margen de este proceso negociador y será el Ministerio y la Junta quien tenga que darle un nuevo impulso".

Fuente: elmundo.es

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Málaga: Torres Vela confía en que el Mercantil bis esté en funcionamiento en dos o tres meses

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para Andalucía y Extremadura, Manuel Torres Vela, confía en que el juzgado bis o de apoyo con el que se reforzará el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga esté en funcionamiento "en dos o tres meses".


Torres Vela, que participó en una nueva edición de los 'Desayunos con abogados', organizado por el Colegio de Abogados de Málaga, recordó, en declaraciones a los periodistas, que el titular de dicho órgano hizo antes de Semana Santa esa petición al Consejo, a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En este punto, indicó que la solicitud aún no ha entrado en el órgano de gobierno de los jueces, pero adelantó que "la voluntad que tiene el Consejo, a la vista de los datos estadísticos, es que se ponga en marcha lo antes posible". En su intervención, recordó que la puesta en marcha del segundo juzgado se adelantó a abril.

Por otro lado, se refirió también a la solicitud realizada por el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA en Málaga para poner en funcionamiento en esta sala un plan de urgencia que supone que los jueces "se comprometen a incrementar su actividad a costa de su descanso, pero a cambio de una retribución económica, como es lógico".

Apuntó que ese plan "fue informado favorablemente" por el TSJA y por el CGPJ y, posteriormente, se remitió al Ministerio de Justicia, "que tiene que aprobarlo a efectos económicos, tanto en cuanto a abono de cantidades a magistrados como a la dotación de personal auxiliar correspondiente", departamento que aún no se ha pronunciado.

Torres Vela indicó que el objetivo es "desatascar la Sala", aunque reconoció que hasta ahora los planes de refuerzo "no han dado la respuesta deseada" en este caso, lamentando que casi todas las salas de esta jurisdicción de España presentan "situaciones de atraso alarmante".

No obstante, consideró que habrá que seguir insistiendo en medidas coyunturales de este tipo que "se viene realizando en toda España y en todos los órganos sobrecargados", recordando, por ejemplo, que los juzgados números 1, 2 y 5 de Marbella (Málaga) cuentan con apoyos similares.

SALA PENAL

Asimismo, en su intervención ante abogados malagueños, Torres Vela se mostró optimista ante la creación de una sala penal del TSJA en Málaga una vez se implante la segunda instancia en esta jurisdicción, asegurando que será "un compromiso personal mío" y una decisión que, espera, "no planteará polémica".

En este sentido, dijo a los periodistas que no se puede hablar de fechas puesto que "la reforma legislativa ni siquiera ha tenido entrada en el Congreso de los Diputados", aunque indicó que "la voluntad del Ministerio es presentar en las Cortes el proyecto de ley para instaurar la segunda instancia penal" de forma separada.

Explicó que "si se instaura, algo que viene impuesto por los tribunales europeos que ya han condenado a la nación en varias ocasiones por esta cuestión", hará falta la creación de salas de lo penal "en todos los tribunales superiores para conocer de los recursos contra las sentencias de las audiencias provinciales".

"Málaga, por sus características, creo que tiene asuntos de entidad y en cantidad suficientes para disponer de esa sala", dijo Torres Vela, quien confió en que "cuando se lleve a cabo su creación, efectivamente se quede en Málaga".

Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que absolvió al juez Francisco Javier de Urquía del delito de prevaricación y le condenó por cohecho, pero sólo a multa e inhabilitación, no quiso pronunciarse y sólo expresó "respeto a esa resolución, aunque la opinión pública es libre de criticar y valorar esa decisión".

Apuntó que una vez agotada la vía judicial y que se notifique la sentencia, el expediente administrativo, que se abrió en su día por el Consejo por esta causa y que estaba paralizado, "se reabrirá y seguirá su curso".

Fuente: europapress.es

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Gays y lesbianas denuncian que la ley de violencia de género no les protege

La Confederación Española COLEGAS de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales ha denunciado que la Ley Integral de Violencia de Género no les protege y ha exigido un cambio urgente de la normativa para que las parejas de gays y lesbianas estén incluidas.


Tras conocer el asesinato de un homosexual en Adra (Almería) por parte de su ex marido y el posterior suicidio de éste, la organización ha recordado que la violencia doméstica entre parejas homosexuales es una realidad invisible, que no se denuncia, y que la actual ley no reconoce.

"Los gays y lesbianas no podemos acogernos a la actual ley para obtener el alejamiento de nuestras parejas en caso de violencia, y al acceso a centros de acogida", ha declarado la vicepresidenta de COLEGAS, Rosa Ortega, en un comunicado de prensa.

Además, ha afirmado que es "completamente falso que dentro de la ley existan mecanismos similares a los de las parejas heterosexuales para combatir este tipo de violencia y obtener protección", y ha acusado de "homófobos" a quienes afirmen que con la ley no están desprotegidos.

COLEGAS ha considerado que es necesario romper con el mito de que en las relaciones homosexuales no existe el maltrato y ha recordado que, según un informe publicado en la revista gay norteamericana "Advocate", el 32,2 por ciento de este tipo de parejas gay-lésbicas sufren abusos en su hogar.

Fuente: Libertad Digital

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miércoles, abril 15, 2009

Interior prepara un protocolo para regular el traslado de los presos a los juzgados


El Ministerio del Interior está elaborando un protocolo de actuación para que sea aplicado por las Fuerzas de Seguridad del Estado en todos los traslados de presos desde los centros penitenciarios a los juzgados y evitar casos como la fuga de Astri Bushi.


Según anunció el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la sesión de control al Gobierno del Senado, se trata de "elaborar una sola instrucción para regular de forma conjunta el procedimiento para cuando haya que trasladar a un preso". Habitualmente, esas instrucciones son elaboradas por la Secretaría de Estado de Seguridad y van firmadas por su titular, Antonio Camacho.

Bushi quedó en libertad en el juzgado de Alcobendas tras decretar el juez la misma por los delitos por los que le acababa de interrogar. Sin embargo, Bushi había sido trasladado desde la cárcel y a ella tenía que volver para seguir encarcelado por otras causas. Jueces y policías se culparon mutuamente del error. Para Rubalcaba, se trata de "una suma de actuaciones erróneas, algunas claramente policiales y otras actuaciones anómalas del juzgado" que, dijo, a él no le corresponde comentar.

El ministro reconoció que se trataba de un hecho "gravísimo", pero añadió que se trata de "un hecho excepcional" porque todos los días son "cientos" los presos que son trasladados a los juzgados y devueltos con normalidad a la prisión. "Ese trabajo es debido al buen trabajo de la Policía, la Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias, de los jueces y los fiscales", dijo Rubalcaba.

Pregunta del PP en el Senado

El ministro contestaba a una pregunta del senador popular Luis Peral sobre la puesta en libertad por error de Bushi y de uno de sus lugartenientes, detenido tres días más tarde. Peral culpó a "una deficiente informatización" del sistema judicial y añadió que la coordinación entre la Policía y la Guardia Civil "deja que desear".

El senador popular concluyó que un preso parece tener más posibilidades de huir cuantas más causas acumule y, por tanto, más traslados al juzgado tenga que cumplir. "Un Estado tan eficiente a la hora de recaudar impuestos no puede consentir estas ineficiencias a la hora de proteger a sus ciudadanos", añadió.

A continuación, Luis Peral citó lo que consideró derroches del Gobierno, tales como mantener los ministerios de Igualdad y Vivienda, la cúpula de Barcelón, los viajes de la vicepresidenta, el incremento de un 21 por ciento de los altos cargos, decoraciones lujosas de despachos o la propia Alianza de Civilizaciones. Ante este panorama, Peral calificó a Rubalcaba de "asceta franciscano rodeado de manirrotos que derrochan el dinero de los contribuyentes".

Fuente: Libertad Digital

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La justicia gallega se sitúa a la cola del Estado en inversión por habitante

A pesar de las constantes quejas por la lentitud y la saturación que sufren algunos órganos judiciales, la justicia gallega sigue sin estar entre las prioridades económicas de la Administración autonómica y central. La inversión que se destina cada año en la comunidad autónoma a este capítulo apenas llega al 0,16 por ciento del PIB, la mitad de lo que se aporta en el conjunto de España.


Galicia, de hecho, está a la cola del Estado en cuanto al gasto por habitante y, a mucha diferencia además del resto de autonomías. A esto hay que sumar el déficit de jueces. Sólo 11 por cada 100.000 habitantes cuando en el Libro Blanco de la Justicia en Galicia, promovido por la Consellería de Presidencia, se considera recomendable que haya unos 14 por cada gallego, lo que obligaría a incrementar el número de magistrados en un 30 por ciento.

Pero más grave aún que la falta de personal es la escasez de inversiones. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que en Galicia la inversión por habitante no llega ni a la mitad de lo que se gasta de media en España: 31 euros frente a los 70 de España.

Entre las autonomías que cuentan con sus propios tribunales superiores de justicia, la comunidad gallega sólo destina a su sistema judicial una cantidad aproximada de 87 millones de euros al año. Sólo Navarra invierte menos, pero también tiene menos población. Así, si se atiende al gasto por habitante la cifra que recibe la justicia gallega es de 31 euros, una cifra muy inferior a los 48 euros que reciben los juzgados navarros o a los 49 que se gastan en Andalucía.

Estas cifras sirven al comité de expertos que ha elaborado el Libro Blanco de la Justicia –jueces, abogados, juristas...– para denunciar la “insuficiencia de medios” que sufre la justicia en Galicia. Según argumentan, la cantidad de dinero que se invierte en los juzgados y tribunales gallegos en comparación con otras áreas es “mínima”. Por ejemplo, en sanidad el gasto asciende a casi un 7 por ciento del PIB y en educación es del 3,5 por ciento, mientras que en el sistema judicial de la comunidad autónoma los recursos económicos que recibe representan sólo el 0,16 de su Producto Interior Bruto.

Y en personal tampoco anda sobrada la justicia gallega. Si la plantilla en Galicia es de 106 personas por cada 100.000 habitantes, en España esta cifra se eleva a 112.

Aunque la tasa de jueces por habitante es un punto superior a la media nacional (que es de 10 por cada 100.000 ciudadanos),esto no elimina el “déficit” de magistrados en la comunidad autónoma, ya que la situación en España tampoco es buena. Con 4.500 jueces en todo el territorio nacional tampoco se alcanza la tasa recomendada de 14 magistrados.

En lo que sí está peor Galicia en relación al resto del Estado es en cuanto al número de abogados y funcionarios que trabajan en los juzgados gallegos. La tasa de 202 letrados por cada 100.000 gallegos está lejos de los 258 que hay en España.

Fuente: farodevigo.es

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Guatemala: Habilitarán 3 autobuses como juzgados de paz itinerantes

El Organismo Judicial habilitará tres buses destinados a ser juzgados de paz penal móviles, que tendrán la función de facilitar el acceso a la justicia para los ciudadanos que están alejados de las sedes fijas de los tribunales.


Beatriz Ofelia de León, magistrada de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, señaló que después de un estudio conjunto con el Ministerio Público (MP) y la Unidad de Género del Organismo Judicial se concluyó que las solicitudes de medidas de seguridad para personas víctimas de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer se han incrementado en los últimos meses por lo que hace necesario agilizar ese proceso.

Para principios de mayo próximo, llegarán de forma rotativa los tres nuevos juzgados de paz penal itinerantes al edificio central del MP, ubicado en el barrio Gerona, zona 1.

Los juzgados móviles trabajarán los cinco días hábiles de la semana en horario de 9.30 a 16.30 horas, ya que la afluencia después de ese período es menor y los juzgados de turno están abiertos las 24 horas.

“Que mejor que las atienda de forma inmediata un juez, les de la medida de seguridad que necesiten y que no sean revictimizadas las personas”, expresó de León.

Estas acciones pueden evitar las muertes de mujeres que ocurren innecesariamente en el país, enfatizó la magistrada.

La Fiscalía de la Mujer atiende un promedio de 15 mujeres diarias que han sido víctimas de violencia intrafamiliar.

En la mayoría de denuncias se menciona a la pareja o conviviente como responsable de las agresiones. Para los fiscales a cargo es curioso que en ocasiones, la víctima desconoce el nombre completo de su victimario.

Otros casos frecuentes son aquellos en los que mientras la mujer presenta una denuncia en el MP, los convivientes se han adelantado con una acción similar en algún juzgado para lograr medidas cautelares contra la mujer y quedarse con los niños.

Con anterioridad, ya funciona un juzgado móvil en la capital y otro en Quetzaltenango. Estos nuevos juzgados también pretenden descongestionar los juzgados de familia que se han visto cargados de trabajo.

De León comentó que hacen un estudio en San Marcos, Petén y Huhuetenango, lugares en los que se podrían implementar siete juzgados de este tipo.

Lugares de visita

Los juzgados móviles llegarán al Cerrito del Carmen y cerca de la iglesia La Recolección, en la zona 1; a la colonia La Florida, zona 19, Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco y Santa Elena Barillas. Estarán ubicados en los municipios donde el trabajo de los juzgados es fuerte.

El personal que viajará en estas unidades está integrado por un piloto, un juez de paz, un secretario, un oficial, un notificador y un guardia de seguridad del Organismo Judicial. El notificador deberá notificar a los vecinos la presencia de los juzgados para que aquellos que necesiten realizar alguna diligencia estén enterados de la calendarización en cada uno de los sectores que serán visitados.

Fuente: prensalibre.com

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martes, abril 14, 2009

Fuga en los juzgados de Parla

Kamal A., marroquí de 18 años, debería haber ingresado el lunes 6 de abril en un centro de menores. Pero no lo hizo. En un alarde de rapidez de reflejos, agilidad y velocidad, mezclado con el despiste de los policías que lo custodiaban, logró escapar de los juzgados de Parla, donde rendía cuentas por un intento de robo en una vivienda. Se deshizo de los agentes que trataban de esposarle, saltó una valla de tres metros y escapó sin que nadie fuese capaz de darle caza.


La noche del viernes 3 de abril, Kamal, junto con un compatriota, forzó la entrada de un piso de Parla con intención de robar. El dueño de la misma alertó a la policía. Tanto Kamal como su compinche pasaron el fin de semana detenidos. Llegaron a los juzgados de Parla sobre las 9.30 del lunes 6 de abril, acompañados por una escolta policial.

Una vez en el interior de los juzgados, los dos arrestados fueron conducidos ante el juez de guardia. Sobre Kamal pesaba una reclamación de un centro de menores, del que se había fugado semanas antes, por lo que el magistrado decidió que fuese trasladado hasta allí. El otro detenido quedó en libertad a la espera de juicio.

A partir de ahí, nada se produjo según lo esperado. El joven marroquí fue conducido por dos agentes de nuevo hasta la zona de calabozos del juzgado para, una vez allí, esposarle y meterle en el coche patrulla que debía trasladarle hasta el centro de menores. Sin embargo, en el momento en el que los policías se disponían a ponerle las esposas, Kamal empujó a uno de ellos, se abalanzó sobre el otro y salió a la carrera por una de las puertas.

Los miembros de la seguridad de los juzgados cerraron las puertas del perímetro exterior. Pero fue inútil. Según indicó un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Kamal saltó con agilidad una valla de unos tres metros de altura y huyó a la carrera. Ninguno de los policías que lo custodiaban pudo seguirle. Los juzgados de la localidad se encuentran a poca distancia de la zona centro de Parla, lo que facilitó que pudiera pasar inadvertido al confundirse entre la gente.

Un portavoz del Juzgado de Instrucción número 3 de Parla, que se encontraba de guardia ese día, explicó que, una vez informado de la huida del joven, el juez abrió un nuevo procedimiento por quebrantamiento de las medidas cautelares dictadas, al tiempo que dictó la orden de búsqueda correspondiente. Por el momento la policía no ha conseguido localizar al joven.

Ni los funcionarios ni el resto de trabajadores de los juzgados quisieron hablar del tema. La mayoría de ellos aseguraban que no sabían nada de la fuga de un detenido. Unos pocos asentían con la cabeza y sonreían tras ser preguntados. Pero de lo ocurrido, ni una palabra. Una trabajadora de uno de los siete jugados con los que cuenta el edificio comentaba de manera escueta: "Se montó un buen barullo". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recordó que la custodia de los detenidos es una labor que compete al Cuerpo Nacional de Policía o a la Guardia Civil.

La fuga fue posible gracias a que el detenido no llevaba puestas las esposas en ese momento. Fuentes jurídicas señalaron que es habitual que los presos no lleven grilletes en presencia del juez y que sean esposados una vez que son dirigidos de nuevo a calabozos. "No hay una manera fija de actuar, depende del tipo de delincuente", añadieron esas fuentes. No obstante, la Comisaría de Parla ha abierto expediente informativo a los agentes encargados de la custodia de Kamal.

Fuente: elpais.com

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Ceuta: Los Juzgados de lo Penal solicitan más personal

Los rumores sobre la posible creación de un nuevo Juzgado de lo Penal en Ceuta han ido aumentando durante las últimas semanas. Realmente, los responsables no creen que sea necesaria la instauración del nuevo órgano de momento, aunque esta inquietud despierta de nuevo el eterno debate sobre la necesidad de más personal judicial.


Josefa Vilar, secretaria del Gobierno de Justicia, desmintió los mencionados rumores afirmando que ella no tenía constancia de una petición similar. “A mí no me consta, por parte del Ministerio, que se haya realizado esa petición”, dijo. Lo que sí confirmó es que “los dos Juzgados de lo Penal de la ciudad han pedido más funcionarios” y que ella misma elevó esa inquietud a los estamentos superiores.

Concretamente, la petición realizada se ciñe a la necesidad de dos personas, un gestor y un tramitador. La llegada de ambos elevaría a los Penales de Ceuta hasta la media nacional de funcionarios de Justicia por órgano. Actualmente, esos juzgados cuentan con un trabajador menos, comparativamente. “Esto se debe a que disminuyeron las competencias. Hubo una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hizo que ciertas competencias de los Penales pasaran a la Audiencia, aunque luego volvieron a reformar la Ley y no se aumentaron las plantillas”, explicó Vilar.

Actualmente, la plantilla de los Penales está compuesta por aproximadamente nueve personas, entre tramitadores, gestores, secretario judicial y el juez. Si finalmente llegaran los nuevos funcionarios las plantillas contarían con un funcionario más que el resto de los Penales españoles, “hay que tener en cuenta que el trabajo aumenta considerablemente”, manifestó la responsable.

En lo que respecta al resto de Juzgados, la petición no les afecta, ya que están compuestos conforme a la media nacional.

Lo ideal en este tipo de casos es que las plazas se creen y se saquen a concurso, mientras tanto se cubrirían con personal interino. De momento parece que la labor la realizará personal de refuerzo.

Por otro lado, Josefa Vilar lamentó que el problema del arraigo afectara “a todo el organigrama de los distintos cuerpos”, lo que supone un problema de personal a corto plazo.

Visita de la subsecretaria de Justicia en abril

La llegada de un nuevo equipo ministerial al Gobierno deja pendientes de una reunión el grueso de cuestiones judiciales de la ciudad. Fuentes cercanas han confirmado que a finales del mes de abril, probablemente el día 22, se producirá una visita para conocer el estado de este territorio.

En el mismo encuentro, los responsables de Justicia abordarán los asuntos referentes a la nueva oficina judicial, a la posible creación futura de una ‘Ciudad de la Justicia’ y a la problemática existente en Ceuta. Igualmente, estudiarán la forma de afrontar y resolver las cosas que queden pendientes.


Supresión del traslado forzoso

El traslado forzoso tras un ascenso provocó que muchos jueces vinieran a Ceuta. Actualmente, diferentes asociaciones judiciales están intentando que se suprima. Desde un punto de vista profesional, esta opción sería muy buena, aunque puede traer problemas a Ceuta, que es una plaza poco demandada.

Fernando Tesón, magistrado de la Audiencia Provincial, comentó que “Ceuta suele ser un destino poco apetecible para los jueces, aunque no creo que exista un motivo concreto”. Tesón defiende que habría que trasmitir a la opinión pública y a la carrera judicial “que Ceuta es una ciudad normal, como otra cualquiera, con sus ventajas e inconvenientes, donde se aplica la misma jurisprudencia y que, además, es muy apacible”.

Lo que temen muchos responsables es que, si finalmente se suprimiera el traslado forzoso, la gente dejara de venir a la ciudad.

Josefa Vilar, secretaria del Gobierno de Justicia, explicó que “en Ceuta existen una serie de complementos por residencia”, además de los propios beneficios fiscales de vivir en una ciudad extrapeninsular. Con todo ello, la demanda de este tipo de plazas es bastante baja, lo que da lugar a falta de personal, en ocasiones, y a completar plazas con personal sustituto.


La falta de arraigo es el problema principal

El tradicional problema de Ceuta se centra en la movilidad de los funcionarios. A nivel de jueces, el traslado forzoso beneficiaba a esta plaza, ya que casi todos los jueces que acceden a Ceuta llegan tras ser ascendidos a magistrados. En teoría, al llegar con esa categoría podrían quedarse en la ciudad hasta su jubilación si quisieran, pero no suele ocurrir así.

Fernando Tesón, magistrado de la Audiencia Provincial, sitúa el arraigo como principal escollo para la permanencia de los jueces. “Como generalmente todos han venido a través de un ascenso y traslado forzoso, en cuanto tienen posibilidad abandonan esta plaza”, dijo.

A esto hay que sumarle la petición de eliminar este sistema de traslados, lo que perjudicaría a Ceuta. “Si se suprimiera el traslado forzoso habría que cubrir las vacantes con jueces sustitutos, y eso sería un problema. No porque los sustitutos sean peores, sino porque sería difícil conseguir una estabilidad en los Juzgados”, comentó el magistrado. “Existe una tendencia a no permanecer en Ceuta mucho tiempo, y eso perjudica a los Juzgados”, dijo.

La tipología de delitos que se dan con más frecuencia en Ceuta son contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de inmigración clandestina, y contra la salud pública, de tráfico de drogas. En este sentido, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha creado precedentes dictando sentencias que han acabado con infracciones como ‘los motores humanos’ o ‘la operación Marinas’.

Sobre la necesidad de más agentes judiciales en los diferentes Juzgados, el magistrado comentó que “este problema afectaba más a jueces y magistrados, porque las plazas de los funcionarios se suelen cubrir con interinos”.

Igualmente explicó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “está elaborando un informe sobre la carga de trabajo que existe en el país y cuál es la que cada miembro de la carrera judicial puede soportar razonablemente”. A partir de estos datos se podrá determinar con claridad cuántos magistrados y funcionarios hacen falta en cada lugar.

Por su parte, la instauración de la nueva oficina judicial, que adquirirá un buen número de competencias a nivel administrativo y burocrático, supone un periodo de transición, lo que dificulta establecer las verdaderas necesidades o encontrar soluciones a largo plazo para las vacantes. La idea es ir estableciendo nuevos servicios comunes que cambiarán el concepto de órganos judiciales que se encargan de tramitar y resolver todos los asuntos. De esta forma se especializarían los nuevos servicios y se dedicarían a resolver todo lo referente a un área, por ejemplo a las ejecutorias.

El magistrado de la Audiencia Provincial matizó que “hasta el momento en que se instaure la oficina judicial habrá que ir cubriendo los medios personales necesarios en cada órgano”.

En lo referente a los Juzgados de lo Penal, Tesón afirmó que conocía la situación de carga que padecen. “Tienen más ejecuciones de lo normal. Esto, evidentemente, está dando problemas de carga de trabajo y por eso solicitan más personal”, puntualizó.

Fuente: elfarodigital.es

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