Un año más. Y ya van siete. Más de medio millar de estudiantes cántabros de Secundaria y Bachillerato participarán, durante todo el año académico, en el programa 'Educando en Justicia'. Una idea que ha recibido el Premio a la Calidad de la Justicia 2011, otorgado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El objetivo de este veterano proyecto es claro: enseñar a los chavales «cómo funciona el Poder Judicial por dentro».
La tasa de litigiosidad alcanzó durante el segundo trimestre del año en la provincia los 45,92 asuntos por cada mil habitantes, lo que indica que los cordobeses son algo menos decididos a la hora de acudir a los tribunales que el resto de los españoles. La media estatal se situó durante el segundo trimestre en 48,73 pleitos por cada millar de habitantes, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el 73% de los casos los ciudadanos recurren a la Justicia por una causa penal. 
La Comunidad de Madrid, en el desarrollo de sus competencias en materia de Justicia, ha destinado en los seis primeros meses del año, 4.422.208 euros para garantizar los servicios de vigilancia y seguridad en 66 edificios y sedes de organismos judiciales y fiscales de la región. Esta inversión afecta a 66 órganos judiciales y fiscales de la región de cuya seguridad se encargan 235 profesionales. Del total de edificios judiciales, 32 están en Madrid capital. 
El Gobierno de Artur Mas propondrá en sus presupuestos para el año que viene crear siete nuevas tasas, entre ellas una para lo que denominará “servicios personales y materiales en el ámbito y materiales en el ámbito de la Justicia”, con el que pretende ingresar 25 millones de euros, y que podría considerarse como un avance hacia el copago en materia de Justicia.
El Ayuntamiento de Alcoy ha planteado a la Generalitat la necesidad de que se aporte una solución al nuevo Palacio de Justicia local -que lleva un año acabado y cerrado- con el fin de que pueda entrar en servicio, según ha explicado el alcalde, Antonio Francés. Esta iniciativa se materializa después de que se haya incumplido el compromiso de abordar el conflicto del Palacio de Justicia "tras el verano". El recinto debió haber estado operativo en marzo de 2007, pero la necesidad de acometer una segunda fase y distintos problemas posteriores han retrasado su materialización 4 años y medio.
¿Es un problema demográfico, económico o que los criterios que emplea el sistema judicial para adjudicar un nuevo órgano simplemente no se cumplen? Pues en el caso de Segovia, hay un poco de todo, como el botica. Y mientras tanto, todas esta colección de argumentos alimentan la ausencia de un juzgado de familia, la falta de una unidad especializada en el procedimiento de este tipo de asuntos que toman el camino de los tribunales por la falta de acuerdo entre las partes.
La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, compareció en la Asamblea de Madrid para explicar los presupuestos de su departamento para el año 2012, unas cuentas que ella misma calificó como coherentes y responsables ante la actual situación económica, ya que no afectará a servicios esenciales pero si contempla importantes medidas de ajuste para reducir los gastos generales.
El PP ha anunciado que mejorará la Ley integral para la lucha contra la violencia de género, "adaptándola a la situación actual y reforzando sus mecanismos de protección", tras haberse mostrado durante los últimos siete años como un instrumento insuficiente para combatir esta "terrible lacra" social. El partido de Mariano Rajoy estima que la actual ley es insuficiente y por eso, quiere planes personales de protección para cada mujer maltratada e incluir a los menores. También estudiará reformar los juzgados. 
Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ)consideran "incomprensible" que los tribunales de España "no puedan trabar en red ni cuenten con una red de comunicación rápida" y entienden que "esto es algo insólito que no se produce en ningún otro ámbito, ni público ni privado". Esta es una de las conclusiones que han extraído los presidentes los TSJ durante la reunión que han celebrado en Pamplona entre el 20 y el 23 de noviembre para analizar el papel constitucional del poder judicial, su efectividad, el desarrollo de la nueva oficina judicial, así como para estudiar las principales necesidades y proponer posibles reformas.
Jesús Lidiano Llopis Jordá, hijo del director general de la extinta Caja de Crédito de Alcoy y máximo responsable de la sucursal de la avenida de la Hispanidad, se ha fugado de la cárcel de Villena, aprovechando un permiso, el primero que había conseguido tras cumplir la mayor parte de su condena. En mayo de 2009, el Tribunal Supremo (TS) le impuso una condena de dos años, once meses y 29 días de prisión por un delito de insolvencia punible (quiebra fraudulenta), pena de la que le quedaban sólo meses por cumplir.
Steven J. Baum, la firma de abogados norteamericana especializada en ejecuciones hipotecarias, presentó los impresos que acreditan la quiebra y el cese de su actividad comercial. Cerca de 90 empleados irán a la calle. Aunque pueda parecerlo, Steven J. Baum no es un bufete al uso. Y no solo por dedicarse a un tema tan peliagudo como los desahucios, sino por su tendencia a emplear técnicas fuera de la ley para aumentar su volumen de negocio. 
Un juez de Denia decretó el ingreso en prisión para un funcionario interino de Justicia por una presunta estafa cifrada en unos 130.000 euros, dinero que habría logrado mediante la falsificación de documentos. Según explicaron fuentes cercanas al caso, el funcionario habría emitido de forma fraudulenta mandamientos de pago para tener acceso al dinero de una de las cuentas de consignación de uno de los juzgados con el fin de que lo pudiesen cobrar amigos suyos. De esta forma, en algo más de un año, los estafadores habrían conseguido ya un botín de unos 130.000 euros en metálico.
El vicepresidente del Consejo General del poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha solicitado al nuevo Gobierno que se formará tras el 20N, que continúe invirtiendo en nuevas tecnologías para implantar la Oficina judicial como "método" para poder conseguir una Justicia "ágil, rápida y eficaz" porque "invertir en Justicia es invertir en la salida de la crisis económica". De Rosa ha comparecido en una rueda de prensa en Vitoria junto al juez decano de Vitoria, José Luis Núñez y la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, Mercedes Guerrero, con el objetivo de presentar las XXI Jornadas Nacionales de Jueces Decanos que se celebrarán los días 28, 29 y 30 de noviembre en la capital alavesa. 
A falta de presupuesto, imaginación, reorganización de las tareas y un esfuerzo adicional. Estos son los ingredientes que han puesto los tres juzgados de Lo Penal de Cartagena tras la enésima negativa del Ministerio de Justicia a liberar dinero para reforzar estos órganos con jueces, secretarios, funcionarios o al menos el pago de horas extraordinarias. Para sacar adelante las más de 7.500 sentencias pendientes de ejecutar, los magistrados han puesto en marcha un plan de resolución de expedientes pionero en España que además de aliviar el colapso permite agilizar trámites, de forma que cuestiones que antes exigían tres meses implican ahora de diez a quince días. 
El Gobierno vasco desea ahondar en la lucha contra el absentismo. A día de hoy, un 5,15% de la plantilla de Lakua, por término medio, está de baja por enfermedad, dos puntos por encima de la media española. Ello supone que más de 3.000 funcionarios, cada día, no acuden a su puesto de trabajo, sin contar a los que están de permiso o de baja por accidente o maternidad-paternidad. Se estima que cada punto de absentismo acarrea un coste medio de 20 millones de euros. Para reducir esas cifras "escandalosamente elevadas", según el Departamento de Justicia y Administración Pública, se propondrá incentivar económicamente a los funcionarios, bien de forma individual o colectiva, si ese 5,15% se reduce de forma significativa.
Lo han denunciado los funcionarios, los jueces, los secretarios judiciales y los abogados. Lo evidencian las estadísticas y las memorias que el TSJA elabora cada año. Ahora han lanzado la denuncia cuatro vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial (el máximo órgano de gobierno de los jueces) que visitaron las instalaciones judiciales de Cádiz y constataron que sufren «un exceso de carga de trabajo», que colapsa los juzgados.
El consejero de Presidencia y Justicia de La Rioja, Emilio del Río, anunció que las obras del Palacio de Justicia comenzarán "en torno" al verano del año que viene, 2012, con un presupuesto de 7,5 millones de euros. El consejero recordó cómo el Gobierno central no ha dado a La Rioja "ni un sólo euro" de las transferencias en materia de Justicia, con lo que acumula una deuda de "en torno" a los catorce millones de euros.
El Consejo General del Poder Judicial ha dado su visto bueno a que se prorrogue durante seis meses más la labor de los dos magistrados de refuerzo que hace casi un año y medio se unieron a la Sección Sexta, la única sala especializada en asuntos civiles de la Audiencia viguesa. La decisión final sobre la renovación de funciones de estos juristas no está sin embargo adoptada: habrá que esperar a que se pronuncie el Ministerio de Justicia, que tiene la última palabra por ser quien aporta la dotación económica. 
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, anunció que las partidas destinadas a financiar las competencias sobre los tribunales eludirán el recorte presupuestario que padecerá el año que viene toda la Administración autonómica. "No tengan ninguna duda que en estos cuatro años, que van a ser difíciles en el ámbito presupuestario, a la Justicia no se le va a dejar a un lado", dijo, al tiempo que mostraba el compromiso de la DGA para finalizar "en plazo" todas las obras de edificios judiciales que están en marcha. 
Los juzgados de Santa Cruz de Tenerife son demasiado pequeños para atender las demandas judiciales de los ciudadanos. Esta es una de las conclusiones de la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que urge a la construcción del nuevo edificio judicial de la capital chicharrera. Esta exigencia y el déficit de órganos judiciales que existe en el Archipiélago centran la memoria del TSJC del año 2010. El informe señala que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife consta de seis Secciones: tres de Civil atendidas por diez magistrados titulares; y tres de Penal, con doce magistrados titulares. Añade la memoria que para esta instancia "es necesario incrementar en, al menos, dos funcionarios para la unidad de reparto además de crear un Servicio Procesal Común que mejore la eficacia de registro, reparto de asuntos civiles y penales". 
La creación del tercer juzgado de lo Penal en Cartagena ha permitido aliviar el colapso en esta jurisdicción, pero la saturación de expedientes sigue siendo tal que tanto el TSJ de Murcia como el CGPJ han recomendado el refuerzo con prolongaciones de jornada, aumento provisional de la plantilla e incluso la figura del juez de apoyo. Fuentes judiciales consultadas aseguraron que una reciente inspección del CGPJ en los juzgados números 1 y 2 ha sacado a la luz la necesidad urgente de enviar un secretario y seis funcionarios para sacar adelante todo el trabajo acumulado, en especial la ejecución de más de siete mil resoluciones ya adoptadas.
El Ministerio de Justicia ha adjudicado el contrato para la redacción del plan director para la implantación del Campus de la Justicia de Valladolid al proyecto presentado con el lema ‘Siete mil pinos’, cuyo autor es Primitivo González Pérez, arquitecto de Valladolid. El jurado ha valorado una interpretación “muy correcta” de la organización del Campus, con una bien entendida dualidad ciudad-campo. Se trata de una edificación en forma de “peine” con un bloque que da a la avenida principal, donde se alojan servicios comunes, al que se conectan perpendicularmente cuatro edificios que alojarían las distintas tipologías judiciales.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado trasladar a la Conselleria de Justicia los reiterados problemas con el suministro de papel en varios partidos judiciales de la autonomía, lo que "pone en grave riesgo el normal funcionamiento de las oficinas judiciales". Asimismo, ha decidido dar cuenta a la conselleria de que tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Ministerio han aprobado el refuerzo para el juzgado de lo Social de Benidorm, y que éste no podrá operar y ser efectivo si no cuenta con una asignación de funcionarios. 
Castilla y León sigue reclamando que se culmine la transferencia de la administración de Justicia. Con el objetivo de que las negociaciones no se dilaten más, De Santiago-Juárez, Consejero de la Presidencia, ha convocado un encuentro conjunto con el sector judicial antes de finalizar el mes, en el que se fijarán las bases para la redacción de un borrador del Pacto de Comunidad por la Transferencia y para la Modernización de la Justicia. El consejero ya se ha reunido con los representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ.
La justicia junto con la educación y la sanidad son los grandes servicios públicos cuya transformación y modernización son uno de los retos más cruciales en esta hora del cambio. Nuestra Administración de justicia hace demasiado tiempo que espera salir del siglo XIX en el que parecía irremediablemente anclada. Llevamos ya más de una década intentando encontrar el punto de equilibrio donde combinar las medidas de agilización en los trámites de los procedimientos judiciales con el imprescindible respeto a las garantías procesales. Como servicio público, no basta con garantizar el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción, sino que el producto impartido tiene que resultar de calidad. El funcionamiento inadecuado o incorrecto de la Administración judicial no afecta sólo a los justiciables que están implicados en un procedimiento, sino a toda la sociedad y los ciudadanos sobre los cuales acaban recayendo los costes del mal servicio. El nuevo Gobierno que salga de las elecciones el día 20 necesita un programa de actuaciones y objetivos realistas si quiere dejar atrás –y para siempre– la imagen de una justicia lenta, cara y poco transparente. 
En protesta por el supuesto arbitrario proceder del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, más de mil afiliados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicios del Poder Judicial realizaron un paro laboral de 12 horas en al menos 400 oficinas. El secretario general de la organización, Fernando Javier Gámez Piñón, recordó que desde semanas atrás han denunciado constantes violaciones a sus derechos laborales y humanos. El Consejo del Poder Judicial, acusó, obliga a los trabajadores a renunciar a sus bases para otorgarles un contrato privándolos de sus prestaciones y bajo la promesa de ofrecerles un mejor sueldo.
La crisis no sólo obliga, en ocasiones, a recortar en los presupuestos. También, en otros casos, incentiva la búsqueda de ingresos a través de recursos que en otras etapas ni se contemplaban. Y la Generalitat ha centrado su atención en las plazas de aparcamiento de las sedes judiciales más importantes de la Comunidad. ¿Por qué no cobrar por estacionar el vehículo?. La Conselleria ya está trabajando en esta idea y ha encargado un estudio para determinar la rentabilidad que tendría la medida. La propuesta concentra la atención en varias sedes: la Ciudad de la Justicia de Valencia (400 plazas); la Ciudad de la Justicia de Castellón (124 plazas); la sede de Elche (131 plazas) y los decanatos de los juzgados de Alicante (73 aparcamientos).
Las ayudas que los dos sindicatos reciben de las comunidades autónomas para financiar los programas de formación, 1.500 millones de euros anuales, se han reducido hasta estrangular sus finanzas. Esta ha sido una de las primeras partidas en las que se han cebado las comunidades autónomas para hacer los ajustes de gasto. El problema de los dos sindicatos es justamente este: que las competencias de formación continua y políticas activas de empleo están transferidas y son los gobiernos autonómicos los que tienen la última palabra. Comisiones ya ha formalizado en Murcia su primer expediente de regulación de empleo, una experiencia por la que ya ha pasado también UGT en Navarra y Cataluña. Pronto los ERE´s se extenderán a la mayoría de las federaciones de ambos sindicatos ya que las cuotas que cobran de los afiliados no dan para sostener su inmensa maquinaria.
La Junta de Personal de la Administración de Justicia de Córdoba ha remitido un escrito al juez decano, Luis Rabasa, instándole a que le informe sobre el estado en que se encuentra la petición a los órganos pertinentes del servicio de Guardia de 24 horas, una vez que han pasado ya más de cuatro meses desde que entró en funcionamiento Instrucción 8 —imprescindible para la puesta en marcha del citado servicio—. Así, en la nota de la Junta de Personal —de la que forman parte las centrales sindicales CSIF, USO, CCOO, UGT, y STAJ— se recuerda a Rabasa que la implantación del 24 horas «afecta directamente a las condiciones de trabajo de los funcionarios que prestan sus servicios tanto en los juzgados de Instrucción como en Fiscalía». 
El Ministerio de Justicia ha empezado a suprimir algunos de los jueces de apoyo destinados a la provincia de Alicante en pleno colapso judicial por el aumento de litigiosidad debido a la crisis económica. El argumento esgrimido es que estos apoyos ya no son necesarios. El último refuerzo que se ha quitado es el que tenía la Sección Novena de la Audiencia desplazada en Elche y que se encargaba de resolver los recursos de pleitos civiles de los partidos judiciales de Elche, Torrevieja y Orihuela, éste último uno de los de mayor carga de trabajo de toda España. La decisión ha sentado como un jarro de agua fría entre el colectivo judicial.
Con escepticismo han reaccionado las organizaciones sindicales del sector de la justicia ante la propuesta de unificación de partidos judiciales que plantea el Consejo General del Poder Judicial. El mayoritario entre los trabajadores de la justicia de Asturias, el sindicato STAJ, pedirá esta semana una reunión con el director de justicia del Principado para que les informe de la propuesta. Para Jesús Aguiar, del STAJ, la medida puede llevar aparejada nuevos recortes. Sostiene que "implicaría creación de nuevas sedes judiciales y la eliminación de otras".
La apertura del Palacio de Justicia del Paseo de la Audiencia no deja de toparse con obstáculos en su camino. Aunque el Ministerio tiene previsto recepcionar la obra a lo largo de este mes, una vez finalizadas las obras que lleva a cabo la empresa Dragados, tiene que tramitar todavía los expedientes de adquisición del mobiliario así como los contratos de suministro. Es decir, que una vez terminados los trabajos no solo restaría por instalar el equipamiento, sino que hay que adquirirlo, lo que llevará el estreno del inmueble «a principios del próximo año». 
El Departamento de Justicia ha destinado a dos administrativos interinos al Registro Civil de Cornellá (Barcelona) para paliar el colapso que sufre este servicio desde el pasado mes de mayo. La situación en el Registro Civil se agravó cuando fue trasladado un administrativo de refuerzo con que contaba este servicio el pasado mes de mayo, a raíz de los ajustes en personal impulsados por el Departamento de Justicia, y de la baja médica de otro de los funcionarios.
La maquinaria de la justicia no se para aunque chirríe y las penurias del presupuesto marquen una etapa de corto a medio plazo con menos recursos y campo de reivindicación. En tres meses llega a solucionar 12.000 casos pero el papel mide en toneladas los retrasos que pervierten el derecho del usuario a no aguardar plazos eternos hasta una salida a sus pleitos y procesos. La prolongación de la crisis incuba cierto grado de resignación pese a las críticas mantenidas de los funcionarios sobre recientes y previsibles recortes. La Xunta, tirando de coyuntura y menos margen de maniobra, no los niega. 
Este 2011 se celebra el 150 aniversario de la Ley Hipotecaria, que se aprobó en 1861 durante el reinado de Isabel II. Pero no ha sido un aniversario dulce, ya que la situación de la economía española ha llevado a numerosas familias a no poder pagar la deuda y, por tanto, a verse sometidas a ejecuciones hipotecarias. Su posible cambio para potenciar figuras jurídicas como la ’dación en pago’ es uno de los asuntos más candentes de la campaña electoral, en un país en el que, según calculan algunas asociaciones, se han producido unas 300.000 ejecuciones hipotecarias desde que se desató la crisis.
Un brasileño fue condenado a pagar una multa de 11.553 reales (unos 6.639 dólares) a su ex novia por los daños morales y materiales causados al romper el compromiso de matrimonio, informó la Justicia de Rio de Janeiro en un comunicado. En la denuncia, Cristiane Costa afirmó que debió someterse a “tratamiento psicológico” luego que Marcelo de Azevedo terminara con el compromiso para casarse por medio de sus padres “a quienes contó detalles de la relación”, violando su intimidad e ignorando los gastos ya asumidos de la fiesta. 
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, ha señalado que es necesario mejorar cuestiones "tan importantes" en la Administración de Justicia como la adecuación de la Ley de Planta, la Oficina Judicial o la generación del expediente digital. Dívar, durante la inauguración de la primera Semana Jurídica Malacitana ayer en Málaga, ha afirmado que aunque durante los últimos años se ha producido "una mejora" en la administración judicial, muchos de los procedimientos son aún "anticuados". Con respecto al futuro de la administración judicial, Dívar ha explicado que ésta debe ser transparente y rápida y correctamente transmitida por los medios, ya que, según él, "la calidad de la Justicia es hacerla pronto, porque cuando se hace tardía es una verdadera injusticia".
El Gobierno del Principado ha asumido el miércoles ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la necesidad de solucionar el problema de la dispersión de las sedes judiciales en Oviedo, en un plazo que, según el vocal Manuel Almenar, "no debería exceder los dos años". Así lo ha explicado en rueda de prensa el vocal tras reunirse con el presidente del Gobierno del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, en su primer encuentro desde la toma de posesión del presidente. 
La Asociación de Fiscales ha recurrido la órden del Ministerio de Justicia por la que se confiere la situación administrativa de servicios especiales con efectos retroactivos y el reintegro al servicio activo en la Carrera Fiscal con la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo a Mariano Fernández Bermejo por "transgredir" el ordenamiento jurídico.
El Parlament ha aprobado una iniciativa por la que se insta al Govern a seguir negociando con el Ministerio de Justicia el traspaso de competencias en materia judicial con la debida dotación económica, así como a exigir la construcción de los nuevos juzgados de Ibiza, Manacor y Ciutadella. Así se ha decidido en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, donde se ha aprobado una proposición no de ley en materia de traspaso de competencias en materia de justicia y de la construcción de las nuevas dependencias en las islas.
Más de 200 letrados que ejercen su profesión en el Turno de Oficio han participado en una concentración silenciosa, a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, por la falta de acuerdo con la administración en torno a la prestación del servicio público del turno de oficio. La concentración permitió ofrecer información a la ciudadanía sobre la deuda que la administración mantiene con el Turno de Oficio y sobre la necesidad de mantener un presupuesto realista para el próximo año 2012. El Decano del Colegio de Abogados ha explicado que la Administración sólo ha cubierto el pago de un mes de los doce meses de 2011.
La fiscalía de Gijón está bajo mínimos. En la oficina del ministerio público de los Juzgados locales trabajan actualmente nueve funcionarios que deben hacerse cargo de las gestiones derivadas de casi 30 órganos jurisdiccionales. El concurso de traslado complicará aún más si cabe la situación en las próximas dos semanas, tal y como se denuncia desde la fiscalía. Cuando lo deseable sería la existencia de un funcionario por cada uno de los 14 fiscales gijoneses, durante los próximos días el ministerio público contará sólo con cuatro funcionarios.
El presidente del TSJ de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, apeló a un nuevo esfuerzo de «imaginación, sacrificio y optimización» para hacer frente a las necesidades de los juzgados de Cartagena y San Javier en un momento de crisis económica en que el Ministerio de Justicia dice no tener presupuesto para atender las medidas de choque planteadas para sacar adelante el trabajo acumulado durante años, ni para crear nuevos juzgados ni menos aún para avanzar en proyectos de futuro como la Ciudad de la Justicia. Como alternativa, planteó poner a jueces de refuerzo que permitan agilizar la tramitación de casos, la celebración de juicios y la ejecución de sentencias sin un gasto en contratar funcionarios.
El Gobierno canario seguirá el próximo año sin convocar ofertas de empleo público para nuevas plazas en la Administración, mantendrá la congelación salarial de los funcionarios y les garantiza las pagas extras de verano y Navidad. Como consecuencia de la congelación salarial, el presupuesto de personal en Justicia y Administración General de la Comunidad Autónoma se mantiene igual que el de este año. De hecho, el personal que trabaja para Justicia seguirá compuesto por el mismo número de funcionarios, incluido el personal de refuerzo que se ha contratado este año, un total de 2.314 trabajadores.
El pasado día 18 de octubre Lorenzo Pérez Conejo fue reelegido juez decano de Melilla. Pérez Conejo opina que, en algunos aspectos, en Melilla “estamos mucho mejor que en la península”. En otros, el talón de Aquiles siguen siendo los recursos materiales y humanos. 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial advirtió que se producirá en el seno del Poder Judicial una estampida, en vista de que es imposible que jueces y funcionarios sobrevivan con los actuales salarios. Jorge Subero Isa dijo que una cantidad de funcionarios importantes del Poder Judicial se aprestan a renunciar, en vista de que no hay expectativas de aumento salarial, como consecuencia del bajo presupuesto que se le asignó a ese poder del Estado.
En este nuevo curso académico, los alumnos de Derecho del Campus María Zambrano de Segovia verán ampliada la oferta del Practicum gracias a un nuevo convenio suscrito por la Universidad de Valladolid, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Gracias a este convenio de colaboración, los alumnos de la UVA que cursen sus estudios de Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación podrán realizar prácticas profesionales en los Juzgados y Tribunales de Segovia y su provincia, lo que les permitirá conocer de primera mano el funcionamiento de los órganos judiciales, sus métodos de trabajo y organización.
Los juicios con jurado popular han caído aproximadamente un 76 por ciento en la última década en Asturias, donde se ha pasado de 25 procedimientos abiertos en 1999 a sólo seis el año pasado. De los siete juicios celebrados por este procedimiento en la Audiencia Provincial en 2010, al menos cinco concluyeron con sentencia condenatoria.
A partir de hoy se normalizan las actividades en tribunales. El sindicato que lleva adelante la huelga, SIFJUPAR, recibió copia del dictamen favorable de la Bicameral de Presupuesto, en que consta el incremento salarial que solicitan los funcionarios judiciales. Este gremio declaró un cuarto intermedio hasta que la Cámara de Diputados ratifique el aumento, de lo contrario se reactivará la medida. 
