El Govern y el decanato de los juzgados de Palma han suscrito un convenio para afinar su colaboración en materia de mediación en conflictos familiares derivados desde el ámbito judicial, un servicio que favorece la resolución pacífica de disputas y facilita la ejecución de las sentencias. El juez decano ha señalado que durante 2011 en Baleares se disolvieron 3.193 parejas estables y matrimonio, rupturas de las que casi el 59 % fueron consensuadas. 
José Javier Bonet es el nuevo presidente del Colegio de Graduados Sociales de Baleares. El graduado social es un profesional especializado en derecho del trabajo y seguridad social. Presta servicios de gestión y asesoramiento laboral a empresas y también asesora a trabajadores. Además los representa en los juzgados de lo social y ante el juzgado de lo mercantil cuando se trata de asuntos laborales y de seguridad social.
El Decano de los Jueces de Palma, Francisco Pérez Espinosa, ha acordado habilitar un dispositivo especial de seguridad para garantizar el normal funcionamiento del Juzgado de Guardia cuando declare el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, cuya comparecencia está prevista el 25 de febrero por lo que, al ser sábado, las dependencias judiciales de Vía Alemania estarán cerradas al público.
Desde que la economía se torció allá por el año 2008, en los tribunales de Mallorca se han dirimido 6.932 despidos y 22.462 expedientes. Y por el camino se han quedado otros muchos, una pila de asuntos a la espera de turno en una Justicia que en Baleares acumula 85.000 casos pendientes. Tan grave es la congestión que los juzgados están señalando juicios de conflictos laborales que se producen hoy para dentro de casi dos años, en junio de 2013. La apretura es tal que los jueces se ven obligados a reservar huecos en su agenda para que los despidos puedan ir a juicio antes. Un despido de hoy podría así juzgarse a lo largo del 2012. Otra cosa son el resto de conflictos laborales, que, salvo excepción, se van ya a junio de 2013. 
El Parlament ha aprobado una iniciativa por la que se insta al Govern a seguir negociando con el Ministerio de Justicia el traspaso de competencias en materia judicial con la debida dotación económica, así como a exigir la construcción de los nuevos juzgados de Ibiza, Manacor y Ciutadella. Así se ha decidido en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, donde se ha aprobado una proposición no de ley en materia de traspaso de competencias en materia de justicia y de la construcción de las nuevas dependencias en las islas.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) Antoni Monserrat ha augurado que desde el Ministerio de Justicia "no va a haber dinero" a corto plazo para la creación de ninguna nueva plaza en los distintos órganos judiciales de las islas, donde la situación que atraviesa este ámbito es "muy grave". "Nosotros hacemos las propuestas pero es el Ministerio el que dispone de la financiación", ha aseverado. En concreto, ha apelado a la necesidad de poner en marcha diez nuevos Juzgados de Primera Instancia en Palma, dos o tres más de mercantil y una nueva Sección Penal. 
Los juzgados de lo Mercantil 1 y 2 de Palma ya han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una ampliación de la plantilla para atender el notable incremento de la actividad derivada de la crisis económica, hasta ahora sin respuesta, ya que el Ministerio de Justicia ha negado los fondos necesarios. 
El conseller de Administraciones Públicas del Govern balear, Simón Gornés, aseguró en su primera visita oficial a las Pitiusas que no solicitarán al Ministerio el traspaso de las competencias de Justicia. «Esta es una cuestión heredada del anterior Govern, que dejó estacandas estas negocaciones. Nuestro compromiso es no asumir competencias que no estén absolutamente bien dotadas», declaró Gornés.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Antoni Terrasa, ha considerado que el Ministerio de Justicia ha atendido "bien" las demandas de la sala en cuanto a la necesidad de reforzar las plantillas de este órgano para dar respuesta a las necesidades de volumen de trabajo. Así lo ha señalado Terrasa tras la toma de posesión del cargo de las tres nuevas juezas que han entrado a formar parte de los juzgados de Manacor del TSJIB.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que mantenga los dos actuales magistrados de lo penal de la sección de refuerzo y la llegada de dos funcionarios más, uno por cada una de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Palma, conformadas por cuatro magistrados.
La Conselleria de Interior y Justicia del Govern balear tiene ya apalabrado un local en Ciutadella para trasladar parte o la totalidad de los dos juzgados de Instrucción y Primera Instancia que actualmente se ubican en la calle República Argentina. La Conselleria ha mediado ante el Ministerio de Justicia para hallar una solución provisional a la falta de espacio de las actuales dependencias judiciales, ante el retraso en la construcción de la nueva sede en los terrenos de Santa Rita, aún pendientes de expropiar.
Un trabajador que reclame a su empresa alguna paga que no se le ha abonado o unos días de vacaciones que no se le han permitido disfrutar va a tardar 18 meses en aclarar su situación ante un juez. Si se trata de un despido, la espera va a ser de cuatro meses. Y estas demoras se van a agravar durante este año, según se reconoce desde los tribunales. Porque el ministerio de Justicia ha decidido que no es necesario mantener los refuerzos con que se contaba el pasado año para intentar paliar este colapso.
