El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, han firmado un convenio para la informatización y digitalización de los 900 juzgados de paz ubicados en las comunidades sin competencias en materia de Justicia, un proyecto en el que han invertido un total de 14,8 millones de euros.
En rueda de prensa en el Ministerio de Justicia, Caamaño y Sebastián han destacado que más de 21.000 libros manuscritos desde 1950 serán digitalizados hasta mediados de 2012 en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Baleares para permitir una gestión registral "más ágil, transparente y eficaz" que ahorrará desplazamientos a los ciudadanos y acortará trámites burocráticos.
"Todo un cambio de cultura", ha destacado el titular de Justicia, que ha advertido de que la comparecencia presencial y las ocasionales "largas" filas de espera en los registros civiles delegados de los juzgados de paz eran un motivo de queja frecuente entre los usuarios. "El registro civil es algo muy cercano a todos nosotros. Y, sin embargo, su funcionamiento es una de las principales causas de insatisfacción", ha añadido.
Sin embargo, el Registro Civil cambiará "radicalmente" y pasará de caracterizarse por su "territorialidad y dispersión" para convertirse en un servicio más cercano al ciudadano. "De un registro de hechos pasaremos a un registro de personas", ha indicado Caamaño, quien ha informado de que a cada persona se le asignará un Código Personal de Ciudadanía (CPC) y una ficha personal para acceder a su "vida civil".
"Igualmente, pasaremos de un Registro judicializado a otro de carácter administrativo, con el que, además de reducir sustancialmente la burocracia, se descargará a los jueces de una función impropia que venían asumiendo desde la Ley de Registro Civil de 1870", ha añadido el ministro de Justicia.
Por su parte, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha detallado que su departamento destinará 6,5 millones a este proyecto mientras que Justicia aportará 8,3 millones de euros. Además, se ha felicitado de que España es un país "puntero" en Administración electrónica con unos "ambiciosos servicios públicos digitalizados" en materia de educación, sanidad y justicia.
En este sentido, ha recordado que la Organización de Naciones Unidas ya situó, en un informe elaborado en 2009, a España entre los "mejores países del mundo", siendo el tercero en e-Participación y el noveno en e-Administración. Para conseguir estos "espectaculares resultados" ha puesto de relieve los 811 millones movilizados desde 2006 en el marco del Plan Avanza.
En concreto, el convenio para informatizar los juzgados de paz se enmarca en el Plan Avanza 2 y el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012. En una primera fase, se dotará a estos órganos del equipamiento tecnológico adecuado y después se formará a su personal para realizar las inscripciones registrales en formato digital -a través de la aplicación 'Inforeg'_ y después se completará la digitalización de sus libros manuscritos para incorporarlos a una base de datos dependiente de Justicia.
Para llegar al 'papel cero' se instalarán unos 900 ordenadores y otras tantas impresoras y se conectarán los juzgados de paz a la red. "La vida de cada ciudadano se registra en libros distintos y a menudo en registros de localidades distintas. Encontrar esa información, depurarla, contrastarla y hacerla llegar al ciudadano no es, por tanto tarea en absoluto fácil", ha apuntado Caamaño.
Hasta ahora, el Registro Civil Central y los 431 registros civiles municipales ya han digitalizado más de 73 millones de páginas gracias al programa 'Registro Civil en Línea', impulsado en 2006 por el Ministerio de Justicia en colaboración con el de Industria, a través de la entidad 'Red.es', cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Fuente: Europa Press
Los sindicatos que representan a los funcionarios de la Administración de Justicia y la Consejería de Justicia del Gobierno de Aragón mantendrán una reunión el próximo viernes en Zaragoza para abordar la implantación de la nueva oficina judicial. La voluntad del Ejecutivo es ir implantado el nuevo servicio, como ya ocurre en otras partes de España, pero los representantes de los funcionarios exigen que el cambio de modelo organizativo se aborde solo con medios técnicos, materiales y personales suficientes y una vez realizado un estudio previo que determine dónde se concentran las necesidades.
