domingo, agosto 26, 2007

Córdoba: Los juzgados de lo Penal son los más saturados

Los expedientes se amontonan sobre las mesas de los funcionarios y las sentencias se acumulan en los armarios a la espera de ser ejecutadas. Los cuatro juzgados de lo Penal de Córdoba son los que más carga de trabajo soportan en Andalucía en su materia, hasta el punto de que en el último semestre los jueces sobrepasaron en un 49 por ciento la ratio de trabajo estimada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aseguraron fuentes judiciales. Entre enero y junio, el Juzgado de lo Penal número 1, por ejemplo, dictó 284 sentencias, y hasta el viernes había puesto 323.

Hasta el año pasado, los órganos penales cordobeses ocupaban el segundo lugar en la Comunidad andaluza en carga de trabajo, después de Almería. La creación de un nuevo órgano en esta última ciudad, sin embargo, ha hecho que Córdoba se ponga en cabeza y lidere el ranking de los tribunales más saturados. Tal es la situación que hay magistrados que están señalando vistas orales para abril del próximo año, cuando lo normal sería que se celebraran en un par de meses como muy tarde.

Según la ratio que el CGPJ tiene establecida de casos por magistrado, Córdoba tendría derecho a dos nuevos penales. Los sindicatos de funcionarios y la Junta de Jueces, de hecho, solicitaron al Consejo la creación del quinto órgano penal, aunque la petición cayó en saco roto y todavía no está en la agenda de prioridades.

Mientras tanto, las sentencias se acumulan en los archivos a la espera de ser ejecutadas. Fuentes judiciales aseguraron que, en el último año, algunos órganos han aumentado en un 20 por ciento el número de resoluciones. Y la tendencia es que la estadística siga al alza por el creciente número de casos de violencia de género.

Algunos juzgados han llegado a cronometrar el tiempo invertido en tramitar estas resoluciones: "Un funcionario experimentado tarda más de una hora en incoar cada sentencia de violencia doméstica, porque el papeleo es enorme", explicaron fuentes judiciales. Entre otras gestiones, para que una orden de protección surta efecto, la identidad de la víctima y del agresor deben constar en los archivos policiales y, además, los funcionarios tienen que ponerse en contacto con la Guardia Civil para que sea efectiva la retirada de armas del maltratador.


Fuente: eldiadecordoba.es

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Cantabria: Reclamados al Gobierno los términos de las transferencias de Justicia

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado varias iniciativas en las que se interesa por diversas decisiones adoptadas por el Gobierno regional. De esta forma, la diputada Isabel Urrutia ha reclamado el expediente completo del acuerdo del Gobierno regional con el Ministerio de Justicia sobre la transferencia de estas competencias.
Urrutia insistió en que el objetivo de su partido es apoyar al Gobierno para que la Justicia en Cantabria sea de calidad y tenga las mejores infraestructuras posibles, pero advirtió que para ello es necesario conocer las condiciones de las transferencias, de las que tres meses después de su firma sólo tienen datos a través de la prensa y la alusión que hizo el presidente regional en el discurso de investidura.
El PP quiere conocer no sólo los criterios económicos del traspaso si no los detalles de los cinco millones de euros que se van a destinar a infraestructuras, y que, a juicio de los populares, es insuficiente teniendo en cuenta que sólo la rehabilitación del antiguo edificio de Tabacalera ha sido valorado en seis millones de euros.
La diputada apuntó que su grupo hubiera deseado que esta información hubiera llegado de oficio al Parlamento, remitida por el Gobierno.


Fuente: eldiariomontanes.es

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"La Justicia en Canarias es lenta y desmotiva a sus profesionales"

El abogado y juez en excedencia Juan Manuel Fernández del Torco es entrevistado en EL DIA, repasando la situación de la justicia en Canarias. Para leer la entrevista, pincha aquí.

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sábado, agosto 25, 2007

Argentina: Contundente paro de los judiciales

Más de 30.000 trabajadores de los Poderes Judiciales de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires protagonizaron el pasado dia 17 un Paro Nacional, actos y movilizaciones en cumplimiento de lo resuelto por el Plenario de la Federación Judicial Argentina, aprobado por todas sus filiales. El paro de los trabajadores judiciales ha sido uno de los más contundentes de los realizados hasta el presente por la FJA y superó en muchos casos las expectativas previas.

La jornada culminó con un multitudinario acto frente al Ministerio de Justicia de la Nación con delegaciones de todo el país para reclamar la democratización de la relación laboral en los Poderes Judiciales mediante una ley que garantice la elaboración en paritarias del Convenio Colectivo de Trabajo del sector, que incluya la distribución equitativa del ingreso, cumpla el principio constitucional de "igual tarea, igual remuneración", restituya la porcentualidad salarial con enganche nacional y la plena vigencia del 82% móvil para los jubilados.

En tal sentido, una delegación de la FJA entregó una nota al ministro de Justicia Alberto Iribarne quien, pese a los reiterados pedidos de audiencia, se ha negado a tratar con el gremio los temas señalados.

Entre consignas a favor de la democratización de la Justicia, el sonar de bombos y cohetazos que paralizaron el microcentro porteño, hablaron frente al Ministerio delegaciones de cada provincia, en lo que representó la primer gran movilización de la FJA este año ante el Ministerio de Justicia.

Un fuerte respaldo público dieron los manifestantes a los judiciales de La Rioja porque las autoridades se niegan a cumplir con una ley que incorpora aumentos salariales con porcentualidad por lo que llevan tres meses de paros y movilizaciones, y a los Misioneros también en plena lucha porque el 80% de sus salarios se les sigue pagando en negro.

Jorge Izquierdo -titular de la FJA- cerró el acto anunciando que si no se accedía a las justas demandas de los judiciales, una y otra vez se reiterarían las movilizaciones y paros. La que protagonizaron hoy los compañeros de todo el país -sostuvo- ha sido "de una contundencia notable y reafirma una vez más que la restitución del régimen de porcentualidad con enganche nacional es una bandera convocante y muy sentida por los trabajadores judiciales. Estamos exigiendo -agregó- que se terminen los judiciales de primera y de segunda, y que tengamos la unificación de salarios en todo el país por igual tarea. Este gran paro -advirtió- es un llamado de atención al gobierno nacional, para que, desde el Ministerio de Justicia, se asuma la unificación conceptual de todos los Poderes Judiciales de las República, una República -añadió- que no puede ser un archipiélago salarial, con provincias que hacen lo que pueden sin recursos presupuestarios, mientras millones de dólares se acumulan en las arcas del Banco Central".



Fuente: Rebanadas de realidad

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viernes, agosto 24, 2007

19 hombres murieron a manos de sus parejas en 2006


La violencia doméstica se pone faldas y ha dejado de ser privativa de los hombres. Pese a la escasa repercusión mediática, diecinueve hombres murieron el año pasado a manos de sus parejas. Aunque la cifra de mujeres fallecidas refleja el triple de víctimas, no se puede olvidar que ellos también sufren la violencia doméstica.

Además, callan por vergüenza y no se atreven a denunciar porque se ríen de sus casos en las comisarías. "Al principio, cuando empezamos, me gritaba. Desde entonces, ya se le veía venir, pero uno siempre tiene la esperanza de que se va a adaptar, de que puede cambiar... Luego, te das cuenta de que no es así. Empezó a pegarme y a tirar todo lo que encontraba. Había momentos en los que se transformaba y se ponía hecha una furia. Intenté arreglarlo yendo a un psicólogo con ella, pero sólo acudimos dos veces porque vio que las conversaciones se querían reconducir hacia su agresividad. Y también creí que me merecía todo lo que me hiciera. Sin embargo, hubo una vez en que comprobé que realmente tenía problemas psicológicos y yo no tenía la culpa de que reaccionara de aquella manera". Es el testimonio de Ezequiel Aparici, uno de los 100.000 hombres que sufren maltratos físicos por parte de sus mujeres, según datos facilitados por Lorenzo Rodríguez, profesor de Historia y director de la revista oficial de Castilla y León en Málaga. Y ello sin contar los casos de maltratos psicológicos que, según Rodríguez, padecen seis de cada diez hombres en nuestro país.

Tras varios siglos de sistema patriarcal en nuestro país, se intenta restablecer el equilibrio entre lo femenino y lo masculino a través de iniciativas para acabar con la discriminación que ha padecido la mujer en la sociedad. La Ley Integral contra la Violencia de Género es un ejemplo. Sin embargo cabe preguntarse si esta legislación, "que opta por un derecho desigual para la igualdad", como defiende el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, alcanzará su objetivo, ya que se dirige únicamente, y de forma explícita, a la protección de las mujeres.

Las opiniones en este respecto están enfrentadas. Inmaculada Montalbán Huertas, portavoz de Jueces para la Democracia, se muestra convencida de que "la discriminación positiva de esta nueva norma además de estar respaldad por la Constitución, viene a resolver una situación de hecho". En este sentido, se expresa también Cruz Sánchez de Lara, directora de la asesoría jurídica de la Federación de Mujeres Progresistas, que añade que "es necesario sujetarse a las decisiones de la Unión Europea, que aconsejan legislar en este sentido para acabar con el escándalo del maltrato que sufren las mujeres". También se muestra a favor de la nueva ley Antonio García, presidente de Ahige (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género), que acepta "el machismo como agravante del mismo modo que lo es la xenofobia".

Sin embargo aunque no se discute la necesidad de erradicar la violencia contra la mujer, si hay que referirse a situaciones de hecho, existen cifras ineludibles: en 2005, 13 hombres murieron a manos de sus parejas; en 2006 fueron 19, y hasta mayo de este año, se suman cinco, según datos del Ministerio del Interior. Como se pregunta Juan Luis Rubio, presidente de la Confederación de Padres de Familia Separados y Divorciados, "¿quién pierde si las medidas de la ley integral hubieran favorecido también a los hombres maltratados, por pocos que sean?", y asegura que "esta ley va en contra del artículo 14 de nuestra Constitución, que dice expresamente que "los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión [...]". El mismo Consejo General del Poder Judicial mostraba sus dudas con respecto a la constitucionalidad del texto del proyecto de ley. Sin embargo, este organismo se siente satisfecho con la reforma del artículo 29 de esta Ley.

Aunque la norma introduce un punto en este artículo en el que se protege a las personas especialmente vulnerables, no queda claro a quienes se refiere. Como subraya Cruz Sánchez "personas especialmente vulnerables no es un término jurídico, pues son todas las víctimas de malos tratos". Además el propio Caldera aseguró ante el pleno del Congreso que "la ley hace caso omiso de la violencia que sufren los varones".

Así pues, los hombres que sufren agresiones siguen protegidos por el artículo 173.2 del Código Penal sobre la violencia doméstica, que se consideró insuficiente para los casos de las mujeres maltratadas, y en el que toda agresión física se considera un delito. Desgraciadamente, "estos hombres, que aparentemente siguen protegidos por el Código Penal, a efectos prácticos sufren la discriminación positiva de la nueva norma", como indica Cristina Garrido López, abogada del despacho CMR Abogados. "Aunque son pocos los casos, añade, "son muy problemáticos porque carecen de credibilidad, se ríen de ellos en las comisarías, no tienen casas de acogida y, en muchas ocasiones, se trata de maltrato psicológico, imposible de demostrar".

Además es común que las mujeres presenten contradenuncias en las que acusan falsamente a sus parejas de maltrato, amenazas o agresiones. De este modo, ellos quedan inmediatamente a disposición judicial, reciben una orden de alejamiento y pierden la custodia de sus hijos. "Mi hijo vive con la mujer que me ha maltratado y lo maltrata también a él", lamenta Ezequiel Aparici. El abogado Francisco Fernández Goberna reitera esta tesis y añade que "la nueva ley atenta contra uno los principios generales del Derecho, ya que los acusados tienen que demostrar su inocencia, cuando debería ser al contrario: los hombres somos presuntamente culpables".

El testimonio de Héctor Lozano es igual de elocuente: "Un día en la comida, discutimos porque ella quería venir a un partido de tenis, a pesar de que nunca le había interesado el deporte. De pronto, se volvió loca y me clavó el tenedor en el pecho. No era la primera vez que me agredía, llevaba un año torturándome, pero aquello fue lo que me hizo reaccionar. Interpuse una denuncia por malos tratos y ella se fue de casa con mi hijo ocho días antes del juicio, que tardó ocho meses en celebrarse. Tuve que esperar 20 días para poder verlo. Hasta el juez la declaró culpable y la condenó, a una multa de 150 euros. Los actos se produjeron delante de el niño, que obviamente se puso a llorar, pero lo peor no es eso, lo peor es que también lo pega a él. Aunque hasta el último año no me había puesto una mano encima, antes me insultaba y me era infiel constantemente. Yo era el que cuidaba al niño, ella nunca se levantó por la noche para cambiarlo ni darle el biberón, jamás lo dio de comer, ni se preocupó por él. También era yo el que se ocupaba de la casa. Cuando volvía del trabajo me obligaba hacer la limpieza, pero ella estaba todo el día en el piso sin hacer nada".

Ángel Arriaga, por su parte, tercia en la discusión para referirse a su caso, igualmente estremecedor: "Mientras estuvimos juntos, solía gritar, y, de vez en cuando, me levantaba la mano. También me insultó en alguna ocasión, supongo que es lo que aprendió en casa porque se lo he visto hacer a su madre. Decidí separarme por nuestra hija, para que no creciera en un ambiente de hostilidad. Me engañaba para que no pudiera ver a la niña el día que me tocaba entre semana, que, al final, sólo eran cuatro horas, desde que salía del colegio hasta las ocho. Le puse una denuncia por no respetar el régimen de visitas y ese mismo día ella me puso otra por maltrato psicológico. Me encerraron y estuve cuatro horas en un calabozo como si fuera un delincuente. Los hombres no somos nada y, con esta nueva ley contra la violencia de género, menos. No digo que las mujeres maltratadas no merezcan que se acabe con su situación, pero que sólo denuncien las que realmente sufren agresiones físicas o psíquicas. Es normal que los jueces tengan miedo de no hacer caso a una denuncia de una mujer porque luego ocurre que el hombre va y las mata".

Por otro lado, en caso de que la sentencia se pronuncie a favor del varón, se dictan penas tan inverosímiles como una sanciones de 150 euros por agresión. Exactamente la misma cantidad que si conduce sin haber obtenido el carné. Cuatro veces menor a la impuesta por la posesión de medio gramo de hachís.

Según el forense Miguel Lorente, autor de 'Mi marido me pega lo normal' (Planeta), entre otras oras, "la mayoría de los casos en que se produce maltrato por parte de la mujer se debe a una reacción ante una situación previa de violencia impuesta por el hombre, ya sea física o psicológica. Sin excusar por ello a las atacantes".

Aunque reconoce que "existen casos en los que el hombre es víctima absoluta", Lorente añade que, "aunque el origen de estos maltratos es diferente cuando se trata de hombres la violencia no es por una cuestión de género, los resultados son los mismos". En contra de lo que se pueda pensar, estas situaciones no son tan escasas: en 2005 se registraron 6422 denuncias de hombres maltratados en sólo seis meses: en 2006, fueron 8.861.

Además en lo que se refiere a las acusaciones interpuestas por mujeres contra sus parejas, María Sanahuja, jueza decana de los tribunales de Barcelona, sospecha que gran parte de éstas no se refieren a casos reales y los fiscales de Madrid advirtieron que ellos también habían detectado falsas denuncias.

Además, de las 7869 órdenes de protección solicitadas por mujeres este año en España, los jueces han rechazado el 25% por sospechar de su falsedad. Estos datos, que constatan testimonios reales, reducen la distancia entre hombres y mujeres maltratados. Si a esto se le suma que "los varones son más reacios a denunciar por vergüenza, porque piensan que se puede cuestionar su hombría", como apunta Juan Luis Rubio, ni ellas son tantas, ni ellos tan pocos.



Fuente: Alerta Digital

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domingo, agosto 19, 2007

Andalucía: Los funcionarios de los juzgados de violencia de género cobrarán un complemento

La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, anunció que a partir de 2008 los funcionarios destinados a los juzgados especializados en violencia de género cobrarán un complemento salarial, correspondiente a un fondo adicional de productividad que se ha acordado con los sindicatos el pasado mes de julio, por la sobrecarga de trabajo que en la actualidad soportan estas unidades judiciales.

En una entrevista, la consejera mostró su intención de que este incentivo acordado recientemente, en la mesa convocada el pasado mes, es que ese fondo se convierta a partir de 2008 "en un incentivo más y en un complemento de su salario". Así, explicó que "ahora le hemos denominado fondo adicional de productividad para poder compensar su trabajo, pero en el próximo año queremos que sea un complemento para esas personas que trabajan en estos juzgados".

De esta forma, López reconoció que en estos órganos "se trabaja con mucha intensidad", recalcando que este volumen de trabajo no sólo afecta a jueces y fiscales, sino "también a los funcionarios", a lo que añadió que en la Consejería son "conscientes de que hay una carga de trabajo muy superior y que ha ido creciendo".

Esta era una de las quejas de los diferentes sindicatos con representación entre los funcionarios de Justicia, que aseguraban que en los juzgados contra la Violencia de Género el personal se veía obligado a realizar horas extras que no eran retribuidas. Por este motivo, López dijo que en julio se alcanzó un acuerdo para "la creación de un fondo adicional de productividad", siendo "un compromiso por parte de la Consejería", convertirlo en 2008 "en un complemento salarial".

En cuanto al anuncio hecho por la consejera referente a que las mujeres víctimas de malos tratos tendrían derecho a elegir su abogado de turno de oficio y a consultar una segunda opinión letrada, López señaló que espera que "en otoño comience el funcionamiento desde los colegios de abogados andaluces", ya que indicó que "son ellos quienes tienen la obligación legal de la prestación del turno".

Así, la titular de Justicia en Andalucía recalcó que para ella "es un tema imprescindible e importante", con el que se han llevado "dos años de negociación los colegios de abogados", puesto que insistió en que "las mujeres se tienen que sentir seguras desde el primer momento que toman la decisión de denunciar hasta el último".

En este sentido, señaló que la especialización es "una de esas claves para la lograr la sensación de seguridad y, por tanto, la confianza en su defensa es imprescindible". Para la consejera las mujeres que tienen que acudir al turno de oficio porque sus recursos son insuficientes "tienen que tener la opción de elegir la defensa en la que ellas se sientan confortables, cómodas y seguras".

También incidió en la posibilidad de poder consultar una segunda opinión, como "una cuestión primordial", que permitirá a las mujeres que interpongan una denuncia por malos tratos acudir a un segundo letrado "en caso de que estén disconformes".

Por otro lado, López hizo referencia al aumento del número de este tipo de juzgados y "al compromiso" de que todas las provincias de Andalucía tendrían "cuanto menos un juzgado contra la violencia de género". En esta línea, aseguró que se "ha cumplido" en 2007 con este objetivo, recordando que incluso hay provincias que cuentan con juzgados especializados tanto en la capital como en algunos partidos judiciales --como es el caso de Málaga, que cuenta con tres y uno en Fuengirola y otro en Marbella--.

De esta forma, la consejera concluyó que "antes de que concluya la legislatura vamos a tener uno por provincia", ya que aseguró que a los ya existentes en Málaga, Sevilla, Granada, Almería, Córdoba y los de las localidades gaditanas de Algeciras y Jerez de la Frontera se unirán "uno en Huelva, en Jaén y otro para Cádiz capital".



Fuente: Granada Digital

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jueves, agosto 16, 2007

Fernández Bermejo, pregonero de las fiestas de su pueblo


Sabido es que el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, es nacido en Arenas de San Pedro, precioso pueblo abulense de la ladera norte de Gredos, enclavada en el valle de Corneja. Pues bien, resulta que el próximo día 24, Fernández Bermejo leerá desde el balcón de la casa consistorial de su villa natal el pregón de las Fiestas del Veraneante, gesto que –según ciertos rumores– tal vez le valga la nominación de hijo predilecto de la villa.

En cualquier caso, el ministro no lo tendrá fácil. Muy bueno tendría que ser el pregón, mucho debería esmerarse el también fiscal ante sus paisanos con las palabras, la ironía, la intención, los golpes verbales, para merecer tal distinción, porque una mayoría de los vecinos está francamente mosqueada con los alardes rojelios de Mariano Fernández Bermejo. Y es que, en Arenas de San Pedro, la lista más votada el pasado 27–M fue la del PP, con 6 concejales; no obstante PSOE e Izquierda Unida le arrebataron la alcaldía al obtener 7 ediles entre ambos grupos.

El caso es que Fernández Bermejo se comprometió a volver a su pueblo si los suyos lograban hacerse con el bastón de mando y por ahí van los tiros, que una alcaldía menos en manos de los populares bien vale uno o varios pregones, los que hagan falta. Porque Mariano Fernández Bermejo representa mejor que ningún otro titular de una cartera la dosis de radicalidad en el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese es el perfil del ministro que ya las tuvo tiesas con el Gobierno de José María Aznar.

El hecho es que sus paisanos peperos están que trinan, mientras que en la acera de en frente, la socialista, no se detecta ninguna polémica. Al contrario, lo que se percibe es un visible entusiasmo por la próxima visita del ínclito ministro de Justicia. Sobre todo entre aquellos que refrescan detalles de sus agrios choques verbales o cuando define a sus adversarios de toda la vida: en el franquismo, los padres, y en la democracia, los hijos.

En ese contexto irrumpirá el próximo día 24 de agosto la voz peleona, bronca, sectaria, excesiva de Mariano Fernández Bermejo por encima de otras más acomodaticias. La voz de un fiscal llamada siempre a poner de los nervios. Sal y pimienta de la política.



Fuente: El Semanal Digital

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Málaga: Denuncian carencias graves en la Ciudad de la Justicia

Málaga. Los funcionarios de la administración de justicia denuncian "carencias muy graves" en la Ciudad de la Justicia, el mayor edificio de uso administrativo de Andalucía que empezará a funcionar en enero de 2008. El personal ha remitido a la Junta de Andalucía un escrito donde constatan las deficiencias de la nueve sede judicial, especialmente en materias de aparcamientos, equipamientos y espacio en algunos órganos judiciales.

La falta de aparcamiento es la principal preocupación del colectivo. En su escrito señalan que las 160 plazas previstas en el interior son "totalmente insuficientes" para la afluencia de cinco mil personas diarias. Pese a que el Gobierno andaluz garantizó unas setecientas plazas fuera del recinto, los funcionarios critican que aún no se les ha informado sobre este asunto. Por ello, piden una regulación de todos las plazas existentes en el perímetro del edificio, para que se señalice como servicio oficial y evitar, así, situaciones de colapsos en los accesos.

El personal también reseña en su escrito la carencia de mobiliario destinado a estanterías para el archivo o la gestión de los asuntos en trámite, así como la falta de espacio en los juzgados de guardia, ya que no mantienen las zonas de descanso y su salones son reducidos para atender al público. Los trabajadores también apuntan la poca luminosidad de los puestos de trabajo de los funcionarios, y la falta de espacio en algunas zonas destinadas a las secretarías y oficinas judiciales.


Fuente: La Opinión de Málaga.com

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miércoles, agosto 15, 2007

Ohio: Una juez prohíbe a su jurado ver series como "CSI"


La juez Patricia Oney ha prohibido a todos los miembros que formen parte de un jurado en el condado de Butler, Ohio, ver series de televisión como «CSI» o «Ley y Orden», dos de los productos en antena de mayor éxito.

Según la letrada, dichos contenidos de ficción crean falsas expectativas sobre lo que los miembros de un jurado pueden hacer, o no, con las pruebas durante un juicio.

Además, gran parte de las tramas de estas series están inspiradas en casos reales o similares a los que inundan en la actualidad los miles de juzgados estadounidenses, por lo que, en cierta forma, las personas que ejercen de jurado podrían dejarse influenciar fácilmente por lo que ven en televisión, con independencia que forme parte de la más absurda ficción.

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Sevilla: Anuncian una ofensiva por la Ciudad de la Justicia en otoño

El Colegio de Abogados de Sevilla y la representación del Consejo General del Poder Judicial en Andalucía Occidental reclamarán «seriamente» a las administraciones implicadas a partir de septiembre, con el nuevo curso político, la necesidad de agilizar el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia.

Así lo anunciaron el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, y el representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, Antonio Reinoso, tras recibir el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, a una comisión de distintas instituciones que le planteó que se rotule una calle con el nombre del notario Ángel Olavarría.

Preguntado por ese proyecto de la Junta, para lo que aún no se ha resuelto la cesión de los terrenos de Los Gordales -junto al campo de la Feria- por parte del Estado, Gallardo afirmó que a partir de septiembre hablarán «muy seriamente de la Ciudad de la Justicia y de la situación de la justicia con todas las administraciones implicadas».

Para ello, también reclamarán «el apoyo, el auxilio y la complicidad activa del Ayuntamiento, y seguro que lo vamos a conseguir», precisó el decano. Gallardo reiteró que es necesario agilizar este proyecto, pues «hay que hacer muchas cosas en materia de justicia» en la ciudad.

Por su parte, como representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, Antonio Reinoso subrayó que las administraciones deberían «hacer todo lo posible por acelerar» ese proyecto de la Ciudad de la Justicia, tanto el Gobierno central como la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla, pues «es un problema muy importante y los juzgados y tribunales no pueden estar dispersos en distintas sedes».

Así, defendió que «tiene que buscarse una ubicación única y definitiva, al menos para la práctica totalidad» de los juzgados y sedes judiciales sevillanas, «con alguna excepción como las salas del TSJA, que quedasen en un edificio más emblemático de la ciudad». «Pero el resto tiene que estar todo en una dependencia que haga factible y accesible a todos los ciudadanos la Justicia, de una manera cómoda y sin los gravísimos problemas que ahora representa», recalcó Reinoso.



Fuente: ABC.es

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Castellón: Las órdenes de protección aumentan un 16%

Los juzgados de la provincia de Castellón que tramitan casos de violencia de género recibieron un total de 144 solicitudes de órdenes de protección durante el primer semestre de este año, lo que supone un incremento del 16% respecto al mismo período de 2006, cuando se cursaron 124 peticiones.

Del total de las solicitudes, 131- esto es el 90%-, fueron concedidas- en el primer semestre de 2006 el porcentaje fue del 91%-, mientras que el 9% restante, denegadas, cifra muy similar a la registrada el ejercicio anterior, que se situó en el 8%.

Pese a que la orden es un instrumento para proteger a la víctima de su presunto agresor, la realidad ha demostrado que, en ocasiones no ha evitado la agresión, que, incluso ha acabado con la vida de la mujer. Al menos así ocurrió el pasado mes de marzo cuando una joven rumana, residente en Burriana, murió asesinada, supuestamente, acuchillada por su ex pareja, de la que tenía una orden de alejamiento.

La solicitud de una orden de protección, y una vez que es concedida por un juez, deriva en la adopción de medidas cautelares, que pueden ser penales y civiles. La estadística comparativa de los dos primeros semestres revela que este año han descendido las medidas de carácter penal al pasar de un 62,28% al 58,78%, mientras que en las mixtas se produjo la tendencia contraria, esto es, han pasado del 37,7% al 41,22%.

Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, en la que se reflejan los datos provisionales de los Tribunales Superiores de Justicia, durante el primer trimestre de este año , los juzgados de las tres provincias de la Comunitad dictaron 1.001 órdenes de protección, para víctimas en su mayoría-630-, mujeres españolas mayores de edad, mientras que en otros 360 casos eran extranjera, aunque también hubo menores-ocho en el caso de las jóvenes nacionales y, 3 las extranjeras-.

En lo referente a los denunciados, la proporción es bastante similar dado que 610 fueron hombres españoles y 380, extranjeros. En relación con las medidas impuestas, la misma estadística señala que los órganos judiciales adoptaron un total de 2.211 medidas penales, de las que 971 fueron órdenes de alejamiento mientras que otras 822 fueron prohibición de comunicarse y, ya a una distancia lejana, prohibición de volver al lugar del delito.

En cuanto a las medidas civiles que dictaron los jueces, se acordaron 501 en los juzgados de las tres provincias y las más numerosas hacían referencia a la prestación de alimentos, según la misma estadística elaborada por el órgano de gobierno de los jueces.

Fuente: levante-emv.com

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Nigeria: 18 personas serán juzgadas por homosexualidad

Un juez de la Sharia del estado nororiental nigeriano de Bauchi, Malam Tanimu, ordenó la prisión preventiva de 18 sospechosos nigerianos de homosexualidad. Los hombres serán condenados a muerte por lapidación si los tribunales de la Sharia les declaran culpables.

Los hombres proceden, según se informa, de un estado vecino. Vestidos como mujeres, llegaron a Bauchi para celebrar una boda gay. El fiscal del estado, Tadius Boboi, declaró que los hombres actuaron contra la Sharia, un código legal de inspiración islámica vigente en Bauchi y otros estados musulmanes del norte de Nigeria.

Desde la introducción de la Sharia en Nigeria hace siete años, una docena de personas han sido sentenciadas a muerte por lapidación por cometer adulterio o sodomía. No obstante, nadie ha sido ejecutado. Pero a dos ladrones en el estado noroccidental de Zamfara, el estado de origen de la Sharia nigeriana, se les amputó las manos.

Un ciudadano nigeriano fue condenado por un tribunal de la Sharia en Kano a seis meses de prisión después de ser declarado culpable de imitar el modo de vida de las mujeres durante años. Una mujer acusada de intentar organizar una boda lesbiana huyó del país.


Fuente: Afrol News

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lunes, agosto 13, 2007

Cantabria se prepara para recibir las transferencias de Justicia

El Gobierno de Cantabria se está preparando para asumir del Estado, a partir del 1 de enero de 2008, las transferencias en materia de Justicia, las últimas de gran calado que quedan dentro del techo competencial de la comunidad autónoma.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio el traspaso de competencias en los términos acordados entre las dos administraciones. El proceso incluye 668 puestos de trabajo y 18 inmuebles, con un coste total de 26,4 millones de euros, a los que hay que añadir otros cinco millones en inversiones que se entregarán en los próximos cuatro años.

Según informó el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, desde la firma del acuerdo con el Ministerio de Justicia, el Gobierno cántabro está acelerando las actividades de preparación para la asunción de las competencias.

Así, miembros del Ejecutivo regional y de la Gerencia Territorial del ministerio «están manteniendo sucesivas reuniones con el fin de ultimar los procedimientos administrativos necesarios para asumir las competencias con normalidad y eficacia, sin que se produzca ninguna anomalía».

Entre otras cuestiones, la Consejería de Presidencia y Justicia trabaja actualmente en adecuar todos los trámites de gestión del personal y preparar en detalle las reformas a acometer, familiarizándose con conceptos y gestiones de otra Administración, explicó el consejero.

«Se trata de temas de gestión y funcionamiento, pero de gran interés para el Gobierno de Cantabria, ya que en ello radica en gran medida que cuando se asuman las transferencias no exista ninguna disfunción», apuntó Mediavilla. Para lograrlo, a partir de septiembre el Gobierno de Cantabria procederá a efectuar de forma simulada el pago de las nóminas a los más de 600 nuevos empleados públicos, de forma paralela al ministerio, con el objetivo de que en enero se convierta en un trámite rutinario.

Además, se está diseñando la gestión de las bolsas de empleo de los empleados públicos de la Administración de Justicia, así como la articulación de una normativa que dé cobertura tanto al funcionamiento y gestión del personal, como a las dietas y pagos que se efectúan en este organismo. También se proyecta un plan de formación destinado a los funcionarios.

Dentro de los proyectos de modernización, se trabaja en lo que será la «futura arquitectura informática de Justicia», con renovados ordenadores, servidores más potentes y adecuados a las necesidades actuales. Todo ello, se está realizando en coordinación con el personal de informática de la Administración de Justicia.

El Gobierno de Cantabria está muy interesado en desarrollar la aplicación Lexnet, que acaba de regular el Ministerio de Justicia. Se trata de la implantación efectiva de la administración electrónica en el seno de la Justicia, al crear el registro telemático de escritos y notificaciones entre órganos jurisdiccionales y entre el resto de operadores jurídicos a través de firma electrónica.

El Ejecutivo cántabro está ultimando el diseño de las distintas sedes judiciales a ejecutar próximamente. Entre los primeros proyectos que se acometerán está la construcción de una nueva sede judicial en el Partido Judicial de Torrelavega, concretamente, en la finca de El Carmen, que concentrará todos los órganos jurisdiccionales existentes en la ciudad.

La Consejería de Presidencia y Justicia ya ha decidido, por su idoneidad funcional y beneficios para la zona, destinar el antiguo edificio de Tabacalera en la calle Alta como sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la Audiencia Provincial y la Fiscalía, una apuesta del Gobierno autonómico en el proceso negociador de las transferencias. La Administración cántabra prevé con este proyecto liberar un total de 10.000 metros cuadrados para espacios verdes y aparcamiento público.





Fuente: eldiariomontanes.es

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domingo, agosto 12, 2007

Italia: Esposa de terrorista desafía al tribunal con su "burka"

Una tunecina de 37 años será juzgada en Cremona, norte de Italia, por llevar en lugares públicos el 'niqab', el velo islámico, prenda similar al burka taliban, que sólo deja ver los ojos. A la musulmana le será aplicada la ley 152 sobre seguridad, que prohíbe el uso de ropa que impida el reconocimiento en lugares públicos.

En su defensa la imputada explicó que llevaba diez años en Italia y “siempre he llevado el 'burka' para acompañar a mis hijos al colegio, pero cuando la policía me pedía que les mostrase la cara para ser identificada siempre lo hice”. Monia Mzoughi fue denunciada por primera vez el 21 de septiembre de 2005 por acompañar a su hija a la guardería llevando el 'niqab'.

Sin embrago el procedimiento penal contra ella se abrió cuando Mzoughi se presentó desafíante también con el rostro tapado a una audiencia del tribunal de Cremona que juzgaba a su marido, Mourad Trabelsi, ex imán de la ciudad, quien fue condenado a 10 años de cárcel por terrorismo internacional.

Para la ministra italiana de Igualdad de Oportunidades, Barbara Pollastrini, “una seguridad garantizada a todos alarga la libertad de una comunidad, y hay normas que ya existen y tienen que ser respetadas sin relativismos ni diferencias”.

En España existía una normativa similar, cuyos antecedentes se remontaban al Motín de Esquilache, sobre el uso de ropajes que impidiesen la identificación de las personas en lugares públicos, que fue derogada tras el franquismo con el pretexto de que había servido para “prohibir” los carnavales. Sin embargo desde noviembre de 2006 en España se permite hacerse la foto del NIE (documento de identificación de extranjeros) y DNI sin quitarse el velo tradicional musulmán. Incluso colectivos de inmigrantes han realizado quejas contra las oficias de extranjería y del DNI porque obligan a hacerse las fotos entre dos y tres veces, hasta que finalmente les tramitan su DNI, debido a que se tapan el rostro más de lo permitido.



Fuente: Minuto Digital

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sábado, agosto 11, 2007

Oviedo: Se piden explicaciones por el retraso del Instituto de Medicina Legal

El senador por Asturias del Grupo parlamentario Popular y concejal, Jaime Reinares, ha pedido explicaciones al presidente del Senado sobre si el Gobierno de la nación ha entregado ya al Principado el proyecto de construcción del Instituto de Medicina Legal (IMLA).

El 12 de junio de 2003, señaló ayer el edil, «el Ayuntamiento cedió al Ministerio de Justicia una parcela de 1.121 metros cuadrados en La Corredoria para la construcción del Instituto de Medicina Legal».

Pasado un año, «en octubre de 2004, a una pregunta sobre la situación de este equipamiento realizada al Gobierno, me responden que las obras se licitarán en 2005». Sin embargo, añade el edil, «la licitación queda retrasada para el segundo semestre de 2006». Pasa el tiempo, y las competencias en materia de justicia se traspasan al Principado sin que haya ningún tipo de movimiento. En mayo, subraya el senador, «comparece el secretario de Estado y dice que el dinero y el terreno han sido trasferidos al Principado y que existe ya una redacción del proyecto del Instituto de Medicina Legal que se ha entregado al Principado».

Reinares señala ahora que «nada sabemos del proyecto», y cree que «tanto el Gobierno de Zapatero como el de Areces están en connivencia para no hacer esta obra»; y se pregunta: «¿Dónde están los 5 millones de euros que el Gobierno de Aznar presupuestó para el Instituto de Medicina Legal?».

Por su parte, la consejera de Justicia, María José Ramos, aseguró esta misma semana que el Ministerio de Justicia aún no le había remitido proyecto alguno sobre el IMLA, y adelantó que el director general de Justicia, Manuel Cabaleiro, mantendrá el mes próximo una reunión en el Ministerio de Justicia donde abordará este asunto.

Las circunstancias del emplazamiento del IMLA en La Corredoria han variado a lo largo de estos años. En el momento en que el Ayuntamiento cedió la parcela estaba en un gran solar casi desierto, según explicaron fuentes del IMLA. Hoy, cuatro años más tarde, el futuro edificio estaría rodeado de viviendas. Lo cierto es que el proyecto está aún en el aire y, a pesar del convencimiento del Principado de que debería ser redactado por el Ministerio, este extremo tampoco está definido.

Justicia ya envió el año pasado al IMLA un avance sobre lo que podría ser el futuro edificio en Asturias. Se trataría de un inmueble de dos plantas más sótano, con un servicio de patología forense o clínica médico-forense.



Fuente: LNE.es

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