Hace 42 minutos
martes, octubre 19, 2010
lunes, octubre 18, 2010
Justicia negoció con Industria para gastarse 50 millones “como fuera”
A poco más de un año del fin de la legislatura, el llamado plan Caamaño para la modernización de la Justicia en España, uno de los proyectos estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es difícil que se convierta en realidad. El Ministerio de Justicia, que tiene que modernizarse, y el de Industria, que debe gestionar técnicamente el proceso de modernización, se están tirando los trastos a la cabeza y se acusan mutuamente de no saber qué hacer y cómo invertir el dinero presupuestado.En definitiva, se imputan unos a otros falta de capacidad y experiencia para acometer un trabajo de tal envergadura.
El documento
El pasado mes de mayo, viendo que el plazo se estaba agotando, José de la Mata, subdirector general de Nuevas Tecnologías de la Justicia, pidió ayuda a Red.es para “gastar”, antes del 30 de junio, los 50 millones de euros presupuestados para la adquisición de equipos y software para tres de los hitos del plan: Centro de Proceso de Datos, Grabación de Salas de Vistas e Informatización de los Juzgados de lo Penal. En caso contrario, el dinero debía volver a las arcas del Estado. Por ello, desde Justicia pedían a Industria un esfuerzo de imaginación para invertir el dinero, por supuesto, sin pasar por una licitación pública, para la que no había tiempo material.
En un documento interno, el pasado 7 de mayo se celebró una reunión entre Red.es, la empresa pública dependiente de Industria para el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y los responsables del Ministerio de Justicia. El autor del informe pone en antecedentes al director general de Red.es, Sebastián Muriel, del estado de la cuestión y dice que, en lugar de haber colaborado en el diseño de un plan de sistemas informáticos que son los cimientos sobre los que luego se debían determinar qué equipos de hardware y qué software se requerían, y reconoce que se han pasado los meses enfrentados y desconfiando unos de otros. “La situación que preocupa a José de la Mata” –dice textualmente el informe– “es que tienen que gastar un presupuesto brutal, 50 millones de euros, antes de junio y que las decisiones de compras tienen que parecer lógicas en los gastos”. El responsable de Red.es dice que les recomendó a sus colegas de Justicia: “Si estáis desesperados por gastar y sabéis en qué, ¿a qué esperáis?”. Y, dirigiéndose a su director general, continúa: “No deberíamos estar implicados por el riesgo que supone. Si tienen tanta prisa por gastar, que contraten lo que quieran y ya veremos cómo se va ajustando un plan de sistemas a las decisiones que tomen”.
Según el documento, los pasos a seguir debían ser: “Coger a un grupo de empresas –por supuesto de confianza– y decirles que en un mes hagan un análisis y una propuesta de qué comprar. Comprar por catálogo –ni siquiera había tiempo de ver los equipos–. Los problemas que esto supone es que las decisiones son sin fundamento real y estamos hablando de mucho dinero público; vamos, que es para portada del diario El Mundo tomar decisiones así. Caes en manos de las empresas, que te venderán lo que quieran. Y después, un plan de sistemas serio puede llegar a la conclusión de que las decisiones tomadas no tienen sentido”.
La compra
El autor del informe, José Ignacio Sánchez Valdenebro, director adjunto de Servicios Públicos de Red.es, continúa afirmando que los responsables del Plan de Modernización de la Justicia “no tienen el conocimiento suficiente ni la proyección de necesidades a largo plazo que les permita tomar alguna decisión lógica aparte de la que les diga el fabricante, que será la de la máquina más cara y más gorda. Vamos, que si ésta es la solución, voy a hablar con los fabricantes para que me busquen un hueco y hago la venta de la década de una tacada”.
El informe finaliza de esta manera: “No saben qué hacer, cómo hacerlo y la gente que tienen [en la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia] no tiene capacidad de tomar decisiones porque no saben de sistemas [informáticos]. ¿Y qué coño han estado haciendo hasta ahora?”.
La situación que se describe en el documento se refiere únicamente a algunos de los capítulos incluidos en el Plan de Modernización de la Justicia. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos puestos en marcha por el Gobierno Zapatero, en el que andan involucrados varios departamentos ministeriales con presupuestos millonarios.
Fuente: gaceta.es
Alicante: Lista de espera ante la falta de CD para grabar los juicios penales
«No hay ni un duro», expone gráficamente un magistrado. No le falta razón. La carencia de presupuesto de la Generalitat para hacer frente a los gastos corrientes de los juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana está alcanzando cotas alarmantes. El último episodio de este desalentador panorama es la existencia de una lista de espera de jueces en Alicante para obtener las grabaciones de vistas orales ya celebradas ante la falta de discos compactos (CD). Esa circunstancia está provocando ya importantes retrasos en la publicación de las sentencias, según fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa.La última reforma procesal, que entró en vigor en mayo, impone la grabación con videocámara de todos los juicios penales, también los de faltas, como ya ocurría con los procedimientos civiles.
Los juicios que se celebran en los Juzgados de lo Penal o de Instrucción son grabados por una videocámara en las salas de vistas. Posteriormente, el ordenador de cada órgano judicial remite la grabación al disco duro de un equipo informático centralizado en el Decanato. Automáticamente, ese ordenador central copia el juicio desde su disco duro a un cedé en cuya carátula imprime los datos de referencia para que pueda ser identificado y recogido por el juzgado correspondiente.
El pasado mes de septiembre, sin embargo, los CD se agotaron, lo que generó un considerable atasco. Actualmente son ya más de mil los soportes necesarios para dar salida a las grabaciones almacenadas. Según su duración, cada juicio puede ocupar uno o varios discos, por lo que las fuentes consultadas cifran en más de medio millar las vistas orales a la espera de ser copiadas.
Los funcionarios del Decanato realizaron el mes pasado un pedido urgente de discos a Profinsa, la empresa encargada de suministrar este material informático. Pero no hallaron respuesta. Al parecer, la mercantil está negociando un nuevo contrato con la Generalitat y ha cerrado provisionalmente el grifo.
Los Juzgados tuvieron que recurrir entonces a otro proveedor de material de oficina de la Administración de Justicia, que remitió sólo cien CD, y además inservibles, pues no permitían la impresión de las referencias de los procedimientos.
Algunos jueces han decidido recurrir al Colegio de Procuradores de Alicante, que dispone de un sistema similar, para obtener grabaciones de sus juicios y poder elaborar las sentencias.
Problemas similares de suministro se están registrando en todos los partidos judiciales de la provincia con el material de oficina. Algunos magistrados han llegado pagar de su bolsillo estanterías para guardar los expedientes.
Fuente: lasprovincias.es
Córdoba: Los sindicatos no descartan la huelga si se retrasa el Instrucción 8
La junta de personal de Justicia, en la que están representados los sindicatos CSIF, USO-SPJ, UGT, CCOO y STAJ, acordó convocar para el miércoles una asamblea de trabajadores para decidir qué actuaciones se tomarán ante el retraso en la puesta en marcha del juzgado de Instrucción número 8 y el servicio de guardia de 24 horas.Según declaró el presidente de la junta, "no descartamos ninguna medida de presión, incluida la huelga" para conseguir que el órgano judicial entre en funcionamiento el 30 de diciembre, tal y como lo aprobó el Consejo de Ministros en junio.
Esta reivindicación se une a la del colectivos de jueces de Instrucción, que argumentan que ciudades con menos problación cuentan con ese servicio, y a la del PP.
Hace unos meses, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió crear el octavo juzgado de instrucción, una unidad que permitirá reestructurar el trabajo, crear un sistema de guardia de 24 horas y zanjar los problemas actuales. Jueces, secretarios y funcionarios se quejan de las jornadas interminables de trabajo, del elevado número de detenciones que han de resolver en un tiempo récord y del crecimiento de casos a raíz de la reforma del Código Penal para asuntos de tráfico o de las causas de violencia de género.
En teoría, Instrucción 8 debería empezar a funcionar en diciembre, pero las semanas avanzan y cada vez es más fuerte el rumor de que su apertura se retrasará hasta primavera, pues la Junta de Andalucía está obligada a redistribuir el espacio en el palacio de justicia y a buscar un nuevo local. Los jueces y los secretarios ya han mostrado su malestar por la demora y el silencio de la Administración autonómica, pues una decisión improvisada obligaría a cambiar las agendas judiciales.
Fuente: diariocordoba.com , eldiadecordoba.es
domingo, octubre 17, 2010
País Vasco: El viceconsejero Fínez fallece de un infarto tras la apertura del año judicial
Un nutrido número de compañeros del ámbito de la judicatura y de representantes institucionales visitaron ayer la capilla ardiente del viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuyas banderas ondearon a media asta durante toda la jornada. Fínez, de 48 años, falleció el viernes en su domicilio de la capital vizcaína a consecuencia de un infarto. El funeral se celebrará mañana en la Iglesia de Nuestra Señora de Covadonga, en Bilbao.El viceconsejero, magistrado en excedencia, casado y padre de dos hijos adolescentes, había participado horas antes en el acto de apertura del año judicial, celebrado en el Tribunal Superior del País Vasco. Al parecer, comenzó a sentirse indispuesto después de comer en el centro de la capital vizcaína con unos amigos, a los que confesó sentirse cansado y con ciertas molestias en el pecho. Murió en torno a las seis y media de la tarde.
El óbito conmocionó a toda la carrera judicial. Fínez tenía entre la profesión fama de «gran jurista» y de ser una persona «campechana», «simpática» y «muy cercana». «No tenía enemigos. Le caía bien a todo el mundo», confesaba un magistrado que había charlado con él en el Palacio de Justicia. De hecho, quien ha sido mano derecha de Idoia Mendia en el Gobierno vasco había mantenido por la mañana animada conversación y bromas con buena parte de los asistentes a la recepción ofrecida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra. Incluso afeó a un compañero de profesión que hubiera vuelto a fumar tras haber sido operado del corazón.
Alto cargo del Ejecutivo de Pachi López desde mayo del año pasado, había aprovechado el acto con el que se da arranque oficial al curso en el País Vasco para comentar la actual situación de la judicatura y, según algunos de los presentes, había sondeado la posibilidad de mantener algunos encuentros y contactos con miembros del Consejo General del Poder Judicial y autoridades para analizar cuestiones pendientes.
Fínez tenía entre sus objetivos más inmediatos la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, que entrará en funcionamiento en los juzgados de Irún, Azpeitia, Eibar, Amurrio y Guecho de forma escalonada desde el próximo día 25 de octubre hasta el 3 de noviembre. Además, había conseguido negociar una mejora de las condiciones laborales de los más de 1.900 funcionarios de la Administración de Justicia y pactar con los sindicatos la apertura por la tarde de ciertos servicios al ciudadano.
Su nombramiento como viceconsejero, unido a la llegada de Pachi López a Ajuria Enea, también contribuyó a normalización de las relaciones entre la cúpula judicial de Euskadi y el Ejecutivo autónomo. José Manuel Fínez era bien conocido por máximos representantes de la magistratura vasca. Nacido en el barrio de La Peña, cursó todos sus estudios en Bilbao y completó la carrera de Derecho en la universidad de Deusto, donde obtuvo el título de catedrático de Derecho Civil. Fue docente en Deusto y en Cantabria y accedió a la carrera judicial por el 'cuarto turno', el reservado a juristas de prestigio. Según diferentes fuentes, fue el número uno de su promoción.
Del sector progresista
Después de trabajar como magistrado suplente en la Audiencia de Cantabria, se trasladó a la capital vizcaína donde hasta su nombramiento como viceconsejero dirigía el juzgado de instrucción número 13. De tendencia progresista, formaba parte del colectivo Jueces para la Democracia. En diciembre de 2005 pugnó por ocupar el puesto de juez decano de Bilbao, cargo que obtuvo finalmente Alfonso González Guija, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.
Su fallecimiento provocó una reacción unitaria de todos los colectivos judiciales. Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior y asociaciones mostraron sus condolencias y coincidieron en manifestar la «enorme pérdida» que supone la muerte de un «estupendo magistrado y buena persona».
Fuente: elcorreo.com
Paraguay: Fiscal acusada por cobro irregular de salarios de funcionarios sufre amnesia
La fiscal suspendida en sus funciones Liz Pérez Idoyaga se encuentra acusada por apropiación y estafa. Debía afrontar el pasado jueves una audiencia preliminar ante la jueza Patricia González, pero fue suspendida debido a que el abogado defensor presentó un certificado médico alegando sufrir un cuadro de amnesia global transitoria, y que está con reposo médico por 15 días por un shock nervioso, y a la vez medicada lo que le imposibilitaba participar de su audiencia preliminar.La jueza de la causa Patricia González fijó para el 3 de noviembre próximo la nueva audiencia preliminar del caso.
Según la acusación del fiscal Eduardo Cazenave, Liz Pérez se apropió de 15 tarjetas de débitos de funcionarios de la Justicia Electoral, para cobrar sus respectivos salarios.
Pérez trabaja en la unidad penal de Quiindy.
Fuente: judiciales.com.py , abc.com.py
¿Crisis? Zapatero incrementa un 33% los fondos para el estudio de la Alianza de Civilizaciones
Funcionarios, infraestructuras o pensionistas han sufrido el duro recorte del gasto impuesto por José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el estudio universitario de la Alianza de Civilizaciones, el proyecto impulsado personalmente por el presidente del Gobierno para “superar la brecha que se está abriendo entre el mundo occidental y el mundo árabe y musulmán”, se salva de la quema. Y es que el Ejecutivo destinará a ese fin 1,5 millones de euros el año próximo, cantidad que supone un incremento del 33% respecto al millón de euros contemplado en las cuentas del Estado para el presente ejercicio.La subvención se encuentra recogida en los presupuestos del Ministerio de Educación. Según desglosa el programa Enseñanzas universitarias, el Instituto Internacional de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, con sede en Barcelona, recibirá sendas transferencias corrientes y de capital por valor de 750.000 euros. El año pasado la de capital se quedó en sólo 250.000. Según una respuesta parlamentaria hecha pública en septiembre de este año, el Gobierno habría gastado ya cerca de cuatro millones de euros en promover el proyecto estrella del Gobierno en política exterior.
Eso sí, la respuesta del Ejecutivo sólo contempla los 3,3 millones imputables al Ministerio de Exteriores y la contribución de 650.000 euros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo aprobada por el Consejo de Ministros el 28 de agosto de 2009. Sin embargo, en la propia página web del Plan Nacional queda claro que el proyecto es transversal y recorre los Ministerios de Exteriores, Ciencia e Innovación, Educación, Cultura, Trabajo e Inmigración e Interior. Este diario ya adelantó en mayo que no estaba en los planes del Gobierno recortar financiación a esta iniciativa.
El incremento de la ayuda para el Instituto para la Alianza de Civilizaciones corre en paralelo al salto cualitativo de la institución, que aspira a “constituirse en un think tank y centro de creación y difusión de ideas" de la mano de la ONU, según explica Educación. No será el único sostén que tenga el Instituto, cofinanciado por el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Cataluña. Sin ir más lejos, el Gobierno catalán ha comprometido 11,7 millones a la rehabilitación del pabellón del Hospital de Sant Pau que albergará su sede, obras que deberían estar terminadas en 2012.
Objetivo: hacer más amigos
Tampoco será ese foro de discusión el único en el que encuentre acomodo la Alianza de Civilizaciones. La Fundación Euroárabe de Altos Estudios recibirá el año próximo una subvención de 138.000 euros, la misma que el año anterior. Creada en 1995 con el fin de impulsar “un espacio para el diálogo y la cooperación entre los países de la UE y los de la Liga de Estados Árabes”, desde el año 2008 desarrolla “programas y actividades de acuerdo con el Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones”, según recuerda el departamento de Ángel Gabilondo.
La Alianza de Civilizaciones también está muy presente en los presupuestos del departamento de Miguel Ángel Moratinos. Según el programa de Acción del Estado en el exterior, España buscará en los organismos multilaterales más apoyos al proyecto. “En relación a dicha Alianza de Civilizaciones, se continuará con un apoyo que, ya en 2010, ha logrado: un crecimiento del Grupo de Amigos de la iniciativa, la consolidación de su carácter global y de su vocación universal y el desarrollo de estrategias regionales dentro de la misma”, se argumenta desde el Ministerio. No se precisa los fondos presupuestarios que se destinarán a estos fines.
Para ello, se quiere potenciar la participación de España en el foro interregional Europa-Asia (ASEM), ya que la Alianza “está relacionada en gran medida con países asiáticos, muchos de los cuales albergan a la mayoría de la población musulmana del mundo”. Además de alentar nuevas iniciativas, se contempla la asistencia a la Conferencia ministerial ASEM, que tendrá lugar en Hungría, y al 7º Diálogo interreligioso que se celebrará el año próximo en Filipinas.
Fuente: elconfidencial.com
Argentina: Los Tribunales tienen cada vez más trabajo y menos recursos
Primera escena de una película real. En la puerta del juzgado civil 71, sobre la calle Uruguay, un hombre estalla como Michael Douglas en Un día de furia: “A mí me importa un pito que el juzgado esté abarrotado de expedientes y lleno de trabajo. Hace un año que me vienen pateando con distintas excusas. Yo no me voy de acá hasta que no me hagan el cheque”. Y ahí se quedó, en medio de empleadas temblorosas, hasta que, claro, le hicieron la orden de pago de un juicio que había ganado hace tiempo.Toma dos. Por esos gritos, un testigo que espera su turno para declarar en una causa se despierta. Ingresa por fin al despacho de la secretaria del juzgado. Lo que diga será grabado por una cámara web, pero la funcionaria avisa a los abogados que, si quieren una copia, deberán aportar un DVD virgen o un pendrive, porque el tribunal no los provee.
Toma tres. En la radio que escuchan los empleados del Juzgado, los oyentes se quejan por la inacción de un juez penal que dejó en libertad condicional a un hombre que volvió a matar. Los oyentes desconocen que, para que se configure la reincidencia, los requisitos son múltiples: para empezar, que exista una sentencia firme en contra. Pero el sospechoso tiene ocho causas abiertas y ninguna ha llegado a sentencia, por el desborde de los juzgados que lo evalúan.
La película real es infinita. Y sin duda tiene en la falta de recursos del Poder Judicial a uno de sus protagonistas estelares. Lo vienen reclamando todos los actores judiciales. La Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, las Asociaciones de Jueces, las de fiscales, los Colegios de Abogados. Y no son posiciones corporativas, sino el balance sencillo de las estadísticas: los Tribunales tienen cada más trabajo y menos recursos.
Hay una curva que dibuja la trama: desde 1999, el Presupuesto Judicial ha ido creciendo a un ritmo mucho menor al de la inflación y al requerido para su funcionamiento.
Como ejemplo, basta la polémica que se desató sobre el proyecto oficial enviado al Congreso sobre el Presupuesto del año próximo. Si se aprueba como está, en 2011 recibirá 778 mil pesos menos de los que pidió. La ausencia de esos fondos, si se confirma, privará a los argentinos de “el Proyecto Informático, el Archivo General, la Biblioteca y la refacción del Palacio de Tribunales, además de cargos y créditos presupuestarios para el Proyecto Informático y la Oficina de la Mujer”, según dijo la Corte Suprema de Justicia. Para ser más claros: no existirá o se demorará el sistema informático que pretende unificar la información sobre el flagelo de la violencia doméstica. Y tampoco se construirá la nueva y prometidísima Morgue judicial, una obra clave, por ejemplo, para que no vuelva a “perderse” un cadáver N.N., como ocurrió en marzo con Lucas Rebolini Manso, el hijo de Antonio Grimau.
La película real continúa. Toma cuatro. A unas cuadras del juzgado que reclaman los CD, un hombre sin recursos se entusiasma con la posibilidad de conseguir asesoramiento para un problema en el Consultorio Jurídico Gratuito que funciona en el octavo piso del Palacio de Tribunales. Las expectativas se le desinflan a medida que sube las escaleras, porque para llegar hasta allí no hay ascensor.
Toma cinco. Un juez le pide a otro que le remita una causa urgente, porque necesita cotejar datos y tomar una decisión sobre un detenido. Libra el oficio, se lo anota en el libro de registro, un ordenanza lo lleva hacia el otro juzgado. Allí le reciben el papel. Buscan el expediente y se lo entregan. Y recién ahí parte el empleado con su carrito a rulemanes, rumbo al destino trazado, donde comenzará un nuevo movimiento de papeles y expedientes… Los proyectos y planes de modernización de la Justicia, no es novedad, cuestan plata. También se frenan o se demoran o no se hacen si no hay fondos.
“Todo el mundo le reclama a la Justicia rapidez, agilidad, modernización y comodidad edilicia, pero la incidencia en el gasto de justicia en el presupuesto público viene bajando. El trabajo de la Justicia es básicamente procesar información, pero el actual paradigma de comunicación, de expedientes que viajan en changuitos, no sirven para los tiempos que requiere la sociedad. Hoy, según estimaciones, hay una computadora cada cuatro agentes, cuando la relación tendría que ser uno a uno. Además, no todos los empleados tienen acceso a Internet y al correo electrónico, vitales para la obtención de datos”, explica Martín Gershanik, director de la asociación civil Unidos por la Justicia.
Alejandro Fargosi, miembro electo del Consejo de la Magistratura por los abogados de la Capital Federal, sostiene que “el perjudicado directo es la gente, porque si no hay recursos, los plazos de tramitación de las causas se potencian. Si ahora los pleitos tardan uno o dos años, con menos plata tardarán cinco o diez años”.
“El fuero comercial, por dar un ejemplo, está desbordado y son pocos. Hay desproporción, porque son 25 o 30, y los laborales son 80 juzgados. Además, hay juzgados que ni siquiera tienen caja chica. En materia penal, las cárceles son el otro problema derivado de la asignación de fondos, no dan más. Y lo que indigna es que, si hubiera recursos, hay soluciones”, señala Fargosi, a punto de ingresar al organismo que prepara y ejecuta un presupuesto judicial.
Un caso recontra denunciado pero hasta ahora no resuelto es el del fuero de la Seguridad Social, que hoy tiene en sus menos nada menos que 400 mil juicios para resolver.
La mayoría de esos juicios tienen un resultado cantado, esto es, que el Estado deberá pagar una actualización de haberes de jubilados. Bien podrían resolverse a través de una ley, como reclaman desde hace tiempo los jueces del fuero, pero el Gobierno por ahora se niega.
Es que a la falta de recursos, se le agrega la mayor demanda de la sociedad sobre la Justicia. En 2004, se iniciaron en los juzgados nacionales 759.256 nuevos expedientes y el año pasado, en 2009, ya fueron 854.714, subiendo la litigiosidad a un ritmo anual del 3 por ciento. Eso no parece casual, sino reflejo de un país al que en todos los ámbitos le cuesta encontrar acuerdos.
Entre las posibles soluciones, Fargosi menciona “duplicar la cantidad de juzgados, triplicar la cantidad de peritos, acelerar los trámites aduaneros para la informatización del Poder Judicial y, por supuesto, potenciar el plantel de los juzgados. Si los sueldos son mejores, la Justicia tendrá gente más capacitada”. Su deseo suena a quimera: hoy, el 89 por ciento del presupuesto judicial se va en sueldos; poco y nada para inversión.
En el informe “Aspectos presupuestarios y de gestión 1999-2010”, el Consejo de la Magistratura –todavía con mayoría oficialista– señaló que “mientras el total del presupuesto nacional acusa una propensión ascendente, el presupuesto del Poder Judicial permanece relativamente reducido y con tendencia declinante”.
Este año, el presupuesto que maneja “en estas restrictivas condiciones” es de casi 3.000 millones de pesos, sin contar los fondos de la Corte Suprema. En cuanto a la estructura del gasto, el Consejo consignó que “se caracterizó por una sistemática asignación reducida de los montos solicitados para obras y, en algunos períodos, en partidas destinadas a insumos y servicios, necesidades todas indispensables para garantizar una actividad jurisdiccional adecuada”.
“El gasto en personal se mantuvo constante aunque nunca sobrepasó el límite de necesidades que le señala la planta ocupada, dificultando la habilitación de nuevos juzgados”, agregó el análisis. Traducido: se usó la plata para las necesidades básicas y se postergaron decisiones sobre el acondicionamiento de edificios y las insuficiencias en materia de equipamiento informático.
La Corte Suprema llegó a conclusiones similares y las convirtió, por primera vez, en un proyecto que envió al Congreso para lograr su verdadera autarquía presupuestaria, asunto con un pronóstico no muy alentador debido a la resistencia que tendría entre los senadores oficialistas. En ese proyecto, anunciado en el último Encuentro Nacional de Jueces, se propuso la creación de un Fondo Nacional de Redistribución para intentar equiparar las posibilidades de cada provincia. En el país hay poco más de 909 jueces nacionales, que dependen del Gobierno central y se ocupan de delitos federales o de interés nacional (asuntos electorales, que afectan el Estado, de contrabando, etcétera) pero hay unos 12 mil actores más (jueces, fiscales o defensores provinciales) que son la enorme mayoría y reciben sus sueldos y sus recursos de los presupuestos provinciales.
En ese grupo están, por ejemplo, los jueces penales de las provincias, encargados nada menos que de resolver los asuntos vinculados a la inseguridad, tema hoy de enorme demanda social.
El problema es que no todas las provincias cuentan con los mismos fondos, lo que hace del servicio de Justicia, además de insuficiente, un servicio injusto y desparejo. La Federación Argentina de Magistrados (FAM) analizó y cotejó el caso de las provincias y comprobó enormes desigualdades. “Hoy depende del lugar de nacimiento la calidad de un servicio esencial del Estado. Y eso no puede ser”, dice el presidente de la FAM, Abel Fleming.
Un caso bien claro es el comparativo entre las provincias de Salta y Jujuy, vecinas, idénticas en belleza y región, en necesidades de infraestructura, incluso en signo político, ya que ambas son gobernadas hoy por aliados al gobierno nacional, como Juan Manuel Urtubey (Salta) y Walter Barrionuevo (Jujuy). La diferencia es que Salta destina el 5,2 por ciento de su presupuesto en el funcionamiento de Justicia, mientras que Jujuy le da apenas el 1,8 por ciento, cerca de un tercio menos que su provincia vecina. ¿Se nota esa diferencia? Las escenas, aquí, serían larguísimas. Explica Fleming: “En Jujuy hay jueces sin despacho, no les alcanzan las hojas, no tienen toner para las computadoras y cosas básicas para el servicio mínimo”, mientras que en Salta se han sistematizando las causas judiciales, se avanza en política para contener la violencia doméstica, “se crean nuevos juzgados en el interior de la provincia” y más.
En definitiva, son dos realidades opuestas, una que se detiene y retrocede por culpa del aumento de la demanda social y la falta de recursos; la otra avanza, intenta achicar la brecha entre lo que se pide y lo que se cumple, entre la necesidad y lo justo.
Es el límite caprichoso entre dos provincias lo que hace la diferencia, la suerte de haber nacido en uno u otro lado de ese límite. Y como se sabe, no es la suerte la que debe mediar entre los conflictos humanos. Salvo que se trate de un juego.
Fuente: clarin.com
Una juez denuncia por coacciones al fiscal decano de Huércal-Overa
El Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa ha abierto diligencias previas contra el fiscal decano de la localidad, Juan Sánchez, por un presunto delito de coacciones, tras la denuncia interpuesta por la juez Marina Hidalgo el pasado mes de enero, cuando aún era titular del Juzgado número 1 del mismo municipio del Levante almeriense, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).Como consecuencia de los graves problemas provocados por estas presuntas coacciones, que habría padecido durante meses, la juez pidió el traslado a Lorca, donde actualmente ejerce su profesión en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5.
Como ha desvelado el periódico comarcal 'Actualidad del Almanzora', entre los motivos que, según funcionarios judiciales, llevaron a Hidalgo a pedir su traslado se encontraron una larga serie de actos de acoso, "que convirtieron su vida en un infierno", como ha reconocido también personal del juzgado huercalense a EL MUNDO.es.
Según estas fuentes, llegaron a rajarle hasta ocho ruedas de su coche, le enviaron anónimos a su casa o los colgaron en la puerta de su despacho, encontró fotocopias con mensajes "de mal gusto" en las oficinas judiciales e incluso llegó a ser encerrada en una sala con una puerta de seguridad. Al oír sus gritos y golpes, los funcionarios que se encontraban en el juzgado tuvieron que forzar la puerta con una "pata de cabra" para conseguir que saliera, porque no encontraban las llaves.
No obstante, los funcionarios dicen no poder asegurar quién estaba detrás de estos hechos. Eso sí, después de que la juez denunciara judicialmente que su despacho había llegado a ser registrado, la Policía Judicial colocó una cámara oculta que registró, presuntamente, cómo una persona entraba en el mismo.
Juan Sánchez se negó a ofrecer cualquier información sobre este asunto, aunque sí ha asegurado al periódico La Voz de Almería que sólo se ha abierto una investigación por "discrepancias profesionales". Sánchez ha reconocido al diario local que había entrado al despacho de la juez, aunque según su versión sólo buscaba determinados documentos y que lo había hecho porque la puerta se encontraba abierta.
Tampoco Marina Hidalgo ha querido referirse a la denuncia a EL MUNDO, ni siquiera para confirmarla, si bien fue algo más explícita al asegurar que "las cosas se tendrán que ver en los tribunales". Tampoco su abogado, Juan Carlos Sánchez, titular de un bufete de la localidad murciana de Águilas, donde vive la familia de la juez, quiso ofrecer ninguna información.
"A esta mujer le han jodido la vida con un acoso terrible", llega a decir, en cambio, un funcionario, que afirma que en la reciente marcha de otro fiscal de Huércal-Overa a Lorca y la petición de traslado de una tercera también está "la situación terrible, de película de miedo", que se vive en los últimos meses en los juzgados del municipio.
La situación de la juez llegó a ser tan "angustiosa", según testigos, que su padre tuvo que acudir a diario "durante varios meses" para protegerla del acoso al que estaba siendo sometida, actuando como una especie de guardaespaldas. "Él se sentaba en un sillón junto a su despacho a leer el periódico, mientras su hija trabajaba", afirma un empleado.
Las diligencias previas del caso fueron instruidas el 8 de enero de 2010 y fueron declaradas secretas hasta el mes de mayo. Según ha informado el TSJA, el fiscal ha interpuesto un recurso de apelación contra dichas diligencias ante la Audiencia Provincial, por lo que hasta el momento no se ha tomado declaración al acusado. El asunto ha pasado a ser instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de El Ejido, puesto que los de Huércal-Overa se abstuvieron por sus relaciones personales con las partes.
Fuente: elmundo.es
sábado, octubre 16, 2010
Badajoz: Un juzgado determina la custodia compartida de un perro
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Badajoz ha decretado la custodia compartida de un perro, por períodos de seis meses, propiedad de una pareja que convivió durante nueve años, de 1996 a 2005. La sentencia establece que la mujer sea la primera en disfrutar del animal, al que encontraron abandonado en el año 2001, ya que ha sido ella la que en los últimos tiempos se ha visto privada de su tenencia. Esto llevó a la mujer a presentar una demanda de juicio oral contra su ex pareja.Aunque se separaron en 2005, siguieron compartiendo el perro hasta el año pasado, en que el hombre se quedó en exclusiva con el animal, al considerar que él había sido el que lo había encontrado, lo que, según el juez, no ha quedado demostrado en el juicio.
En principio, los bienes adquiridos durante una convivencia no se convierten en comunes, ya que pertenecen a quien los ha adquirido, pero en este caso existe un régimen de comunidad de bienes, según el fallo judicial.
Para ello, recurre a la sentencia de 4 de febrero de 2009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Badajoz, que concluyó que fueron una pareja de hecho y que tenían una comunidad de vida y otra de bienes, en la que se confundían el patrimonio de cada uno.
En el juicio, celebrado el pasado 27 de septiembre, se admitió como prueba de la propiedad compartida del perro las existencia de dos cartillas veterinarias y las fotografías aportadas por la demandante.
En los fundamentos de derecho, el juez alude a una leyenda de unos indios norteamericanos, que asegura que el dios Nagaicho tenía ya a un perro a su lado cuando creó el mundo, para señalar que este animal "siempre ha estado ahí" y concluir que el asunto sí es acreedor a la tutela jurídica.
La sentencia, que señala que la palabra "perro" tiene 20 millones de resultados en "Google" y que recoge comentarios de los internautas sobre el amor que sienten por ellos, añade que un animal compartido es un bien apropiable y, por lo tanto, objeto de derecho.
Fuente: La Ley
Burgos: Adjudicadas las obras para implantar la Oficina Judicial
El Ministerio de Justicia ha hecho pública la adjudicación definitiva por el procedimiento negociado de las obras de implantación de la nueva Oficina Judicial en el edificio de Juzgados de Burgos, primera ciudad, junto a Murcia, en la que se pone en marcha. La adjudicación ha recaído en la Unión Temporal de las empresas burgalesas Construcciones Aragón Izquierdo y Construcciones Arranz Acinas por un importe de 821.913,28 euros.Estas obras son consecuencia de la inminente entrada en servicio de la Oficina Judicial, lo que ha obligado a la remodelación de espacios, reubicación de despachos y otras obras menores derivadas de la estructura que ahora se implanta.
La Oficina Judicial, el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia, entrará en funcionamiento, por primera vez, a comienzos del mes de noviembre en Burgos y Murcia y, de forma progresiva, en el resto de comunidades autónomas dependientes del Ministerio.
La implantación de la Oficina Judicial en Burgos se encuentra en su última fase con la puesta en marcha de los proyectos de Calidad y Auditoría de la Oficina Judicial, el Proyecto de Migración de Expedientes Judiciales, el Proyecto de Optimización de Funcionamiento de los Servicios Comunes Procesales, y los Planes de Contingencias de dichos servicios.
Según el Ministerio de Justicia, la implantación de la Oficina Judicial es uno de los objetivos del Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, aprobado por el Gobierno el 18 de septiembre de 2009, que contiene el conjunto de medidas encaminadas a transformar, en los próximos 3 años, este servicio público.
Fuente: ABC.es
El juez Serrano dice que los suicidios masculinos se han disparado a causa de la Ley de Violencia de Género
El suicidio masculino se ha disparado tras la Ley de Violencia de Género, afirma el juez Francisco Serrano, que ha sobresalido en los últimos tiempos por denunciar que esta ley produce aplicaciones perversas que dañan principalmente a los hombres. La Plataforma Ciudadana por la Igualdad, que preside el juez, reclama que se realice una investigación seria, y asegura que si esos datos se dan a conocer serían un escándalo internacional.Francisco Serrano reclamó que se realice una investigación seria sobre los efectos de la normativa en los hombres que son objeto de denuncias falsas. Para ilustrar su posición, Serrano afirma que Zapatero ha reconocido muchas discusiones con su esposa Sonsoles por causa de sus hijas y que sólo por eso podría ser considerado maltratador ya que más del 80% de los casos de denuncias por violencia de género tienen en su base discusiones por los hijos.
El juez Serrano afirmó que se suicidan 4.000 hombres al año y, apoyándose en su experiencia, reclamó que se analicen las causas de estas muertes y su posible relación con la aplicación de la Ley de Violencia de Género: "Es necesario que se abra una investigación seria, porque los resultados pueden ser un escándalo a nivel internacional". Agregó que en estos momentos "puede haber más de 2.000 hombres que pueden estar planeando poner fin a sus vidas por culpa del tratamiento injusto y asimétrico que impone esta normativa".
Como es bien sabido, al hombre que es denunciado por su pareja o por otros de violencia de género, se le detiene, se le lleva al calabozo y queda estigmatizado sin presunción de inocencia alguna. El juez Serrano mantiene que hay que distinguir entre lo que son enfrentamientos verbales propios de cualquier relación humana, como pueden ser los matrimonios o la vida en pareja, y los casos reales de malos tratos "porque no siempre que una mujer se siente maltratada hay una situación real de maltrato, pero al hombre que es denunciado se le detiene, se le lleva al calabozo y queda estigmatizado socialmente, lo hacemos polvo, lo hemos matado para la vida civil".
Entre las incongruencias de la Ley, el juez señala que "una mujer torturada y violada por un desconocido no es considerada mujer maltratada y no tendrá derecho ni a obtener la pensión o renta activa de inserción, ni a los demás derechos y beneficios reservados a ésta". Por otra parte, consideró "absurdo e incoherente contabilizar como víctima de violencia machista a una anciana con Alzheimer, cuando su marido, también enfermo y ambos abandonados socialmente, sólo ha querido poner fin a la miserable existencia de ambos".
Además, según Serrano, la Ley de Violencia de Género produce casos de malversación de fondos públicos porque hay casos en los que se mantienen las ayudas a la mujer maltratada pese al sobreseimiento del caso denunciado, "mientras que hay casos de otras víctimas de agresiones que no tienen derecho a nada". "Estos es un auténtico negocio", agregó. "No estamos consiguiendo dar una solución real al problema del maltrato", añadió el juez, quien dijo que cada vez hay más personas concienciadas con los problemas que él denuncia a través de la Plataforma.
El juez Serrano está anatematizado por la izquierda, que boicotea sus intervenciones y procura censurar sus opiniones. Pero el juez está dispuesto a seguir explicando los problemas de la aplicación de esta ley, sin dejar de condenar los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas "porque no podemos consentir que se carguen el proyecto de vida de las familias, que es lo que quieren". Serrano exige "cordura por el propio bien de las mujeres maltratadas" y mientras reconoce que la violencia contra la mujer es un hecho contra el que hay que luchar, advierte que una aplicación literal de la Ley ha llevado a que sólo un 3% de las denuncias sobre maltrato sean verdaderas.
En general, en España los hombres se suicidan más que las mujeres
Los datos no dejan lugar a dudas. Alrededor de nueve personas se suicidan cada día en España, de las que cerca del 75% son hombres. Sin embargo, las mujeres presentan el doble de episodios depresivos que ellos y un 26% de las mismas vive al menos un período de este tipo a lo largo de su vida, han recordado esta semana las principales sociedades psiquiátricas del país. Para explicar esta circunstancia, los expertos han indicado que la mujer "se intenta suicidar más, pero lo consigue menos", en parte porque las mujeres "son más listas". Pero también, según el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), Jerónimo Saiz, porque los hombres presentan un comportamiento más agresivo que les lleva a consumar los intentos.
Pese a que España registra una tasa de 6 casos por cada 100.000 habitantes -Hungría con 20 casos es el país con la tasa más elevada del mundo y en los países nórdicos, Francia y Alemania las cifras son el doble que en España-, los expertos creen que la contabilización que se hace en España puede que no recoja todos los casos que se producen. Los suicidios se cuentan a través de los datos del Ministerio de Justicia que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras en otros países los decesos los contabilizan médicos o autoridades no judiciales. Al parecer, puede ocurrir que un suicidio no se contabilice como tal en España, porque la familia no lo confiesa para cobrar un seguro de vida o incluso para evitara la vergüenza social y/o religiosa.
Otra cosa muy distinta es certificar que gran parte de esos suicidios se deben a la Ley de Violencia de Género o que se han disparado por causa de esta. Eso debe demostrarse.
Fuente: Libertad Digital
viernes, octubre 15, 2010
Madrid: Los juzgados han requerido en el primer semestre más de 4.000 servicios de interpretación
Los juzgados de la Comunidad de Madrid han requerido en el primer semestre de este año un total de 4.073 servicios de interpretación, 2.115 de ellos en el partido judicial de la capital. En el año 2009 se realizaron un total de 8.627 servicios de interpretación, 326 traducciones y 109 transcripciones. En el año 2008 se elevaron a 11.631 servicios de interpretación, 502 traducciones y 134 transcripciones.Así lo ha señalado el director general de Justicia del Gobierno regional, Gonzalo Quiroga, durante su comparecencia en la Comisión de Vigilancia de Contrataciones celebrada en la Asamblea de Madrid.
Quiroga también ha ofrecido otras datos estadísticos sobre intervenciones realizadas por la Asociación Española de Peritos y Tasadores Judiciales, Sección de Intérpretes, en lo que se refiere a los idiomas y lenguas más utilizadas y los porcentajes que suponen en la actuación de intérpretes en los partidos judiciales de la región, excluyendo los de la capital.
Así, el 40,05 por ciento de las peticiones de intérprete fueron sobre lengua rumana (747 peticiones) y el 23,65 por ciento de árabe (441 peticiones. También hubo, entre otras, 13 peticiones de idioma rifeño, 7 de bereber, 4 de tagalo, 2 de Panjabí (una de las lenguas de Pakistán), 1 sobre lengua criolla de bayuco y uno de sose (un idioma de Senegal).
El director general de Justicia ha señalado que cada día son más frecuentes los procedimientos judiciales en los que los encausados, justiciables, comparecientes o testigos son ciudadanos africanos, y también de una forma creciente ciudadanos oriundos del Países del Este de Europa, Asiáticos, Árabes y procedentes de Oriente Medio.
Quiroga ha justificado la externalización de los servicios de interpretación y traducción en los juzgados, "dado que conlleva la prestación de servicios altamente especializados y por la variedad de idiomas necesarios en el ámbito de los juzgados y tribunales de Madrid", que estimó en 114 idiomas diferentes.
"Por ejemplo, que en el continente africano, se manejan un número indeterminado de lenguas, dialectos e idiomas tribales, y frecuentemente estos justiciables no son capaces de comunicarse en otra lengua que no sea la materna, y en cualquier caso, tienen derecho a unas mínimas garantías procesales entre las que se incluyen la de poder seguir adecuadamente el procedimiento jurisdiccional en el que se encuentra encausado", ha indicado.
Así, Quiroga ha explicado que dentro de los mínimos en el contrato de estos servicios de traducción e interpretación se incluyen de 20 idiomas: albanés, alemán, árabe, bangla, bengalí, búlgaro, checo, chino, farsi, francés, griego, holandés, igbo, inglés, italiano, japonés, lituano, pakistaní, polaco, portugués, rumano, ruso, serbocroata, tagalo y wolof.
"Dada la naturaleza de las prestaciones a realizar se hace necesario tener muy en cuenta la preparación técnica y la disponibilidad de un gran número de personas en la empresa para la prestación del servicio en el mayor número posible de idiomas, razones que justifican en todo caso las necesidades de externalización de este servicio", ha dicho.
Según detalló Quiroga, en 2006 se procedió a la externalización de este servicio de interpretación y traducción de idiomas, destinado a los Órganos jurisdicionales. El contrato de referencia fue adjudicado por concurso en procedimiento de licitación abierta, a la empresa Seprotec, única empresa presentada a la licitación pública de referencia, como ocurrió también en 2008 y 2009.
En el contrato para los años 2010 y 2011 resultó adjudicatarias Seprotec, respecto al lote 1, destinado a la prestación de servicios en el partido judicial de Madrid, y la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales respecto al lote 2, que comprende al resto de los Partidos Judiciales de la Comunidad. Su importe de adjudicación, distribuidos en dos anualidades, fue de un millón de euros cada una.
Por último, el director general de Justicia de la Comunidad ha señalado que la externalización de los servicios de interpretación y traducción para órganos judiciales no es una necesidad exclusiva de la Comunidad, puesto que también existe en Cataluña, Valencia, País Vasco, Andalucía, Canarias, y Galicia, además de otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Interior (Delegación de Gobierno y Subdirección General de Asilo, Policía Nacional, Dirección General de la Guardia Civil) y la Fiscalía General del Estado, entre otras.
Fuente: que.es
Canarias: Los juzgados isleños siguen teniendo problemas con la aplicación informática
La nueva versión del sistema de gestión procesal de la Administración de Justicia de Canarias, "Atlante II", continúa provocando serios contratiempos en los juzgados isleños. En la mañana del lunes, las dependencias judiciales del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife volvieron a permanecer durante horas sin poder trabajar porque la aplicación continuaba "cayéndose" con frecuencia, se quejaban algunos funcionarios de Justicia, que mostraron inconformidad con la implantación de un sistema informático que "llegó a costar más de 12 millones de euros".Por su parte, la Consejería de Justicia y Seguridad del Ejecutivo canario señalaba que la aplicación "está recuperada. Sólo faltan algunos flecos en Las Palmas e identificar los errores" que están provocando esta situación, según indicaba el último informe del grupo operativo de urgencia que se creó la semana pasada y que está compuesto por personal técnico tanto del Ejecutivo canario como de las empresas que dan este servicio.
Por otro lado, los funcionarios señalan que "pese a que el sistema informático continúa fallando, desconocemos cuánto tiempo continuaremos con esta situación".
Mientras tanto, la recomendación de trabajar "a mano" continuó vigente, y el temor de los funcionarios a perder parte de su trabajo comienza ha generado importantes tensiones en las dependencias judiciales.
Cabe recordar que desde el principio de la implantación de la nueva versión del sistema de gestión procesal, que finalizará el próximo mes de noviembre, los problemas no han cesado en los juzgados isleños, convirtiéndose en una "molesta" constante en Partidos Judiciales como el de Granadilla de Abona, donde se instaló el pasado mes de diciembre.
Fuente: eldia.es
La Coruña: Los magistrados reclaman la creación de tres juzgados
Los magistrados coruñeses reciben más asuntos de los que pueden resolver en un plazo razonable de tiempo, por lo que exigen la creación de al menos tres juzgados. Los afectados celebraron una junta general en la que aprobaron un informe sobre sus necesidades para el próximo año después de que la Xunta y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia rechazasen la constitución de nuevos órganos en La Coruña."Con esta línea va a tener razón la Xunta de que sobrará espacio en la Fábrica de Tabacos porque hasta 2013 no se constituiría una nueva unidad judicial. No nos pidieron informes ni datos, se ve que los conocen sobradamente. En los juzgados civiles haría falta la creación de diez órganos según los módulos de trabajo que establece el Poder Judicial", subraya el representante de los magistrados coruñeses, Antonio Fraga Mandián, quien solicita al Ejecutivo gallego y al Superior que reconsideren su posición. "En caso de no ser así, espero que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia corrijan este craso error", indica Mandián.
Los módulos del CGPJ determinan la carga máxima de trabajo que puede soportar un órgano jurisdiccional. De acuerdo con esas cifras, en La Coruña sería necesario crear 16 unidades. Lo jueces, no obstante, admiten que es "utópico" pretender que las administraciones cumplan con lo reglamentado, por lo que exigen que se constituyan tres órganos -uno para los juzgados civiles y los otros para los sociales y los mercantiles-.
Los magistrados de los juzgados civiles son los que soportan más carga de trabajo. La crisis aumentó el número de asuntos que entran cada día en los Juzgados de Primera Instancia, que son los que se encargan de resolver, entre otros, casos relacionados con impagos. Según los módulos del CGPJ cada unidad de esta jurisdicción se puede hacer cargo al año de un máximo de 720 demandas y en 2009 entraron en cada juzgado 1.366. Para cubrir el exceso sería necesaria la creación de diez órganos.
Los jueces destacan en su informe que el partido judicial de Vigo tiene 341.285 habitantes frente a los 372.059 del de La Coruña y denuncian que la ciudad del sur tiene una unidad más de Primera Instancia. Mandián también recalca que los juzgados sociales superan en un 40% el número de asuntos que podrían resolver. "En Vigo se va a constituir un nuevo juzgado de lo social cuando aquí hay un mayor volumen de entrada de asuntos y casi 6.000 procedimientos pendientes, el triple que en Vigo", advierte el portavoz de los magistrados.
"No pretendemos que se hurte la constitución de nuevas unidades judiciales a ninguno de los tribunales y partidos judiciales que figuran en la propuesta de la Xunta y la Sala de Gobierno, pues también son necesarias, mas nos parece lacerante y sumamente injusto que se haya obviado a aquellos que más lo precisan atendiendo a criterios numéricos", señala Mandián, quien dice que le gustaría que las instituciones políticas dejasen "al margen" sus ideologías y mirasen "las necesidades que tiene la justicia".
Los magistrados insisten en la necesidad de que el edificio de la fábrica de tabacos se destine íntegramente a uso judicial y que no se comparta con dependencias municipales. "A medio plazo nos encontraríamos con falta de espacio y ello después de haber invertido más de 22 millones de euros", pronostica el representante de los jueces, quien destaca que el inmueble de la Audiencia Provincial también se quedará pequeño "a corto o a medio plazo".
Fuente: laopinioncoruña.es
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