El juez Tirado abandona la jurisdicción penal a petición propia

El juez sevillano Rafael Tirado Márquez, sancionado por su retraso en ejecutar una condena de cárcel dictada contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, dejará la jurisdicción penal para incorporarse a la contencioso-administrativa. En fechas próximas, el magistrado cambiará de despacho para convertirse en el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla.


Fuentes judiciales confirmaron que el juez Tirado ha solicitado el traslado a dicho juzgado, vacante desde el pasado mes de abril, cuando su anterior titular, José Guillermo del Pino Romero, fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las fuentes detallaron que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha concedido el traslado a Tirado y ahora se está a la espera de que el nombramiento aparezca publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para optar a la plaza en el juzgado de lo contencioso, cuentan con preferencia las solicitudes de magistrados que lleven cinco años en esta jurisdicción y, si no hay ningún candidado, como ha ocurrido con la plaza adjudicada a Tirado, se valora el escalafón y los años de antigüedad en la carrera judicial, 17 en el caso del juez del caso Mari Luz.

Tirado tendrá que hacer ahora un curso de unos diez días que se le exige a todos los jueces que cambian de jurisdicción con un magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

'Huida' de los jueces de lo Penal

Aunque la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Sevilla es la más saturada de todas en la capital hispalense, con una tasa de congestión del 0,33, según el último informe del CGPJ, frente a la del 0,09 de los juzgados de lo penal, los penales también están en una situación dramática por el atasco en la ejecución de sentencias.

«Aquí hay mucho retraso, pero la tensión no es la misma», señala un magistrado que conoce bien la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De hecho, en los últimos meses se ha detectado una «cierta huida» de jueces desde los juzgados de lo penal a lo contencioso administrativo en Sevilla. Tirado, por lo tanto, no va a ser el primer juez que haga el cambio de jurisdicción.

Tirado se ha visto en el ojo del huracán desde que el pederasta Santiago del Valle fue detenido en marzo de 2008 por la muerte de la niña de Huelva y salió a la luz que había una sentencia firme de dos años y nueve meses de cárcel contra él, que debía ejecutar este juez, por haber abusado de su hija. En diciembre del año pasado, el CGPJ impuso a Tirado una multa de 1.500 euros por una falta de carácter grave, por los retrasos en ejecutar la condena a Del Valle.

La sanción generó una gran polémica porque el Gobierno reclamó insistentemente para Tirado una suspensión de tres años, con la que estaba de acuerdo el presidente del PP, Mariano Rajoy.

Cuando el Gobierno comprobó que el CGPJ no le había hecho ningún caso y había fijado en 1.500 euros la cuantía de la multa, anunció inmediatamente que modificaría el régimen disciplinario de los jueces «para evitar que hechos así puedan volver a repetirse», dijo el entonces el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

El caso Mari Luz

«La ley únicamente prevé la sanción de multa de 300,51 euros a 3.005,06 euros para las faltas de carácter grave que cometen los jueces, lo que constituye una decisión del legislador que, con independencia de la opinión que pudiera merecer, veda cualquier otra posibilidad que incluso pudiera parecer más adecuada», detalla la resolución de 84 folios del CGPJ en la que confirma la multa de 1.500 euros.

Tirado arroja la toalla en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla sin que la Administración haya dado soluciones al grave problema que sufren estos órganos a la hora de ejecutar las sentencias.

En toda Andalucía, los juzgados de lo penal acumulan ya casi 60.000 sentencias sin ejecutar, es decir un 29% más que en el año anterior, según el último informe del CGPJ referido a la actividad del año 2008. En Sevilla, el atasco es aún mayor, ya que el año pasado se cerró con 10.003 sentencias sin ejecutar, un 44% más.

Pese al atasco y al escándalo generado por el caso Mari Luz hace un año, lo cierto es que los juzgados siguen con las mismas herramientas de entonces porque ninguna de las medidas anunciadas está todavía operativa. Ni el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes anunciado por el Ministerio de Justicia ni el servicio común de apoyo para la ejecución de la Consejería de Justicia.

Fuente: elmundo.es

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Cantabria: El ministro de Justicia se compromete a ampliar las competencias

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha comprometido con el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, a aumentar las competencias de las comunidades autónomas en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia.


Así lo anunció el consejero cántabro tras reunirse con el responsable de Justicia en un primer encuentro de trabajo «intenso y positivo», en el que se han abordado, a juicio de Mediavilla, cuestiones «trascendentales» para la región y en las que se ha puesto de manifiesto el «pleno entendimiento entre el Ministerio y Cantabria».

En concreto, el titular cántabro ha solicitado al ministro aumentar el nivel competencial de las autonomías en materia de personal, con el fin de que el nuevo método organizativo que se prevé implantar con el nuevo sistema burocrático, denominado 'Oficina Judicial', sea un «éxito». Para ello, es necesario «clarificar las competencias de cada administración en materia de personal de Justicia», excluyendo jueces, fiscales y secretarios judiciales, señaló Mediavilla. El consejero reclamó una «mayor capacidad de mando en este ámbito», porque «la situación actual no funciona correctamente», opinó. El ministro coincidió «plenamente» con el planteamiento de Mediavilla, a quien comunicó que, salvaguardando unas cuestiones mínimas en materia de selección y de movilidad, será uno de los temas a tratar en la próxima Conferencia Sectorial con todas las comunidades autónomas, que se celebrará en junio.

Sistema piloto

Además, Caamaño transmitió al consejero que el Ministerio de Justicia contará con Cantabria para la implantación de una experiencia piloto en los registros civiles de Cantabria, encaminada a implantar un nuevo modelo de atención al ciudadano, con el objetivo de que se conviertan en servicios ágiles y cercanos, a través de la introducción de herramientas informáticas y telemáticas.

Según confirmó Mediavilla, el ministro de Justicia cree que Cantabria reúne las características adecuadas para desarrollar esta experiencia piloto, dado que tiene una firme apuesta por introducir las nuevas tecnologías en el seno de la Administración de Justicia. La experiencia se extenderá posteriormente al resto de España.

Secretarios judiciales

Por otro lado, Caamaño informó al consejero cántabro del estado de las reformas procesales para implantar la nueva 'Oficina Judicial' y mantuvo la fecha prevista para su puesta en funcionamiento: el 1 de enero de 2010. El consejero Vicente Mediavilla le mostró «la apuesta decidida de Cantabria por su implantación».

Fuente: eldiariomontanes.es

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Asturias: El Principado replica a los funcionarios que no convocará mesas sectoriales

El pulso entre el Ejecutivo autonómico y los sindicatos que representan al 80% de los funcionarios asturianos a propósito de la convocatoria de las mesas sectoriales de educación, justicia, sanidad y administración pública, lejos de debilitarse, se volvió más virulento. Fue después de que la portavoz del Ejecutivo autonómico, Ana Rosa Migoya, echase leña al fuego tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.


Migoya fue tajante: «Estamos trabajando según lo que establece el Estatuto del Empleado Público, que fija en sus disposiciones que el ámbito de negociación entre los empleados públicos y la Administración es la Mesa General de Negociación, en la que estamos trabajando con los sindicatos que están allí representados, que son los que son».

«El Gobierno está actuando conforme a la norma, sin desviarse ni un ápice, y está respetando los ámbitos de diálogo y de negociación sindical», zanjó Migoya, acusada por los sindicatos de motivar la amenaza de huelga a la que estarían llamados 35.000 empleados públicos si el Ejecutivo no convoca las mesas sectoriales.

UGT y CCOO (excepto la Federación de Educación) consideran que si la empresa, el Principado, es única, también debe serlo el ámbito negociador. Enfrente, diez sindicatos sectoriales y la Federación educativa de CCOO defienden sus espacios específicos de discusión. Así se hace, dicen, en todas las comunidades autónomas salvo en Asturias, y así debe hacerse, consideran, para que los asuntos particulares de cada tipo de profesional los negocien quienes los conocen mejor y no se gobierne en conjunto a un personal muy variopinto.

En esas mesas se sirven estas discrepancias que han articulado dos frentes a los dos lados de una controversia que tiene convocada una manifestación para el lunes y ha llamado a la huelga a los 35.000 funcionarios de la Administración regional. El artículo 34 del EBEP lanza el conflicto donde establece que «por acuerdo de la mesa general podrán constituirse mesas sectoriales». Y el 27 de abril, en la mesa general no hubo acuerdo. Votó en contra UGT, no se pronunció CCOO y los sindicatos sectoriales representados -los sanitarios CEMSATSE y USIPA- se quedaron solos frente a la Administración y los mayoritarios. Son éstos los que convocan las movilizaciones junto a ANPE, CSIF, la rama educativa de CC OO, SICEPA, USAE, SIMPA, STAJ, SUATEA y CSI.

Acusan al Gobierno regional de intentar «diluir» y «falsear» la representatividad de las centrales sectoriales. Se trata de que «no se traten los asuntos de sanidad con los de los bomberos», resume gráficamente Margot Marqués, secretaria general en Asturias del Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE). El modelo actual impide, a su juicio, que «asuntos inherentes a la actividad de los trabajadores sean tratados por los representantes que ellos han elegido» y responde al motivo legislativo del Gobierno con una particularidad de su sector. «Como personal estatutario que somos», afirma, «el estatuto marco obliga a negociar en mesas específicas».

José María Alejo, portavoz en Asturias del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), acude a un razonamiento similar. Porque también ellos tienen, dice, «un estatuto propio, integrado en la ley orgánica del Poder Judicial, que tiene rango superior al EBEP y establece que los empleados públicos de justicia deben negociar sus condiciones laborales con sus organizaciones sindicales representativas». A su juicio detecta que hay «dos sindicatos beneficiados, CCOO y UGT, que están perdiendo fuerza en el colectivo de empleados públicos y tal vez consideran que una forma de recuperar esas posiciones es vender al trabajador y ser ellos los únicos con capacidad negociadora».

Desde la enseñanza, Lucas Álvarez (CSIF) censura el «café para todos» del Principado, porque, «como docente, yo no sé cómo se organizan las guardias de una uvi».

En la otra trinchera, Luis Ángel Ardura, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, sustenta su postura contraria a las mesas sectoriales recordando que la ley no las exige y que en la general «no se desvirtúa ninguna negociación. Es mentira que no se aborden asuntos específicos, porque dentro de ella se forman mesas técnicas para tratar cuestiones sectoriales». A su juicio, hablando de dinero, «el pastel es el que hay y todo lo que se negocie para un grupo de trabajadores tendrá repercusión en el resto».

Por el mismo camino avanza Manuel Nieto, responsable de Administración pública en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. El problema, para él, «no es el nombre de la mesa, sino lo que se negocie. La ley establece que haya un ámbito único y nada impide que ahí se hable de cualquier tema específico». Sin salir de CCOO, José Ángel Piquero, responsable de la Federación de Educación, ilustra las visiones divergentes en el sindicato cuando valora la negativa a las mesas sectoriales como «un desbarajuste democrático. Por eso hemos pedido por registro que este asunto se incluya en el orden del día de la mesa general para que se vuelva a votar».

Fuente: elcomerciodigital.com , lne.es

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Andalucía: Entrevista con Begoña Alvarez, Consejera de Justicia y Administración Pública

No considera que más juzgados o más funcionarios sea la solución para acabar con los problemas de la Justicia ni que la falta de medios sea causa de las dilaciones. «La Justicia no está en una competición de belleza entre los servicios públicos», asegura.



—¿Qué le ha encargado Griñán como consejera?

—Ha planteado como línea prioritaria la seguridad jurídica. Tiene mucho que ver con la modernización de la Justicia y también una reforma de la administración pública. Poner los cimientos para que sea posible ese cambio de la administración de Justicia. Esos son los dos grandes encargos de esta consejería y mis metas conseguirlos con trabajo y con diálogo.

—¿Es un marrón la consejería de Justicia?

—Todas las consejerías tienen sus problemas y su lado más relajado. Pero Justicia es muy bonita y no la veo como un marrón sino como un reto. Como algo que tiene conexión con la cultura, la innovación, las nuevas tecnologías. La veo como algo más allá de la Justicia.

—¿Lo primero que está haciendo?

—Muchas cosas. Constituir un equipo técnico preparado y capacitado. La consejería no se ha parado, ha seguido trabajando. Y contactar con los colectivos que son corresponsables en la modernización de la organización judicial para comenzar el diálogo.

—¿Diálogo con quién?

—Con todos. El primer objetivo es la ciudadanía. La mejora del servicio público. El contacto tiene que ser con todos. El primero ha sido el Defensor del Pueblo porque quería conocer las quejas en materia de Justicia. También con los jueces, fiscales, secretarios, funcionarios y sindicatos. Con todos los sectores.

—Dice que no se ha parado pero ha habido un cambio profundo. ¿Eso supone empezar de cero? ¿No habrá continuidad?

—Ni mucho menos es empezar de cero. Muchas cosas se han hecho muy bien. Vamos a duplicar esfuerzos, seguir con los proyectos iniciados y poner en marcha otros. No ha habido parón. Los que han entrado son grandes conocedores del mundo de la Justicia. lo encargos son actuaciones que va a entender la ciudadanía.

—¿Para acercar más la Justicia porque no se entiende?

—La gente si entiende la Justicia. Sabe lo que hay pero hay que explicarle el porqué de las cosas, porqué los juicios tardan tanto.

—¿Acabar con la mala imagen de la Justicia?

—La justicia no está en una competición de belleza entre los servicios públicos. Solo compite para dar el mejor servicio a la ciudadanía. Me preocupa que la ciudadanía tenga un buen servicio más que la imagen que tenga.

—Pero la Justicia sigue teniendo la imagen de lenta, lejana, que no se entiende...

—Son hechos muy concretos los que trasladan una mala imagen. Pero la Justicia es un valor democrático de primer orden y valorado por la ciudadanía. Nuestros profesionales son grandísimos profesionales. Quizás lo que llega la ciudadanía es distinto de lo que hay. Queremos informar y que no se asocie el que el procedimiento tarda mucho a que hay falta de medios.Hay muchas y múltiples causas por las que se retrasan los procedimientos que no son por falta de medios.

—¿No es lenta por falta de medios?

—Es por muchas razones. Puede que una sea la falta de medios pero también tenemos unas leyes muy garantistas que permiten que la ciudadanía se defienda y con todo el tiempo necesario. Estas leyes permiten que todo sea susceptible de recursos. Cualquier multa de cien euros puede llegar al Tribunal de Estrasburgo. Hay dilaciones que no tienen nada que ver con la falta de medios. También es un servicio muy demandado.

—¿Hay un exceso de pleitos?

—Es que paradójicamente la gente confía en la Justicia como medio de resolución de conflictos. Se ha creado desconfianza por hechos concretos pero hay confianza en el sistema. Tenemos que trabajar para poner otros métodos de resolución de conflictos.

—Año tras año la memoria del TSJA denuncia la falta de medios pero cae en saco roto....

—Se ha hecho mucho y es curioso que parezca que se ha hecho poco. Se ha aumentado el presupuesto, la plantilla de funcionarios casi en mil efectivos. Las sedes que recibimos eran ruinosas. Pero hay que seguir. No es tanto una falta de medios como una reorganización. Lo que no sirve es una organización que pertenece al siglo XIX y que hay que adaptarla a la Andalucía del XXI. Eso requiere pasos intermedios. No se puede pasar de una organización concebida para una España rural a una adaptada a la Andalucía tecnológica del XXI sin dar pasos intermedios. Todos los juzgados están informatizados, sedes nuevas casi todos los partidos judiciales. Se atienden las necesidades de personal. Tenemos que dar pasos racionales porque si la organización no sirve, añadir más funcionarios no va a resolver el problema. Tenemos que resolver el problema desde la reforma de la organización.

—¿Tardará mucho eso?

—Habrá que tardar el tiempo necesario para que no se parchee y se tenga un sistema mejor. No es una carrera de obstáculos. Que podamos cambiar el modelo de manera que el servicio público mejore sustancialmente sin que tenga un coste excesivo.

—La oficina judicial ¿está parada?

—En la Oficina Judicial se está trabajando desde hace años. Es como una obra de un ferrocarril, primero hay que poner las vías y luego el ferrocarril y que sea de alta velocidad.

—Su antecesora quería mas competencias ¿Seguirá insistiendo en eso?

—Se va a insistir en todo lo que mejore el servicio.

—¿Qué le parece la sobrecarga de trabajo de los jueces?

—Los jueces conocen con profundidad el sistema. Trabajan con gran profesionalidad y son nuestros aliados. También los fiscales, los secretarios y los funcionarios. vamos a contactar con todos.

—¿Y que hagan huelga?

—Ellos deben hacer lo que crean mejor para ellos y para la ciudadanía.

—¿Y el error de Mari Luz?

—Son sucesos trágicos que ocurren y que tenemos que ser todos corresponsables y trabajar para que no vuelvan a ocurrir.

—Su antecesora preparaba un estudio para saber cuantos funcionarios hacen falta ¿Sabe ya cuántos se necesitan?

—Era un plan de reorganización de los servicios. Se está continuando con ese plan y está apunto de terminar la primera fase. Lo que se pretende es reorganizar los recursos y cuando los reorganicemos veremos que número de funcionarios hacen falta. Pero a priori no podemos afirmar que realmente san necesarios funcionarios aquí o allí.

—¿No hacen falta más sino que hay que cambiarlos de juzgado?

—Reorganizar es optimizar. Ahora si sobran dos funcionarios en un juzgado de Cádiz no se pueden llevar a otro de Cádiz. Son compartimentos estancos pero tenemos que ver cómo hacemos para que si en algún juzgado hay dos funcionarios que podrían estar en otra unidad, pudieran cambiarse.

—Los secretarios judiciales protestaban por el alto grado de interinidad e incluso decían que había gente sin preparación como un peluquero en el juzgado.

—Esto es una leyenda. Hay bolsas de interinos y están constituidas por gente con preparación. No hay nadie que no cumpla criterios de preparación. Hemos firmado un convenio para darle formación a los del SAE para que no se den esos comentarios. Si alguien dice que había un peluquero era un peluquero que además tenía formación para estar en un juzgado.

—En cuanto a la función pública la oferta de empleo público se ha resentido por la crisis...

—El criterio que se ha seguido para la oferta pública ha sido el de necesidades reales de la ciudadanía y también el de austeridad. Pero sin restricción de servicios.

—¿Sobran funcionarios?

—Es la comunidad con más extensión. Creo que es una administración adecuada para la prestación de servicios públicos.

—Siguen teniendo la imagen de que no trabajan. ¿Eso existe?

—Creo que en todas las empresas conocemos a alguien que se pueda escaquear. Fuera de la anécdota se trabaja bien.

Fuente: ABC.es

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Sentencia en el País Vasco: La concesión de permisos de los funcionarios de Justicia corresponde al Estado

Una sentencia de un juzgado de lo Contencioso-administrativo de San Sebastián recuerda al Gobierno Vasco que los funcionarios de Justicia son cuerpos nacionales, que en algunos aspectos se rigen por una normativa común a todo el Estado, a pesar de la transferencia parcial de esta materia a Euskadi. Este criterio está también recogido en el artículo 470 de la normativa que en 2003 modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que establece que los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia "tendrán el carácter de cuerpos nacionales".


En esta misma línea, la sentencia del juzgado donostiarra admite ahora que el País Vasco "dispone de competencias en relación con el personal del servicio", pero recalca que es al Estado al que le corresponde "la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia". Advierte además de que los derechos y deberes de los funcionarios de Justicia se incluyen "entre los aspectos centrales del estatuto jurídico del personal" reservados al Estado, sin estar "afectados por las cláusulas subrogatorias de los Estatutos de Autonomía".

La sentencia desarrolla esta argumentación a raíz de un recurso interpuesto por una funcionaria a la que la Consejería de Justicia denegó su derecho a acogerse a una reducción de un tercio de su jornada "por interés particular" con una rebaja del 25% de su sueldo, cuando este departamento era dirigido por Joseba Azkarraga (EA).

El permiso le fue rechazado en un primer momento por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Vasco y en segunda instancia por la Viceconsejería de Justicia con el argumento de que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco no existe "un permiso de reducción de jornada que no conlleve -asimismo- una reducción proporcional de retribuciones" como el solicitado por la funcionaria.

La afectada recurrió ambas decisiones ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de San Sebastián, que ahora le ha dado la razón en una sentencia en la que determina que "los permisos y licencias -de los funcionarios- se configuran precisamente como derechos, por lo que sin duda su regulación queda fuera" de las competencias autonómicas.

Explica asimismo que "el estatuto jurídico de estos cuerpos nacionales no puede ser puesto en cuestión" y su "homogeneidad" no puede ser "alterada" por "el ejercicio por parte de las Comunidades Autónomas de las competencias reglamentarias o de ejecución en que se concretan las cláusulas subrogatorias en sus Estatutos de Autonomía", motivo por el que estima la petición de la funcionaria.

Fuente: expansion.com

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Cantabria: Los procedimientos incoados crecen un 6% en 2008

Los procedimientos incoados por la Fiscalía Superior de Cantabria en 2008 experimentaron un aumento próximo al 6% respecto al año anterior, incremento que fue especialmente significativo en materia de violencia de género y delitos contra el patrimonio. Así, lo expresó la fiscal superior, María Teresa Calvo, en la presentación del informe anual de su departamento.


Las causas iniciadas en materia de violencia sobre las mujeres sobrepasaron por primera vez desde la implantación de la Ley de Género el millar de asuntos (1.045), lo que supone un incremento del 6% de las denuncias con respecto a 2007, año en que se incoaron 984 diligencias. La fiscal superior explicó que la mayoría de los procedimientos son por maltrato ocasional de obra o palabra y, como en años anteriores, entre parejas con la relación finalizada. La mayor parte de estas denuncias (76%) se tramitaron por juicio rápido.

En este contexto, María Teresa Calvo realizó un balance positivo de los dos años de funcionamiento del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Santander, ya que esta especialización redunda en «la eficacia del servicio que se presta a las víctimas». Por eso, la Fiscalía ha informado a favor de ampliar la competencia territorial del Juzgado, de manera que se extienda a las causas tramitadas en los Juzgados de Medio Cudeyo y Torrelavega. No obstante, reclama que se dote de una Unidad de Valoración Integral.

Delincuencia y drogas

Sin embargo, la mayor parte de la delincuencia en Cantabria está relacionada con los delitos contra el patrimonio, que crecieron un 6%, al alcanzar los 18.364 asuntos frente a los 17.301 del año anterior, y seis de cada 10 de estos asuntos tiene conexión directa con el consumo de drogas. Así, en términos comparativos se constata un ligero aumento en los robos con violencia o intimidación (371 frente a 308 en 2007), y también de los robos con fuerza (3.816 delitos frente a 3.567) y hurtos (7.696 frente a 7.478 en 2007). Igualmente se pone de manifiesto un incremento de los delitos de apropiación indebida y estafas. En muchos de estos casos se ha detectado la utilización de «medios sofisticados» y los robos en naves industriales perpetrados, indistintamente, por bandas organizadas procedentes de los países del Este o por nacionales.

La crisis económica se ha traducido en un importante aumento de los delitos por insolvencia punible, que pasan de 17 a 36.

Los homicidios y asesinatos también crecieron al pasar de 15 a 20, si bien se redujeron un 8% las lesiones dolosas (de 8.013 a 7.357 diligencias en 2008). La mayoría de ellas se producen de noche y en las zonas de movida por jóvenes que no dudan en emplear en las peleas armas blancas, vasos, botellas o palos para lesionar al adversario. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 20% respecto al ejercicio anterior (134 casos frente a 111), aunque disminuyeron los asuntos de pornografía infantil a través de Internet al pasar de 8 a 6 casos.

Menos accidentes graves

La Memoria Fiscal revela también que las causas derivadas de los delitos de lesiones, tráfico de drogas, incendios forestales y contra la seguridad del tráfico descendieron. En este último caso, se incoaron 961 diligencias, 339 menos que en 2007. En este ámbito se experimentó una reducción de los accidentes más graves (murieron 21 personas en las carreteras, 14 menos que el año anterior) y bajó la tasa de positivos (183.071 pruebas de alcoholemia realizadas -un 40% más- con 1.972 positivos).

La fiscal superior hace una mención especial a la falta de fiscales. A su juicio, las continuas reformas legislativas y la creación de nuevos órganos judiciales «no han tenido en cuenta la estructura, número y ubicación de las Fiscalías, lo que provoca un creciente desajuste y una preocupante insuficiencia de fiscales». La plantilla de este órgano está compuesta por 26 fiscales.

Fuente: eldiariomontanes.es

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El 88% de los abogados cree que la Justicia está en crisis y piden un Pacto de Estado

Casi nueve de cada diez abogados consultados en un sondeo realizado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía a 5.343 letrados, opinan que nuestro actual modelo de Administración de Justicia está en una crisis muy grave y profunda y un 83% añade que no ha mejorado o que ha empeorado en los últimos años. El 99% pide un Pacto de Estado para una profunda regeneración.


Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio “La Justicia española evaluada por los abogados”, que “se trata de la más ambiciosa jamás realizada en nuestro país a los integrantes de esta profesión por el número de población: 5.243 abogados ejercientes”, según explico José Juan Toharia, presidente de Metroscopia. “Además por primera vez se ha planteado en un estudio una evaluación jurisdicción a jurisdicción y territorio a territorio”, con lo que se ha conseguido un “mapa detallado de la situación real”.

De los resultados obtenidos, se puede concluir que, tras años de estar relegada a un segundo plano y de desinterés político y social, el problema de la Justicia se ha hecho “visible” para todos. Un 71% de los abogados consideran que la Justicia funciona mal y exigen un acuerdo urgente entre todos los sectores implicados y soluciones inmediatas, no parches. Sin embargo, como bien ha incidido el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, en la presentación del estudio, “la responsabilidad de ese mal funcionamiento no se descarga en los jueces, sino en la nefasta organización de la Administración de la Justicia, según opinan el 76% de los encuestados”.

Por otro lado, el 85% de los abogados que han participado en el estudio señala que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido en un órgano tan politizado que difícilmente podrá gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento de la Justicia. En este sentido, Carnicer cree que “la primera obligación que tiene el CGPJ es mantener la independencia judicial y hasta ahora esto no ha sucedido, con los vocales haciendo público su partidismo”. “La composición de este órgano tiene que cambiar, y no los sistemas de elección. Los abogados deberían estar más presentes”, añadió el presidente de la Abogacía Española.

El 87% de los letrados encuestados estima que los gobiernos, del signo que sean, muestran más interés en tratar de controlar la Justicia o influir sobre ella que en emprender una mejora que la modernice y la haga plenamente eficiente. Pero el 82% considera que, con todos sus defectos e imperfecciones, nuestra Administración de Justicia representa la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades.

Soluciones

Además de la necesidad de un gran Pacto de Estado, para un 89% de los abogados hay medios alternativos de resolución de conflictos que podrían descargar a los tribunales y agilizar su funcionamiento sin merma alguna de las garantías jurídicas de las partes implicadas, que siguen sin estar adecuadamente establecidos y potenciados.

También los abogados se muestran masivamente (un 90%) partidarios del establecimiento de sistemas de formación continuada para abogados, procuradores, jueces y fiscales, pero se dividen de forma clara a la hora de decidir si esa formación continuada debería ser conjunta (como propone el 50%) o separada (como prefiere el 46%). En todo caso, y por lo que respecta exclusivamente al ejercicio de su profesión, los abogados se muestran masivamente partidarios (71%) del establecimiento de especialidades.

Por Autonomías

Por Áreas, las comunidades autónomas donde mejor funciona la Justicia, en opinión de los abogados, serían Aragón (Civil y Penal) y Navarra (Civil y Social) y en determinadas Áreas Cataluña (Civil), Castilla y León (Penal) Canarias y Extremadura (Contencioso-Administrativo) y Baleares y Cantabria (Social). En cuanto a las que tienen mayores deficiencias, destaca Madrid (Civil y Penal), Cataluña (Penal) y Baleares (Contencioso-Administrativo).

Para Carnicer, “esta encuesta tiene un mayor valor porque ha sido contestada por quien tienen un conocimiento más directo y concreto de la administración de Justicia y de la Justicia en general en España”. El estudio ha tenido un coste total de 190.000 euros.

Fuente: expansion.com

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Madrid: Caamaño y Granados se reúnen para hablar de financiación

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, mantuvieron el martes su primera reunión en la que acercaron posturas para mejorar la crítica situación de los tribunales de la región, atascados por la sobrecarga de asuntos que cada día ingresan en la Administración de Justicia madrileña.


La principal preocupación de la Consejería es la implantación del nuevo modelo modelo de la Oficina Judicial que pretende aliviar de trabajo a los jueces. El sistema dejará al juez para que juzgue y ejecute sentencias, mientras que delegará en el secretario y en el jefe de la oficina judicial el impulso procesal.

Este modelo implica una reestructuración del actual sistema judicial en todos los aspectos. Uno de los puntos más controvertidos de la Oficina Judicial es la pretensión de delegar en el secretario la agenda de señalamiento de los juicios, un aspecto al que los jueces se oponen de manera frontal.

La reunión es una primera toma de contacto entre el consejero y el ministro que servirá para que en un futuro se alcancen compromisos concretos que se materialicen en mejoras para la Justicia de la Comunidad de Madrid. Granados emplazó al ministro a incrementar el número de jueces y magistrados en la región, teniendo en cuenta que es el territorio que mayor litigiosidad ostenta de España. Además, reclamó que se cree un juzgado exclusivo de Violencia de Género en cada uno de los veintiún partidos judiciales de Madrid.

Nueva figura judicial

En la reunión, Caamaño informó al consejero de la previsión del Ministerio de Justicia de introducir la figura de juez de adscripción territorial en la tramitación de la Ley de la Oficina Judicial con la finalidad de evitar la interinidad en las plazas de jueces. El problema de la interinidad es una de las cuestiones que más preocupa al Gobierno central.

Asimismo, el ministro adelantó a Granados que en breve se anunciará en el marco de la tramitación de la citada norma la puesta en marcha de una vía adicional de financiación de la Justicia para las Comunidades Autónomas con la finalidad de reforzar la dotación económica que el Gobierno central destina a los órganos judiciales de toda España.

Otro de los temas que se abordaron fue la informatización de la Administración de Justicia madrileña. La idea del ministro y el consejero es que se firme cuanto antes un convenio para la instalación del programa 'lexnet' en los juzgados de la Comunidad de Madrid, al igual que se hará en toda España con la idea de que haya una interconexión de datos entre los órganos judiciales.

Fuente: madridiario.es

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Ecuador: Siete tribunales penales más operarán en Guayas

A finales de junio se tramitarían los procesos en los siete nuevos juzgados que tendrá la Corte Provincial del Guayas. Estos estarán ubicados en la misma área que los juzgados de la Niñez, Adolescencia, Mujer y Familia. Así lo determinó la viceministra de Justicia, Ana Karina Peralta, tras su visita al despacho del titular del Consejo de Judicatura en Guayaquil, Xavier Arosemena Camacho.


Cada tribunal tendrá tres jueces, un secretario, un oficial mayor y tres ayudantes judiciales.

Para la selección de los nuevos jueces se hizo un concurso en diciembre de 2008, pero aún no se los ha nombrado. En la lista de aspirantes figura, por ejemplo, la jueza Cuarta de Garantías Penales, Zoila Alvarado Moncada, quien está a cargo del proceso penal 847-2008 que se ventila en contra de 27 imputados por el caso de narcotráfico "Huracán de la Frontera".

Según la Fiscalía del Guayas, el promedio de audiencias que se efectúan en una semana es de 30, pero con las nuevas reformas al Código de Procedimiento Penal (CPP) estas podrían aumentar.

La funcionaria señaló que, a escala nacional, operarán un total de 20 tribunales penales. En lo que se refiere a los juzgados de la Niñez y Adolescencia, las nuevas oficinas funcionarán en un espacio propio, con nueve plantas. Pero hasta que esto ocurra (en ocho meses más) habrá una alteración en la atención al público, pues los juzgados se trasladarán a un local alquilado, en las calles Sucre y Simón Bolívar. "Si queremos un buen servicio, la ciudadanía tendrá que sacrificarse".

Hasta el momento, los funcionarios efectúan un inventario de las causas, ya que más del 45 por ciento corresponde a juicios por alimentos.

Así, en Guayas funcionarán 12, mientras que en todo el país serán 40 oficinas.

Fuente: hoy.com

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Asturias: STAJ llama a la movilización para exigir la convocatoria de la mesa sectorial de Justicia

Los sindicatos ANPE, CSIF, FE-CCOO, SAE, SATSE, SICEPA, SIMPA, SUATEA, USIPA, CSI y STAJ han convocado para el próximo día 25 una movilización para exigir al Gobierno asturiano la convocatoria inmediata de constitución de la mesa sectorial en los ámbitos de su competencia como son la sanidad, la justicia, Administración Pública y educación.


«Nunca, en toda la historia democrática de Asturias, se habían unido los sindicatos del sector público para protestar por las políticas del Principado. Será una protesta histórica». Así definía el portavoz del sindicato educativo Anpe, Gumersindo Rodríguez, la manifestación, que será convocada bajo el lema 'Sanidad, justicia, administración pública y educación: por la mesa sectorial'.

Está previsto que los convocantes recorran las calles del centro de Oviedo, según informaron los sindicatos en una nota de prensa. «Estamos todos excepto uno, el único que le debe favores al Ejecutivo», ironizó Rodríguez en referencia al sindicato UGT. De CCOO, sólo apoya el área de Educación.

Los sindicatos que representan a más de 35.000 funcionarios en el Principado aseguran que en el resto de Comunidades existe "total normalidad" en cuanto a constitución de mesas sectoriales salvo en Asturias. "El Gobierno asturiano ha impuesto un modelo de gestión que nos ha conducido a un conflicto permanente, donde no lo había", recordó el secretario General del SIMPA.



Fuente: lne.es , elcomerciodigital.com , teleasturias.com

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Andalucía: La Consejería de Justicia suprime dos direcciones generales por "austeridad"

La Consejería de Justicia ha suprimido dos direcciones generales de su organigrama, de acuerdo con la petición de austeridad hecha por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, según ha anunciado la titular del departamento, Begoña Álvarez, en la toma de posesión de los nuevos altos cargos.


La estructura de la Consejería de Justicia y Administración Pública queda configurada en dos secretarías generales, una de ellas con competencias en Justicia, a cargo de Pedro Izquierdo, y la otra para Administración Pública, a cargo de Rafael Cantueso.

En su discurso durante el acto celebrado en la sede la consejería, Begoña Álvarez ha afirmado que dirigirá sus esfuerzos hacia la modernización de la Justicia y del funcionariado andaluz, todo ello "enfocado a satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos".

Ha anunciado que iniciará sus contactos con abogados, procuradores, jueces y sindicatos de funcionarios para llevar a cabo de forma conjunta "el profundo cambio de estructura que Andalucía necesita y merece".

El sistema judicial actual "no es propio del siglo XXI", por lo que Álvarez ha abogado por "analizar y estudiar concienzudamente las causas de su ineficacia".

Ha destacado que, desde el traspaso de competencias, se han creado en Andalucía 174 nuevos juzgados y 59 plazas de magistrados, junto con un aumento de 2.063 puestos de trabajo entre los funcionarios, por lo que considera que la consejería de Justicia ha sido "testigo de los esfuerzos realizados".

Álvarez ha destacado que, de los diez altos cargos que hoy conforman su equipo, ocho son funcionarios de la Administración pública y los otros dos son profesionales "que conocen en profundidad sus áreas de gestión".

José Antonio Ortiz Mallol ha tomado posesión como viceconsejero, Pedro Izquierdo como secretario general para la Justicia, Rafael Cantueso como secretario general para la Administración Pública, María Pérez Porras como secretaria general técnica e Inmaculada Jiménez como directora general de Infraestructuras y Sistemas.

Además, Jorge Pérez de la Blanca ha sido nombrado director general de Entidades y Cooperación con la Justicia, Manuel Alcaide es el nuevo director general de la Función Pública y José Antonio Soriano ha tomado posesión como director general del Instituto Andaluz de Administración Pública.

María Pérez Naranjo ha tomado posesión como directora general de Modernización de los Servicios y Beatriz Sáinz-Pardo como directora general de Inspección y Evaluación de los Servicios.

Fuente: soitu.es

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Madrid: Justicia ignora la orden de reformar el edificio de la plaza de Castilla

"Falta de renovación de aires, olores desagradables procedentes de los cuartos de basura. Temperaturas que sobrepasan los límites establecidos en determinadas épocas o falta de sistemas de detección y extinción de incendios". Éstas son algunas de las irregularidades que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social detectó hace un año en los sótanos de los juzgados de la plaza de Castilla.


Como consecuencia de ellas, el supervisor laboral instó, el 9 de mayo de 2008, a la Consejería de Justicia e Interior, que dirige Francisco Granados, a solucionar las irregularidades en "el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales". Desde entonces los empleados del cuarto de mantenimiento, del despacho de conductores y de los depósitos de efectos judiciales, todos en el sótano del inmueble, sólo han sido testigos de buenas palabras. Ni rastro de las obras para mejorar sus condiciones laborales, ni del cambio del mobiliario desgastado.

Por eso, los trabajadores enviaron una carta al Defensor del Pueblo, el pasado 29 de marzo, para trasladarle sus problemas y denunciar la dejadez del Gobierno regional por no atender al requerimiento de la Inspección de Trabajo.

Un portavoz del Gobierno regional reconoció ayer que los juzgados de la plaza de Castilla necesitan una reforma. "El consejero y el decano de los jueces de Madrid, José Luis González Armengol, se comprometieron hace tres semanas a solucionar la situación", asegura.

Un paseo por el sótano de los juzgados de plaza de Castilla da idea de las condiciones en que trabajan una veintena de funcionarios que dependen de la Comunidad de Madrid. Sillas rotas y herrumbrosas, mesas de cristal hechas añicos, grietas en las paredes. "Hemos ido recopilando muebles de desecho. Un compañero trajo el microondas, otro el frigorífico y los sillones los hemos reciclado. Los hemos cogido de la basura, los que iban tirando para llevar al vertedero", cuenta uno de los trabajadores, que prefiere ocultar su nombre. Una colección de antiguos sillones cosidos y sillas cojas componen una escena que parece surgida de otra época.

Hay moho y suciedad en las esquinas y un mal olor que lo invade todo. El cuarto de basuras del edificio está junto al despacho de los conductores. Allí, en un pequeño dormitorio sin ventilación rodeado de viejas taquillas desvencijadas, está el estrecho camastro esperando al que le toque hacer la guardia de 24 horas.

Los múltiples requerimientos de la Inspección de Trabajo a la Consejería de Justicia e Interior parecen haber caído en saco roto. Y el de los sótanos no es el único problema en las condiciones laborales del edifico de plaza de Castilla. Hace seis meses, funcionarios judiciales denunciaron la existencia de pulgas.

El diputado regional del PSOE Javier Gómez ha llevado el caso a la Asamblea de Madrid. Hoy se celebra una comisión en el parlamento regional para tratar el retraso del Gobierno autónomo en solucionar las deficiencias. "Pedimos un plan de adecuación del edificio de plaza Castilla o la reubicación inmediata de todos los juzgados con las condiciones necesarias", reclama Gómez. Y añade: "Es necesario un proyecto de transición hasta que se ponga en marcha el Campus de la Justicia".

El consejero Francisco Granados anunció hace tres semanas un plan urgente para adecentar los juzgados de plaza Castilla. "Se han encargado los presupuestos para comenzar las reformas", apunta un portavoz regional.

Fuente: elpais.com

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"La Justicia riojana tiene magníficos profesionales"

Los dos vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial, Félix Azón y Claro José Fernández Carnicero, mantuvieron una reunión con los jueces y magistrados que ejercen en La Rioja y posteriormente un encuentro con la Sala de Gobierno del TSJR de cuyos miembros recogieron la problemática y necesidades más urgentes.


La crisis económica ha disparado el volumen de asuntos que han ingresado en los diferentes órganos jurisdiccionales de La Rioja, con una especial profusión en los de ámbito civil. Hasta tal punto, que el número de expedientes que se habían tramitado en esta vía a fecha 10 de mayo iguala a los de todo el año 2008.

Estos son algunos de los datos que ofreció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, quien compareció en rueda de prensa junto a los dos vocales.

Entre las necesidades más urgentes, señaló Espinosa, sobresale la creación de un nuevo Juzgado de Instrucción para Logroño capital, ya que los tres que existen están bastante cargados de un trabajo que resulta particularmente «intenso».

A esta reivindicación, que se remonta nada menos que al ejercicio 2004, el presidente del TSJR añadió la necesidad de poner en marcha un Juzgado de Primera Instancia para asuntos civiles, que haría el número 7. «Los dos son igual de necesarios, pero como los recursos son limitados en el supuesto de que se llegara a crear uno antes que otro preferiríamos que fuera el numero 4 de Instrucción», precisó Espinosa.

El aluvión de asuntos civiles que ha entrado en los juzgados riojanos como consecuencia de la crisis es extrapolable en cualquier caso al ámbito penal, social y mercantil. Y es que, explicó el presidente, se han multiplicado las letras de cambio impagadas, las estafas, los expedientes de regulación, los despidos.... Todo. O casi todo, mejor dicho. Porque el único descenso constatable a fecha de hoy, agregó, «es el de las demandas de separación y divorcios. Eso es lo único que ha bajado».

Turno en el Registro Civil

La carga de trabajo es igualmente considerable en el Juzgado de lo Mercantil, donde se ha solicitado un refuerzo «que ya nos han prometido», señaló Ignacio Espinosa. Y en el Registro Civil sucede lo mismo. Es más, incluso se han visto en la necesidad de establecer turnos para atender a las personas que llegan en busca de documentos, mayoritariamente demandados por la población extranjera.

Lo que sí está claro es que cualquier órgano judicial que pueda concederse a partir de este momento a Logroño tendría que ubicarse imperiosamente fuera del Palacio de Justicia, ya que resulta imposible sacar nuevos huecos del actual edificio judicial. «Nos ha ocurrido con la Fiscalía, y ha sucedido lo mismo con el Social 3 que empezó a funcionar en diciembre, si bien en este caso no supuso tanto problema ya que se encuentra en una lonja amplísima junto a los otros dos. Todo ha sido cuestión de reajustar y reordenar, en este caso, los espacios asignados a las otros dos juzgados».

Félix Azón Vilas y Claro José Fernández-Carnicero transmitieron un mensaje de optimismo tras el doble encuentro mantenido con los jueces y magistrados que administran la Justicia en La Rioja.

Ambos consejeros destacaron que la Administración de Justicia en La Rioja está servida por magníficos profesionales, en el sentido -precisaron- de que «los tiempos de respuesta son de los buenos dentro del Estado español, lo cual no significa que sean los mejores que nos gustaría tener».

Esta consideración la hicieron extensiva al conjunto del personal que trabaja en esta misma Administración, en referencia expresa a los secretarios y funcionarios, «pese a las dificultades que son las propias de la situación estructural».

En suma, recalcaron, «creo que podemos estar contentos y satisfechos porque las personas que están trabajando son unos magníficos profesionales».

Fuente: elcorreodigital.com

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Cataluña: Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 148%

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, ha insistido en que la sobrecarga que arrastran los juzgados catalanes exige la creación de 166 nuevas plazas judiciales, 60 de ellas "prioritarias".


Según constata la memoria de 2008, la crisis económica ha tenido un severo impacto en las jurisdicciones mercantil, civil y social, aunque de momento no se ha traducido en un aumento de la criminalidad, dado que los juzgados de instrucción, que son los que suelen reflejar las actividades delictivas, apenas han visto crecer sus asuntos.

Concretamente, a lo largo del año pasado se incrementaron en un 148% los procedimientos de ejecuciones hipotecarias, hasta alcanzar los 11.240 casos, mientras que han crecido un 15% los procesos por impago de arrendamientos.

La estadística judicial refleja también un aumento de la morosidad, que ha crecido un 60% en las facturas de monte inferior a los 30.000 euros, mientras que las demandas por impago de deudas de mayor cuantía se ha duplicado.

Los juzgados sociales también se han visto afectados directamente por la recesión económica, al incrementar su actividad en un 30% debido, principalmente, a que las demandas por despidos improcedentes casi se han duplicado, hasta alcanzar la cifra de 24.647, así como los casos de impagos de salarios.

Otra de las jurisdicciones que muestra una perspectiva del impacto de la crisis es la mercantil, que a lo largo del año pasado recibió 1.044 procesos concursales -las antiguas suspensiones de pagos-, lo que supone aproximadamente el triple que en el 2007.

Cataluña es la comunidad autónoma donde se han presentado más concursos de acreedores, la mayoría de ellos por parte de empresas de los sectores de la construcción, inmobiliario, industria y energía con un máximo de 49 trabajadores.

La memoria advierte de que, si en los meses próximos prosigue el mismo ritmo de entrada de asuntos, serían necesarios cuatro nuevos juzgados mercantiles para la ciudad de Barcelona, que recientemente ya fueron reforzados con otros cuatro juzgados.

De hecho, ha remarcado Alegret, el 88,4% de los órganos judiciales catalanes están sobrecargados de trabajo, un 15% más que en el año 2007, cuando la saturación judicial se cifró en un 73%. Asimismo, los asuntos en trámite aumentaron un 11,8% en el año pasado, pese a que se pudieron resolver 63.000 casos más que en el anterior.

La presidenta del TSJC ha recalcado que la situación actual exige reforzar la jurisdicción social con nuevos jueces, especialmente en la provincia de Tarragona, donde la sobrecarga alcanza el 84%, para hacer frente al incremento de trabajadores afectados por despidos. Para reducir el colapso de los juzgados civiles, Alegret considera que bastaría con refuerzos de personal judicial, ya que lo que se requiere es un mayor número de funcionarios que permitan agilizar los trámites.

Fuente: lavanguardia.es

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Valencia: La Generalitat pondrá en marcha a finales de año el tercer juzgado de primera instancia de Picassent

La Generalitat valenciana pondrá en marcha a finales de año el tercer juzgado de primera Instancia e Instrucción de Picassent (Valencia), según anunció en un comunicado la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, quien lamentó que el Ministerio de Justicia "retrase su entrada en funcionamiento al 30 de diciembre, mientras los otros dos juzgados asumen más carga de trabajo que la marcada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".


Sánchez de León, que mantuvo una reunión con profesionales del partido judicial de Picassent, explicó que la ratio establecida por el CGPJ para cada juzgado en el ámbito civil es de 380 asuntos al año y 2.500 para el ámbito penal, mientras que los dos juzgados de primera Instancia e Instrucción de Picassent tramitaron en 2008 1.422 casos civiles y 5.712 penales.

En este sentido, la consejera indicó que con la entrada en funcionamiento del tercer juzgado, el volumen de ingresos será de cerca de 1.200 asuntos menos al año en cada órgano judicial, "lo que supone una reducción de casos considerable", destacó.

No obstante, señaló que hasta finales de año, cada uno de los dos juzgados mixtos de Picassent habrá de tramitar unos 250 casos civiles y cerca de 1.000 penales más, "lo que no tiene ninguna lógica teniendo en cuenta la situación de grave crisis económica que estamos sufriendo y que ha supuesto un incremento considerable de los asuntos", matizó.

Con todo, Sánchez de León se comprometió a reorganizar la plantilla del servicio común de notificaciones y embargos del centro penitenciario de Picassent, tal y como demandan los profesionales del partido judicial, con el fin de adecuar la plantilla a las necesidades actuales y dar un impulso a la tramitación del gran número de registros y diligencias que presenta en estos momentos.

Fuente: Europa Press

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