Objeción denegada

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Los magistrados británicos proponen utilizar los centros comerciales para celebrar juicios

La Asociación de Magistrados de Gran Bretaña propondrá al Gobierno utilizar los centros comerciales como tribunales para acelerar la administración de justicia. Los juicios podrían celebrarse también los sábados o después del cierre de los comercios, y podrían ahorrarse millones de libras de dinero público cerrando algunos tribunales actualmente infrautilizados o que resulta caro operar.


Un objetivo, según el vespertino londinense Evening Standard, es reducir el tiempo que víctimas, testigos y otros emplean viajando para asistir a un juicio permitiendo su celebración cerca de donde viven o trabajan los afectados.

El vicepresidente de la Asociación de Magistrados, John Howson, explicó al periódico que podrían servir para la celebración de juicios tanto los centros comerciales como las salas que pudieran estar libres en los ayuntamientos y todo tipo de centros cívicos.

"¿Por qué no utilizar algún espacio de un centro comercial con un gran escaparate de forma que todo el mundo pueda ver lo que allí sucede?", preguntó Howson, según el cual "hay que administrar la justicia donde está la gente".

"Podríamos celebrar un juicio por ejemplo en el centro comercial de Westfield (Londres) en lugar de llevar al que ha cometido un robo en una tienda a la comisaría y tardar horas en preparar los correspondientes documentos", explicó.

La propuesta de la Asociación de Magistrados sigue al anuncio, este año, por el ministerio de Justicia de su intención de cerrar más de ciento cincuenta tribunales para así ahorrar el equivalente de cerca de 45 millones de euros al año.

El ministerio de Justicia argumenta que la actual red de tribunales de magistrados no se ajusta a las necesidades de una comunidad moderna debido a los cambios experimentados por la población, el trabajo, los transportes y las comunicaciones.

Fuente: EPA

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Murcia: La Consejería de Justicia asumirá las direcciones generales «más calientes»

La recepción de las competencias de Justicia el próximo 1 de enero de 2011 obliga a la Comunidad Autónoma a crear una nueva consejería y a reestructurar el resto del Gobierno regional, con el fin de que ésta incluya también los temas relacionados con la seguridad ciudadana, protección civil y la lucha contra la violencia de género.


De este modo, la nueva Consejería de Justicia absorberá la Dirección General de Carreteras (dependiente hasta el momento de Obras Públicas y Ordenación del Territorio), cuyo responsable es José Antonio Guijarro; la Dirección General de Emergencias (Presidencia y Administraciones Públicas), dirigida por Luis Gestoso; el Instituto de la Mujer (incluido en Política Social, Mujer e Inmigración), presidida por Teresa Moreno, y la coordinación de policías locales, integrada en la Consejería de Presidencia. La intención del Gobierno es crear varias direcciones generales «sin introducir cambios importantes» en estos departamentos y tampoco de forma inmediata, según informaron fuentes próximas del Gobierno regional.

La consejería se completará en enero con la creación de la Dirección General de Justicia, y sus correspondientes nombramientos, coincidiendo con la llegada de las competencias.

Últimos flecos

En la actualidad, el presidente está perfilando el decreto para la creación de la nueva consejería, que probablemente reciba el nombre de Consejería de Justicia, Seguridad y Movilidad Vial, así como la atribución de las competencias de otras consejerías y que asumirá su responsable Manuel Campos, diputado regional del PP responsable de la negociación con el Ministerio de Justicia en los últimos dos años.

Valcárcel y Campos se reunirán a lo largo de este mes para estudiar y configurar el organigrama de la consejería, que se creará los primeros días de septiembre, previsiblemente entre el 3 y el 10 del citado mes, con el fin de que el presidente lo comunique a los miembros de su equipo en el Consejo de Gobierno.

A partir de ese momento, el nuevo consejero tomará posesión y con un equipo muy reducido, que estará formado inicialmente por dos personas, terminará los trámites que quedan de tipo técnico que restan para recibir las transferencias. Los ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas tendrán que emitir sendos informes favorables, la Comisión Mixta de Transferencias se reunirá para validar la transferencia y, por último, el Ejecutivo central aprobará el correspondiente decreto el 30 de octubre.

Campos examinará a partir de enero las competencias y el material humano para reorganizar los departamentos, continuar su línea de trabajo e introducir las aportaciones y modificaciones necesarias. Además, el titular de Justicia desarrollará los planes de infraestructuras, elaborará el proyecto de la justicia regional e iniciará una ronda de contactos con el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, el Colegio de Abogados y procuradores, entre otros, para conocer de cerca los problemas que se han planteado todos estos años y buscar soluciones.

La nueva Consejería de Justicia, Seguridad y Movilidad Vial continuará con la línea marcada por el Ministerio de Justicia con la Oficina Judicial en la Región de Murcia, incluido en el programa piloto del Gobierno central. Otro de los retos de Manuel Campos al frente de Justicia será constituir el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, incidir en la formación de los funcionarios y potenciar la coordinación de policías locales con protocolos y señas comunes de identificación con el objetivo de ofrecer un mejor servicio. Y, además, se mejoraría la coordinación con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Fuente: larazon.es

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Valencia de Alcántara: Las obras del Palacio de Justicia han tenido un coste de un millón de euros

El Subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís Fernández, visitó el miércoles las nuevas instalaciones del Palacio de Justicia en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara, una obra que ha tenido un coste de un millón de euros.


Fernando Solís Fernández, acompañado del Gerente Territorial del Ministerio de Justicia, Julián González Martín-Millanes y del alcalde de Valencia de Alcántara, Luis Cándido Moreno Morgado, visitó las instalaciones del Juzgado Mixto de Valencia de Alcántara, una vez finalizadas y recepcionadas las obras de remodelación y mejora de accesibilidad ejecutadas durante el último año.

Según ha explicado la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, la actuación se enmarca dentro del Programa de Accesibilidad de los Edificios Judiciales y han consistido en la remodelación de espacios e instalación de ascensor.

Además, ha añadido que ha sido preciso realizar actuaciones de consolidación estructurales adicionales, sobrevenidas durante la obra, lo que ha obligado, según ha dicho, al traslado del Juzgado a una dependencia provisional cedida por el Ayuntamiento valentino en la Fortaleza.

El importe final de las actuaciones realizadas asciende a un millón de euros y durante las obras se han mantenido quince puestos de trabajo por parte de la empresa adjudicataria.

Fuente: europapress.es

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Tres meses en la cárcel por "desinterés y pasividad"

Juan José Ponce Caro, vecino de Tomelloso (Ciudad Real), se vio envuelto en un absurdo que le hizo estar 90 días en la cárcel, a pesar de que era totalmente inocente. Además del error, lo último que esperaba Juan José era que el Consejo General del Poder Judicial le responsabilice ahora a él de lo sucedido. El Poder Judicial ha analizado el caso de Juan José dentro de los expedientes que tramita por errores judiciales. Y la conclusión que extrae es imputar el cautiverio que vivió "a su propia falta de diligencia y cuidado".


Juan José no lo ve así y reclama al Ministerio de Justicia una indemnización de 1.000 euros por cada uno de los 90 días que pasó entre rejas injustamente acusado de un delito que en realidad había cometido la persona que le robó su DNI y que luego le suplantó ante la policía tras ser detenida por un robo con intimidación.

La imparable maquinaria judicial se puso en marcha contra Juan José y este, de un día para otro, acabó en prisión. De nada sirvieron sus lamentos. Día tras día, durante 90 días, pedía una y otra vez que le dejaran libre, que él no había hecho nada. Pero nadie, salvo su abogado, le hacía caso. Ni el juez ni los funcionarios de la cárcel, que debieron pensar que eso mismo sueltan muchos internos al llegar al presidio.

Sin embargo, Juan José era inocente de verdad. Sus problemas con la justicia nacieron cuando un delincuente le arrebató el DNI en un viaje que hizo desde su pueblo a Toledo. No le dio mayor importancia. Tiempo después se produjo un robo con intimidación y la policía de Toledo detuvo a tres personas. Una de ella exhibió el DNI de Juan José y se hizo pasar por él. En el DNI constaba, lógicamente, el domicilio de Juan José, en la calle de México del municipio extremeño de Tomelloso. El delincuente detenido, que luego quedó en libertad con cargos, argumentó que se dedicaba a la venta ambulante y que su domicilio no era fijo. Aun así, facilitó el que figuraba en el DNI y otro situado en el Cerro de la Mica, número 48, en Madrid.

Los dos juzgados que tramitaron el caso, primero el que instruyó e investigó el robo y después el Penal número 1 de Toledo, que lo juzgó, se entendieron con Juan José, o eso creyeron los jueces, vía exhorto, a través del juzgado de Tomelloso.

En los siguientes meses Juan José recibió en su casa diversas resoluciones judiciales: una en la que se le informaba de que el juzgado instructor veía un delito en su conducta y transformaba las diligencias en un procedimiento abreviado; otra avisándole de la apertura del juicio oral, y una más comunicándole que el fiscal le pedía seis meses de cárcel. También fue informado de que debía nombrar abogado y asistir a un juicio el 16 de septiembre de 2003 en Toledo. No hizo caso. Creyó la que la cosa no iba con él porque no había hecho nada malo.

El juicio se celebró en su ausencia. El 24 de septiembre de 2006, salió la sentencia: seis meses de cárcel. Como no la recurrió, esta devino firme y el juzgado ordenó su ingreso en prisión el 24 de octubre de 2005. Ya en la cárcel, a través de su abogado, pidió al juzgado, como medida urgente, que dejara en suspenso la pena por ser un delincuente primario y ser la condena inferior a dos años. Pero el juzgado desestimó su petición basándose en que tenia un antecedente delictivo por un delito contra la seguridad vial (y éste sí era real).

Su abogado siguió insistiendo en su inocencia y el 30 de noviembre de 2003 pidió una prueba pericial al juzgado. El juzgado acordó, con fecha 16 de diciembre de 2003, que se practicase una prueba dactiloscópica y otra fotográfica para verificar que las huellas y aspecto físico de la persona detenida en agosto de 1997 no se correspondían con Juan José. El informe de la Guardia Civil de Ciudad Real le dio la razón, y fue puesto en libertad las vísperas de Navidad de 2003.

Juan José ha admitido que recibió las notificaciones del juzgado, pero que no hizo caso porque él no había hecho nada y creyó que se traba de un error. Su abogado expuso que se trata de una persona de "bajo nivel cultural y condición muy humilde".

El Poder Judicial ha analizado su caso y entiende que la culpa es de Juan José por no haber alertado del error al juzgado. Y atribuye todo a su "desinterés y pasividad". "La actitud diligente que tuvo cuando fue a la cárcel, pudo también realizarla durante la tramitación del procedimiento, haciendo constar simplemente que no había sido objeto de detención por un robo y que alguien, sirviéndose de su DNI, suplantó su personalidad", señala el Consejo.

El Poder Judicial sostiene que el juzgado actuó "con la diligencia razonable una vez fue alertado" por el abogado de Juan José del error. Y que ordenó su libertad en cuanto le llegó el informe policial sobre las huellas. Sin embargo, desde que el abogado alertó del error, el 30 de noviembre, hasta que el juzgado ordenó la citada prueba pericial pasaron 16 días. El Poder Judicial subraya, además, que en el caso de Juan José no hay un funcionamiento anormal de la Administración de justicia susceptible de indemnización, ya que, según el informe, "la razón fundamental de la privación de libertad que sufrió, sustancialmente se debe a su propia falta de diligencia y cuidado".

Fuente: elpais.com

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La judicatura consigue una subida de entre 1.100 y 1.800 euros anuales para mitigarles el recorte del 5% aplicado a los funcionarios

El ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales han llegado a un acuerdo para que todos los jueces y magistrados se repartan de forma casi lineal el complemento de productividad que antes sólo cobraban quienes superaban un número determinado de resoluciones establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


Si antes un magistrado podía percibir hasta una retribución adicional de hasta el 10% de su salario por rebasar los objetivos de su juzgado o tribunal -el sueldo fijo oscila entre 46.000 y 108.000 euros brutos-, con el pacto alcanzado ahora todos los miembros de la judicatura, sin distinción, recibirán este año, como mínimo, un plus de 1.100 euros brutos a cuenta del complemento de productividad de 2009, que estaba pendiente de abonar. Ahora bien, esa cantidad aumentará de forma progresiva hasta 1.800 euros en el caso de los jueces que resuelvan más asuntos, de modo que en el mejor de los supuestos estos últimos se beneficiarán de 58 euros más al mes que el resto.

El CGPJ ha actuado como mediador para negociar la nueva fórmula, que cuenta con el beneplácito de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora; de Jueces para la Democracia, de signo progresista; de la Asociación Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente. El pacto con el ministerio de Justicia se cerró a finales de julio, dos meses después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero hubiera recortado un 5% los sueldos de todos los funcionarios públicos, incluidos los miembros de la judicatura. En la práctica, la generalización del plus de productividad a todos los jueces compensa parcialmente la reducción salarial sufrida por ese colectivo.

Carga de trabajo

Ahora bien, esa decisión sólo afecta al complemento de productividad de 2009, una partida que asciende a 6,9 millones de euros. El ministerio de Justicia y los colectivos judiciales tendrán que volver a la mesa de negociaciones para abordar el marco general de las futuras retribuciones en un contexto complicado: el número de asuntos no deja de aumentar en la Administración de Justicia (casi diez millones este año), cientos de juzgados de las grandes ciudades y sus extrarradios están saturados de expedientes por la crisis económica, que incide en las áreas de Mercantil, Civil y Social; y con ese telón de fondo persiste el malestar de la carrera judicial, tras las amenazas de huelga del pasado año por el castigo impuesto del magistrado Rafael Tirado, a raíz del 'caso Mari Luz', y en demanda de una modernización de la Justicia.

De momento, las asociaciones profesionales parecen haber frenado el sistema de incentivos que intentó establecer el Ejecutivo central, apoyándose en una ley de 2003 sobre los sueldos de la judicatura que permite remunerar mejor a los jueces más productivos. De hecho, la primera tentativa para implantar esa fórmula ya había sido frustrada por el Tribunal Supremo en 2006, cuando revocó el reglamento que desarrollaba la ley de retribuciones estableciendo un sistema de módulos de trabajo.

Expresado en lenguaje sencillo, ese reglamento asignaba un número de asuntos a resolver anualmente para cada órgano judicial -una carga de trabajo calculada por el CGPJ y denominada 'módulo'- y ofrecía una subida salarial de entre un 5% y un 10% al juez o magistrado que superara en un 20% el módulo correspondiente a su juzgado o tribunal. En cambio, el que se situara un 20% por debajo de esa línea se exponía a una rebaja del 5% del salario fijo.

El argumento esgrimido por el Supremo para suprimir esa fórmula -la ponente era Margarita Robles- fue que el rendimiento de un juez no se puede medir exactamente por la cantidad de sentencias que dicta. Aquella resolución del alto tribunal puso de relieve la gran controversia que los módulos habían generado dentro de la carrera judicial. Y es que si bien la proporción de jueces que cobraron el complemento salarial fue bastante reducida al principio, el número fue aumentando paulatinamente hasta que, cuando el Supremo anuló el sistema en 2006, el 40% de la judicatura percibía la retribución variable, lo que se había traducido en un incremento de la productividad de los tribunales.

Solución de compromiso

A partir de entonces, el ministerio de Justicia intentó mantener los incentivos salariales, tomando como referencia no los módulos, sino las estadísticas judiciales; pero la decisión del Supremo dejó 'tocado' el modelo retributivo de los jueces, que se debate en una situación de interinidad y afronta un dilema: aunque hay más jueces cada año, cómo evitar un retroceso en la productividad.

El acuerdo alcanzado el mes pasado es una solución de compromiso entre las asociaciones judiciales y el ministerio de Francisco Caamaño. El plus de productividad se repartirá entre toda la judicatura, ponderando la situación de los diferentes órdenes jurisdiccionales y, dentro de ellos, comparando a los jueces que ejercen en el mismo tipo de órganos judiciales. En cada uno de ellos, el CGPJ establecerá una especie de ránking de productividad -ya ha comenzado a reunir los datos-, de modo que el 40% de jueces más resolutivos recibirán el máximo del plus: 1.800 euros brutos.

Esa cantidad irá descendiendo proporcionalmente con dos otros grupos de jueces situados más abajo en la clasificación: el 30% que siga a los primeros y el 20% situado en la cola, que percibirá el mínimo del plus, 1.100 euros. Siempre en el bien entendido de que, actualmente, los jueces cumplen razonablemente con su trabajo y que en muchos casos tienen que hacer frente a una enorme carga de trabajo, según el Consejo General.


Fuente: diariovasco.com

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Los secretarios judiciales pedirán al Gobierno la creación de figuras de adscripción territorial

Los secretarios judiciales plantearán al Ministerio de Justicia la creación de la figura "absolutamente esencial" del secretario de adscripción territorial, en la misma línea que se ha hecho con los jueces. Los secretarios judiciales valoran como "extraordinaria" esta medida, y por eso plantean exportarla a su campo, según ha explicado el presidente del Colegio Nacional de este colectivo, Rafael Lara Hernández.


La adscripción territorial es una fórmula de reciente creación mediante la cual se envía a un juez durante un período limitado a una zona con necesidades específicas, pero sin crear un nuevo juzgado.

El objetivo es evitar que "la única solución sea crear juzgados", ha resaltado Lara, quien ha añadido que las últimas reformas procesales les han dado más responsabilidad y competencias a estos profesionales, que a esta petición suman la de más plazas de secretarios judiciales.

Lara ha recordado que en la última reunión, en Valencia, de las comunidades con competencias de Justicias, se elogió la figura del juez de adscripción territorial y se abogó por extenderla a otros campos de la Justicia.

Por tanto, considera que los "cimientos" están ya puestos y en septiembre se hará la propuesta de manera formal al Ministerio de Justicia para que inicie las reformas legislativos que permiten crear los secretarios judiciales de adscripción territorial.

"LOS JUECES NO SOMOS EL PROBLEMA"

Por otra parte, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jesús Chamorro, ha reivindicado el trabajo y la independencia de jueces y magistrados.

"Los jueces y magistrados no somos el problema de la Justicia", ha aseverado Chamorro, quien considera que en realidad los problemas se deben a la falta de medios materiales, de inversión y de "voluntad política" de los gobernantes.

Chamorro ha criticado que los medios de comunicación quieran "crear la imagen" de que los jueces actúan en función de intereses políticos o ideológicos.

En su opinión, no es que produzca una "judicialización de la política" sino que, al contrario, "se politiza la Justicia desde fuera".

Fuente: que.es

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El CGPJ asume por primera vez la inspección de los tribunales militares

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido cerrar el «limbo» que existía sobre la inspección de los juzgados y tribunales militares, y, por ello, a partir del próximo año asumirá esa competencia, que le viene reconocida por la propia Constitución. Es la primera vez que las inspecciones ordinarias a estos juzgados togados se incluyen dentro del «control de la actividad» de los órganos judiciales españoles, y, como tal, se recoge en el Proyecto de Presupuesto del CGPJ para 2011.


«Se van a realizar visitas a juzgados y tribunales militares», se limita a señalar al respecto el citado documento. Hasta estos momentos, la Inspección del Consejo sólo entraba a analizar la situación de un órgano judicial togado cuando se había registrado un hecho excepcional o cuando se producía una denuncia por cualquier funcionamiento erróneo. A partir de ahora «se incluirán en la inspecciones ordinarias, como el resto de juzgados y tribunales españoles», señalaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

«Es asumir la normalidad del Poder Judicial, de velar por la independencia de todos los juzgados y tribunales de España», recalcaron al respecto las citadas fuentes, y de articular un sistema que incluya a esos órganos judiciales militares, al igual que los que integran el resto de las jurisdicciones, dentro de las inspecciones ordinarias del Consejo.

Sobre esta cuestión, fuentes jurídicas expusieron la contradicción que supone que el «control» de los juzgados militares dependiese del Ministerio de Defensa y no del Consejo, «que es quien tiene atribuída por la Constitución la competencia para la inspección de todos los juzgados y tribunales españoles».

Por otro lado, el CGPJ prevé elaborar un informe conjunto con el resultado de las inspecciones realizadas, que se trasladará al Ministerio de Justicia –en el ámbito donde tiene competencias– o la comunidad autónoma correspondiente, «para adoptar las medidas que permitan reflotar y estabilizar el juzgado o sala de que se trata».


Inspección «virtual»

Junto a ello, seguirá con la «tarea inspectora virtual, a fin de obtener la mayor información en tiempo real sobre la situación de los asuntos de cada órgano judicial», y, de esa forma, poder adoptar las medidas preventivas necesarias.


Suspenso al régimen disciplinario

La última encuesta del CGPJ realizada a la Carrera Judicial revela que los jueces no están nada satisfechos con la actuación del Consejo en lo que se refiere al régimen disciplinario. De hecho, es el área que recibe, junto a los planes de urgencia y medidas de refuerzo, peor valoración: 2,9 sobre 10.

Esta materia ha motivado quejas de colectivos judiciales, como el Foro Judicial Independiente, quien considera que la Comisión Disciplinaria se ha convertido en un «instrumento de presión».

De las 21 áreas del CGPJ valoradas por los jueces, sólo seis merecen un aprobado. El Fondo Documental recibe la mejor nota: un siete.

Fuente: larazon.es

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"Alicante necesita cuanto antes la sección contra el crimen organizado"

Vicente Magro, Presidente de la Audiencia Provincial, ha renunciado a optar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para centrarse en su labor como presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, un cargo que espera revalidar en 2011.


¿Cómo ha afectado la crisis económica a la Justicia?

El número de litigios civiles y mercantiles ha aumentado un 300%. En la provincia de Alicante harían falta cerca de 50 nuevas juzgados —sobre todo de mercantil, penal, de instrucción y primera instancia— para paliar los efectos de la crisis. Ya hace dos años propusimos crear una nueva figura, la de los Juzgados de Derecho Inmobiliario, para tramitar causas relacionadas con contratos, impago y ejecución de hipotecas, propiedad horizontal y desahucios por impago de arrendamientos, que en Alicante alcanzan los 3.000 al año.

Por tanto, ¿los juzgados de Alicante están saturados?

Hemos propuesto al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial otras soluciones, como los «juzgados bicéfalos», asignando un juez más a cada uno de ellos. La Conselleria de Justicia lo ve con buenos ojos y le hemos pedido que, a partir de 2011, asigne un magistrado de apoyo a los juzgados más saturados, lo que permitiría duplicar en cada uno de ellos el número de juicios que celebran. Es una solución más económica, porque mantener un nuevo juzgado cuesta cerca de 500.000 euros anuales.

¿La crisis también ha disparado los delitos contra la propiedad?

Sobre todo los casos de estafa, falsedad y fraude. En cuanto a la delincuencia organizada, hemos notado un incremento en algunas zonas de la Comunidad con fuertes núcleos industriales y turísticos. Estos grupos suelen contar con una estructura empresarial, con muchos medios económicos y materiales. Espero que a finales de este año podamos poner en marcha una sección de la Audiencia contra el crimen organizado. Tanto la Conselleria como el Ministerio de Justicia ya lo han aprobado.

Desde la Audiencia de Alicante, usted ha impulsado medidas pioneras: su protocolo de juicios rápidos se adelantó varios años a la ley que los regula.

Lo elaboramos en 2001 para resolver un problema que nos preocupaba: algunos delincuentes reincidentes, con hasta 40 delitos en sus espaldas, quedaban en libertad provisional porque los juicios tardaban nueve meses en celebrarse, y durante ese tiempo volvían a delinquir. Con el marco legal que había en aquel momento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pusimos en marcha un protocolo para celebrar esos juicios en 15 días, sobre todo para delitos contra el patrimonio como robos y hurtos. El Ministerio de Justicia conoció nuestra experiencia y, de hecho, la Ley de Juicios rápidos que entró en vigor en junio de 2004 responde a esa misma filosofía. Ahora se celebran entre 1.000 y 1.500 juicios rápidos al año en toda la provincia.

También puso en marcha un innovador programa de reeducación de maltratadores en 2004.

Se producía una situación de impunidad porque muchos maltratadores condenados a penas inferiores a dos años, unos 1.500 al año en toda la provincia, quedaban en libertad y sin ningún tipo de medida cautelar al carecer de antecedentes. Además, gracias a nuestra iniciativa, el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante fue el primero de toda España especializado en violencia de género y doméstica. Tuve la oportunidad de exponer estas experiencias en la Comisión del Congreso de los Diputados que tramitaba el proyecto de la Ley 4/2004 Integral contra la Violencia de Género, que creó los actuales juzgados especializados en esta materia e introdujo, tal como habíamos hecho en Alicante, los cursos de reeducación para los condenados.

fuente: ABC.es

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Madrid: La Comunidad invierte 1,6 millones de euros en la reforma de sedes judiciales

La Comunidad de Madrid ha destinado 1,6 millones de euros a las obras de reforma realizadas en diferentes instalaciones para albergar algunos de los órganos judiciales que entraron en funcionamiento el pasado 1 de enero.


La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ha recordado que hace un año -el 1 de agosto de 2009- el Ministerio de Justicia aprobó la creación en la Comunidad de 17 nuevos órganos judiciales y 24 unidades judiciales que, según la Ley, debían entrar en funcionamiento el pasado 1 de enero.

Consecuencia de ello, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha aportado 1,6 millones de euros a diversas obras, entre las que se incluye el acondicionamiento del Edificio "C" del complejo situado en el número 6 de la calle de Manuel Tovar, en Madrid, para que albergue los Juzgados de Violencia sobre la Mujer números 6, 7 y 11.

También se han realizado las pertinentes obras en el número 10 de la calle de Génova, donde se instala la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como en la planta 12 de la Audiencia Provincial, Sección 29, situada en la calle de Santiago de Compostela, para acoger la Sección 30.

En el edificio "B" de la calle de Manuel Tovar también se han adaptado espacios para instalar salas de vistas, Fiscalía y Galería de Comunicación.

Fuera de la capital, la Comunidad de Madrid ha ejecutado diversas obras para instalar un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la planta tercera del edificio de Juzgados de Coslada.

En Alcalá de Henares se ha adaptado un local en el número 16 de la calle Luis Madrona para albergar el Juzgado de Primera Instancia número 6.

Por su parte, el número 4 de la Ronda de San Juan, en Navalcarnero, ha sido reformado para acoger el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, mientras que el número 2 se asentará en la calle Malacuera de Torrelaguna.

Fuente: ABC.es

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Las cárceles se llenan con más de un millar de conductores condenados

Usted, que nunca ha pisado una comisaría, puede ser el siguiente en ir a la cárcel. Atención a las copas del verano, a ponerse bravo si le paran en un control o decide recorrer la calle como una flecha para que no se le cierren los semáforos. Los jueces han enviado ya a prisión a 1.033 conductores solo por delitos contra la seguridad vial, casi una cárcel al completo aunque obviamente cada uno cumple donde le toca. Además hay otras 2.537 personas entre rejas a las que les consta una infracción de tráfico como delito principal, que no único.


Una conducción temeraria, el exceso de alcohol o de velocidad y carecer de carné de conducir están tipificados como delitos desde hace tres años. Si la pena no excede del año es habitual que se sustituya por multa o trabajos en beneficio de la comunidad; también cuando es de dos años pero se trata de gente sin antecedentes. Ahora bien, si el conductor reincide la prisión es una medida casi automática. Es lo que les ha pasado a Javier, Fernando, José —los tres son nombres supuestos— y a Daniel Navarro, este sí real, que están en la cárcel madrileña de Valdemoro donde jamás imaginaron que podrían acabar.

Alcohol y reincidencia

En este centro cumplen condena a fecha de hoy 22 hombres por conducción temeraria, uno por negarse a la prueba de alcoholemia y otros 13 por haber rebasado la tasa de alcohol que marca la ley. Todos son lo que en el argot se conoce como delincuentes primarios, es decir, sin antecedentes. Nuestros cuatro protagonistas están en la sección abierta de la prisión, sin rejas en las celdas, con la puerta del recinto entornada y salidas de fin de semana: «Un colegio mayor para niños malos», según descripción de un funcionario. Pero antes han convivido con presos de todo tipo al otro lado del muro de la cárcel.

Javier, madrileño de 44 años, trabajaba como encuadernador. Le condenaron a 15 meses por conducción temeraria y a otros seis por no someterse a la prueba de alcoholemia. Jamás había delinquido. Pagó la multa alternativa y pidió un indulto. Meses después dio positivo en una alcoholemia. Lleva en prisión desde abril de 2009 y en un mes obtendrá la libertad condicional. «Entré acojonado. Yo no sabía ni que había televisión en las cárceles. La clave está en no mezclarte con cierta gente». Cada fin de semana vuelve a casa. Asegura que ha aprendido la lección. «Nunca pensé que iban a ser tan estrictos. Yo solo digo que todo el mundo se lo piense dos veces antes de coger el coche con unas copas».

Fernando, también madrileño, excelentes modales y apostura, tenía una buena vida. Siempre ha trabajado en tareas de mantenimiento. A raíz de la muerte de una persona cercana empezó a beber y se perdió. Cuando se le cruzaban los cables cogía el coche de su mujer —él no tiene carné— y se iba de fiesta. Le pararon en un control de alcoholemia en Fuenlabrada a mediados del año pasado y dio 1,60 gramos por litro en la prueba. «No sé cuánto pero había bebido mucho». Le impusieron una multa de 1.500 euros y 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Pagó y cumplió —«estuve haciendo chapuzas en unos colegios a los que me mandaron»—, pero a los tres meses volvió a las andadas. Esta vez dio 1,20. Ya era reincidente; a los cuatro días le condenaron en un juicio rápido a diez meses de prisión. También pasa los fines de semana fuera, en un mes tendrá la condicional y en diciembre será de nuevo un hombre libre. «He estado en dos prisiones. Tenía miedo a que me violaran o me mataran. Qué sé yo. Es duro, mucho, yo no había pisado una comisaría en mi vida». Dos días antes de ingresar pidió la baja voluntaria en la empresa. «No le iba a decir a mi jefe que me iba al talego». Ahora irá al paro. «Ni mis hermanos saben que estoy aquí, solo mi mujer que me ha apoyado sin fisuras».

«Crees que nunca acabará», reflexiona José, que tampoco se llama así. Este ecuatoriano cuarentón se ha deslomado en las obras desde hace diez años. «Ya estoy buscando trabajo. Lo encontraré, siempre lo he hecho». Dio positivo en una alcoholemia en 2008 y un año después, bajó a mover el coche mal aparcado, en mitad de un cumpleaños con mucho alcohol. Se asustó al ver a la Policía Municipal —se había metido en dirección prohibida— y se negó a hacerse la prueba. Le cayeron cuatro meses de los que ya ha cumplido dos. «Mi hijo de ocho años cree que estoy trabajando en Alicante. Me dice que mejor me venga a Madrid que así estaremos juntos. Cuánto duele oír eso de un niño».

«Recurre, que yo no soy Farruquito»

Daniel Navarro ladea la sonrisa. Cae bien a la primera. En 2003 se fue a la concentración motera «Pingüinos» de Valladolid. Allí vivió una historia surrealista. Se enfangó con un camarero de madrugada que le sacó un cuchillo jamonero. Acabó con su furgoneta entre tiendas de campaña y pinares, según él, huyendo. Lo detuvo la Guardia Civil y dio positivo en la alcoholemia. Cuando faltaban 20 días para que prescribiera, a los cinco años, le condenaron. Un año de cárcel y tres sin carné. «Yo trabajaba como transportista y mensajero. Le dije a la abogada "recurre que yo no soy Farruquito, no he matado a nadie”. En qué hora. El juez no admitió el recurso y me puso en busca y captura. Al salir de una discoteca me detuvo la Policía y salió la busca». Tiene un contrato de camarero esperándolo. Mañana empieza. «Olvídense de los farruquitos. Como te trinquen, vas adentro. Y eso que a mí me llamaban el "trina" porque solo bebía cada dos meses».

Fuente: ABC.es

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País Vasco: Siete nuevos jueces para reducir el número de suplentes

Euskadi contará a finales de este año con siete nuevos jueces de carrera para utilizar menos a los sustitutos y para aligerar la carga de trabajo de los órganos judiciales, que, si bien no es tan alta como en otras autonomías, sí es perceptible en la jurisdicción de lo Contencioso y, más recientemente, en las de Mercantil y Social, debido a la recesión económica.


Según explicó el Departamento de Justicia, en diciembre próximo está prevista la creación de tres juzgados en Bilbao (Contencioso), Tolosa (Mixto) y San Sebastián (Social), con sus correspondientes funcionarios. También empezará a trabajar un magistrado más en la Sección Sexta de la Audiencia de Bilbao. Pero la principal novedad es que se asignarán al conjunto del País Vasco otros tres jueces denominados de adscripción territorial, una figura novedosa que es del agrado de las once autonomías que ejercen las competencias de Justicia, entre ellas Euskadi.

Y es que, en tiempos de enormes dificultades presupuestarias, esos jueces, pagados como los demás por el Ministerio de Justicia, no llevan aparejada la implantación de juzgados nuevos, de cuyos gastos materiales y de personal deben encargarse las comunidades. Además, los jueces 'volantes' encajan mejor en la nueva oficina judicial, denominación que recibe la reforma organizativa de la Administración de Justicia, que empezará a aplicarse en Euskadi a la vuelta del verano y según la cual, la mayor parte de la tramitación de los juzgados se descargará sobre unos servicios comunes para todos ellos.

Los jueces de adscripción territorial, contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no tendrán un destino fijo, sino que estarán a las órdenes del Tribunal Superior del País Vasco para moverse por un territorio concreto, allí donde hagan más falta, aunque eventualmente su radio de acción puede abarcar toda la comunidad. Su misión es apoyar a los órganos saturados de trabajo y cubrir los órganos vacantes o cuyo titular se encuentre de baja, de permiso o realizando cursillos de formación.

Los siete nuevos refuerzos para Euskadi se sumarán a una plantilla que se compone actualmente de 217 jueces y magistrados. A ese colectivo de 'fijos' hay que añadir una bolsa de 107 suplentes que no son jueces de carrera, sino juristas que acreditan unos requisitos y tapan los 'huecos' provisionales que dejan los titulares de los juzgados y tribunales.

Plan de Modernización

Para hacerse una idea del protagonismo de los sustitutos, un día cualquiera en Bilbao, once de los 55 órganos unipersonales de ese partido judicial están ocupados por ellos. Esta Justicia 'interina' ha despertado críticas entre los jueces de carrera, que cuestionan su calidad y exigen una reducción del número de suplentes, algunos de los cuales llevan hasta veinte años realizando esa labor en Euskadi.

La aparición de los jueces de adscripción territorial responde a esa demanda, que fue incluida en el Plan de Modernización de la Justicia. El Gobierno central ha creado 50 plazas de ese tipo para las 17 autonomías (tres de ellas en el País Vasco) y ha previsto aprobar otras cien más para los ejercicios de 2011 y 2012, sin contar los juzgados completos que se puedan crear para absorber un volumen de asuntos judiciales que no deja de crecer en España.

Las autonomías, incluido el Gobierno Vasco, han pedido formalmente al Ministerio de Justicia que, en adelante, cree menos juzgados en sus territorios, ya que el coste de cada uno de ellos para las arcas autonómicas, sólo en nóminas, puede rondar los 250.000 euros anuales . Por el contrario, reclaman más jueces 'volantes' que no obliguen a incrementar demasiado la plantilla de funcionarios y que respondan a la filosofía de la nueva oficina.

Fuente: diariovasco.com

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Galicia: La Xunta reclama al Gobierno el control sobre el sistema informático de los juzgados

Tras el desastroso estreno de la reforma procesal en los juzgados gallegos, al borde del colapso por los múltiples problemas que dio la nueva aplicación de gestión, la Xunta está decidida a asumir el control informático en la Administración judicial gallega y romper la tutela y dependencia que le une desde hace años al Ministerio de Justicia. La Xunta seguirá trabajando con el sistema Minerva NOX (que actualiza, desarrolla y financia el Gobierno para algunas comunidades) pero reclama a Madrid la cesión del programa para poder introducir cambios por su cuenta y adaptarlo a las necesidades de Galicia.


La Secretaría Xeral de Modernización Tecnolóxica llevará el peso de las negociaciones con el Ministerio de Justicia. De hecho, la responsable de este departamento, Mar Pereira, ya le ha trasladado esta reclamación de manera informal al director general de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata, y trabaja ahora en una propuesta oficial para ver cómo se plantea el traspaso. "Si vamos a seguir con el Minerva lo que pedimos es que nos cedan el código fuente (información imprescindible para poder modificar o enriquecer cualquier programa informático) para poder desarrollarlo nosotros y no depender constantemente de sus técnicos", argumenta el director xeral de Xustiza, Juan José Martín.

La Xunta había barajado inicialmente la posibilidad de desvincularse por completo del Minerva NOX para comprar su propio programa. Pero tras constatar que en comunidades con sistema propio como Canarias, Navarra o Cataluña también hubo problemas para adaptarse a la reforma procesal que entró en vigor el 4 de mayo, el Gobierno gallego parece haberse decantado definitivamente por negociar con Madrid la cesión parcial del programa.

El Gobierno gallego cuenta incluso con el apoyo de los sindicatos, que en una reunión a finales de mayo coincidieron en achacar a la dependencia informática de Madrid gran parte de las incidencias que se detectan cada vez que se cambia el programa que utilizan para trabajar los juzgados. Así ocurrió el 4 de mayo, cuando entró en vigor la mayor reforma procesal de la Justicia española desde 1870 sin ensayos previos y sin tiempo para que los funcionarios se familiarizaran con una aplicación nueva, compleja y que presentaba múltiples errores.

Lo que no se sabe todavía es qué opina al respecto el ministerio que dirige Francisco Caamaño, que asume los costes de un programa que utilizan en total 12 comunidades.

Fuente: laopinioncoruna.es

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Soria: Justicia invertirá 450.000 euros en las obras para el Instituto de Medicina Legal

El Ministerio de Justicia invertirá alrededor de 450.000 euros en la reforma de las dependencias de la sala de autopsias del hospital Virgen del Mirón en las que trabajan las cuatro forenses del Instituto de Medicina Legal de Soria. Esta actuación nace gracias al convencio firmado hace un par de años entre el Ministerio de Justicia y Sacyl debido a las quejas realizadas por los trabajadores del servicio de Anatomía Patalógica en las que señalaban las pésimas condiciones de su lugar de trabajo que, básicamente, no cumplía con los requisitos para llevar a cabo las autopsias.


De esta forma, técnicamente, en estas instalaciones se localizaría la clínica del Instituto de Medicina Legal que tiene su base en el Palacio de los Condes de Gómara.

Ahora, según indicaron fuentes de la Subdelegación, el proyecto está ya redactado, acabado, aprobado técnicamente y supervisado por los que saldrá próximamente a licitación.

La obra conllevaría la reforma integral, ampliación de espacios ya que se asimilan dependencias contiguas al centro de autopsias y se incluirán, además, todos los elementos necesarios para que las instalaciones queden modernas y funcionales.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Soria ya ha aprobado la redacción del proyecto de ejecución y la concesión de la licencia de obras.

Fuente: heraldodesoria.es

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Venezuela: Las vacaciones judiciales están en suspenso

En veremos. Así está el tradicional receso que los tribunales del país venían disfrutando por estas fechas, según fuentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Aunque en la última reunión de la Sala Plena, celebrada el pasado 28 de julio, los miembros del máximo juzgado acordaron paralizar las actividades tribunalicias entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre próximos, al parecer esa decisión será revisada.


El viernes los magistrados, abogados y demás personal de la Sala Penal del TSJ fueron informados de que las actividades no se interrumpirán. La misma noticia recibieron quienes integran la Sala Constitucional, instancia que por ser la competente para conocer de denuncias de faltas contra los derechos fundamentales nunca deja de laborar y siempre tiene personal de guardia.

Sin embargo, el cambio no se limitará al máximo juzgado, pues los tribunales penales también se verán afectados. Respecto a las razones que motivarían esta decisión, tanto en el TSJ como en los juzgados penales afirmaron que la misma responde a la cercanía de las elecciones parlamentarias, las cuales están pautadas para el 26 de septiembre.

"Aseguran tener información de que algunos grupos podrían provocar un conflicto en las cárceles aprovechando el receso y por ello quieren tener a todos los jueces listos", indicó un magistrado, afirmación que fue corroborada por una juez.

Sin embargo, otros tres magistrados negaron la versión y aseguraron que "hasta ahora no hay ningún motivo para suspender unas vacaciones a las que está acostumbrado el país y en las que la Justicia no se paraliza, pues siempre hay jueces de guardia". Los consultados, miembros de las salas Constitucional, Electoral y Político Administrativa, sugirieron esperar hasta la próxima plenaria, a realizarse este miércoles, para despejar las dudas.

Con respecto a los demás juzgados se pudo conocer que en los de Niños y Adolescentes y Civiles seguían en pie los planes para iniciar el asueto.

Vacaciones criticadas

El receso ha sido objeto de cuestionamientos en los últimos años, pues los tribunales cesan sus actividades dos veces al año (en agosto y en diciembre) y eso contribuye a agravar el retardo judicial.

La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, en su informe correspondiente al año 2008, afirmó que las vacaciones de agosto atentan contra el derecho a la justicia expedita. Opinión similar tienen en el Ministerio Público.

Durante el receso el TSJ establece un sistema de guardias y afirma que así garantiza el acceso a la Justicia. No obstante, durante este período los jueces penales solo pueden recibir casos en flagrancia y no se celebran más que los juicios ya iniciados.

Fuente: eluniversal.com

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