Los funcionarios de los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid mantienen desde ayer una huelga indefinida para exigir mejoras laborales y retributivas. La huelga provocó la suspensión de juicios en los juzgados de plaza de Castilla. Además, unos 3.000 funcionarios cortaron durante tres horas la Gran Vía, provocando atascos en las inmediaciones.
El comité de huelga, integrado por las fuerzas sindicales mayoritarias, anunció que mantendrá el paro indefinido hasta que el vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad, Alfredo Prada, se siente a negociar el convenio, que afecta a unos 5.000 funcionarios de los juzgados y tribunales de la región. Por la mañana, hubo piquetes informativos a la entrada de las principales sedes judiciales.
Las centrales sindicales reivindican un aumento salarial -hasta alcanzar los 700 euros en el complemento específico- , la reducción de la tasa de temporalidad entre los trabajadores a un 6% y la ampliación de plantillas en los juzgados de lo Penal, de lo Civil y en la fiscalía. También demandan un aumento de las prestaciones sociales, eliminar la precariedad laboral y solucionar la sobrecarga de trabajo que afecta a casi todas las jurisdicciones.
La de ayer no es la única jornada de protesta. Los funcionarios hicieron huelga los pasados días 7 y 14 de noviembre. Pero desde ayer los paros serán indefinidos. "Lo hacemos así porque la Comunidad no muestra ninguna voluntad para paliar las graves carencias de los tribunales madrileños", dijo un miembro del comité de huelga.
Más de un 80% de los trabajadores secundaron las movilizaciones de ayer. Las movilizaciones continuaron hoy a partir de las 12:00 horas con una nueva concentración frente a la sede de la Consejería de Justicia.
Fuente: elpais.com
Avilés. El Ministerio de Justicia ultima la creación de nuevas plazas judiciales en la ciudad. La decisión, al parecer, se encuentra muy avanzada y se adoptará antes del proceso de transferencias de las competencias en materia de Justicia al Principado.
La inseguridad ciudadana aparece en las encuestas del CIS entre el quinto y el sexto problema más importante para los españoles. Pero lo cierto es que una amplia proporción de ciudadanos sufre en primera persona las consecuencias de la actividad delictiva, aunque la mitad no lo denuncia en comisaría, ocultando el alcance social de la delincuencia. Así lo revela una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios, según la cual cuatro de cada diez españoles asegura haber sido víctima de un delito en los últimos cinco años. Destacan las tasas de incidencia en ciudades como Barcelona o Málaga, donde casi un tercio de los encuestados afirman haber sufrido al menos un delito sólo en el pasado año 2006. 
