Los jueces cargan contra el Ministerio de Igualdad

Las asociaciones de jueces han acusado al Ministerio de Igualdad de lanzar un mensaje "confuso, por lo ambiguo, y equivoco, por lo genérico," que pone de manifiesto su pretensión de "cargar sobre las espaldas de los jueces españoles las consecuencias más trágicas y horrendas" de los casos de violencia de género. Responden así a las declaraciones del delegado de Gobierno en esta materia, Miguel Lorente, sobre "la falta de equiparación" entre las más de 500 mujeres en "riesgo alto o extremo" y las 369 pulseras GPS activadas, que, según él, dependen de "la valoración de las sedes judiciales".


En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, ha señalado que "cualquiera que piense con un mínimo de sentido común" verá como "evidente" que, "cuando ese tipo de medidas no se adoptan, es porque a la vista de las circunstancias no resultan justificadas". Asimismo, ha indicado que afirmaciones como las de Lorente "no contribuyen a nada, sobre todo cuando no están respaldadas por argumentos justificativos, específicos y lo suficientemente concretos".

"Decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es tanto como decir que los jueces no están haciendo lo que deben trasladando a la opinión pública un mensaje extraordinariamente equívoco por ambiguo y confuso", ha apostillado García, a la vez que ha insistido en que considera esta manifestación como "demagógicas", ya que "contribuye muy poco a reforzar la credibilidad de las instituciones", además de "poner gratuitamente y de forma irresponsable en tela de juicio el buen hacer de los jueces españoles".

Asimismo, ha señalado que "no se puede pretender que, sobre la base de cualquier tipo de denuncia, esa medida se adopte sin más", puesto que, "como cualquier otra sanción limitadora de un derecho fundamental, no puede ser aplicada sin un mínimo de justificaciones y de elementos que la sugieran o la aconsejen".

Francisco de Vitoria

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha coincidido en apuntar que "los políticos escurren el bulto y acusan a los jueces por un déficit o por una omisión en determinada situación" y ha afirmado que "los jueces valoran en función de informes" y, por lo tanto, "han concedido todas las pulseras GPS que se podían conceder en este momento". De esta forma, ha concluido que "si faltan más, corresponde a la policía y a las autoridades administrativas señalar dónde esta el impacto de riesgo para que los jueces actúen".

Además, ha destacado que, en muchos casos, las mujeres que resultan asesinadas ni siquiera han llegado a denunciar, tal y como refleja el balance del primer semestre sobre violencia de género presentado el pasado miércoles, algo a lo que también se ha referido el portavoz de Jueces para la democracia, José Luis Ramírez, quien ha puntualizado que el problema que plantea la Ley de Violencia de Género es que "no diferencia entre supuestos concretos" y "se le ha acabado otorgado la misma importancia a un caso menor, como conflictos derivados del divorcio o las separaciones, que a los más graves".

En este sentido, Ramírez ha explicado que mientras los casos leves pasan a ser "los asuntos que mayoritariamente se tramitan por los juzgados de violencia", los más graves, sin denuncia interpuesta, "no se suelen investigar". Por ello, ha apostado por "no esperar a que se ponga la denuncia", como método para atajarlo, debido a que "en una situación de maltrato real es difícil que la mujer salga del círculo y se atreva a denunciar".

Así, ha recomendado "utilizar otro tipo de políticas para investigar, como pueden ser los partes de lesiones en los hospitales o los avisos de 'situaciones extrañas' en las familias detectadas por los servicios sociales. En cualquier caso, ha advertido de que "hay determinados hechos que son inevitables, por más medios que se pongan y más políticas que se desarrollen, y si no se acepta esto no se comprenderá la realidad sociológica y criminológica".

Por último, en referencia a la caída de la confianza de los españoles para atajar la violencia machista frente al crecimiento de los que piden mayores penas, Ramírez ha asegurado que "endurecer las penas no sirve absolutamente para nada", ya que "no tiene ningún efecto disuasorio" y ha apostado por la pedagogía como alternativa a las vías puramente penales. "Lo que sirve es una prevención y una eficacia en la acción policial y de la justicia", ha concluido.

Fuente: gaceta.es

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Badajoz: La prisión tendrá una oficina judicial en sus instalaciones

El Ministerio de Justicia e Instituciones Penitenciarias han firmado un convenio por el que la prisión de Badajoz contará con una oficial judicial, en la que trabajará un funcionario de Gestión Procesal y otro de Auxilio Judicial, para ganar en eficacia y para optimizar recursos.


La oficina gestionará notificaciones, citaciones, requerimientos, emplazamientos, embargos o mandamientos de libertad, entre otros trámites, según la Delegación del Gobierno.

Además, asistirá al Tribunal Superior de Justicia, a las audiencias, decanato, juzgados de primera instancia e instrucción, penales, de Vigilancia Penitenciaria y de Violencia sobre la Mujer. También hará actuaciones encomendadas por otros órganos jurisdiccionales de todos los ámbitos territoriales, en el caso de que se refieran a personas privadas de libertad.

Fuente: lacronicabadajoz.com

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Madrid: El Presidente del TSJ reclama mecanismos para reducir el colapso en tribunales

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, ha reconocido que el colapso de la Justicia madrileña está por solucionar y que hay que establecer mecanismos para reducir drásticamente la litigiosidad en los tribunales.


Vieira, que participó en uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha dicho que la carga de trabajo no se soluciona sólo con la creación de órganos judiciales, sino con otros mecanismos que reduzcan la litigiosidad y permitan que el acceso a la Justicia sea mucho más racional.

"En Madrid las necesidades son muchas, con la actual litigiosidad se deberían duplicar los órganos judiciales, pero eso es imposible, así que la única solución es reducir la litigiosidad", ha dicho Vieira, que ve más fácil que esa reducción se lleve a cabo en la segunda instancia, donde está comprobado que el nivel de confirmación de resoluciones está alrededor del 98 por ciento.

Por otra parte, Vieira también se ha referido a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña que, ha recordado, ha declarado inconstitucional el Consejo de Justicia catalán, que preveía funcionar como órgano de gobierno.

El presiente del TSJM cree que, aunque en algunos aspectos es conveniente modificar la organización territorial de los juzgados, en lo que afecta a órganos gubernativos hay que meditar y dar marcha atrás, como ha ocurrido con el mencionado Consejo de Justicia.

Fuente: ABC.es

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Cuatro de cada diez españoles culpan del maltrato a la mujer

Cuatro de cada diez personas piensa que la mujer es la culpable de sufrir violencia machista por seguir conviviendo con su agresor, según una encuesta realizada por Igualdad, que refleja un aumento de la desconfianza en las autoridades a la hora de romper el círculo del maltrato.



El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha avanzado algunos de los datos de ese sondeo, realizado a través de una encuesta a dos mil personas, y ha mostrado su preocupación por ese aumento de la desconfianza en las instituciones, en la que, en su opinión, ha influido el debate generado en torno a las denuncias falsas.

En este sentido, el 88,9 por ciento de los encuestados opina que hay mujeres que retiran la denuncia pero eso no significa que éstas fueran falsas; el 76,1 por ciento ha respondido que seguramente hay alguna que no es verdad pero "como en todos los ámbitos"; y el 63 por ciento se posiciona a favor de las mujeres y en contra de los que mantienen la teoría de las denuncias falsas. No obstante, el 18,9 por ciento piensa que "la mayoría de las mujeres ponen denuncias falsas".

Lorente ha opinado que este debate "forzado" hace que la sociedad perciba "una cierta desorientación, cuando ese mensaje no sólo se ha llevado a cabo de manera genérica sino que se ha lanzado desde algunas instituciones". Sobre el motivo por el que muchas de las víctimas no denuncian, el 41 por ciento cree que es por miedo; el 30,8, por vergüenza; el 9,5, por desconfianza en las autoridades (en 2009 pensaban así el 5 por ciento) y el 5,9, porque no detecta el riesgo que sufren.

Más de la mitad de los entrevistados (55 por ciento) considera que los hombres agreden a sus parejas porque tienen problemas con el alcohol y las drogas, mientras que el 69,1 por ciento cree que lo hacen por problemas psicológicos. Siete de cada diez encuestados llamaría a la Policía si presenciara una situación de violencia machista.

Si fuera él la víctima, el 42,8 por ciento recurriría a un familiar para pedir ayuda, el 34 por ciento lo denunciaría a la Policía y el 13 por ciento acudiría a los servicios sociales o sanitarios. Para el delegado, los resultados obtenidos a partir de esta encuesta muestran que los ciudadanos tienen una percepción del fenómeno de la violencia de género "bastante aproximada a la realidad".

Fuente: elimparcial.es

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Nueva lluvia de millones del Gobierno para los sindicatos amigos

Ni la congelación de las pensiones, ni el recorte del salario de los funcionarios, por citar sólo algunos de los recortes del Gobierno, han impedido al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero seguir premiando a sus sindicatos. Según aparece en el BOE, el Gobierno repartió este miércoles un total de 91 millones de euros en subvenciones de todo tipo, de los cuales 29 irán a parar a las arcas de algunos sindicatos. Como ya es costumbre, los dos grandes beneficiados han sido UGT y CCOO que recibirán 11,2 millones de euros cada uno.


En el caso de los sindicatos, la cuantía total de las subvenciones para este año supone un aumento de 128.096 euros respecto al año anterior, pese a la situación económica y a los recortes que sufren ciudadanos y pensionistas. Así, tal y como publicaba el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) serán quienes más dinero reciban, concretamente 11,2 millones de euros cada una de ellas. En el caso de los de Cándido Méndez, repartirán esa cantidad entre su Federación de Servicios Públicos (FSP) y la de Trabajadores de la Enseñanza (FETE). Mientras que los de Ignacio Fernández Toxo lo distribuirán entre su Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, la de Enseñanza y la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Otros agraciados son la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), con 4,5 millones, o la Confederación Intersindical Galega (CIG), con 636.539 euros.

En esa partida de formación continua en la que se encuentran los sindicatos también hay más beneficiarios como las diferentes Federaciones de municipios de España, que recibirán unos 6,3 millones, ayuntamientos, comunidades o mancomunidades (más de 21 millones) y ministerios o institutos nacionales, que obtienen 25,6 millones.

Pero el Ejecutivo también distribuyó el miércoles otros 5,68 millones para la localización y exhumación de fosas de víctimas del franquismo, y para la realización de documentales o proyectos relacionados con la Guerra Civil española. El Gobierno publicaba el miércoles la concesión provisional de estas ayudas y entre quienes más obtendrán se encuentran el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía (59.700 euros para exhumar y localizar víctimas), familiares de prisioneros de Valdenoceda (58.200 para exhumar e identificar restos), la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (57.900), un memorial para las víctimas del franquismo en Guadalajara (57.000) o la Fundación Trece Rosas, que se embolsa 40.000 para la conmemoración y digitalización del aniversario de las Trece Rosas.

Y no sólo se quedan en España estas subvenciones, sino que algunas de ellas se van, por ejemplo, a Italia, a la Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, que recibe 24.000 euros para una exposición. Otros de los agraciados aquí vuelven a ser CCOO, para su proyecto «La memoria de los abogados antifranquistas andaluces», y UGT de Madrid para la realización de la tercera parte de «Resistencia sindical en Madrid: Historias de vida de militantes de UGT».

Junto a estas ayudas, el Gobierno también distribuyó el miércoles 3,4 millones para integración de inmigrantes, más de 4 de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y 850.000 para conservación del patrimonio cinematográfico. El recorte del gasto es para funcionarios, empleados públicos y pensionistas o para todos los cuidadanos con la subida de impuestos. Pero no para otras actividades relacionadas con el cine. Sólo en los seis primeros meses del año recibieron 480.000 euros en subvenciones. La gala de los Goya fue "agraciada" con 90.000 euros.


Fuente: larazon.es

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Zaragoza: La Ciudad de la Justicia abrirá en 2012

La Ciudad de la Justicia concentrará en la Expo todos los juzgados de la ciudad desde su apertura en 2012, pero tendrá espacio libre para atender las expectativas de crecimiento durante los siguientes diez años. Así lo aseguró el viceconsejero aragonés de Justicia, José María Bescós, que dispone ya de una detallada propuesta de ordenación de los 62.100 metros cuadrados reservados para este fin, repartidos entre el bloque de pabellones de la avenida de Ranillas y uno de los cinco orientados al Ebro.


En el meandro de Ranillas se agruparán en solo dos años los 65 juzgados que ahora están repartidos entre cinco sedes judiciales abiertas en la ciudad, y aún tendrá espacio libre para abrir otros 21 juzgados -organizados mediante Unidades Procesales de Apoyo Directo (Upad) tras la aprobación de la nueva oficina judicial-. Únicamente se mantendrá en su actual ubicación el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que se ampliará con la construcción de un edificio anexo cuyas obras empezarán este mismo verano.

Cerca de mil funcionarios de Justicia se trasladarán al complejo, por lo que solo quedarán otros 200 asignados al TSJA. También se prevé que abogados y procuradores trasladen sus despachos al complejo de oficinas que se está terminando de acondicionar en el parque empresarial de la Expo. De hecho, se podrán alquilar o comprar espacios desde 120 metros cuadrados, una oferta pensada especialmente con el objetivo de ‘fichar’ a estos profesionales.

José María Bescós explicó que por una cuestión práctica se dividirá la jurisdicción penal de la civil, que en el primer caso ocupará el bloque de pabellones donde se alojaron las comunidades autónomas. No obstante, Bescós destacó que compartirán un “gran vestíbulo público”, que se diferenciará del resto de espacios al mantener la altura original, que alcanza los ocho metros. Mientras tanto, las dos plantas de los pabellones ganarán otras dos más con la construcción de forjados intermedios, tal y como se hizo en el vecino parque empresarial.

El viceconsejero indicó que en el diseño de la Ciudad de la Justicia se ha tenido muy en cuenta la seguridad, de modo que se diferenciará “claramente” las circulaciones de uso público y general de las restringidas a presos y detenidos y a los funcionarios. Los segundos tendrán un ‘circuito’ propio proveniente del sótano, donde estarán los calabozos y accederán directamente los furgones policiales. Mientras, los magistrados, secretarios y fiscales dispondrán de su propia ruta para bajar a las salas de vistas desde las dos plantas superiores, donde estarán sus despachos. “Tendrá una configuración completamente distinta a la tradicional para adecuarse a la nueva oficial judicial”, añadió el viceconsejero.

Señalización propia

El diseño planteado por el estudio de arquitectura Lamela plantea concentrar en las plantas baja y primera las salas de vista, “envueltas por una ‘corteza’ exterior pública”, el gran vestíbulo con una altura libre equiparable a dos plantas. Los arquitectos plantean incluso un servicio de información “preciso y completo” y especialmente un diseño de señalización “clara” (postes y carteles informativos), “apoyada por un sencillo y eficaz código de colores fácilmente identificables con los diferentes programas y jurisdicciones”.

En el gran sótano común se habilitarán, además de los calabozos, los archivos y las plazas de aparcamiento reservadas para los magistrados, secretarios y fiscales. Para ello, se dispondrá de 17.700 metros cuadrados.

El bloque de pabellones frente al Actur alojará, además de los nueve juzgados penales, los doce de instrucción, los tres de guardia y los destinados a Menores, Violencia contra la Mujer y Vigilancia Penitenciaria. Uno de los cinco edificios, el situado justo enfrente del pabellón de Aragón, servirá de sede del decanato, del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y de la Oficina de Atención a la Víctima (OAV). Además, albergará una biblioteca gracias a los 28.400 metros.

En esta parte de la Ciudad de la Justicia también se habilitará una sala para bodas civiles de 150 metros cuadrados, que competirá con el pabellón de ceremonias municipal, diseñado por Iñaki Alday y situado en el Parque del Agua.

El otro edificio, situado en el Ebro, contará en sus 16.000 metros cuadrados con 35 juzgados de lo civil, mercantil, contencioso-administrativo y social, que compartirán 18 salas de vistas. La mayor parte estarán ubicadas, como en la jurisdicción penal, en la planta calle. “El traslado al recinto de la Expo es un acierto. Hemos enjaretado las infraestructuras de Justicia en tan solo dos años”, concluyó.

Fuente: heraldo.es

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"La Justicia ha estado en crisis desde el siglo XIX"

El 9 de octubre cumple 70 y ese día (el del décimo aniversario del asesinato de Luis Portero), Antonio Angulo se jubila. Para entonces debe estar resuelta la presidencia del TSJA pues, de lo contrario, el cargo pasará a otro presidente en funciones. Si se pregunta a Angulo por su favorito dice que elegiría a los tres candidatos. Afirma que el juicio de la Malaya que puede tocarle en septiembre tendrá todos los medios y defiende a los jueces. «Cuando no pueden más piden tres días y se van a su casa a dictar sentencias».


—A pocas semanas de jubilarse le toca la presidencia del TSJA como interino ¿Eso como se encaja?

—La interinidad no existe en los judicial. El día que se jubiló Méndez de Lugo me hice cargo de la presidencia. Y desde ese día el TSJA funciona al cien por cien. Y el día que me vaya, otro magistrado hará las mismas funciones al cien por cien.

—¿Cómo lo lleva?

—Llevo más de veinte años de presidente de la sala de lo social y he ejercido las funciones de presidente. He estado colaborando directamente con todos los presidentes que han pasado por aquí durante veinte años. No es ninguna carga.

—Pero es distinto a lo que hacía...

—Lo que ocurre es que tengo que asumir ahora la misión de presidente. Y estoy ejerciendo esas funciones con todas sus consecuencias.

—Hasta que el CGPJ elija presidente definitivo ¿Tiene algún plan para el TSJA?

—Tengo las preocupaciones propias que he tenido durante el tiempo que he estado en la sala de gobierno. Lo fundamental es que el tribunal funcione. Estoy en contacto con los presidentes de las audiencias. Quiero llegarme en septiembre a Sevilla para ver como va el edificio donde se instalaron los juzgados de lo penal. A ver si lo han arreglado. Estoy ejerciendo las funciones como si fuera a estar aquí hasta dentro de veinte años. Y cuando venga el nuevo presidente cogerá el testigo y seguirá.

—Irá a Sevilla a ver los edificios...

—Voy a ver los edificios de Sevilla porque hay algunas dificultades con algunos. Y estoy esperando porque la Junta de Andalucía está tomando medidas para corregir las deficiencias.

—¿Qué le parecen las instalaciones de los tribunales en Sevilla?

—Sevilla tiene la suerte de tener un presidente de Audiencia y un juez decano fantástico que hacen una labor muy buena. La Junta se está volcando en Sevilla y hay que tener un poco de paciencia porque en momentos de crisis las inversiones se contraen pero va por buen camino.

—Pero en Sevilla no se le puede echar la culpa a la crisis porque en tiempos de bonanza tampoco se acometió la Ciudad de la Justicia....

—La crisis no ha provocado la situación en que estamos. Los proyectos eran anteriores. Pero la solución en estos momentos está ralentizada.

— Los juzgados andaluces ¿resisten la comparativa con otros países?

—La Administración de Justicia en España en comparación con otros países de Europa tiene un número de jueces inferior y medios inferiores. Pero si miramos hace diez años, el cambio ha sido espectacular. Vamos por buen camino pero ese camino es lento. También está pendiente de que se instale la Oficina Judicial que cambia todo. Saber qué vamos a necesitar está supeditado a la oficina judicial.

—¿Hay dinero para esa oficina?

—El plan es que esté funcionando en septiembre de 2012 en Andalucía. Eso yo ahora lo veo muy dificil. Es muy complicado.

—¿Por qué?

—La administración de justicia en Andalucía tiene dependencias variadas. Los secretarios dependen del Ministerio de Justicia, el personal de la Junta de Andalucía, los jueces del CPGJ. Es complicado. Establecer una oficina judicial es muy complicado si encima nos encontramos con esta situación.

—¿Nos hemos ido de largo en España en descentralizar?

—Piense en una empresa en la que el director tuviera una competencia, el mando intermedio otra y los peones otra. Esto causa muchos problemas. Las tres administraciones, la central, la autonómica y la judicial hacen lo que pueden. Yo ahora no tengo poderes sobre los secretarios de mi sala y los secretarios no tienen sobre los funcionarios. Esto distorsiona.

—La Justicia tiene mala imagen. Los ciudadanos la ven lenta, distante ¿a qué lo achaca?

—La Justicia está en crisis desde el siglo XIX, desde que empezó a funcionar. Tenemos que analizar porqué. Me preocupa la falta de confianza. El juez tiene que tener confianza en los ciudadanos y los ciudadanos en el juez. En España hay 4.500 jueces de los cuales el 99% trabaja en el anonimato por encima de lo que le exige el CGPJ. Hay algunos jueces más destacados o que se destacan en la sociedad que le hacen más mal que bien a la judicatura.

—¿Los jueces estrella le hacen mal a la judicatura?

—Crean una imagen distorsionada de lo que es un juez. Un juez es un señor que se dedica a trabajar y no a salir todos los días en los periódicos. Esa figura del juez es la que no se conoce. Se conoce más al juez por lo casos conocidos que por las personas. Y no se tienen en cuenta a los jueces que están en los pueblos dejándose lo mejor de si mismo para que la justicia funcione. También hay que tener en cuenta que los jueces funcionan con unos medios y un personal. Y si hay ausencia de personal, el juzgado no funciona.

—¿De que un asunto tarde ocho meses quien tiene la culpa?

—La puede tener una oficina judicial que no funciona, procedimientos que no van bien. Sistemas de citaciones lentos. Puede ser también que hay un exceso de judicialización de la sociedad española, puede ser porque hay una desproporción patente del número de jueces con el número de asuntos. Todo puede ser.

—¿Por qué van tanto los ciudadanos a los tribunales?

—El sistema de resolución de conflicto fuera del orden judicial tiene muy poco éxito. Y la gente confía en los jueces. Lo que no funciona bien es la administración de justicia.

—Hay quien ve muy fuerte que tenga que celebrarse un juicio con un juez, un fiscal y un secretario por una pelea de vecinos...

—Es cierto que se suprimieron los jueces comarcales que resolvían esos temas en una especie de justicia de paz y hoy día hay juicios que por su entidad debían de resolverse de una manera mucho más directa.

—¿Es la solución para desatascar los juzgados que los funcionarios trabajen por la tarde?

—No. Eso es una ayuda importante pero no la solución.

—Los políticos se ponen querellas unos a otros ¿Abusan de los tribunales?

—Creo que no y además no creo que ese exceso sea malo. Eso implica confianza y en los casos de corrupción política el que los tribunales intervengan puede entenderse como un modo de garantía. De que incluso los políticos están sometidos a derecho.

—Los jueces de lo penal, tras el caso Mari Luz advirtieron que estaban saturados y no podían controlar las ejecutorias...

—Si eso puede pasar en cualquier momento. El control de ejecutorias penales tiene la garantía de los sistemas informáticos. Debería funcionar.

—Parece del Jurásico que las resoluciones se comuniquen en papel....

—Es primitivo que todavía se mandan papeles para comunicarse entre juzgados. Es una locura y tiene que ser por vía informática. Será más barato una vez que se instale el sistema.

«La justicia no debe ser secreta»

—¿No debería haber más transparencia de los jueces con los medios de comunicación cuando se trata de casos que interesan a la opinión pública?

—Es posible. La Justicia nunca debe ser algo secreto, escondido o tapado. Ciertamente las sentencias son todas públicas y aquí tenemos el gabinete de prensa que contesta a todas las peticiones. Pero también se debe evitar que se saquen cosas de contexto. Si pregunta por un asunto que está en instrucción no podemos informar...

—Pero la opinión pública demanda información de este tipo...

—Los procedimientos que están en instrucción son secretos y no se deben de traducir datos.

—En casos como Marta o Mari Luz se nota la lentitud de la Justicia...

—En el caso Marta se está produciendo un retraso porque la investigación criminal no da lo resultados apetecibles. Y no se puede llevar a juicio oral un asunto de esa envergadura si no se tienen pruebas.

—Que el caso Marta vaya a juzgarlo un jurado ¿ofrece las garantías para evitar un juicio paralelo?

—El jurado en algunos casos ha dado resultados positivos y en otros negativos. Garantías con un magistrado presidente las hay todas. No hay porqué sospechar que por la participación del jurado las garantías sean menores.

Fuente: ABC.es

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Logroño: Urquía avisa de que el Palacio de Justicia está ya en marcha con o sin transferencias

La licitación del proyecto de Palacio de Justicia, que estará ubicado en la parcela del antiguo Hospital Militar de Murrieta, está prevista para el próximo año, "aunque sea a finales" ha informado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Vicente Urquía.


Urquía, en una rueda informativa, acompañado de el vicepresidente de la Comisión de Justicia del Senado, José Ignacio Pérez, ha recalcado que el pliego para la licitación del proyecto del Palacio incluye la ordenación global de toda la parcela.

Así, se incluirá en total 30.000 metros cuadrados, aunque un tercio no pertenecerán al Palacio de Justicia, pero sí se dedicarán a fines relacionados con la Justicia.

Urquía ha recordado que hace un año, el alcalde de Logroño, Tomás Santos mostró la necesidad de tomar la decisión de hacer cuanto antes el Palacio" y que ahora, "tras un año, el Gobierno de España ha tomado la decisión de contratar el proyecto", un hecho que ha considerado como muy positivo para Logroño Ha asegurado que este pliego "no es un concurso de ideas, ni de algo abstracto, sino un encargo concreto que se va a hacer a un equipo de arquitectos".

Las condiciones del pliego, según ha dicho Urquía deberán considerar la parcela "en su totalidad" y la integración de la propuesta en la trama urbana existente.

Ha dicho que el Palacio se desarrollará en 20.000 metros cuadrados y añade que el proyecto "garantiza la coherencia y compatibilidad del proyecto que se propone con el posible desarrollo futuro".

Urquía, ha recalcado que el jurado lo forman "mayoritariamente" representantes regionales y locales, ya que la propuesta ganadora será elegida por un vocal de la Comunidad Autónoma, otro del Ayuntamiento de Logroño, otro del COAR, otro del Ministerio de Justicia y otro de Patrimonio.

El presupuesto de la licitación ascenderá a un millón de euros, ha concluido.

José Ignacio Pérez, por su parte, ha recalcado que "el Gobierno de La Rioja entiende las competencias de Justicia como secundarias y hace una obra de teatro de un género cercano a la comedia" cuando alude a este tema.

Porque, ha asegurado, existe acuerdo "en el coste efectivo de las transferencias"- en torno a 15,8 millones de euros- y "en las inversiones nuevas", tanto en los 20.000 metros para cubrir las necesidades del Palacio de Justicia y el coste total del proyecto, 26 millones de euros."

Para el senador del PSOE, el Gobierno de La Rioja "se ha dedicado a hablar de temas urbanísticos y de quién construirá el Palacio de Justicia", mientras que para nosotros lo importante que es que el proyecto no se retrase más tiempo.

Fuente: ABC.es

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Com. Valenciana: Justicia lanza un plan para que los funcionarios dejen de fumar

La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas se ha propuesto que los funcionarios mejoren su calidad de vida y prolonguen los días de su existencia con un plan de abordaje al tabaquismo que incluye el seguimiento personalizado «para que se perciba que hay una cercanía y conseguir el abandono definitivo de este hábito». A la iniciativa, que forma parte del Plan Estratégico de Salud Laboral del departamento, se han adscrito ya 3.715 trabajadores.


El programa que consiste en captación telemática de los trabajadores, realización de cuestionarios, una primera visita médica para establecer el perfil del fumador con recomendaciones para mantener la abstinencia y otras seis visitas de seguimiento (a la semana, quince días, un mes, tres, seis y año) se ha realizado entre el Área de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección General de Salud Pública que decidieron abordar esta situación tras conocer por la última encuesta de la Generalitat que la prevalencia de consumo de tabaco en el colectivo de los empleados públicos era de un 36%.

Malos humos en Justicia

Para pormenorizar este dato y tener la incidencia real por sectores, el Instituto Valenciano de Estadística realizó un estudio con 1.080 encuestas que reveló que los empleados de Justicia son los que más fuman en número (41,2%) y en cantidad de cigarrillos diarios. Y por si fuera poco, son los únicos que admiten que fuman más que hace un año. Sin embargo, en la constatación de esta triste realidad asoma una brisa de esperanza ya que un alto porcentaje de adictos al humo manifestó su deseo de recibir ayuda para abandonar este hábito tan nocivo.

Con los datos de la prevalencia del tabaquismo en el sector de administraciones públicas que agrupa el 13% de los empleados públicos de la Generalitat (justicia, sanidad, educación y administraciones públicas) el grupo de trabajo se propuso un objetivo claro: conseguir un 25% de abandonos en un sector que cuenta con 16.891 empleados, el 64% de los cuales son mujeres.

El estudio dio a conocer que en Sanidad son más las mujeres que fuman (22,1%) que los varones (20,2%).

El informe desvela que el grupo de 16 a 44 años concentra un mayor porcentaje de empleados de todos los sectores que no han fumado nunca.

La mayor parte de los fumadores fueron advertidos en el último año del daño que ocasiona el consumo del tabaco. De hecho, los empleados de Justicia que son que acumulan la prevalencia más alta son también (76%) los más informados, seguidos de los de sanidad (64,3%), Consell (61,7%) y Educación (54%).

En la erradicación de este hábito en los funcionarios de la Comunitat Valenciana solo participarán siete médicos, seis enfermeros y un psicólogo que solo trabajará en Valencia.

Fuente: levante-emv.com

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Los jueces se quejan de falta de tiempo para estudiar los temas más delicados

Los jueces españoles se sienten en general mal pagados, dicen soportar una "excesiva carga de trabajo" y están "poco o nada satisfechos" con la "consideración social de su trabajo". El 92% de ellos se queja, además, de que no disponen de tiempo suficiente "para enfrentarse a los asuntos más complicados", lo que les impide estudiarlos con la necesaria "profundidad", señalan.


Así lo pone de manifiesto una encuesta de carácter interno que ha elaborado la Sección de Estudios Sociológicos del Consejo del Poder Judicial entre los días 16 de marzo y 30 de abril pasados. Un total de 1.763 jueces y magistrados respondieron al cuestionario, el 39% del total de 4.528 que hay en España. Una muestra que, según este estudio, refleja con gran certidumbre los actuales ánimos de la carrera judicial.

Muchos litigantes se quejan, no ya solo de la tardanza en las resoluciones, sino también de que los jueces no se leen todos los papeles que aportan en sus pleitos. La encuesta revela algo que podría explicar esa percepción: un 77% de los magistrados apuntan en la encuesta que soportan "demasiada carga de trabajo". Pero lo que preocupa especialmente a la inmensa mayoría de los jueces, es "la falta de tiempo a la hora de pensar y estudiar con profundidad los asuntos más complicados". Este problema lo viven con más intensidad aún las jueces que trabajan en los juzgados de lo contencioso (pleitos entre los ciudadanos y la Administración), de instrucción (que investigan delitos), familia (divorcios, custodia de hijos...) y civiles (pleitos entre ciudadanos). "Este problema existe y habría que facilitar algún modo flexible, accesible y rápido para que los jueces puedan solicitar una dedicación mayor a ciertos asuntos", se indica en la encuesta.

Las "malas instalaciones" judiciales, la falta de medios técnicos (fax, fotocopiadoras, informáticos), escasez de recursos o ausencia "de preparación del personal" del juzgado (bajas, interinidades, plaza sin cubrir...) son otros de los problemas que les agobian.

Coinciden la mayoría de los magistrados consultados en quejarse del salario y de la consideración social que se tiene de ellos. Un 57% de ellos ve "poco o nada satisfactorio" su nivel de retribución. Los mejor pagados y más satisfechos son los del Tribunal Supremo (unos 7.000 euros mensuales netos); a gran distancia, los demás. Un juez de instrucción de Madrid, con guardias y complementos, gana unos 4.000 euros.

La insatisfacción en la carrera judicial con el sueldo se ha acrecentado un 23% en el último año. En 2009, solo el 34% de los jueces se sentía insatisfecho. En abril de este año (antes incluso del recorte salarial decretado por el Gobierno a todos los funcionarios a raíz de la crisis) el porcentaje era del 57%. Como botón de muestra, el 50% de los jueces de la Audiencia Nacional declara estar "poco o nada satisfecho con la retribución", al igual que el 66% de sus colegas de los juzgados de menores. Sí lo están casi unánimemente los del Supremo, aunque unos y otros saben que por sus despachos pasan abogados que multiplican sus sueldos. La encuesta revela más motivos de descontento. El 65% está "poco o nada satisfecho" con la consideración social de su trabajo. Entre las jueces, el porcentaje llega al 72%: "Las mujeres son más perceptivas -o receptivas- al claro deterioro que está sufriendo el prestigio social de la carrera judicial en España en los últimos años".

La encuesta refleja que después de seis años como juez el malestar crece progresivamente. Si el destino en el que están les gusta, la satisfacción aumenta. Pero no siempre es así. Un 40% de ellos desearía otro destino. Los jueces que muestran más satisfacción en sus destinos son, obviamente, los del Tribunal Supremo; seguidos de los que trabajan en los juzgados de violencia sobre la mujer (un 78%). En las antípodas, declara "poca o ninguna satisfacción" el 23% de los que se hallan en los juzgados de lo contencioso y el 23% de los de la Audiencia Nacional.

El plan de modernización de la justicia diseñado por el Consejo en 2008 y apoyado por el Ministerio de Justicia (en resumen: más dinero, más juzgados, mayor agilización del proceso, y potenciación de la informática) tampoco es la panacea ni solventará las deficiencias. Solo el 40% dice saber "algo" de ese plan, y lo ven "inadecuado o insuficiente".

Muchos encuestados se muestran muy favorables a que se potencie la figura de la mediación intrajudicial, que reduciría la carga de trabajo y daría a los jueces más tiempo para dedicarse a los asuntos más complejos. Son proclives el 87% de los jueces de familia, el 80% de los de lo mercantil, el 70% de los de la jurisdicción laboral y el 66% de los jueces de menores. Los jueces quieren ser ellos, y no el Consejo, los que, en votación, elijan a sus altos cargos, presidentes de tribunales superiores y de audiencias. Creen que deberían tenerse en cuenta a la hora de los nombramientos la "experiencia y antigüedad" en la jurisdicción" y recelan de los ascensos en función de una cuota por razón de sexo.

Dentro de los servicios del Consejo, el más elogiado es el de Documentación que el Poder Judicial tiene a disposición de los magistrados. El Observatorio de Violencia de Género, que dirige la vocal Inmaculada Montalbán, es, en cambio, de lo peor valorado por los jueces: sobre 10, sólo obtiene un 3 de nota.

Fuente: elpais.com

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Fraga: Entró en servicio el nuevo edificio de juzgados

Las nuevas instalaciones de los Juzgados de Fraga (Huesca) ya se encuentran operativas tras el traslado efectuado del antiguo edificio, ubicado en la avenida Reyes Católicos 24, que acogía hasta ahora la actividad judicial. Este nuevo inmueble, que alberga los órganos judiciales de Fraga, se ubica entre las calles Avenida de Los Hondos, y la calle Alcabón, s/n, en un solar cedido por el Ayuntamiento de la población, con una superficie de 2.182 metros cuadrados, próximo a la carretera de Huesca, en una zona de expansión urbana. En él está prevista la ubicación del segundo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.


El Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón ha invertido más de 3,1 millones de euros en su construcción. Asimismo, se ha invertido más de 126.000 euros en la adquisición del mobiliario y accesorios como mesas, armarios, cajoneras, sillas, bancadas o estanterías. A lo que hay que añadir más de 32.000 euros para dotar a las nuevas instalaciones de los recursos informáticos y de nuevas tecnologías necesarios como ordenadores, impresoras, fotocopiadoras o el sistema de grabación digital para las sala de vistas, todo con el objetivo de modernizar la Administración de Justicia y de mejorar el servicio público al ciudadano.

El inmueble cuenta con una superficie total construida de 2.249 metros cuadrados con tres plantas: un semisótano y planta baja de 1.017 metros cuadrados cada una, y una primera de 214 metros. La planta semisótano alberga estacionamientos de vehículos, área de detenidos, archivo e instalaciones; en la planta baja se ubican dos juzgados compuestos cada uno por juez, secretario y funcionarios y dispone de una sala de vistas, quedando dos espacios de reserva iguales para otras dos más, fiscal, área forense, abogados y procuradores. La primera planta del edificio queda como espacio de reserva, quedando terminado pero sin compartimentar. Su exterior es de ladrillo caravista y dispone de una instalación solar para el suministro de agua caliente con el fin de favorecer el ahorro energético.

Unas instalaciones, que se enmarcan en el programa de mejora de infraestructuras judiciales del Ejecutivo autónomo, con las que se ha resuelto la situación de falta de espacio en la que se encontraban los juzgados de Fraga.

Las obras se iniciaron el pasado 18 de noviembre de 2008 con un proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia que, después, fue modificado por el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior cuando asumió las competencias en la materia y en el que se tuvo en cuenta la posible entrada en funcionamiento de nuevos juzgados, hecho que se confirmó con la aprobación recientemente por el Consejo de Ministros del Segundo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado de Fraga.

Fuente: cronicadearagon.es

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Madrid: Granados dice que el primer paso para abordar la Oficina Judicial es que Justicia defina un plan de financiación

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, cree fundamental fortalecer la independencia del Poder Judicial para evitar la injerencia política y recuperar la "muy olvidada" separación de poderes de Montesquieu, evitando "la influencia política en los procedimientos u órganos judiciales".


En una entrevista a diariojuridico.com, el consejero de Justicia repasa la postura adoptada por la Comunidad de Madrid en la cita celebrada hace unas semanas en Valencia entre las consejeros de este ramo y el Ministerio para la puesta en marcha del nuevo modelo judicial.

A juicio de Granados, el primer paso para abordar la implantación de la Oficina Judicial es que el Ministerio de Justicia defina el plan de financiación del nuevo modelo con la finalidad de que este proceso imparable pueda ser asumido con todas las garantías de éxito y evitar que haya modelos diferentes en cada comunidad autónoma.

Así, apuesta por acometer una serie de cambios en el sistema, que debe liderar el departamento de Francisco Caamaño. Además, ha propuesto crear 150 plazas de jueces, en vez de juzgados, para hacer frente a "la litigiosidad que existe y poder hacer más eficaz la Justicia".

Para Granados, los principales retos de la Justicia pasan por conseguir "una eficacia y agilidad en este ámbito, mejorar las infraestructuras y procedimientos y fortalecer y reforzar la independencia del poder judicial".

PROFUNDA REFORMA

En la misma línea, el consejero se muestra partidario de acometer una profunda reforma para afrontar la alta litigiosidad y carga de trabajo, que incluya reformulaciones de la asistencia jurídica gratuita, implantación real del nuevo sistema de organización dibujado por la oficina judicial así como mecanismos que eviten cualquier tipo de injerencia en el poder judicial.

Granados destaca que el Gobierno regional está invirtiendo cantidades económicas muy importantes en la informatización de los diferentes Juzgados.

"No se puede olvidar que modernizar la Justicia es mucho más. Son edificios, son incrementos de plantilla, es el nuevo modelo de Oficina Judicial, sobre la que hay que recordar que existía un pacto entre el PP y el PSOE firmado en 2003, y que hasta ahora no está arrancando porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero no lo ha estimado oportuno", denuncia.

NUEVAS COMPETENCIAS

Respecto al nuevo modelo de Justicia, Granados destaca que uno de los elementos más importantes es la asunción por parte de los Secretarios Judiciales de funciones que hasta ahora desempeñaban los jueces, además de dictar sentencias.

"La idea es positiva para centrar el cometido específico de los jueces. El problema radica en que este "reparto" de funciones distinto al actual no ha sido debidamente consensuado entre las partes con anterioridad y, por lo tanto, su puesta en marcha está generando algunos problemas que debieran haberse solucionado previamente", destaca.

En cuanto a las soluciones extrajudiciales para descargar a los tribunales, el consejero opina que considera positiva "aquellas iniciativas que hagan más soportable esa carga de trabajo o que ayuden a disminuirla, en aras de conseguir una mayor eficacia y rapidez en la Administración de Justicia".

Por otro lado, recalca que la Comunidad de Madrid apoya decididamente que sea Madrid la capital internacional del arbitraje, sin ningún género de dudas.

JUSTICIA GRATUITA

En la entrevista, Granados se pronuncia sobre el actual modelo de Justicia gratuita, el cual ha calificado de "injusto" e "inviable". "El sistema a día de hoy está completamente desvirtuado y disparado. Es necesaria una reforma en profundidad, algo en lo que estamos de acuerdo comunidades autónomas, Ministerio de Justicia y el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid", señala.

De este modo, insiste en que "hay que ofrecer esta asistencia a quien realmente lo necesite y así lo acredite". "A día de hoy esto no está ocurriendo, lo que está provocando un aumento exponencial de los expedientes y recursos, incluso ante el Constitucional, que colapsan la Justicia y, en muchas ocasiones, ni si quiera están respaldados por los propios interesados. Por este motivo, el decreto que preparara el Gobierno regional no recortará derechos, sino que los garantizará, pero a aquellos que sea destinatarios de los mismos, según la ley", señala.

Fuente: que.es

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Almería: El plan de tarde echará a andar tras el verano en 25 juzgados

Como ya sucedió el año pasado, a partir del próximo día 1 de septiembre la Consejería de Gobernación y Justicia pondrá en marcha un nuevo Plan de Tardes en algunos órganos judiciales de la provincia. Esta medida establece unos turnos vespertinos de trabajo voluntario y remunerado para los funcionarios que trabajan habitualmente en los órganos más saturados, con el objetivo de reducir el papeleo acumulado.


En la provincia de Almería, serán un total de 31 los órganos judiciales que se adaptarán a esta medida, entre los que se encuentran 25 juzgados de la provincia además de los servicios comunes de la capital (Servicio de Notificaciones y Embargos) y de los partidos judiciales de Berja, Huercal-Overa, El Ejido, Roquetas de Mar y Vera.

Según ha informado la Junta de Andalucía, el nuevo Plan de Tardes se implantará a partir de septiembre en un total de 246 órganos judiciales de la comunidad, siendo Sevilla y Málaga las provincias que concentran un mayor número de actuaciones, seguidas de Granada y Almería. La cifra total de actuaciones en la provincia almeriense, teniendo en cuenta que la medida también se desarrollará en los servicios comunes, es de 31.

Esta medida establece un plan voluntario al que pueden acogerse los trabajadores de los órganos que, como consecuencia de la crisis económica, han experimentado un notable aumento en la llegada de asuntos. Estos órganos son principalmente los juzgados de Primera Instancia, los servicios comunes de notificaciones y embargos y los servicios comunes de Partido Judicial. Asimismo, el plan pretende mejorar la Administración de Justicia y hacerla más cercana para la ciudadanía.

Los funcionarios que se acojan al nuevo Plan de Tardes trabajarán durante tres meses, finalizando a mediados del mes de noviembre, tres días a la semana y a cambio de un complemento salarial. Cabe destacar que la implantación del plan no incluye la celebración de juicios por la tarde y requiere de un plan específico semanal previo, que será establecido por el secretario judicial de cada órgano en cuestión.

Después de un año y tras el éxito de la medida que se aplicó en 2009 a 16 órganos judiciales de la provincia, los juzgados almerienses que se suman al nuevo plan son: Primera Instancia 4, 5, 2, 1, 3, 6; Primera Instancia e Instrucción 2, 1, 4 y 3 de El Ejido, 1, 4, 3, 2 y 5 de Roquetas de Mar, 2 y 1 de Berja, 1 de Purchena y Huercal-Overa y 1, 2 y 3 de Vera ; y Penal 4, 3 y 1 de Almería.

Fuente: elalmeria.es

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Murcia: Valcárcel nombrará a Manuel Campos consejero de Justicia en septiembre

El presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, confirmó el pasado jueves en Madrid que Manuel Campos será el nuevo consejero de Justicia, cuyo nombramiento se producirá en septiembre. Valcárcel hizo este anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la que ambos cerraron el acuerdo para la transferencia de esta competencia.


Valcárcel se comprometió a «acercar la Justicia mucho más a los ciudadanos», y calificó de «histórico», ya que con la recepción de la Justicia «se pone fin al techo competencial de la Región».

El presidente salió al paso de los rumores que han circulado por Murcia en los últimos días sobre una posible remodelación del Ejecutivo, y aseguró que no tiene intención de hacer más cambios que la creación de la Consejería de Justicia. «El Gobierno ha sido objeto de reducciones importantes desde el año 2008 y a día de hoy no parece necesario plantear una remodelación a partir de la nueva consejería», indicó.

Añadió, sin embargo, que «nunca he cerrado la puerta a remodelar el gobierno si las circunstancias lo exigen, y si esto ocurre será anunciado pertinentemente». La Consejería de Justicia y el nombramiento de Campos serán oficiales en septiembre para «que el consejero pueda recibir las competencias en enero con todos los mecanismos más que engrasados», explicó Valcárcel.

El ministro declaró que la transferencia que supondrá el traspaso de más de 1.360 funcionarios y un coste efectivo anual de 70 millones de euros, a los que hay que añadir otras partidas relacionadas con convenios, nuevas tecnologías y «otros flecos».

El Gobierno regional cifró esta cantidad adicional en 4,5 millones de un pago único y un millón de euros más para la digitalización de las salas de vistas de los juzgados.

El acuerdo incluye la conclusión de las obras de la segunda fase de la Ciudad de la Justicia, para lo cual el Ministerio asignará unos 19 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2011.

El ministro indicó que será a partir del 1 de enero de 2001 cuando Murcia asuma la titularidad de las infraestructuras e instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, de la Audiencia Provincial y de los once partidos judiciales de la región, así como de las redes tecnológicas y los sistemas informáticos.

Tras el acuerdo, el protocolo deberá pasar a la Comisión Mixta de Transferencias, dependiente del Ministerio de Política Territorial, y el ministro expresó su deseo de que «lo antes posible» estén los decretos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Martínez Moya, señaló que las nuevas competencias llegan a la Región «en buen momento», y abogó por «compartir responsabilidades de acuerdo a los principios de cercanía y eficacia». El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, indicó que «todo lo que sea aproximar la Justicia al ciudadano es bueno», mientras que el PP y el PSOE celebraron el acuerdo.

Fuente: laverdad.es

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Aragón: Los medios tecnológicos y los equipamientos son las principales preocupaciones del TSJ

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha resaltado, en su memoria de 2009, que entre sus principales preocupaciones están los medios tecnológicos y los equipamientos. Entre las necesidades “más urgentes” destacan: en el Palacio de Justicia de Zaragoza: la restauración de mobiliario de Salas de Audiencia y Plenillo, la reparación del suelo de la planta noble, la mejora de la iluminación interior y la sustitución de megafonía en Salas de Audiencia, entre otras; dotar a todos los secretarios judiciales, jueces y magistrados de legislación básica actualizada, sustantiva y procesal, en ediciones de textos legales, dotar de ordenador portátil para los miembros de Sala de Gobierno y la puesta a disposición de los presidentes de Audiencias Provinciales de vehículo de servicio, cuando sea necesario.


Para el funcionamiento del Gabinete de Comunicación solicitan: un funcionario de apoyo, la creación de espacios para salas de prensa en las sedes de Zaragoza (Tribunal Superior y Juzgados), Huesca y Teruel, la dotación de acceso a aparatos de radio y televisión y la sustitución de mobiliario.

Asimismo, enumeran una lista de una treintena de necesidades entre juzgados de toda la Comunidad Autónoma que van desde estanterías y aparatos de aire acondicionado y calefacción, hasta la señalización adecuada del edificio judicial de Calamocha.

El éxito de la Nueva Oficina Judicial, implantada en mayo, pasa por la implantación de nuevas tecnologías de información y comunicación adecuadas y suficientes al servicio de la Administración de Justicia.

Ante la implantación de la misma, el TSJA considera “especialmente necesario” llevar a cabo las relaciones de puestos de trabajo de todos los funcionarios, establecer un servicio común de ejecución en la ciudad de Zaragoza y establecer servicio común de registro y reparto en la capital aragonesa.

Personal al servicio de la administración de Justicia

La plantilla del personal al servicio de la Administración de Justicia en este territorio de Aragón la constituyen un total de 1.355 personas. De las cuales 1.262 son personal funcionario y 93, personal laboral.

En cuanto al total de los funcionarios, correspondientes a los Cuerpos Generales de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, y al Cuerpo Especial de Médicos Forenses, 1.077 son titulares, 139 interinos y 46 de refuerzo.

Respecto a este personal, el TSJA solicita una formación actualizada, para todos, relativa a medios técnicos informáticos y telemáticos, y gestión procesal y administrativa, especializada por órdenes jurisdiccionales. Además, pide dotar a todos los juzgados, especialmente a los de nueva creación, de personal titular desde el mismo día de su puesta en funcionamiento.

No obstante, la Sala de Gobierno señala en su memoria anual que es “consciente de las dificultades presupuestarias del momento”, por lo que considera que una inversión “razonable” en Administración de Justicia ha de servir para la “mejora de la calidad de éste servicio público, de la tutela efectiva de los derechos de las personas y para el afianzamiento de la seguridad jurídica”. El Ejecutivo autonómico tiene desde hace dos años las competencias de Justicia en materia de personal y material.

Fuente: aragondigital.es

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