El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, considera que la modernización de la Justicia "no es una cuestión de más recursos materiales", como reclaman las asociaciones de jueces, sino de adoptar otro tipo de medidas para conseguir de una Justicia "muy lenta" a otra "que llegue en hora".Caamaño se refiere así a la convocatoria de huelga para el próximo 8 de octubre anunciada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial, al considerar insuficientes los resultados obtenidos en las negociaciones con el Gobierno, especialmente en materia presupuestaria y de inversiones.
El ministro afirma que el departamento que dirige ha dado muestras suficientes de su voluntad de diálogo y de acercamiento y comprensión de los problemas, "algunos de ellos muy razonables", que alegaban las asociaciones de magistrados, y añade: "Quienes han convocado la huelga tendrán que explicar primero cuáles los motivos y tendrán que responder también ante los ciudadanos españoles".
"Nuestra línea de trabajo va a ser seguir dialogando con los jueces, ser sensibles a todas aquellas demandas (...) que sean razonables, pero si van al paro el día 8 ellos tendrán que explicar cuáles son sus razones y también responder de ellas ante la sociedad española", señala.
"Es verdad que hay que incrementar los recursos y he comprometido en el Parlamento una inversión extraordinaria a pesar de la crisis económica de 600 millones euros a lo largo de tres años para nuevas tecnologías, pero no basta sólo con mas recursos y con más plazas de jueces, que las vamos a seguir convocando (....) Hay que adoptar también otro tipo de reformas", ha añadido.
Entre ellas cita la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, que supondrá la desaparición "de la idea de un Juzgado como algo compuesto por un juez, un secretario y ocho funcionarios" para ir hacia "una oficina de servicios comunes a varios Juzgados, una programación en manos del secretario y unos jueces que de verdad podrán dedicarse a juzgar y ejecutar lo juzgado".
Además, el ministro anuncia la puesta en marcha de un plan de modernización que se ejecutará durante los próximos tres años y que incluye: un nuevo sistema de Registro Civil en España, aprovechando las nuevas tecnologías para dejar atrás la situación actual, con 8.000 registros dispersos por todo el país que siguen trabajando con libros. Un proyecto de ley para impulsar la mediación y el arbitraje en los ámbitos mercantiles y civiles. Y una reforma del Código Penal.
Reforma de la Ley del Aborto
Con respecto a la controvertida reforma de la Ley del Aborto, el ministro de Justicia ha afirmado que era "imprescindible y absolutamente necesaria" para "poner orden" en esta materia y asegura que la norma es "plenamente constitucional y homologable a muchas otras que existen en otros países de nuestro entorno".
"Lo necesitábamos, la sociedad española necesitaba poner orden porque sigue habiendo muchísimos embarazos no deseados en España y sigue habiendo muchas interrupciones de embarazos en nuestro país", afirma Caamaño.
Según el titular de Justicia, la nueva ley permitirá "ganar en seguridad, porque a partir de ahora las mujeres saben que pueden interrumpir voluntariamente su embarazo, pero también saben que sólo lo pueden hacer en un plazo determinado, y por tanto no veremos abortos de no sé cuántos meses".
El ministro asegura que, a pesar del debate que la reforma ha suscitado, "la demanda social existía", y defiende los puntos más polémicos de la ley, como el de que las jóvenes de entre 16 y 18 años puedan abortar sin el consentimiento paterno e incluso sin que se informe a sus progenitores.
"Nosotros creemos que esa edad se debe mantener para todo tipo de intervención sanitaria en la que uno decide, pero además creemos que esa edad responde a una situación real (...) A mí como padre sí me preocupa que una mujer de 16 años, en lugar de ir al sistema público de salud, vaya a un sistema paralelo que no tenga absolutamente ninguna garantía".
Según Caamaño, esa reflexión también tiene que estar en el debate sobre el aborto, aunque a veces se ha ocultado tras la polémica de si los padres deben o no ser informados: "El derecho regula las autorizaciones, las edades, lo que nunca podrá regular es la relación de confianza entre padres e hijos. Eso nunca lo va a regular una norma".
Ante el recurso de inconstitucionalidad que el PP ya ha anunciado en caso de que se apruebe la nueva ley, el ministro afirma no estar preocupado porque la norma no cuente con el respaldo ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni del Consejo Fiscal, cuyos integrantes se dividieron prácticamente al cincuenta por ciento entre quienes apoyaban la norma y quienes la rechazan.
El Gobierno descarta rebajar la edad penal
El Gobierno no considera necesario reformar la Ley del Menor para rebajar la edad penal desde los 14 años hasta los 12, como acaba de proponer el PP cumpliendo el anuncio que hizo el pasado mes de julio a raíz de la violación de dos niñas en Andalucía por un grupo de menores.
"Creemos que no existe esa necesidad", asegura el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que añade: "el problema no está en rebajar la edad penal, porque los 14 años está en la media de los países democráticos y se considera que con menos de esa edad quien ha cometido un acto, por muy reprobable que sea, es un niño".
Eso no quiere decir, según el ministro, "que ese niño quede impune, lo que está diciendo la ley actual es que ese niño no está dentro del sistema (penal), pero es que no todo se arregla con una respuesta punitiva, no todo tiene solución colocando a la gente en la cárcel".
"Hay soluciones diferenciadas y la ley actual prevé tratamientos específicos de carácter pedagógico y educativo y seguimientos especiales", señala el titular de Justicia, que concluye: "Creemos que esa solución sigue siendo hoy mejor que la pena privativa de libertad para menores de 14 años".
Fuente: estrelladigital.es , elimparcial.es
