domingo, junio 21, 2009

Asturias: Lo peor de la crisis aún no llegó a los juzgados

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, desveló sus peores augurios sobre el reflejo que la crisis económica está teniendo en los juzgados: «Lo peor», dijo, «está por venir». La situación que atraviesa el país se resiente cada vez más en los juzgados y tribunales asturianos, que sufren las consecuencias en un «importante aumento» de la litigiosidad, fundamentalmente en las jurisdicciones social y mercantil, en torno a un veinte por ciento.


Los efectos de la recesión ya se hicieron notar en el cierre del balance de 2008. Según explicó Vidau durante el acto de presentación de la última memoria del TSJA, el número total de asuntos que se registraron en Asturias el año pasado se incrementó en un 3,49 por ciento. En cifras absolutas, durante 2008 ingresó un total de 159.275 asuntos, frente a los 153.914 del año anterior. «La tónica -apuntó Vidau- es de un aumento importante», y todo indica que irá a más.

Por el momento, los jueces y magistrados asturianos van «aguantando el tirón» con «mucho esfuerzo», apostilló el presidente del TSJA. No obstante, «según vaya aumentando el número de asuntos que ingresan, también aumentará el tiempo de respuesta, las "listas de espera"». Sin restar importancia al problema, Vidau partió una lanza a favor de la carrera judicial asturiana: «Ahora mismo nos movemos en unos márgenes tan razonables que podemos asumir un incremento en los tiempos de espera, y aún estaríamos por encima de muchas comunidades autónomas». Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, la tasa de resolución de los juzgados y tribunales asturianos es la más alta del país.

Además del aumento de la litigiosidad, 2008 se topó con otro obstáculo que ahora se refleja en las estadísticas. El año pasado disminuyó el número de asuntos que los juzgados y tribunales lograron resolver a 31 de diciembre. En total, en 2008 se sentenciaron 151.071 casos, frente a los 155.132 del año anterior. Según Ignacio Vidau, esto se debe, en buena parte, a la huelga de funcionarios de justicia de 2008, que mantuvo prácticamente paralizada la administración durante dos meses. Pero no todo tiene su origen en el parón. El presidente del TSJA achacó también la situación precisamente al «incremento constante» de asuntos que entran, «que no puede ser asumido por los órganos judiciales, que en su mayoría están al límite de su capacidad».

Medios materiales.

Ignacio Vidau incidió en la «grave situación en la que se encuentran diversas sedes judiciales» de Asturias. El presidente del TSJA insistió en la necesidad de acometer «con carácter prioritario» la construcción de nuevos edificios en Infiesto, Cangas de Onís y Luarca. Vidau se refirió a la actual sede de esta última localidad como «deplorable», en un primer piso sin ascensor. En cuanto al futuro Palacio de Justicia de Oviedo, en la parcela del Vasco, Vidau aseguró que «según la información del Principado, tendrá espacio suficiente para todos los órganos judiciales actuales, además de una importante capacidad de reserva».

El presidente del TSJA también hizo alusión a los medios informáticos, que tachó de «obsoletos», aunque insistió en que el Principado está renovando en la actualidad la totalidad del parque informático.

Necesidades de planta judicial y, en especial, en Avilés.

Ignacio Vidau destacó la necesidad de que el Juzgado de lo penal número dos de Avilés, cuya entrada en funcionamiento está prevista para diciembre, adelantara el comienzo de su actividad «lo más posible», dada «la gravedad» de la situación actual, ya que el número uno -único en el partido judicial- está «saturado». Además, a finales de año también entrarán en funcionamiento un Juzgado de primera instancia en Oviedo (el número once) y uno de los contencioso administrativos (el seis), también en la capital.

Para Vidau, «en un futuro inmediato» sería necesario crear el cuarto Juzgado de Siero» y abordar la situación del oriente de Asturias, concretamente de Llanes y Cangas de Onís, ambos con una carga de trabajo notable. Creo que una óptima solución pasaría por una modificación de la actual demarcación, que posibilitase que el municipio de Ribadesella, actualmente integrado en Cangas de Onís, pasara a estar integrado en el de Llanes y a la vez se crease el Juzgado dos de esta localidad». Vidau defendió, además, la creación en Gijón de un Juzgado de lo mercantil y otro de violencia de género.

Fuente: lne.es

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sábado, junio 20, 2009

Murcia: El TSJ pide diez juzgados nuevos ante el presidente del Supremo

Diez juzgados nuevos. Esa es la petición que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, ha hecho extensiva al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, después de presentarle la Memoria del Año Judicial y durante la visita que éste ha realizado a la Región. «Queríamos mostrarle este documento en su visita antes de presentarla a la opinión pública», aseguró Martínez Moya, quien no quiso entrar en más consideraciones.


Sí que confirmó las aperturas, ya anunciadas, de los nuevos Juzgados de lo Penal en Murcia y en Cartagena; así como la plaza en la Sala de lo Contencioso en el TSJM y el nuevo Juzgado de Instrucción de Murcia. Todos ellos estarán operativos a fecha de 31 de diciembre.

Durante la visita de Dívar, la primera que efectúa a un Tribunal Superior de Justicia de España, alabó el trabajo que se realiza y señaló que «el primer problema característico de Murcia, junto a otros un poco más genéricos, es el de los nuevos medios que se están procurando». Además, explicó que el objetivo de su visita es traer un mensaje de «cercanía, afecto y cariño» a los compañeros de Murcia, porque «en Madrid no estamos ajenos a los problemas de la periferia». De esta forma alabó el esfuerzo y les felicitó «por su trabajo callado, abnegado y honesto».

Dívar evitó pronunciarse sobre la decisión del Supremo de rechazar el recurso del juez Baltasar sobre el caso Manos Limpias y aseguró que se está trabajando por un «acuerdo social» de la Justicia.

El presidente del CGPJ ha recordado que tanto Justicia como el Consejo mantienen conversaciones con las asociaciones judiciales, decanos, presidentes provinciales y de TSJ.

Sin embargo, ha advertido de que no se van a producir "soluciones repentinas, absolutas, de la noche a la mañana" a los problemas de retraso y decadencia en la Administración de Justicia que vienen de muchos años atrás.

Carlos Dívar ha asegurado que se están poniendo los medios "adecuados" para que no se produzcan más protestas entre los miembros de la carrera judicial, "y eso no significa que no tengamos que atender las reivindicaciones justas de los problemas que tienen jueces y magistrados"

En su agenda también se incluyó una visita al Palacio de Justicia de Cartagena, y una ronda de contactos con jueces, magistrados y letrados. En Murcia, además de hablar con Martínez Moya, también visitó al fiscal superior, Manuel López Bernal, así como al resto de la Sala de Gobierno del TSJ.

Fuente: laverdad.es , adn.es

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viernes, junio 19, 2009

Una mujer culpa al fiscal de empeorar su relación con su novio

Una joven de 21 años ha afirmado ante el juez que el fiscal fue el culpable de que empeorara la relación que mantenía con su pareja, al que había denunciado por maltrato aunque durante el juicio lo ha negado y ha dicho que ella misma se produjo las lesiones por las que fue examinada.


La mujer ha corroborado de esta manera la versión ofrecida por el acusado, F.L.H., para quien el fiscal pide penas que suman 7 años y 8 meses de prisión por varios delitos de maltrato continuado, y ha mostrado su deseo de "volver" con su pareja cuanto antes. La mujer, que ha comparecido en calidad de testigo, ha manifestado que "nunca" fue agredida por su pareja y que cuando discutían se ponía nerviosa y se autolesionaba.

Además, ha manifestado que la relación con su pareja era "buena" hasta que el Ministerio Fiscal solicitó la orden de alejamiento para el acusado, ante las denuncias que había presentado previamente la mujer.

Por su lado, el acusado ha negado que agrediera o amenazase de muerte a su pareja y ha afirmado que era ella la que le buscaba en su domicilio, incumpliendo de esta manera la orden de alejamiento.

Ha añadido que era la mujer la que se provocaba las lesiones que le habían detectado los forenses que la examinaron cuando presentó las diversas denuncias, y que en ocasiones era el propio padre de la mujer el que la llevaba hasta el piso que la pareja compartía en la capital cordobesa.

Sin embargo, en sus conclusiones provisionales el fiscal afirmaba que desde el inicio de la relación el acusado mostraba hacia la mujer un comportamiento muy controlador e inició conductas agresivas cada vez más incontroladas y violentas, tanto verbales como físicas.

Además, era cotidiano que el acusado provocara discusiones con ella con insultos y amenazas reiteradas como "te corto el pescuezo", y le decía que si le abandonaba la iba a matar a ella o a su familia, según el fiscal.

Añadía el fiscal que el 11 de agosto de 2008 la mujer llamó a su padre tras sufrir una agresión, si bien el acusado cogió el teléfono y le dijo al interlocutor: "Si sigue esto así, a tu hija le corto el pescuezo".

Por ello, el padre de la mujer llamó a la policía, que se personó en el domicilio de la pareja, donde el acusado reconoció a los agentes que había pegado a la mujer, por lo que fue detenido de inmediato.

Los agentes, decía el fiscal, trasladaron a la víctima a un centro de salud donde se le detectó una equimosis en el cuello, hematomas en piernas, muñecas y costado, una crisis de ansiedad y trastorno adaptativo.

La mujer denunció los hechos y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba dictó una orden de alejamiento sobre la mujer el 12 de agosto que le fue notificada al acusado ese mismo día.

Fuente: Libertad Digital

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La Rioja: La criminalidad creció un 16% en 2008

El Fiscal Superior de La Rioja, Juan Calparsoro, presentó la Memoria del TSJR correspondiente al ejercicio 2008 que ofrece como dato más relevante un aumento de la criminalidad cifrado en un 16,41 por ciento. «Una muy pronunciada tendencia al alza con respecto al ejercicio 2007», indicó Calparsoro, «pues en ese año el incremento fue del 3,93 por ciento».


El máximo responsable de la Fiscalía riojana, que antes de su encuentro con los informadores entregó una copia de la Memoria a los presidentes del Ejecutivo regional, Pedro Sanz, y al del Parlamento riojano, José Ignacio Ceniceros, atribuyó fundamentalmente ese incremento de la criminalidad «a la crisis económica», si bien es cierto, dijo, que también obedece en buena medida «a que ha mejorado la eficacia policial y a que se han puesto en marcha hasta tres nuevos órganos judiciales».

De hecho, la Fiscalía del TSJR incoó en 2008 un total de 15.943 diligencias previas, que suponen 2.240 causas más que en el ejercicio anterior, y de todas ellas concretamente 1.894 desembocaron en los correspondientes escritos de acusación.

Calparsoro detalló que los delitos de lesiones han aumentado este año un 13,67 por ciento, porcentaje que sube hasta el 17,96 por ciento en los delitos contra el patrimonio que, por otro lado, constituyen el sesenta por ciento de la totalidad de los delitos. Asimismo, los homicidios consumados fueron cuatro, frente a los dos de 2007 y la ausencia de tales en 2006 y en 2005.

El único descenso, continuó diciendo, tiene que ver con los asuntos relacionados con el tráfico de drogas, que han pasado de los noventa procedimientos que se abrieron en 2007 a los 85 del último ejercicio.

Violencia de género

La Memoria dedica también un capítulo a los asuntos relacionados con la violencia de género, que aumentaron un ocho por ciento con respecto a los procedimientos incoados en 2007 sobre esta misma materia.

Y en lo que concierne a menores, la Fiscalía tramitó un total de 554 diligencias preliminares que culminaron en 198 escritos de acusación, 24 más que hace dos ejercicios.

En materia de criminalidad organizada, Juan Calparsoro matizó que ésta se ha detectado básicamente en tres ámbitos concretos, que se corresponden con el tráfico de drogas, la prostitución y la explotación de trabajadores extranjeros.

Pese a este aumento de la criminalidad, que se traduce en el número de asuntos penales sobre los que se abrieron diligencias, el Fiscal Superior de La Rioja considera que nuestra región continúa siendo «una Comunidad segura». El aumento de la criminalidad supera en esta ocasión la media nacional, pero «nuestro índice está por debajo de esa media nacional», precisó.

Calparsoro calificó el año 2008 como un ejercicio especialmente «difícil», en concreto por la huelga que protagonizó el colectivo de funcionarios de Justicia. El paro afectó también en buena medida a la Fiscalía pues «frenó la actividad durante dos meses y supuso una distorsión importante en nuestro trabajo».

Fuente: elcorreodigital.com

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jueves, junio 18, 2009

Extremadura: La región asumirá las competencias de Justicia tras el verano

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, mantuvieron el martes una reunión en Mérida en la que acordaron que durante el mes de julio se convoque la Comisión Mixta de Transferencias para avanzar en la asunción de competencias en la administración de Justicia.


La Comisión Mixta de Transferencias es un organismo de cooperación entre administraciones que convoca la vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Política Territorial, y en éste estarán representados el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Extremadura. Está previsto que entre verano y otoño de este año se inicien las conversaciones para el traspaso de competencias, que incluye tanto medios económicos como medios materiales y parte de los recursos humanos relacionados con la administración de la Administración de Justicia en Extremadura. La Comisión creará también un grupo de trabajo que analice todos los puntos de interés en las reuniones bilaterales.

El presidente de la Junta de Extremadura manifestó en su intervención posterior a la reunión que «ya se verá adónde conduce el camino tras las reuniones, pero no se puede por ninguna de las partes manifestar resistencias al inicio del camino». Vara señaló que cuando en septiembre se apruebe la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía debería estar finalizado en cuanto a la asunción de competencias el Estatuto de 1983, por ello consideró que es fundamental concluir el proceso de transferencias. Vara manifestó también que el buen funcionamiento de la Administración de Justicia afecta a muchos aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Salto cualitativo

Por su parte el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, valoró que la Comisión Mixta analice los diferentes aspectos sin «prisa, pero sin pausa». Caamaño destacó la implantación el próximo año de la Nueva Oficina Judicial, que «supone una verdadera reforma del modelo de la administración de Justicia como lo conocemos ahora». En una sola oficina estará un juez y una oficina judicial de servicios comunes especializados, con avances tecnológicos que supondrá un salto cualitativo en la atención al ciudadano. El ministro aseguró que las inversiones del Ministerio de Justicia en Extremadura se duplicarán el próximo año. En el presente ejercicio se han presupuestado 7,5 millones de euros. Para 2010 ya están previstos los presupuestos que atañen a la construcción de nuevas instalaciones que alberguen los organismos judiciales en varias localidades extremeñas, como Almendralejo y Badajoz.

Fuente: ABC.es

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"Sometemos al tribunal popular cuestiones demasiado técnicas"

El presidente de la Audiencia de Cantabria, José Luis López del Moral, habla de la institución del Jurado desde su experiencia como magistrado presidente de 15 juicios con Jurado, el último, el más polémico, el que determinó la absolución de un hombre que confesó haber matado a su inquilina.



- ¿Cuál es la utilidad del Jurado Popular?

- El inicio de los juicios con Jurado fue un poco conflictivo porque introducía un modo de trabajar distinto en la Administración de Justicia, pero actualmente es una institución que está bastante aceptada y no es más útil o menos que una justicia hecha por profesionales. La filosofía del Jurado es la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia y, desde ese punto de vista, sí es útil porque ha mejorado la imagen de la Justicia, ya que sus miembros tienen conciencia de la dificultad de nuestra función.

- ¿Los veredictos absolutorios de una persona que ha confesado un crimen, cuestionan la institución?

- No deberían cuestionarla. La mayor parte de los veredictos se comparten. El magistrado presidente dice: ¡yo hubiera hecho lo mismo! Las resoluciones judiciales llamativas, tanto de jueces profesionales como de jueces legos,son las menos. Suponiendo que en algún caso se produzca un error, no implica que la institución del tribunal del jurado deba decaer.

- El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria echó abajo la sentencia que absolvía al casero que mató a su inquilina por falta de motivación, ¿supone la muerte de la institución, como dijo la abogada Carmen Sánchez Morán?

- No me voy a pronunciar sobre supuestos concretos. Los ciudadanos jurados suelen razonar de forma muy sencilla y no se les puede pedir el mismo nivel de razonamiento que a un juez profesional, Ahora bien, la Constitución y el Tribunal Supremo dicen que cualquier decisión judicial tiene que estar motivada, lo que incluye los veredictos del Jurado. Si un tribunal estima que un veredicto es infundado por falta de motivación lo que viene es a reformar el sistema de garantías de la Administración de Justicia. Entre jueces técnicos también se declaran nulidades por un razonamiento insuficiente.

- ¿Qué mejoraría de la Ley del Jurado?

- Creo que sometemos a la decisión del jurado cuestiones que son técnicas en exceso y le pedimos una respuesta que sea lega, lo que produce algún tipo de disfunción. El jurado decide sobre hechos pero también sobre si concurre o no una eximente o una atenuante, o sobre la alevosía, que son cuestiones técnicas que no tiene por qué conocer. Además habría que definir claramente que es lo que un jurado tiene que razonar y qué no. Uno hace un análisis y ve que hay sentencias condenatorias con razonamientos no muy extensos.

Fuente: eldiariomontanes.es

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Madrid implantará dos experiencias piloto de oficina judicial el próximo año

La Comunidad de Madrid implantará dos experiencias piloto oficinas judiciales a partir del 1 de enero del próximo año, en el partido judicial de Madrid y en la periferia, según explicó ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, tras la Conferencia Sectorial de Justicia que ha estado presidida en Madrid por el ministro, Francisco Caamaño.


Granados detalló que, una vez aprobada la nueva reforma de la legislación procesal, la Comunidad de Madrid está dispuesta a implantar un proyecto piloto de oficina judicial en la Audiencia Provincial, previo acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial.

La segunda experiencia piloto de oficina judicial se implantará en los órganos judiciales de la periferia, con el fin de conseguir un desarrollo "exitoso y rápido" de este instrumento que contribuirá a agilizar la Administración de Justicia.

Así mismo, Granados aseguró que el Ministerio se mostró partidario de aceptar la petición de la Comunidad de Madrid de transferir toda la gestión del personal funcionario de Justicia a las comunidades autónomas con el fin de acabar con la interinidad de este trabajador que en el caso de la Comunidad de Madrid alcanza al 35% del personal.

Se trataría de que el Gobierno regional además de financiar las plazas de funcionarios, pudiera también convocar las ofertas públicas de empleo, una competencia que, a día de hoy es exclusiva del Ministerio de Justicia, según informan fuentes del Gobierno regional.

En cuanto a los sistemas informáticos, en la Conferencia Sectorial se acordó poner en marcha el próximo 9 de julio un equipo de trabajo para conseguir que todos los existentes en España sean compatibles.

La Comunidad de Madrid formará parte de este grupo que pretende conseguir una homogeneización de los sistemas informáticos que permitirá transferir y coordinar datos no sólo entre las diferentes comunidades autónomas, sino también con el Ministerio. Además, se realizará un estudio de los programas con los que cuenta cada región para tratar de extraer lo mejor de cada uno y aplicarlo al resto.

Por ultimo, en materia de Justicia gratuita, todas las comunidades y el Ministerio estuvieron de acuerdo en aplicar una mayor racionalidad, respetando los derechos en esta materia.

Precisamente la Comunidad de Madrid invierte un presupuesto anual en este ámbito de 50 millones de euros.

Granados calificó de "sumamente positiva esta reunión" y recordó que el plan estratégico presentado por el Ministerio recoge la preocupación de todas las comunidades autónomas para abordar una reforma de la Administración de Justicia urgente, a través de un gran pacto de Estado que integre a todos los sectores implicados.

Fuente: EcoDiario

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Santillana del Mar: Desahucian a una oficina de Correos por no pagar la renta

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrelavega ha ordenado el desahucio de una oficina de Correos de Santillana del Mar por no pagar la renta durante todo 2008 y el primer trimestre de 2009. La hija de la dueña del local presentó una demanda ante el Juzgado de Torrelavega en la que pedía el desahucio de la oficina de Correos y reclamaba las cantidades adeudadas. La oficina de Correos venía ocupando ese local, situado en la Plaza Mayor de Santillana del Mar, desde el año 1964.


El día 3 de agosto de ese año se suscribió el contrato de arrendamiento, que se modificó posteriormente, en marzo de 1971.

La demanda planteó el desahucio por el impago de las rentas, lo que, según la sentencia, justifica la resolución del contrato, de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Correos había pedido que se enervara el desahucio para que no se llevara esta acción a cabo, al haber abonado una parte de la deuda que tenía con la casera antes del día del juicio.

Sin embargo, el juez no admite este argumento porque entiende que la cantidad consignada por Correos fue insuficiente, ya que, según la sentencia, esta entidad cometió un error al calcular el importe de las rentas vencidas y que debía abonar.

Explica que la renta trimestral por este bajo ascendía a 94,12 euros y que en la demanda se reclamaban 282,36 euros, por los tres primeros trimestres de 2008. Pero el titular del Juzgado apunta que, en realidad, la suma adeudada es de 470,6 euros "y no los 380,48 euros ingresados por la demandada".

"El error se advierte fácilmente (...) en el escrito remitido vía fax por la Abogacía del Estado (...), en el que se hacía constar que la renta adeudada por la totalidad de 2008 era de 286,36 euros, cuando en realidad era de 94,12 x 4 = 376,48 euros", detalla el juez.

A esa cifra se suma el importe de 94,12 euros correspondiente al primer trimestre de este año, y da como resultado los 470,6 euros que, de acuerdo con el fallo, adeuda Correos a la demandante.

El juez subraya que ese error no es "subsanable a posteriori", mediante un ingreso complementario, como pretendió Correos en el juicio. Por ello, da la razón a la demandante y considera que no se puede dejar sin efecto el desahucio.

De este modo, el Juzgado da a Correos el plazo de un mes para dejar libre y a disposición de la propietario el bajo que ocupaba en la Plaza Mayor de Santillana.

La sentencia, que tiene fecha del pasado mes de abril, fijaba como tope para ese desalojo el día 16 de junio, con la advertencia de que, de no haberse producido antes, se haría efectivo con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Además, condena a Correos a pagar los 470,6 euros que adeuda a la casera y hacerse cargo de las costas del juicio.

Fuente: eldiariomontanes.es

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Lomas de Zamora, Argentina: Crean un programa de gestión para agilizar los trámites en los tribunales

En la oficina de Mandamientos de los Tribunales de Lomas de Zamora se creó un programa de gestión realizado a través de códigos de barras, que agilizará el sistema para localizar las órdenes remitidas por distintos organismos. En ese sentido, Manuel Bodelo, inventor del método y jefe de las oficinas de Mandamientos de Lomas y Lanús, destacó que el sistema será utilizado en los departamentos judiciales de toda la Provincia.


La oficina de Mandamientos de los Tribunales de Lomas de Zamora recibe cerca de 21.000 órdenes por mes, que hasta hace un año y medio eran cargadas y buscadas de forma manual, lo que atrasaba notablemente el sistema y la labor de los jueces, fiscales y letrados. En tanto, un novedoso programa de gestión creado por ese mismo departamento agilizó el proceso a través de un sistema de código de barras.

“El software está específicamente destinado a las oficinas de Mandamientos, que se encarga de las notificaciones judiciales y la ejecución de mandatos, remitidos por los Juzgados, Tribunales y Cámaras. Todo papel se ingresa a través de un código de barras y se hace el seguimiento del mismo gracias a un código de barras. Esto agiliza, evita extravíos de documentación y se hace la devolución mucho más rápida”, señaló Boedo. Y agregó: “Desde siempre se había hecho de forma manual, pero eso desde hace más de un año que lo hacemos con el nuevo sistema”.

Además, el programa será utilizado en todos los Tribunales de la Provincia, según advirtió Manuel Bodelo, inventor del método y jefe de las oficinas de Mandamientos de Lomas y Lanús.

“El programa fue aprobado por el Consejo de Superintendencia y luego se elevó a la Corte, donde evaluaron el sistema y autorizaron su funcionamiento e implementarlo en distintos departamentos judiciales. En quince días ya comenzará a funcionar en los Tribunales de San Martín y próximamente en todas las oficinas de Mandamientos de la Provincia”, explicó Bodelo.

Por otro lado, a futuro se prevé que se elimine de forma total la utilización de papel para los mandamientos y se haga de forma electrónica.

“Todavía no pudimos poner en práctica la notificación electrónica, que a futuro posibilitará la eliminación del papel en los trámites. De esa manera, habrá una base de datos que podrá ser consultada por el profesional a través de la web. Se cargarán los autos y aparecerá qué oficial la tiene o en qué juzgado se encuentra”, detalló.

En ese contexto, las áreas ya fueron equipadas con computadoras y lectores de códigos de barras, para optimizar el sistema.

“A raíz de este programa se fueron equipando las oficinas con computadoras y lectores, elementos electrónicos con los que no contábamos. Los Tribunales de Lomas también abrieron un servidor propio, con el objetivo de poder poner en marcha el nuevo software. Es importante destacar que es de fácil utilización e implementación, ya que no se necesitan demasiados elementos para utilizarlo”, concluyó Bodelo.

Fuente: InfoRegion

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miércoles, junio 17, 2009

Expediente a cinco tribunales por dejar datos personales en la basura

Se dice que la justicia española sigue en el siglo XIX. En algunos casos, parece que así es. Cuatro juzgados y una Audiencia Provincial usaban, para desembarazarse de sus expedientes, un método bastante rústico y poco seguro: los metían en bolsas de basura y los bajaban al contenedor de la esquina. Sin más. Toda la información -DNI, datos de menores, informes psicosociales de parejas en proceso de divorcio, relación de bienes personales, declaraciones de víctimas de malos tratos, de abusos sexuales, desahucios- quedaba expuesta en mitad de la calle ante cualquiera que fuera lo suficientemente indiscreto como para hurgar en la basura.


Esos juzgados y sus respectivas consejerías de Justicia se enfrentan ahora a sanciones de hasta 600.000 euros de la Agencia de Protección de Datos, que acaba de abrir ocho procedimientos sancionadores.

Todo empezó a finales de mayo de 2008, cuando unos periodistas de Telecinco encontraron en un contenedor de la calle, en Madrid, un montón de expedientes judiciales al lado de un juzgado de violencia contra la mujer. Siguieron buscando y comprobaron que lo mismo ocurría en Barcelona, Valencia, Sevilla y La Coruña. Denunciaron el caso ante la Agencia de Protección de Datos que, tras un año de investigación, ha abierto procedimientos de "declaración de infracción" contra cada uno de ellos y contra las consejerías de Justicia que no les han proporcionado recursos suficientes para tratar de forma diligente los papeles que ya no usan. En algunos de estos casos no había en el juzgado ni un mísero dispositivo para destruir papel. En otros, no tenían contenedores de reciclaje o un armario cerrado con llave para que cualquiera se lleve bajo el brazo un legajo lleno de intimidad ajena.

El gran problema de este asunto, en todo caso, es que no parece un descuido aislado de cinco tribunales, sino una práctica extendida. "Estos hechos han puesto de relieve la muy deficiente custodia de la información personal en juzgados y tribunales", señala Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos. "Algunos magistrados habían pedido medios, archivos, contenedores, y no los habían recibido. Tampoco hay protocolos de obligado cumplimiento para los jueces que garanticen que los datos de carácter personal no acaben en la calle, o en Internet. La justicia todavía no se ha tomado en serio la protección de datos".

Rallo explica que, después de la denuncia de los periodistas de Telecinco, se creó un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial para solucionar estos graves problemas de seguridad. "Hay que formalizar un convenio que establezca reglas muy claras para todos los juzgados y tribunales. Es importante que todos en la oficina judicial sepan qué es lo que hay que hacer. Al final, estas prácticas inadecuadas afectan al propio desarrollo de la actividad jurisdiccional".

Los acusados en este caso son el Juzgado de Violencia contra la Mujer número ocho de Madrid, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira (Valencia), el Juzgado de Primera instancia número 6 de Sevilla, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Igualada, la Audiencia Provincial de La Coruña y las Consejerías de Andalucía, Galicia y Valencia. Como Madrid y Cataluña tienen sus propias Agencias de Protección de Datos, en estos dos casos se les ha remitido la investigación abierta para que continúen ellos con los procedimientos.

La basura judicial con datos sobre violencia de género -los más sensibles porque pueden contener información sobre la salud y vida sexual de los ciudadanos- pueden dan lugar a sanciones de 300.000 a 600.000 euros como infracciones muy graves. En el resto, juzgados y administración se enfrentan a multas de 60.000 a 300.000 euros por infracción grave.


Fuente: elpais.com

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El Supremo desestima el recurso de Garzón y seguirá investigándole

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, apoyado por la Fiscalía, contra la decisión de este tribunal de aceptar a trámite la querella presentada por el Sindicato Manos Limpias contra él por un presunto delito de prevaricación, derivado de su investigación sobre los desaparecidos del franquismo. Así, Garzón será proximamente citado como imputado.


"No se aprecia en la argumentación del recurrente (Garzón) ni en el informe del ministerio fiscal argumento alguno que desvirtúe los razonamientos de nuestro anterior auto admitiendo a trámite la querella interpuesta", ha indicado este miércoles la Sala de lo Penal del Tribuanl Supremo en relación con la querella presentada por el Sindicato Manos Limpias contra el masgistrado de la Audiencia Nacional. El tribunal explica que los argumentos del magistrado expuestos en el recurso de súplica presentado, apoyado por el ministerio fiscal, "se envuelven más bien en el ámbito material del enjuiciamiento de fondo, cuyo planteamiento en esta fase resulta prematuro".

La resolución se adopta en contra del criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que la pasada semana presentó un escrito de apoyo al recurso del magistrado en el que señalaba, entre otras cuestiones, que ninguna de las distintas resoluciones que la querella califica de 'prevaricantes' merecen tal reproche porque únicamente acreditan la realización de una serie de labores de investigación para las que al menos 'funcionalmente' y como juez instructor, el querellado era inequívocamente competente".

La decisión de la Sala Segunda del alto tribunal supone la confirmación de la admisión a trámite de la querella, por lo que el previsible siguiente paso será la citación de Garzón como imputado por parte del instructor de la causa, el magistrado Luciano Varela.

Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá decidir ahora si suspende cautelarmente de sus funciones al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 o o bien espera a que se haya dictado contra él auto de procesamiento. La falta de apoyo de la Fiscalía a la querella hace presumir que se optará por la segunda opción, si bien esta es una decisión que debe aún discutirse en el seno del órgano de gobierno de los jueces.

Fuente: elimparcial.es

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Albacete: La carga de trabajo de los Juzgados de lo Social aumenta sustancialmente por la crisis

Hacen todo lo que pueden para intentar dar una respuesta ágil a la gran cantidad de demandas que reciben. Pero no siempre es posible. La crisis económica ha supuesto un incremento sustancial de la carga de trabajo de los tres juzgados de lo Social de Albacete. Paradójicamente mientras que en estos tribunales, magistrados y agentes judiciales no dan abasto, los que llegan hasta ellos son fundamentalmente trabajadores que han se han quedado sin trabajo o que no están conformes con las cantidades percibidas.


«La situación económica se está notando mucho », asegura el magistrado del Juzgado de lo Social número 3, José Ramón Solís. El magistrado ilustra su afirmación añadiendo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece que a cada uno de los juzgados, como los de Albacete, les correspondería una carga de trabajo de 850 asuntos al año, una cifra que en este 2009 ya prevén que superarán con creces. «Si mantenemos el número de ingreso de asuntos que llevamos hasta ahora acabaremos el año entre 1.150 o 1.200 asuntos», explica Solís quien reconoce que se trata de un incremento importante.

Tanto que, en opinión del juez, si se mantuviese este ritmo y sumando los «excesos» de los tres tribunales de Albacete, «nos daría prácticamente para un cuarto juzgado». No obstante, Solís incide en que todo parece apuntar que este incremento de trabajo será una situación transitoria provocada como consecuencia de los efectos de la crisis.

En mejor situación

Además también advierte que afortunadamente los tribunales de la provincia de Albacete no está entre los peores, es decir entre los que más están sufriendo los estragos del aumento de la carga de trabajo. En este sentido, Solís apunta hacia las provincias de Guadalajara y Toledo. ¿El motivo? Están padeciendo en mayor medida que Albacete el cierre de empresas y la destrucción de empleo, dada su cercanía a Madrid.

Pero el principal problema, no es en sí mismo el incremento del volumen de trabajo sino lo que ello lleva aparejado. ¿De qué se trata? Fundamentalmente del retraso que se produce en los tiempos de respuesta judicial. «para nuestra jurisdicción el problema es que al que le han quitado el desempleo y dice no está de acuerdo, es que lo quiere para vivir; y al que no le pagan el salario es que lo necesita para pagar la hipoteca», reflexiona el responsable del juzgado de lo Social número 3.

El plazo de respuesta «normal» que tenía un tribunal de estas características hace dos años o un año y medio era «desde que se presentaba la demanda hasta que se celebraba el juicio era de tres meses».

Una situación que poco tiene que ver con la actual. Y es que los plazos de respuesta se han duplicado. «Nos estamos yendo ya a siete u ocho meses. Estamos señalando juicios para dentro de siete meses», reitera con cierta preocupación Solís.

No obstante, indica que hay asuntos que según establece la propia ley tienen un carácter preferente. Es el caso de los despidos o de asuntos de derechos fundamentales. «Esos intentamos señalarlos antes. Pero el asunto que no tiene ninguna preferencia estamos ya en siete meses», insiste. En esta tesitura se encuentran casos tales como los relativos a incapacidades o las reclamaciones de cantidad.

Y aunque es algo que escapa a su control, Solís reconoce que se trata de plazos demasiado largos «porque lo que se está tratando no es ninguna tontería, hablamos de salarios... de cosas que la gente necesita para vivir día a día». En ese sentido no basta sólo con incrementar los señalamientos de juicios, El juez recuerda que existe un plan generalizado en toda España como es el reforzar los juzgados. «Se están poniendo refuerzos en muchos. Se está llamando a un segundo juez normalmente sustituto que va celebrando juicios para descongestionar», matiza.

En el conjunto de Castilla-La Mancha, se está a la espera de que este refuerzo se produzca. El problema es la falta de medios humanos y económicos existentes en la administración judicial.

Pero, ¿de qué volumen de trabajo estamos hablando? Libro de registro en mano, Solís indica que desde enero hasta mayo de 2008 hasta el juzgado de lo Social número 3 llegaron 340 asuntos, cuando este año en el mismo periodo se han superado los 500. Esto supone un incremento de casi un 30%. Además sólo en el mes de marzo entraron 80 casos de despido. En términos generales mensualmente entraban unas 80 demandas en este juzgado mientras que este año se están llegando hasta las 120 demandas, siendo especialmente significativo el número de asuntos por despido.

Competencias

Pero, ¿qué competencias tienen estos juzgados? Los Juzgados de Lo Social tramitan dos grandes áreas de trabajo. La primera es la relativa a todo lo relacionado con el contrato de trabajo, es decir a aspectos tales como los despidos, las excedencias, permisos, o reclamaciones de cantidad, entre otras cuestiones.

La segunda es la relativa a todos los asuntos de Seguridad Social en el caso de los trabajadores sujetos al Régimen General. Esto se traduce en cuestiones tales como las pensiones, jubilaciones, incapacidades permanentes, o incapacidades temporales. Por otra parte, también abordan asuntos de carácter colectivo.

Fuente: laverdad.es

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Burgos: La Hermandad de Donantes de Sangre organiza una extracción en los Juzgados de Reyes Católicos

Semana activa para la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos. Mañana jueves llevará a cabo una extracción en los Juzgados de Reyes Católicos de la capital y el sábado entregará las distinciones especiales a los mejores donantes de los equipos que participan en el campeonato de fútbol de la Diputación, que llevan colaborando con ellos desde marzo.


Esquivando las tradicionales excusas de falta de tiempo para acudir al Banco de Sangre del Divino Vallés, los funcionarios de Justicia podrán donar el próximo jueves 18 de junio, cuando un equipo de la Hermandad de Donantes de Burgos se desplace hasta las instalaciones de los Juzgados de Reyes Católicos, en una iniciativa del secretario coordinador José Luis Gómez, abierta también a todos los ciudadanos.

Se trata de la primera ocasión en la que se organiza una extracción en Justicia en Burgos, aunque se espera muy buena acogida. Lo excelente sería llegar a las 64 donaciones, tope máximo que se puede conseguir en cuatro horas, desde las 10:00h a las 14:00h, con las cuatro mesas de extracción. Si la iniciativa es exitosa, ha asegurado el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, estarán dispuestos a repetirla cuantas veces sea necesaria.

José Ignacio Mijangos ha vuelto a aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a todos los ciudadanos, recordando que donar sangre es donar vida, y que, a pesar de ser Burgos una de las principales provincias en las que se dona, todavía se necesitan más reservas.

Además de esta extracción en los Juzgados de Reyes Católicos, la Hermandad de Donantes de Sangre entrega el sábado las distinciones a los jugadores y los equipos del campeonato de fútbol de la Diputación Provincial que han colaborado en su campaña de donaciones entre los meses de marzo y junio. El sábado será la final del campeonato y momento excelente para reconocer a los deportistas de Fresno de Río Tirón que son los que más han donado con 82 extracciones.

Fuente: radioarlanzon.com

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Italia: El ministro de Justicia recibe un anónimo con un casquillo de bala

El ministro de Justicia de Italia, Angelino Alfano, y su colaborador Roberto Piscitello recibieron sendos sobres anónimos con un casquillo de bala cada uno y una amenaza para que impidan que sean obligatorios los cristales divisorios en los encuentros entre familiares y presos en las cárceles.


Así lo confirmaron fuentes del Gobierno italiano, quienes explicaron que en el sobre dirigido a Piscitello, segundo del gabinete del ministro, había una carta anónima, con amenazas, incluso, personales. En esa carta, recibida junto al sobre para Alfano en la sede del Ministerio de Justicia en Roma, se pedía a Piscitello que convenciera al ministro de que "no ponga los cristales divisorios en las cárceles".

Estas amenazas llegan en un momento en el que el Senado italiano está a punto de aprobar el proyecto de ley sobre Seguridad que obliga a la existencia de cristales separadores entre visitas y presos en los encuentros en las cárceles italianas. Esta es una de las medidas antimafia incluida en el proyecto de ley, ideada para evitar que familiares o amigos de los reclusos puedan pasarles objetos durante los encuentros personales. Hasta el momento, el cristal divisorio era una posibilidad prevista en la ley italiana y no era obligatorio.

La subsecretaria de Justicia italiana, Elisabetta Alberti Casellati, expresó poco después de conocerse la noticia su solidaridad con sus dos compañeros de Ministerio. "Las nuevas amenazas confirman que este Gobierno ha emprendido el camino adecuado, que es el de la lucha concreta el crimen organizado, que en los últimos meses ha sufrido durísimas derrotas", dice la subsecretaria en declaraciones que recogen los medios de comunicación italianos.

"Es obvio –añadió– que estas amenazas no sólo no nos detienen, sino que refuerzan nuestra determinación en la lucha contra la mafia y otras organizaciones criminales, auténtico y verdadero cáncer de la sociedad". La División de Investigaciones Generales y de Operaciones Especiales de la Policía Nacional italiana (DIGOS) ya ha sido informada del asunto y lo está investigando.

Fuente: Libertad Digital

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martes, junio 16, 2009

"Vigo cumple los parámetros para ser sede del Juzgado de lo Mercantil"

Con argumentos sólidos, datos incuestionables y, sobre todo, con la ley en la mano. Así fue la reacción unánime que tuvo la judicatura viguesa para contradecir al conselleiro de Presidencia en su afirmación de que, a no ser que se modifique la ley de demarcación judicial, el futuro juzgado de lo Mercantil "por definición" tiene que ubicarse en la capital de provincia. Desde el estupor y la sorpresa por las declaraciones de Alfonso Rueda, jueces y procuradores le recordaron que la legislación actual ya permite la creación de esta sala fuera de la capital de provincia, sin necesidad de realizar reforma alguna, y que Vigo cumple "uno por uno" los requisitos que se exigen para ello en lo relativo a criterios poblacionales, industriales y mercantiles.


La Xunta ya ha dejado claro que no ejercerá ningún tipo de presión sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en lo relativo a la ubicación del Mercantil que reclama Vigo alegando que "no tiene ninguna capacidad de propuesta". A no ser que el máximo órgano de poder de los jueces diga otra cosa, el juzgado "tiene que ir a Pontevedra", ahondó el conselleiro, señalando que lo único que hará la Xunta será un informe, que también elaborará el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), sobre la capacidad para dotar de recursos al juzgado. Estas manifestaciones han caído como un jarro de agua fría entre la judicatura de la ciudad olívica, que lamenta no tener el "respaldo expreso" del nuevo Gobierno autonómico y que ya confiesa abiertamente su temor a que se repita la pesadilla vivida con el segundo tribunal Mercantil, también comprometido a Vigo y que acabó emplazándose en la ciudad del Lérez.

Una de las reacciones en contra de las palabras de Rueda fue la del juez decano, Jaime Bardají. "No quiero entrar en ningún tipo de enfrentamiento, sólo dejar las cosas claras", afirmó el magistrado. Por eso no puso adjetivos a lo dicho por el conselleiro, limitándose a poner sobre la mesa los datos por los que el nuevo juzgado, "por definición", debe estar en la ciudad olívica y no en Pontevedra. "Vigo cumple los parámetros fijados en el artículo 86 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 19 bis de la Ley de Planta para que sea sede del Mercantil", señaló, para añadir al respecto algunas "cifras objetivas", como que por población, Vigo representa el 35,6% de toda la provincia; por índice industrial está por encima del 40% y en cuanto a actividad comercial, supera el 50%.

El juez decano da la razón a Rueda en que la decisión final compete al CGPJ. Pero remarca que si existiese una "petición expresa" de la Xunta para que la sala se situase en Vigo, ésta podría ser tenida en cuenta por este órgano. Y pone un ejemplo, como es el del gobierno de la comunidad valenciana, que se posicionó a favor de que el tercer juzgado de lo Mercantil de Alicante se ubicase en Elche, lo que fue vital para que el Poder Judicial aprobase crearlo en esa ciudad.

También contestó a Rueda el decano del Colegio de Procuradores de Vigo. Jesús González Puelles se mostró "sorprendido" e, igual que Bardají, recordó que "no es cierto" que "por definición" el Mercantil tenga que ubicarse en la capital, ya que la ley prevé más supuestos. Y precisamente puso el ejemplo de Elche. "No se entienden las declaraciones del conselleiro, salvo que le ciegue su carácter de pontevedrés", prosiguió este profesional, quien insistió en que la actitud de la Xunta actual contrasta con la que tuvo el PP en la oposición, "defendiendo la ubicación del Mercantil en Vigo".

Y ya sin valorar las palabras del conselleiro, el fiscal jefe de Vigo, Juan Carlos Horro, abogó por la creación de esta sala en Vigo para acercar la justicia a los ciudadanos, como ha ocurrido con otros tribunales, como es el caso de las secciones de la Audiencia Provincial u otros juzgados especializados, como por ejemplo los contencioso-administrativos.

Fuente: farodevigo.es

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