Baleares: Los juzgados necesitan 29 magistrados más ante la sobrecarga de trabajo por la crisis y la corrupción

Los juzgados de Baleares, especialmente los de primera instancia, necesitan 29 plazas más de jueces más para atender la actual situación de sobrecarga y a tenor del trabajo registrado durante 2009, según expuso hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Terrasa, quien detalló que 19 de los magistrados irían destinados a las dependencias judiciales de primera instancia y el resto a las de instrucción.


Durante la presentación de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del TSJIB en 2009, llevada a cabo en el Parlament, Terrasa hizo hincapié principalmente en las dificultades que atraviesan los juzgados de lo penal (con el aumento de asuntos pendientes a finales de año en un 9,9 por ciento) y el de ejecutorias (con un 36,9 por ciento más) debido al incremento de las causas por delitos, entre ellas las relacionadas con los presuntos casos de corrupción.

Una situación que también se extiende a los juzgados de lo social, civil y mercantil como consecuencia de la actual crisis económica. En relación a la Audiencia Provincial, Terrasa aseveró la necesidad "urgente" de crear una nueva sección penal debido a la complejidad de los asuntos que tramita este órgano y a la situación "crítica y anómala" que atraviesan las secciones de la Audiencia.

Fuente: La Ley

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Málaga: STAJ pide a Gámez una reunión

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en Málaga pidió a la delegada provincial del Gobierno, María Gámez, una reunión para tratar diversas cuestiones, al asumir ahora las competencias relativas a Justicia. Así, desde el STAJ solicitaron información sobre el nuevo diseño en cuanto a los servicios de gestión del personal que presta servicio en dicha Administración, que supera la cifra de 1.700 trabajadores en la provincia, así como los responsables de cada una de las secciones en que se divida.


De la misma forma, pidieron, a través de una carta, información sobre la política que se va seguir en esta nueva Consejería, "entendiendo que ha de tener la Administración de Justicia, por ser un servicio fundamental para la ciudadanía, un tratamiento prioritario en cuanto a la dotación de medios y recursos materiales y humanos".

A su vez, quisieron plantearle las "prioridades" necesarias en el servicio, como la ampliación de plantillas en los juzgados de Málaga, la necesidad de crear nuevos órganos judiciales y la construcción de nuevas sedes judiciales en Estepona, Marbella, Fuengirola, Torremolinos y Torrox.

Asimismo, estimaron trasladar a Gámez, la necesidad de realizar planes de actuación para reducir la pendencia de asuntos, al menos, en aquellos órganos que superen el 20 por ciento sobre los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para finalizar, desde el STAJ ofrecieron su colaboración "para tratar todas aquellas cuestiones que afecten directa o indirectamente al colectivo al que representamos".

Fuente: ymalaga.com

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Jaén: Un juez realiza una cronología de la muerte de Jesús del 2 al 3 de abril del año 33

Jesús de Nazaret fue condenado el 3 de abril del año 33 a la pena de muerte por crucifixión por, entre otros delitos, atentar contra la soberanía de Roma, según el juez José Raúl Calderón, que ha realizado una cronología de lo que sucedió desde que salió del Cenáculo la noche del 2 de abril. Este juez que ejerce en Jaén ha recopilado nuevos datos que añadirá en una próxima edición de su libro "Proceso a un inocente" (Editorial Liberman), en el que mantiene que en el juicio a Jesús hubo una serie de irregularidades procesales por el que se debería haber declarado nulo.


En declaraciones a Efe, Calderón ha explicado que, probablemente a Jesús se le pudieron imputar otros delitos como el de "crimen soladiciorum", consistente en organizar asociaciones para fines ilícitos; el "crimen receptatorum", por encubrir a sus discípulos; o la "seditio" por promover tumultos.

En cualquier caso, todos ellos era delitos políticos y públicos, ya que los religiosos, por los que los judíos querían que fuese condenado a muerte, no fueron tomados en serio por el procurador Poncio Pilato. Además de los datos ofrecidos en el libro, el juez Calderón ha logrado, fruto de nuevas investigaciones, realizar una cronología bastante exacta de lo que ocurrió desde que Jesús de Nazaret salió del Cenáculo el 2 de abril poco después de las 21,00 horas hasta que murió en la cruz a las 15,00 horas del día siguiente, e incluso lo sucedido desde su muerte hasta el comienzo del Sabbat judío a las 19,15 horas.

Según el juez, Jesús estuvo tras la cena en el huerto de Getsemaní hasta la medianoche y desde allí fue llevado a presencia del sacerdote del Sanedrín Anás donde fue interrogado por éste y por su yerno, el sumo sacerdote judío Caifás, hasta las 5,00 o las 6,00 horas.

Después pasó a disposición del pretorio romano en la Fortaleza Antonia, donde fue interrogado tres veces por Pilato, y una por Herodes, además de ser flagelado, no como pena sino como tortura para que confesase, reflejo de la "coercitio" romana y no judía.

A las 10,30 horas ya pesaba sobre él la condena a muerte, por lo que al mediodía fue trasladado al Gólgota, que distaba de la Fortaleza Antonia unos 700 metros, donde fue crucificado y falleció a las 15,00 horas. Entre las 15,00 y las 17,30 horas se produjo el lanceado del cuerpo para verificar que realmente estaba muerto, mientras sus amigos realizaban los trámites burocráticos ante las autoridades para que les dieran el cuerpo de Jesús.

El traslado tuvo que producirse de forma rápida entre las 17,30 y las 18,00 horas, momento en el que llegaría al sepulcro de José de Arimatea. Allí fue limpiado, que no lavado, antes de que comenzase el Sabbat, momento en el que no estaba permitido realizar trabajos.

Fuente: alertadigital.com

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El Gobierno reduce un 87% la oferta de empleo público para 2010

El Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2010 en la que reduce un 86,8% el número de plazas ofertadas, pasando de 15.084 en 2009 a sólo 1.989 para el presente año. Del total de plazas ofertadas, 781 serán de las Administración General del Estado, 222 del Cuerpo Nacional de Policía, 232 de la Guardia Civil y 754 de las Fuerzas Armadas. A estas cifras se suma la oferta de empleo para la Administración de Justicia, que alcanza un total de 2.030 plazas.


En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que esta reducción en la oferta de plazas públicas "responde al Plan de Austeridad que pusimos en marcha en el mes de enero", y que recoge una reducción del gasto de personal del 4% y limita la tasa de reposición de efectivos al 10%.

La reducción en la Oferta de Empleo Público supondrá un ahorro de 280 millones de euros. De la Vega destacó que esta OEP apuesta "por la austeridad y la promoción interna" a la vez que "salvaguarda" la mejor atención y calidad al servicio de los ciudadanos.

Asimismo, la Oferta incluye una "contención" en la contratación temporal y hace una "apuesta por una mayor movilidad" de los efectivos.

También incluye por primera vez un "turno diferenciado" para las personas con discapacidad intelectual, que, según destacó la vicepresidenta, permitirá que este colectivo "tenga posibilidades reales de incorporarse" al empleo público.

Administración de Justicia

A diferencia de lo que ocurre en la Administración General del Estado, la de Justicia tiene una dinámica diferenciada ya que tradicionalmente no se han aplicado criterios de tasa de reposición de efectivos. Además, esta administración se encuentra enmarcada en el Plan de Modernización 2009-2012.

Las 2.030 plazas previstas para este año se dividen en 1.326 de las comunidades autónomas con competencias en esta materia y 704 para aquellas que están en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia.

En cuanto a la oferta de puestos de trabajo en la Administración General del Estado ésta se distribuye "prácticamente con exclusividad" entre los sectores determinados como prioritarios.

Así, el 50% se destinará a Instituciones Penitenciarias, el 12% a la lucha contra el fraude fiscal, el 9,1% a la investigación, el 8,2% al orden social, también el 8,2% a cuerpos informáticos y el 6,4% a seguridad aérea y meteorológica. Aparte de estos sectores, el 3,1% de la oferta se destinará al sector exterior y el 2,9% a la Administración Civil.

Por su parte, la Oferta para 2010 recoge un total de 660 plazas para promoción interna en 2010, frente a las 1.951 del pasado año. De esta forma, las plazas de promoción suponen un 84,5% del total, porcentaje que duplica al registrado en la Oferta para 2009 (40%).

Fuente: elmundo.es

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Burgos: Concepción vaticina más retrasos en las obras del Palacio de Justicia

Al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, no le ha pasado desapercibido que las obras de rehabilitación integral del Palacio de Justicia de Burgos no avanzan al ritmo deseable, máxime cuando en las inmediaciones aún luce un letrero que, «jocosamente», sigue anunciando la entrega de la obra en mayo de 2010.


Concepción no ocultó su malestar por los continuos retrasos que viene sufriendo la obra y, en el transcurso de una entrevista emitida por el espacio Escaño Cero de Onda Cero Burgos explicó que «he hablado con el arquitecto de la Subdirección de Obras del Ministerio de Justicia y me ha puesto de manifiesto la conducta irrespetuosa que está llevando a cabo Dragados (la constructora a la que se adjudicó la obra)».

El técnico ministerial explicó que «en los últimos tres meses la obra funciona a un ritmo muy escaso y no se han hecho las subcontrataciones para levantar los tabiques y dotar al edificio de las instalaciones» de los suministros. Esos contratos «deberían» estar ya formalizados para comenzar los citados trabajos de manera inmediata, pero el hecho de que nada se sepa de ellos invita a pensar al máximo responsable del Poder Judicial en la región que «los plazos se van a demorar». Otra vez, podría añadir Concepción.

Más tiempo y más dinero

Las obras de rehabilitación del edificio renacentista se licitaron después de que el estado de degradación del inmueble fuera tan extremo que a punto estuvo de ser devorado por un incendio en el que mucho que ver su deficiente estado de conservación. Las obras se adjudicaron a Dragados por 13,7 millones, pero se pararon para realizar un modificado del proyecto original que se saldó con un encarecimiento de la obra de 2,2 millones y la certeza de que los plazos de entrega del edificio no podrían cumplirse. Ahora, sin modificado que lo justifique, parece que ni siquiera la ‘nueva’ fecha de entrega, «finales de 2011», será la buena.

«Lo cierto es que cada vez me llaman menos la atención estos retrasos en las cosas que proceden del Ministerio y se relacionan con las obras públicas. He tenido oportunidad de ver el devenir de muchas obras judiciales desde 2005 y la mayoría de ellas han sufrido paralizaciones», continúa el presidente del Superior. Ante lo que Concepción considera una realidad redundante, añade que Justicia «debería adoptar respuestas contundentes con quien, en definitiva, está incumpliendo un contrato».

Una vez que las obras concluyan, cosa que nadie sabe con certeza cuándo sucederá, el Palacio de Justicia volverá a ser la sede del TSJ, actualmente desplazado al edificio de los juzgados de la calle San Juan. Allí se mudó junto con la Audiencia Provincial, puesto que ambas instituciones compartían el histórico inmueble ahora en restauración. Si se respeta la opinión de Concepción y de Juan Miguel Carreras, presidente de la Audiencia, el TSJ se irá solo a La Isla y la Audiencia se quedará donde está. Si se respeta.

Fuente: diariodeburgos.es

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País Vasco: El euskera será mérito y no requisito

El Gobierno vasco ha desistido de mantener el recurso contra la sentencia del TSJ del País Vasco que en octubre de 2009 determinó que el euskera debía ser un mérito y no un requisito para acceder a ciertas plazas en la Administración de Justicia vasca.

Según un auto del Tribunal Supremo hecho público este lunes, el Gobierno vasco ha presentado ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de ese tribunal un escrito en el que manifiesta que no sostiene el recurso de casación que había sido interpuesto, por lo que la sala "acuerda declarar desierto" el mismo.

El origen de este proceso fue un recurso presentado por el Abogado del Estado contra el decreto sobre euskaldunización del personal de Justicia elaborado en 2008 por el anterior Gobierno vasco del tripartito PNV-EA-IU, que provocó que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia del 1 de octubre de 2009, acordara declarar nulos varios preceptos.

La resolución establecía que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo se puede exigir el conocimiento del euskera en puestos "singularizados" y no en los "genéricos", como son las unidades procesales de apoyo a los órganos judiciales, donde se debe valorar como un mérito.

Anulaba también la disposición que establecía que la implantación del euskera en los distintos partidos judiciales se haría siguiendo los índices de uso del euskera en esas zonas que se recoge en el Padrón de 2001. Según esos datos, el decreto determinaba, por ejemplo, que en San Sebastián debería saber euskera el 51,7% de los funcionarios de Justicia; en Bilbao, el 32,09%; y en Vitoria, el 27,78%.

Otro de los artículos declarados nulos fue el referido a que la tramitación de todos los documentos dirigidos a la ciudadanía se debía hacer en las dos lenguas oficiales del País Vasco.

Tras conocerse esa resolución, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, afirmó en noviembre pasado que su departamento compartía el espíritu y los objetivos del decreto anulado parcialmente y por ello recurrió la resolución ante el Tribunal Supremo, a lo que ahora ha desistido.

Fuente: Libertad Digital

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Lorca: Jueces, fiscales y funcionarios de Justicia llevan a hombros a La Soledad

La procesión de la Curia, por la ciudad amurallada, volvió a sorprender por su sencillez, recogimiento, devoción y silencio. La Santísima Virgen de la Soledad, talla del escultor Sánchez Lozano, fue procesionada a hombros de abogados, procuradores, jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia, que integran la Hermandad de la Curia, Paso Negro.


Una rigurosa solemnidad presidió la procesión que tuvo su salida por el Carrerón de la Colegiata de San Patricio. El descenso suave permitió contemplar unas bellísimas imágenes a los que la esperaban en la Plaza de España. Delante del trono, aparecían los 'alguacilillos', un grupo de pequeños que portaron, como antaño, las llaves de la ciudad, así como el escudo de la Justicia.

Acompañaban a la imagen, el estandarte de la Virgen de la Soledad, que este año se estrena después de ser restaurado. La pieza es obra de Emiliano Rojo y data de los años cincuenta del pasado siglo. Su medallón central, en sedas, representa la imagen de la Virgen. El calado en oro que lo remata supuso una innovación cuando se produjo su estreno.

El estandarte ha incorporado tras su recuperación las argollas bordadas que curiosamente han sido realizadas por la hija de una de las bordadoras que participaron en la elaboración de la pieza original. Más de cuatro kilos de oro y 35.000 euros han costado el estreno de este año de la Hermandad de la Curia.

La bandera

Otra de las piezas magníficas de esta cofradía es la bandera que consta de varios medallones bordados en sedas con motivos barrocos. Fue realizada en 2007 en los talleres de la Hermandad y su dirección artística corrió a cargo de José López Gimeno. La bandera es exhibida de forma particular a las puertas del Porche de San Antonio. Éste es uno de los puntos más emotivos del recorrido, por las dificultades que entrañan las escaleras y por el escenario, la única puerta que queda de la ciudad medieval. Es en este lugar y en callejuelas como la de Zapatería, donde mayor número de público se concentra para presenciar la imagen de la Virgen de la Soledad.

La luz tenue de las viejas farolas de hierro forjado permiten contemplar en las paredes encaladas de las viejas viviendas la sombra de la titular de la Curia. En algunos puntos, son las velas de los mayordomos los que iluminan el camino a esta procesión que cada año cuenta con mayor número de asistentes. La recogida también es digna de reseñar por su belleza.

Fuente: laverdad.es

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Sevilla: Ante la falta de aparcamiento, los presos se pasean por la calle

Fue ideado como la solución puente mientras llegaba la Ciudad de la Justicia. Sin embargo, mientras el proyecto de Los Gordales sigue dentro de un cajón y los terrenos ni siquiera han sido transferidos a Andalucía (no llegaron en ninguno de los pagos en solares de la deuda histórica) el edificio NOGA, que no ha cumplido tres meses desde que comenzó a funcionar al completo a primeros de año, es un auténtico caos y ha provocado la airada reacción de los operadores jurídicos.


Los funcionarios no están satisfechos, los jueces también se han quejado e incluso han celebrado dos juntas y firmado un escrito, el Foro Judicial también lo ha denunciado y los sindicatos lo han llevado ante la inspección de Trabajo. Hasta la fiscal jefe, María José Segarra, admitía esta pasada semana su preocupación por un inmueble falto de espacio y con muchas carencias.

No tienen garaje

Pero lo peor es que, según han denunciado varios jueces de lo penal, la inoperancia de los calabozos, que todavía no han empezado a funcionar, y la falta de plazas en el garaje (la Consejería no alquiló el subterráneo del edificio NOGA) obliga a pasear los presos por la calle procedentes del Prado. «Como no puede entrar en el garaje y a veces no hay aparcamiento, los presos se pasean a veces por la calle», dice un juez de lo penal.

Fuentes de la Fiscalía de Sevilla también mostraron esta pasada semana su preocupación por que «los presos vayan por la calle», mientras que desde el Foro Judicial Independiente uno de sus vocales era tajante: «los presos no se escapan porque no quieren o porque los policías son buenos profesionales». Además desde esa misma asociación Francisco Gutiérrez, vocal de la gestora territorial aseguraba que, al no estar operativos los calabozos y no haber garaje, existe un problema de seguridad porque los coches no tienen donde aparcar lo que provoca problemas de seguridad. Y a ello hay que unir que la céntrica zona donde se ubica, la avenida de La Buhaira, es muy transitada. «El otro día estaba con mis hijos en el parque y vimos a un preso», afirmaba otro magistrado.

De hecho el Foro Judicial Independiente emitió un comunicado que denunciaba «las notorias condiciones de inseguridad y que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ven sometidos a trabajar en tensas condiciones que atentan a la eficiente organización de su trabajo y función». Pero además los calabozos que no están operativos también han pasado varias incidencias. Primero pusieron las puertas al revés, algo que ya se ha arreglado. Luego la cerradura tampoco estaba bien puesta, otro tema subsanado. Y lo último es que el diseño de los barrotes permitía que el preso sacara la mano. «Tal y como está diseñado el preso puede sacar la mano y coger por el pescuezo al policía», relataba un juez.

Espacios inútiles

Y a ello hay que sumar que esos calabozos no tienen ventilación ninguna lo cual atenta contra los derechos del preso que estaría «como en un ataúd», según un magistrado.

Además la falta de organización también provoca espacios inútiles. En los subterráneos, junto a un escape de aguas fecales, hay dos salas para ruedas de reconocimiento que no se usarán puesto que los órganos penales y mercantiles del edificio NOGA no realizan estos trámites judiciales. En este sentido, el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, aseguraba que los espacios «son insuficientes para los funcionarios» y que además estaba diseñado para el Servicio Común de Ejecutorias que no se ha creado y que parece paralizado. «Si no se pone en marcha en cuestión de días, habrá que volver a reorganizar el edificio y situarlos con estructura de juzgados», afirma el decano.

Fuente: ABC.es

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Valladolid: La Sala de lo Contencioso reclama un plan para reducir los asuntos pendientes

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid ha reducido casi a la mitad en los últimos cinco años el número de asuntos pendientes que acumula al final del año. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2009 la cifra era todavía de 6.824, por eso, el pleno de la Sala de Gobierno aprobó recientemente un plan de refuerzo para poner en marcha durante un año con el objetivo de dejar en la mitad esta cifra.


Así lo explicó el representante del Poder Judicial en Valladolid y presidente de la Sala, Antonio Fonseca, quien precisó que este plan de refuerzo se remitió al Consejo General del Poder Judicial para que dé su visto bueno y posteriormente tendrá que ser aprobado por el Ministerio de Justicia para su dotación económica. Se trata de sacar adelante los asuntos pendientes de primera instancia y no a los de apelación. En concreto, se llevaría a cabo en dos períodos de seis meses, con nueve magistrados de refuerzo.

Esta actuación podría suponer la descongestión de una sala que padece un atasco judicial desde hace años y que concentra las provincias de Valladolid, León, Palencia, Salamanca y Zamora, que –según indicó Fonseca- son las que generan mayor volumen de asuntos.

No obstante, Fonseca subrayó la evolución de la Sala en estos últimos cinco años al recordar que entonces había una pendencia de 12.200 asuntos y en este período entraron otros 15.000. En total, había 27.305 asuntos y se resolvieron 20.481. En concreto, se inició 2009 con 7.735 asuntos pendientes para finalizarlo con 6.824, con lo que la pendencia se disminuyó en 991 asuntos y en todo el ejercicio se registraron 2.950 y se resolvieron 3.861. En este aspecto, hizo especial hincapié en el trabajo de todos y la necesaria colaboración para “lograr esa querida actualización”. También destacó que la Sala dictó a lo largo de 2009 308 autos de medidas cautelares y 1.088 de ejecución de sentencia, unos datos estadísticos todos ellos que, según reiteró, revelan la evolución positiva de la Sala.

Entre los asuntos más relevantes a los que ha tenido que hacer frente este año, citó los relativos al Estatuto Jurídico del Personal Estatutario, sobre relaciones de puestos de trabajo de las administraciones públicas, planes de urbanismo, actuaciones en materia de energía, así como las más de 300 sentencias sobre Educación para la Ciudadanía, o las relativas a los símbolos religiosos en las aulas. “Todo ello pone de relieve que además se resuelven materias muy importantes y de mucha relevancia” sentenció.

Por último y en cuanto a los datos del primer trimestre de 2010, en el registro de la Sala se contabilización 783 asuntos y se resolvieron 1.051, lo que supone casi 300 más de lo que entraron, lo que la pendencia se podría situar a fecha de hoy a los 6.500 asuntos, según las estimaciones del presidente de la Sala.

Una situación muy distinta a la que atraviesa la Sala de lo Social del TSJ que “funciona perfectamente”, como lo demuestra el hecho de que la pendencia a 31 de diciembre de 2009 era de 303 asuntos. De hecho, el pasado año, se registraron 2.439 asuntos y se resolvieron 2.266, mientras que los resueltos en 2008 fueron 1.850 y entraron 2.409.

Valladolid, la más desbordada

Además, Fonseca indicó que los problemas en Valladolid se encuentran principalmente en los órganos unipersonales para los que es “imposible” afrontar el número de asuntos que entran cada año. En este sentido, el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Feliciano Trebolle, insistió en que Valladolid es la provincia de Castilla y León en la que más desbordados están los juzgados.

Trebolle aseguró que los siete juzgados que se crearán en Castilla y León durante este año son insuficientes ya que sólo Valladolid necesita de manera urgente la creación del Juzgado número 3 de Instancia e Instrucción de Medina del Campo, así como uno más de lo Contencioso, Social, Primera Instancia y de Instrucción en la capital.

Por su parte, el juez decano de Valladolid, Ignacio Segoviano, destacó el incremento de asuntos en todas las jurisdicciones con especial incidencia, como consecuencia de la crisis económica por impagos, en los de Primera Instancia, donde se alcanzó la cifra de 22.493 asuntos ingresados, frente a los 16.906 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 33 por ciento. Es más, la cifra registrada en el año 2006 era de 12.375.

Asimismo, creció el número en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, donde se pasó de los 2.298 asuntos del 2008 a los 2.618 del pasado año; mientras que en la jurisdicción social se alcanzaron los 5.744 asunto, superando los 5.286 de 2008.

En los juzgados de Valladolid, dijo, la pendencia es cada vez mayor porque el número de asuntos que han entrado en los últimos tres años es “francamente grande” y no hay plan de refuerzo, ni número de juzgados suficiente para afrontar estas cifras.

Audiencia Provincial

En cuanto a los datos relativos a las cuatro salas de la Audiencia Provincial de Valladolid, su presidente, Feliciano Trebolle, subrayó el incremento de las resoluciones de las dos salas civiles (Sección Primera y Tercera) y las dos penales (Sección Segunda y Cuarta). En concreto, la Sección Primera pasó de resolver 405 asuntos en 2008 a 482 en 2009, mientras que los ingresos se incrementaron de 373 a 4832. La Sección Tercera, por su parte, resolvió 517 casos, superando los 397 del año anterior. El número de ingresos llegó a los 520, frente a los 415.

Las secciones penales también aumentaron significativamente su volumen de trabajo. La Segunda pasó de resolver 800 asuntos a 928 y asumir 795 casos a 924. La Cuarta registró 966 resoluciones, muy por encima de las 789 de 2008 y dio entrada a 943 asuntos, cuando en 2008 fueron 808.

Por último, el secretario coordinador provincial de Valladolid, Carlos Gutiérrez, explicó la puesta en marcha del sistema de notificaciones Lex Net desde que arrancó su andadura el 14 de noviembre de 2008 y hasta su total implantación justo un año después. Así, en Valladolid se realizaron por este sistema 250.000 notificaciones en el año 2009 del total de los cuatro millones que se produjeron en España. Por meses, señaló que en octubre de 2009 se produjeron 31.827; en noviembre, 37.534; en diciembre, 34.764; en enero de 2010, 34.128, y en febrero, 41.939.

Fuente: nortecastilla.es

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Andalucía: Alvarez deja Justicia, llega Pizarro

Begoña Álvarez (Granada, 1968) ha estado sólo 11 meses al timón de un barco con un rumbo muy difícil de enderezar, y con demasiado lastre acumulado durante años. Los sindicatos lamentaban el "maltrato" al que la Junta ha sometido a la consejería, con seis consejeros en seis años. Y la posible renovación de los equipos siempre conlleva un retraso hasta retomar las negociaciones y se aclaran los anteriores compromisos o se hace borrón y cuenta nueva.


"Ha sido la consejera de la crisis. Y evidentemente eso no ayuda a los proyectos a largo plazo que necesitamos", opinó el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez.

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, se marcó como "prioridad total" la justicia y, tras las críticas vertidas por algunos sectores de la magistratura sobre la asunción de las competencias por su departamento, lanzó un mensaje de "tranquilidad" desde "el respeto absoluto a su libertad de expresión" porque "no se va a notar".

Tras su primera toma de contacto en Granada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, y el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, Pizarro mostró su compromiso para continuar con la apuesta del gobierno andaluz con la justicia hacia "un servicio público de calidad, eficaz y eficiente" y a lograr que los planes para conseguirlo "no paren". Asimismo, en cuanto a los cambios en el modelo de gestión afirmó que éstos no impedirán que los proyectos puestos en marcha hasta ahora continúen su camino hacia la modernización.

Pizarro recordó que ya hubo una experiencia similar en la Junta de Andalucía en 1996, cuando se hizo "un buen trabajo", y aseguró que "todo es cuestión de que se pongan los medios y que se responda políticamente bien" y, de hecho, informó de que los responsables de Justicia y Gobernación se reunieron para poner en marcha los mecanismos adecuados para "no parar ni un minuto".

Por ello, quiso decir a la magistratura que encontrarán en él un "responsable político colaborador y comprometido" con la justicia, abierto además al "diálogo", que va a ser "permanente". "Hablando se entiende la gente y en mí van a encontrar a un interlocutor, y a través del diálogo vamos a ser capaces de sacar cosas adelante, con el objetivo común de ofrecer un servicio de calidad", mantuvo el consejero.

VISIÓN DE MÉNDEZ DE LUGO Y GARCÍA CALDERÓN

Por su parte, el presidente del TSJA, que agradeció a Pizarro que su primera visita oficial como consejero de Gobernación y Justicia haya sido a la sede del alto tribunal andaluz consideró que los últimos cambios en el departamento que hasta ahora dirigía Begoña Álvarez no van a afectar a los "rendimientos".

Méndez de Lugo consideró "esclarecedor" el encuentro, porque las "palabras y los gestos" del nuevo consejero se traducen en que existe "un compromiso serio" de "seguir apostando por la justicia" en la Junta de Andalucía. Asimismo, aunque no se quiso pronunciar por el cambio de modelo, "porque es competencia del presidente de la Junta y bien sabrá él lo bueno y lo que le conviene para una mejor cohesión y un mejor gobierno", incidió en que, a pesar de las modificaciones en la Consejería siempre "se ha seguido trabajando".

Así lo reflejará en la memoria del alto tribunal andaluz que presentará próximamente y en la que el presidente, que se despedirá de su cargo, expondrá la "apuesta, cierta, verdadera e ilusionante" del Gobierno andaluz por la justicia, encaminada a conseguir su modernización. En ese sentido, aunque reconoció la existencia de "restricciones presupuestarias importantes", aseguró que lo "importante" es la "sosteniblidad" y "racionalización de los recursos", porque será lo que "dinamice" el sistema público.

El fiscal superior de Andalucía se congratuló además de la "inmediatez" de la visita de Pizarro y ahondó además en el alto grado de colaboración mantenido en los últimos años del Ministerio Fiscal con el Gobierno andaluz, poniendo como ejemplo la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía y en materia de igualdad de género.

Fuente: elpais.com , La Ley

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Ferrol: El nuevo juzgado civil no se dedicará a Familia

El nuevo juzgado civil de Ferrol -el de Primera Instancia número 5- no será especializado en Familia como pretendía el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el momento en que comenzó a funcionar, el pasado enero. El gobierno de los jueces ha aceptado la petición realizada por la junta de jueces de Ferrol, contraria a que se especializase, posición que compartía la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.


Con ello se espera que a medio plazo, el nuevo órgano consiga reducir la carga de trabajo del resto de la jurisdicción civil, motivo de reiteradas quejas de la judicatura porque doblaban el módulo de asuntos o causas que el propio CGPJ establece como carga para este tipo de órganos.

En partidos judiciales como el de Ferrol, con unas tasas de criminalidad o delincuencia bajas, es la jurisdicción civil la que más demandas recibe: temas de familia, litigios de inquilinos, cheques sin fondos, conflictos en comunidad de vecinos, actos de jurisdicción voluntaria, los recursos contra las resoluciones de los juzgados de paz y muchas otras. De manera que la sobrecarga de estos órganos repercutía en retrasos y en el descontento ciudadano por la lentitud de los tribunales.

El problema de estos juzgados se agravó cuando se procedió a la separación jurisdiccional de los órganos mixtos (civil y penal) que había en Ferrol. Cuatro quedaron especializados en civil y tres de instrucción (penal) y a partir de ese momento comenzó a reclamarse con más insistencia uno más de civil, que es el quinto que inició su trabajo el pasado enero.

Ello no obsta para que no se vea la necesidad de que la sede de Ferrol cuente con un juzgado de Familia que concentre todo lo relacionado con separaciones y divorcios y su litigiosidad posterior relacionada con los hijos, revisiones de convenios y demás. Pero se estima que lo conveniente sería crear un sexto órgano. En estos momentos Ferrol cuenta con cinco civiles, tres de instrucción, dos de lo social, dos de lo penal y uno de lo contencioso.

Fuente: lavozdegalicia.es

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El Supremo coloca a Garzón a un paso del banquillo por presunta prevaricación

En menos de cinco minutos el juez Baltasar Garzón ha recibido un doble varapalo. Primero porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado todas las conversaciones que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia había ordenado grabar en la cárcel a los presuntos cabecillas de la trama 'Gurtel'. A este toque de atención a la instrucción de Garzón se suma la resolución del Tribunal Supremo, que ha rechazado el último recurso del juez con el que pretendía que se archivara la causa en su contra por investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo.


La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado ese recurso que interpuso Garzón contra el auto dictado el pasado mes de febrero por el magistrado de este órgano Luciano Varela en el que se exponían los motivos para sentarle en el banquillo por una presunta prevaricación, al asumir la causa general contra el franquismo.

La resolución, cuyo ponente ha sido el magistrado Adolfo Prego, no entra en el fondo del asunto, es decir, en la decisión sobre si Garzón debe ser o no finalmente juzgado, sino que se limita a señalar que no hay motivos que invaliden los argumentos iniciales del instructor Varela, por lo que no cabe el archivo. La Sala argumenta que si realizara dicha función valorativa incurriría "en el perjuicio contaminante que el legislador busca evitar". Esta resolución es un paso más en el primero de los tres procesos abiertos en el Supremo contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el Tribunal Supremo. Ahora, el instructor Varela tiene vía libre para acordar el procesamiento del juez , que conllevará la automática suspensión de funciones, si bien antes tiene que resolver sobre la petición de pruebas solicitadas por Garzón en su defensa. La decisión sobre las pruebas sí que es recurrible.

La prevaricación, un "hecho probable"

En su auto del pasado mes de febrero, Varela incluía valoraciones de calado contra el juez, como la que señala que el examen de las actuaciones había revelado "como hecho probable que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar".

Ahora la Sala dice que no aprecia que el control de legalidad que ha realizado sobre el auto de Varela "adolezca de errores fácticos ni que sea ílógico su provisional juicio de tipcidad", lo que conduce necesariamente a la desestimación del recurso planteado por Garzón. Subraya que en este momento del proceso, y "sin prejuzgar la existencia o no del delito" presuntamente cometido por el juez de la Audiencia Nacional, lo que sí puede decirse es que "ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ni ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación".

En consecuencia, los cinco magistrados que conforman la Sala (Prego, Juan Saavedra, Joaquín Giménez García, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo) concluyen que no aprecian "ilegalidad alguna en la decisión del instructor al denegar en esta fase del procedimiento al sobreseimiento de la causa". A lo largo de las nueve páginas del auto notificado, los magistrados del alto tribunal insisten en que su labor no consiste en revisar la actuación del instructor Varela y en que lo actuado hasta ahora no constituye "un enjuiciamiento anticipado de la acción del imputado". No obstante, apuntan a que el auto de febrero "contiene una muy técnica y bien construida motivación que explicita clara y razonablemente los fundamentos fácticos y jurídicos de la resolución".

El proceso continúa

Añaden que las numerosas alegaciones presentadas por Garzón en su recurso "son prematuras en esta fase del proceso", porque lo que en este momento lo que se cuestiona "es única y exclusivamente si está o no justificada la existencia del proceso, y más exactamente si lo está su mantenimiento, o sea la continuación de su sustanciación, o si por el contrario carece ya de justificación y procede por ello su sobreseimento". La Sala concluye que "no parece que falte el presupuesto necesario para sustentar una acusación razonable", por lo que se justifica que el proceso continúe "desplazándose entonces al enjuiciamiento del plenario el superior nivel de exigencias que en lo fáctico y en lo jurídico se precisan para un fallo condenatorio".

La querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las JONS. En su momento, la Fiscalía pidió el archivo de la causa. Garzón se enfrenta a una posible condena de multa e inhabilitación.

Fuente: alertadigital.com

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Madrid: El Consejo de Gobierno destina 30,8 millones a la justicia gratuita

El servicio al que van dirigidos los 30,8 millones de euros incluye el turno de oficio, la asistencia letrada y la tramitación de expedientes por parte de los colegios de abogados de Alcalá de Henares y de Madrid, y se enmarca dentro del traspaso de funciones efectuado por el Ministerio de Justicia a la Comunidad de Madrid. El portavoz del Gobierno, Ignacio González, ha informado también de que, además, este año se aprobará otra partida para cubrir el coste de la justicia gratuita por parte del Colegio de Procuradores.


En los últimos años se ha experimentado un importante esfuerzo financiero del Ejecutivo autonómico para "dotar de la mayor calidad posible a la prestación de este servicio para personas desfavorecidas de la región, como son los inmigrantes, las víctimas de violencia de género o los trabajadores por cuenta ajena", según el Gobierno regional.

En 2009 se tramitaron un total de 133.791 expedientes (lo que supone un incremento de casi un 30%) de los que el 57% corresponden a la asistencia a extranjeros.

El 60,27% de los expedientes tramitados en 2009 corresponden al Orden Penal; el 17,01% al Orden Civil; el 16,12% al Orden de lo Contencioso-Administrativo y el 6,58% al Orden de lo Social.

Fuente: ABC.es

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Marbella: Un partido judicial de paso

Año nuevo, jueces nuevos. Las idas y venidas de magistrados han sido una constante en Marbella en los últimos meses. La ciudad se ha convertido en un partido judicial de paso, con una plantilla de jueces y funcionarios inestable que trae de cabeza al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a los responsables de la bolsa de trabajo de la Consejería de Justicia, incapaces de cubrir con rapidez las bajas y traslados que surgen.


También a los propios abogados y ciudadanos que ven cómo la marcha de un juez o la vacante de un secretario judicial supone un nuevo retraso en su caso.

El volumen de trabajo que soportan los juzgados, con procedimientos de corrupción urbanística, blanqueo de capitales y reclamaciones de cantidad de gran complejidad, unido a las dificultades de echar raíces por el elevado precio de la vivienda -Marbella es una de las ciudades más caras de Andalucía para comprar un piso-, da lugar a un partido judicial necesitado de medios materiales y humanos para dar un servicio de calidad a los ciudadanos.

El CGPJ ha cubierto rápidamente las últimas vacantes que se han producido, unas por el cierre de la instrucción de casos como 'Malaya' y 'Ballena Blanca' que ha hecho posible eliminar los refuerzos, y otras por el devenir de una plantilla judicial en constante movimiento marcada por la falta de medios.

Quedan aún tres vacantes, dos en Primera Instancia, en los juzgados 4 y 6, ahora cubiertas por dos juezas sustitutas, y una más en Instrucción. Esta última será la más inminente. Óscar Pérez, el magistrado que llevó la investigación de los casos 'Ballena Blanca', que ahora se está juzgando en la Audiencia Provincial de Málaga, y 'Malaya', pendiente de su enjuiciamiento a partir de julio, ocupará en breve su plaza en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, después de haber solicitado una prórroga de seis meses para rematar el procedimiento.

El olvido del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de incluir su plaza en el último concurso, ya subsanado, ha retrasado la incorporación de su sustituto, que se hará efectiva en un mes. No son los únicos cambios. Julián Cabrero, juez de refuerzo del Instrucción 5, también se ha marchado una vez que 'Malaya', el procedimiento 'estrella' de ese juzgado, ha pasado a manos de la Audiencia y se ha normalizado la situación en el órgano judicial.

Coincidiendo con la marcha de Pérez vino a la ciudad una nueva jueza directamente de Santa Fe (Granada). Isabel Colmenero se incorporó al juzgado de Instrucción 2 para ocupar la plaza que dejó hace tres años el anterior titular, el juez Francisco Javier de Urquía, apartado de la magistratura tras ser condenado por cohecho y sobre el que pesa una petición fiscal de dos años de prisión y 30 de inhabilitación por haber ofrecido supuestos favores judiciales a cambio de dinero a imputados en el 'caso Hidalgo' que se instruye en dicho juzgado y que ahora lleva la jueza de apoyo María Jesús del Pilar. Francisco García Valverde, juez sustituto en este órgano judicial, también ha dicho adiós.

En la vía civil

En enero, Mónica Carvia se trasladó al juzgado de Primera Instancia número 7, de nueva creación. Hay otros dos juzgados civiles que no tienen jueza titular, aunque sí sustitutas. Se tratan del número 6, que ahora lleva una jueza ya veterana, Mariana Peregrina, y el 4, del que depende el Registro Civil. Hace dos días la responsable, María Pérez, se despedía de sus compañeros para incorporarse a un juzgado de lo Penal en la capital. Al mando del Registro, uno de los más saturados de Andalucía por el volumen de asuntos que soporta, se ha quedado María José Lario.

La inestabilidad de la plantilla judicial también afecta a los secretarios, en constante traslado, y al resto de los funcionarios de los juzgados, la mayoría interinos. La Consejería de Justicia está cubriendo las bajas con relativa celeridad tras echar mano de los parados del SAE, después de meses en los que los aspirantes de la bolsa de trabajo rechazaban cubrir las vacantes ante la fama de partido judicial conflictivo por el exceso de trabajo que tiene.

Fuente: sur.es

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La Ciudad de la Justicia de Valencia organizó medio centenar de eventos en 2009

La Ciudad de la Justicia de Valencia organizó un total de 47 eventos a lo largo de 2009, según indicó la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, quien concretó que se trata principalmente de visitas institucionales y jornadas formativas.


La titular de Justicia indicó que las características de la Ciudad de la Justicia, que la han convertido en el "buque insignia" de la Justicia de la Comunidad Valenciana y en un "referente a nivel nacional" en cuanto a su arquitectura y diseño, "han hecho que diferentes colectivos profesionales escogieran estas instalaciones para realizar sus encuentros en 2009".

En este sentido, Sánchez de León explicó que "al margen de actos propiamente vinculados a la Generalitat, como firmas de convenios o inauguraciones de juzgados, las instalaciones de la Ciudad de la Justicia han sido el escenario elegido para la realización de eventos de diversa índole, desde juras de nuevos profesionales a congresos nacionales e internacionales o procesos electorales, como las elecciones europeas o de sindicatos".

De este modo, durante 2009 se desarrollaron un total de 14 actividades formativas como el I Congreso Nacional de ingenieros informáticos, las Jornadas de Justicia de Menores organizadas por el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, el Congreso Internacional de Derecho Tributario, el IV Encuentro Nacional de magistrados y jueces de familia o las IV Jornadas estatales contra la violencia de género, entre otros.

Además, el pasado año se llevaron a cabo un total de ocho visitas institucionales de responsables del Ministerio de Justicia y de los gobiernos autonómicos de Asturias, Cantabria y Aragón. Asimismo, miembros del colegio de abogados de Holanda visitaron también la Ciudad de la Justicia durante su estancia en Valencia.

A este respecto, la consellera indicó que en las visitas institucionales a la Comunidad Valenciana, los responsables de Justicia de otras administraciones "incluyen en su jornada de trabajo el recorrido por la Ciudad de la Justicia, como ejemplo de concentración judicial en un mismo espacio que ha sido diseñado para garantizar un funcionamiento óptimo".

Por otra parte, también tuvo lugar el acto de jura de los nuevos abogados y graduados sociales, la entrega de los Premios Justicia, el acto de entrega del título a los licenciados de la Facultad de Derecho y de Administración y Empresa y la apertura del año judicial 2009-2010.

Fuente: diariocriticocv.com

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El CGPJ gastará más de 82.000 euros en un viaje a Uruguay

El CGPJ no repara en gastos y 14 miembros de este órgano viajarán hasta Montevideo (Uruguay) en clase business y se hospedarán en un hotel de cinco estrellas. Se gastarán más de 82.210 euros en asistir a la XV Cumbre Judicial Iberoamericana y a la Feria de Justicia y Tecnología.


Hasta 14 miembros del CGPJ viajarán a Montevideo (Uruguay) para participar en la XV Cumbre Judicial Iberoamericana y a la Feria de Justicia y Tecnología que se celebrará los días 28, 29 y 30 de abril, aunque está previsto que el viaje se prolongue varios días antes y después.

Los cargos del CGPJ que se han apuntado al viaje no se privarán de nada y viajan en clase business y se alojarán en un hotel de cinco estrellas. El coste asciende a más de 82.210 euros, ya que no están incluidos los gastos que pueda tener el presidente, Carlos Dívar, ni los escoltas que acompañarán a la delegación, señala Peral.

Al mismo tiempo que la cumbre, tendrá lugar la Feria de Justicia y Tecnología cuyo objetivo es "presentar las principales soluciones tecnológicas" aplicables a la gestión de los procesos judiciales. El CGPJ y el Ministerio de Justicia montarán un stand conjunto cuyos costes compartirán y que también están presupuestados aparte.

Los miembros del CGPJ que tienen previsto viajar son el presidente, Carlos Dívar; el vicepresidente, Fernando de Rosa; cinco vocales: Miguel Carmona, Antonio Montserrat, Gabriela Bravo, Gemma Gallego y Antonio Dorado; el jefe de gabinete de Dívar, Eduardo Méndez; el encargado de protocolo, Luis Ugarte y el asesor adscrito al presidente Carlos Blanco. A ellos hay que sumar a otros tres letrados: Jorge Carrera, Joaquín Delgado y Juan Carlos Garcés. En representación del Supremo irá José Manuel Sieira.

El portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, criticó ayer el viaje ya que gastarán 80.000 en "un simple viaje protocolario" cuando "hay tantas cosas por resolver dentro de la Administración de Justicia".

"No me parece bien, en un momento en que los jueces estamos demandando que se empleen más recursos en que podamos hacer nuestro trabajo en condiciones, nos parece un gasto excesivo para un simple viaje protocolario, creemos que con que hubieran ido el presidente, un vocal y en letrado era más que suficiente".

A su juicio, de este modo, sería un gasto "mucho más razonable" y se seguiría cumpliendo la finalidad protocolaria. Agregó que también deberían estar los días que dura la cumbre a la que asistirán en lugar de ir del 24 de abril al 2 de mayo.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, manifestó que no le parece "ni bien, ni mal" y da "por supuesto que lo hacen con la vista puesta en lo que es la ponderación, la contención" y que no adoptan este tipo de viajes "de forma gratuita o puramente arbitraria".

"NO ES QUE SEA MUCHO"

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, afirmó que "no es que sea mucho" para un viaje al extranjero de 14 personas. Agregó que el Consejo "tiene una política de relaciones internacionales y lógicamente, eso implica hacer determinados viajes y los viajes cuestan dinero".

Agregó que "quizá, en la situación económica en la que estamos, el Consejo debería seleccionar un poco el tipo de viajes y la necesidad de los mismos".

Por otro lado, el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel ángel Gimeno, declaró que no cree "que haya ningún inconveniente" si tiene presupuesto para ello y es una visita oficial.

"No me parece ni bien ni mal, a lo mejor, después de las conversaciones del Gobierno central con las Comunidades Autónomas sobre restricción de gastos, lo aplican en lo sucesivo, pero ellos sabrán el presupuesto propio del que pueden disponer y allá ellos", recalcó.

Fuente: Libertad Digital , La Ley

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Cantabria: Mediavilla pretende culminar la implantación del programa judicial Vereda a principios de 2011

La implantación de Vereda, el programa informático para la teletramitación en la Administración de Justicia, estará totalmente completada en todos los juzgados de la región a finales de año o principios de 2011. La experiencia piloto que se ha desarrollado en el partido judicial de Medio Cudeyo con un equipo de diez personas acaba de finalizar. Tras introducirse algunas mejoras en el sistema, el siguiente paso será la implantación paulatina en los ocho partidos judiciales de Cantabria.


Se comenzará a hacerlo a partir de mayo por el de Santander, y se empezará el proceso por el orden jurisdiccional civil, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) como de la Audiencia Provincial y los juzgados de Primera Instancia.

Después, se hará lo mismo en el orden penal, y así, paulatinamente, en la jurisdicción laboral y en la contencioso-administrativo.

En cuanto esté finalizada la implantación de Vereda en el partido judicial de Santander, se procederá a su introducción en el resto de partidos, un proceso que se espera que esté culminado a finales de diciembre o principios de enero de 2011.

De forma simultánea, el departamento que encabeza Vicente Mediavilla, acometerá tareas de formación específica en el manejo de esta nueva herramienta informática, tanto para los funcionarios que trabajan en la Justicia como para los colectivos profesionales (abogados, procuradores, etc...).

Y también se procederá a la migración de los expedientes vivos del sistema actual al Vereda, con el fin de que los actuales queden reservados para la consulta de expedientes históricos.

Previamente a todos estos trabajos, desde Presidencia y Justicia se hizo un trabajo de preparación que consistió en la renovación de la totalidad del parque informático, sustituyéndolo por equipos 'más potentes', que sean capaces de albergar la nueva herramienta.

Los nuevos equipos están, además, conectados con el nuevo Centro de Proceso de Datos, ubicado en el complejo judicial de Las Salesas y operativo desde el mes de septiembre.

Gracias a Vereda, los órganos judiciales notificarán sus resoluciones de forma telemática al Colegio de Procuradores de Cantabria, y éste será el encargado de distribuirlas al momento, convirtiéndose en el destinatario único de todas las notificaciones judiciales.

'Vereda' es uno de los cuatro pilares nombrados por Mediavilla para establecer las herramientas clave para hacer de la Justicia un "servicio público de calidad", junto a la implantación de la Nueva Oficina Judicial, la reorganización de sedes y la formación de los empleados públicos.

Fuente: cantabrialiberal.com

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Sevilla: Justicia reorganiza el edificio puente tras las quejas por las deficiencias

La consejería de Justicia se ha visto obligada a iniciar una reordenación del edificio puente después de que los abogados sevillanos mostraran su malestar por el "lamentable" estado del edificio Noga, inmueble al que se mudaron los juzgados de lo penal y de lo social en enero además de los mercantiles, en aspectos relacionados con la limpieza y la seguridad. Estas críticas coinciden con las realizadas en las últimas fechas por el STAJ, quien criticó las "numerosas deficiencias" y la falta de medios.


De este modo, STAJ ya lamentó los fallos en el sistema informático Adriano; la falta de espacio para que los funcionarios puedan realizar su trabajo en condiciones "mínimamente" dignas, y la ausencia de armarios donde ubicar los expedientes que se trabajan a diario, "encontrándose en muchos casos en cajas tiradas en el suelo".

En este sentido, criticó también que "no existe continuidad en los espacios asignados a los diferentes juzgados, encontrándose trabajadores de un mismo juzgado mezclados con otro juzgado diferente y hasta separados de planta", mientras que en la tercera planta del edificio los funcionarios "trabajan en un espacio sin ventana que ventile, algo que es fundamental en este tipo de juzgados, donde deben extremarse las medidas de higiene y seguridad".

Fuentes judiciales confirmaron que esa remodelación, que afectará a las plantas segunda y tercera, ha comenzado después de que varios técnicos de Justicia hayan estado tomando medidas y retirando armarios que se cambiarán por otros archivos.

La reorganización intentará paliar las graves deficiencias que llevaron a los sindicatos de justicia a denunciar hace días el edificio ante la Inspección de Trabajo por las insostenibles condiciones laborales ya que los funcionarios no disponen de espacio suficiente, carecen de luz y de la ventilación adecuada.

La redistribución consistirá en cambiar de ubicación las mesas de algunos funcionarios de lo penal y sustituir los armarios por otros archivos donde se colocarán los expedientes. Además ya se ha arreglado la cerradura de los calabozos que estaba al revés aunque estas dependencias siguen sin estrenarse. También se pondrá en marcha una sala de espera para los juicios.

Sin embargo esta reorganización todavía deja escépticos a algunos jueces de lo penal que siguen dudando de esa reorganización. Los magistrados, que han denunciado en junta de jueces la lamentable situación que padecen o incluso que no disponen de intimidad, creen que la reorganización se está haciendo sin su opinión.

Así un juez de lo penal aseguraba que la Junta no les ha consultado como deben hacer la redistribución e insistía en sus quejas. Así recalcaba que, a veces, deben esperar dos horas a que les traigan el preso de El Prado donde siguen manteniéndolos. Y que otras lo traen por la calle. algo que consideran «denigrante» y que puede ser peligroso. «Aquí va a pasar algo», alertaba un juez.

La puerta de emergencia está cerrada con un alambre

En una de las quejas presentadas, un letrado pone de manifiesto que el pasillo de las salas de vistas de los juzgados de lo Penal, ubicadas en la primera planta, «es estrecho, sin ventilación, y por lo tanto insalubre, con mal olor». En este sentido, también se refiere a la salida de emergencia ubicada en la primera planta del edificio Noga, la cual, según indica, «está cerrada con un alambre, por lo que en caso de una emergencia no hay salida», con el consiguiente peligro que eso conlleva para los ciudadanos allí reunidos. Fuentes de la consejería de Justicia aseguran que es una puerta que debe permanecer cerrada pero que muchos la abren para salir a fumar.

Fuente: Europa Press , ABC.es

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Murcia: Las competencias de Justicia llegarán a lo largo de abril

Manuel Campos, fiscal en excedencia y diputado del PP en la Asamblea Regional, está siendo el responsable de la negociación de la transferencia de las competencias de Justicia del Estado a la Comunidad. "Estamos haciendo una auditoría impecable", señala. El diputado prevé que el próximo mes de abril el Gobierno regional ya podría tener una consejería de Justicia, que dirigirá el propio Campos, tal y como ha dicho públicamente el presidente Valcárcel.


¿Cuándo asumirá la Comunidad Autónoma las competencias de Justicia?

Las negociaciones están pendientes de que el ministerio de Justicia nos remita el coste a 31 de diciembre de 2009 del capítulo sexto de las transferencias, el referido a capítulos inmuebles. Puede pensarse que avanzamos poco, pero es que es un trabajo muy complejo y estamos haciendo una auditoría impecable, que nos permitirá asumir las competencias con totales garantías. Después de este puente de San José, habrá una reunión entre el presidente Valcárcel y el ministro de Justicia y confiamos en que todo quede cerrado a lo largo del mes de abril. Creo que se están dando los pasos precisos para tener un buen acuerdo de transferencias.

¿Ha facilitado las cosas el ministro Caamaño, que sustituyó a Mariano Fernández Bermejo al frente de Justicia?

El equipo de Caamaño ha tenido una disposición absoluta para alcanzar el acuerdo de transferencias. Bermejo y yo comenzamos teniendo una relación magnífica. Cuando le pedí cita para visitarlo en el ministerio de Justicia, me concedió la posibilidad de hacerlo para empezar a hablar del traspaso de las transferencias. Eso fue en octubre de 2007. Pero, a partir de esa reunión, Bermejo se mantuvo distante, dijo que no tenía interlocutor en Murcia y todo se paró hasta que llegó Caamaño, aunque en Murcia seguimos trabajando. Con el nuevo ministro hemos avanzado mucho.

¿En qué beneficiará a los murcianos la futura consejería de Justicia?

Supondrá una cercanía de la Administración a la Justicia, a la vez que una mayor cercanía de la Justicia al ciudadano, algo que nos va a permitir tenerlo más en cuenta. Vamos a integrar la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma y vamos a posibilitar que el ciudadano note esas mejoras de modo inmediato, evitándole desplazamientos a las sedes judiciales, potenciando el uso de la informática y las nuevas tecnologías,... El principal beneficiado va a ser el ciudadano y nosotros nos vamos a ocupar muy mucho de la formación del funcionariado y de todo lo que es el turno de oficio, asistencia gratuita y asistencia al detenido...

¿Será usted el consejero de Justicia?

Lo ha dicho ya el presidente Valcárcel y yo creo que ese tema está bastante claro.

¿Tiene pensado su equipo?

Sí, me he permitido ir pensando en algunos nombres y estoy trabajando en él. Cuando el presidente constituya la consejería de Justicia y me nombre consejero, haré los trámites para hacer mi equipo, que será sólido en formación y de mi plena confianza.

¿Tendrá más competencias además de las jurídicas?

Eso depende del presidente Valcárcel. Él ha hablado en más de una ocasión de una posible consejería de Justicia e Interior, con las competencias de Seguridad Vial. Podría ser una consejería con importantes funciones y con una proyección social importantísima.

¿Esperaba que las competencias de Justicia llegaran antes?

No. Valcárcel ha sido impecable en cuanto a los planteamientos y ha administrado perfectamente los tiempos en este asunto. Hablamos de crear una comisión especial de Justicia, empezar a tomar contacto con los interlocutores ministeriales y, una vez que asumiéramos la competencias, se crearía la Consejería. No he querido precipitar mi nombramiento como consejero por ambiciones personales. No he tenido ninguna prisa por entrar antes de tiempo en el Gobierno regional.

¿Qué tal estos meses en política?

Me ha venido muy bien este tiempo de preparación para conocer la política, a los políticos, para saber que tengo vocación política y que puedo desarrollar una importantísima función.

Usted es fiscal en excedencia. ¿Cree, como dicen algunos, que los fiscales están tan influidos por los políticos?

Creo que ni el Fiscal General del Estado presiona al fiscal jefe de la Comunidad Autónoma ni éste se dejaría presionar. No todos los asuntos de corrupción en la Región los dirige el fiscal jefe. Son varios los profesionales que trabajan en la Fiscalía y ni siquiera el fiscal jefe no podría imponer su criterio.

Fuente: laopiniondemurcia.es

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Los juzgados gallegos tendrán un servicio permanente de intérpretes

La presencia cada vez mayor de población inmigrante en Galicia sigue creando nuevas necesidades, también desde el punto de vista de la Justicia. Para responder a esta realidad, los tribunales gallegos demandan desde hace tiempo más traductores y un servicio de interpretación rápido y eficaz. Atendiendo a esta demanda, la Xunta acaba de licitar la contratación del servicio de traducción e interpretación para la Administración de Justicia de Galicia, un concurso que permitirá, por primera vez, que todos los juzgados de la comunidad cuenten con un grupo de intérpretes permanentemente disponibles.


Para hacerse con este contrato, que la Xunta licitará por separado para cada provincia, las empresas interesadas deberán acreditar que disponen de traductores e intérpretes para diez idiomas: inglés, francés, árabe, rumano, polaco, búlgaro, portugués, chino, ruso y senegalés. Éstas son las únicas lenguas obligatorias para la Administración gallega, aunque se valorará a mayores cualquier otro idioma que los aspirantes acrediten. El alemán, por ejemplo, entraría en este grupo, pese a que el Tribunal Superior de Justicia cree que es una de las cuatro lenguas que, por la demanda, deberían contar en Galicia con traductores permanentes.

Aunque ya existe algún juzgado en Galicia que dispone ya del servicio de intérpretes en plantilla, fuentes de la Consellería de Presidencia explican que, hasta ahora, cuando se necesitaba traducir a un detenido o testigo extranjero, el juzgado lo notificaba a la Dirección Xeral de Xustiza y ésta se encargaba de buscar a un profesional. Es decir, la Xunta contrataba a los intérpretes "a demanda" para necesidades puntuales.

Aunque este sistema permite a la Administración pagar sólo por los servicios que requiere, el método nunca convenció a jueces y fiscales, ya que plantea un problema de disponibilidad que, a veces, se traduce en una ralentización de la Justicia.

Desde Presidencia admiten que la decisión de dejar en manos de una sola empresa el servicio pretende introducir más garantías y mejorar la eficacia del sistema. Al respecto, explican que, contratando globalmente todos los trabajos de traducción e interpretación en el ámbito judicial, se garantiza "siempre" el servicio y se universaliza.

Y es que la empresa que se haga con la concesión deberá garantizar un número de intérpretes suficiente para poder "atender en tiempo y forma" todos los servicios que les encomienden los órganos judiciales o las fiscalías. Además, se les exigirá una disponibilidad permanente, como pedía el Tribunal Superior de Justicia.

La empresa adjudicataria se hará cargo de servicios de interpretación oral y de traducciones por escrito relacionadas con investigaciones judiciales en curso o en el transcurso de un juicio. El Ministerio Fiscal, los órganos judiciales y la Dirección Xeral de Xustiza serán los únicos que puedan realizar encargos a dicha empresa, que sólo se ocupará de traducciones que deba pagar la Xunta.

La Xunta ha licitado el concurso por la vía de urgencia de modo que en menos de un mes estará adjudicado. La vigencia del contrato finaliza el 31 de diciembre, aunque existe la posibilidad de "prorrogarlo". En su conjunto, la Administración gallega está dispuesta a pagar por este nuevo servicio un máximo de 100.000 euros, aunque más de la mitad de la partida presupuestada (70.000 euros) se repartirán entre las provincias de La Coruña y Pontevedra, por ser también las que más juzgados tienen.

Fuente: farodevigo.es

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Barcelona: Los funcionarios de la Ciudad de la Justicia protestan por la caída del sistema informático

El sistema informático de los juzgados de Cataluña volvió a fallar ayer por segundo día consecutivo. Por ello los funcionarios judiciales se han concentrado en el atrio de la Ciudad de la Justicia de Barcelona para protestar por los perjuicios que este apagón está produciendo en el trabajo. El jueves estuvo interrumpido durante más de tres horas, pero el Departamento de Justicia de la Generalitat explicó que se había restablecido poco después de la tres de la tarde, aunque el sindicato STAJ ha reconocido que la normalidad nunca volvió.


Poco después de las 10 de la mañana de ayer se volvió a repetir y esa nueva avería, que se suma a las reiteradas incidencias del sistema de gestión procesal denunciadas por los trabajadores, provocó que centenares de funcionarios de la Ciudad de la Justicia se concentraran espontáneamente en el vestíbulo del recinto para exigir poder trabajar en condiciones.

Fuentes sindicales han explicado que el fallo del sistema de gestión procesal TEMIS ha empezado afectando las oficinas judiciales de Gerona, para extenderse posteriormente por el resto de los juzgados de Cataluña.

Este sistema se emplea para tramitar los expedientes judiciales, acceder a la base de datos de los antecedentes penales, el reparto de los asuntos, los señalamientos de los juicios y las declaraciones de los testigos e imputados, entre otras aplicaciones.

Ante el fallo del sistema informático, en algunos casos los funcionarios han recurrido al programa "Word" de Microsoft para redactar documentos y evitar la espera a los ciudadanos a los que debían entregarse notificaciones u otro tipo de escritos judiciales.

Los funcionarios judiciales, especialmente los de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, vienen quejándose desde hace meses que el programa suele colgarse con frecuencia. El pasado mes de febrero, otro fallo en los equipos informáticos de toda la Ciudad de la Justicia motivó una espontánea concentración de funcionarios en el vestíbulo del recinto, un día después de que la consellera, Montserrat Tura, calificara con un "notable" el traslado a las nuevas dependencias judiciales.

Fuente: elpais.com , ABC.es

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Un taxista pasa tres meses en la cárcel por una denuncia falsa de violación

Un hombre deposita en la ventanilla de la prisión de Soto del Real su licencia de taxi, su DNI, un Rolex y una cadena de oro. Es el 27 de agosto de 2007. Ingresa en la cárcel de forma preventiva tras haber sido acusado de violación por una cliente. 86 días después, al pagar su fianza, el funcionario le entrega únicamente su documento nacional de identidad; lo demás ha desaparecido. Con sus pertenencias, también se han evaporado su fe en la Justicia, su relación de pareja, su trabajo, casi todo sus ahorros y gran parte de quienes creía sus amigos. El pasado 20 de noviembre terminaron sus dos años de via crucis con una sentencia que le absolvía por completo.


Él siempre se declaró inocente, pero evitar el escándalo social que supondría que un taxista violador de jovencitas condujera en libertad bien merece encarcelar a un hombre ‘presuntamente culpable’. Así lo consideró, al menos, la juez que suplía a la oficial del Juzgado número 5 de Arganda del Rey tras escuchar las declaraciones de una joven que, cuando su novio le descubrió el sujetador desabrochado, prefirió acusar a un taxista de violación a confesarle una infidelidad. Por el contrario, lo único que hizo Emilio, el taxista acusado, fue llevarla hasta la puerta de la casa de su novio, en Rivas Vaciamadrid. La denunciante, que responde a las iniciales A. I. G. S. y cumplirá 30 años el próximo 3 de mayo, se lo inventó todo.

Sin testigos presenciales, Emilio facilitó su vehículo y exigió que la joven presentara su ropa interior para demostrar que nunca la tocó. Ya en el juicio, no hubo manera de acreditar que la joven se despertara del coche en un descampado ni que, al abrir los ojos, viera al supuesto culpable tumbado sobre ella. Nada. Así lo dicta la sentencia. Además, A. I. G. S. se contradice constantemente. Tiene grandes lagunas de memoria por culpa del alcohol que ingirió aquella noche, y no recuerda ni el tiempo que tardó en llegar el taxi, ni si el taxista la agarró o no; si eyaculó o no; o si ella vomitó o no. Sólo tenía claro que el taxista le había obligado a practicarle una felación. Por su parte, lo que Emilio sí dice recordar es cómo la joven se le insinuó tras reconocerle que no tenía dinero para pagar la carrera.

Tras la denuncia, Emilio duerme 86 noches en una celda. Encerrado a pesar de su inocencia llegó a considerar la posibilidad de no salir en muchos años. Meditó incluso la opción de beber de la botella de lejía que suministran a los presos para limpiar su aseo. No lo hizo, asegura, porque sabía que no conseguiría matarse. Hasta la fecha nadie le ha pedido perdón: ni A. I. G. S.; ni su familia, ni la juez suplente del Juzgado número 5 de Arganda del Rey que lo encerró en prisión. Cuando la juez titular volvió tres meses después tras su baja por maternidad y revisó el archivo, mandó llamar inmediatamente a Emilio. “Lo siento mucho. Sé que eres inocente”. Prueba de ello es que estipuló una fianza de 2.000 euros para facilitar su salida, cuando las fianzas para casos de violación son mucho mayores.

Las contradicciones de A. I. G. S. eran tan obvias que la juez se echó las manos a la cabeza por el error que había provocado aquel fatal desenlace. Tampoco la juez sustituta ha pagado por su error. Desde que pisó la calle, Emilio ha pasado dos años más firmando los días 1 y 15 de cada mes hasta que el 16 de noviembre de 2009 lo llaman a juicio. Entonces no hay dudas: es inocente. Le absuelven de los cargos imputados, pero ni un sólo euro por daños y prejuicios. Ahora, si quiere, puede denunciar a quien le acusó de violación, pero, dos años después y tras agotar un colchón de más de 100.000 euros, Emilio no tiene dinero para volver a empezar otra carrera judicial; ganas no le faltan: “Si algún abogado especializado quiere ayudarme, yo estoy dispuesto a compartir la indemnización”.

Emilio es el nombre falso sobre el que se esconde una identidad real. Un hombre al que únicamente le preocupa que sus octogenarios padres no descubran la tortura que vivió por el capricho de una joven que ha salido impune de su fechoría. Mercedes Patón, fundadora y directora del despacho de abogados Patón & Asociados, reconocía hace un año que el 90% de las demandas de mujeres hacia hombres no son acusaciones reales. Los fiscales de Madrid también advirtieron de que ellos han detectado denuncias falsas. “Lo que ella dice va a misa. Lo que él denuncia, va al archivo”, opina Patón.

Según Emilio, su caso debería servir al menos para que los políticos pertinentes reflexionasen sobre la Ley de Violencia de Género, que supuestamente opta por un derecho desigual para la igualdad y que “consigue justo lo contrario”. Ninguna institución ampara al hombre maltratado. Únicamente asociaciones como ‘Hombres Maltratados’, y ni en ellas se manejan datos sobre cuántas denuncias falsas efectúan las mujeres contra sus maridos, ex parejas o, por qué no, contra el taxista que le dejó ayer por la noche en casa.

Emilio es inocente, aunque la sombra del presunto taxista violador de jovencitas le persiga hasta su tumba. “No hay dinero en el mundo que pueda pagar lo que yo viví entre esas cuatro paredes. Sólo deseo que ella pase otros 86 días en la cárcel por lo que me hizo. Ni uno más ni uno menos”. La discriminación que la Ley Integral Contra la Violencia de Género ejerce sobre los hombres ha levantado más de una voz en contra. ¿El afán de acabar con la violencia contra la mujer es injusto para el hombre? ¿Qué pasa si ellas comienzan a matar como ellos? ¿Se les castiga de la misma manera? ¿Por qué se limita el término “género” sólo al femenino? ¿Por qué no se castiga a A. I. G. S. después de demostrar que Emilio no la violó? “Yo defendía como el que más a las mujeres y a los niños contra los maltratos y precisamente por eso me pregunto por qué Dios me habrá impuesto a mí este castigo. Ahora, después de todo lo que me ha pasado lo tengo claro: todo lo que han conseguido las mujeres en estos años, lo van a perder como sucedan más casos como el mío”.

Fuente: elconfidencial.com

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País Vasco: La seguridad de los jueces y la oficina judicial centran los programas de los candidatos del TSJ

La seguridad de los jueces en el País Vasco frente a la amenaza de ETA, el uso del euskera y la nueva oficina judicial han sido los puntos en común expuestos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los tres candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad vasca. Los aspirantes -Juan Mateo Ayala, director del Centro de Documentación Judicial; Luis Ibarra, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País vasco (TSJPV), y el magistrado de la Audiencia de Álava Jaime Tapia- han presentado ayer sus programas de actuación ante la Comisión de Calificación del CGPJ que, por primera vez, ha estado abierta a los medios de comunicación.


Con este nuevo sistema, el proceso de selección de los candidatos a los órganos de la Justicia "se abre a la calle, a los medios de comunicación, a los jueces y magistrados", se ha congratulado el presidente de la Comisión de Calificación, Manuel Torres Vela, quien ha destacado la voluntad del Poder Judicial de dar así una mayor "transparencia".

Se trata de "un paso importante" en el que el CGPJ confía para intentar "mitigar las críticas sufridas" en materia de nombramientos, ha recalcado Torres Vela, quien ha negado que tenga alguna relación con las dificultades para elegir un candidato a esta presidencia, que se ha convocado por tercera vez después de que ninguno consiguiera los 13 votos precisos.

Durante media hora, los candidatos han expuesto sus currículum y sus programas para presidir el TSJPV y, posteriormente, se han sometido a las preguntas que les han querido formular los cinco vocales de la Comisión y los tres territoriales del País Vasco.

Su compromiso con la seguridad de los jueces y magistrados, y la de las sedes judiciales en el País Vasco frente a los atentados de ETA ha sido una propuesta destacada por los tres candidatos.

Pero ha sido la de Jaime Tapia, miembro de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) y que aspira por tercera vez al puesto, la más llamativa: en un plazo de dos meses se reuniría con todos y cada uno de los jueces del País Vasco para facilitarles su teléfono personal, donde le podrían localizar en cualquier momento para exponerle sus problemas en materia de seguridad.

Ibarra, también de JpD, ha apostado por la colaboración institucional y ha recordado que la amenaza de ETA "dificulta el arraigo social" de los jueces en ese territorio.

También han concretado su política respecto al uso del euskera en los órganos de Justicia, con el cumplimiento de la normativa vigente por parte de Mateo, la cooperación para la regularización de la cooficialidad lingüística de Ibarra y la afirmación por parte de Tapia de ser una de las personas que "más han colaborado para el uso del euskera en los tribunales de Justicia".

En lo que se refiere a las relaciones institucionales con el Gobierno vasco, Mateo ha recordado varias fases de "deslegitimación e invisibilidad" del Poder Judicial en el País Vasco que, ha dicho, hay que evitar que vuelvan a suceder.

Los tres han explicado sus proyectos para la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, han destacado la importancia de las nuevas tecnologías, la necesidad de la claridad de las resoluciones judiciales y, en definitiva, el acercamiento de la Justicia a la sociedad.

La Comisión de Calificación ha entrevistado posteriormente a los candidatos a presidir las Audiencias Provinciales de Guipúzcoa -Luis Blánquez, Juan Pablo González e Ignacio Subijana-, de Córdoba -Eduardo Baena y José Luis Rodríguez Lainz- y del único aspirante a la de Orense, Fernando Alañón.

Fuente: La Ley

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Sevilla: Justicia pretende inaugurar el servicio de Ejecutorias sin acuerdo con los sindicatos

La Consejería de Justicia anunció ayer que la semana próxima es la fecha límite para impulsar el Servicio Común de Ejecutorias aunque no logre acuerdo con los sindicatos, con los que lleva varias semanas negociando. La nota hecha pública por el departamento que dirige Begoña Alvarez se producía después de una nueva reunión con CCOO, UGT, CSIF y STAJ en la que tampoco ha llegado el acuerdo para poner en marcha el servicio que Justicia había programado para el mes de enero.


Se trata de un sistema piloto que comenzará en Sevilla y que fue anunciado por Justicia como una oficina, que se constituirá en una especie de ensayo de la oficina judicial, y que se dedicará a ejecutar las sentencias de los órganos penales.

Sin embargo los sindicatos no han llegado a un acuerdo porque, según explicaron ayer, la Junta de Andalucía pretende ponerlo en marcha sin base legal. Esto es, que los funcionarios de los órganos penales que pasarán a formar parte de este nuevo servicio seguirán adscritos a los mismos juzgados y no tendrán retribuciones específicas por el nuevo trabajo que realicen. Ayer, según fuentes de STAJ, Justicia entregó a los sindicatos un borrador para que presenten alegaciones.

Peticiones inasumibles

Pese a ese plazo, la nota emitida por Justicia insistía en que la nueva unidad comenzará a funcionar «si no hay acuerdo con las partes».

La fecha límite fijada por el departamento que dirige Begoña Alvarez es la semana que viene en caso de no llegar a acuerdo con los sindicatos. Además Justicia calificó las peticiones de estas formaciones como «inasumibles» por la administración andaluza.

En el comunicado la administración andaluza «confía» en la responsabilidad de los sindicatos para alcanzar un punto de entendimiento. Ayer fuentes del sindicato STAJ aseguraron que si ese servicio se impone sin acuerdo, la Junta se arriesga a que le lluevan recursos contenciosos.

Fuente: ABC.es

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Los querellantes acusan a Garzón de haber pedido a Cepsa otros 86.000 euros

El Banco Santander -que pagó más de 300.000 dólares- no fue la única empresa que financió los cursos impartidos por Baltasar Garzón en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. Los abogados que se querellaron contra el juez aseguran tener indicios de que éste reclamó donativos a otras entidades, entre ellas Cepsa, y han pedido al Tribunal Supremo que se dirija a la petrolera para que aclare si contribuyó con 86.000 euros a sufragar el permiso académico de Garzón en Estados Unidos.


La compañía presidida por Santiago Bergareche ni confirmó ni desmintió este extremo. Un portavoz oficial se limitó a señalar que el máximo responsable de Cepsa en los años del supuesto pago a Garzón era Carlos Pérez de Bricio, y añadió, ante la insistencia en verificar si en los archivos contables y documentales de la petrolera aparece un apunte de 86.000 euros con destino a la Universidad de Nueva York, que "no va a ser posible obtener esa información".

Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que ejercen la acusación popular en la querella contra Garzón por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación, han presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una batería de diligencias en la que solicitan, entre otras pruebas testificales y documentales, que se "libre oficio a Cepsa para que informe de los posibles patrocinios abonados a la Universidad de Nueva York".

El sueldo de Garzón

Según Panea y Mazón, la compañía petrolera "hizo un donativo o patrocinio muy relevante al Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York, que nuestras fuentes sitúan en 86.000 euros, con los cuales se habría financiado el sueldo del querellado". Los abogados, basándose en sus propias "pesquisas", sostienen que fue el propio Garzón "u otra persona en su nombre" quien solicitó esos fondos a Cepsa.

Garzón dirigió dos ciclos de coloquios en el Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York durante la licencia por estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial entre 2005 y 2006, que fueron patrocinados por el Banco Santander con 302.000 dólares después de que el juez solicitara financiación por escrito al presidente de la entidad bancaria, Emilio Botín. Garzón, además, impartió clases durante ese mismo periodo en el Centro de Derecho y Seguridad de la misma universidad, por las que percibió un sueldo mensual de casi 11.000 dólares.

Panea y Mazón, cuya querella contra Garzón ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo, recuerdan que el supuesto pago de Cepsa se produjo cuando la compañía petrolera estaba participada al 35% por el Banco Santander y su vicepresidente era Alfredo Sáenz, actual consejero delegado de la entidad financiera y hombre de confianza de Botín.

Los abogados querellantes también piden ahora a la Sala Segunda del Supremo que solicite un informe a la Universidad de Nueva York "sobre el origen de los fondos del Centro de Derecho y Seguridad con los que se pagaba el sueldo al señor Garzón, especificando si eran fondos propios de la universidad o se financiaron con algún patrocinio de entidad externa".

La querella de Panea y Mazón contra el juez de la Audiencia Nacional se suma a la de los crímenes del franquismo y la de las escuchas del caso Gürtel, todas ellas admitidas a trámite por el Supremo. Garzón se enfrenta a una suspensión por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero seguirá ejerciendo sus funciones hasta que el Supremo decida si le sienta o no en el banquillo de los acusados.

Fuente: elconfidencial.com

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