Alemania: Al menos dos muertos en un tiroteo en la audiencia provincial de Landshut

Dos personas han resultado muertas y varias mas heridas por disparos en distintas salas de la audiencia provincial de Landshut, en la región de Baviera, al sur de Alemania. Al parecer, los hechos se produjeron durante un proceso por una herencia. Uno de los fallecidos podría ser el propio autor de los disparos.


Leonard Mayer, portavoz de la policía de Landshut, señaló en declaraciones a la cadena alemana de noticias NTV que uno de los dos fallecidos podría ser el propio autor de los disparos, que se habría suicidado. Según informaciones de la prensa local, los hechos se produjeron durante un proceso por una herencia, cuando un hombre, sentado entre el público, se levantó y se puso a disparar.

Según el Frankfurter Allgemeine Zeitung, los disparos se han producido sobre las 10:15 horas en distintas salas de la audiencia provincial. Posteriormente, el juzgado fue completamente evacuado.

Fuente: Libertad Digital

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Baleares: Aumentan en 3 millones el coste de la transferencia de Justicia

El Govern ha retomado los contactos con el Ministerio de Justicia para abordar el traspaso de competencias a la comunidad constatando un incremento de tres millones en el coste efectivo de la cesión, que sitúa aproximadamente su cálculo en 54 millones de euros, si bien este aspecto y el del anexo de infraestructuras permanecen abiertos en la negociación.


No obstante, el Ejecutivo mantiene que la cuestión principal para el buen rumbo de la cesión es lo referente a la dotación de infraestructuras judiciales, aunque en este sentido el Ejecutivo baraja a su vez "alguna propuesta" aún no concretada que puede ser satisfactoria para la comunidad para "desbloquear la situación".

Así lo ha expuesto el conseller de Presidencia, Albert Moragues, tras reunirse con el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sede del Ministerio. Un encuentro al que además acudió el presidente del Govern, quien según el propio Moragues, ha trasladado "con contundencia" la voluntad de la comunidad de asumir las competencias.

"Con los costos efectivos que el Ministerio está dispuesto a dar nosotros entendemos que no podemos atender todos los déficit de los edificios judiciales. Hemos hecho avances pero hoy por hoy este es el gran problema. Pero el Ministerio tiene algunas ideas que cuando se puedan desbloquear la situación", ha expuesto Moragues.

También ha recalcado su insatisfacción por algunas cifras del costo efectivo aunque ha remarcado que este punto "nunca ha sido el problema" -dado que puede seguir incrementándose ligeramente-, sino que el eje principal para cerrar la cesión es la solución de los déficits de infraestructuras.

"Yo tengo esperanza que el nuevo equipo del Ministerio nos presente rápidamente una nueva propuesta satisfactoria", ha expuesto el conseller de Presidencia quien indicó que en la reunión no se ha abordado la ubicación de los nuevos juzgados de Ibiza, una de las cuestiones que han dificultado el proceso, dado que la cita ha sido un "primer acto de presentación" con el nuevo equipo ministerial.

VOLUNTAD DEL GOBIERNO DE MEJORAR EL TRASPASO

En este encuentro se ha hecho entrega al Ministerio de un documento del Govern donde se expone la visión del Govern sobre el coste efectivo y el déficit de infraestructura a tenor de las "dificultades que se aprecian en los órganos judiciales del archipiélago, asegurando además que en próximas semanas se mantendrá otra reunión del plenario de la comisión técnica del proceso de transferencia.

El conseller ha remarcado a los medios de comunicación que la labor "subterránea" realizada por los representantes técnicos de ambas administraciones "están dando sus frutos" y ha constatado la voluntad del Ministerio de "mejorar las cifras" que para el Govern no eran "correctas".

También ha remarcado que fruto de esa voluntad, la directora general de Justicia del Govern mantendrá una reunión con representantes del Ministerio sobre la cesión y ha señalado que se mantiene con la administración central un "nivel conceptual de acuerdo".

No obstante, Moragues se ha mostrado ilusionado con el impulso a la justicia que quiere hacer el titular del Ministerio, Francisco Caamaño, con los 600 millones de euros de inversión, que puede impulsar en el caso de Baleares el proceso de transferencia. "600 millones dan para mucho y nosotros salimos contentos con sus ideas que se concretarán.

Fuente: mallorcadiario.com

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El CGPJ garantiza que todos los juzgados estarán conectados en 18 meses

El Consejo General del Poder Judicial garantizó que todos los órganos judiciales del país estarán conectados entre sí en los próximos 18 meses gracias a las nuevas tecnologías. La implantación será progresiva en las distintas autonomías y afectará, en un primer paso, a trámites básicos que se hacen entre juzgados por un determinado asunto procesal.


País Vasco, Navarra y Canarias serán las primeras comunidades en abandonar el uso del papel y hablar entre sí en tiempo real: ocurrirá antes del 1 de junio. Ya en verano se unirán Cataluña y Andalucía, y el resto lo harán de forma paulatina hasta cerrarse el círculo a finales del 2010.

La idea es que un juzgado de Pontevedra pueda emitir por vía telemática un exhorto sobre un aviso de pleito a un ciudadano que vive en Almería. Se evitaría así el farragoso trámite actual (fax, papel) que puede demorar el procedimiento unos días, unas semanas o hasta un mes. Una circunstancia que en ocasiones pone en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

La conexión informática no será sólo entre los distintos órganos judiciales autonómicos y estatales, sino también con otras Administraciones o entidades públicas, caso de la Fiscalía, Policía, Agencia Tributaria o Seguridad Social.

Pese a carecer de iniciativa legislativa y capacidad presupuestaria, el órgano de gobierno de los jueces confía plenamente en el Ministerio de Justicia para su puesta en marcha. Y aluden de forma concreta al paquete económico que el ministro Francisco Caamaño presentó en el Congreso: 600 millones de euros destinados a la modernización de la administración procesal.

Expediente digital

De forma paralela a la interconexión de los juzgados se implantarán sistemas informáticos más precisos que permitan el uso de canales electrónicos como la firma digital, el SMS o los instrumentos de la web para las salas de vistas. El objetivo es garantizar a los ciudadanos el derecho a realizar actos procesales por medios digitales, como por ejemplo se hace ahora en los bancos.

Sin ir más lejos, en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares todas las competencias ya se pueden realizar a través de una aplicación informática. Se trata de un programa piloto que ha costado 300.000 euros.

Desde el Poder Judicial se celebra «como agua de mayo» el dinero que el Ministerio de Justicia ha puesto sobre la mesa para informatizar la administración procesal. Para este fin tendrá lugar una reunión de la Comisión Mixta (Ministerio-Consejo) después de Semana Santa y, de forma paralela, el gobierno de los jueces contactará con las comunidades para que contribuyan económicamente al impulso modernizador.

Fuente: larioja.com

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¿Fue legal el juicio a Jesús de Nazaret?

¿Fue legal el juicio a Jesús? ¿Qué hubiese ocurrido de no haber sido condenado y ejecutado? Estas son algunas de las preguntas que contesta el libro 'Proceso a un inocente' (Editorial Líberman) escrito por José Raúl Calderón, titular del Juzgado de lo Penal número dos de Jaén.


Calderón aborda el proceso jurídico de Jesús de Nazaret exclusivamente desde un punto de vista histórico y judicial, algo que ya llamó la atención cuando salió la primera edición en 1999 y que ahora se ha visto ampliada con nuevos datos de interés fruto de la investigación del autor.

El "3 de abril del año 33" moría en Jerusalén, un "galileo" llamado hijo del carpintero, "porque molestaba, porque incordiaba, porque ponía en entredicho la Ley de Moisés, y la fuente de ingresos del poder político-religioso", según asegura el mismo Calderón.

Estos datos se analizan en el libro y se enriquecen bajo el prisma de la situación histórica, social y religiosa de la ciudad de Jerusalén 'ocupada' por el poder romano con las consecuencias judiciales que eso conllevaba y que afectaron al prendimiento, proceso jurídico y ajusticiamiento de 'un inocente'.

Después de 1976 años, "es un personaje que interesa" y sigue siendo el centro de "una religión que se mantiene inamovible" a pesar de los avatares transcurridos en más de veinte siglos.

Raúl Calderón, un "enamorado de la cultura y de las tradiciones andaluzas entre las que destacan la Semana Santa", comenzó su investigación del proceso jurídico de Jesús cuando se encontraba ejerciendo en Córdoba, y en círculos cofrades le animaron a escribir un artículo para una revista.

Primero fue un artículo, un ensayo basado en las irregularidades procesales, que se convirtió en conferencia, y finalmente en un libro que ha ido ampliando datos con nuevas investigaciones y tras la aparición de otras publicaciones que hablan del tema y que en opinión de Calderón cometen errores en algunos aspectos.

Uno de los datos que destaca es que Jesús murió en la cruz, en contra de lo dicho en algunos foros sobre que fue lavado y curado durante toda la noche por sus discípulos, "el que diga eso es que desconoce el ritual funerario judío y el proceso romano".

La hora de la muerte

"A Jesús lo crucificaron a las doce, muere a las tres de la tarde y hasta las seis es el tiempo que tienen para resolver los trámites burocráticos ante la autoridad romana y llevarlo al sepulcro que se encontraba a unos veinte minutos del lugar de la crucifixión".

Allí "llegarían a las siete menos cuarto, justo para dejar el cuerpo" e irse a sus casas porque a "las siete y cuarto comenzaba el sabbath judío" que todo el mundo respetaba especialmente un miembro del sanedrín como José de Arimatea, que se encargó del cuerpo.

Además hay que tener en cuenta que el romano es "un especialista en la crucifixión" y Jesús fue condenado a pena de muerte, por lo que "sería impensable que un romano permitiese que un ajusticiado bajase vivo de la cruz".

Otro error es, según Calderón, creer que la flagelación fue parte de la condena, cuando en realidad se trató de una tortura, un castigo adicional con la finalidad de contentar al Sanedrín e intentar sonsacarle la verdad al acusado.

Irregularidades en el interrogatorio, en el juicio judío, en el juicio romano, e incluso en la sentencia condenatoria dictada, que "si se hubiesen apreciado, el proceso hubiera sido considerado nulo y llevado a la absolución de Jesús" ¿qué hubiese ocurrido entonces?, según Calderón "no habría tardado en ser detenido otra vez y procesado" porque era "un personaje que molestaba".

Fuente: EcoDiario

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Coín: Los juzgados llevan 3 años en una fábrica de muebles

A las once de la mañana, los dos juzgados de Coín están en plena ebullición. No se cabe y la gente se agolpa en la modesta y frágil entrada de las oficinas judiciales situadas en el semisótano de una fábrica de muebles. En escasos metros se concentran y esperan pacientemente en un mismo pasillo las personas citadas a juicio, las que aguardan un reconocimiento del médico forense y las que acuden con su bebé a inscribir su nacimiento o a pedir cualquier certificado en el registro civil. Por en medio pasan los detenidos esposados que, ante la falta de espacio físico, tienen que aguardar la declaración ante el juez en el cuarto de las fotocopias, custodiados por la Guardia Civil. No hay sitio para más.


Los funcionarios, jueces y secretarios, además, cruzan los dedos para que, encima, no se vaya la luz, algo que sucede bastante a menudo.

En julio de 2006, el edificio que albergaba los juzgados de Coín, el antiguo Hospital de la Caridad, se vio afectado por una plaga de termitas por lo que fueron trasladados provisionalmente, y en teoría sólo por un año, al actual local hasta que se construyera una nueva sede judicial. Ya han pasado casi tres y las oficinas judiciales continúan donde estaban, funcionando en absoluta precariedad.

Son dos juzgados de carácter mixto, es decir, lo mismo tramitan casos de robos que demandas por impagos de préstamos, divorcios, entre otros, y el registro civil, que expide certificados. Y no se cabe.

Lo más llamativo es que los detenidos tienen que aguardar en el pequeño cuarto sin ventana donde se encuentra la fotocopiadora y los libros de registro más antiguos. «Tenemos que entrar y salir para hacer las fotocopias con ellos aquí dentro. A veces, han llegado a estar hasta siete arrestados y la Guardia Civil», asegura Eire Landa, portavoz de los funcionarios.

La luz natural es escasa por estar en el semisótano de la fábrica de muebles, situada en el piso superior. Enfrente hay un taller de coches. «Por aquí siempre hay olores, unas veces a barniz y otras a gasolina; además tenemos cardenales en las piernas de tropezar con las mesas de lo juntas que están», añade la trabajadora.

Cortes de luz y teléfono

Hay humedades y el suministro eléctrico y el teléfono sufren frecuentes cortes. «Dos veces he tenido que llamar desde un móvil, que tiene llamadas restringidas, al 112, porque el teléfono fijo no funcionaba, explicando que era la juez de Coín, que estaba de guardia, y que me urgía hablar con la Audiencia Provincial y con un abogado», explica Lidia Bermúdez, jueza decana.

Bermúdez agrega que le preocupa la cuestión de la seguridad: «Tenemos a dos guardias civiles y ya está. No ha pasado nada porque no ha tenido que pasar. No hay detector de metales y la puerta de acceso ni siquiera es de seguridad. No hay intimidad, los detenidos pasan por el mismo sitio que todas las demás personas. Esto es justicia de segunda».

«Es indigno». Así de contundente se expresa Vanesa Fuentes, secretaria judicial. «Muchas veces tengo que salir de la sala de vistas y pedir a la gente que baje la voz porque estamos grabando el juicio y sólo se oyen las voces de afuera», agrega. La funcionaria judicial afirma que el de Coín es «el único partido judicial de Málaga que no ha empezado a digitalizar sus archivos por falta de espacio para hacerlo y tampoco tenemos el registro de escritos que establece la ley».

Fuente: sur.es

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Sevilla: En diciembre culmina la mudanza de juzgados de lo Social y Penal a la Buhaira

A la espera de que Sevilla tenga la Ciudad de la Justicia en Los Gordales, la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, inauguró un edificio puente en la avenida de la Buhaira 26. El inmueble, de siete plantas sobre y 9.317 metros cuadrados sobre rasante, ha sido alquilado por cuatro años a la inmobiliaria Osuna, a razón de 2,1 millones de euros anuales.


Ya se han mudado al edificio puente los juzgados Mercantil 1 y 2. Entre septiembre y octubre realizarán la mudanza los 11 juzgados de lo Social, y entre octubre y diciembre se procederá al traslado de los 14 juzgados de lo Penal. Cuando esté a pleno rendimiento, más de 300 funcionarios, jueces y secretarios trabajarán en el inmueble.

A la inauguración del edificio puente de justicia acudieron el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo; el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón; el decano de los jueces sevillanos, Federico Jiménez Ballester; el presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Damián Álvarez; la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra; el coordinador de médicos forenses de Andalucía,Julio Guija; el decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo; el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, así como representantes sindicales y de los colegios profesionales de procuradores y graduados sociales.

Evangelina Naranjo, expresó su deseo de que la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Sevilla se ponga en esta legislatura. En este sentido, señaló que Urbanismo está facilitando los trámites para la probación del Plan Parcial de los Gordales y que en 22 meses se podrá conocer el proyecto.

En cuanto a las críticas por las plantillas deficitarias, recordó que la Junta ha pedido una modificación de la Ley para tener las competencias sobre personal de Justicia, lo que -a su juicio- agilizaría la reorganización de puestos de trabajo, reduciría la interinidad del personal y permitiría a la Junta convocar oposiciones, ya que el Gobierno central no ha convocado ninguna desde 2006, lo que obliga a recurrir al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir puestos de trabajo.

En la actualidad, los juzgados de Sevilla están repartidos en tres zonas: Prado, Viapol y Buhaira. Cuando en diciembre culmine la mudanza de los Juzgados de lo Social y Penal al edificio Noga, el reparto de juzgados quedará de la siguiente manera:

Complejo Buhaira. Cuenta con tres sedes en los número 26 (edificio Noga, inaugurado ayer), 29 y 31 de la Avenida de la Buhaira. En el número 26 irán los dos juzgados de lo Mercantil, 11 de juzgados de lo Social, 14 de lo Penal 13 salas de vistas y servicios comunes penales.

En el número 29 de la Avenida de la Buhaira se quedarán los tres juzgados de Menores, pero los seis Juzgados de Primera Instancia se mudan al Prado. Además, se creará en el lugar un servicio de apoyo.

Del número 31 de la Avenida de la Buhaira saldrán los 4 juzgados de Violencia sobre la Mujer con destino al edificio del Prado de San Sebastián. En el edificio estarán dependencias de la Fiscalía, sindicatos y otras entidades e instituciones que ahora se encuentran repartidos por las distintas sedes judiciales de la ciudad.

Prado de San Sebastián. Allí se reubicarán los 20 juzgados de Instrucción, los cuatro de Violencia contra la mujer, el de Vigilancia Penitencia, el Juzgado de Guardia y los servicios de la clínica forense. Está última se modernizará y pasará del sótano a la primera planta. Los espacios libres que dejen en el Prado los juzgados de lo Penal y Primera Instancia permitirán disponer de más capacidad para los archivos y zonas libres para futuros órganos.

Viapol. Los Juzgados de Primera Instancia estarán todos juntos en la sede de Viapol, donde también se ubicarán los 12 de lo Contencioso-Administrativo.

Fuente: ABC.es

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Nicaragua: Los sindicatos se arreglan con la Corte Suprema

Después de cinco días de protesta por pago de almuerzo y nivelación salarial, los trabajadores de los sindicatos “Justo Rufino Garay”, “Primero de Mayo” y “Plaza España” se plantaron frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, donde después de unos minutos fueron recibidos por su presidente, magistrado Manuel Martínez Sevilla.


En la reunión, el magistrado Martínez aseguró a los trabajadores y dirigentes sindicales del Poder Judicial, que se pagará viático de almuerzo a los trabajadores que laboren hasta las cuatro de la tarde en Managua, y el resto de Juzgados del país laborarán de 8 de la mañana a 1 de la tarde.

El magistrado presidente también dijo que se pagarán viáticos de cena y transporte a los trabajadores que en los tribunales de justicia tengan que desempeñarse hasta en horas de la noche.

También agregó que a finales de abril sostendrá una reunión con los dirigentes sindicales para conocer la disponibilidad presupuestaria que permita hacer una nivelación salarial.

Respecto del incremento del doce por ciento, que por decreto presidencial se les iba a reajustar a trabajadores del Estado que ganan menos de 20 mil córdobas, el magistrado reiteró que únicamente correspondía a los empleados del Poder Ejecutivo, por lo que no se aplicó a trabajadores del Poder Judicial.

“Quedamos satisfechos porque ya hay una proyección de parte de la Secretaria General Administrativa de la Corte y del Magistrado Presidente, para ver en la última semana de abril con Corte Plena la nivelación salarial de áreas pendientes y secretarios de actuaciones”, aseguró Fernando Rocha, del sindicato Plaza España.

Entre las áreas pendientes de nivelación salarial están la Oficina de Atención al Público, Presentación de Potestado, Archivo Selesido, Grabación y Mensajería Interna.

Fuente: El Nuevo Diario

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Barcelona: El fiscal pide prisión para el juez decano y su mujer por una pelea conyugal

El fiscal acusa al juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, y a su mujer de lesiones que se causaron el uno al otro en una disputa en el ámbito doméstico y pide nueve meses y un día de prisión para el magistrado y siete meses y quince días para su esposa.



El juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, ha declarado este viernes como imputado ante un juzgado de violencia doméstica tras haber sido denunciado por su esposa, quien puso en conocimiento de los Mossos d'Esquadra que el supuesto maltrato ocurrió el jueves por la noche en su domicilio común, en el transcurso de una pelea matrimonial, y solicitó una orden de alejamiento.

Sin embargo, el juez decano de Barcelona, a su vez, ha denunciado a su esposa, notaria de profesión, por lo que la juez de guardia de violencia tiene sobre la mesa dos denuncias cruzadas de ambos cónyuges, que contrajeron matrimonio hace unos meses.

El juicio de este caso se verá en septiembre, aunque se ha tramitado por la vía de urgencia y el fiscal ya ha presentado su escrito de calificación, según fuentes de fiscalía.

Las citadas fuentes han puntualizado que, aunque está implicado el juez decano de Barcelona, no ha habido ningún trato de favor.

La fiscalía pide cautelarmente una orden de protección para ambos y la prohibición de acercarse al otro, así como que se les prohíba la tenencia de armas durante dos años.

El escrito de acusación señala que las lesiones que se causaron los dos cónyuges no son graves, pero en ambos casos hay "erosiones y contusiones".

José Manuel Regadera es juez decano de Barcelona por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (PM) desde que ganó las elecciones hace poco más de un año.


Fuente: El Imparcial

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Bermejo abandona su piso de ministro el mismo día que salta la noticia de que aún lo ocupa

El ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ya se ha mudado del ático en el que residió durante su cargo al frente de dicha cartera. Eso sí, se ha tomado su tiempo. El ahora diputado “raso” ha tardado exactamente 38 días en abandonar el lujoso ático que ocupaba en la madrileña plaza de España, y que reformó por más de 250.000 euros.

Por norma, cuando un ministro dimite debe dejar la vivienda oficial al día siguiente, pero en este caso no fue posible, ya que, según explicó el propio Bermejo, “resulta muy difícil encontrar piso de alquiler en Madrid”.

Este jueves el diario La Nación informaba, citando al semanario Época, que el ministro de Justicia seguía viviendo en el ático que se le asignó durante su permanencia en el Gobierno. Ahora, el socialista ha confirmado que se mudó ayer mismo (el mismo día en el que saltó la información de que aún ocupaba el ático asignado durante su mandato como ministro).

De hecho, este ático creó una gran polémica después de que con la crisis económica en ciernes, Bermejo reformase la vivienda y se gastase en ella más de 250.000 euros. Esta vivienda fue utilizada anteriormente por la ministra Trujillo.

Fuente: Libertad Digital

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El CGPJ quiere desviar a los jueces de paz un millón de causas leves

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propone sacar de los juzgados en torno a un millón de asuntos penales para aliviar los endémicos atascos. Esta iniciativa, que requiere modificaciones legales, pasa por potenciar la mediación y elevar la competencia de los jueces de paz, que asumirían el enjuiciamiento de las infracciones leves (insultos, pequeñas agresiones, daños...). De esa forma, se descargaría a los juzgados de instrucción de un 11% de los asuntos que les llegan.


Los juzgados y tribunales españoles registraron en 2008 casi nueve millones de asuntos, explicó el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, durante la presentación de la hoja de ruta con la que el Consejo pretende acometer una profunda reestructuración y modernización de la justicia. El objetivo, aliviar los retrasos. "Porque el actual modelo", subrayó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, "es caótico, está agotado y es obsoleto".

La medida de descargar a los juzgados de instrucción de las faltas no es baladí. Cada uno de los 50 que hay en Madrid (que investigan los delitos) celebran cada semana en torno a 15 juicios de faltas, con sus respectivas sentencias. Son asuntos de escasa envergadura, pero que generan una gran tensión entre los implicados. Los jueces de paz son abogados que eligen las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia a propuesta de los ayuntamientos. "Se trata de que sólo quede en la administración de justicia aquello que sea necesario que lo resuelva un juez", añadió De Rosa.

Pero esta medida no sólo afectaría a las faltas, también cabría extenderla a asuntos civiles (conflictos no penales entre ciudadanos) de escasa envergadura, que se sacarían de los juzgados potenciando los mecanismos de arbitraje y mediación. El vocal Manuel Almenar expuso varios ejemplos del coste y esfuerzo público que supone activar la maquinaria judicial para asuntos nimios. Por ejemplo, judicializar una disputa entre un automovilista y el dueño de un autolavado por la rotura de un espejo retrovisor que cuesta 100 euros, supone al erario público, si media recurso, hasta 4.500 euros.

Ésta sólo es una de medidas con que el Consejo pretende renovar la justicia española y asumir el liderazgo de las reivindicaciones que el 18 de febrero derivaron en la primera huelga de jueces de España. La hoja de ruta se compone de ocho medidas que requieren la reforma de 13 leyes procesales. La intención es efectuar una nueva planta judicial; es decir, analizar la carga real de trabajo de los juzgados y aglutinar el mayor número de recursos humanos y materiales allí donde sean necesarios.

Otro eje de esa hoja de ruta es la nueva Oficina Judicial, que deja al juez para que juzgue y ejecute sentencias y delega en el secretario, como jefe de la oficina judicial, el impulso procesal. La propuesta también incluye la aplicación de las nuevas tecnologías (con la mirada puesta en la sustitución del papel por la informática), la Carta de Derechos de los usuarios, promover la mejora de la actividad de los órganos judiciales, modernizar el Estatuto de los Jueces y adecuar el marco de participación de las Comunidades Autónomas.

¿Hay dinero para modernizar la justicia? Los vocales asistentes -además de los citados estuvieron presentes Antonio Dorado, Miguel Collado y Carles Cruz Moratones- coinciden en que el Consejo no tiene capacidad presupuestaria, si bien se mostraron "esperanzados" con las promesas del nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ha comprometido una inversión de 600 millones y la creación de 900 plazas nuevas de jueces en cuatro años. También confían en los compromisos presupuestarios de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia.

Fuente: elpais.com

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Vigo: ...Y al cuarto día funcionó

Cuatro días después los funcionarios de los juzgados civiles de Vigo pudieron volver a trabajar con sus ordenadores. El cambio de sistema informático había impedido la actividad normal en estas trece salas de la ciudad, lo que provocó un parón en los trámites judiciales. Unas 300 demandas aguardaban ayer, además del resto del papeleo. El cambio de sistema tardó más de lo previsto ya que los técnicos hubieron de transferir más de cinco millones de archivos.


Vuelta a una relativa normalidad. Los juzgados civiles de Vigo, que estuvieron casi tres días prácticamente paralizados por las complicaciones que surgieron en la instalación del nuevo sistema informático “Minerva”, fueron recuperando ayer poco a poco el ritmo habitual de trabajo tras solventarse el percance. La jornada para el personal de estas salas no fue sin embargo como cualquier otra, no sólo porque tuvieron que empezar a sacar adelante todo el trabajo atrasado, sino también porque era el primer día que se enfrentaban al nuevo programa, por lo que las lógicas dudas ante el ordenador fueron la tónica.

La Xunta explicó ayer que la demora en la instalación del “Minerva” se debió fundamentalmente a dos factores: el “gran volumen” de archivos, documentos y registros de todo tipo que hubo que trasvasar del antiguo al actual sistema y un apagón de los servidores del que dependen todos los juzgados vigueses que complicó aún más la operación.

El sistema “Minerva”, un cambio informático que tiene como objetivo modernizar la Justicia, se está implantando de forma escalonada en toda Galicia. La operación más importante, por volumen de datos a trasvasar, fue la llevada a cabo con los trece juzgados de Primera Instancia de Vigo. “Había más de cinco millones de registros implicados en el proceso de migración; con tantos datos el proceso se ralentizó”, explica el subdirector general de Medios y Nuevas Tecnologías de la Administración de Justicia de la Xunta, José Miguel Formoso, quien defendió que se trató de escoger el “mejor momento” para evitar trastornos al personal de las salas. Asimismo, señaló que los funcionarios tenían en su Intranet todos los modelos de “Libra” y “Minerva” para realizar los actos procesales mientras no se ponía en marcha el sistema y que el martes, aunque no se podía acceder a los procedimientos antiguos, sí podían utilizar ya el actual programa para los nuevos.

El “Minerva” ya funciona en Primera Instancia, Social o Contencioso-Administrativo. La implantación en Instrucción se hará en el puente de mayo y, de forma previa, funcionarios, secretarios y jueces recibirán cursillos. También en mayo se realizará el cambio en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos y probablemente en Penal. Formoso destacó, entre las novedades del nuevo programa, la instauración de un sistema de alertas –avisa con antelación de que concluye el plazo de un procedimiento– y la digitalización de expedientes.

“Es el primer día y tenemos muchas dudas”

“Estamos un poco pez”, confesaba una funcionaria al preguntarle sobre la primera jornada de trabajo con el “Minerva”. Los juzgados de Primera Instancia, entre ellos los de Familia, estrenaron ayer el sistema informático entre dudas, preguntas y algún que otro funcionario agobiado. “Es normal, tenemos que adaptarnos”, afirmaban.

Las consultas entre los trabajadores fueron la tónica habitual de la jornada. “Quiero darle al número de sentencia y no me responde como antes”, se escuchaba decir a una funcionaria a sus compañeros. Todos han recibido cursillos, pero pasar de la teoría a la práctica siempre cuesta: “Para nosotros es el primer día, pero no es de prueba; hay que atender a la gente con el sistema nuevo, sacar adelante el trabajo...”

Además de adaptarse a esta novedad, también deben sacar adelante el trabajo que no se pudo hacer durante los últimos días. El “parón” de casi tres días afectó a unas 800 actuaciones de todo tipo: de éstas, unas 300 eran demandas.

Fuente: farodevigo.es

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Bermejo sigue "okupando" el ático oficial que reformó a su antojo

Cuando al dimitir Bermejo dijo aquello de "nadie debe estar amarrado a un puesto, si no es para servir", es obvio que se refería sólo a las obligaciones del cargo ministerial y no a sus ventajas, comenzando por el piso oficial del que no se ha movido un mes y medio después de haber dimitido como ministro.


Lunes 30 de marzo. 13.30 horas. Mariano Fernández Bermejo llega en coche oficial a la entrada del edificio en el que se encuentra el ático que se le asignó para vivir mientras fuera ministro de Justicia. Le acompañan sus dos escoltas. El hoy diputado raso por Murcia sonríe y entra, según informa el semanario Época.

Este ático saltó a la primera línea de la actualidad en febrero de 2008. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se instaló en este piso oficial en el que su Ministerio gastó aproximadamente 250.000 euros para reformarlo.

El Ministerio de Justicia confirmó la mudanza por razones de seguridad y, el gabinete del entonces ministro explicó que el gasto se ha debido a la necesidad de acondicionar la vivienda, ya que el piso se encontraba en “condiciones de habitabilidad muy deficientes”.

La vivienda a la que se ha trasladado Fernández Bermejo es un ático de Administraciones Públicas, que hasta julio de 2007 fue ocupado por la entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.

Justicia pagó una cantidad cercana a los 200.000 euros para acondicionar el piso que va a ocupar el ministro, además de unos 20.000 euros en reformar la terraza y mas de 24.000 en distinto mobiliario.

Fuente: Periodista Digital

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Motril: Rojas llevará a pleno y al parlamento la petición de otro juzgado penal

El alcalde de Motril se ha comprometido a llevar, primero, a pleno y, después, al Parlamento, la necesidad de implantar el Juzgado de lo Penal nº 2. Carlos Rojas, ha mantenido una intensa reunión con los representantes de los sindicatos de Justicia más importantes a nivel provincial, autonómico y nacional, CCOO, UGT, USO, CSIF y STAJ para tratar este asunto.


En este sentido, los comisionados del sector expusieron a Rojas sus preocupaciones ante la catalogada como «alarmante» situación que padece el Partido Judicial de Motril, basada en una «clara falta de medios materiales y humanos para atender a toda la comarca».

A este respecto, el máximo responsable de la institución municipal mostró su firme compromiso para continuar reivindicando la creación del Juzgado de lo Penal nº 2, así como la dotación de los recursos suficientes para hacer frente al gran volumen de trabajo que soporta el juzgado motrileño, «sometiendo a los profesionales a unas condiciones de trabajo que ya venían siendo preocupantes desde hace bastante tiempo y que ahora se han visto agravadas al triplicarse el número de casos que deben atender».

Tres veces más

Y es que la ratio de creación de juzgados de lo Penal recomienda que exista uno por cada tres de Instrucción, mientras que Motril atiende causas de siete juzgados, es decir, que el Juzgado de lo Penal de Motril lleva tres veces más Juzgados que el resto de la media nacional, según explicó Rojas en un comunicado.

«Según los propios profesionales del sector, el Juzgado de lo Penal de Motril sufre falta de espacio físico, medios materiales, personal, etc., una preocupante realidad a la que la Administración competente está haciendo caso omiso» destacó el alcalde que, quiso subrayar el gran paso para la comarca que ha supuesto el Centro de Mediación y Arbitraje de Conciliación.

Fuente: ideal.es

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Sevilla: Inversión de 424.400 euros para agilizar los juicios mercantiles

La Junta de Andalucía destinará hasta final de año más de 424.400 euros a los dos juzgados mercantiles para ampliar personal y medios materiales con el fin de agilizar los procesos judiciales que afectan a las empresas y trabajadores sevillanos. El nuevo Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla recibirá 291.431 euros para dotación de personal y medios materiales, mientras que al número 1 le corresponden 132.970 euros para la ampliación de la plantilla y mejora de los medios materiales.


La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, ha informado al Consejo de Gobierno sobre estas inversiones dirigidas a mejorar el funcionamiento de estos juzgados.

El Juzgado de lo Mercantil número 2, que entró en funcionamiento el 1 de abril, estará ubicado en la sede judicial habilitada en la Avenida de la Buhaira y contará con una plantilla estable integrada por ocho funcionarios (cuatro del cuerpo de Tramitación, tres del de Gestión y uno del de Auxilio Judicial).

Por su parte, el Juzgado número 1 amplía su plantilla con la incorporación de tres funcionarios (dos del cuerpo de Tramitación y uno del de Gestión), también desde el 1 de abril. La creación del nuevo juzgado sevillano y la ampliación del ya existente se incluyen en el conjunto de medidas aprobadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial en respuesta a la petición de la Junta de Andalucía de reforzar todos los órganos de la jurisdicción mercantil en la comunidad autónoma.

Fuente: diariodesevilla.es

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Canarias: Los sindicatos de Justicia advierten que la parálisis de la administración repercute en el servicio

Santa Cruz de Tenerife. El presidente de la Junta de Personal, en representación de los sindicatos CO.BAS, UGT, CSI-CSIF, IC, CCOO y STAJ, advirtió de la "parálisis" de la Administración, lo que incide en una prestación deficiente del servicio. Los sindicatos calcularon que cada año se precisa cubrir como mínimo 60 nuevas plazas de funcionarios.


El presidente, en rueda de prensa junto con otros miembros de este órgano, igualmente afirmó que la Consejería de Presidencia del Gobierno canario no ha cumplido los acuerdos suscritos con los sindicatos el pasado 18 de diciembre con los que se pretendían, dijo, una mejora de este servicio público.

Recordó que este acuerdo suponía la apertura de los registros civiles por la tarde, un plan de actividades y refuerzos para los juzgados de violencia de género y penal y la negociación de los complementos de productividad.

El representante de los sindicatos indicó que la consecuencia directa de este incumplimiento es que se sigue prestando un servicio deficiente al tiempo que subrayó la sensación de parálisis que hay en la Consejería.

Afirmó que en una última reunión con la Administración el pasado 26 de marzo, los sindicatos se levantaron de la mesa de negociación ya que los representantes de la Consejería no tenían intención de negociar sino de informar sobre los planes de actuación y refuerzo.

Además indicó que la propuesta se basaba en quitar refuerzos de un lado para ponerlos en otro, hecho que no solucionaría el actual problema de carga de trabajo que, según dijo, tienen los trabajadores de la administración de justicia, especialmente en época de crisis económica.

Indicó que de acuerdo con los cálculos realizados en esta mesa de negociación se precisarían para cada provincia 35 refuerzos a los que habría que sumar la renovación de los más de 40 que ya están, y recordó que más de 30 juzgados han reclamado refuerzos. De acuerdo con las previsiones se necesitarían anualmente 60 nuevos funcionarios y recordó que en los tres últimos años no se han convocado estas plazas por lo que se han perdido en este período 180 plazas.

El también miembro de la Junta de Personal Mario Sicilia indicó que este número de funcionarios que se precisa sería mayor si se atendiera la demanda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de crear 35 unidades judiciales.

El presidente de la Junta de Personal criticó también la paralización en la puesta en marcha de la oficina judicial y afirmó que se ha implantado un plan de piloto de esta oficina en Arona que junto con San Bartolomé de Tirajana son los partidos judiciales con más carga de trabajo.

Pérez Sosa criticó que la administración quiere que en época de crisis, cuando más carga de trabajo hay, los trabajadores realicen esta sobrecarga de forma gratuita y sin un plan de productividad que ya existe en otras comunidades autónomas.

Recordó que hasta el año 2011 los trabajadores de la Administración de Justicia no tendrán una subida salarial.

Mario Sicilia dijo que han reclamado a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia que fije un calendario de negociación efectiva, que aborde cuestiones como el calendario laboral de este año o las fechas para negociar la acción social correspondiente a esta anualidad.

Para los representantes sindicales, la convocatoria de movilizaciones como la huelga es lo último que les gustaría y subrayaron que la planificación es informar al resto de los trabajadores de la situación al mismo tiempo que expresar la voluntad de negociación.

Fuente: soitu.es

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