lunes, marzo 31, 2008

Baleares: "La duración de la huelga afectará mucho a la Justicia"

Antonio Terrasa García, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), acaba de presentar al Parlament la 'Memoria 2007' sobre el estado, funcionamiento y actividades de las oficinas judiciales de las Islas. La entrega de cuentas a los representantes de la soberanía popular balear se produjo en plena huelga de funcionarios del sector.


-¿Cómo afectará la huelga de funcionarios de Justicia en Baleares a la resolución de la ya de por sí inmensa carga de litigiosidad en las jurisdicciones?

-La huelga de los funcionarios del Ministerio de Justicia ha sido fuente de preocupación constante, pero sobre todo creciente ya que por su larga duración afectará de modo importante. Recuperar el ritmo de trabajo no va a ser difícil, pero sí que entrañará dificultad recuperar en poco tiempo el trabajo perdido. En cualquier caso no va a ser posible, ni siquiera deseable, una avalancha de trámites que en realidad tampoco proporcionaría una auténtica recuperación sino atascamiento inútil como ya han alertado sensatamente los abogados y procuradores, de modo que la recuperación debe generarse paulatinamente para poder absorber la diferencia entre el ritmo de trabajo normal y el añadido por la recuperación pretendida.

-¿Afectará por igual a todas las jurisdicciones?

-Pienso que en algunos aspectos, por ejemplo los juicios suspendidos, se sufrirán aplazamientos significativos salvo que las medidas de refuerzo permitan aumentar sustancialmente la cantidad de juicios que se venían celebrando, lo cual también tiene un límite si se atiende a que en algunos casos los juicios ya se señalaban con varios meses de diferencia. Pero los órganos que por su competencia necesitan observar pocos trámites para tomar su decisión, especialmente los recursos sin vista, serán los que con mayor facilidad podrán recuperarse. En los próximos días está previsto contar con datos concretos a partir de los que pueda el Ministerio de Justicia tomar las medidas más oportunas.

-¿El número de causas pendientes en Baleares aumentará claramente en 2008 como consecuencia de la huelga?

-Y por ello las medidas tendentes a paliar las consecuencias de la huelga deben tener como objetivo, precisamente, tratar de reducir la previsible disminución de los asuntos resueltos al final de este año.

-¿Qué hace posible que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, a diferencia de sus homólogos en el Estado español, consiga presentar su Memoria anual con las estadísticas cuadradas en el primer trimestre del año siguiente?

-Es posible porque a partir de la implantación de algunos medios informáticos hemos adquirido un compromiso firme con las nuevas tecnologías, y el empeño por extender su empleo efectivo y general entre los jueces y las oficinas judiciales ha sido constante durante estos últimos años, para el procedimiento judicial y para otros aspectos accesorios, también importantes, como el control sobre el estado de los procedimientos y la estadística.

-¿Disponer con rapidez de los datos judiciales proporciona siempre una mejor herramienta para su análisis?

-Contar en el menor tiempo posible con datos estadísticos tratados informáticamente ha sido un reto, y el esfuerzo de los secretarios judiciales ha permitido lograr avances significativos que se traducen, por ejemplo, en que el estado de los procedimientos judiciales en Balears pueda ser analizado en poco tiempo, y diagnosticada más rápidamente la situación con propuestas de solución concretas. Está claro que disponer de todos los datos correspondientes al año finalizado en apenas un par de meses, proporciona actualidad a la información y a su análisis.

-¿Están las necesidades de la Justicia en Baleares, en cuanto a nuevas oficinas judiciales como las seis de Primera Instancia, documentadas ante el Ministerio de Justicia, como una pesrpectiva claramente contrastada?

-Creo que las necesidades documentadas en la Memoria que el Tribunal Superior acaba de aprobar se encuentran debidamente justificadas, porque responden a la carga de trabajo considerada máxima para cada clase de órgano. Siguiendo ese método resulta que, de nuevo en esta ocasión, para distribuir la cantidad de asuntos registrados durante la anualidad anterior entre los Juzgados de Primera Instancia (civiles) en Palma, se necesitarían otros seis juzgados más.

-¿Podrá entrar en funcionamiento en 2008 el segundo Registro Civil de Palma, largamente solicitado por el TSJB, conforme a los compromisos anunciados por el Ministerio de Justicia?

-La creación de nuevos órganos suele publicarse cada año a partir del segundo semestre, y a veces en decretos sucesivos a lo largo del año. De hecho se está gestionando desde hace meses el traslado de algunos juzgados para permitir el establecimiento del segundo Registro civil y dos juzgados de Primera Instancia más en el edificio de Sa Gerreria.

Fuente: Ultima Hora Digital

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Com.Valenciana: Firmado acuerdo "entre puñaladas"

El sindicato CCOO-PV calificó de «puñalada de la Conselleria de Justicia» el acuerdo alcanzado entre la Administración autonómica y los sindicatos CSI-CSIF y UGT-PV para aumentar en 189 euros las retribuciones mensuales de los funcionarios de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.


Esta medida, que no afecta a los juzgados de las capitales de provincia ni a los exclusivos, ha sido considerada por CCOO-PV como un acuerdo «clandestino, de espaldas al primer sindicato en la Administración de Justicia y segundo en la Comunitat y, por tanto, consideramos que es completamente nulo de pleno derecho».

«A finales del pasado año, cuando el hoy conseller De Rosa todavía era secretario autonómico de Justicia, llegó a un acuerdo con todos los sindicatos y nos manifestó con rotundidad que nos convocaría para tratar el resto de asuntos que no se recogían en el acuerdo alcanzado», indicaron ayer desde CCOO-PV.

Sin embargo, la organización sindical asegura que ha esperado meses y ha solicitado convocatorias de Comisiones Técnicas y Mesas Sectoriales «en infinidad de ocasiones», para las que no ha recibido «ninguna respuesta».

Fernando de Rosa está, de esta forma, "engañando y ninguneando" a CCOO, por lo que consideraron que "ya no se puede creer en su palabra". Indicaron que siempre les mereció "un gran respeto" y que "siempre" creyeron en su palabra pero, actualmente, "ha constatado, sin ningún género de dudas, que no es así, que no se puede creer en su palabra y que obra a espaldas utilizando a sus fieles servidores".

Fuente: laverdad.es , panorama-actual.es



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Madrid: El chikichiki justiciero y el doble de Bermejo

Sirenas, bocinas, trompetillas, silbatos... Ruido, mucho ruido fue el que hicieron el domingo los más de 9.000 funcionarios de justicia que salieron a la calle a protestar. Lo bailaron todo. Los manifestantes llevaban un repertorio musical con letras dedicadas especialmente al ministro de Justicia, que iban desde el ya conocido «Chiki-chiki de Bermejo» a la jota, el merengue o la salsa. Pero del ministro de Justicia, ni rastro. «Ni se ha sentado a negociar en la mesa. Le puede el orgullo», lamentaba Esther Mestre, una funcionaria de la Audiencia Nacional que se había vestido de vikinga para la ocasión.

(Ver vídeo aquí) .



Un hombre, nómina en mano, paseaba durante la marcha mientras le recordaba al ministro que se siente marginado y que entre hipoteca, dos hijos y el transporte no le llega con los 979 euros que gana.

«Bermejo dimisión», «Bermejo cómete tú el conejo», «en justicia no se ve el talante» o «Solbes escucha, rompe ya la hucha», fueron algunas de las consignas más coreadas durante el trayecto y a las puertas de ambos ministerios.

Amparo Andrés y Luisa Herrero quieren que la Justicia funcione y criticaban que se les acuse de no cumplir su horario. «Que el ministro nos pongan un reloj, pero que no lo pare. Ni siquiera nos pagan las horas extras», decían, mientras reclamaban «que se ponga cuanto antes en marcha la oficina judicial».

«Bermejo debería autorizar ya esta equiparación porque Zapatero dijo que estábamos en superávit. Si cesan al ministro ésto mejorará», comentaba Javier Jiménez.

Las banderas de los convocantes, CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ llenaban el asfalto. Algunos manifestantes portaban muñecos, fotografías y dibujos del ministro. Otros, lanzaban octavillas al aire, y los reproches no cesaban: «Este ministro no nos vale, que lo devuelvan a los corrales», «la Justicia ya estaba ciega, ahora la quieren muda» o «dónde está la igualdad en los juzgados de lo social» se podían leer y escuchar durante la manifestación.

La mayor pitada a lo largo del recorrido se la llevó la parodia del ministro. Un funcionario, parecido a Fernández Bermejo y rigurosamente trajeado, con una cartera que simulaba a la del titular de justicia y custodiado por seis compañeros que imitaban a sus escoltas caminaban arriba y abajo por toda la marcha mientras agitaba la cartera de ministro.

Bermejo, durante las elecciones, reclamaba «una España en colores», pero fueron los trabajadores de Justicia quienes intentaron sacárselos mientras le advertían que «si no paga, esto no se para».

Búsqueda de soluciones

Ante la protesta, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que asegura «que sigue buscando el acuerdo a través de la negociación con los representantes sindicales» y emplaza a los sindicatos a una nueva reunión para hoy lunes. El Ministerio asegura que el Departamento dirigido por Bermejo «ha efectuado varias ofertas, que han sido rechazadas». La última oferta realizada por el Ministerio, según el comunicado, contempla un incremento salarial de 110 euros por funcionario y mes además de un incremento de adicional de 70 euros desde abril de 2009.

Fuente: La Razon Digital , adn.es

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domingo, marzo 30, 2008

¿...Dónde estabas el 29 de marzo de 2008? ¿Yo? ¡EN MADRID!!


Miles de funcionarios de Justicia, casi nueve mil según los organizadores y unos cinco mil según la Policía, se manifestaron ayer en el centro de Madrid para reivindicar la equiparación de sus salarios con los de sus compañeros en órganos dependientes de las comunidades autónomas, situación por la que llevan en huelga desde el 4 de febrero. La manifestación, organizada por CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ bajo el lema «Por la dignidad del salario de la justicia no transferida» se inició a mediodía en la sede del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo de Madrid y, tras atravesar la Gran Vía concluyó frente al Ministerio de Economía y Hacienda, en la calle de Alcalá.

(Ver vídeo aquí y aquí)


Allí se dio lectura a un manifiesto en el que se arremetió contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien los sindicatos considera responsable directo de una situación que afecta a 9.500 trabajadores, al tiempo que le reprocharon sus declaraciones recientes sobre los trabajadores y su «cobardía» por no personarse en las reuniones.

Los sindicatos de Justicia y el Ministerio no alcanzaron ningún acuerdo que permita una salida a esta huelga tras mantener el viernes una maratoniana reunión de trece horas. En este sentido, los sindicatos acusaron al departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo de no tener voluntad para dar al problema una «solución satisfactoria» para trabajadores y ciudadanos.

El secretario general de CC.OO, José María Fidalgo, respaldó la convocatoria con su presencia, y señaló que «debería haberse abierto ya camino a una negociación». «Los trabajadores llevan en huelga 56 días reclamando cosas pequeñas en términos económicos y que pueden reforzar la administración en un sector muy deficiente», aseguró el dirigente sindical. La mesa de negociación ha sido convocada para el próximo lunes, a partir de las 16.30 horas.

En este sentido, advirtió de que si en la reunión del lunes no se alcanza un acuerdo, «la responsabilidad será del Gobierno» y censuró las «incendiarias» declaraciones del ministro Bermejo descalificando a su juicio a los trabajadores. «La responsabilidad del trabajo es del ministro, porque su función no es ser un mitinero, sino jefe de la Administración», aseveró Fidalgo.

El portavoz de UGT, Joaquín Vélez, explicó que el Ministerio rompió «unilateralmente» la negociación y reveló que cuando se alcanzó un principio de acuerdo, los representantes de Justicia «a los cinco minutos y tras recibir un llamada externa» presentaron otra redacción «inaceptable» para los trabajadores. Asimismo reiteró que los sindicatos «no tiene miedo» a la intervención de un mediador, que han solicitado reiteradamente.

Por su parte, el representante de CSI-CSIF, Juan Antonio Martín, quien señaló que el Ministerio «intoxica a la opinión pública», mientras que el portavoz de STAJ, Ramón Rodríguez, acusó al Ejecutivo de haber adoptado una «actitud chulesca» en la negociación tras la victoria socialista en las elecciones del pasado 9 de marzo.

A la huelga están convocados trabajadores de siete comunidades (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias), de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales con sede en Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, a los que se unieron representantes de otras regiones como Cataluña y Valencia. Según fuentes sindicales, se fletaron 50 autobuses desde distintos puntos de la geografía española.

La marcha se desarrollo sin incidentes y en un tono festivo, bajo pancartas en las que podían leerse «RIP: Bermejo entierra la justicia no transferida» o «El talante de ZP en Justicia no se ve». Sin embargo, el grito más coreado fue el «Bermejo, dimisión», que, según la marcha iba acercándose a la sede del Ministerio del Economía y Hacienda fue sustituido por «Solbes, escucha: rompe la hucha» y «Solbes y Bermejo se esconden como conejos».

Los manifestantes entonaron además diferentes versiones ‘ad hoc’ de canciones populares, cargadas de comentarios incisivos hacia la persona de Bermejo. Entre ellas destacó una adaptación de la popular canción que representará a España en el festival de Eurovisión, ‘el Chiki-chiki’.

El tema central de este ‘Chiki-chiki de Bermejo’ está destinado a denunciar la situación que los funcionarios consideran injusta como en la estrofa en la que insisten: «Con este sueldo no me llega ‘pa na’/ Y si no me llega me voy a trasladar/ A Coruña, a Sevilla, a Pamplona o a Xativá/ Te juró por mi madre que aprendo valenciá».

Asimismo, los trabajadores se vieron acompañados por un ‘doble’ del propio Bermejo, protegido por unos falsos guardaespaldas, que se atrevió incluso a cantar a través del megáfono una particular versión del tema ‘Resistiré’, en alusión a la negativa a dialogar que los funcionarios en huelga achacan al titular de Justicia.

Fuente: La Razon Digital , eldiariomontanes.es

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viernes, marzo 28, 2008

Granada: Solidaridad con los compañeros no transferidos en huelga


Hoy viernes, a las 10,30 horas de la mañana, en la plaza situada en Avda. del Sur, junta a entrada al Registro Civil de Granada (antiguo edificio de Telefónica), ha tenido lugar un acto sindical reivindicativo en apoyo de los compañeros funcionarios de la Administración de Justicia destinados en Territorio del Ministerio de Justicia, convocado por los sindicatos SPJ-USO, CSI-CSIF, CCOO, UGT y STAJ.


Los participantes instaron al Ministro de Justicia a que pusiera fin al conflicto provocado por su injustificada obcecación reconociendo el importante esfuerzo que se realiza por los funcionarios y funcionarias de su ámbito de competencias y accediendo a las justas reivindicaciones de los trabajadores.

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Aragón: Los funcionarios rechazan la primera propuesta salarial de la DGA

No habrá huelga de los funcionarios de Justicia, al menos hasta el próximo martes, jornada en la que sindicatos y DGA volverán a reunirse para negociar las mejoras retributivas que demandan estos trabajadores. Y es que el aspecto salarial fue el punto de la discordia de la cita que ambas partes mantuvieron y que tenía como objetivo la constitución de la mesa sectorial de Justicia.


Este es el foro de negociación entre Administración autonómica y trabajadores, después de que el Ejecutivo asumiera el pasado 1 de enero las transferencias de Justicia y heredase también las reivindicaciones laborales de los funcionarios de este ámbito. Por eso la cita fue una toma de contacto y de conocimiento de las distintas posturas, que sirvió para establecer una serie de puntos sobre los que basar futuras negociaciones.

Tal y como explicó el presidente de la junta de personal de Justicia y representante de CCOO, Luis Casero, los representantes del Gobierno aragonés presentaron a los trabajadores un borrador de un posible acuerdo laboral, en el que se "acercaron posturas". Sin embargo, el punto de fricción fue el aspecto retributivo, ya que la DGA presentó una oferta que les equipara con el resto de los funcionarios aragoneses, algo que rechaza el colectivo, puesto que demanda que la comparativa se realice con el resto de los funcionarios de Justicia del territorio nacional.

"Iremos a la próxima cita con la voluntad de llegar a un acuerdo, pero tenemos dos condiciones irrenunciables: que la subida sea lineal para todos los funcionarios de Justicia --en la propuesta de hoy las cantidades oscilaban entre 24 y 150 euros dependiendo de las categorías laborales-- y que alcancemos retribuciones similares a las del resto del Estado", apuntó Casero. Y es que, tal y como ejemplificó, un empleado de este área del Gobierno de Navarra puede llegar a cobrar 350 euros mensuales más que un aragonés.

DIFERENCIA EN LA COMPARATIVA

Así, los trabajadores rechazaron que el incremento de sus ingresos se realice en función de lo que cobran el resto de los funcionarios aragoneses. "El elemento de comparación en las negociaciones que se han seguido en todas las comunidades autónomas en las que se ha llegado a acuerdos ha sido la remuneración de Justicia del resto de España y queremos que aquí también se haga así", apuntó.

"Esperamos que Aragón sea un ejemplo sin tener que llegar al conflicto", añadió el representante sindical, quien aclaró que su voluntad en la reunión del próximo martes será llegar a un acuerdo satisfactorio.

Fuente: El Periodico de Aragon

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Extremadura: El sindicato del Profesorado Extremeño se solidariza con los trabajadores de Justicia en huelga


El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) mostró su solidaridad con los trabajadores de Justicia, que mantienen una huelga por unas demandas "justas" a juicio del sindicato.

Así lo asegura PIDE en una nota de prensa en la que considera que los responsables del Ministerio de Justicia "se dignificarían" aceptando las demandas de los trabajadores, ya que en su opinión, "no es de recibo que haya agravios comparativos a efectos retributivos entre comunidades, éste es un agravio que no puede tener cabida en una sociedad democrática".


PIDE aprovecha esta situación para recordar que ya viene denunciando este hecho en el sector educativo en el que, según asegura, "docentes vascos, por ejemplo, cobran al año 6000 euros más que los docentes extremeños".

"Por tanto no sólo comprendemos la petición de homologación que solicitan los funcionarios de justicias, sino que las padecemos en nuestras carnes", señala PIDE, que reitera su apoyo a las manifestaciones y protestas del colectivo de funcionarios de justicia.

3.200 juicios se han suspendido en Extremadura desde el inicio de la huelga indefinida de los trabajadores de Justicia, según los sindicatos convocantes CSI-CSIF, CCOO, UGT y STAJ. Los sindicatos afirman que la Administración de Justicia se encuentra "al borde del colapso" en Extremadura y como prueba indica que unos 3.200 juicios han sido suspendidos, y otros 11.000 exhortos, es decir, que constituyen peticiones de otros juzgados que no han sido atendidas. Añade que hay más de 4.000 demandas pendientes de tramitar; más de 15.000 peticiones de ciudadanos al Registro Civil sin despachar, y más de 20.000 escritos pendientes de resolver.

Los sindicatos creen que este conflicto no está ya resuelto porque no afecta a las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, sino a regiones como Extremadura, las dos Castillas, Rioja y Murcia, "que para el Ministerio y el Gobierno deben ser comunidades de segunda división".

Fuente: El Periodico de Extremadura , Extremadura al dia

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El Gobierno abre expediente sancionador a STAJ por el encierro en el Ministerio

La Delegación del Gobierno de Madrid ha abierto procedimientos sancionadores a los sindicatos convocantes de la huelga indefinida en la Administración de Justicia no transferida por el encierro de 48 horas que llevaron a cabo decenas de funcionarios en la sede del Ministerio el pasado 11 de marzo. Por el momento, la Administración ha comunicado la apertura de expedientes a STAJ y a CCOO, mientras que a las centrales UGT y CSI-CSIF aún no les ha llegado comunicación alguna.



Según ha explicado a Efe el representante de CC.OO., Javier Hernández, la Delegación del Gobierno comunicó a principios de semana al sindicato su acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador, dándoles un plazo de quince días para formular alegaciones.

La Delegación considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de una infracción administrativa grave que está penada con una multa de 6.000 euros.

Según la información remitida por la Jefatura Superior de Policía, los hechos ocurrieron el pasado 11 de marzo cuando, sobre las 17:30 horas, unos 70 funcionarios que secundan la huelga desde que comenzó el 4 de febrero se personaron en el Ministerio de Justicia para registrar un documento.

Con este argumento consiguieron acceder al edificio y encerrarse en una sala situada en la planta baja del Ministerio, donde permanecieron hasta el día 13 de marzo a mediodía, cuando tras un forcejeo entre los huelguistas y los servicios de seguridad, del que ambas partes se acusaron mutuamente, abandonaron el encierro.

Para Hernández, la apertura de los expedientes sancionadores es una 'medida represiva' ya que el Registro Central, dependencia que ocuparon durante su protesta, funcionó 'perfectamente' esos días.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha autorizado a los sindicatos a celebrar la manifestación convocada para el próximo sábado con el itinerario que, en un principio, habían solicitado a la Delegación el Gobierno y que ésta no había autorizado.

Ese recorrido será desde el Ministerio de Justicia, situado en la calle de San Bernardo, hasta la sede del Ministerio de Economía y Hacienda de la calle Alcalá.

Fuente: Terra

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jueves, marzo 27, 2008

Castilla y León: Un centenar de huelguistas de Justicia pide una solución ante las Cortes autonómicas


Alrededor de un centenar de funcionarios de Justicia de Castilla y León se concentró ayer en la puerta principal de las Cortes de Castilla y León, donde se celebraba un Pleno, con el objetivo trasladar sus reivindicaciones y apoyar una proposición no de ley presentada por el PP con el fin de pedir al Ministerio un plan urgente que de solución a la huelga y los retrasos que está provocando.

Los funcionarios que protagonizaron hoy este acto de protesta corearon consignas como "este ministro no nos vale, que lo devuelvan a los corrales" y portaron pancartas en las se que podían leer lemas como 'Discriminación salarial, mismo trabajo igual salario', entre los logotipos de los sindicatos convocantes UGT, CC.OO, CSI-CSIF y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).


Los socialistas se quedaron ayer solos en las Cortes durante la votación de la iniciativa del PP para exigir al Ministerio de Justicia que dialogue con los funcionarios y se elabore un plan para acabar con el atraso de expedientes judiciales producido por la huelga. La indignación de algunos empleados de Justicia, que acudieron al Parlamento a seguir la sesión, era evidente y tras la abstención socialista alzaron carteles pidiendo una solución, por lo que tuvieron que ser desalojados de la Cámara. «Es indignante y sorprendente» la votación del PSOE, aseguraron los presentes.

Durante el debate, el socialista Ángel Velasco reconoció que era «indudable» el impacto de la huelga e «incuestionable» el trastorno a los ciudadanos y que las retribuciones a los funcionarios deben aumentar. Aún así, y a pesar de apoyar al dedillo los argumentos de la proposición no de ley del PP, el Grupo Parlamentario Socialista optó por abstenerse en la votación ya que, según Velasco, esta iniciativa va contra el principio de «no ingerencia», es decir, que la Cámara legislativa no es el lugar para abordar estas cuestiones.

La respuesta del popular Francisco Aguilar no se hizo esperar: «Ustedes quieren una Cámara muda y aquí el poder está en la palabra; son unos sectarios».

Aguilar, que imploró sucesivas veces a los bancos socialistas a que secundaran su propuesta, lamentó la posición de Velasco y le recordó los datos de afectados y asuntos paralizados para remover su conciencia: 156.000 asuntos paralizados y 185.000 castellano y leoneses afectados por la huelga continuada.

A pesar de esta situación, la consejera de Hacienda de la Junta y presidenta de la Comisión Mixta de Transferencias, Pilar del Olmo, dejó bien claro que la negociación para asumir las competencias de Justicia «no se paralizará» a pesar de la huelga y espera retomar los contactos con el Ministerio una vez tome posesión el nuevo ministro.

Eso sí, todo esto demuestra que «los salarios de los empleados son insuficientes y es algo que tendremos en cuenta», matizó Del Olmo.


Fuente: atbnoticias.es , ABC.es

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México: Inaugurado el Palacio de Justicia de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Con una inversión cercana a los 50 millones de pesos, el gobernador Eugenio Hernández Flores inauguró en la mañana del día 25 el Palacio de Justicia, que concentrará los juzgados penales, civiles y de lo menor en una sola área.


Al filo de las 11:00 horas, el mandatario estatal arribó al inmueble ubicado en avenida Municipio Libre y Prolongación Municipio Libre, en donde ya lo esperaban los integrantes de la Barra de Abogados, juristas del Colegio de Abogados, funcionarios municipales y estudiantes de derecho, quienes harán uso del inmueble una vez que esté en condiciones de brindar servicio a la sociedad.

Un grupo de magistrados tamaulipecos acompañó al gobernador en su gira por esta frontera, y entre ellos estuvo el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Alejandro Etienne Llano.

Asimismo, en la gira estuvo el secretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Molano y Alfredo González Hernández, secretario de Desarrollo Económico y del Empleo en el estado.

“Trabajamos juntos el poder ejecutivo y el judicial, para impulsar mejores leyes y para contribuir a que su aplicación sea más justa, más oportuna, integral y equitativa”, sostuvo, tras señalar que en Tamaulipas se avanza hacia un sistema de justicia integral que permitirá una convivencia más armónica.

Dijo que por tres años apoyó al poder judicial para su modernización, y mencionó que seguirá siendo respetuoso de la imparcialidad de los tribunales, y señaló que Tamaulipas va a la vanguardia en cuanto al apoyo que el gobierno del estado ofrece al poder judicial, mediante el financiamiento de algunas de las actividades que lleva a cabo.

El alcalde Ramón Garza Barrios, fue quien dio la bienvenida al gobernador, y lo hizo primero en el aeropuerto internacional, en donde fue a recibirlo, para acompañarlo hasta el Palacio de Justicia.

Ahí, dijo Ramón al mandatario que estaba muy agradecido por el interés y la disposición que siempre mostró para hacer realidad ese proyecto, “y porque este legado ese producto de su esfuerzo, señor gobernador. De su visión por hacer de Tamaulipas, el mejor lugar para vivir”, expresó.

Por su parte, el magistrado presidente del STJT, dijo que la inauguración de dicho recinto, es un hecho que manifiesta la colaboración de los poderes ejecutivo y judicial, lo que dijo, será el inicio de una nueva era para la impartición de la justicia en Tamaulipas.

Al tocarle la palabra al juez primero de lo penal, Pedro Pérez Vázquez, mencionó que con un recinto de tales magnitudes, es ya no compromiso sino obligación suya, el hacer de la impartición de la justicia, algo más expedito.

Las áreas

El Palacio de Justicia albergará tres juzgados civiles, dos juzgados familiares, tres juzgados penales y dos juzgados menores, además de cafetería y biblioteca, y se realizará todo tipo de juicios penales y civiles, explicó el secretario de la Barra de Abogados local, Tomás Oliverio Vara Contreras.

Por su parte, el juez segundo de lo penal, Mario Rafael Lozano Molina, juez segundo de lo penal, mencionó que en la planta baja estarán los juzgados menores, en el primer piso los juzgados penales de primera instancia, mientras que en el tercer nivel estará el juzgado tercero, además del archivo regional.

Habrá un fondo auxiliar para la administración de justicia, y que el pago de las multas y la fianzas, se hará ya de manera directa en dicho inmueble, “y tendremos una central de actuarios para darle agilidad a los asuntos”, expresó.

El sistema de informática y de cómputo estará enlazado a ciudad Victoria, y al igual que el juez Pérez Vázquez, “esto significa una mayor responsabilidad ára hacer mejor las cosas”, precisó.

Fuente: EnLineaDirecta.info

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Barcelona: Los delitos de tráfico agravan el colapso de los juzgados penales

Lo de la justicia lenta no es ya, para nadie, un oxímoron, sino una triste y ajustada descripción. Aunque la suerte va por barrios -en este caso por jurisdicciones y partidos judiciales- en general el ciudadano y los profesionales de la justicia perciben que demasiado a menudo los procesos judiciales se eternizan y las sentencias llegan demasiado tarde. Encima, la lentitud no se acusa sólo en las fases de instrucción y a la hora de señalar juicios, sino también cuando deben ejecutarse las sentencias, es decir al final del camino.


Un ejemplo paradigmático de este problema son los juzgados de lo Penal de Barcelona. A finales de 2002, su colapso llegó a tal extremo -se calculaba que los 20 juzgados que había en la capital catalana acumulaban más de 40.000 sentencias pendientes de ejecución, amontonadas en armarios y estanterías-, que las administraciones acordaron recurrir a una medida de urgencia. Se pusieron en marcha cuatro juzgados penales destinados únicamente a ejecutar sentencias, los llamados juzgados de ejecutorias. Posteriormente, se vio que el parche no alcanzaba para tanto roto y se doblaron los refuerzos: se dotó a estos cuatro juzgados de un juez, un secretario judicial y cinco funcionarios de más, cada uno.

Tal y como señala la hasta este mes juez decana de Barcelona (perdió las elecciones al decanato el pasado 10 de marzo), Maria Sanahuja, el citado plan de choque empezó, lentamente a dar sus frutos. Con todo, las cifras actuales tampoco son para presumir. A diciembre de 2006 los juzgados penales de ejecutorias de Barcelona acumulaban 24.041 expedientes pendientes de ejecutar. Y el problema va en aumento, porque en datos del primer semestre de 2007 a los que ha tenido acceso ABC los asuntos pendientes son 24.784. Mientras tanto trabajo pendiente se acumula, se corre el riesgo de que muchas de estas sentencias prescriban, como así ocurre, aunque, según confiesa Sanahuja, no se sabe cuántas han podido quedar ya en papel mojado.

En este tipo de juzgados se dirimen condenas de hasta cinco años de cárcel por delitos como, por ejemplo, robos o agresiones, pero también multas e indemnizaciones así como delitos e infracciones relacionados con el tráfico. Y es precisamente en este último ámbito donde se esperan en breve muchos casos, por obra y gracia de la reforma del Código Penal de finales del año pasado, que convierte en delito muchas conductas temerarias al volante que antes apenas si llegaban a los tribunales o eran saldadas con sanciones administrativas. Por este motivo, Sanahuja advierte de que con la presumible llegada de miles de expedientes relacionados con delitos de tráfico los ya saturados juzgados penales de ejecutoria de Barcelona podrían ver agravado su colapso.

«Sin papeles» a la prisión

En noviembre pasado, entró en vigor la reforma del Código Penal que dicta penas de cárcel por hechos como conducir ebrio o a una velocidad excesiva, entre otros. Sin embargo, el alud de expedientes que orillarán en los juzgados penales se espera a partir del próximo 1 de mayo, cuando entrará en vigor el artículo de la citada reforma del Código Penal que grava con penas de hasta seis meses de prisión a aquellos conductores que circulen sin permiso y que nunca se lo hayan sacado. Se estima que hay miles de «sin papeles» circulando por las carreteras catalanas. En suma, como señala Sanahuja, entre conductores ebrios, demasiado veloces o sin carnet, se corre el riesgo que los juzgados penales de Barcelona «se ahoguen». Otra vez.

Al margen de la amenaza que conlleva la reforma del Código Penal para delitos de tráfico, otro aspecto que inquieta a la ex decana es que, según afirma, las prórrogas de las medidas de refuerzo para los juzgados de ejecutorias siempre han sido un parto difícil, por las trabas de una u otra administración implicada. El próximo junio finaliza el plazo de vigencia de las actuales medidas de refuerzo, por lo que ya un mes antes habrá que comenzar a solicitar una nueva prórroga. No obstante, en el caso de los jueces será ya tarea del sucesor de Sanahuja al frente del decanato de Barcelona, José Manuel Regadera.

Bajas e interinidad

Pese a las medidas de refuerzo, y sin saber todavía la magnitud de los efectos de la reciente reforma del Código Penal en asuntos de tráfico, los funcionarios que trabajan en los juzgados penales de ejecutorias de Barcelona sufren cada día condiciones laborales muy precarias, como denuncia Enric Escobar, portavoz del sindicato CSI-CSIF. «Cada funcionario tiene de media unos 300 expedientes que tratar», afirma Escobar, quien, al igual que Sanahuja, denuncia que una de las deficiencias que agravan el colapso de expedientes es la falta de un sistema informático de gestión y tramitación eficiente. Para ilustrar este malestar, este portavoz señala que se registran un gran número de bajas en el colectivo de estos trabajadores y que el 90 por ciento de ellos son interinos. Quien puede elegir opta por una plaza lejos del infierno de montañas de expedientes que son los juzgados de ejecutorias.

A la hora de calibrar el volumen de asuntos acumulados en armarios y estanterías, Escobar matiza, a peor, la cifra de más de 24.000. «Sólo se contabilizan las llamadas ejecutorias vivas y no aquellas que han sido archivadas provisionalmente. El problema, es que muchos de estos casos archivados pueden volver a ser vivos. Por ejemplo, cuando alguien que estaba en búsqueda y captura es detenido por la policía». Cuando en 2002 se decidió poner manos a la obra para paliar el colapso de expedientes, se dejó en un segundo plano, por un criterio de economía de guerra, los que estaban archivadas provisionalmente. Pero, ¿cuántos son los expedientes en archivo provisional? «No quiero ni saberlo», confiesa Maria Sanahuja, que no duda en que muchos de ellos habrán prescrito.

Fuente: ABC.es

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Pitos contra Bermejo frente al Ministerio de Justicia


Silbidos y pitos en contra del Ministro de Justicia en funciones, Manuel Fernández Bermejo, es lo que se ha escuchado en frente del Ministerio por parte de los funcionarios de justicia. Al grito de "Justicia solución" se unían las pancartas de los manifestantes y dibujos del ministro que le tildaban de "empalador".

(Ver vídeo aquí)


Fuente: adn.es

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Bermejo, forzado a reunirse de nuevo para negociar

Tras el órdago lanzado por el ministro (amenazando con elevar los servicios mínimos y aplicar en bloque los descuentos en las nóminas por los días de huelga), los huelguistas instaron ayer por carta al titular de Justicia a convocar la mesa de negociación en un plazo de 24 horas y, en caso de no hacerlo, le emplazaron a reunirse hoy en la sede del Consejo General de la Abogacía. No hará falta recurrir a terreno «neutral». A renglón seguido, el Ministerio convocó para mañana una nueva reunión (la undécima) tras felicitarse por el «cambio de postura» de los trabajadores. Eso sí, el departamento que dirige Fernández Bermejo sigue en sus trece e insta a los sindicatos a presentarse con una contestación a su última oferta económica.

Mariano Fernández Bermejo tiene hoy una cita con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar. Según explicó el pasado martes el propio ministro de Justicia, su objetivo es conocer de primera mano las repercusiones que la huelga de funcionarios está teniendo en este tribunal. Y eso que Fernández Bermejo parece tener claro el diagnóstico. «Los servicios mínimos se están cumpliendo bien y no ha cesado su actividad nuclear», recalcó en su comparecencia ante la prensa. Los datos facilitados ayer por la propia Audiencia Nacional, sin embargo, se obstinan en poner en cuarentena su aseveración. Y es que apenas unas horas después de que el ministro dibujara ese panorama tranquilizador, fuentes de la Audiencia hacían público un inquietante parte de huelga. Los seis juzgados de instrucción, sin ir más lejos, están a estas alturas (tras mes y medio de protestas) «casi paralizados», salvo en el caso de las causas en la que algún imputado está en prisión (que lógicamente tienen prioridad). La razón, muy sencilla: «Un solo funcionario de servicios mínimos es insuficiente».

Los juicios, a partir de ahora

Menos preocupante es, por ahora, la situación de la Sala de lo Penal, donde los juicios se han ido celebrando con regularidad, pero porque «ya estaban señalados con anterioridad a la huelga». En adelante, el panorama es más sombrío. «El paro se notará a partir de ahora», admiten en la Audiencia. En los demás órdenes jurisdiccionales, la situación está al borde del colapso. Así, en la Sala de lo Contencioso el 95% de las actuaciones están suspendidas, al igual que la totalidad de las demandas pendientes de incoación y el número de escritos sin tramitar se eleva ya a 4.067. En los Juzgados de lo Contencioso también están suspendidos casi el 100% de los juicios, un porcentaje que se reduce al 64% en la Sala de lo Social.

Fuente: La Razon Digital

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La huelga paraliza la Audiencia Nacional

La huelga de funcionarios judiciales ha provocado graves efectos en el desarrollo de la actividad de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. En los seis Juzgados de estas dependencias judiciales las investigaciones se encuentran casi paralizadas salvo en el caso de las causas en las que existen detenciones o presos, informaron fuentes jurídicas.


Esta situación se debe a que salvo en el caso del Juzgado que se encuentra de guardia de forma semanal, los servicios mínimos establecen un solo funcionario para cada uno de los jueces centrales lo cual resulta insuficiente para gestionar la actividad diaria.

Además, los paros han desencadenado la suspensión de casi el cien por cien de los juicios de los Juzgados de lo contencioso-administrativo y de un 64 por ciento de las vistas en el caso de la Sala de lo Social, según datos proporcionados hoy por fuentes jurídicas.

La Sala de lo Contencioso está siendo la más perjudicada dado que el 95 por ciento de las actuaciones han quedado suspendidas a la espera de que se reanude la actividad de los funcionarios, que reclaman incrementos salariales desde el pasado 4 de febrero. Además, el cien por cien de las demandas se encuentran pendientes de incoación y un total de 4.067 escritos presentados aún no han sido tramitados.

En el caso de la Sala de lo Social, el 64 por ciento de los juicios no han podido celebrarse a consecuencia de los paros. La Sala de lo Penal se ha visto menos afectada dado que las vistas orales han continuado desarrollándose con reguralidad debido a que estaban señalados con anterioridad al inicio de la huelga. No obstante los efectos de la protesta laboral comenzarán a notarse a partir de esta misma semana.

Fuente: La Nacion

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miércoles, marzo 26, 2008

Después de la intimidación, represión: Multa de 6.000 euros por el encierro


El Ejecutivo ha decidido castigar con dureza el encierro que mantuvieron entre el 11 y 13 de marzo en la sede ministerial varios de los funcionarios de Justicia de las comunidades que no tienen transferidas las competencias y que permanecen en huelga indefinida desde hace ocho semanas.


La Delegación del Gobierno en Madrid ha notificado un expediente sancionador a Comisiones Obreras en el que le impone una multa de 6.000 euros por esta protesta, que entiende puede constituir una infracción administrativa grave. El plazo máximo de resolución de la sanción es de seis meses. CCOO -que ha sido el destinatario del expediente por hacer de portavoz de los otros tres sindicatos implicados en la huelga, UGT, CSI-CSIF y STAJ- dispone ahora de quince días para «formular alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones que estime convenientes», según explica el documento. Al sindicato también le cabe la posibilidad de pagar los 6.000 euros en cualquier momento anterior a la resolución para dar por terminado el procedimiento.

En una nota conjunta hecha pública ayer, las centrales calificaron de «mecanismo de represión contra los trabajadores» la multa y culparon además a la Delegación del Gobierno de cambiar el itinerario de la marcha convocada para el próximo sábado en Madrid. El departamento de Soledad Mestre ha prohibido a los funcionarios que se manifiesten entre los ministerios de Hacienda y Justicia, los dos departamentos contra los que se dirigen sus quejas, y les ha ofrecido como alternativa una concentración en Atocha. No obstante, no será hasta mañana cuando se decida finalmente el recorrido de la manifestación.

Los sindicatos se reunieron ayer por la tarde con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y los decanos de los colegios de las comunidades afectadas por los paros en un intento más de desbloquear una situación que está causando formidables estragos en la Administración de Justicia. El propio Carnicer mostró el interés de esta institución por coadyuvar en la resolución del conflicto y solicitó a ambas partes que traten de «flexibilizar al máximo sus posturas» para acabar con un problema que está afectando gravemente a los ciudadanos y a los propios abogados. El presidente del CGAE enviará un requerimiento al ministerio para que convoque de forma urgente la mesa de negociación.

No parece, sin embargo, que la situación tenga trazas de solucionarse a corto plazo a tenor de lo expresado por los representantes sindicales. Javier Hernández (CCOO), quien aclaró que lo que piden es la homologación de sus salarios con los de los funcionarios de las autonomías que tienen transferidas las competencias, acusó al ministerio de no aceptar la presencia de mediadores «imparciales» en el conflicto y de no convocar la mesa sectorial desde que los sindicatos entregaron, hace tres semanas, un escrito realizando alegaciones a la última oferta retributiva.

Por su parte, Juan Antonio Martín, de CSI-CSIF, acusó al ministro de Justicia de «mentir, intoxicar y engañar a la opinión pública» en relación con este conflicto, a la vez que subrayó que los sindicatos están abiertos a negociar y esperan una respuesta del ministerio.

Fuente: La Razon Digital

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martes, marzo 25, 2008

Cáceres: Manifestación por el desbloqueo del conflicto


Los funcionarios de la Administración de Justicia de Extremadura se manifestarán mañana miércoles, 26 de marzo, en Cáceres para continuar exigiendo la convocatoria de la mesa de negociación "de forma inmediata", así como la presentación por el Ministerio de Justicia de una propuesta "que permita desbloquear el conflicto existente".


De lo contrario, según ha informado los sindicatos participantes -CCOO, UGT, STAJ y CSI-CSIF- mediante un comunicado, "mantendremos la convocatoria de la huelga y las movilizaciones".

La manifestación tiene prevista la salida desde las puertas de la Subdelegación del Gobierno y finalizar ante la sede del PSOE en la calle Hernán Cortés de la capital cacereña.

Fuente: regiondigital.com

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Ferrol: Un incendio destruye parte de los archivos de los juzgados

Un incendio calcinó ayer parte del archivo general de los juzgados de Ferrol. Según las estimaciones del cuerpo municipal de bomberos, las llamas afectaron a cerca del 15% de la documentación de los dos tribunales de lo social, principalmente causas y diligencias, lo que podría interferir en procedimientos judiciales en curso, y a documentos de la junta electoral de zona.


El alcance exacto de los daños y sus consecuencias para el aparato de Justicia en Ferrol comenzará a conocerse hoy, cuando los secretarios de los juzgados, encargados de la gestión del archivo, se reincorporen a sus puestos de trabajo.

El fuego se inició cerca de las ocho y media de la mañana en la planta baja del nuevo edificio de los juzgados, que fue remodelado hace apenas siete años. El juez decano de Ferrol, Alejandro Morán Llordén, ha ordenado la apertura de una investigación para esclarecer las causas del suceso. Las primeras hipótesis apuntan a que un problema en un cuadro eléctrico pudo iniciar las llamas.

Los desperfectos no fueron mayores gracias a la intervención de los bomberos, que fueron avisados por el oficial de guardia de la Policía Nacional. Uno de los participantes en el operativo de emergencia explicó que primero apartaron los documentos que corrían riesgo de arder o de resultar dañados por los medios de extinción, sobre todo los legajos ubicados en la parte baja de las estanterías, ya que las llamas se extendieron por las baldas más elevadas. Solo una vez puestos a salvo los documentos se empleó agua para combatir las llamas.

El equipo de bomberos no abandonó el lugar de los hechos hasta pasadas las once y media de la mañana. Además de extinguir el fuego también eliminaron la humareda que invadió gran parte del inmueble. Afortunadamente estaba casi vacío, ya que por ser día festivo solo funcionó el juzgado de guardia, y ninguno de los funcionarios necesitó asistencia médica.

Los bomberos dejaron paso a la Policía Científica, que, en cumplimiento de la apertura de diligencias ordenada por el juez Morán Llordén, puso en marcha las pesquisas para esclarecer el origen de las llamas.

El incendio no impidió que el juzgado de guardia trabajase durante la mayor parte de la mañana con relativa normalidad.

Fuente: lavozdegalicia.es

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Bermejo acusa a los funcionarios de Justicia de faltar al trabajo de forma injustificada


El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, criticó hoy duramente la "intransigencia" mostrada por los seguidores de la huelga de funcionarios que se celebra desde el pasado 4 de febrero en aquellos órganos cuya gestión no ha sido transferida a las comunidades autónomas. Descartó de forma categórica que vaya a equipararse su salario con el que se cobra en dichos territorios y vinculó su eventual subida a que los funcionarios se comprometan a luchar contra "el absentismo" y a mejorar sus conocimientos informáticos. "La preocupación del Ministerio son los ciudadanos. Lamentamos profundamente lo que ocurre y pedimos disculpas por la parte que nos toca", afirmó Fernández Bermejo.

Afirmó que los paros tan sólo afectan a un 20 por ciento del total de la Administración de Justicia y advirtió a los huelguistas que, de continuar con su actual actitud pese al talante "negociador" del Ministerio no descarta un aumento de los servicios mínimos, así como la aplicación en bloque de los descuentos que corresponden en las nóminas por días de huelga realizados.


Fernández Bermejo compareció ante la prensa mientras cargos intermedios de su Ministerio mantenían una reunión con los secretarios de Gobierno de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Justicia afectados por la huelga. En dicha reunión se trataba sobre el incumplimiento de los servicios mínimos registrado en algunos territorios y el diseño de planes de refuerzo que permitan volver a la normalidad una vez termine la protesta.

Según el ministro, "no es asumible" una equiparación de salarios con respecto a los funcionarios en aquellos órganos con competencias transferidas en materia de Justicia porque en las diferentes autonomías los pagos son diferentes, ya que dependen de diferentes circunstancias. En Cataluña, por ejemplo, priman la estabilidad y el aprendizaje de idiomas.

FUNCIONARIOS CUMPLIDORES

En este sentido, afirmó que es legítimo que los funcionarios reclamen una subida salarial, pero ésta sólo puede justificarse en una mejora del servicio de cara a los cuidadanos. En este caso, si quieren mejorar sus salarios los funcionarios deben comprometerse en el aprendizaje de las nuevas tecnologías y "la lucha contra el absentismo". "Hay funcionarios cumplidores y otros menos cumplidores, y el Estado quiere que se mejore ese cumplimiento", añadió el ministro.

Sin embargo, insistió en que hasta el momento la única parte que ha pretendido "negociar" ha sido el Ministerio, mediante el ofrecimiento de diferentes ofertas. La última, respecto a la cual no se ha producido contestación alguna por parte de los sindicatos, supone 180 euros más en total. Se repartirían en 60 euros mensuales con efecto desde 1 de enero de este año, más una paga extraordinaria de 50 euros -ambas subidas con cargo a los Presupuestos de 2008- y el resto con cargo a las cuentas de 2009 a cobrar desde abril.

Frente a este continuo esfuerzo, según el ministro, los sindicatos que mantiene la huelga se muestran intransigentes e incluso, en el último documento que han hecho llegar al Ministerio, han eliminado del texto cualquier alusión al absentismo laboral.

DESCUENTOS

Tampoco aceptará el Ministerio, por "ilegal", la petición de los sindicatos de anular los descuentos en los salarios que corresponden por los días de huelga realizados por cada funcionario. Esto, según Fernández Bermejo, vulneraría el Estatuto de Funcionarios Públicos, aunque en alguna ocasión lo haya hecho alguna comunidad autónoma. "Aquellas autonomías violaron la ley, y esto no lo puede hacer el Ministerio", apuntó.

Lo previsto es ir descontando por días de huelga de forma progresiva: 4 días en la nómina de marzo, 8 días en la de abril y así sucesivamente. No obstante, de proseguir la actual "intransigencia" por parte de los sindicatos, podría optarse por una reducción en bloque, tal y como prevé la Ley.

Además, y una vez termine la huelga y comiencen a aplicarse los plazos de refuerzo, el Ministerio pretende que éstos sean cumplidos por todos los funcionarios, y no sólo los que hicieron huelga, ya que lo contrario sería una especie de "subterfugio" para no descontar de los salarios por los días de huelga. Además, según Fernández Bermejo, "todos deben coadyuvar a ese empeño para sacar el atraso cuanto antes", algo que ha su juicio sólo precisará de unos meses.

SEGUIMIENTO Y EXPEDIENTES

Según dijo el ministro, los últimos datos oficiales del seguimiento de la huelga, con fecha de 7 de marzo, hablan de 41.000 actos judiciales suspendidos. "Aunque se han celebrado otros 7.000, y de esto nadie habla", agregó.

Por lo que se refiere a los incumplimientos, de momento se han abierto dos expedientes disciplinarios en Cartagena (Murcia) por incumplimiento de servicios mínimos y otro a funcionarios de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por supuestas amenazas e injurias a funcionarios que trabajaban. En Ciudad Real, Salamanca y Mérida (Badajoz) se investigan incumplimientos y también amenazas, aunque no hay datos suficientes, de momento, para incoar expedientes al respecto.

Además, el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, se reunirá mañana con miembros Consejo General de Procuradores, y el ministro tiene previstos esta semana encuentros con los gerentes territoriales (provinciales) de Justicia y con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, para tratar de los programas de recuperación a aplicar en cada lugar.

Con respecto a los sindicatos, Fernández Bermejo señaló que el ministro "intervendrá" en una reunión con ellos "cuando haya voluntad" de negociación.

"Talante constructivo" con el PP


Por otra parte, Mariano Fernández Bermejo, afirmó hoy en rueda de prensa que no anda "buscando broncas por la vida" y que si José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a contar con él para este Ministerio, algo que no confirmó pese a las insistentes preguntas que le hicieron los periodistas, utilizará un "talante constructivo" para buscar lo mucho que les une con el PP como "gran partido de la oposición".

Durante una comparecencia señalada para dar cuenta de la huelga de funcionarios que se mantiene desde el pasado 4 de febrero en los órganos cuya gestión no depende de las comunidades autónomas, Fernández Bermejo eludió pronunciarse sobre su futuro con un lacónico: "El señor Zapatero se está planteando su futuro Gobierno, lo mejor será preguntárselo a él".

A este respecto, añadió que durante la Semana Santa tuvo que suspender el viaje que tenía previsto realizar para atender la situación creada por la huelga de funcionarios, y que ha sido este asunto, y no el de su reasignación en la cartera de Justicia, el que ha ocupado su pensamiento.

Preguntado si, de continuar como ministro, seguirá siendo "la bestia negra de la oposición", Fernández Bermejo respondió que a él le gusta "construir con, no contra nadie" y que en este sentido trabajará durante la próxima legislatura en lo mucho que une al Gobierno con el PP, "que es mucho", apuntó.

"No se puede seguir con esas broncas de la legislatura pasada -insistió el ministro en funciones-, mi talante no es el de la bronca, es otro". No obstante, recordó el duro recibimiento que a su juicio, no se le "dispensó", sino que el PP "perpetró" contra él tras su nombramiento. "Nadie debería sorprenderse de que uno se defienda cuando es atacado y salga luchador", dijo.

COLABORACIÓN CON ALONSO

Preguntado por la designación del hasta ahora ministro de Defensa, Antonio Alonso, como nuevo portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Fernández Bermejo señaló que se trata de "un gran acierto" por tratarse de una persona "de calidad reconocida" y subrayó que será a él a quien corresponda dirigir la negociación con otros grupos para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

"Es al Parlamento a quien corresponde esta negociación y el Gobierno estará muy atento", agregó el ministro en funciones, que dijo también que, de seguir en Justicia, las relaciones con Alonso serán "buenísimas".

Finalmente, Fernández Bermejo contestó con un "a quien madruga Dios le ayuda" al hecho de que ya se conozca a los portavoces del PSOE en el Congreso y en el Senado y todavía no se sepa nada de quienes serán los protagonistas en las Cortes de parte del PP. "La dinámica de cada grupo es diferente, y es mejor dejar a cada uno resolver sus problemas", espetó.

Fuente: Alerta Digital

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El día 29 de marzo, ¡TODOS A MADRID!


Los funcionarios de Justicia en huelga tienen previsto organizar una manifestación el próximo día 29 de marzo en Madrid, cuyo lema será Contra la arrogancia del Ministerio de Justicia. Los sindicatos que promueven esta última iniciativa insisten en la necesidad de que el Ministro de Justicia tenga en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores. De otra manera, afirman, “las proporciones del colapso y sus consecuencias van a ser incalculables una vez sea desconvocada la huelga".


El conflicto sigue presente y sin vistas de una temprana resolución. Los funcionarios de la Administración de Justicia comienzan su octava semana en huelga indefinida sin que por el momento se haya resuelto la discriminación que dicen padecer en relación a las comunidades donde ya se ha procedido a la transferencia de la competencia de justicia.

Las negociaciones con el Ministerio no han proporcionado ningún fruto por el momento.

Fuente: Rioja2.com

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lunes, marzo 24, 2008

La Rioja: Sin solución a la huelga, no habrá transferencias

Logroño. El consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar, exigió al Ministerio de Justicia que solucione el conflicto laboral con los trabajadores de Justicia, para lo que le ha enviado una carta en la que advierte a la Administración central de que «la Comunidad Autónoma no puede asumir las competencias en esta situación, porque si no arrastraremos un lastre y su solución correrá a cargo de las arcas riojanas». Escobar, junto al director general de Justicia e Interior, Miguel Sáinz, y a la subdirectora de Justicia, Cristina Maiso, recibió a los representantes sindicales de los funcionarios de Justicia, que continúan con su huelga.


La carta enviada al Ministerio, al que la Consejería considera responsable de la situación, recoge la necesidad de «apremiar, pedir e incluso exigir que resuelva este problema», en palabras de Escobar. «No podemos asumir las transferencias sin este asunto adecuadamente resuelto», aseguró el consejero.

«Pensando en el futuro, el acuerdo que se alcance entre el Ministerio y el personal se debe incorporar al coste efectivo de las transferencias y no cueste dinero adicional a la Comunidad», incidió tras la reunión con los responsables de los trabajadores en huelga.

«Espero que el conflicto se resuelva a la mayor brevedad posible porque así ganamos todos. A nadie le interesa una situación tan incómoda y por eso creemos que la responsabilidad recae en el Ministerio, que debe hacer un mayor esfuerzo en resolver el asunto», prosiguió.

Sin embargo, Escobar no abogó directamente por la equiparación salarial de los trabajadores riojanos con el de otras regiones. «Abogamos por solucionar el conflicto porque los trabajadores parten de un planteamiento sensato. Si se concreta como coste efectivo para la transferencia, nos daríamos por satisfechos», resumió el consejero.

Además, tampoco quiso extrapolar la petición de un incremento de sueldo por parte de los trabajadores de Justicia a otros estatutarios que también solicitan igualdad de salario respecto a comunidades limítrofes: «Creo que hay que analizar de forma individual el caso de la Administración de Justicia, que tiene unas particularidades específicas», añadió.

Fuente: larioja.com

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Avilés: El PP apoya la huelga en el Ayuntamiento

Avilés. El Partido Popular ha presentado una moción con la que buscará el respaldo del Ayuntamiento a la huelga que siguen los funcionarios de la administración de Justicia de Asturias desde el pasado 6 de febrero en demanda de la equiparación de sus salarios con el de los trabajadores de otras comunidades autónomas. La moción del PP recuerda que la huelga está convocada por los sindicatos CSI-CSIF, CCOO, UGT y STAJ, y que alcanza un participación del 95% en Oviedo, Gijón y Avilés.


El PP señala además que lo prolongado de la huelga está provocando también serios retrasos y problemas para la realización de trámites, como los que suele cursar el registro civil.

Por tal motivo, el Partido Popular propone «apoyar las reivindicaciones de los funcionarios de Justicia avilesinos» y comunicar ese respaldo municipal al Ministerio de Justicia de modo que se pueda agilizar la búsqueda de una solución al conflicto.

Fuente: lavozdeaviles.es

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domingo, marzo 23, 2008

Cantabria: Plan de choque a los retrasos de la huelga

El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, propondrá un plan de choque ante los posibles retrasos creados por las once jornadas de huelga de los empleados públicos en la Administración de Justicia. Para ello convocará mañana, lunes, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, César Tolosa, y al secretario de Gobierno, Luis Sanz, a una reunión que se celebrará el próximo viernes, 28 de marzo, para acordar las posibles medidas a adoptar para poner al día aquellos asuntos judiciales de la región que se hayan visto afectados por las jornadas de paros.


Tras el estudio pormenorizado del informe sobre las repercusiones, Mediavilla adelantó que la Consejería de Justicia y el TSJC adoptarán conjuntamente las medidas de refuerzo necesarias para agilizar el trabajo de la Administración de Justicia que «acabe definitivamente con los retrasos y atascos suscitados». El consejero cree necesario aplicar «cuanto antes» estas medidas con el objetivo de seguir mejorando la percepción que tiene el ciudadano de la Justicia y ser capaces de insistir y llevar a cabo los proyectos para que sea percibida como un servicio ágil, eficaz y seguro.

Por ello, Mediavilla aseguró que el Gobierno de Cantabria acometerá diversos proyectos de mejora de medios materiales y personales para que a medio y largo plazo suceda una reforma integral de la Justicia en Cantabria. Señaló que este objetivo de agilizar la administración y mejorar su imagen es competencia no sólo del Gobierno de Cantabria sino también del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, partidos políticos, e incluso las Cortes Generales, que deberán aprobar las reformas necesarias para mejorar estructuralmente este servicio.

Consenso para el CGPJ

Mediavilla apeló a la responsabilidad de PP y PSOE para que alcancen los necesarios acuerdos para la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Opinó que acabar con el actual bloqueo del proceso de renovación ayudará a recobrar la confianza en la Justicia de España y formará un Consejo con mayores garantías de independencia.

Fuente: eldiariomontanes.es

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Tribunal Constitucional: Credibilidad cero

La recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional, Rodríguez Zapata y García-Calvo, culmina un proceso que ha orquestado el PSOE para hacerse con una mayoría suficiente en el alto Tribunal para evitar que sus leyes estrella, como la de violencia de género o de igualdad, y sobre todo el estatuto de Cataluña, sean tumbados por los vicios de inconstitucionalidad que encierran .


Pablo Pérez Tremps, el magistrado del constitucional conocido por sus descaradas declaraciones a favor del separatismo catalán fue recusado en su día por el PP por asesorar a la Gneralidad en la redacción del texto estatutario. Pérez Tremps cobró 6.000 euros por esa colaboración.

La respuesta del PSOE a esta baja fue modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para permitir a su presidenta, María Emilia Casas, cuyo esposo también emitió un dictamen favorable al estatuto, prorrogar más allá de los tres años previstos legalmente su mandando al frente del Tribunal Constitucional y por tanto conservar su voto de calidad.

Entonces el PP recusó a cinco magistrados del Tribunal Constitucional porque consideraba que habían manifestado verbalmente su apoyo a la reforma aprobada por el Gobierno mientras se tramitaba el proyecto parlamentario. Tales recusaciones fueron inadmitidas a trámite con el voto de los propios recusados. El PSOE hizo lo propio con Rodríguez Zapata y García-Calvo, precisamente por manifestar justo lo contrario, es decir desacuerdo con la reforma del gobierno. Sin embargo su recusación sí ha prosperado.

Tras este rifirrafe de recusaciones a medida del gobierno, ya no hace falta especular sobre cual va a ser el fallo del Constitucional sobre estas cuestiones de la ley de violencia de género o de igualdad, dará luz verde a todas, y en especial, en lo que se refiere al estatuto catalán, tras maquillar el texto con algún retoque para cubrir apariencias, lo declarará conforme de toda conformidad con la Constitución de 1978. Al fin y a la postre las sentencias van a ser autenticas decisiones políticas y no jurídicas.

En definitiva la politización del Tribunal Constitucional, hacen de este órgano, no un autentico Tribunal de Justicia, genuinamente independiente y guiado y motivado por consideraciones estrictamente jurídicas, sino un apéndice político, que no sirve más que para llevar a otro terreno de juego la lucha entre partido políticos. Con tales condicionamientos, francamente, lo que pueda decir o dejar de decir el Constitucional sobre la legalidad del estatuto, no ofrece credibilidad alguna.

Fuente: Minuto Digital

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Murcia: El Colegio de Abogados calificó de "gravísima" la situación creada por la huelga

El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Pedro Luis Sáez, calificó de "gravísima" para los ciudadanos la situación creada por la huelga de los funcionarios de Justicia. En rueda de prensa, el decano del Colegio de Abogados advirtió que la situación "puede agravarse aún más" si la huelga se prolonga y puso de relieve que sus secuelas se notarán en uno o dos años, según cuando termine.


"Conforme pasen días, la situación irá empeorando, ya que las oficinas judiciales están ya atestadas de papeles, sin ningún control, y además hay que contar con los escritos que no estamos presentando y que van a entrar en los juzgados cuando la huelga finalice", añadió.

Tras afirmar que el Colegio de Abogados entiende y comparte las reivindicaciones de los funcionarios, Sáez expresó su preocupación porque, en su opinión, "se está produciendo un cierto enquistamiento" en el conflicto, y no ve que esté próximo el acuerdo.

"No entendemos como los operadores de la Administración de Justicia, como es el propio Ministerio y como son los funcionarios, no hayan acudido a esa figura que se ha utilizado en otras ocasiones en mesas de negociación como es el mediador, esa persona que examinando las posturas de los dos parte, intente limar aristas y propicie un entendimiento", dijo Sáez.

Indicó asimismo que además de afectar a los ciudadanos, en muchos casos "en su bolsillo", la huelga también está produciendo "situaciones delicadas" en despachos de abogados, ya que, por la paralización de los juzgados, no tienen ingresos.

La huelga fue convocada de forma indefinida el pasado 4 de febrero por los sindicatos CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ con el objetivo de lograr la equiparación salarial de los funcionarios del Ministerio de Justicia con aquellas CCAA que tienen transferidas las competencias y que, según aseguran, suponen unos 2.400 euros anuales.

La convocatoria afecta a unos 9.500 trabajadores de las comunidades de Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja, Baleares y Asturias, más Ceuta y Melilla.

Fuente: laverdad.es

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sábado, marzo 22, 2008

El SUP afirma que los funcionarios de Justicia "tienen toda la razón"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) remitió un comunicado de prensa en el que ofrecía su apoyo a los funcionarios de Justicia que, desde el pasado cuatro de febrero, mantienen paralizada la Administración de Justicia con una huelga y con la que están reivindicando “su derecho” de cobrar lo mismo que los funcionarios dependientes de comunidades autónomas.


Así, el SUP otorga “todo el apoyo a sus demandas y les animamos a continuar en la defensa de cada uno de sus derechos”. “No es justa la distinción según la comunidad”, recoge el escrito, “ya que es como si se tratase de fomentar o reconocer como premio trabajar en una comunidad autónoma determinada, y como castigo hacerlo dependiendo de la Administración General del Estado”.

Además, el SUP pide a los funcionarios de Justicia que procuren que no se produzcan situaciones en las que la Policía reciba orden de intervenir haciendo uso de la fuerza y “aún en este supuesto, pedimos a los miembros policiales actuantes que actúen con absoluto respeto y prudencia hacia los manifestantes”.

Fuente: El Faro de Murcia

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Mallorca: Desalojados los funcionarios de Justicia encerrados en Hacienda

PALMA.- Alrededor de cincuenta funcionarios de Justicia se manifestaron en la Delegación de Hacienda, en la calle Cecili Metel, como forma de protesta por el fracaso en las negociaciones con el Ministerio de Justicia para desbloquear la huelga que mantienen desde el 4 de febrero.


Esta se convirtió en la protesta más corta de todas las que vienen realizando, ya que la policía se presentó en breve invitándoles a irse por las buenas o por las malas. Después de salir pacíficamente con las manos en alto, los funcionarios han proseguido con sus cánticos de protesta durante otra media hora en la puerta del edificio.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FSAP-CCOO, Javier Luna, ha destacado que ésta es una escenificación más de la situación de bloqueo en la que se encuentra el colectivo, que ya ha llevado a cabo actuaciones similares de encierro en la comunidad y en el Ministerio, para denunciar lo que, en su opinión, supone una desatención grave de las exigencias y demandas del colectivo.

La semana pasada, unos 70 funcionarios entraron en las dependencias de la Delegación de Gobierno en Baleares con la intención de presentan en el registro "uno por uno" una veintena de documentos, con el objetivo de colapsar dicho servicio, como forma de protesta por la falta de entendimiento con el Ministerio de Justicia en las sucesivas negociaciones.

Esa misma semana, los sindicatos exigieron al PSOE que cumpla con su compromiso electoral e incremente el diálogo social impulsando una negociación real "y con voluntad política" que dé respuesta a las reivindicaciones de los funcionarios, que llevan en huelga indefinida 34 días.

Luna ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que son más de 100.000 las actuaciones judiciales suspendidas en todo el país y que en las Islas su número se cuenta por millares, causa por la que insta a los responsables políticos a que convoquen una reunión formal y seria donde se planteen soluciones efectivas al conflicto.

Se trata, según ha dicho, de igualar la situación de todos los funcionarios del país y de no permitir discriminaciones salariales entre las Comunidades con las competencias transferidas y las que no las tienen. Algo que Luna considera "sencillo" y que afirma "no es una reivindicación abusiva como afirman".

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS TOMA PARTE

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares ha acordado instar a los sindicatos y al Ministerio de Justicia a que alcancen un acuerdo que permita poner fin de forma "inmediata" a la huelga de funcionarios de Justicia, y ha reclamado la adopción de medidas "especiales" que permitan desbloquear el "colapso" de este servicio en Baleares.

La institución ha exigido al Ministerio y a las autoridades judiciales la puesta en marcha de planes específicos que se activen de forma "inmediata" una vez finalice el conflicto, con el objetivo de recuperar "el tiempo perdido" y restablecer "lo antes posible" el normal funcionamiento de este servicio público en las islas.

En opinión de la Junta colegial, el conflicto ha puesto la justicia del archipiélago "al borde de un colapso absoluto, de consecuencias impredecibles, pero de segura extrema gravedad". A su juicio, se trata de un "panorama desolador" que afecta a la totalidad de los operadores jurídicos y, "lo que es peor, aleja a los ciudadanos de su derecho a obtener una tutela judicial efectiva".

Fuente: mallorcadiario.com

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Sevilla: La Hermandad de los juzgados

Entrevista con Antonio Saldaña, funcionario judicial y Hermano Mayor del Carmen Doloroso. Desde noviembre de 2007 es el responsable de la Hermandad. Lleva 25 años en la administración de justicia. En la actualidad está destinado en un juzgado de instrucción.


-¿Por qué esta tradición de la Hermandad con los tribunales?

-Debido a que uno de los hermanos fundadores de la hermandad, José Manuel Rodríguez Núñez, también es funcionario de justicia, logrando acercar a la Hermandad a muchos compañeros (funcionarios, abogados procuradores...) y familiares y cada uno de nosotros hemos actuado de igual forma. Somos muchos los que pertenecemos a este «gremio», muchos con hijos involucrados en la vida de Hermandad, que hace que los Carmelitas estemos presentes en la vida cofrade sevillana.

-¿Faltan representantes de la judicatura?

-La judicatura la forman jueces y magistrados y no existen en nuestra nómina, pero si, funcionarios, abogados, etc. Sobre todo desde la Cuaresma de 2007, se han incorporado nuevos Hermanos procedentes de cualquier lugar de la ciudad y escala social o laboral, por lo que esperamos que también la Judicatura se acerque a nuestra Hermandad.

-¿Desde la Hermandad se llevan a cabo acciones con el sector judicial?

-Dentro de nuestra acción social, hermanos de la Corporación, prestan un servicio gratuito de atención letrada a las mujeres acogidas en el centro «Al alba» de la Hermanas Oblatas. También existe relación con el Colegio de Procuradores, cuya patrona es la Virgen del Carmen. Desde el 2006, varios procuradores y el propio Colegio, colaboraron en la nueva corona de plata sobredorada de la Virgen.

-¿Se puede considerar a la Hermandad como la de «los juzgados»?

-Pues sí, sin perjuicio de que existan otras. Pero si es cierto que aunque sean en distintos ámbitos, somos muchos los que andamos por los juzgados, ya sea en el Prado, Viapol, Buhaira, etc. Además, sería deseable, que con el tiempo, creciera nuestra nómina de hermanos en el ámbito judicial, para que si fuese conocida por tal calificativo, al estilo de Carretería, Panaderos, Cigarreras, etc.


Fuente: ABC.es

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Burgos: Manifestación con gritos contra Zapatero y Bermejo

Acompañados por sus colegas de Palencia, Valladolid, Soria y Logroño, los trabajadores de Burgos han vuelto a salir a la calle para recordar que el Ministerio de Justicia sigue sin hacer nada por resolver el conflicto, y que los representantes sindicales de todas las comunidades autónomas en huelga indefinida desde el pasado 4 de febrero continúan esperando a ser convocados a una mesa de negociación para dialogar y encontrar una solución, según ha asegurado el representante del sindicato STAJ en Burgos Alberto Arroyo.


Más de 200 funcionarios de Justicia han recorrido las calles de Burgos, desde la Avda. Reyes Católicos hasta la Subdelegación del Gobierno, en una manifestación de una hora y media de duración, con la que a gritos de “El talante, ZP, en Justicia no se ve” y “Con este ministro vamos de culo”, han vuelto a exigir al gobierno central que resuelva su conflicto laboral, equiparando sus salarios a los de comunidades autónomas con las competencias transferidas.

A los habituales pitidos y abucheos que acompañan todas sus concentraciones, se han unido en esta ocasión cánticos contra el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ambos en funciones en estos momentos, como “El talante, ZP, en Justicia no se ve” y “Con este ministro vamos de culo”. Al mismo tiempo, algunas de las funcionarias vestían de negro, en señal de luto, y un grupo de trabajadores lanzaba, de vez en cuando, un muñeco de “Bermejo” al aire, y cantaban una trágica saeta.

Del mismo modo que los funcionarios de Soria recibían el apoyo de sus compañeros de Logroño por ese encierro en el que llevan ya 29 días en la sede de los Juzgados sorianos del Palacio de los Condes de Gómara, los burgaleses han tenido también con ellos, no sólo a colegas de Soria o Logroño, sino también de Valladolid y Palencia, para hacer más presión frente a las autoridades y representantes del gobierno central en Burgos. De Soria han venido unos 15 funcionarios, puesto que de los escasos 100 que trabajan en Justicia, 46 son servicios mínimos, y del resto, la mitad está de turno de encierro. Los sorianos insisten en que seguirán luchando por sus derechos.

Fuente: Radio Arlanzon

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viernes, marzo 21, 2008

Asturias: Los sindicatos acusan al Ministerio de Justicia de intentar "asustar" a los trabajadores

El Ministerio de Justicia intenta “asustar” a los trabajadores. Así lo han manifestado los sindicatos convocantes de la huelga indefinida que comenzó en febrero en la Administración de Justicia no transferida. Y es que, según los sindicatos, el Ministerio les ha amenazado con abrirles un expediente por incumplir los servicios mínimos, algo que, aseguran, que es totalmente falso. Se quejan, además, de que el Ministerio lleva tres semanas sin hacer manifestación alguna sobre este conflicto laboral.

(Ver vídeo aquí)


Los sindicatos que han convocado la huelga indefinida de Justicia han denunciado que el ministerio está tratando de asustarlos con la apertura de expedientes por no cumplir los servicios mínimos. Algo que, aseguran, es totalmente falso, ya que los están llevando a cabo, aún cuando los consideran abusivos. Denuncian que el Ministerio no se ha dirigido al Comité de Huelga para trasladar la apertura de esos expedientes, y añaden que nadie puede demostrar que esos servicios mínimos se están incumpliendo.

Se quejan, además, de que hace tres semanas que el ministerio no se pone en contacto para negociar, algo que entienden no sólo perjudica a los trabajadores, sino a toda la Administración de Justicia.

Los funcionarios de Justicia con las competencias no transferidas comenzaron esta huelga en febrero para reclamar la equiparación salarial con los trabajadores de las autonomías en las que el traspaso ya es efectivo.

Fuente: Teleasturias Digital

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"Los funcionarios de Justicia tienen toda la razón del mundo"

Feliciano Trebolle, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, lamenta en una entrevista concedida a Punto Radio la falta de acuerdo en torno a la huelga de los funcionarios de Justicia. Por si quedaban dudas asegura sin tapujos que está del lado de los funcionarios.


-¿Cómo analiza el conflicto que se está viviendo entre los funcionarios y el ministerio?

-A mí me da mucha pena. Hablo desde un punto de vista personal y pienso que tienen toda la razón del mundo, porque no parece de sentido común que por realizar el mismo trabajo un funcionario cobre más en una comunidad que en otra.

-¿En qué medida influye el conflicto en el día a día judicial?

-Está afectando directamente a los ciudadanos, de forma plena a los profesionales del Derecho y lo va a seguir haciendo durante unos cuantos meses. Ahora mismo no se practican pruebas, no se celebran juicios, el Registro Civil está paralizado, al igual que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y sólo se está atendiendo como servicio mínimo las causas con preso.

-Hay quien calcula que será necesario todo este año para cubrir todo ese retraso...

-Es más que probable. Va a costar muchísimo levantar esta situación y más si no se llevan a cabo tareas de refuerzo una vez que se supere el conflicto.

Fuente: nortecastilla.es

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