País Vasco: La Fiscalía advierte que la publicidad sobre la violencia de género puede generar "un efecto expansivo"

La Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, María Ángeles Montes, advirtió en el Parlamento autonómico de la posibilidad de que la publicidad sobre los casos de violencia contra la mujer a través de los medios de comunicación pueda generar "un efecto expansivo" sobre este tipo de delitos.


Montes compareció ante la Comisión de Interior y Justicia de la Cámara vasca para presentar la Memoria de 2008 de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que se indica que las secciones de Violencia de género de los juzgados registraron 3.787 diligencias previas o procedimientos abreviados, de las que 2.140 corresponden a Vizcaya, 870 a Guipúzcoa y 777 a Álava.

En el apartado sobre 'Violencia de género y doméstica' del documento se incluye una reflexión muy parecida a la realizada por Montes ante el Parlamento acerca de los posibles efectos de la proliferación de noticias sobre este tipo de violencia.

En concreto, y en el primer párrafo de la página 74 de la memoria, se señala que "somos conscientes de que la solución (al problema de la violencia contra las mujeres) no es nada fácil, y desde luego, es muy posible que la publicidad que se da a tales hechos a través de los medios de comunicación social no ayude a paliar sus efectos ni mucho menos a erradicar el problema, pues es un hecho generalmente admitido el efecto expansivo que la publicidad de estas conductas puede acarrear".

En respuesta a una pregunta del PNV sobre el alcance de esta reflexión incluida en la memoria, Montes explicó que, "a veces, en nuestros círculos, cursos y reuniones, sí que parece que queremos ver o deducir de los medios de comunicación que, a veces, se produce ese efecto expansivo, ese efecto dominó". "Puede ser", añadió.

La Fiscal Superior puso como ejemplo las agresiones contra indigentes. "No hace muchos años hubo algún acto de violencia sobre mendigos, y no sé por qué, quizá por esto, que se dio publicidad, se produjeron una serie de actos de esta naturaleza, de homicidios, de asesinatos de mendigos, en diferentes puntos de la geografía nacional". De todas formas, precisó que "es bueno que se dé publicidad" para que "la sociedad sepa lo que está pasando".

Montes, que afirmó que no es su intención realizar un análisis sociológico sobre este asunto, indicó que, "en violencia de género, a lo mejor también pasa lo mismo". "No soy socióloga. Yo detecto las cifras", manifestó.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

En el mismo apartado de la memoria, se recoge que la violencia de género es "una lacra social que, no sólo no disminuye a pesar de las medidas de todo tipo que se están tomando por parte de los poderes públicos, asociaciones privadas y sociedad, en general, sino que cada día aumenta de manera francamente alarmante".

Por otra parte, la responsable de la Fiscalía Superior del País Vasco anunció que espera que el sistema de 'expediente electrónico' pueda implantarse en los juzgados de lo Civil y lo Social de San Sebastián para el próximo mes de marzo.

Montes también destacó el incremento que se está produciendo en el número de delitos de pornografía infantil a través de las nuevas tecnologías, por lo que subrayó la importancia de la especialización de fiscales en esta y otras materias.

La falta de medios informáticos adecuados fue otra de las cuestiones que puso sobre la mesa en su intervención ante la Cámara. "El sistema informático que tenemos no se adecua suficientemente a los datos que nos piden desde la Fiscalía General", afirmó.

Fuente: La Ley

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El Gobierno... ¿recula? tras el globo sonda sobre el salario de los funcionarios

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, corrigió este jueves al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, sólo 24 horas después de que éste admitiera que estaba sobre la mesa estudiar un recorte en el gasto de personal de la administración un 4 por ciento, y dijo que el acuerdo salarial pactado con los sindicatos de la función pública se va a respetar "absolutamente y al cien por cien", por lo que no habrá congelación de sueldos.


Según explicó en rueda de prensa, la reducción a la que se refiere el capítulo de gasto de personal no afectará a las retribuciones de los empleados públicos y se centrará en recortar la Oferta Pública de Empleo. Al respecto, puso como ejemplo que, si no se cubriera ninguna plaza de los empleados públicos que se jubilen, el recorte de gasto alcanzaría el 7%. Por ello, destacó que con esa medida ya se conseguiría el objetivo del 4% y sin tocar los sueldos.

A pesar de estas precisiones, el Ministerio de Economía y Hacienda remitió a los medios un comunicado, de dos párrafos, en el que insistía en que los funcionarios no verán congelados sus sueldos. Sobre esta aclaración y las que ha tenido que dar el Gobierno sobre las pensiones anteriormente, Salgado dijo que quiere que los fallos de comunicación se puedan reducir a la anécdota y subrayó que el Ejecutivo ya está trabajando "en ello".

Antes de que Salgado aclarara el asunto en rueda de prensa, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, dijo en RNE que el Gobierno cumplirá sus acuerdos con los sindicatos, que fueron firmados en septiembre de 2009 y fijan una subida salarial del 0,3% para 2010. No obstante, precisó que "es posible" modificarlo, pero "siempre desde la perspectiva del acuerdo" con los mismos.

Sobre esta polémica, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, manifestó que "son tiempos de ajustes colectivos" y que en este contexto "va a haber que exigir esfuerzos a todos". Entretanto, los sindicatos han criticado y rechazado el anuncio de Ocaña.

Fuente: elimparcial.es

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Valencia: La Ciudad de la Justicia recicla más de 108 toneladas de papel

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, destacó que la Ciudad de la Justicia de Valencia recicló durante el pasado año 108.860 kilos de papel, que equivalen a 1.416 árboles de una edad mínima de 10 años, según informó la Generalitat.


De este modo, la consellera explicó que "el papel reciclado se ha reducido un 30 por ciento respecto a 2008 debido a la entrada en funcionamiento del sistema LexNET que permite la notificación electrónica a los procuradores, lo que se traduce en una disminución del número de impresiones que se realiza y, por tanto, del papel que se deshecha".

En este sentido, la titular de Justicia hizo hincapié en que la Generalitat "trabaja para impulsar el uso de la notificación electrónica entre los profesionales de la Justicia como un preámbulo de la extensión del expediente electrónico, lo que disminuiría considerablemente la acumulación de papel en los órganos judiciales".

La consellera señaló que "los proyectos de los nuevos edificios judiciales ya incluyen un área de reciclaje para facilitar el depósito y recogida del papel", y añadió que en todos los órganos judiciales "hay avisos y señales que invitan a los funcionarios al reciclaje".

Este tipo de medidas forman parte de la política de la Generalitat "encaminada a favorecer el desarrollo y cuidado del medio ambiente en las distintas áreas administrativas, pero con especial cuidado en conservar la confidencialidad de los documentos judiciales", apuntó Sánchez de León.

De este modo, los 100 juzgados que forman la Ciudad de la Justicia de Valencia, más la Audiencia Provincial y la Fiscalía, cuentan con un cubo de reciclaje en sus instalaciones que se recoge semanalmente y se lleva a la compactadora situada en el sótano del edificio.

El papel es destruido mediante proceso de molino triturador, con lo que se asegura la confidencialidad de la documentación retirada. Esta amalgama se lleva a la industria de reciclaje de papel, evitando que acabe en vertederos de basura. Sánchez de León subrayó que "ya no existen depósitos intermedios" entre la Ciudad de la Justicia y la industria de reciclaje, "lo que asegura la destrucción confidencial de la documentación retirada".

Fuente: diariocritivocv.com

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Mérida: Reclaman el traslado al nuevo Palacio de Justicia

Despacho del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida, sección Civil. Multitud de carpetas, archivadores y documentos por el suelo, encima de sillas o repartidos por mesas auxiliares. Faltan estanterías para guardar tanto papel. También están abarrotadas de procedimientos. Los funcionarios que trabajan en este departamento también se quejan de que la impresora está rota. Dicen que han llamado ya varias veces para que la arreglen, pero lleva así desde hace cinco meses.


Estas condiciones de trabajo son algunos de los motivos por los que trabajadores de esta sección aseguran que tienen ya ganas de irse al nuevo Palacio de Justicia, que se construye en la actualidad. «El espacio que tenemos ahora es muy pequeño. Ya no nos caben la mayoría de los procedimientos. Necesitamos mejores condiciones para trabajar», aseguran.

Otra de las razones por las que desean que se haga cuanto antes el traslado es por la futura creación de la Oficina Judicial. Con ella esperan «estar un poco más liberadas de funciones». Además, el volumen de trabajo ha aumentado. Tanto que, si en el año 2008 acabaron con 860 demandas, en el 2009 éstas ascendieron a 1.500. «Y siendo el mismo personal. Porque no nos quieren dar una ampliación de jornada ni traer a más funcionarios».

Muchos de los despachos de este juzgado se encuentran vacíos de personal. Esto es porque, durante estos días, los funcionarios están recibiendo los cursos de formación para poner en marcha la Oficina Judicial. Al menos, la mitad de la plantilla está ausente de su puesto de trabajo. «Por eso, nos tenemos que ir turnando para poder desempeñar nuestro trabajo», explican.

Otro tanto ocurre en los despachos de Fiscalía. Están situados justo al lado de los anteriores, en la calle Almendralejo. Nada más subir las escaleras por la que se accede a ellos se entra en los pasillos. Se ven varias cajas amontonadas en rincones. También hay pasillos en los que se han instalado estanterías, sillas y mesas y que se han habilitado como despachos improvisados. Hay puertas que dan paso a salas que tienen el pomo roto y baldosas destrozadas. Varios funcionarios desempeñan su trabajo en pocos metros cuadrados y las estanterías están hasta el techo de papeles.

«En Fiscalía el trámite es sencillo pero hay mucho volumen de trabajo. Esto es una pena. Las instalaciones están mal y estamos mucha gente en poco espacio», señala otra trabajadora. Tan sólo en ese edificio, entre jueces, fiscales y funcionarios, trabajan unas 40 personas.

Los funcionarios que están en este departamento también creen que, en verano, podrían trasladarse al nuevo Palacio de Justicia. « Por una parte, sí que tenemos ganas, aunque también nos va a dar algo de pena dejar este sitio donde llevamos tanto tiempo trabajando. Pero creemos que las instalaciones serán mucho más adecuadas».

Fecha estimada

El próximo verano. Es la fecha que se estima para el traslado de todos los juzgados de Mérida a las dependencias del nuevo Palacio de Justicia. Se construye en el proyecto de Mérida III Milenio, frente a la barriada de San Lázaro. «Las obras van bien. En estos momentos se está en la fase de dar los últimos retoques. Se espera que esté terminado, definitivamente, con mobiliario y todo, en verano. Pero, como siempre, las fechas son estimativas», explican desde la Delegación del Gobierno.

Fuente: hoy.es

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Hacienda estudia una rebaja salarial a los funcionarios

Poco ha tardado el secretario de Estado de Hacienda en dejar en evidencia a Elena Salgado. La ministra negó la semana pasada que bajar el sueldo a los funcionarios fuera una opción para reducir el déficit, pero faltaba a la verdad. Carlos Ocaña afirma que el acuerdo para la Función Pública, firmado el pasado 25 de septiembre y que contempla un incremento salarial del 0,3% en 2010, se tendrá que revisar.


El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, abrió este miércoles la puerta a la revisión del acuerdo salarial alcanzado con los funcionarios para garantizar la reducción en un 4% en 2013 del gasto del personal, que actualmente se estima en unos 120.000 millones, tal y como contempla el plan de austeridad.

"No es lo principal, pero sí está sobre la mesa el revisar esos pactos para hacerlos coherentes el objetivo marcado por el Gobierno", señaló Ocaña en una rueda de prensa sobre la Ejecución Presupuestaria del año 2009, donde aseguró que el instrumento principal será la reducción de la tasa de reposición.

Ocaña dijo que el acuerdo para la Función Pública, firmado el pasado 25 de septiembre y que contempla un incremento salarial del 0,3% en 2010, se tendrá que revisar en el marco adecuado, que es la negociación con los sindicatos.

El objetivo será asegurar que se cubre la reducción del 4% del coste que suponen los empleados públicos y que ha planteado el Gobierno en su plan de austeridad, puesto que lo acordado inicialmente con los sindicatos tiene ahora que adaptarse a lo planteado por el Gobierno para reducir el déficit.

Preguntado por las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral, Ocaña coincidió en la importancia de acometer una reforma "ambiciosa" que cambie las expectativas del mercado.

"Necesitamos un reforma que acabe con la sensación de que estamos condenados a tener este número de parados durante mucho tiempo. Estoy absolutamente de acuerdo" (con Fernández Ordóñez), señaló, tras destacar que ésta es una de las prioridades del Gobierno, junto a la reducción del déficit y el restablecimiento del sistema financiero.

Fuente: gaceta.es

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Vitoria: Los desahucios se duplican en cuatro años

El vecino del piso de arriba, el que nunca utiliza el ascensor o el que saluda cada mañana con una amable sonrisa. Cualquiera de ellos puede encontrarse a punto de tener que abandonar su vivienda por diversos motivos económicos, como haber dejado de abonar la cuota de alquiler o encontrarse ahogado por las deudas. Los ocho juzgados de Primera Instancia de la capital alavesa dictaron hasta 313 desahucios por faltas de pago a lo largo del pasado año.


Y hasta 5 inquilinos más se enfrentaron a un desalojo por precario, es decir, porque residían en un inmueble ajeno sin que su dueño real les cobrara nada a cambio. «Para lo que es Vitoria, son muchos», admite Blanca de la Peña, abogada especializada en la materia que trabaja para la Asociación de Propietarios Urbanos de la provincia.

La fría estadística no habla de historias personales ni de los problemas particulares de cada residente, pero advierte de un incremento paulatino de este tipo de situaciones extremas. Así, el número de desahucios se ha duplicado en los últimos cuatro ejercicios -en 2005 fueron 136- e incluso se ha cuadruplicado si se toma como referencia una fecha anterior, 2001, cuando se registraron tan sólo 67 en toda la ciudad. Eso sí, aún queda cierto espacio para la esperanza pues «desde septiembre hasta febrero ha habido un pequeño bajón», asegura la letrada mientras observa un aumento de las personas que eligen el alquiler porque la compra de una casa les resulta inalcanzable.

Además, la actitud del propietario también ha cambiado. «Muchos evitan ya meterse en el juzgado, tener que pagar abogados... y deciden llegar a acuerdos con el inquilino. Prefieren llevar la negociación hasta el final y hasta perdonar parte de las deudas», constata desde su despacho, donde algunos de estos casos de desalojo han dado sus primeros pasos.

Recuperar el piso

Así, pese a los quebraderos de cabeza que sufren muchos arrendadores, lo que prima es recuperar el piso. La tarea no siempre es sencilla. «El primer mes intentan hablarlo con el inquilino, el segundo ya se asustan y el tercero reclaman», resume De la Peña, quien recuerda que no existen plazos legales ni oficiales para resolver las deudas. El último escalón toma ya forma de demanda ante los tribunales, donde tardan en torno a «un mes» en fijar la cita para la vista oral y otro más para llevar a cabo el alzamiento judicial o, lo que es lo mismo, el desalojo. En total, «una media de dos meses» para que, «si todo va bien», el propietario pueda volver a entrar al inmueble.

¿Qué ocurre entonces con los desahuciados? Las salidas de quienes habían firmado un contrato privado pueden ser múltiples, mientras que en el caso de los desalojados de un piso de protección oficial aparecen dos nuevas opciones. El Departamento vasco de Vivienda determinó el pasado año que aquellas personas obligadas a abandonar su VPO accedieran «con preferencia» al programa Bizigune, que paga una renta mensual a los dueños de viviendas vacías para que las saquen al mercado a través de una sociedad pública. Hace pocas semanas, además, alcanzó otro acuerdo con las entidades financieras para permitirles «recomprar la casa de los que no puedan pagarla y usar ese dinero para saldar el crédito», explican desde el Ejecutivo autónomo.

Fuente: elcorreo.com

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Briviesca: De hospital del siglo XVI a juzgado

El Ministerio de Justicia ha enviado al Ayuntamiento el proyecto básico y de ejecución del nuevo edificio de Juzgados para solicitar la licencia de obras. El alcalde, José María Martínez, señala que se dará al expediente «la máxima agilidad». Las obras contenidas en el proyecto están presupuestadas en 1,6 millones de euros y saldrán a contratación dentro de este año, según la subdelegada Berta Tricio.


Con este nuevo trámite, se avanza un paso más en la creación del nuevo edificio de Juzgados sobre los tres solares ubicados en la esquina de las calles Pedro Ruiz y Santa Ana al Río. En noviembre de 2006, la entonces subdirectora de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia dijo en su visita a la ciudad, con motivo de la presentación del anteproyecto, que «los nuevos juzgados estarían listos en dos años». Pero este plazo no llegó a cumplirse por diversos motivos, entre ellos la realización de un informe del Ministerio de Cultura sobre qué hacer con el escudo de armas existente en los restos de la fachada que aún queda en pie en los tres solares afectados.

Perfil cúbico

El nuevo edificio tendrá perfil claramente cúbico y su exterior destacará el valor institucional. Las fachadas se configurarán mediante lienzos de pieza caliza que se mimetizarán con las del entorno. Con una superficie de 1.000 metros cuadrados, el inmueble constará de sótano y de plantas baja, primera, segunda y tercera.

En su diseño destacará la sencillez con el fin de que el usuario pueda orientarse fácilmente en su interior. Todas las dependencias estarán situadas a lo largo de las dos fachadas, con lo que se conseguirá iluminarlas mediante luz natural procedente del exterior. En el proyecto se señala que «el elemento protagonista es el gran espacio público que acoge al visitante, que da acceso a las zonas públicas y que dota de unidad visual y espacial al interior». Este espacio atravesará las cuatro alturas del edificio y recibirá la iluminación cenitalmente, a través de unos lucernarios.

El escudo, en el interior

Finalmente, y tras el informe del Ministerio de Cultura, el escudo que actualmente existe en los restos de fachada de los solares sobre los que levantará la nueva edificación será colocado en el interior del nuevo inmueble. El elemento patrimonial (protegido por el Plan Especial del Casco Histórico) será integrado junto con restos de sillería dentro de un mural. Además, compartirá espacio con algún recurso expresivo en el que se deje constancia de que fue en Briviesca donde se definió por primera vez, a finales del siglo XIV, la figura legal del fiscal. El proyecto del nuevo edificio de Juzgados ha sido redactado por el arquitecto José Antonio Rodríguez Casas, que resultó adjudicatario en el procedimiento negociado sin publicidad abierto por el Ministerio de Justicia.

Desde el año 2004, los juzgados están ubicados en un edificio alquilado de la calle Justo Cantón Salazar. Anteriormente, se encontraban en un ala de la Casa Consistorial pero tuvieron que salir de allí porque las dependencias estaban muy deterioradas y porque la Casa Consistorial iba a ser reformada integralmente un tiempo después.

Cesión de solares

Los solares sobre los que se construirá el nuevo edificio son de propiedad municipal y han sido cedidos hace tiempo al Estado. Uno de ellos, era el Hospital de las Viejas (fundado en 1513) y aparece con protección estructural dentro del Plan Especial del Casco Histórico, actualmente en periodo de exposición pública. El Ayuntamiento lo compró en 1978 y veinte años después adquirió los otros dos terrenos para ampliar el patrimonio arquitectónico municipal.

El nuevo edificio contará, a propuesta de la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, con un cartel o leyenda que aludan al hecho histórico de que el Ministerio Fiscal se creó en Briviesca en el marco de las Cortes Generales de Castilla León, convocadas en el año 1387 por el rey Juan I.

Fuente: diariodeburgos.es

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La defensa de Garzón "intenta amedrentar" al Supremo y al CGPJ

En el momento de mayor debilidad de su carrera, Baltasar Garzón ha vuelto a demostrar su capacidad para revolucionar el ámbito judicial. La campaña en defensa del juez estrella se ha convertido en las últimas semanas en un asedio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al magistrado Luciano Varela y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Así lo denunciaron diversas fuentes del CGPJ y de la judicatura, que lamentaron lo que consideran es un “intento de amedrentar” a los órganos judiciales.


De acuerdo con las fuentes consultadas, el último episodio de esta batalla para salvar a Garzón del banquillo fue la dimisión a medias de su abogado, José Manuel Gómez Benítez, que abandonó la comisión del CGPJ encargada de los nombramientos. No obstante, continúa como vocal del Consejo, donde podrá seguir defendiendo a su cliente habitual, disfrutando de coche oficial y de los 6.000 euros netos de salario. En su escrito de renuncia, Gómez Benítez aludió a la “devaluación de la función de la comisión calificadora impuesta por algunos vocales ajenos a la misma procedentes de las dos asociaciones más representadas en el Consejo”.

Una clara referencia a Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior y miembro de Jueces para la Democracia; y al conservador Manuel Almenar, de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y es que la batalla habitual por colocar en puestos de responsabilidad a candidatos afines a cada bloque ideológico ha acabado contaminándose con el caso Garzón. Según fuentes cercanas al CGPJ, Gómez Benítez ya había amenazado con dimitir hace meses, pero la más que probable inhabilitación de Garzón le ha podido hacer perder las formas. “Se ha ido corriendo a llorarle a El País en lugar de hablar con sus colegas del Consejo”, criticaron estas fuentes, que recordaron que este abogado fracasó en 2009 en su intento de aupar a Garzón a la presidencia de la Audiencia Nacional.

En efecto, Robles y Almenar son los pesos pesados del bloque progresista y conservador, ambos tienen una buena relación personal y forman parte de la Comisión Permanente que decidirá si se suspende al magistrado de la Audiencia Nacional, a punto de sentarse en el banquillo por prevaricación. El CGPJ inició en enero el proceso para inhabilitar temporalmente a Garzón ante los indicios de delito encontrados por el Supremo en la instrucción de los crímenes del franquismo y en el dinero que solicitó a Emilio Botín para dirigir unos cursos en Nueva York. “Desde entonces El País ha arremetido duramente contra este órgano. Nunca se había dado una apertura a cuatro columnas a un asunto interno de una comisión del Consejo”, denunciaron fuentes próximas al CGPJ.

Contra el Tribunal Supremo

El instructor de la querella contra Garzón, Luciano Varela, y el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, también han sido objetivo de la estrategia en defensa del juez estrella. Precisamente, el CGPJ archivó una denuncia de las asociaciones de memoria histórica contra Saavedra. Estos colectivos alegaron sin resultado que el magistrado debería haberse abstenido en la causa contra Garzón, ya que previamente habían reclamado su recusación.

Asimismo, Varela, de acuerdo con las fuentes consultadas, ha tenido que soportar una intensa campaña mediática en su contra por haber recomendado el enjuiciamiento del famoso juez de la Audiencia Nacional. “Se está tratando de amedrentar a aquellos que tienen que ver con la causa de Garzón, pero no lo van a lograr. Si la Sala de lo Penal decide que hay que juzgar a Garzón se tratará de una decisión compartida, difícilmente influenciable. Lo mismo sucederá en el Consejo, porque es un órgano colegiado”, señalaron fuentes del CGPJ.

Ruptura en el CGPJ

Por otra parte, el caso Garzón ha puesto en evidencia el desacuerdo que reina en el seno del CGPJ. “El consenso está completamente roto”, aseguraron fuentes del sector progresista, donde existe, a su vez, otro enfrentamiento: por un lado, los que respaldan a Robles y, por otro, sus críticos, que le acusan de buscar acuerdos con los conservadores para enchufar a sus amigos en los cargos importantes.

La división en Jueces para la Democracia se remonta años atrás, pero el liderazgo de Robles en el CGPJ ha reabierto las heridas. “Es cierto que es una mujer resolutiva, y que tiene un olfato político que no tienen otros juristas, pero también que es una de las vocales que más horas dedica. De esta forma, y con su buena relación con el sector conservador es como ha conseguido imponer su criterio en muchas ocasiones”, explicaron las fuentes consultadas. Pero lo cierto es que la pugna interna está teniendo consecuencias: los tribunales superiores de País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña todavía no tienen nuevo presidente.

Fuente: elconfidencial.com

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Albacete: Cuevas insta a iniciar las obras del nuevo Palacio de Justicia cuanto antes

El Partido Popular ha presentado ante la Comisión de Justicia del Senado una moción en la que insta al Gobierno a que “inicie cuanto antes las obras del nuevo Palacio de Justicia en Albacete, agilizando las mismas de forma que como mínimo se cumplan las previsiones presupuestarias tanto en el tiempo como en los fondos destinados a esta infraestructura”, según publica el Boletín Oficial de las Cortes Generales de fecha 19 de febrero. La moción ha sido elaborada por el senador por Albacete Dimas Cuevas, y será defendida por el mismo en una próxima convocatoria de la Comisión correspondiente.


Cuevas ya había denunciado en rueda de prensa las discrepancias existentes entre las previsiones presupuestarias y la información facilitada por el Ministerio de Justicia. Así, mientras los Presupuestos Generales (PGE) prevén invertir 33,4 millones y concluir las obras en 2013, el Ministerio contempla una inversión de 31 millones de euros y retrasa la entrega del edificio al menos hasta 2014.

La moción pretende que el Gobierno cumpla, al menos, la inversión y el plazo que señalan los PGE, y señala en su argumentación que “las obras de construcción de un nuevo Palacio de Justicia en Albacete, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, acumulan un retraso de varios años que empieza a convertirse en un serio problema para la calidad de la aplicación de la Justicia.

Hace ya tres años que la Diputación Provincial cedió un terreno de 30.000 metros cuadrados para ubicar un nuevo Palacio de Justicia, y van a cumplirse dos años desde que el Ministerio aceptó e hizo firme dicha cesión. En este tiempo, ni siquiera se ha concluido el proyecto para la construcción del edificio.

La situación es doblemente grave dado que el actual Palacio de Justicia presenta severos problemas de espacio, y de hecho los servicios de la Administración de Justicia en la ciudad de Albacete están dispersos en al menos seis sedes”. Esta iniciativa parlamentaria recuerda que la escasa inversión presupuestaria contemplada para 2009 no se llevó a cabo; para 2010, los socialistas rechazaron una enmienda del PP para incrementar los fondos destinados a esta obra.

El senador Dimas Cuevas considera que la Comisión de Justicia, en la que están representados todos los grupos políticos, debe apoyar esta moción en un asunto de gran trascendencia para Albacete y Castilla-La Mancha, y recuerda que tiene solicitada una comparecencia del ministro ante la misma Comisión; el Gobierno, concluye Cuevas, debe incrementar sus actuaciones para paliar las graves carencias de la Administración de Justicia en nuestra región, con un número de jueces muy inferior a la media nacional y un histórico déficit de infraestructuras.

Fuente: lacerca.com

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Andalucía implanta el sistema de alerta judicial para las víctimas de malos tratos

Siguiendo las directrices marcadas por el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), la Consejería de Justicia de Andalucía acaba de poner en marcha un sistema de alerta que obliga a comunicarles cualquier tipo de cambio en la situación procesal del maltratador. Esto supone que 408 órganos judiciales ya están listos para dar aviso ante cualquier incidencia que pueda repercutir en su seguridad.


Entre las resoluciones que deberán ser trasladadas están los autos que decreten la prisión o la libertad, permisos penitenciarios, la finalización de las órdenes de alejamiento, comunicación o de residencia en determinados municipios, provincias o comunidades, los señalamientos para los juicios o sentencias. Las alertas se han incorporado al sistema de gestión procesal que tiene la Consejería, de manera que éste mostrará, ante cualquier resolución judicial en procedimientos de violencia machista, unos avisos al personal funcionario sobre la obligación legal de proceder a su notificación a la víctima.

Los órganos que cuentan con el sistema son 298 juzgados de Instrucción y Primera Instancia, 18 juzgados de Violencia sobre la Mujer, 63 juzgados de lo Penal y 29 secciones Penales de las Audiencias Provinciales.

Con este dispositivo, Andalucía se convierte así en la tercera comunidad del país que lo implanta. Ya en septiembre lo hicieron Cataluña y País Vasco, y otras comunidades con competencias en materia de Justicia lo están ensayando para su puesta en marcha inminente, como es el caso de Canarias, Galicia, Asturias y Aragón, mientras Valencia y Madrid dicen tener la aplicación informática lista, pero aún no han precisado cuándo la activarán (las seis comunidades restantes continúan dependiendo del Ministerio de Justicia). A pesar de estar entre las comunidades que encabezan esta iniciativa, lo cierto es que todas lo hacen con retraso. En diciembre de 2008, el CGPJ ya advirtió de la necesidad de poner en marcha este tipo de mecanismos y "sin dilación" al Gobierno central y a las comunidades y, desde entonces, ha ido mandando constantes recordatorios para que lo cumplieran. El último, en abril de 2009, cuando en la Comisión de Modernización e Informática del CGPJ se acordó que el sistema estuviera implantado en septiembre de ese año, algo que sólo cumplieron las administraciones catalana y vasca.

Fuente: diariodesevilla.es

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Descalzo: "Hay que rescatar a la Justicia del poder político"

Ana Descalzo Pino, nueva decana de jueces de Zamora, está en la plataforma para la independencia de la justicia, convencida de que los partidos políticos han copado los órganos de gobierno del poder judicial. Es una de las firmantes del manifiesto que muchos jueces han suscrito en ese sentido, que se remitirá al Parlamento para que revise el sistema de elección de los órganos de gobierno del poder judicial. Ya circula entre la magistratura y se hará llegar a los profesionales del sector.


La decana nació en Zamora, aunque se crió en Nava del Rey. Estudió en Valladolid la carrera de Derecho entre 1983 y 1988, y aprobó la oposición a juez en 1990. Casada y con dos hijos, regresó hace 13 años a Zamora para ser titular del Juzgado número 2. Actualmente es titular del Contencioso Administrativo.

-Es la primera decana de jueces de Zamora elegida por votación de sus compañeros y no por antigüedad, como venía siendo, ¿qué le movió a presentar su candidatura?

-Los motivos son muchos y diferentes. Esto supone un plus de trabajo y de esfuerzo porque se acumulan no sólo los asuntos que llegan a tu juzgado, sino muchas cuestiones que inciden en el resto, además de ser el representante de todos los compañeros. Al principio era bastante reticente, más que nada porque en el Juzgado en el que estoy destinada, el Contencioso Administrativo, tengo muchísimo trabajo, no doy abasto para sacar todo lo que deseo al día, pero me propusieron todos los compañeros y no me quedó más remedio que darles las gracias, aceptar e implicarme. Y una vez que me decidí, tirarme a la piscina.

-Imagino que en su "cartera" traerá problemas prioritarios para esta provincia, como la escasez de jueces y la necesidad de aumentar juzgados.

-Hace poco se ha presentado la memoria del año 2009, los datos son desalentadores y muy preocupantes: Ha aumentado el porcentaje de trabajo de forma desproporcionada para lo que es el número de jueces. Es inasumible e inabarcable por todos los jueces y magistrados no sólo de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, sino de los órganos Penal, Contencioso e incluso Menores. Como primera reivindicación, por tanto, está la creación al menos de un juzgado mixto; y luego si se pueden crear más juzgados, unidades judiciales y más plazas de jueces, que es lo que se necesita.

-¿Sería bueno que hubiera jueces de apoyo?

-Estamos ahora en un momento de muchísimo cambio en la estructura, organización y funcionamiento de la Administración, entre ellos la creación de jueces de adscripción territorial, de carrera, asignados al Tribunal Superior de Justicia para cubrir plazas en las que se produzcan bajas temporales. Nosotros pedimos jueces titulares, que se aumente la plantilla, dado que, a pesar del gran esfuerzo que realizamos, los que estamos ahora somos incapaces de sacar los asuntos que nos entran. En el Contencioso estoy señalando juicios para finales de enero de 2011, es una barbaridad y totalmente incompatible con la tutela judicial efectiva.

-Precisamente una de las exigencias que motivaron la huelga de jueces, de la que usted fue una de las precursoras, fue el bajo ratio de jueces por habitante respecto de Europa.

-Siempre hemos trabajado al 120% de lo que podíamos, renunciado a cantidad de aspectos de nuestra vida personal y familiar para que la Administración de Justicia funcionaria y para que las resoluciones de los pleitos salieran en un plazo razonable. Pero somos incapaces de afrontar todo el trabajo que llega, por eso hemos salido de nuestros despachos, porque necesitamos mucho apoyo y muchos más medios materiales y personales. Una de las reivindicaciones fundamentales y esenciales que motivó la primera huelga, el 18 de febrero de 2009, era incrementar la ratio de jueces. Lo hemos repetido hasta la saciedad, pero hay determinadas personas que no quieren entender: Mientras en el resto de la Unión Europea hay 20 jueces por cada 1.000 habitantes, aquí hay 9,8. Y el número de pleitos es tres veces superior al de cualquier país de la UE, es totalmente desorbitado. Por eso se están adoptando medidas para disminuir la litigiosidad, hay que atajar el problema. A veces vemos reclamaciones que deberían solucionarse con mediación, que deben llegar al juez cuando falla ésta. Esto nos preocupa.

-¿Cómo se puede evitar que el aumento de pleitos?

-Potenciando los mecanismos de mediación extrajudicial. Ahí intervienen los abogados, que deben determinar si en un asunto hay visos de llegar a un acuerdo extrajudicial. O cuando la reclamación es de tan escasa cuantía económica que «sale más caro el collar que el galgo», ¿cómo voy a ir por nueve euros al Juzgado?, estamos viendo reclamaciones de esa cantidad e incluso inferiores. Todo el mundo tiene derecho a una resolución judicial, pero la Justicia es muy cara como para estar pleiteando y no tiene sentido tener a cantidad de personas con asuntos pendientes de una sentencia judicial cuando deberían haberse solucionado por otras vías.

-¿Quizás las juntas arbitrales no están funcionando como debieran?

-Cada junta arbitral que hay en cada Consejería, dependiendo de órganos autonómicos o periféricos del Estado, cumplen sus competencias y dictan las resoluciones sobre los asuntos que les llegan. A lo mejor el ciudadano es el que no acude a esos organismos por desconocimiento, desinformación o falta de asesoramiento. Pero ahí están e imagino que funcionan lo mejor que pueden, como hacemos todos.

-¿Tal vez falta una labor de educación a la ciudadanía para que acuda a la mediación?

-Sí, enseguida todos decidimos acudir al juez y, desde luego, la solución del juzgado no es la más rápida ni la esperada. Hay un dicho «tengas pleitos y los ganes», es verdad. No creo que compense denunciar y que el juicio se celebre un año después. Y al año, cuando el juez va a dictar sentencia, se encuentra a veces impotente y siente verdadera frustración al decir «¿qué hago yo resolviendo este concurso en el que se están dilucidando plazas de bomberos, de policías, de cualquier Administración local, e incluso muchas veces autonómica, y han pasado dos años de la vida de la persona que denunció?». La justicia tardía no es justicia. Todos tenemos que intentar solucionar esas situaciones.

-¿Siguen creyendo que debe rebajarse la cantidad de asuntos que les exigen resolver cada año?

-El anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estableció unos módulos que se vinculaban a nuestras retribuciones, se valora el trabajo por puntos-hora y un procedimiento cualquiera, desde que entra hasta que se termina y ejecuta, vale 3 puntos, o sea, como mucho yo le puedo dedicar tres horas. Es una barbaridad, no se puede calcular un tiempo de dedicación, hay procedimientos que te desbordan por su complejidad, la cantidad de informes que tiene, únicamente mirártelo te lleva semanas y meses; luego estudiarlo, razonar una resolución fundada, consultar jurisprudencia y elaborar la sentencia.

-¿Cree que fueron capaces de hacer ver a la sociedad que no convocaron la huelga por dinero, sino por la gran acumulación de trabajo que soportaban y la falta de medios?

-No, es muy difícil cuando se piensa «estos señoritos, con esta crisis, con cantidad de parados, ¿cómo se atreven a reivindicar algo?». En ningún momento hacíamos huelga para que nos aumentaran el sueldo, lo que queremos es que la justicia funcione y poder agilizar la resolución de asuntos. Estamos en una situación económica muy delicada y las reivindicaciones salariales las hemos apartado a la espera de que mejore. Pedimos asimilarnos con lo que cobran jueces de países del entorno, de los que estamos muy, muy lejos.

-¿Sabe en qué porcentaje de sueldo estarían por debajo de sus colegas europeos?

-Cobramos menos de la mitad que ellos. Cuando se hizo público lo que cobraba un juez que empieza a ejercer en una localidad pequeña, tras una media de seis años de oposición, -entre 2.500 y 2.800 euros líquidos al mes-, las personas que trabajan con nosotros día a día, los abogados y procuradores, no se lo creían por la responsabilidad que asumimos, las sentencias, la disponibilidad... se nos exige dedicación exclusiva, sólo podremos ejercer en la docencia y muy esporádicamente.

-La Oficina Judicial a punto de funcionar, ¿resolverá muchos de los problemas de la justicia?

-Se habla de ella como si fuera la panacea de todos los problemas y no es así. Es un paso muy importante el terminar con la organización de la justicia decimonónica que teníamos y plantear una organización distinta de los juzgados y tribunales. El proyecto es de 2003, han pasado siete años, por tanto tan nuevo no puede ser y supongo que eso permitirá que su funcionamiento esté muy estudiado, de forma muy sosegada y que su puesta en marcha no cause muchos problemas.

-¿Agilizará la justicia?

-No creo. Hace poco leía un artículo en el que se decía que no hacía falta ser un lince para ver que la agilidad de la justicia pasa por dictar más resoluciones y terminar con el colapso de pleitos existente. La solución está en nombrar más jueces, que son los que ponen sentencias, solo así se reducirá el número de asuntos pendientes. Están poniendo un AVE necesario, pero mientras no se reforme la estación principal no habrá mayor agilidad.

-¿Opina que hay que rescatar a la justicia del poder político?

-Sí. Estamos dando una imagen desastrosa, viendo las noticias donde se habla del «reparto de cromos», «éste me toca, éste no porque es más afín a un partido o más amigo», debe terminarse. El Tribunal Constitucional está paralizado, no se renuevan los cargos, antes pasó en el CGPJ. Es por la injerencia política, porque el Gobierno quiere controlar a la justicia evidentemente y el poder judicial es la base fundamental del Estado de Derecho. El sistema actual de elección es perverso, sólo ha servido para que los partidos tengan su poder y no debe consentirse. El CGPJ debe ser independiente y ajeno a todo ese tejemaneje político.

Fuente: laopiniondezamora.es

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Asociaciones de jueces critican que los abogados participen en las designaciones del CGPJ

Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han criticado el convenio suscrito el pasado miércoles entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que permitirá que los letrados intervengan en los nombramientos de altos cargos de la judicatura mediante la emisión de informes sobre los candidatos. Igualmente, las dos asociaciones solicitan que se de la misma posibilidad de intervenir en los nombramientos a otros profesionales como pueden ser los procuradores, abogados del estado, letrados de las CCAA y de la seguridad social, graduados sociales, sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia e, incluso, asociaciones de usuarios de la Justicia.


A juicio de ambas organizaciones, el convenio "resucita la delación secreta y la denuncia anónima, por cuanto se establecen mecanismos para que los colegios de abogados puedan -como corporación- denunciar a los miembros de la Carrera Judicial sin que necesariamente se identifique al denunciante".

Dicha posibilidad, añaden, "provoca consternación a cualquier ciudadano que crea en los valores democráticos básicos, por ser constitutiva de una posible indefensión".

Recuerdan que el CGPJ tiene como principal misión velar por la independencia de los jueces y magistrados y que el informe de los "colegios de abogados resulta extraño a tal exigencia constitucional por cuanto tales profesionales tienen encomendado la defensa legítima de intereses particulares no siempre coincidentes con la imparcialidad que debe presidir el ejercicio de la función jurisdiccional".

"A pesar de la confianza que nuestro órgano de gobierno parece depositar en tales profesionales, no ha reclamado la intervención del Consejo o de otros órganos judiciales en la designación de decanos de los abogados y demás cargos colegiales, quienes por cierto son directamente elegidos por los propios colegiados", apostillan ambas asociaciones, que piden al CGPJ el texto del convenio y conocer en qué reunión del CGPJ se acordó suscribirlo.

Según el documento, el órgano de gobierno de los jueces podrá recabar informes de la Consejo de la Abogacía que, a su vez, la pedirá a los Colegios de Abogados, "respecto de la designación de cargos y nombramientos de presidentes de las audiencias provinciales y Presidentes de los tribunales superiores de justicia".

Fuente: diariosigloxxi.com

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«La Administración de Justicia genera mucho papel»

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Granada en 1988, y zamorana de nacimiento, Rocío Bolaños ha trabajado para las administraciones públicas en el archivo de documentos oficiales. Desde hace dos años selecciona las montañas de papel que se generan en la justicia.


-Tiene experiencia en bibliotecas municipales, como documentalista en el Ministerio de Educación, en la Diputación y ahora en los tribunales.

-Sí, así es. Estoy adscrita a la Audiencia de Valladolid, aunque el trabajo que hago es para todos los juzgados clasificando diligencias, demandas o sentencias.

-¿Entiende la sociedad el papel de un archivero?

-No muy bien. Si digo que soy archivera a la gente le suena raro, pese a ser un puesto que socialmente es necesario. Tanto las empresas como las administraciones generan mucha documentación que es preciso clasificar.

-¿Van a desaparecer las montañas de papel?

-Algún día lejano quizás. La oficina sin papel es ciencia ficción, por ahora. Habrá un periodo muy largo en el que la informática y el papel convivan juntos.

-¿La Administración de Justicia es la que más documentación genera?

-Sin duda. Y eso se debe a que cada vez el ciudadano utiliza los juzgados para resolver sus problemas. Y eso hay que documentarlo. Además, se acumula por la falta de expurgo de expedientes que no tienen interés. De todos modos, es necesario conservar parte de esta documentación, por ejemplo la de una década, para que los historiadores en el futuro la analicen y vean cuáles eran los problemas que tenía nuestra sociedad.

Fuente: nortecastilla.es

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Asociaciones de jueces rechazan la actuación del CGPJ en materia de nombramientos

Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han criticado los últimos acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en materia de nombramientos y han mostrado su rechazo a cualquier sistema de cuotas o "intercambios" en la designación de cargos judiciales. A través de un comunicado, estas dos asociaciones judiciales reiteran que el régimen de nombramiento de cargos judiciales discrecionales debe "obedecer a criterios de solvencia profesional y capacidad de los elegidos", y censuran que los vocales del Consejo se hayan podido guiar por otras cuestiones distintas al mérito y la capacidad.


La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente lamentan que las noticias sobre posibles pactos en el Consejo para nombrar los cargos pendientes pongan de manifiesto que priman criterios como "la adscripción asociativa, el amiguismo, la procedencia del gobierno de la comunidad autónoma donde el nombramiento ha de producirse y hasta la supuesta ideología política del nombrado".

De esta forma se refieren al aplazamiento por parte del CGPJ del nombramiento de los presidentes de los TSJ de Valencia, Cataluña y el País Vasco al no haber logrado un acuerdo a pesar de haber sometido las candidaturas a varias votaciones.

Para evitar cualquier "influencia o contaminación de clase alguna, especialmente la política", las asociaciones de jueces piden la participación de los magistrados en el proceso de selección de candidatos cuando se trate de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) o Audiencias Provinciales.

La semana pasada fue la asociación Jueces para la Democracia (JpD) la que criticó que las "luchas internas de poder" en el seno del Consejo General del Poder Judicial impidan a este órgano alcanzar acuerdos para renovar los Tribunales Superiores de Justicia.

No obstante, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, aseguró que para el nombramiento de magistrados el Consejo se basa en los parámetros de mérito y capacidad, y recordó que para dotar a esos procesos de mayor transparencia se ha incorporado en el trámite de la designación de cargos discrecionales la entrevista de los candidatos, que además será pública.

Fuente: La Ley

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El Gobierno da un impulso a la mediación para rebajar la carga de los juzgados

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Mediación, el de reforma de la Ley de Arbitraje y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia, enmarcados en el Plan de Modernización de la Justicia, y cuyo objetivo es reducir la carga de trabajo de los tribunales. Con este paquete legislativo, al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde el viernes para su remisión a los órganos consultivos, el Ejecutivo pretende disminuir el número de litigios que llegan a los juzgados y que los ciudadanos no tengan que pasar siempre por los tribunales para resolver sus desavenencias.


La futura Ley de Mediación servirá para conseguir más "agilidad, sencillez y eficiencia", según ha defendido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha presentado al Ejecutivo estos proyectos, enmarcados también en la estrategia de economía sostenible, ha insistido en que la mediación será un cauce "ágil, barato y rápido" para resolver las controversias de los ciudadanos sin llegar a los tribunales.

La ley regula la mediación para asuntos civiles y mercantiles, pero excluye expresamente la mediación penal, que se incluirá en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la conciliación laboral y en materia de consumo, que ya regulan otras normativas.

El procedimiento de mediación en los ámbitos civil y mercantil será voluntario, sencillo y económico, y el acuerdo alcanzado se considerará "cosa juzgada" y tendrá los mismos efectos que una sentencia judicial.

La elección del mediador se deja a la libertad de quienes se sometan a la conciliación y no se exige ninguna condición específica para ejercer como tal, salvo la de ser licenciado universitario, aunque se regulará un estatuto mínimo de la persona mediadora para dar garantías de profesionalidad y calidad a la actividad.

Será obligatorio también para el mediador tener un seguro de responsabilidad civil e inscribirse en un registro de mediadores, que será gratuito y de acceso público para los ciudadanos y dependerá del Ministerio de Justicia.

Caamaño ha explicado que será un procedimiento "muy sencillo", en el que nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de la mediación, y cuya solicitud de inicio interrumpirá la prescripción o caducidad de acciones judiciales.

La ley establece también que será preceptivo acudir a la mediación una primera vez en los supuestos de reclamación de cantidades económicas inferiores a los 6.000 euros, y potencia la conciliación a través de medios electrónicos.

En este sentido, establece que para reclamaciones inferiores a 300 euros el proceso mediador podrá desarrollarse a través de Internet, como ya ocurre también en otros países de nuestro entorno.

El segundo de los anteproyectos aprobados, el de reforma de la Ley de Arbitraje de 2003, actualiza en nuestra legislación esta figura, que se diferencia de la mediación en que las partes, que se someten también voluntariamente al procedimiento, deben acatar la decisión del arbitraje.

Otra novedad es que el Gobierno ha decidido "aplicarse a sí mismo la misma receta que a los ciudadanos", según ha dicho el ministro de Justicia, y creará una comisión delegada para resolver los conflictos entre distintos organismos de la Administración General del Estado e impedir así que lleguen a los tribunales.

El tercer anteproyecto aprobado es una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para adaptar las competencias de los juzgados y tribunales en estas materias.

Fuente: larioja.com

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