Unión sindical en defensa de los servicios públicos y contra los recortes en el Principado. Todos los sindicatos con representación en la Administración regional (UGT, CCOO, CSIF, USIPA, SIMPA, CSI, SATSE, SAE, SUATEA, ANPE, SICEPA, SIPU, USO y STAJ) acordaron convocar una manifestación que tendrá lugar en Oviedo el día 26 de este mes. La manifestación saldrá de la estación de Renfe, pasará ante la Presidencia del Principado y acabará frente a la Delegación del Gobierno, en la plaza de España. 
El conocido abogado ovetense José Santiago Álvarez Fernández-Peña, de 66 años y con varias condenas a sus espaldas por delitos de estafa, fraude a Hacienda y falsificación de documentos, estaba cumpliendo su pena en la prisión de Villabona. Allí obtuvo un permiso para abandonar el centro durante unos días con la condición de su regreso en la fecha establecida por las autoridades judiciales. Ya no volvió. En consecuencia, el Juzgado de lo Penal número 2 ha dictado una orden de busca y detención, según confirmaron fuentes judiciales.
Vidau Argüelles, presidente del TSJ de Asturias, aplaudió el plan del Principado para trasladar dos juzgados de primera instancia (números 10 y 11). Vidau considera que la actual ubicación de estos juzgados es «indigna» para los profesionales del sector de la Justicia, para los usuarios y los residentes. Mientras, el Principado aseguró a los sindicatos que el traslado sólo es una posibilidad que está estudiando. Jesús Aguiar, responsable del sindicato STAJ, aseguró que, «en principio, no lo vemos mal, siempre que las nuevas sedes reúnan las condiciones necesarias».
El proyecto del palacio de justicia de Langreo se encuentra en espera. Así se lo comunicó el viceconsejero de Sector Público, Luis de la Vallina, a la alcaldesa de Langreo, Esther Díaz, en un encuentro celebrado en Oviedo. La regidora puso sobre la mesa la necesidad de incluir, en los presupuestos de 2012, una partida que como mínimo sirviese para redactar el proyecto definitivo del palacio de justicia en Sama. Ante esta petición, según la alcaldesa, desde el Principado se contestó que el proyecto «está condicionado» al nuevo Plan Nacional sobre Demarcaciones Judiciales, que establecerá las «prioridades» en materia de infraestructuras en el sector.
El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido suspender «temporalmente» la implantación de la Nueva Oficina Judicial en la región conforme a los criterios expresados por el CGPJ y que han tenido en cuenta «los graves problemas detectados» en las ciudades en las que ya se ha implantado la Nueva Oficina Judicial. Según indican desde el Ejecutivo autonómico, también se han tenido en cuenta «las múltiples críticas vertidas por distintos operadores jurídicos, tales como organizaciones sindicales, colegios profesionales e incluso asociaciones judiciales».
El nuevo Palacio de Justicia está ya ejecutado en un 97% y el Principado podría recibir el edificio a lo largo de la próxima semana. Ese es, al menos, el plazo que barajan las empresas Dragados y Coprosa, responsables -a través de una Unión Temporal de Empresas- de una obra que tan sólo está pendiente de sus últimos remates. Para agilizar estos trabajos finales se ha reforzado la plantilla de forma notable. Jesús Aguiar, delegado sindical de STAJ, aseguró que «estamos deseando que empiece a funcionar la nueva sede». 
La congelación en la administración de Justicia ha dejado de ser una metáfora de los recortes a los que obliga la crisis para convertirse en una realidad palpable que los funcionarios sienten en manos y canillas. Y es que los sindicatos denuncian que las principales sedes judiciales asturianas se quedan sin calefacción a media mañana, se supone que para ahorrar costes. No es la primera vez que se aplica esta medida, que deja a los funcionarios tiritando. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) pidió al director general de Justicia, David Villagrá, que tome cartas en el asunto, en la primera de las reuniones que el responsable regional tuvo con representantes sindicales.
Con escepticismo han reaccionado las organizaciones sindicales del sector de la justicia ante la propuesta de unificación de partidos judiciales que plantea el Consejo General del Poder Judicial. El mayoritario entre los trabajadores de la justicia de Asturias, el sindicato STAJ, pedirá esta semana una reunión con el director de justicia del Principado para que les informe de la propuesta. Para Jesús Aguiar, del STAJ, la medida puede llevar aparejada nuevos recortes. Sostiene que "implicaría creación de nuevas sedes judiciales y la eliminación de otras".
El Gobierno del Principado ha asumido el miércoles ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la necesidad de solucionar el problema de la dispersión de las sedes judiciales en Oviedo, en un plazo que, según el vocal Manuel Almenar, "no debería exceder los dos años". Así lo ha explicado en rueda de prensa el vocal tras reunirse con el presidente del Gobierno del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, en su primer encuentro desde la toma de posesión del presidente. 
La fiscalía de Gijón está bajo mínimos. En la oficina del ministerio público de los Juzgados locales trabajan actualmente nueve funcionarios que deben hacerse cargo de las gestiones derivadas de casi 30 órganos jurisdiccionales. El concurso de traslado complicará aún más si cabe la situación en las próximas dos semanas, tal y como se denuncia desde la fiscalía. Cuando lo deseable sería la existencia de un funcionario por cada uno de los 14 fiscales gijoneses, durante los próximos días el ministerio público contará sólo con cuatro funcionarios.
Los juicios con jurado popular han caído aproximadamente un 76 por ciento en la última década en Asturias, donde se ha pasado de 25 procedimientos abiertos en 1999 a sólo seis el año pasado. De los siete juicios celebrados por este procedimiento en la Audiencia Provincial en 2010, al menos cinco concluyeron con sentencia condenatoria.
El presidente regional, Francisco Álvarez-Cascos, aseguró el lunes, durante la apertura del año judicial, que no recortará en materia de justicia y que intentará resolver el problema de las sedes judiciales asturianas, sobre todo en Oviedo. Cascos se comprometió a agrupar las actuales siete sedes judiciales de la capital del Principado, aunque no garantizó que se vaya a realizar un nuevo palacio judicial, como reclama la judicatura.
«El rendimiento de la administración de Justicia en Asturias es satisfactorio». Ignacio Vidau, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) calificó de «positivo» el funcionamiento de los órganos judiciales durante la presentación de la memoria de 2010. Del informe se desprende que la litigiosidad se redujo durante el año pasado un 2,30%, pasando de los 182.558 asuntos nuevos en 2009 a los 177.775 del pasado ejercicio. Esas cifras se consiguen, dijo, «gracias al importante trabajo de los jueces, magistrados, fiscales, secretarios, forenses y funcionarios». Sin embargo, la administración de Justicia, «se encuentra actualmente al límite de sus posibilidades y no puede asumir más carga».
Los funcionarios del Registro Civil de Oviedo no están en absoluto preocupados ante la posibilidad de tener que decidir qué apellido llevará un niño en el caso de que sus padres no se pongan de acuerdo. El proyecto de ley del Registro Civil, aprobado la semana pasada por la Comisión de Justicia del Congreso, incluye esa disposición, ante la que la plantilla, que atiende a los ciudadanos en la planta baja del Palacio de Justicia, ni se inmuta. En los últimos veinte años ninguno de los trabajadores ha sido testigo de una discusión ante su ventanilla por el orden de los apellidos de un bebé. «En nueve meses, ya tuvieron tiempo de discutirlo», conjetura un veterano.
Los sindicatos con peso en el ámbito de la administración judicial asturiana coincide en señalar que la situación de esta parte de la gestión pública ha empeorado desde 2009, año en el que el Principado recibió las transferencias por parte del Gobierno central en materia de personal.Las más vehementes llegan desde STAJ, el sindicato con mayor representación en este sector. STAJ ha recogido firmas entre los funcionarios para que el Principado devuelva las competencias al Ministerio de Justicia. Para Jesús Aguiar, uno de sus líderes, desde que el Gobierno del Principado que preside Vicente Álvarez Areces tomó las riendas de la gestión de justicia «sólo se ha incrementado el gasto y se ha producido un empeoramiento salvaje de las condiciones de trabajo y del servicio». Aguiar se queja de que en este momento los trabajadores públicos de la justicia asturiana «somos los peor pagados de toda España». También critica la falta de diálogo con la Administración regional. «No hay comunicación. Todo lo basan en el ordeno y mando», lamenta. Fuente: lne.es
