El Gobierno cede a Andalucía el soporte de sistemas informáticos judiciales

El Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia y Administración Pública han firmado un convenio de colaboración por el que el Gobierno cederá a Andalucía la infraestructura jurídica necesaria para integrarse en el sistema informático de gestión procesal de la nueva Oficina Judicial. Los elementos que conforman la infraestructura jurídica de este sistema tienen en cuenta tanto los modelos de documentos como el esquema de tramitación de los distintos procedimientos, sus fases, y los trámites que componen el desarrollo procesal.


Este convenio, por el que el Gobierno central cede los derechos de gestión del sistema informático judicial a la Junta de Andalucía, se firma en el marco de la "modernización" y permitirá que todos los tribunales de España puedan "trabajar en red", según explicó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tras la firma del convenio.

"Hay aspectos en los que las competencias de las comunidades autónomas y las del Estado se tocan", ha afirmado Caamaño, por lo que a través de este acuerdo, el Gobierno de España delegará la "gestión de ciertas competencias" vinculadas a las aplicaciones en la Comunidad Autónoma para que los pueda incorporar a su propio sistema informático y "facilitar el trabajo en los tribunales de la Comunidad".

La puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, prevista para el próximo año, permitirá racionalizar la actividad de la Administración de Justicia, a través de la reordenación de los servicios procesales y de la incorporación de medios tecnológicos que permitan realizar los trámites judiciales de forma más eficaz y segura.

En esta misma línea, las consejerías de Justicia y Cultura firmaron otro convenio con el Ministerio de Justicia a través del cual Andalucía cederá al Gobierno central el sistema de información "@rchiva", utilizado para la gestión de documentos y archivos de titularidad de la Junta.

Esta aplicación, elaborada y desarrollada en Andalucía, permitirá "mejorar la ordenación de la documentación que existe en los tribunales", según ha asegurado Caamaño, quien ha informado de que el Ministerio de Justicia incorporará dicha aplicación a los ámbitos de competencia del Ministerio y la trasladará a otras comunidades autónomas.

Por último, el Ministerio de Justicia y la consejería de Justicia y Administración Pública firmaron un tercer convenio por el que se constituye una Comisión Mixta entre ambas administraciones como instrumento de "colaboración" entre la Consejería y los secretarios judiciales destinados en Andalucía.

Así, ha quedado establecida una comisión de seguimiento permanente ante los nuevos retos "compartidos" de la Administración de Justicia para que los secretarios judiciales y la Junta de Andalucía puedan tener un "lugar de encuentro".

Además, el ministro de Justicia hizo entrega de los primeros lectores de firmas digitales para los secretarios judiciales, dentro del proceso de modernización llevado a cabo por el Ministerio de Justicia y que prevé llegar a los 4.200 secretarios de justicia de toda España.

Estas tarjetas pueden ser empleadas en aplicaciones ya en uso como la cuenta de depósito y consignaciones judiciales y, próximamente, podrán ser usadas también en los sistemas de grabación de las salas de vistas o en la expedición telemática de exhortos y otros despachos.

Según ha facilitado el ministro de Justicia, esta iniciativa permitió que en 2004 se realizaran alrededor de 23.000 actos de notificación procesal entre tribunales a través del correo electrónico, una cifra que ya ha alcanzado los 2,5 millones de actos notificados mediante el uso de esta aplicación en 2009.

Fuente: adn.es

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El CGPJ nombró a la mujer de Conde Pumpido magistrada del Tribunal Supremo

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló con 15 votos el nombramiento de Clara Martínez de Careaga, esposa del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para la plaza de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que dejó libre el pasado mes abril el magistrado Ángel Juanes, actual presidente de la Audiencia Nacional, informaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.


La propuesta que se discutió en el Pleno, el último que se celebra antes del paréntesis estival, procede de la Comisión de Calificación, que elevó al órgano superior del CGPJ una lista de cinco candidatos ordenados por orden alfabético, y sin mostrar especial predilección por ninguno de ellos.

Se precisaban 13 votos para lograr el nombramiento, aunque finalmente la candidatura de Clara Martínez, hasta ahora magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), obtuvo el apoyo de 15 de los 21 vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces.

La lista de candidatos la integraban según las mismas fuentes, los magistrados Felisa Atienza, Emilio Berlanga, José Alberto Fernández, José María Gil Sáez y Clara Martínez de Careaga.

La vacante en la Sala Quinta del alto tribunal se mantenía desde que el pasado 26 de marzo el CGPJ acordara con el voto de 11 de sus vocales, designar a Ángel Juanes como nuevo presidente de la Audiencia Nacional. Antes de tomar esta de decisión, los 20 vocales del CGPJ y su presidente, Carlos Dívar, avalaron el contenido de un informe elaborado por el secretario de este órgano que defendía la procedencia de que Juanes pudiera optar el cargo pese a poseer una categoría superior a la exigida para el mismo, al tratarse de un magistrado del Tribunal Supremo.

Fuente: Libertad Digital

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Viguer advierte que la Administración de Justicia camina hacia el colapso

El juez decano de los juzgados de Valencia, Pedro Viguer, ha abogado por un Pacto de Estado que afronte los problemas de la Administración de Justicia, que según ha dicho camina "hacia el colapso" y en algunos juzgados, como los de lo Mercantil, los concursos de acreedores se han incrementado un 649,5% desde 2006.


Viguer hizo estas declaraciones durante la presentación en rueda de prensa de los datos estadísticos correspondientes al primer semestre del año, así como una comparativa retrospectiva (2006-2009) de todas las jurisdicciones, donde la crisis económica ha supuesto un incremento notable de asuntos, aunque no ha sido la única causa de sobrecarga de los juzgados.

El incremento del número de jueces en España para acercarlo a la media europea, el aumento del uno al tres por ciento de los Presupuestos Generales del Estado para Justicia y la adaptación de la carga de los juzgados a los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial son algunas de las reivindicaciones planteadas por Viguer.

En los juzgados de lo Mercantil de Valencia, los asuntos ingresados en el primer semestre de 2009 han sido 2.055, un 19,5% más que en el mismo periodo de 2008, y por clase de procedimiento la de concurso de acreedores es la que más ha crecido, un 649,5% para el periodo 2006-2009.

Asimismo, durante el primer semestre de 2009 se han registrado 341 concursos de acreedores frente a los 230 registrados en el mismo periodo de 2008, lo que significa un incremente del 48,3%.

Según Viguer, se estima que en 2009 cada uno de los tres juzgados de lo Mercantil de Valencia ingresará unos 1.370 asuntos, frente a los 350 que establece el módulo de entrada del CGPJ, lo que significa que cada juzgado ingresa lo equivalente a lo que debería ser la carga "ideal" de 3,9 juzgados.

En los juzgados de lo Social, el incremento de asuntos en el periodo 2006-2009 ha sido del 78,1%, y en el primer semestre de 2009 respecto al de 2008 del 19,4%. Se estima que cada uno de los 17 juzgados se ingresarán 1.866 asuntos, lo que supera en un 119,6% el módulo establecido de 850 asuntos por juzgado.

En estos juzgados, los asuntos por despidos han crecido el 179% en el periodo 2006-2009, y el 69,5% en el primer semestre de 2009 (con 10.776 despidos) respecto al mismo periodo de 2008 (3.861), mientras que los asuntos por invalidez se han reducido desde 2006 un 28,2% y en los primeros seis meses de este año un 22,3% respecto al anterior.

En los juzgados de Primera Instancia, la mayor entrada de asuntos se ha registrado en los procedimientos de ejecución hipotecaria, que ha sufrido un incremento del 426,2% para el periodo 2006-2009, y del 73,1% en el primer semestre de 2009 (792 asuntos) frente al mismo periodo de 2008 (con 456 asuntos).

Frente a estos incrementos, se ha registrado un descenso del 11% en los contenciosos por separaciones y divorcio y una bajada del 2,4% en las demandas de mutuo acuerdo, "algo que al parecer tiene que ver bastante con la crisis económica", según Viguer.

El juez decano ha señalado que si en Valencia se aplicaran de forma estricta los módulos de entrada de asuntos por juzgado establecidos por el CGPJ, el número de nuevos juzgados que haría falta sería de 38, pero ha considerado que el ritmo de creación de los mismos es "desesperadamente lento".

También ha considerado un número "ínfimo" e "irrisorio" los siete juzgados que el Ministerio de Justicia tiene previsto poner en marcha en la Comunidad Valenciana.

Fuente: elmundo.es

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Nicaragua: Nuevo sistema para jurados

El Poder Judicial cambió la forma de integrar tribunales de jurados en Managua para evitar que los juicios se retrasen. Por acuerdo del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los jueces de Managua dejaron de convocar a los jurados de forma individual y en su lugar seleccionarán a los candidatos que comparecen a una convocatoria general que se realiza diariamente de las 8:00 a.m. a la 1:00 p.m.


La oficina de prensa de los Juzgados de Managua informó que la nueva forma de convocar a los candidatos a participar como miembros de tribunales de jurado en Managua eliminó radicalmente el problema de la suspensión de los juicios, al punto que el promedio de jurados realizados en los nueve Juzgados de Distrito Penal de Juicio pasó de diez a no menos de 36 diarios, en tan sólo una semana.

PAGO INMEDIATO

Uno de los grandes dolores de cabeza para las personas que servían como jurados de conciencia era que el Poder Judicial se demoraba meses para pagar el estipendio establecido por la ley por servir como tribunal de jurado, pero esta situación también estaría llegando a su fin porque este pago se realizaría el mismo día que la persona sirve de jurado.

“Ahora sí se está garantizando a los jurados el pago inmediato del estipendio que el Poder Judicial entrega a quienes ejercen esta función, y en el costado suroeste del complejo judicial se habilitó una sala especial con aire acondicionado, servicios higiénicos, atención personalizada, televisión y cafetería, donde son concentrados los jurados que acuden a la citatoria”, explica la nota de prensa de los Juzgados de Managua.

ANTIGUO SISTEMA TRAÍA PÉRDIDAS AL PODER JUDICIAL

El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, celebró los resultados obtenidos en la primera semana desde la implementación de la nueva modalidad a partir del pasado 6 de julio y explicó que las tres convocatorias diarias reúnen a unos 180 postulantes, con los cuales se integran los tribunales de jurado.

Antes de implementar la nueva manera de integrar jurados, la ausencia de los ciudadanos causó un retraso considerable en la resolución de causas y grandes pérdidas económicas al Poder Judicial.

“Desde que cambiamos la forma de convocar a los jurados y se les entrega su estipendio una vez que han cumplido su misión, no ha habido más suspensión por falta de quórum, diariamente se integran entre cuatro y cinco jurados por juzgado y antes con costo se celebraba uno”, expresó el magistrado Rodríguez.

El 6 de julio, primer día en que se implementó el cambio en la modalidad de convocatoria, se citaron mil personas en el bloque de las 8:00 a.m., pero sólo asistieron 50.

En las subsiguientes citatorias el número de ciudadanos aumentó, según informó la coordinadora de la Oficina de Gestión de Audiencias, Miriam Calderón Picado.

CIUDADANÍA SATISFECHA

Ericka Cuadra Sánchez, de profesión química farmacéutica, ponderó la atención de la que fue objeto a su llegada a la Sala de Jurados.

“He sido citada en dos ocasiones distintas y en ambas he recibido buen trato, aunque las condiciones de la primera vez fueron distintas porque el lugar era incómodo, no como el de ahora que está mejor”, aseguró Cuadra Sánchez.

José Augusto García, poblador del Distrito Seis de Managua, calificó de buena la atención recibida y agregó que, aunque es hipertenso, como ciudadano está claro de su obligación e independientemente de lo que sea estaría anuente a participar en un Tribunal de Jurados si así lo dispone la autoridad judicial.

Norma Argentina Muñoz Zúniga, nutricionista, expresó: “Me sentí en la obligación de atender el llamado judicial y aquí me atendieron bien, no quedé seleccionada, pero me satisface que cumplí con mi deber”.

“Todo está excelente, me gustaría que instalaran un lavamanos para la higiene de las personas, pero tal vez más adelante puedan hacerlo, sería bueno que el resto del sistema penal los apoye porque en las ocho veces que me han citado y he comparecido, suspenden los juicios porque los testigos o los acusados no vienen”, indicó Noel Mendoza.

MEJORARÁN ATENCIÓN

El magistrado Rodríguez confió en que las mejoras se irán dando en el corto plazo y reiteró que la orientación es brindar la mejor atención a la ciudadanía y pagarle su estipendio de inmediato.

“He instruido que no les falte agua, café, galletas, que el local y los baños se mantengan limpios y absolutamente asegurado su estipendio”, dijo el magistrado Rodríguez, al anunciar que la mora con los jurados pasados ya se ha cancelado en un 20 por ciento.

Antes era común ver en las oficinas de Administración de los Juzgados de Managua las grandes filas de personas, protestando porque el Poder Judicial incumplía por meses con el pago del estipendio a las personas que servían como jurados de conciencia.

En la hoja de citatoria que les llega a los ciudadanos para que vayan a los Juzgados a servir como jurado, ya no les llegará para que se presenten a un juzgado determinado, sino que deberán presentarse ante una oficina especial donde se les asignará un juzgado que les necesite para la realización de un juicio.

Fuente: laprensa.com.ni

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Cantabria: Mediavilla dice que los nuevos juzgados paliarán necesidades "reales y urgentes"

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, ha mostrado su satisfacción por la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de dos nuevos juzgados en la región, el Quinto de lo Penal en Santander y el Tercero de Primera Instancia e Instrucción en Castro Urdiales, que lograrán "paliar necesidades reales y urgentes". Mediavilla recordó que de esta forma Cantabria ha conseguido que las peticiones realizadas en la Conferencia Sectorial de Justicia del pasado año se hayan visto "plenamente satisfechas", por lo que, a su juicio, la "colaboración del Estado y la Comunidad está siendo hasta ahora absoluta".


El titular de Justicia cree que la ampliación de la planta judicial de Castro Urdiales y Santander era una de las demandas "más urgentes" que había hecho la Comunidad Autónoma, dado que estos partidos judiciales soportan una "gran carga de trabajo y además han visto aumentados de forma considerable el número de asuntos ingresados en los últimos años".

Como prueba de esta necesidad, Mediavilla explicó que las medidas extraordinarias que ha tomado la Consejería de Justicia en los cuatro juzgados de lo Penal de Santander para hacer frente a la alta pendencia en la ejecución de las sentencias, al reforzar la plantilla e intensificar la jornada laboral de los funcionarios.

Asimismo, se han tomado otras medidas de refuerzo en el partido judicial de Castro Urdiales, donde hay "carencias acuciantes y pendencia en muchos litigios", mediante la incorporación de seis nuevos funcionarios.

De esta forma, con la creación de dos nuevos juzgados se da respuesta a una necesidad "urgente y acuciante" de la Administración de Justicia en Cantabria, que redundará en una "más ágil y eficaz tramitación de los asuntos judiciales", objetivo en el que el Gobierno, según el consejero, "está trabajando de forma intensa para conseguir situar a la Justicia a la altura de los tiempos actuales y de lo que exigen los ciudadanos".


Fuente: Europa Press

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Justicia encargó a 19 expertos que inicien la reforma de la Ley Concursal

Cinco años han sido tiempo más que suficiente como para mostrar las importantes carencias de la Ley Concursal, que durante décadas estuvo en fase de elaboración y que finalmente entró en vigor el 1 de septiembre de 2004. La reforma de la norma da cumplimiento al compromiso asumido por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ante las Cortes Generales con motivo de la convalidación del real decreto ley que modificó la vigente Ley Concursal para hacer frente a algunas de las rigideces de la norma ante la crisis.


Sin embargo, la reforma cuyos trabajos comenzaron no está directamente ligada a la crisis. "No busca solucionar los efectos de la crisis", aseguró el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Santiago Hurtado, quien además presidirá la sección especial de la Comisión de Codificación encargada de la reforma.

Según Caamaño, la futura ley "deberá contemplar la situación que nace de la nueva realidad económica y laboral de nuestra sociedad, a fin de ayudar tanto a las empresas como a los trabajadores en un escenario global".

El real decreto ley que entró en vigor el 1 de abril reformó la norma basándose en los problemas de refinanciación de las empresas, la reducción de costes del proceso sin merma en la calidad de los servicios o la reducción de la duración del proceso.

Garantía para inversores

Quedaron, sin embargo, fuera del real decreto ley algunos asuntos, como el sobreendeudamiento de particulares, por ejemplo. En todo caso, el secretario general técnico de Justicia afirmó que lo que se trata de hacer ahora es una ley concursal que sea garantía para los inversores tanto nacionales como extranjeros y que dote de seguridad a quienes pretendan financiar proyectos empresariales, "pues les proporciona una legislación de cobertura ante el supuesto fracaso de los proyectos financiados".

En todo caso, la reforma, en la que Justicia invertirá en principio nueve meses, tratará de "eliminar el estigma concursal al empresario", según Hurtado.

Los 19 componentes de la Comisión de Codificación profesionales procedentes de la doctrina científica, la carrera judicial, la Administración y los operadores privados, son Ángel Rojo Fernández-Río (que fue uno de los redactores de la actual ley), los catedráticos Manuel Olivencia, Emilio Beltrán, Alberto Díaz, Carmen Alonso, Juana Pulgar y Esperanza Gallego; los magistrados Nuria Orellana, Ignacio Sancho, Alberto Arribas (juez del concurso de Air Madrid) y José María F. Seijo (de Habitat); el auditor y administrador concursal Antonio Moreno, los abogados del Estado Concepción Ordiz, Francisco Pérez-Crespo, Enrique Piñel (en excedencia) y Luis Gonzaga. El subdirector de Política Legislativa, Julio Fuentes, será secretario, y el presidente, Santiago Hurtado, secretario general del Ministerio.

Fuente: cincodias.com

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Los presidentes de los TSJ reclaman la reordenación territorial para conseguir eficiencia

La situación de la Justicia no puede seguir así y se debe racionalizar para evitar abusos y reducir el número de casos. Esta fue una de las ideas presentadas en la mesa redonda de la Escuela de Verano del Poder Judicial, celebrada en el pazo de Mariñán (Bergondo) y que contó con la presencia de cuatro presidentes de los tribunales superiores: el de Cataluña, Eugenia Alegret; el de Madrid, Francisco Vieira; el de Murcia, Juan Martínez Moya, y el del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro.


Los informes presentados por los presidentes de los tribunales superiores sobre el desarrollo del plan de modernización recogen varias propuestas acerca de la reducción de la litigiosidad, sobre los refuerzos de las salas de gobierno, calificadas por Juan Martínez Moya como «poco ágiles y excesivamente formalistas», y de la conciliación de la vida laboral y familiar.

Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Madrid, consideró que la situación de la Justicia «no puede continuar por estos mismos derroteros», porque obligaría, dijo, a duplicar el número de magistrados en muchos territorios. Así, propuso que se acometan reformas procesales profundas regulando la entrada de casos, «demasiado al alcance de todos los ciudadanos».

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Murcia, Martínez Moya, se preguntó si es necesaria la reforma o la modernización del sistema judicial español. También destacó que la reordenación territorial de la Justicia tiene una importancia vital, ya que «hay que modificar los criterios de presencia por los de eficiencia». Martínez Moya destacó la importancia del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, y pidió la creación de oficinas de atención al ciudadano y a la víctima, otras de atención al acreedor y la implantación de webs.

La presidenta del Tribunal Superior de Cataluña, Eugenia Alegret, recordó que la función de los juzgados es «garantizar la paz social», aunque matizó que la gran lista de causas pendientes dificulta el trabajo. Además, recalcó que es vital la reorganización de la Justicia gratuita.

Fuente: lavozdegalicia.es

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El gobierno crea 106 juzgados y 28 plazas de magistrado

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se crean 135 unidades judiciales, de las que 106 son nuevos juzgados, al tiempo que se dotan 28 plazas de magistrado en tribunales superiores y audiencias provinciales. Según explicó el Gobierno, esta ampliación adapta la planta judicial a las necesidades existentes y completa la programación aprobada para el año 2009, que figura en el real decreto del 13 de febrero de este año.




El Ejecutivo afirmó que con este real decreto "se configura una planta judicial "más idónea para atender a las necesidades de la Administración de Justicia y garantizar a los ciudadanos la efectividad de la protección judicial de sus derechos".

Respecto a la creación de estos 106 nuevos juzgados y la puesta en funcionamiento de otro más, el Gobierno apuntó que esta medida consolida la "apuesta decidida" por los juzgados de violencia sobre la mujer, ya que, a los 92 ya constituidos y en actual funcionamiento, se han de sumar ahora los once creados en este real decreto.

Además, el Ejecutivo remarcó que se mantiene una atención preferente a los juzgados de lo penal, al crearse un total de 22 nuevos juzgados de esta jurisdicción.

Fuente: EcoDiario

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Avila: El Ministerio de Justicia presenta una propuesta para reducir el impacto visual de los juzgados

El Ayuntamiento de Ávila y la Junta de Castilla y León están estudiando la propuesta que ha realizado el Ministerio de Justicia para actuar sobre la fachada del edificio de los Juzgados de Ávila, en la calle Vallespín, y reducir así su impacto visual.


En este sentido, el PSOE de Ávila considera que, tras las quejas del equipo de Gobierno municipal en este sentido, “el Ministerio actuó rápidamente concediendo una reunión para analizar la situación, a pesar de que fue el PP en todas las instituciones (Gobierno central, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Ávila) el que dio el visto bueno a estas obras”.

Responsabilidad del PP

La portavoz socialista, Mercedes Martín, recuerda que fue el Consistorio “el que pidió que el edificio contara con más altura de la prevista en el proyecto inicial” y que la Junta “concedió permiso para ello, siempre y cuando se rematara el edificio y se hiciera un tratamiento fragmentado que permitiera una correcta integración en el entorno”. “Además, existe un informe favorable de impacto visual”, añade.

En opinión de Martín, “queda claro que toda la responsabilidad de que los juzgados sean o no un edificio integrado es del PP”, ya que “ha sido el encargado de hacer los estudios, de aprobar los informes y de dar las licencias pertinentes para hacer la obra”.

Por ello, “si ahora el PP considera que esta construcción es un atentado contra la vista, ha sido un atentado permitido por todas las instituciones implicadas en la obra, el primero, el Ayuntamiento, que debería ser el que asumiera todas las responsabilidades en lugar de culpar al Ministerio”, ha señalado la portavoz socialista tras interesarse en la Comisión de Urbanismo por cómo se encuentra el proceso de tratamiento de la fachada de los juzgados. “La respuesta ha sido un tanto abstracta”, por lo que considera que se trata de “una pataleta más de equipo de Gobierno”.

Fuente: aviladigital.com

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La Rioja: Sanz anuncia las transferencias de Justicia para antes de fin de año

Valoración «positiva» del encuentro y reunión «constructiva». Estas podrían ser las principales conclusiones de la cita que mantuvo Pedro Sanz en Madrid con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a tenor de los comunicados oficiales remitidos por los portavoces de ambos responsables políticos. La entrevista se había convocado con el objetivo de conversar y fijar plazos para la transferencia de las competencias en materia de Justicia a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y muy ligado a este asunto se encuentra la construcción del futuro Palacio de Justicia en la región.


Ambos temas se encontraban 'atascados' por distintos motivos, aunque en varias ocasiones se había hablado de cuantías económicas y presupuestos. En definitiva, la transferencia de las competencias judiciales, si nos atenemos a los números adelantados en 2006 por el entonces ministro Juan Fernando López Aguilar, se cuantificaría en torno a los 9 millones de euros. Pero esta cantidad no contemplaba el coste de la construcción del Palacio de Justicia, presupuestada en 28 millones de euros y para la que los Presupuestos Generales del Estado de este año ya incluyen una dotación de 14,8 millones, si bien falta por concretar el proyecto definitivo y que comiencen las obras.

Tras la reunión con Caamaño, el Gobierno regional comunicó que La Rioja «asumirá las transferencias de Justicia antes de que acabe el año». La nota también avanzaba que la Comunidad Autónoma «construirá el Palacio de Justicia de La Rioja». Nada se decía sobre la cuantificación económica de una operación transferencial que supondrá la asunción de todos los edificios judiciales de la región y del coste de su mantenimiento, así como el pago de las nóminas de unos 300 trabajadores, entre funcionarios y forenses, ya que jueces, fiscales y secretarios judiciales seguirán perteneciendo a la Administración del Estado.

Sin embargo, teniendo en cuenta la aparente buena sintonía que demostraron el ministro y el presidente riojano, todo parece indicar que el coste del Palacio quedará finalmente incluido en el paquete económico de las transferencias para que sea el propio Gobierno regional el que ejecute las obras en el antiguo cuartel de la Guardia Civil de la calle Murrieta.

Sanz entiende que «la voluntad de cooperación de ambas administraciones ha permitido desbloquear las transferencias» y Caamaño reconoce que el proceso de cesión está «muy avanzado».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, afirma que el acuerdo alcanzado en Madrid «es una buena noticia» y, «si además acarrea que el Palacio de Justicia se construya antes, mejor».


Fuente: elcorreodigital.com

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Málaga: Los trabajadores de la Ciudad de la Justicia se concentran en apoyo del uso compartido de los aparcamientos

Unos 300 trabajadores de la Ciudad de la Justicia de Málaga se concentraron hoy en la puerta del edificio para apoyar el sistema de uso compartido de los aparcamientos interiores del inmueble, tras el acuerdo adoptado la pasada semana por jueces y magistrados, al que se adhirió la Fiscalía, de utilizar de forma exclusiva estas plazas. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), consideraron que "ahora la palabra ha de tomarla la Consejería de Justicia, puesto que el colectivo de jueces ha dictado la mencionada resolución al objeto de que por alguna de las partes interesadas se les dé pie a llevarlo a los tribunales, donde ellos son juez y parte".


"Basta una mera declaración de la consejera, reafirmando la actual regulación y exigiendo su cumplimiento por todos los colectivos que aquí prestamos servicio", indicaron a través de un nota, en la que consideraron que "no ha de permitir la administración andaluza perder la gestión a la que por Ley tiene derecho de un edificio, la mayor sede administrativa de nuestra comunidad".

Asimismo, lamentaron "los pobres argumentos esgrimidos por los jueces, haciendo de la seguridad el principal motivo para adjudicarse, injustamente, el uso exclusivo y excluyente de una parte de la sede judicial más moderna de Andalucía".

Ante los acuerdos del presidente de la Audiencia, Francisco Javier Arroyo Fiestas, y del juez decano en funciones, Manuel Caballero Bonald, al que se adhirió la Fiscalía a través del fiscal jefe, Antonio Morales, para el uso exclusivo de los aparcamientos, la junta de personal reiteró su "total apoyo y conformidad" a la resolución de la Consejería de Justicia por la que se reguló desde la apertura, "de acuerdo con criterios racionales y equitativos", la utilización de estas plazas. Explicaron que, según dicha regulación, los aparcamientos puestos a disposición de dicha sede judicial "son accesibles para todos los que allí trabajan, independientemente de su condición o categoría laboral, siempre que desarrollen sus tareas en el edificio en cuestión, sin que quepa lugar a discriminaciones por privilegiarse a determinado colectivo".

La junta de personal recordó a través de un comunicado que la competencia para la regulación del uso de los aparcamientos "es, por mandato de la LOPJ, de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, al igual que del resto de medios materiales de que dispone la Administración de Justicia en Andalucía".

"Los pronunciamientos del presidente de la Audiencia, el juez decano y el fiscal jefe, atribuyéndose en exclusiva el uso del aparcamiento interior no nos causan sino perplejidad e indignación a todos los usuarios de la Ciudad de la Justicia, por invadir de forma descarada las competencias de la Administración competente que, además, es la propietaria del inmueble en cuestión", apuntaron.

Por esto, reiteraron que el colectivo de funcionarios de Justicia de Málaga y la junta de personal están "firmemente determinados a defender este derecho, en caso de ser preciso, por todos los medios legales a su alcance", instando a la Consejería "a que no ceda a las presiones de que está siendo objeto por parte de algunos jueces y fiscales".

Más información en STAJ ANDALUCIA

Fuente: ymalaga.com , malagahoy.es

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Bilbao: El Poder Judicial suprime un juez de apoyo de lo Mercantil

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suprimido un juzgado de refuerzo que había aprobado a finales del pasado año para ayudar a los dos jueces de lo Mercantil de Bilbao, que están saturados de trabajo al haber aumentado los concursos de acreedores y las quiebras debido a la crisis económica. El nuevo órgano judicial, que iba a tener carácter provisional, dispone ahora mismo de dependencias, equipos informáticos e incluso personal judicial. Sin embargo, la jueza que iba a dirigir el juzgado encontró otro destino durante la pasada primavera, y el CGPJ ha eliminado la plaza sin que en el Tribunal Superior del País Vasco sepan a ciencia cierta cuál es el motivo.


La situación ha causado «sorpresa» en el partido judicial de Bilbao, pues la idea reforzar de los juzgados de lo Mercantil de la capital vizcaína ni siquiera había sido solicitada oficialmente desde la comunidad autónoma, sino que había sido incluida en el plan de modernización de la Justicia, un documento elaborado por el Poder Judicial para acallar las protestas de la judicatura contra la sanción impuesta al juez del 'caso Mari Luz', que puso de relieve la saturación de los tribunales.

Los autores del plan constataron que la recesión había multiplicado el trabajo de los jueces de lo Mercantil, así que en algunas capitales crearon nuevas plazas permanentes, mientras que en Bilbao optaron por reforzar temporalmente los dos puestos que ya existían con un tercer órgano que cubriría transitoriamente los 'picos de trabajo' provocados por los cierres de empresas. En noviembre de 2008, cuando se aprobó el refuerzo, los asuntos que llegaban a la jurisdicción Mercantil de la capital vizcaína superaban en un 70% la carga de trabajo que el Poder Judicial estima razonable. Desde entonces, la situación ha empeorado y ahora los expedientes duplicaban ese límite.

Planes truncados

Según fuentes jurídicas, el Departamento de Justicia, dirigido entonces por Joseba Azcarraga, se movilizó para dotar el juzgado provisional con los medios materiales y el personal necesarios. La Administración autónoma habilitó una oficina en la sede judicial de Bilbao y la equipó con ordenadores y mobiliario. También se puso en contacto con el Ministerio de Justicia para nombrar un secretario. No tardó en aparecer una candidata para el juzgado, una jueza de origen vasco que estaba destinada en Cataluña.

Sin embargo, los planes se truncaron en abril pasado, cuando la comisión permanente del Poder Judicial acordó no cubrir el refuerzo de Bilbao, una decisión que, al menos en la práctica, suponía la eliminación del puesto, si bien las razones no trascendieron. Fuentes del Gobierno vasco precisaron que la aspirante optó finalmente por otro destino. Sin embargo, desde entonces no se han realizado gestiones para buscar un nuevo juez, ya sea de carrera o sustituto, mientras que el despacho sigue vacío.

El problema fue abordado el pasado lunes durante un encuentro que mantuvieron representantes del Tribunal Superior y los tres vocales del Poder Judicial adscritos al País Vasco, Margarita Uria, Félix Azón y Manuel Almenar. Todos ellos prometieron plantear la cuestión al CGPJ en otoño. De momento, el juzgado de refuerzo sólo existe en el panel informativo del palacio de Justicia de Bilbao.

Fuente: elcorreodigital.com

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Cáceres: Los Secretarios de Gobierno demandan la puesta en marcha de la Oficina Judicial

Los secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia han mostrado la necesidad de modernizar el sistema judicial, así como su apoyo al despliegue último de la nueva oficina judicial en Cáceres, con la distribución de las encomiendas precisas. Así lo ha manifestado con motivo de las jornadas de trabajo que altos cargos del Ministerio de Justicia y los secretarios de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA y de las ciudades de Ceuta y Melilla han celebrado los dias 13, 14 y 15 de julio en Cáceres.


En dicho encuentro, el secretario general de Modernización de la Administración de Justicia, Ignacio Sánchez, ha asegurado que Cáceres se encuentra entre las diez posibles ciudades españolas que albergarán oficinas judiciales definitivas a partir de 2010.

Al frente de ellas estarán los secretarios de gobierno, que dirigirán a todos los secretarios judiciales de sus correspondientes comunidades autónomas, así como al personal de la misma.

Ignacio Sánchez también ha explicado los cinco ejes en los que está basado el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia, del que se está a punto de aprobar el primer borrador, después de recoger todas las aportaciones añadidas por los profesionales del sector.

El plan se articula en torno la oficina judicial, las nuevas tecnologías, la cooperación jurídica internacional, la carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, y el plan de transparencia judicial.

"Nuestro mayor reto es ofrecer una justicia eficaz y transparente", ha recalcado Sánchez, para añadir que el encuentro que se celebra en la capital cacereña "supone un paso más en el sentido de sumar voluntades y participar en este proceso de elaboración del plan".

Hasta finales de este mes de julio continuarán los encuentros con los diferentes colectivos profesionales para analizar el borrador, de modo que se prevé que en septiembre esté listo para su aprobación definitiva.

Respecto al programa de remodelación de las infraestructuras tecnológicas que se pretende llevar a cabo, ha precisado que consistiría en el desarrollo de servicios a usuarios, la creación de portales web y el desarrollo de los sistemas de información, "todo con criterios de seguridad y calidad", ha concluido.

Los secretarios de gobierno han acordado desarrollar el Plan Estratégico de modernización de la Justicia, que comprende la modernización organizativa, tecnológica, transparencia y derechos, fortalecimiento de la dimensión internacional y colegiación de esfuerzos.

Asimismo, han solicitado la coordinación de todas las administraciones implicadas para la mejora del servicio público de la Justicia, que ha de ser "una prioridad en el funcionamiento diario de los Juzgados y Tribunales, a fin de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma ágil, eficiente y transparente".

Fuente: ABC.es

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Andalucía: Un tribunal de arbitraje reducirá el excedente en la vía de lo contencioso

Andalucía es una de las comunidades con el índice de litigiosidad más elevado de España. Ocupa el segundo lugar en el número de asuntos que se llevan a la vía judicial. Si la media española está en 196 casos por cada millar de habitantes, Andalucía sube hasta los 227. Es decir, muy por encima de la media. La Consejería de Justicia ha decidido crear un nuevo tribunal autonómico para reducir la sobrecarga en la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria. Se trata de una medida de resolución extrajudicial de conflictos, complementaria a la creación de juzgados, para lograr la mejora de los tiempos de respuestas.


Según explicó la titular de la consejería, Begoña Álvarez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, será el primer tribunal autonómico de estas características de España. El nuevo órgano se creará por ley, cuyo borrador redacta ya una comisión de expertos (juristas de la Junta y magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa), que se constituyó el pasado mes de junio.

El que se llamará Tribunal Administrativo de Andalucía tendrá un carácter colegiado e independiente y estará especializado en resolver reclamaciones cuyo volumen de recursos supone una sobrecarga para los juzgados y salas de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). También conocerá y resolverá sobre asuntos repetitivos que permiten respuestas homogéneas a la diversidad de recursos planteados.

Entre sus competencias se incluirán reclamaciones relativas a sanciones, contrataciones y subvenciones de menor cuantía, que se resolverán aplicando los mismos criterios de los órganos judiciales ordinarios, pero con acortamiento de plazos, que no podrán sobrepasar los dos meses de duración.

Respecto a su composición, el presidente será nombrado por un decreto del jefe del Ejecutivo de la Junta y elegido entre los funcionarios de la Administración autonómica que sean juristas de reconocido prestigio, y con una experiencia de más de diez años. Los vocales serán designados mediante concurso de méritos entre profesionales del mismo perfil.

Además de este tribunal, para aliviar el atasco judicial, Begoña Álvarez anunció que a final de año estará listo el centro de mediación y arbitraje. Éste tiene como objetivo solucionar asuntos menores y descongestionar los juzgados civiles, mercantiles y laborales. El denominado Centro Andaluz de Mediación y Arbitraje tendrá la forma jurídica de función pública, bajo el protectorado de la Consejería de Justicia y Administración Pública y el patronato de los colegios profesionales que intervienen en la mediación y arbitraje.

"Se trata de que la Administración haga un ejercicio de autocontrol que permita que entren menos asuntos", dijo Begoña Álvarez.

Fuente: elpais.com

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Orihuela: Justicia sólo prevé un funcionario para los dos nuevos juzgados de lo Penal

Debían haberse puesto en marcha en enero pero la ausencia de la dotación de funcionarios judiciales que debía haber hecho la Conselleria de Justicia lo ha impedido. Ahora, el gobierno valenciano da una nueva vuelta de tuerca a la entrada en funcionamiento de los juzgados de lo penal 1 y 3 bis de Orihuela, ya que el director general de Justicia y Menor comunica un cambio en Plan de Refuerzos de los Órganos Judiciales de la Comunidad Valenciana para el segundo semestre del año 2009. En el mismo se establece que que los dos juzgados que deben crearse en el Palacio de Justicia oriolano pasarán de tener dos funcionarios asignados a los mismos en un primer momento a uno para cada uno.


Según las fuentes consultadas, esa dotación de personal es insuficiente para sacar adelante todo el trabajo que se acumula en los órganos judiciales del partido oriolano. La puesta en marcha de estos dos juzgados fue solicitada hace tiempo y el pasado mes de enero, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó la adscripción de los jueces sustitutos para dos nuevas salas, encaminadas a complementar a los juzgados que ya existen dentro del Plan de Urgencia que puso en marcha este organismo debido a la gran carga de trabajo con la que cuentan.

El Ministerio de Justicia debía encargarse de nombrar a los secretarios judiciales mientras que la Conselleria de Justicia es la que tiene encomendado el nombramiento de los funcionarios necesarios para que el órgano judicial entre en funcionamiento. Hasta el momento no se han puesto en marcha, pero según los planes del área autonómica de Justicia, cuando lo hagan será con un solo funcionario cada uno y no con dos como se había previsto en el primer momento, un número ya insuficiente de por si.

Refuerzo

El objetivo de la puesta en marcha de los penales 1 y 3 bis no es otro que los jueces asignados a cada uno de ellos colaboren con los titulares en la actualización de los órganos judiciales y su descongestión. Los juzgados de lo Penal de Orihuela acumulan miles de casos a los que, por el gran volumen de trabajo que soportan, no se les puede dar salida. Hace sólo unos meses las estadísticas decían que estos juzgados soportan una carga de trabajo mucho mayor a la media española, ya que se encuentran en torno a las 600 sentencias anuales.

Fuente: laverdad.es

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