domingo, febrero 21, 2010

España paga cinco millones de dólares y espera la inminente liberación de Alicia y sus compañeros

"La liberación de los cooperantes españoles se puede producir en cualquier momento". Esta ha sido la frase empleada el pasado miércoles por un alto cargo de Interior cuando un destacado miembro de la judicatura española le preguntó sobre la suerte que podían correr Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta.


El Ejecutivo español, con la ayuda e intermediación de las autoridades de Mali, llegó a un acuerdo la última semana de enero con los terroristas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) para pagar cinco millones de dólares por la liberación de los cooperantes de Barcelona Acción Solidaria, cuenta este domingo El Mundo.

El acuerdo se materializó días después de que los agentes del CNI destacados en Bamako llamaran a Madrid para confirmar al Ejecutivo español que habían visto un vídeo donde aparecían los tres cooperantes españoles sanos y salvos.

Toda parece indicar, señala el diario de Unidad Editorial, que la puesta en libertad de los tres cooperantes catalanes, que están en manos de AQMI desde el 29 de noviembre de 2009, parece inmediata.

Fuente: EcoDiario

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La Justicia sevillana padece las mismas carencias un año después de la huelga

La radiografía de la Justicia sevillana es hoy exactamente igual a la de hace un año, cuando los jueces se echaron a la calle para reclamar más medios y personal en la primera huelga de la judicatura en la historia de España. Los magistrados reclamaron en aquella huelga del 18 de febrero -que fue seguida por más de un tercio de la carrera judicial y que tuvo su continuidad con el paro del 8 de octubre- una revisión de la actual planta judicial, con la creación de más órganos judiciales en las jurisdicciones donde fuera necesario, y elevar la ratio de jueces por habitante. Otras reivindicaciones planteaban la implantación inmediata de la nueva Oficina Judicial y de las nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia.


Un año después de las protestas, que tuvieron su origen en la sanción impuesta al titular del juzgado de lo Penal número 1 por los errores en la ejecución de una sentencia al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, el volumen de causas pendientes de ejecutar sigue creciendo sin parar y ya supera las 11.180 en los juzgados de lo Penal, según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si se suman las sentencias en trámite en todas las jurisdicciones de Sevilla, la cifra supera los 71.000 asuntos, lo que supone 8.670 más que cuando estalló el escándalo. La crisis económica ha complicado aún más la situación de los juzgados, que ha sobrecargado los órganos de Primera Instancia, que resuelven las reclamaciones económicas; de lo Social, con los pleitos laborales; y los Mercantiles, que resuelven los concursos de acreedores, las antiguas quiebras y suspensiones de pagos. Las estadísticas avalan esa saturación y, en el caso de los juzgados de Primera Instancia, los titulares están trabajando un 130% por encima del módulo fijado por el máximo órgano de gobierno de los jueces.

La opinión de los magistrados no es esperanzadora. Nuria Orellana, presidenta en Andalucía de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y de carácter conservador, considera que las dos huelgas estuvieron "absolutamente justificadas por la situación de colapso manifiesto de la mayoría de órganos judiciales en España" y que se debía a la carencia de medios materiales y personales. "El tiempo nos ha dado la razón, a día de hoy no ha cambiado el funcionamiento de los juzgados: no sabemos cómo se van a implantar la reformas que se proponían, la oficina judicial sigue sin desplegarse, los juzgados no tienen red integrada de comunicaciones y la planta judicial sigue siendo deficitaria", sostiene la magistrada.

El colapso de los órganos, explica la juez Nuria Orellana, fue lo que provocó "el hartazgo de la carrera judicial y las dos huelgas. Y ese malestar continúa. La Justicia sigue olvidada". Orellana, que es magistrada de lo Mercantil en Cádiz, explica que si echa una mirada atrás, al momento en que se produjeron las dos huelgas, "no ha mejorado nada en su juzgado, donde hay las mismas carencias o incluso está peor, por el aumento de los asuntos".

La presidenta de la APM en Andalucía opina que ésta es la sensación que en la actualidad tienen muchos jueces. "Lo que pedimos es poder realizar nuestro trabajo en condiciones dignas y dar respuesta a los ciudadanos en plazos razonables", asevera Orellana, que recuerda que si la Justicia es una cuestión de Estado, requiere un Pacto de Estado que se mantenga en el tiempo con independencia de los gobiernos de turno.

El decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, coincide en que después de las dos huelgas "no ha habido un cambio sustancial en la Justicia". Ballester sí advierte, no obstante, una "nueva actitud de los responsables del Ministerio de Justicia como en el gobierno del Poder Judicial", que coincide con el relevo del titular de la cartera de Justicia y la entrada de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ballester reconoce que la precaria situación económica está impidiendo que se realicen mayores esfuerzos para la creación de nuevos órganos judiciales. En cuanto a la ratio de jueces por habitantes, los niveles siguen por debajo de los europeos, lamenta el magistrado, que destaca que aunque "se nota el cambio de actitud pero no hay resultados tangibles".

El juez decano de Sevilla insiste en que hay un retraso acumulado "en todas las jurisdicciones", sobre todo en la Civil y Mercantil. Ese retraso es "difícil de reducir en un período breve porque se están acumulando tantos asuntos que si no se toman medidas de choque o de refuerzo puede tardarse muchos años en normalizar la situación en los juzgados". Federico Jiménez explica que podría pasar como con la incorporación de los juzgados unipersonales de lo Contencioso-Administrativo, en los que se disparó a tres o cuatro años la celebración de los juicios por el elevado volumen de asuntos que recibieron estos órganos.

Para el decano, lo más grave es que no se cree ningún órgano nuevo en las jurisdicciones especialmente saturadas, como los juzgados de Primera Instancia. "Quizás estos juzgados tienen menos repercusión porque tratan asuntos económicos, pero detrás de estos juzgados hay empresas que se ven obligadas a cerrar porque no cobran las deudas, o rentas impagadas". Pero a pesar del panorama que dibuja, el magistrado cree que a día de hoy no se podrían repetir las movilizaciones de los días 18 de febrero y 8 de octubre. "La huelga fue un recurso límite ante una situación límite de imputar sólo a los jueces las responsabilidades por el funcionamiento de la Justicia", puntualizó Jiménez Ballester.

Una opinión bien distinta es la que tiene el magistrado Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), quien vaticina que los jueces volverán a protestar. "Es nuestro deber y nuestra única forma de hacer valer nuestra opinión, pero la solución de la Justicia no es un problema corporativo de los jueces sino de todos los ciudadanos".

El representante del Foro Judicial indicó que la huelga "sirvió" para provocar un incipiente cambio en la opinión pública, que ya percibe que "los jueces no son los responsables del lamentable estado en que se encuentra la Justicia, trasladando esa responsabilidad en gran medida a los otros poderes". Conrado Gallardo entiende que las protestas también han permitido que los otros poderes "recuperen algo del respeto perdido a los jueces", aunque subraya que el resultado práctico a un año vista es "decepcionante, pues no se ha traducido en medidas efectivas".

El magistrado admite que en un año es "imposible" resolver el gravísimo déficit de jueces y los problemas de organización estructurales, pero "tampoco se han puesto en marcha medidas solventes que permitan pensar que los problemas se van a resolver a medio plazo". La cuestión, según Gallardo, radica en que no hay previsiones del Gobierno para invertir más dinero en la Justicia "ni se han puesto en marcha reformas legislativas que no precisan coste alguno que permitirían desjudicializar muchos de los conflictos que de forma tan innecesaria como abrumadora inundan los juzgados".

El presidente del FJI cree que la situación irá a peor. "Mucho nos tememos que después de un largo período de bonanza económica en que se ha hecho poco por la Justicia, la crisis servirá de excusa para justificar que el estado de abandono se prolongue hasta que su deterioro sea irreversible, afectando no sólo a los derechos de los ciudadanos en conflicto sino a la calidad de la democracia", dijo Gallardo.

Fuente: diariodesevilla.es

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El Supremo confirma el archivo de la causa contra Garzón por sus cobros en EEUU

El Tribunal Supremo ha rechazado anular el archivo, acordado en julio de 2009 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la investigación sobre los cobros del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón durante su estancia en Estados Unidos entre 2005 y 2006, en los que no apreció falta disciplinaria.



El Supremo rechaza así, en un auto notificado el miércoles, el incidente de ejecución de sentencia presentado por los abogados que denunciaron a Garzón por dichos cobros (Antonio Panea y José Luis Mazón) contra la decisión del CGPJ, que según el alto tribunal contaba con una "motivación suficiente".

El TS considera que el acuerdo del CGPJ cumple con las exigencias mínimas para proceder al archivo de las actuaciones, ya que disponía de "un conocimiento suficiente de los hechos denunciados" y además éstos se valoraban motivadamente en la resolución.

No obstante, el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo reitera que la valoración que realiza el CGPJ, en el caso de considerar que no existe motivo para sancionar a un juez o ni siquiera para abrir un expediente disciplinario, no puede ser sustituida por la que realice el TS.

El 2 de julio de 2009 la comisión disciplinaria del CGPJ consideró que Garzón no incurrió en ninguna falta en relación con su estancia en la Universidad de Nueva York, a donde se desplazó en virtud de la concesión de una licencia de estudios que le fue concedida por la comisión permanente del Consejo.

La resolución, que ahora confirma el TS, entendió que no se trató de una autorización de compatibilidad para el ejercicio de un segundo empleo, por lo que tampoco cabe analizar si las cantidades percibidas por el magistrado superaron los límites establecidos legalmente, ya que estos límites se establecen para los casos en los que se compatibilizan dos cargos públicos, "circunstancia que no se da en este asunto".

La denuncia inicial contra Garzón por este asunto fue presentada por el abogado Antonio Panea el 22 de febrero de 2008, aunque posteriormente se adhirió a ella el letrado José Luis Mazón.

Los abogados, que acusaban a Garzón de haber recibido 1,7 millones de dólares del Banco Santander por la presentación de un ciclo de conferencias y luego archivar una causa judicial contra esta entidad bancaria, pedían al TS que anulara el archivo decidido por el CGPJ al considerar que no se habían investigado "verdaderamente" los cobros del magistrado.

Añadían además que después el archivo de la investigación se decidió antes de que el Banco de Santander remitiera al Supremo una serie de documentación, entre la que figuraban varias cartas del juez de la Audiencia Nacional al presidente de la entidad, Emilio Botín, en la que el primero le agradece a éste el patrocinio de sus conferencias en la Universidad de Nueva York.

Fuente: elimparcial.es

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sábado, febrero 20, 2010

La juez que puso en su sitio a Otegui, un fenómeno en Facebook

El grupo de seguidores de la juez Ángela Murillo ha pasado de 29 a 6.000 seguidores en tan sólo tres semanas. La creación de este club de fans se produjo después de la repercusión pública que tuvieron varias contestaciones dadas por la magistrada a Arnaldo Otegi y a la abogada de éste, Jone Goiricealia.


En concreto, Murillo empleó la expresión "¡A mí, como si quiere beber vino!" cuando la letrada de Otegi preguntó si su defendido podía beber agua, ya que estaba en huelga de hambre. Asimismo, la magistrada pronunció la frase "es evidente que la Sala no ha entendido ni papa" tras emitirse un vídeo en euskera en la sesión del juicio. Desde entonces, la fama de Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no ha dejado de crecer en Internet.

En el grupo de apoyo a la magistrada de Facebook pueden leerse comentarios como "Ángela para presidenta, te necesitamos", o "con unos poquitos más como esta señora la Justicia española iría muchísimo mejor".

Uno de los últimos comentarios introducidos en su club de fans virtual aboga por llevar a la jueza hasta el Tribunal Constitucional. "Ahora a por el Constitucional, para levantar España", reza el mensaje del internauta.

Fuente: elsemanaldigital.com

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viernes, febrero 19, 2010

La abogacía intervendrá en la designación de los jueces

Un caluroso abrazo coronó el que ya se considera -en palabras de Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía- el acuerdo "más importante" firmado hasta el momento entre abogados y jueces. "Hoy comienza un nuevo maridaje entre el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General del Poder Judicial", señaló el presidente de los abogados tras rubricar junto a Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, un pacto cuya consecuencia más relevante es la posibilidad de que la abogacía pueda intervenir en los nombramientos de altos cargos de la judicatura.


El documento establece que el órgano que preside Dívar podrá recabar informe del Consejo General de la Abogacía, quien a su vez podrá pedir asesoramiento a los consejos de colegios de abogados y a los propios colegios respecto de la designación de cargos y nombramientos de los presidentes de las Audiencias Provinciales y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Jueces "catalogados"

Carnicer insistió tras la firma en que "nadie" como los abogados, que están "a diario" trabajando en los juzgados, conoce a los jueces. También recordó que por esta razón los tienen "perfectamente catalogados" y saben de su "muy buena calidad", aunque "en alguna ocasión, a lo mejor hay algún informe negativo". También explicó que el convenio, que entra en vigor inmediatamente, será aplicable a los nombramientos que el Poder Judicial tiene pendientes en estos momentos, entre ellos los de las presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana y del País Vasco. Según el presidente de los abogados, la Abogacía también podrá informar "sin que se lo pida el Poder Judicial" previamente. El acuerdo prevé también que el Consejo General del Poder Judicial podrá recabar de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia informes de los colegios de abogados "respecto a las propuestas y solicitudes para cubrir el servicio de los órganos jurisdiccionales en régimen de provisión temporal", en especial de los jueces sustitutos.

Otro aspecto importante atañe a las medidas disciplinarias. Tanto la abogacía como la judicatura se remitirán actuaciones y denuncias en que se vean implicados tanto letrados como miembros de la carrera judicial.

Abogados y jueces intercambiarán prácticas

La formación, tanto de jueces como de abogados, tiene su espacio en el acuerdo firmado el miércoles entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía. Entre las novedades que contempla destaca la posibilidad de que los abogados puedan realizar prácticas en juzgados y tribunales y de que los jueces en prácticas puedan hacer lo propio tanto en despachos como en distintos servicios colegiales.

Los miembros de la judicatura y los de la abogacía podrán participar en las actividades de formación organizadas por ambos colectivos.

El pacto contempla, además, la realización de casos prácticos en las modalidades de simulaciones en las Escuelas de Práctica Jurídica y en las Escuelas Judiciales.

Fuente: cincodias.com

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jueves, febrero 18, 2010

Las pretensiones del Ministerio para la Nueva Oficina Judicial comienzan a suavizarse ante la firmeza de STAJ, CCOO y UGT

Los sindicatos CCOO, UGT y STAJ aseguran que no van a ceder en su planteamiento en la negociación sobre la implantación de la nueva Oficina Judicial y que no durarán en convocar movilizaciones si el Ministerio de Justicia no reconoce sus reivindicaciones «esenciales», que se resumen en la separación de los servicios comunes en secciones y la adscripción expresa de todos los trabajadores a una única sección de cada servicio común, así como la atribución de funciones por secciones.


Hace unos días amenazaban con movilizaciones por la falta de acuerdos. La negociación sobre la nueva Oficina Judicial se bloqueó nada más iniciarse en enero los contactos para establecer el nuevo sistema de organización judicial en las ocho capitales de provincia en la que se implantará como experiencia piloto. Las conversaciones se estancaron porque las funciones de los trabajadores de la Administración de Justicia no estaban claras, según indicó la coordinadora autonómica del STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia) en Castilla-La Mancha, Carmen Romero.

El martes se retomó la negociación, y aunque hubo un acercamiento de posturas, la propuesta que el Ministerio puso sobre la mesa era, a juicio de la unidad de acción sindical (CCOO, UGT y STAJ) «claramente insuficiente», según explicó Carmen Romero, quien añadió que hay «una promesa» del Ministerio de presentar dentro de unos días una nueva propuesta.

En el supuesto de que no vaya en la línea que plantean los citados sindicatos, empezarían a fijar el calendario de movilizaciones que se llevarían a cabo en todo el territorio español porque los acuerdos que se firmen ahora con el Ministerio van a afectar también a todas las ciudades en las que se implantará la nueva Oficina Judicial, no sólo en las ocho en las que se establecerá como experiencia piloto, según recalcó la dirigente sindical.

En este sentido, subrayó que anunciaron en la mesa de negociación que, una vez acordado y consensuado con los trabajadores, convocarán movilizaciones «más contundentes, escalonadas y crecientes» a partir de la segunda semana de marzo si el Ministerio de Justicia no reconoce las reivindicaciones sindicales.

Es decir, no van a aceptar la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial que no recoja sus demandas. Estas son: la separación de los servicios comunes en secciones, la adscripción expresa de todos los trabajadores a una única sección de cada servicio común y la atribución de funciones por secciones, así como que la movilidad sea exclusivamente voluntaria de los funcionarios de la Administración de Justicia, mediante concurso de traslado, pudiendo optar a otra sección incluso del mismo servicio común.

Fuente: latribunadeciudadreal.net

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Navalmoral de la Mata: El TSJ pedirá un tercer juzgado de Primera Instancia e Instrucción

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura va a pedir que se cree un tercer Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Navalmoral de la Mata. Así lo anunció ayer el presidente del TSJ, Julio Márquez de Prado, en el acto de la firma de un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Asociación de Periodistas de Cáceres.


Márquez de Prado comentó la situación que está teniendo lugar en Navalmoral de la Mata, en donde las titulares de los dos juzgados se encuentran de baja. Aseguró que es un asunto coyuntural, que se está intentando solucionar con el nombramiento de dos jueces sustitutos. La situación del municipio moralo ha originado quejas de abogados y procuradores, algunas de las cuales se están tramitando por parte del Consejo del Poder Judicial.

Por otro lado, el CGPJ está firmando convenios con asociaciones de periodistas de toda España, para crear becas para licenciados en los gabinetes de comunicación de los tribunales superiores.

El primer convenio se firmó el pasado mes de noviembre en Santiago de Compostela con el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, y ayer se suscribió el segundo con la Asociación de Periodistas de Cáceres, la que tiene más asociados de Extremadura. El siguiente convenio se firmará en Murcia. La beca es de un año de duración con una remuneración mensual de 900 euros. Firmaron el convenio Carmen Iglesias, vicepresidenta de la Asociación, y Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ.

Bravo afirmó que los juzgados extremeños son los menos congestionados de España junto con los de Cantabria y del País Vasco.

Fuente: hoy.es

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Menos de un 15% de los cargos de la cúspide judicial los ejercen mujeres

La presencia de las mujeres en el mundo judicial es cada vez más palmaria, pero la cúspide de la Magistratura sigue estando, mayoritariamente, en manos de hombres. No hay más que echar un vistazo a los 195 altos cargos de la Carrera Judicial, cuya elección es discrecional por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para darse cuenta de que la tan invocada igualdad es todavía una quimera entre los togados de mayor relumbrón: 170 los ejercen hombres y únicamente 25, mujeres.


Así lo pone de manifiesto el último informe de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Judicatura del CGPJ sobre la distribución de cargos discrecionales entre ambos sexos.

En el Tribunal Supremo, sin ir más lejos, los datos son apabullantes. Entre los cinco presidentes de Sala no hay ninguna mujer y, en el total de magistrados, la disparidad de representación entre hombres y mujeres (71-10) habla por sí sola. No ha pasado tanto tiempo desde que Milagros Calvo, magistrada de la Sala Social, se convertía en enero de 2002 en la primera fémina en alcanzar la cima del escalafón judicial. Pero cuando llegó al cargo tenía a sus espaldas 22 años de carrera profesional y un amplio currículo, sobre todo en Derecho Laboral.

Desde entonces, otras nueve se han unido a esa selecta lista. Y eso que el Supremo ha anulado por dos veces (la última el pasado 17 de diciembre) el nombramiento de una de ellas, la magistrada de la Sala Social Rosa Virolés.

Paradójicamente, en las nuevas promociones de jueces cada vez hay más presencia femenina, algo que ya se ha plasmado en el colectivo de jueces y magistrados menores de 40 años, donde las mujeres representan ya casi el 70 por ciento. Esa representación cada vez más notoria no se ha trasladado aún al Tribunal Supremo, entre otros motivos, por el hecho de que para alcanzar la máxima Magistratura es necesario contar al menos con 15 años de ejercicio profesional.

En la Audiencia Nacional, ninguna de las presidencias de Sala está en manos de una mujer. Eso sí, la magistrada Ángela Murillo preside la Sección Cuarta de lo Penal desde abril de 2008.

Audiencias Provinciales

En los distintos tribunales superiores de justicia la situación es también bastante elocuente. Únicamente María Eugenia Alegret está al frente de uno de ellos, el TSJ de Cataluña. El resto es cosa de hombres. Alegret, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue elegida para el cargo en julio de 2004 en sustitución del magistrado Guillem Vidal.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en las presidencias de las Audiencias Provinciales hay actualmente nueve mujeres frente a 42 hombres. Aquí también se van derribando barreras. En febrero del pasado año, por ejemplo, la magistrada Ana Ferrer, de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), se convirtió en la primera mujer en tomar posesión del cargo de presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid.

Un escalón más abajo, entre los presidentes de las salas (contenciosa, civil y penal y social) de los tribunales superiores de justicia hay 53 hombres y seis mujeres (hay que tener en cuenta, eso sí, que los presidentes de los TSJ ostentan a su vez la Presidencia de la Sala Civil y Penal respectiva).

A diferencia de lo que ocurre en la cima de la Carrera Judicial, en los primeros destinos las mujeres suponen ya una clara mayoría. Así ocurre, por ejemplo, en los juzgados de primera instancia e instrucción, donde según los últimos datos del Consejo del Poder Judicial casi el 64 por ciento de los mismos tienen a mujeres como titulares.

En donde sí son mayoría las juezas y magistradas es en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde acaparan el 66,67 por ciento de los puestos.

La proporción entre hombres y mujeres se inclina de forma más acentuada en favor de estas últimas cuanto menor es la edad de los magistrados. Así, entre los jueces menores de 30 años casi un 70 por ciento son mujeres, un porcentaje que baja al 64,86% entre los jueces y magistrados de entre 31 y 40 años. Por contra, sólo un 7,21% de los magistrados de 61 a 70 años son mujeres. La paridad se roza entre los de 41 a 50 años: un 48,33% son mujeres y otro 51,67 por ciento, hombres.

Fuente: larazon.es

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miércoles, febrero 17, 2010

Sevilla: STAJ y otros sindicatos denunciarán el edificio puente ante la Inspección de Trabajo

Primero fueron los jueces de lo Penal los que denunciaron la precaria situación el edificio Noga, el edificio puente. Incluso se reunieron en junta de jueces para criticar las graves deficiencia. Sin embargo, el hacinamiento, la falta de luz, de seguridad o las malas condiciones laborales, han llevado ahora a los sindicatos de Justicia a tomar cartas en el asunto. Ayer STAJ, CCOO, UGT, CSIF y SUP anunciaron conjuntamente que han solicitado una reunión urgente con la delegada provincial de Justicia para buscar soluciones a los graves problemas de falta de espacio y pésimas condiciones en las que se realiza el trabajo por los funcionarios del citado edificio.


No cumple la seguridad

Incluso los sindicatos anuncian que pondrán la situación en conocimiento de la Inspección de Trabajo, porque entienden que las condiciones ambientales y laborales de los funcionarios «no se ajustan en lo más mínimo a las disposiciones vigentes en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales en este tipo de oficinas». Ayer, fuentes de la Consejería de Justicia anunciaron que, en los próximos días, la delegada provincial, la directora general de Infraestructuras y el secretario general acudirán a inspeccionar el edificio para intentar subsanar las deficiencias que han surgido en principio.

Según los sindicatos, el Noga, al que ya se han trasladado los Juzgados de lo Penal además de los mercantiles o algunas fiscalías, sufre graves carencias que afectan sobre todo a los órganos penales que no disponen apenas de espacio donde almacenar los expedientes en trámite y que provoca que los funcionarios estén «literalmente atrincherados tras montañas de procedimientos judiciales». De hecho, aunque estos órganos se trasladaron en enero, los archivos quedaron en el Prado.

Además, los sindicatos insisten en que «la disposición de los puestos de trabajo es penosa, los funcionarios trabajan sin luz natural» y sin ventilación alguna. «Algo indispensable en oficinas como esta en las que hay que extremar las medidas higiénicas», dicen.

STAJ recuerda que ya denunció la situación ante la delegación hace semanas. Sin embargo Justicia no les ha ofrecido «una solución satisfactoria». De hecho, las cajas están tiradas por el suelo por falta de archivos donde colocarlas, no existen apenas armarios, el personal de auxilio tiene que acudir constantemente al Prado, donde aún está ubicado el archivo de los expedientes, por lo que no es raro que estos funcionarios tengan que ir por la calle con pesados montones de expedientes y, en ocasiones, con armas y otros efectos incautados a los delincuentes, con riesgo para su seguridad.

También denuncian que no existe continuidad en los espacios asignados a los diferentes Juzgados por lo que a veces se encuentran funcionarios de un mismo juzgado mezclados con otros de otro, y hasta separados de planta. Y a ello se une que es habitual que el sistema informático falle, por lo que hay días en que resulta imposible tramitar los expedientes judiciales.

Calabozos inútiles

Los calabozos del Edificio Noga no han podido ser estrenados aún. ¿El motivo? No están en condiciones para acoger a los presos. Primero se equivocaron y pusieron la puerta al revés. Una vez subsanado el fallo, ahora la cerradura tampoco es útil. Y es que, el preso puede meter la mano con toda facilidad entre las rejas y manipular a su antojo la cerradura. Seguramente por eso aún no han sido estrenados, a la espera de subsanar las deficiencias. Además el Noga tiene otros fallos: la puerta del parking, que tampoco está siendo utilizado de momento, no tiene la anchura suficiente para que entre el furgón policial. A ello hay que unir las goteras que ya tienen o el hecho de que los picaportes de algunas puertas se caigan. Ayer, un juez al abrir su despacho, se quedaba con él en la mano.

Fuente: ABC.es

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"A los españoles nos gusta mucho ir a los juzgados", dice Caamaño

"A los españoles nos gusta mucho ir a los juzgados". Así se despachó el ministro de Justicia al solicitar los cambios en la propia cultura de la sociedad española como el mejor argumento contra quienes reclaman modificaciones en la Administración judicial. Encima de la mesa, datos sobre la criminalidad, que en "España es de 46,7 delitos, mientras que la media europea es de 70, en el Reino Unido de 101 y en Alemania de 76". Si a esto se le une que "tenemos una de las poblaciones carcelarias más altas de Europa" supone "que tenemos un Código Penal bastante duro y eficaz".


Es entonces cuando se precisa un "cambio de rumbo radical en la misma concepción del valor de la Administración de Justicia". Desde el Ministerio, uno de los aspectos en los que se incidirá en las próximas fechas, es en la "reforma de la Ley de Arbitraje, que debe dotarse de los elementos necesarios para impedir que muchos asuntos lleguen a los tribunales".

Además, se debería "terminar con la excesiva tendencia de al recurso". El ministro se agarró a su humor gallego para asegurar que "a esto hay que añadir que tenemos una tendencia a recurrirlo todos; al Tribunal Constitucional, al de Estrasburgo e incluso en el Juicio Final se empeñarán algunos en plantear un recurso que les haga olvidar que el caso lo han ganado en Primera Instancia". Todo esto supondrá una "notable agilización de los trámites en la mayoría de los asuntos que terminan en los tribunales, de los que el 70% son penales". Esto contribuirá de una manera decisiva a "terminar con la acumulación y el retraso en la resolución de los asuntos".

Fuente: diariodesevilla.es

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Traductores e intérpretes judiciales exigen "cualificación" en la profesión

La asociación red COMUNICA, formada por varios grupos de investigadores de distintas comunidades autónomas especializados en la traducción e interpretación judicial, exigieron "calidad" y "cualificación" en los profesionales del sector debido a la "falta de garantías procesales" en los procedimientos jurídicos que están mediados por intérprete y que, según indicó, se vienen realizando en "la comunidad de Madrid".


A través de un comunicado, la asociación afirmó "coincidir" con las denuncias planteadas por la magistrada del juzgado de lo Penal de Madrid Pilar de Luna Jiménez y por la Asociación de Jueces para la Democracia, en todo lo relativo a la "indefensión" que puede ocasionar a un acusado que "no hable la lengua del tribunal" el hecho de "no contar" con los servicios de un intérprete "debidamente cualificado".

Así, red COMUNICA lamentó que el ministerio de Justicia, el de Interior y las comunidades autónomas han optado por "subcontratar" los servicios de traducción e interpretación judicial y policial a empresas privadas. Así, criticó que en numerosas ocasiones no se lleva el "oportuno control de los mismos" y avisó de que "lo que está en juego" es el derecho a la tutela judicial efectiva.

"Desafortunadamente en la prestación de este tipo de servicios parecen primar únicamente criterios de rentabilidad económica, tanto por parte de la Administración como de las empresas subcontratadas, frente a los criterios fundamentales como la acreditación profesional de los intérpretes", recalcó para subrayar que "estos problemas no se limitarían únicamente a las empresas adjudicatarias, sino que se extendería a los cuestionables procedimientos que sigue la Administración en la selección y contratación de los traductores".

Dicho esto, la red COMUNICA pidió a la Administración estatal y autonómica que "reflexionen" sobre las condiciones en que "actualmente" se prestan los servicios de traducción e interpretación en el marco de procedimientos penales de "carácter multicultural y multilingüismo". De esta manera, aseguró "ofrecer" su "asesoramiento" y sus "conocimientos" a "disposición de quien corresponda".

Fuente: Europa Press

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martes, febrero 16, 2010

Sevilla: Justicia, obligada a trasladar varios juzgados por el impago de Viapol

A finales de mes, varios Juzgados de los que se ubican en el edificio Viapol de Sevilla serán trasladados. Pero no porque, como otros órganos, se vayan al edificio Noga (más conocido como edificio puente) sino porque, según reconocieron fuentes de la Consejería de Justicia, finalmente no se ha producido el acuerdo con la inmobiliaria Viapol, que presentó una demanda por impago contra la Junta de Andalucía a finales del pasado mes de enero.


Así, desde el departamento que dirige Begoña Álvarez, admitían que, como no se ha logrado el acuerdo, los Juzgados (en este caso varios órganos de primera instancia) tendrán que trasladarse a otras dependencias dentro del mismo edificio.

Sin embargo pese a que, según manifestó hace varias semanas la consejera, seguían en negociaciones con la empresa para lograr un acuerdo, no parece que éste vaya a producirse, ya que el traslado de órganos se producirá a final de mes. El problema era que algunos de los contratos de alquiler de Viapol (en cuyo edificio los Juzgados ocupan seis plantas) vencieron a finales del pasado año.

Y es que, segun la Consejería de Justicia, la empresa, que antes cobraba a 13 euros el metro cuadrado, quiso subir el arrendamiento a 18 euros, a lo que la Junta de Andalucía se negó. Tras un proceso de negociación en el que, según la Administración autonómica, estaban dispuestos a pagar 17 euros (lo que abonan actualmente por cada metro del edificio puente) no se alcanzó el acuerdo.

Y la Junta de Andalucía, que dice disponer de sitio libre en Viapol, ya que a finales del pasado año se mudaron algunos Juzgados al Noga, ha decidido iniciar en breve el traslado que afectará, segun parece, a una parte de la tercera planta y otra de la sexta del citado edificio.

El montante de lo que Justicia adeudaba a Viapol ascendía a 194.000 euros, según confirmó la empresa. En cualquier caso, el hecho de que se muevan varios órganos supondrá que en el edificio queden algunos locales libres en medio de los órganos judiciales. Algo que, según comentaron algunas fuentes, será poco operativo para la inmobiliaria, ya que no parece lógico que ninguna empresa quiera alquilar un local que está rodeado de Juzgados y otros órganos judiciales con el trasiego de personal que ello conlleva y las medidas de seguridad que debe implicar. Otras fuentes opinan que podría tratarse de un «farol» para que la empresa baje el precio.

Los sindicatos se mudan

Entre los afectados que tendrán que mudarse a finales de mes se encuentran los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ, que tienen un local en la tercera planta y que, según confirmaron, se trasladarán a la quinta planta del edificio. Así se lo han comunicado desde la propia Consejería, y varios miembros de esos sindicatos ya han visto las que serán sus nuevas dependencias. En cualquier caso, fuentes de TSJA calificaron de lamentable que, con la falta de espacio que hay en los Juzgados, se queden sin algunas dependencias en Viapol.

Fuente: ABC.es

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Valladolid: Decretado el ingreso en prisión del magistrado jubilado que atacó a su hijo

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha decretado el ingreso en prisión provisional del magistrado jubilado José Alberto Rodríguez Carretero, ex juez decano de esta ciudad, que el jueves hirió con un cuchillo a su hijo y a una persona que trató de mediar en el incidente. Rodríguez Carretero, que fue detenido por la policía después del incidente, que se desarrolló en la cafetería de un hotel, prestó el pasado sábado declaración ante la jueza que lleva el caso, quien a última hora decretó su ingreso en prisión, informaron fuentes judiciales y de la investigación.


Debido a la situación mental del magistrado protagonista de este incidente, la jueza ha dispuesto, a la vista de un informe forense, que el internamiento penitenciario lo cumpla en el módulo penitenciario del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, una instalación sometida a especiales medidas de seguridad y vigilancia policial, en la que además recibirá tratamiento médico.

El magistrado jubilado, actualmente abogado en ejercicio, fue detenido en la misma cafetería donde se produjo la disputa familiar, en el centro de Valladolid, y conducido ante el juez de guardia, para posteriormente ser trasladado a los calabozos de la comisaría de Policía.

Según dichas fuentes, el ex juez decano estaba reunido en el citado local con miembros de su familia y un notario, para tratar asuntos relacionados con una sociedad patrimonial, cuando entabló una discusión con uno de sus hijos.

Rodríguez Carretero, por sorpresa, cogió un cuchillo y atacó a su hijo, al que alcanzó y le produjo una herida en una mano, al igual que a un cliente que trató de mediar entre los dos.

En abril de 2003, José Alberto Rodríguez Carretero, que era titular del juzgado de instrucción número cuatro de Valladolid, saltó a la actualidad por dejar la judicatura temporalmente para presentarse a las elecciones municipales en el cuarto puesto de la candidatura de "Agrupación Electoral Centristas de Castronuevo (CC)", en el municipio de Castronuevo de Esgueva, de 300 habitantes.

La candidatura la encabezaban Ana Rodríguez Llorente y Ramón Rodríguez Llorente, hijos del juez-candidato, y en la misma figura, en el número seis, su esposa, María del Rosario Llorente Domínguez.

De acuerdo con la normativa que regula la posible participación de miembros de la carrera judicial en procesos electorales, Carretero, que no salió elegido, obtuvo una excedencia voluntaria de tres años.

Fuente: La Ley

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lunes, febrero 15, 2010

Madrid: El juez decano aboga por bajar la edad penal a los 13 años

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ha abogado hoy por rebajar la edad penal a los 13 años, de manera que los jóvenes de esta edad respondan por los delitos y se evite que "estén por la calle, campen a sus anchas y sigan profesionalizándose en el ámbito de la delincuencia". El decano de los jueces madrileños se ha referido a la posibilidad de rebajar la edad penal actual -14 años- y ha afirmado que los menores de 12 ó 13 años "saben discernir perfectamente entre el bien y el mal en la mayoría de las situaciones", y de hecho en países como Suecia se responde por los delitos a partir de los 7 años.


Armengol se ha pronunciado así en un desayuno organizado por el Grupo Intereconomía para abordar el sistema de protección a la infancia en la Comunidad de Madrid, en el que han participado también la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, y el defensor del menor de la región, Arturo Canalda.

Ha explicado que él, a título personal, es partidario de rebajar la edad penal a los 13 años, ya que "cuanto antes entren (esos jóvenes infractores) dentro del control jurídico, mayor posibilidad de reinserción existe", mediante la aplicación de "unas penas mucho más bajas que en el segmento de 16 años para arriba".


Ha matizado que si se rebaja la edad penal se debe hacer de manera general, ya que "sería una aberración jurídica hacer distinciones entre jóvenes peligros o no peligros" y rebajar la edad penal únicamente para los delitos más graves.

Armengol ha explicado que en los casos de delincuentes menores de 14 años el juez no puede actuar, cuando en su opinión debería hacerlo y adoptar "medidas cautelares de obligación, de cumplimiento de la medida que se dicte durante el tiempo que marque el juez".

"De manera que estos señores no estén por la calle y campen a sus anchas y sigan profesionalizándose en el ámbito de la delincuencia", ha añadido.

Armengol ha precisado que en el caso de la Ley del Menor "habría que ampliar el ámbito de la excepción, sobre todo en los delitos que crean alarma social", como homicidios, de manera que los jóvenes continúen cumpliendo sus penas en centros de adultos.

El decano de los jueces de Madrid ha subrayado que "hay gente que no se reinserta" y ha recordado que "un señor que sea el mayor delincuente del mundo, como hemos visto recientemente en la Comunidad de Madrid, sale limpio de expediente, sin ningún tipo de antecedente penal, al ser mayor de 18 años", en referencia a "El Rafita", asesino de Sandra Palo.

Armengol ha sostenido durante su intervención que "es cierto, es un fenómeno que está ahí, es un dato objetivo, que la inmigración ilegal potencia el aumento de la criminalidad, con el aumento de la población", y ha precisado que "el 65% (de los procesados) es de nacionalidad extranjera, y el resto son de nacionalidad española, tanto en los menores como en los mayores de edad".

Por su parte, el defensor del menor de la Comunidad, Arturo Canalda, ha afirmado que la Ley del Menor "es buena, ya que garantiza que más del 80 por ciento de los menores se reinserten", pero tiene "dos deficiencias que hay que subsanar", que son las penas para los delitos más graves y para los menores de 14 años.

Fuente: La Ley

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Gandía: La Generalitat pondrá en marcha este año un nuevo juzgado

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha anunciado que la Generalitat pondrá en marcha un nuevo juzgado en Gandia este año. En concreto, la consellera ha explicado que su departamento había solicitado el juzgado de primera instancia e instrucción número 9, pero como está prevista la separación de jurisdicciones de los ocho órganos mixtos actuales para el próximo mes de marzo, de acuerdo con el decano de los jueces, “vamos a pedir al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial que el nuevo juzgado sea de primera instancia, para hacer frente al aumento de casos derivado de la crisis”.


No obstante, la consellera ha recordado que “lamentablemente la fecha de entrada en funcionamiento no es competencia de la administración autonómica, sino del Gobierno central y por el momento aún no sabemos nada a este respecto”. “Eso sí –ha añadido- esperemos que no sea el último día hábil del año, como así viene haciendo el Ministerio de Justicia desde que gobierna Zapatero”.

Para el Consell este juzgado es “absolutamente prioritario porque responde a la necesidad de hacer frente a las consecuencias que la crisis económica está teniendo sobre la Justicia”, ha insistido la consellera.

Este será el cuarto órgano judicial que se pondrá en marcha en este partido judicial en los últimos cinco años, “lo que demuestra que el Consell ha hecho un esfuerzo especial e indudable por esta demarcación”, ha destacado la consellera. “Es más –ha continuado- hemos convertido a esta demarcación de 28 municipios en una de las más importantes de la provincia de Valencia y de la Comunidad, y además hemos hecho posible que cuenten con una atención especializada en penal y en violencia sobre la mujer”.

Por otro lado, Sánchez de León ha explicado que desde la Conselleria se había pedido al Ministerio de Justicia un total de 25 unidades judiciales para este año, pero finalmente y como cada ocurre cada año nos recortan y nos han autorizado 22. Esta situación ha provocado que el juzgado de lo penal que también había solicitado la Generalitat no se pueda poner en marcha este año, porque por orden estricto de carga de trabajo ha quedado fuera.

No obstante, la consellera de Justicia ha señalado que como parece ser que en este caso, “los problemas que presenta el actual juzgado de lo penal de Gandia son más por pendencia que por volumen de entrada de asuntos, solicitaremos por escrito al Ministerio de Justicia y al CGPJ que destinen un juez de refuerzo para solventar esta situación coyuntural”. Según las estadísticas el volumen de entrada de asuntos en el penal de Gandia es de 688 al año, y está en el puesto número 20 de un total de 34 juzgados penales en la Comunidad.

Fuente: elperiodic.com

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