JUSTICIA CIEGA

domingo, diciembre 30, 2007

Ronda de inauguraciones: País Vasco

El País Vasco cuenta con tres nuevos juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Uno de los nuevos órganos se ubicará en San Sebastián y los dos restantes en Bilbao y Vitoria. Los nuevos juzgados se suman a los ocho que ya existían en esta jurisdicción.

Según informó el departamento vasco de Justicia, la puesta en marcha de estos juzgados contribuirá a dar «un mejor servicio y una pronta respuesta a la ciudadanía», ya que en ellos se dilucidan las reclamaciones de las personas frente a las decisiones de las administraciones vascas.

El Departamento que preside Joseba Azkarraga solicitó al Ministerio de Justicia la creación en 2007 de tres nuevos juzgados de lo Contencioso-Administrativo ante el importante volumen de entrada de expedientes en los ya existentes.

Durante 2007 se presentaron 2.888 asuntos en los cuatro juzgados de Bilbao, mientras que en los dos de San Sebastián se tramitaron 1.672 expedientes y en los otros dos de Vitoria, 1.938.

Cada juzgado cuenta con dos funcionarios del Cuerpo de Gestores, tres del Cuerpo de Tramitadores y uno del Cuerpo de Auxilio Judicial. Los trabajadores de los nuevos tres juzgados recibirán un curso organizado por el Departamento de Justicia sobre materias de procedimiento e informática.

La Consejería ha recordado que el pasado mes de octubre solicitó al Ministerio de Justicia la creación de ocho nuevos órganos judiciales para el País Vasco en 2008, de los que se aceptaron tres.

El Departamento de Justicia ha determinado las prioridades, que son un juzgado exclusivo de Violencia contra la Mujer en Baracaldo (Vizcaya), un segundo juzgado de Familia para Vitoria y un quinto juzgado de Primera Instancia e Instrucción para Irun.

La Consejería de Justicia considera «imprescindible» la modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial que permita que la decisión sobre la creación de nuevos juzgados resida en la comunidad autónoma «que es la que financia todo el coste material del juzgado y gran parte del coste de personal». «Resulta anacrónico y propio de una etapa preautonómica que la decisión final corresponda al Ministerio de Justicia que asume únicamente el salario de los jueces y magistrados».

Fuente: diariovasco.com

Ecuador: Tribunales indígenas

Manuel Aynaguno, funcionario de la Fiscalía de Tungurahua, asegura que la apertura de las nuevas unidades indígenas son un gran paso para la administración de justicia y advirtió: “La justicia indígena, debe asociarse con Juntas del Campesinado”.

El proyecto de las fiscalías indígenas pretende que los miembros de las comunidades accedan a las instituciones rectoras de la Ley reconocidas por la Constitución. De esta forma se quiere evitar, por ejemplo, los ajusticiamientos y otras formas violentas de Justicia.

Los indígenas practican castigos ancestrales. Por ejemplo, cuando un ladrón es capturado, los comuneros dejan al acusado en ropa interior y luego de ortigarlo lo bañan con agua fría en público. Esta práctica es además un rito de purificación.

Pero las costumbres no eximen a los imputados de sus culpas. Eso lo tienen claro las fiscalías de Cotopaxi y Tungurahua.

Rosa Álvarez, ministra fiscal de Tungurahua, concuerda en que el proceso que seguirán los agentes indígenas es el mismo que establece el Código Penal. Esto quiere decir que se realiza la investigación del supuesto delito con la Policía Judicial. Si en las investigaciones se determina que hay pruebas, se abre la instrucción. Después el caso va ante el juez de lo Penal y si este llama a juicio el acusado deberá presentarse ante un tribunal. “No habrá ni juzgados ni tribunales indígenas”.

Segundo Chaluis, fiscal indígena de Ambato, cree que en el futuro serán necesarios juzgados y tribunales indígenas.

Fuente: elcomercio.com

Ronda de inauguraciones: Segovia

Con las dependencias prácticamente vacías, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la ciudad abrió sus puertas en su sede del número 12 de Ezequiel González.

En la mañana del día anterior, los paquetes se repartían por las nueve habitaciones del emplazamiento, los ordenadores permanecían desconectados del sistema y sólo la sala de vistas dejaba ligera constancia de lo que, a partir del 2 de enero, tendrá que estar operativo como el juzgado número 5 de Segovia.

La nueva unidad judicial, de la que será titular el hasta ahora decano del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, Rafael Puente Moro, se encuentra ubicada en una superficie de 300 metros cuadrados. Aunque la entrada principal se sitúa en la calle Ezequiel González, existe un segundo acceso por la calle de los Barreros, frente a la entrada del aparcamiento cercano a la estación de autobuses. Esta segunda puerta está pensada especialmente para las personas con discapacidad, así como para la entrada de los detenidos que acudan a declarar.

La ubicación en esta zona de Segovia, según reconoció el presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Palomo, supone el principal «escollo» de las nuevas dependencias, puesto que los otros cuatro juzgados de instrucción, la Audiencia Provincial y la Fiscalía se encuentran agrupados en el edificio de San Agustín. No obstante, el nuevo inmueble dará respuesta a la falta de espacios, uno de los problemas más acuciantes de la Justicia en Segovia junto con el de la dispersión.

Fuente: nortecastilla.es

Fernández Bermejo quiere repetir

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró que, en caso de que el PSOE resulte ganador de las elecciones generales, repetirá en el cargo.

Durante una entrevista Bermejo adelantó que "si los ciudadanos deciden que el Partido Socialista vuelva a gobernar, yo continuaré de ministro de Justicia, salvo que el presidente del Gobierno cambie de opinión". El actual titular de Justicia comentó que cuando Zapatero le eligió para el cargo el pasado mes de febrero "el presidente tenía obviamente en el horizonte estos otros cuatro años que van a comenzar si las urnas lo permiten". "Yo también tenía ese horizonte y por tanto lo razonable es que así sea", añadió Bermejo.

Mariano Fernández Bermejo, que irá de cabeza de lista del PSOE por Murcia en las listas al Congreso, era fiscal de Sala del Tribunal Supremo hasta que el pasado 7 de febrero Zapatero lo eligió para dirigir el Ministerio de Justicia.

Fuente: Alerta Digital

Ronda de inauguraciones: Mérida

Frío, mucho frío. Es lo único que podía decirse al entrar en el nuevo juzgado de lo Contencioso número 2, que el dia 28 entró en funcionamiento en Mérida.

Fuera, un ruido infernal. Un equipo electrógeno producía a todo motor la energía eléctrica con la que se alimentan las luces y los ordenadores del nuevo juzgado. No da para mucho más. Los siete funcionarios, entre gestores, tramitadores y auxiliares judiciales, que se presentaron a las ocho de la mañana en su nuevo puesto de trabajo, no se quitaron en toda la mañana los abrigos. La calefacción no funcionaba, y lo peor es que no se sabe cuándo lo hará.

Después de tomar posesión de su cargo, la juez titular del nuevo Contencioso, Carmen Marced, recorrió con cierta preocupación los 500 metros cuadrados del local en el que se ha ubicado el nuevo organismo judicial. Faltaban aún muchas cosas necesarias para poder funcionar con normalidad, como el fax, los teléfonos (disponían de una o dos líneas provisionales), la calefacción...

Tampoco ha dado tiempo aún de colocar un cartel en la fachada que indique la presencia del juzgado, por lo que algunas personas tuvieron dificultades para encontrar las nuevas dependencias, situadas a las afueras de la ciudad y en una zona en la que no existe mucho espacio para aparcar, lo que ha despertado bastantes críticas.

El nuevo juzgado se ha instalado en un local alquilado, en el número 80 de la avenida Reina Sofía. Además de la reforma necesaria para adaptarlo a las necesidades de este órgano, que han sido financiadas por la propiedad del inmueble, el Ministerio de Justicia ha invertido otros 170.000 euros en mobiliario e instalaciones.

Debido a la amplitud del local, el Ministerio prevé trasladar a estas dependencias el Servicio de Notificaciones, el denominado SCAPE, que actualmente se encuentra situado en el número 16 de la calle Santa Lucía, en el mismo edificio en el que se ubica el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4.

A pesar de las evidentes carencias, que la Gerencia de Justicia prevé paliar lo antes posible, el nuevo Contencioso está oficialmente en marcha, y ya podía ingresar asuntos. La ventaja para los ciudadanos y profesionales del Derecho de la capital autonómica es que no tendrán que desplazarse hasta el juzgado para presentar documentos o demandas, sino que podrán hacer las gestiones en el registro del Decanato, situado en el edificio del antiguo Costurero, tal como apunta la jueza titular, de origen gaditano.

Carmen Marced llega a Mérida procedente de San Sebastián, donde también ocupaba una plaza como jueza de un juzgado Contencioso-Administrativo, por lo que conoce perfectamente la dinámica del trabajo al que se va a enfrentar en su nuevo destino, que ella misma solicitó.

A la espera de decidir cómo se repartirán después los asuntos entre los dos Contenciosos de Mérida, el nuevo juzgado recibirá en exclusiva todas las causas del partido judicial emeritense durante los próximos seis meses, concretamente hasta el próximo 28 de junio.

Fuente: hoy.es

Mataró: Retirada la custodia de dos niñas ante el riesgo de ablación

Un juzgado de Mataró ha retirado la custodia de dos niñas a una familia gambiana de Premià de Dalt (Barcelona) ante la sospecha de que los padres tenían la intención de llevarlas a Gambia para practicarles la ablación de clítoris.

El pasado viernes, el juez retiró la custodia de las menores, de 6 y 13 años, y las puso bajo el amparo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA), al apreciar que existía el riesgo de que se las llevaran a Gambia para practicarles la mutilación de los genitales.

Los servicios sociales del ayuntamiento de Premià de Dalt habían denunciado esta sospecha ante el juez tras conocer que en la escuela de una de las niñas corría este rumor y que los padres, Anna y Mohamed, no acudiesen a la entrevista a la que les habían citado para aclarar su veracidad.

La DGAIA ha confirmado que se ha "limitado a cumplir con la orden del juez" y que las niñas permanecerán bajo su custodia "hasta que el juez decida".

Fuente: Alerta Digital

sábado, diciembre 29, 2007

Alcalá: El colapso de todos los días en el Registro Civil

Recoger una partida de nacimiento, registrar a un recién nacido, solicitar una fe de vida o pedir cita para celebrar una matrimonio no religioso se está convirtiendo en una pesadilla en Alcalá. Desde hace unos días, las colas son el pan de cada día en el Registro Civil, que parece no dar abasto ante la creciente demanda de los ciudadanos que se ven obligados a madrugar jornada tras jornada para finalizar trámites administrativos básicos.

José S. Pérez llegó ayer al registro a las 7,10 horas. Aún aguantando el frío helador que no superaba el grado durante más de dos horas, se quedó sin poder pedir cita para solicitar información sobre la nacionalidad de su esposa. Y es que por delante de él ya había esperando más de una veintena de personas algunas de las cuales, arropadas con mantas, hacían cola desde las cuatro de la madrugada para conseguir uno de los ansiados, y únicos, veinte números que se dan a diario en el Registro.

“No entiendo como un país como España, llamado del primer mundo, no dispone de los medios electrónicos necesarios para que los ciudadanos puedan solicitar su cita y presentarse en las dependencias cuando se cumpla la fecha y no haciendo cola, soportando las inclemencias del tiempo y pidiéndole a Dios que cuando llegue el turno no se hayan agotado los números”, comenta indignado José que hoy volverá a intentarlo aunque ya ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial.

Lo cierto es que el registro sí que está informatizado. De hecho, la pasada primavera finalizó el proceso de digitalización de todo el archivo, desde 1950. Sin embargo, este avance auspiciado por el Ministerio de Justicia parece no haber impedido las colas y los madrugones ante el edificio de la calle Colegios.

A la alta demanda de los inmigrantes que quieren realizar trámites civiles se suma, además, la falta de personal suficiente. Otro de los motivos que explicarían que las navidades se hayan convertido para muchos ciudadanos en una peregrinación diaria hasta el Registro, a fin de conseguir el numerito es la huelga que mantuvieron los funcionarios de Justicia.

Precisamente, el incremento de las plantillas de los Registros civiles, mediante un plan de choque regional, fue uno de los principales puntos recogidos en el acuerdo que el consejero de Justicia de la CAM, Alfredo Prada, suscribió con los sindicatos.

Fuente: diariodealcala.es

Comienzan a funcionar 118 nuevas unidades judiciales

Desde ayer funcionan 118 nuevas unidades judiciales en toda España, que se suman a las 13 que ya lo han hecho este año, dentro de la programación que el Ministerio de Justicia elaboró para este ejercicio, y que comprendía la entrada en funcionamiento de 131 nuevos órganos.

Del reparto total, Andalucía aparece como una de las comunidades con mayor número de nuevas unidades judiciales (22), seguida de Madrid (21), Cataluña (20), Comunidad Valenciana (15), Canarias (11), Galicia (5), Castilla y León (4), Murcia (4), Castilla-La Mancha (3), País Vasco (3), Asturias (2), Baleares (2), Extremadura (2), La Rioja (2), Aragón (1) y Navarra (1).

El Ministerio de Justicia ha impulsado este año la constitución de estos nuevos órganos con la finalidad de que la planta judicial sea la idónea para atender las necesidades de la Administración de Justicia y garantizar así a los ciudadanos la efectividad de la protección judicial de sus derechos. Además, refleja la voluntad de dar una respuesta adecuada a la demanda social con una Administración de Justicia más ágil y eficaz.

Otro de los compromisos ha sido canalizar la respuesta a la demanda social de la violencia sobre la mujer. Con este objetivo, el Ministerio de Justicia ha creado, durante 2007, 43 juzgados de violencia doméstica, (dos de ellos, mediante la transformación para este fin de los de primera instancia e instrucción ya existentes en las localidades canarias de San Bartolomé de Tirajana y Arona). Estos 43 se unen a los 40 ya puestos en marcha en esta legislatura.

Además de estos, el Gobierno aprobó un quinto Real Decreto en el mes de julio que comprende un total de 90 unidades judiciales (23 plazas de magistrado en órganos colegiados -9 en Tribunales Superiores de Justicia y 14 en Audiencias Provinciales- y se crean y constituyen 67 juzgados). Estas 90 unidades judiciales se añaden, por tanto, a los 43 juzgados de violencia sobre la mujer para completar la programación del año 2007.

La previsión del Ministerio de Justicia para el próximo año es crear 150 nuevas unidades judiciales, continuando así el esfuerzo inversor de los tres años anteriores: 250 unidades judiciales en 2005; 93 en 2006 y 131 en 2007.

Fuente: Extremadura al dia

viernes, diciembre 28, 2007

¡Feliz Día de los Inocentes!

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jueves, diciembre 27, 2007

Los juzgados valencianos condenaron un menor cada tres horas en 2006

La Comunitat es la segunda región de España con mayor número de menores condenados durante el año pasado. Cada día de 2006, los juzgados valencianos condenaron a ocho personas que aún no habían cumplido los 18 años, un menor cada tres horas. Sólo Andalucía, con más de 5.000, supera la cantidad de condenas a menores.

En todo el país, durante 2006, se dictaron sentencia contra 22.353 menores, de los cuales 2.904, el 13% del total, fueron juzgados en tribunales valencianos, una cifra sorprendentemente superior a la que se alcanzó en Cataluña (2.864) y Madrid (2.504). El robo fue la causa más común de las infracciones cometidas. El 43% de los casos sentenciados corresponden a este tipo de delito, según las estadísticas judiciales de 2006 publicadas por el Intituto Nacional de Estadística (INE).

Los menores de la Comunitat, en lo que se refiere a robo y hurto de uso de vehículos, casi lideran la tabla de sentencias en España. En Andalucía se condenaron a 314 chavales mientras que en los juzgados valencianos se logró una sentencia acusatoria para 259 menores, el 16% del total del país (1.552).

De los menores condenados por los tribunales, una abrumadora mayoría (el 88%) son chicos y 167 de ellos sólo tenían 14 años cuando cometieron el delito por el que fueron condenados en 2006. Las provincias de Valencia y Alicante son, respectivamente, la tercera y la quinta con más menores condenados en 2006.

Este tipo de estadísticas elaboradas por el INE no tienen visos de mejorar en los próximos años. Al menos si se tiene en cuenta el gran número de detenciones practicadas en la Comunitat y del intensivo trabajo que se acomete en los centros de reeducación de menores.

Fuente: lasprovincias.es

Argentina: Los judiciales no acatan la conciliación y van al paro

Entre Ríos, Argentina. Los trabajadores judiciales de la provincia ratificaron la resolución adoptada en el plenario que se desarrolló el viernes en Concordia y hoy cumplirán un paro de 24 horas en los tribunales.

Así, desoyen la disposición de la Dirección Provincial de Trabajo, que ese mismo día dictó la conciliación obligatoria en un conflicto que ya lleva más de dos meses, y 21 días de huelga. Los 21 días de inactividad que hubo entre septiembre y diciembre contaron con un nivel de adhesión del 90 %.

Pero además, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) inició una batalla en la Justicia: el lunes interpuso una acción de amparo contra lo dispuesto por Trabajo, ante el Juzgado Correccional Nº 1, con el agregado de una medida cautelar por la que se procura que la conciliación quede sin efecto. En el escrito, los judiciales piden que se declare la nulidad “por vicios” en la resolución .

El recalentamiento del conflicto sucede el mismo día en que está previsto, además, que el ministro de Gobierno, Adán Bahl, junto a su par de Economía, Diego Valiero, reciba a la comisión directiva de AJER para evaluar una posible salida al reclamo planteado por los judiciales en procura de hallar un mecanismo de actualización salarial que permita recuperar terreno frente a la inflación.

En AJER no comparten el criterio actual de ceñirse al índice que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que dio un 10 % de costo de vida para todo 2007. Suponen que es mayor, y que llega casi al 30 % ese guarismo, y por eso plantean una actualización salarial que contenga ese índice inflacionario.

Fuente: El Diario

La reforma de la Justicia, promesa incumplida del PSOE

La legislatura parlamentaria ha concluido y se han quedado sin aprobar importantes proyectos de ley referidos a la reforma de la Justicia, que fueron anunciados en su momento a bombo y platillo y generaron polémica. Es el apartado más incumplido del programa electoral del PSOE de 2004.

Entre las reformas que han decaído, a pesar de que estaban ya en trámite en el Congreso, están la del recurso de casación, la descentralización del Tribunal Supremo a favor de los Tribunales Superiores de Justicia, la creación de Consejos del Poder Judicial autonómicos, la llamada justicia de proximidad y la universalización de la doble instancia penal. Todas esas iniciativas estaban en el programa, se impulsaron en Justicia por Juan Fernando López Aguilar y encallaron con Fernández Bermejo. La razón oficial del incumplimiento es la imposibilidad de cerrar acuerdos.

El capítulo de Justicia del programa del PSOE se abría con esta promesa: "Nos comprometemos a que antes de finalizar la legislatura cualquier ciudadano o ciudadana obtenga una sentencia firme, dentro de la jurisdicción ordinaria, en un plazo no superior a dos años". No se ha cumplido.

El principal agujero está en las reformas legislativas, con algunas excepciones. Por ejemplo, se ha cambiado el Estatuto Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero apenas se ha tocado la Administración de Justicia y el Poder Judicial.

El programa de 2004 hablaba expresamente de modificar el sistema de designación de abogados de oficio, de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, de Justicia de proximidad, de cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, de hacer recaer la instrucción en el fiscal, de descentralizar el Consejo del Poder Judicial y de derivar a los tribunales superiores de Justicia los recursos del Supremo. Ninguna de esas reformas se ha cerrado al final de la legislatura y algunas ni se abordaron.

Fuente: publico.es

martes, diciembre 25, 2007

FELIZ NAVIDAD

viernes, diciembre 21, 2007

Cantabria: La letra pequeña del acuerdo de transferencias

La diputada regional del PP Isabel Urrutia acusó al consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, de haberse "callado" la "letra pequeña" que tiene el acuerdo de traspaso de las competencias de Justicia a Cantabria que, según dijo, "condiciona" los cinco millones de euros adicionales para infraestructuras a la existencia de crédito presupuestario. Por su parte, Mediavilla ha lanzado "un mensaje de absoluta tranquilidad y seguridad" frente a las aseveraciones de Urrutia, así como que lamenta el "absoluto desconocimiento" de la diputada.

Isabel Urrutia aseguró que el apartado cuarto del acuerdo explicita que esa aportación "quedará supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente" en los presupuestos de 2008 del Ministerio de Justicia, "algo que el consejero firmó y calló".

Según dijo, esa financiación "depende" por tanto de "cómo se levante esa mañana el ministro de turno". "Si se levanta con el pie izquierdo, Cantabria se queda sin esos cinco millones de euros", concluyó.

El consejero de Presidencia y Justicia, ha garantizado que Cantabria recibirá del Ministerio de Justicia una inversión adicional de 5 millones de euros, destinada a construir las nuevas sedes judiciales. Mediavilla lanzó un mensaje de "absoluta tranquilidad y seguridad a todos los cántabros", en respuesta a las declaraciones de la diputada del PP, quien, en su intervención en el Pleno del Parlamento para defender las enmiendas "populares" a los presupuestos de la Consejería para 2008, cuestionó el cumplimiento de esta medida, reflejada en el acuerdo de transferencias de Justicia, debido a una cláusula específica que supedita estos fondos a la existencia de crédito en los presupuestos.

El consejero de Justicia lamentó el "absoluto desconocimiento" de la diputada del PP en materia de gestión y funcionamiento entre administraciones, dado que "siempre es necesario incluir este estilo de cláusulas cuando se comprometen inversiones". "Su nula experiencia de gestión le hace cometer graves errores y crear incertidummbres totalmente infundadas", dijo.

Mediavilla afirmó que el PP es "incapaz" de aportar iniciativas positivas que mejoren el servicio en la Administración de Justicia, lo que demuestra "una vez más el nulo interés y su posición contraria a asumir las competencias". Al respecto, se refirió al rechazo a la construcción de la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia en el antiguo edificio de Tabacalera, "en contra de lo opinado por los colectivos implicados", remarcó.

Por último, el consejero de Justicia recordó a Urrutia que el traspaso negociado por Cantabria es "el mejor" de los realizados hasta la fecha en las comunidades autónomas de régimen común. "Y hay datos que así lo demuestran, porque el coste de la transferencia que va a recibir Cantabria supone una ratio de 49,84 euros por ciudadano. Esa ratio en madrid es de 33,66 euros. En Valencia no supera los 25,74 euros por habitante y en Andalucía apenas llega a 21,57 euros", añadió.

Fuente: Alerta

Ecuador: La indefensión de los funcionarios de Justicia

La reciente captura de un menor colombiano, de 15 años de edad, cuando intentó asesinar a un testigo protegido, en plena Sala de audiencias del Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha; y la verificación de que este joven tenía una lista de personas a quienes debía privar de la vida, demuestra que los jueces y funcionarios que laboran en la Justicia, están en peligro de muerte.

Al inicio del mes, bajo la responsabilidad del juez Décimo Quinto de lo Penal de Pichincha, Dr. Freddy San Martín, se juzgaba a un individuo acusado de narcotráfico. Para rendir testimonio, estaba el señor Carlos Gómez Junco. De pronto, en la Sala de sesiones del Juzgado a cargo de la jueza Dra. Angelita Sarmiento, un individuo cayó con estertores, como si sufriese ataque epiléptico. Parece que ése fue el momento para que, en la confusión, el menor dispare y mate al testigo; y, a lo mejor, al juez San Martín (que estaba en lista), a la jueza Dra. Sarmiento y al oficial de Policía encargado de la custodia del preso. Los dos jueces habían resuelto casos en que los acusados de narcotráfico salieron mal parados. Sin embargo, hubo dos heridos por arma de fuego.

Hace algunos años, asesinaron al Presidente de la Corte Superior de Quito Dr. Iván Martínez Vela, según se supo entonces por haber resuelto un caso de narcotráfico de manera adversa a los acusados. Más reciente aún es el asesinato de la funcionaria de la Corte Superior de Quito, Lcda. Blanca Cando. Muchos sospechan, aunque no se dice públicamente, que la elegida para el asesinato era una Ministra que había resuelto en contra de narcotraficantes, pero el sicario se equivocó de persona y disparó a la Lcda. Cando.

No es lejano tampoco, el asesinato del ministro de la Corte Contencioso Administrativa Dr. Ernesto Muñoz Borrero. En esa Corte no despachan asuntos penales, pero sí sobre contratos con el Estado. Fue tal la saña de los asesinos, que lo golpearon hasta destrozar su cabeza.

En el área civil, el 2 de marzo del presente año fue asesinado, con disparo de arma de fuego, el juez de Machala, Dr. Tranquilino Aguilar Sánchez. Todo fue que negara un recurso de amparo, para que presenten contra él denuncia tras denuncia al Consejo de la Judicatura. Las fue despejando una a una; pero -al parecer- perdieron la paciencia y lo tirotearon, cuando en compañía de su señora esposa ingresaba a su domicilio.

Los hechos prueban la completa indefensión y la total falta de protección de los funcionarios de Justicia: auxiliares, jueces, fiscales, testigos, no solo del primer nivel, sino también de los tribunales penales y de las cortes. Hoy cuando se ha creado el Ministerio de Justicia, el primer deber consistirá en asegurar protección a todos ellos, so pena de que sigan cayendo ante las balas de los asesinos. Igual obligación es del Consejo de la Judicatura.

Es hora de que el Consejo atenúe su concepción respecto a magistrados y jueces, contra quienes hay lluvia de quejas, las más sin fundamento y que piden que los sancionen. Esa actitud provoca desaliento en los judiciales; y en ese ambiente, incluso con peligro de muerte por sicarios o resentidos, la Justicia no puede trabajar.

Fuente: elcomercio.com

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