Madrid: La Consejería de Justicia hablará "de todo menos de dinero"

La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid se reunirá en los próximos días con la mesa sectorial de la Justicia madrileña, aunque en estas reuniones se hablará "de todo menos de dinero", según han señalado fuentes de la Consejería.


Las subidas en las retribuciones, a pesar de estar acordadas desde el acuerdo sectorial de 2009, están "congeladas". "La situación económica es la que es", han señalado desde la Administración, donde asumen que "no hay capacidad para pagar la subida en los complementos".

Las retribuciones pactadas por la Comunidad de Madrid con la mesa sectorial del servicio madrileño de Justicia en febrero de 2009 contemplaban incrementos mensuales de 220 euros, 360 euros y 450 euros para los años 2009, 2010 y 2011 para todos los Cuerpos Generales y Especiales y funcionarios del Cuerpo.

Asimismo, se pactaba para ellos el abono de una paga única "con carácter excepcional y no consolidable en futuros ejercicios" de 780 euros, que coincidiría con la paga extraordinaria de junio de 2011.

Respecto a los funcionarios que prestan servicios en los Juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer, el complemento se incrementaría en 208,08 euros mensuales, con la excepción del Partido Judicial de Madrid.

En octubre de 2009, la mesa sectorial de la Administración de Justicia volvía a acordar incrementos en los complementos transitorios para los funcionarios en la Comunidad de Madrid, en este caso para aquellos que prestan servicios en la Sección de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía de Madrid.

Para estos últimos los complementos son actualmente de 735,66 euros en el caso de los médicos forenses, 735,66 para los trabajadores de Gestión Procesal y Administrativa, 683,13 euros para los de Tramitación Procesal y Administrativa y 630,58 euros para Auxilio Judicial.

Respecto al importe de las guardias en estos mismos juzgados de Madrid capital, para todos los cuerpos, es de 271,16 euros la guardia y si además la guardia cae en sábado, domingo o festivo se incremente con 52,60 euros.

Fuente: que.es

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El Ejecutivo recorta un 23% la Oferta de Empleo Público para 2011

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2011, que limita la tasa de reposición de efectivos al 10%, como ya ocurriera en 2010. Esto significa que de cada diez funcionarios que se jubilen, sólo se cubrirá una plaza. En total, se convocarán 1.527 plazas de nuevo ingreso este año en la Administración General del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, frente a las 1.989 plazas de 2010, lo que supone un 23,2% menos.


Además, la OEP de 2011 incluye 1.254 plazas para la Administración de Justicia. Sumando ambas cifras, el total de plazas para 2011 alcanzaría las 2.781, a los que se sumarían otros 452 puestos destinados a promoción interna.

De las 1.527 plazas de nuevo ingreso previstas para este año, 795 corresponden a la Administración General del Estado, 228 para la Policía Nacional, 227 para la Guardia Civil y 277 para las Fuerzas Armadas.

Además, se establece de nuevo para este año una reserva del 7% de las plazas para personas con discapacidad, con un cupo del 2% para las personas con discapacidad intelectual.

“Estamos reduciendo plantilla y aliviando los Presupuestos Generales del Estado”, ha destacado el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

TASA DE REPOSICIÓN DEL 30% PARA LOS DOCENTES

El mantenimiento de la tasa de reposición en el 10% se incluye dentro de los compromisos del Ejecutivo para reducir el déficit público. Esta tasa de reposición contiene como excepción los cuerpos de funcionarios docentes, cuya tasa de reposición será de hasta el 30% , según ha precisado Rubalcaba.

En 2010, el Gobierno recortó en un 87% las plazas de nuevo ingreso, desde 15.084 a 1.989, con un ahorro previsto de 280 millones de euros respecto a 2009 en consonancia con el plan de austeridad, que contempla una reducción del gasto en personal público del 4% hasta 2013.

En 2009, el Gobierno ya procedió a recortar de manera importante la OEP, con 20.561 plazas, un 42,7% menos que en 2008, alegando que esta reducción de la Oferta se adecuaba al momento económico. Esas 20.561 plazas ofertadas se basaban en reponer tres de cada diez puestos vacantes que quedaran en las administraciones públicas.

Lo ocurrido en estos tres últimos años con la Oferta de Empleo Público contrasta con la importante oferta que se realizó en 2008: en total se ofertaron 35.895 plazas aquel año, la cifra más elevada de toda la historia española.

Fuente: alertadigital.com

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Tribunal afirma que reclamar con una pancarta el pago de la deuda a un moroso es "legítimo"

Reclamar a un moroso el pago de una deuda con una pancarta que no contiene términos ofensivos "es legítimo", según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que anula la condena que el Juzgado de Instrucción número Cinco impuso a una mujer por una falta de coacciones.


La sentencia indica que la denunciada, esposa de un proveedor de la empresa "Rossan y Montoya, S.L.", se situó se situó en los meses de junio y julio de 2009 junto al domicilio y el lugar de trabajo del empresario con una pancarta en la que le pedía que pagara lo que debía.

El empresario presentó una denuncia contra ella, y el Juzgado, en su sentencia de febrero de 2010, la condenó por una falta de coacciones a la pena de diez días de multa, con una cuota diaria de dos euros.

La denunciada recurrió esta sentencia, y la Audiencia Provincial, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Juan del Olmo, le ha dado la razón y ha revocado la condena.

Dice la Sala que "tanto la deuda como la cualidad de moroso han sido reconocidos por el denunciante", y añade que "no consta que la denunciada, esposa del acreedor, ejecutase acción alguna dirigida a exteriorizar con gritos o gestos una exigencia de pago, ni que se acercara al denunciante para requerirle el pago al que su esposo tenía derecho, ni que le conminara a dicha satisfacción de modo directo".

"La actuación de la denunciada --añade el tribunal-- fue pasiva, mostrando una pancarta con una exigencia legítima de cobro, y su comportamiento no es expresivo de una conminación ilegítima con la que tratase de doblegar la voluntad de la empresa deudora".

Afirma también la sentencia que esta mujer "se limitó a expresar una legítima expectativa: que el deudor pagase la deuda existente".

"Incluso socialmente --dicen los magistrados-- una reclamación de ese tenor no es censurable, dada la levedad de la conducta que representa en un entorno social normal una solicitud de algo a lo que se tiene derecho o se considera legítimo, sin que ello suponga admitir comportamientos irracionales o ajenos a cualquier mínima convivencia, lo que no se produce en este caso".

Fuente: La Ley

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Málaga: Más de un centenar de funcionarios protesta por la reserva de aparcamientos para jueces

Más de un centenar de trabajadores de la Ciudad de la Justicia se han concentrado este viernes a las puertas del edificio para protestar por el cambio de regulación del uso del aparcamiento del inmueble que tiene intención de llevar a cabo el ejecutivo andaluz y con el que se reserva un mayor número de plazas para los jueces. Según el STAJ la convocatoria ha sido "un éxito" y han afirmado que han acudido unas 500 personas "a pesar incluso de que habíamos solicitado a los compañeros que quedara suficiente personal para atender debidamente a los ciudadanos".


Desde el sindicato consideran que el cambio de postura de la Junta de Andalucía en el conflicto del aparcamiento es, según las pancartas que han portado este viernes, una "bajada de pantalones" y han pedido la dimisión del consejero de Justicia, Luis Pizarro, y del secretario general, Pedro Izquierdo, por "no defender los derechos de todos los trabajadores de la Ciudad de la Justicia".

"Esta actuación cediendo competencias que tiene la Junta de Andalucía a un grupo de privilegiados, hubiese provocado en una empresa privada que fuesen fulminados por dejación de funciones", ha asegurado Juan Antonio Luque, portavoz del STAJ.

"Exigimos que siga en vigor la actual regulación (por orden de llegada) y sea retirado el infame acuerdo entre el consejero y los jueces que atenta contra la igualdad y dignidad de todos los trabajadores de la justicia en Málaga", han indicado desde STAJ.

"La justicia malagueña está colapsada, sin embargo no se crean más órganos judiciales (de los previstos para este año solo han entrado en funcionamiento el 50%), no se implantan planes especiales sino que se suprimen. A pesar de ello se toman medidas publicitarias como la implantación de Lexnet, que después de su anuncio no ha seguido el proceso anunciado de extensión a todos los juzgados", han criticado desde STAJ.

Fuente: elmundo.es , sur.es

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Madrid: Funcionarios de Justicia se concentran de nuevo ante la Viceconsejería de Justicia de la Comunidad

Decenas de empleados públicos de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid se han concentrado ayer jueves la frente a la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas en la Gran Vía convocados por la plataforma de unidad sindical formada por CSIF, CCOO, UGT y STAJ, han informado los convocantes.


Por la mañana se celebró una conferencia de prensa de la plataforma en el Salón de Actos de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla. La segunda concentración en apenas una semana ha tenido lugar para denunciar "la absoluta falta de diálogo del Ejecutivo regional con los empleados públicos de la Administración de Justicia y para exigir la reanudación de la Mesa de Negociación para el cumplimiento del Acuerdo Sectorial del Personal al Servicio de la Administración de Justicia de 25 de febrero de 2009 que implica el pago de retrasos salariales y la modernización de la Administración de Justicia".

Los empleados públicos, que se han concentrado ante una fuerte vigilancia policial, portaban silbatos, megáfonos y carteles. Ningún participante llevaba banderas ni distintivos de organizaciones sindicales para reforzar el mensaje de unidad de todos los convocantes.

La semana pasada hubo un encierro de delegados sindicales en la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid y la primera concentración en la Gran Vía. La plataforma de unidad sindical ha anunciado más movilizaciones en los próximos días.

Fuente: que.es

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Madrid: Granados aboga por devolver las competencias de Justicia al Estado porque es un "carajal" caro y complicado

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha abogado ayer miércoles por devolver las competencias autonómicas de Justicia al Estado porque, a su entender, su ejercicio es "caro y complicado" y se ha convertido en un "carajal".


Tras la inauguración de una comisaría de Policía Local en Algete, Granados ha asegurado que estas competencias en el modo y la forma que están trasferidas actualmente "no tienen ningún sentido". "Esto de que los funcionarios son del Estado pero los paga la Comunidad, que los jueces los paga el Estado y los juzgados los crea el Estado pero quien los pagas es la autonomía ayuda muy poco a la eficacia del sistema", ha manifestado.

Por lo tanto, el consejero considera que la Administración de Justicia funcionaría "mucho mejor" si las competencias se devolvieran al Estado de manera centralizada o si se encuentra alguna fórmula para que puedan ser ejercidas de una manera "más plena". Eso sí, Granados ha remarcado que esta es su opinión personal, y no la del PP.

"Nosotros hemos planteado todo tipo de soluciones. La primera es que los funcionarios dependan de quien les paga. Es imposible manejar una plantilla de miles y miles de funcionarios que paga la comunidad autónoma pero quien los dirige es el Ministerio. No quiero ya entrar en temas de coordinación e informáticos, que están haciendo de la Administración de Justicia sea muy costosa y muy complicada", ha concluido el responsable regional de Justicia.

Fuente: que.es

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Cataluña: Los sindicatos de Justicia denuncian que faltan 300 funcionarios en los juzgados

Los principales sindicatos del sector de la Justicia han denunciado ayer la falta de personal, que estiman en unos 300 funcionarios en los juzgados de Cataluña, y el recorte de recursos previsto por el Govern. En Barcelona, la principal concentración ha tenido lugar a las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde un centenar de representantes de STAJ, UGT, CCOO y CSIF han informado a los trabajadores y a los usuarios de la situación en los juzgados.


El portavoz del sindicato STAJ, Vicente Navarro, ha apuntado que "esta es la primera de las movilizaciones que hacemos, pero tenemos previstas más movilizaciones".

La primera de las nuevas protestas está prevista para el próximo 3 de marzo a las 15.30 horas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.

En Lleida, medio centenar de funcionarios se han manifestado ante los juzgados para denunciar las carencias de personal en la Administración de Justicia.

Con una protesta muy ruidosa, los funcionarios han querido denunciar públicamente que la falta de personal está bloqueando los procedimientos en algunos órganos judiciales, lo que a la larga puede llevar a la suspensión de algunos juicios.

Los sindicatos aseguran que en Lleida hay 14 plazas sin cubrir en diferentes órganos de la administración y temen que estas vacantes no se lleguen a sustituir nunca debido a los recortes presupuestarios que está aplicando la Generalitat.

"No hay que ser un lince para deducir que si se van a reducir en un 10% las nóminas, esto equivaldrá a reducir el 10% de la plantilla, lo que supondrá a nivel de Cataluña una reducción de 800 funcionarios. Por tanto la reposición de las vacantes se realizará contando con esa disminución", denuncian los sindicatos.

La protesta, convocada por los sindicatos STAJ, CSIF, UGT y CCOO, se ha realizado a la misma hora en las cuatro capitales catalanas y se prevé que se repita cada miércoles hasta que se ponga fin a este problema.

Fuente: ABC.es

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Málaga: Convocan concentración por los cambios en el parking de la Ciudad de la Justicia

La junta de personal de la Administración de Justicia en Málaga, celebrada el martes, ha acordado convocar una concentración de trabajadores en contra del cambio de regulación del uso del aparcamiento de la Ciudad de la Justicia, que tiene intención de llevar a cabo el ejecutivo andaluz. Los representantes sindicales se ha reunido, a petición del sindicato STAJ, y como primera medida de protesta han llamado a los trabajadores "que se sientan menospreciados e insultados por la forma de proceder" de la Junta andaluza para que se concentren en la puerta principal del edificio mañana día 25 a las 11.00 horas.


Así, han considerado que el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, "ha cedido de forma vergonzosa a las presiones de los jueces, que finalmente están a punto de salirse con la suya". "Esta claudicación contrasta enormemente con la firmeza y determinación que mantuvo la anterior consejera, Begoña Álvarez", han dicho.

En este sentido, han recordado que ésta afirmó en relación con esta problemática que iban "a pelear con uñas y dientes por el derecho a la autonomía y la independencia de todos los andaluces en lo que respecta a las competencias que tenemos adquiridas constitucionalmente". Han precisado que el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece "con meridiana claridad, a diferencia del de Valencia que no hace pronunciamiento alguno", las competencias de la comunidad en materia de gestión de los recursos materiales, "entre los que están incluidos los edificios judiciales".

Por esto, la junta de personal entiende, según ha indicado en un comunicado, el cambio de actitud de Pizarro como "una dejación y abandono de las competencias autonómicas en beneficio de un colectivo de trabajadores privilegiado y al que nada se atreven a negarle los políticos".

Han precisado que según el borrador de la nueva regulación del aparcamiento que prepara la Consejería "más del 70 por ciento de los jueces tendrán asegurada su plaza de aparcamiento, independientemente de la hora a la que lleguen e incluso si no llegan"; mientras que las plazas que se pretenden destinar a los trabajadores suponen un 5 por ciento.

Asimismo, desde la junta de personal ya han anunciado que no realizarán ningún reparto "del cupo discriminatorio que pretende adjudicar a nuestro colectivo el señor Luis Pizarro, ni validará de ninguna otra forma lo que considera un atropello a los derechos del personal que representamos".

La guerra por el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia se ha cobrado ya su primera víctima. La decisión del consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, de dar marcha atrás y adjudicar a los jueces casi la mitad de las plazas del aparcamiento subterráneo ha precipitado la salida del gerente del edificio, Antonio Moreno, quien presentó el pasado martes su renuncia. Moreno comunicó hace más de mes su intención de dejar el cargo para trasladarse a la Delegación de Obras Públicas y Vivienda, pero accedió a aplazar su marcha a petición de la delegada de Gobernación, María Gámez, hasta encontrar un sustituto. El cambio de criterio de la Junta sobre la ocupación del 'parking' parece haber colmado la paciencia del gerente, quien hace más de dos años tuvo que encarar desde la primera línea de fuego el enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y los jueces por la gestión del aparcamiento.

El juez decano y el presidente de la Audiencia aseguraron que no les constaba la dimisión de Moreno, que al parecer sí comunicó su marcha a los responsables sindicales durante una reunión. Juan Antonio Luque, portavoz del sindicato STAJ, reconoció lo que era un secreto a voces, las tirantes relaciones entre el gerente y los magistrados -«algún saludo se han negado», dice- sobre todo desde la confrontación por el 'parking' hace dos años y lamentó su marcha.

Fuente: elmundo.es , sur.es

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Madrid: La Comunidad se escuda en la crisis para incumplir el acuerdo sectorial

Funcionarios de la Administración de Justicia madrileña se concentrarán hoy en los Juzgados de Instrucción de Madrid convocados por los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STAJ para denunciar el incumplimiento de los acuerdos sectoriales firmados con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.


Los sindicatos recuerdan que el acuerdo contemplaba el incremento de plantillas en los Registros Civiles, Juzgados de lo Penal y SCNE, así como la conversión de los contratos de refuerzo en plazas de plantilla.

Asimismo, incluía el compromiso de negociar la regulación de los servicios de guardia en los Juzgados de la periferia,; medias para atajar la tasa de empleo temporal del 36 por ciento; la regulación de las sustituciones ; la creación del IML y la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores de la Administración de Justicia.

Han denunciado que el consejero recurre a "la crisis económica" para, según han apuntado, "vulnerar los derechos de los trabajadores, para no solucionar el deterioro del servicio público y para incumplir los compromisos pactados".

"Una vez más, el máximo responsable político de la Justicia madrileña demuestra su irresponsabilidad y con declaraciones demagógicas, que CCOO, CSIF, STAJ y UGT podemos desmentir, intenta echar a la opinión Publica sobre los trabajadores de la Administración de Justicia", han concluido.

Fuente: que.es

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Barcelona: STAJ y otros sindicatos convocan caceroladas semanales contra los recortes de personal

Los sindicatos de la administración de justicia han convocado caceroladas semanales y una concentración ante la Generalitat para protestar por la decisión de gobierno catalán de no cubrir las bajas del personal de los juzgados, lo que en su opinión está colapsado los servicios judiciales. En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos con representación en la administración de justicia -STAJ, CSIF, UGT y CCOO- acusan al gobierno de la Generalitat de no cumplir con su compromiso de sustituir el 50% de las vacantes de justicia y de estar cesando a trabajadores interinos.


Según los sindicatos, con su política de recortes presupuestarios la Generalitat no va a cubrir ninguna baja, ni por enfermedades ni por maternidad, pese a que a principios de este mes prometió que supliría el 50% de las vacantes, y va a cesar a la mayor parte de los refuerzos de los juzgados.

Los representantes sindicales calculan que los recortes aplicados por la Generalitat suponen una reducción de 800 trabajadores y creen que el anuncio de que se cubrirán la mitad de las vacantes es sólo "maquillaje".

Por ese motivo, han convocado una cacerolada cada miércoles entre las 11.00 y las 11.30, a partir de hoy, frente a cada una de las sedes judiciales y una concentración de protesta para el próximo 3 de marzo en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

La Generalitat y el TSJC abordarán el 1 de marzo los recortes en Justicia

El departamento de Justicia y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abordarán en una reunión el próximo 1 de marzo la decisión del gobierno catalán de cubrir tan sólo la mitad de las plazas vacantes y de refuerzo en los órganos judiciales.

En declaraciones a los periodistas, el nuevo presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, ha anunciado que, en el marco de esta reunión, se pondrán sobre la mesa distintas cuestiones, especialmente la decisión de Justicia de cubrir tan sólo la mitad de las plazas vacantes y de refuerzo en los órganos judiciales debido a la falta de presupuesto.

"Evidentemente, el recorte de gasto y de personal será uno de los temas que trataremos", ha dicho Gimeno en Tarragona, donde se ha reunido la sala de gobierno del TSJC para tratar a fondo la problemática de los órganos judiciales de las comarcas tarraconenses.

El presidente del alto tribunal catalán ha advertido que la falta de personal "conduce en algunos casos a situaciones muy graves", ya que impide la salida de todas las "demandas planteadas, su resolución y ejecución".

El problema principal, ha añadido, es que un 50% de la plantilla actual de la administración de Justicia es interina y el decreto del Gobierno catalán planteaba, en un principio, que este colectivo no fuese renovado.

"El decreto se ha reformado y se admite que hasta un 50% de los interinos puedan renovar, pero siempre y cuando se cumpla la rebaja del 10% del presupuesto, algo muy difícil de aplicar en un departamento en el que el gasto es, básicamente, de personal", ha señalado Gimeno.

Fuente: ABC.es , La Ley

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Chaves justifica el recorte de sueldo de los funcionarios diciendo que éste ya subió con Zapatero

A una pregunta del senador del Grupo Mixto Francisco Javier Tuñón en el Pleno del Senado, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial y Administraciones Públicas, Manuel Chaves, recordó que el poder adquisitivo de los funcionarios ha aumentado durante las dos legislaturas de Zapatero, defendiéndose así de las críticas del senador por el recorte de los sueldos públicos en 5% en 2010 y la congelación en 2011.


Chaves ha calculado que las 247 medidas aprobadas por el Ejecutivo para reducir las cargas administrativas supondrán un ahorro que superará los 4.300 millones de euros.

El ministro repasó las reformas acometidas para garantizar la austeridad y la eficiencia de los servicios públicos, en el marco de la reducción del gasto para recortar el déficit público emprendido por el Gobierno.

"Todo ello dirigido a la racionalización del funcionamiento de las administraciones públicas, con menos burocracia y la reducción del gasto público", explicó, para terminar asegurando: "Hay que seguir en esa dirección buscando el acuerdo con las regiones y las corporaciones locales".

Fuente: gaceta.es

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Málaga: Los funcionarios judiciales anuncian protestas por la adjudicación a los jueces de la mayoría de las plazas del parking

La bomba estalló en la reunión de la comisión mixta que tuvo lugar hace unos días. Se empeñaron hasta hacer del asunto una causa gremial y al final lo han conseguido. Los jueces de Málaga dispondrán de plazas de aparcamiento reservadas en el sótano de la Ciudad de la Justicia. Para el sindicato STAJ el pacto alcanzado por el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, es "una bajada de pantalones de la Junta".


En ese encuentro, los gerifaltes autonómicos confirmaron a los jueces que iban a reservar para ellos 67 plazas del parking subterráneo de la Ciudad de la Justicia.

Entre los asistentes se encontraban el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y el titular de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro. El Ejecutivo andaluz contesta así a la propuesta que la Sala de Gobierno del TSJA hizo hace ya más de 14 meses: reserva parcial de plazas. Eso sí, no se conoce por qué cambia ahora de opinión la Junta, pero la causa podría estar en la decisión del Tribunal Supremo de dar la razón a los jueces en un litigio muy similar por el uso de los aparcamientos de Valencia.

Por tanto, de las 165 plazas del parking subterráneo 67 irán a los magistrados, es decir, la mayoría, a lo que hay que sumar las reservadas para los cargos gubernativos. Sin embargo, los togados quieren todas las zonas de estacionamiento para sí por seguridad. De cualquier forma, fuentes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aseguraron que van a mantener el recurso interpuesto ante el Supremo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dio la razón a los funcionarios en esta polémica. Es decir, aspiran a ocuparlas todas por seguridad.

«El Ejecutivo andaluz renuncia bochornosamente a la protección del interés de los trabajadores de la Justicia malagueña», indicó el portavoz de STAJ, Juan Antonio Luque. Según STAJ, además de los 67 aparcamientos para los jueces, la Consejería pretende repartir el resto de la siguiente forma: 15 para los secretarios; 20 para fiscales; 10 para personal especial; 5 para el Instituto de Medicina Legal y 5 para personal discapacitado. Las 46 plazas restantes serían repartidas por la Junta de Personal entre los funcionarios y otros empleados. Juan Antonio Luque anunció que el STAJ, aunque pertenece a la misma, «no participará» en este reparto.

Luque criticó que la Junta «ceda sus competencias a la presión de los jueces» y considera una «bajada de pantalones» el cambio de criterio de los nuevos responsables políticos (el consejero Luís Pizarro) que llegan a este pacto con los jueces «ya no por motivos de seguridad, simplemente de opinión y entregan el patrimonio de los andaluces a un grupo de privilegiados».

El STAJ agrega que en esta decisión ha pesado también el secretario general de la consejería, Pedro Izquierdo, que es juez en excedencia.

Los fiscales (que son 57) también han reaccionado. En una junta especial, acordaron tener el mismo trato que los jueces y solicitar idéntica proporción de reserva de plazas que éstos.

Esta decisión de la Junta deja sin efecto la anterior regulación del parking que era ocupado por estricto orden de llegada.

Negación del CGPJ

La Junta siempre había mantenido hasta ahora que ningún colectivo tuviera derecho de uso y se había enfrentado a los jueces y fiscales, que siempre han creído que les corresponde. Hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo que intervenir para desautorizar las pretensiones de los jueces y dejó sin efecto sendos acuerdos del presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo Fiestas, y del entonces juez decano, Manuel Caballero Bonald, que el 8 de julio de 2009 establecieron que jueces y fiscales tenían el derecho de uso del aparcamiento subterráneo de forma excluyente.

La pugna ha llegado a ser tan agria que deja capítulos como la denuncia que puso una juez a un guardia civil que le impidió acceder al aparcamiento una mañana que ya estaba completo.

Fuente: elpais.com , laopiniondemalaga.es , sur.es

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Caamaño amenaza: La NOJ no viene acompañada de más personal

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha advertido de que organizar las nuevas oficinas judiciales es una tarea que "no siempre tiene que venir" acompañada "de más personal", puesto que se trata de "un proceso de racionalización y por tanto también de mejora de reubicación de efectivos" en la administración de justicia. Para el ministro, la implantación de esta nueva estructura organizativa, "no siempre tiene que venir acompañada de más personal" sino que "al contrario, habrá lugares donde haya que reforzar la oficina pero habrá otros" sitios "donde se pueda conducir a que haya que reubicar alguna de esas personas".


Caamaño ha respondido así a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa ofrecida ayer lunes en Mérida (Badajoz) junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras la reunión mantenida entre ambos, con motivo de la presencia del ministro en la comunidad.

El titular de Justicia ha recordado que debido a las "política de austeridad de consolidación fiscal y contención de gasto que ha hecho que el Gobierno" se motivó que "ya" el año pasado se "adoptasen una serie de medidas restringidas de capitulo uno, es decir de gasto de personal", a "excepción" de en la administración de justicia, según ha destacado.

"Esa excepción que ya tuvimos hace un año y creo que vamos a conseguirla también para este año una vez que se apruebe la oferta pública de empleo", ha considerado Caamaño, antes de insistir que pese a las críticas de los funcionarios de justicia, "el Gobierno central está haciendo un esfuerzo especial" en este campo "para dotar" a la justicia de "los recursos necesarios", ha valorado.

MÁS AGILIDAD

Frente a las "fórmulas históricamente reificadas como es que un juez, un secretario y ocho funcionarios son un juzgado", el ministro defiende "una perspectiva más amplia" de justicia basada en "el intercambio" y la "necesidad de actuar más sobre el terreno", por lo que ha defendido las nuevas oficinas como "grandes unidades formadas por 90 o 100 funcionarios", más especializadas, con servicios comunes y con un secretario judicial "a la cabeza" que servirá a varios jueces.

Ello implica "la aplicación de las nuevas tecnologías" para así ganar "sinergias" y en consecuencia ahorro de coste y "sobretodo tiempo en la respuesta judicial", según ha destacado.

JUZGADOS TRADICIONALES

En la misma línea, Caamaño ha anunciado que para conseguir una justicia más "ágil" el siguiente proyecto que se acaba de presentar en las Cortes se basa en "suprimir los juzgados tradicionales progresivamente y crear tribunales de instancia" por ser "la pieza lógica que sigue a este modelo de oficina judicial", ha apostillado.

Fuente: La Ley

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Vigo: Una justicia de espacios milimétricos

Los pasillos de los juzgados vigueses ya no solo funcionan como zonas de paso. Ahora muchos de ellos están poblados de estanterías sobre las que se acumulan decenas de causas que se quedaron sin sitio en su lugar natural. Esta imagen, la de los expedientes apilados a la vista de cualquiera, es una de las más claras evidencias de que los dos edificios judiciales de la calle Lalín no dan más de sí. Sus 18.873 metros cuadrados rozan la saturación. En alguna sala hasta usan el baño como improvisado archivo.


Con este panorama, y ante la certeza de que la Cidade da Xustiza tardará años en ser realidad –el proyecto acaba de encarar otro atraso–, no hay dudas sobre el mayor problema que afronta la Justicia en Vigo: encontrar espacio donde seguir creciendo.

La actividad de la mayoría de los 34 juzgados vigueses no deja de crecer. En consonancia con el resto del país, los tribunales de la ciudad más poblada de Galicia han sufrido la dureza de la crisis en forma de más trabajo.

¿Cifras? La última memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indica que las salas –incluyendo las dos secciones de la Audiencia– registraron 102. 613 asuntos en un año. Y eso sin contar la actividad del Servicio de Notificaciones y Embargos, de los profesionales forenses o de la Oficina de Atención al Ciudadano: si se suman los juzgados y demás servicios –no se incluye en la estadística de asuntos la Fiscalía y el Registro Civil–, son más de 167.000 las causas, diligencias y demás trámites que se generan anualmente en dos edificios donde trabajan casi 530 personas y entran a diario cientos de ciudadanos y profesionales (en Vigo ejercen 1.271 abogados y 133 procuradores).

Pero la creciente actividad judicial lucha con un gran escollo: la tan reiterada falta de espacio. Y es que el problema no es reciente. Las salas creadas en los últimos cuatro años ya obligaron a echar mano de soluciones imaginativas que supusieron el sacrificio de servicios como una biblioteca o la habilitación de los nuevos tribunales en un ático que antiguamente era vivienda o en un semisótano sin casi luz natural. Estos dos últimos casos hacen referencia al Mercantil y al nuevo Juzgado de Primera Instancia 14. Su reducido espacio les impide contar con sala de vistas y tienen que ir a la del Registro Civil. También debe trasladarse, en este caso varias veces al día y de un edificio a otro, la secretaria del juez decano: los despachos de ambos están a más de 200 metros de distancia.

Soluciones

La judicatura aguarda una solución provisional para albergar más tribunales. ¿Cabe otra reforma in extremis en los saturados edificios? ¿Habrá que recurrir a alquilar inmuebles? El juez decano, Germán Serrano, dice tajante que la solución más “digna” para ganar sitio pasa por trasladar el Registro Civil al centro de la ciudad. Un proyecto que, sin embargo, aún no se ha concretado, pese a que el nuevo inquilino de la calle Lalín, la previsible sexta sala de lo Social, se espera para final de año.

Sea cual sea la solución, los juzgados seguirán quedándose pequeños hasta que la Cidade da Xustiza esté en pie. “¿Si viene un funcionario de refuerzo? ¡Si solo hay hueco sobre los armarios!”, ironiza una funcionaria de lo Penal ante una oficina que acumula expedientes hasta sobre las sillas.


Fuente: farodevigo.es

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Madrid: Concentración en la Gran Vía para denunciar la falta de diálogo

Decenas de empleados públicos de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid se concentraron este jueves frente a la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas, en la Gran Vía, para denunciar la falta de diálogo del Ejecutivo regional con ellos. Convocados por la plataforma de unidad sindical formada por CSIF, CCOO, UGT y STAJ, la protesta cortó una hora dos carriles de la Gran Vía sentido calle de Alcalá desde la Red de San Luis.


Denunciaron la "absoluta falta de diálogo" del Ejecutivo regional con los empleados públicos de la Administración de Justicia y exigieron la reanudación de la Mesa de Negociación para el cumplimiento del Acuerdo Sectorial del Personal al Servicio de la Administración de Justicia de 25 de febrero de 2009 que implica el pago de retrasos salariales y la modernización de la Administración de Justicia, explicaron en un comunicado.

Los empleados públicos que se han concentrado llevaban silbatos, megáfonos y carteles.

Ningún participante llevaba banderas ni distintivos de organizaciones sindicales para reforzar el mensaje de unidad de todos los convocantes.

Entre los carteles de los empleados públicos se podía leer: 'Trabajadores Justicia Madrid ¡No más recortes!¡No más engaños!¡No más mentiras!','Trabajadores Justicia Madrid. Tres años engañados por Espe y Granados', 'Justicia Madrid exige cumplimiento del acuerdo ya renegociado' y 'Granados, cumple lo que has firmado'.

La concentración, que forma parte del calendario de movilizaciones conjuntas planteado en el seno de la plataforma sindical de Justicia de la Comunidad de Madrid (CSI-F Madrid, CCOO, UGT y STAJ), se ha llevado a cabo tres días después de un encierro de delegados sindicales que resultó un éxito en la sede de la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.

Fuente: ABC.es

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