El Consejo de Ministros ha acordado el cese del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. Así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno, José Blanco, en la rueda posterior al último Consejo de Ministros del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. 
El nuevo Palacio de Justicia está ya ejecutado en un 97% y el Principado podría recibir el edificio a lo largo de la próxima semana. Ese es, al menos, el plazo que barajan las empresas Dragados y Coprosa, responsables -a través de una Unión Temporal de Empresas- de una obra que tan sólo está pendiente de sus últimos remates. Para agilizar estos trabajos finales se ha reforzado la plantilla de forma notable. Jesús Aguiar, delegado sindical de STAJ, aseguró que «estamos deseando que empiece a funcionar la nueva sede». 
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha instado a la Dirección General de Justicia a desarrollar una "programación global" sobre las plazas de funcionarios que han sido amortizadas en los juzgados de Primera Instancia de Valencia tras conocer las quejas de los jueces y secretarios de estos órganos judiciales.
La Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid implantará sistemas de control horario para los funcionarios tras la petición de jueces y secretarios. Comenzará en 2012 con una experiencia piloto en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ésta es una de las 54 medidas del informe que la nueva consejera de Justicia, Regina Plañiol, ha elaborado para la mejora de la Justicia en la Comunidad de Madrid. La Consejería ha elaborado el diagnóstico y las propuestas con diversos órganos de la Administración, la Fiscalía y la Sala de Gobierno “que han hecho sus aportaciones”. El documento ha sido aprobado en una reunión de la Comisión Mixta con la Fiscalía el pasado 30 de noviembre.
En Galicia, el número de resoluciones a la espera de ejecución se ha disparado un 15% en apenas año y medio y asciende ya a 127.798, en su mayoría, civiles y penales. Es una cifra enorme pero que sigue creciendo, incluso durante 2011, cuando se preveía que la carga de trabajo vinculada a la crisis empezaría a relajarse y permitiría normalizar la situación en los juzgados. En los seis primeros meses del año, sin embargo, la Justicia gallega acumuló otras 16.229 sentencias pendientes, el 93% de ellas (15.184) en el ámbito civil, un dato que viene a confirmar que gran parte de los fallos a la espera de resolución están relacionados con la crisis.
Los sindicatos de la Administración CCOO, ELA, LAB, STEE-EILAS, SPA, SBN y STAJ han afirmado ayer que no firmarán un convenio que no prevea "el mantenimiento y la recuperación del poder adquisitivo y del empleo perdidos hasta 2010". Durante una asamblea de trabajadores públicos de la administración núcleo, los sindicatos han acusado al Gobierno de Navarra de destruir empleo y empeorar la calidad de los servicios públicos mientras aprueba "una subida de hasta el 33 por ciento" de sus sueldos y el de otros altos cargos. 
Los jueces de primera instancia han derivado en lo que va de año en Cataluña 300 casos para que siguieran un proceso de mediación fuera del ámbito judicial, mientras que en 2010 solo enviaron una treintena. Así lo ha revelado la consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, que ha explicado que "el objetivo final es descongestionar los juzgados y que las personas tengan más agilidad para resolver sus diferencias". Ha avanzado que desde su departamento se está tramitando un reglamento para desarrollar la ley de mediación en el derecho privado de 2009 y que prevén tenerlo listo durante el 2012, sin concretar más.
El Gobierno regional ha autorizado un gasto de 138.000 euros para sufragar la prórroga del alquiler de un inmueble ubicado en la calle Manzanera de Logroño, números 4, 6 y 8, que alberga las dependencias de los Juzgados 1 y 2 de lo Social. El importe corresponde a dos anualidades, de forma que 119.558 euros se destinarán al año 2012 y 18.470 al 2011.
El decano del colegio de abogados de Castellón, Antonio Esteban, exige más estabilidad en la contratación de funcionarios de justicia para paliar la sobresaturación de los juzgados castellonenses. “Hay carencias brutales”, explica Esteban. 
El Consejo General del Poder Judicial mantiene en su agenda la creación del juzgado de 24 horas de Vigo. El organismo volverá a debatir en su pleno de enero la necesidad de crear este servicio para atender los asuntos y detenciones que surgen después de las ocho de la tarde en el partido judicial a pesar del nuevo informe de la Xunta y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) del 30 de noviembre que declara "no prioritarias" las guardias de jornada completa en la ciudad.
El viejo “vuelva usted mañana”, pero en formato digital. En esto parece haber derivado el proyecto, de momento fallido, de digitalización de la documentación judicial que entra en la Audiencia Nacional. Aparentemente, el servicio Común de Registro, Reparto, Digitalización y Archivo de la Audiencia es una ventanilla eficiente y operativa. A la entrada unos trípticos impresos por el Ministerio de Justicia anuncian que "la Audiencia Nacional es precursora en el proceso de implantación del expediente judicial electrónico" y proclama la inminente llegada de "una justicia tecnológicamente avanzada, ágil y eficiente". Pero los problemas latentes bajo estas palabras afloran cuando se pregunta a los usuarios del servicio, abogados y, sobre todo, procuradores.
“La Administración de Justicia es la asignatura pendiente de nuestra Democracia” es la primera de las conclusiones de la reunión de los jueces decanos que se ha celebrado en Vitoria. Según los jueces, el progreso operado en España en los últimos treinta años no ha alcanzado a una Administración de Justicia que se muestra incapaz de ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad, moderno, eficaz, eficiente y adecuado a las necesidades de la sociedad actual. 
La crisis ha estimulado la imaginación de los responsables de Justicia a la hora de tratar de conseguir recursos propios, un dinero que posteriormente se reinvierta en Justicia. La última propuesta de la Conselleria consiste en poner en alquiler los salones de actos de las principales sedes judiciales de la Comunidad. Se trata, al igual que con la idea de cobrar el aparcamiento de jueces, secretarios judiciales, fiscales y funcionarios, de aprovechar las posibilidades que ofrecen las instalaciones. Años atrás, en época de bonanza, estas iniciativas ni se hubieran planteado. 
A cierre del pasado mes de noviembre, el número de sociedades declaradas en suspensión de pagos desde el inicio de año se situaba en 5.038 empresas, lo que supone un incremento del 16,5% respecto al mismo periodo de un año antes. La inmensa mayoría (el 98%) de las insolvencias registradas en los once primeros meses del año correspondieron a pequeñas y medianas empresas, en tanto que sólo 64 fueron declarados por parte de grandes compañías. Por comunidades autónomas, Cantabria es la región donde más aumentaron los concursos, ya que se multiplicaron por más de dos (+155%). En el lado opuesto, Castilla y León es la única en la que las insolvencias empresariales descendieron (-4,7%).
Desde que la economía se torció allá por el año 2008, en los tribunales de Mallorca se han dirimido 6.932 despidos y 22.462 expedientes. Y por el camino se han quedado otros muchos, una pila de asuntos a la espera de turno en una Justicia que en Baleares acumula 85.000 casos pendientes. Tan grave es la congestión que los juzgados están señalando juicios de conflictos laborales que se producen hoy para dentro de casi dos años, en junio de 2013. La apretura es tal que los jueces se ven obligados a reservar huecos en su agenda para que los despidos puedan ir a juicio antes. Un despido de hoy podría así juzgarse a lo largo del 2012. Otra cosa son el resto de conflictos laborales, que, salvo excepción, se van ya a junio de 2013. 
