La Justicia vasca impulsa la tramitación digital de expedientes y el intercambio de documentación electrónica

El Gobierno vasco ha suscrito ayer miércoles dos convenios de colaboración que permitirán implantar una aplicación informática para la gestión gubernativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), con la posibilidad de tramitar digitalmente los expedientes, así como intercambiar documentación electrónica con los registros de la propiedad y mercantiles.


Los dos acuerdos, de duración indefinida en ambos casos, han sido rubricados en Bilbao por la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia, con el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, en el primer caso, y con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando De Rosa, el decano territorial de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles del País Vasco, Germán Barbier, y la presidenta del Consejo Vasco de Procuradores, Blanca Bajo.

La consejera de Justicia ha resaltado que la firma de ambos convenios pone en evidencia "la buena relación institucional" existente, dejando "atrás los momentos de enfrentamiento esteril de épocas pasadas que no conducían a ninguna parte, salvo al deterioro de las relaciones entre estamentos y poderes". "Hoy rubricamos entendimiento, porque no podemos permitirnos caer en el error de trabajar de espaldas unos a otros", ha añadido.

El convenio de colaboración entre Gobierno vasco y el TSJPV está dirigido a la implantación e integración de la aplicación informática 'Sistema de gestión gubernativa' en el tribunal vasco. Esta herramienta, desarrollada por el CGPJ, permite se dé cuenta a las salas de Gobierno, con elaboración de los órdenes del día, redacción de las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados para su ejecución, y la tramitación de los expedientes gubernativos.

La aplicación contempla la posibilidad de tramitar digitalmente los expedientes "sin necesidad de papel", ya que incluye la incorporación de documentos electrónicos desde el registro de entrada y las notificaciones telemáticas con utilización de la firma electrónica. En este sentido, el convenio recoge que "puede entenderse como el embrión del expediente digital" en la Administración de Justicia, ha explicado Mendia.

La consejera ha reiterado su apuesta por la incorporación de las nuevas tecnologías a esta administración y ha asegurado que la apuesta por "la desaparición del papel de forma paulatina no tiene vuelta atrás", aunque ha indicado que no puede precisar "cuánto tiempo tardaremos en extender a toda la Administración de Justicia la experiencia piloto de expediente electrónico" desarrollada en San Sebastián.

Por su parte, el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, ha señalado que se trata de conseguir que la gestión de gobierno que desarrolla este tribunal "se integre y pueda interactuar en una red común para toda la administración de justicia española". El desarrollo de estas funciones gubernativas, ha añadido, exige medios que "deben prestarse de conformidad con el canon de calidad y eficiencia".

AGILIDAD Y SEGURIDAD

Por otro lado, el convenio entre Gobierno vasco, el CGPJ, el Decanato de Registradores y el Consejo de Colegios de Procuradores regula la presentación de documentos judiciales electrónicos por vía telemática en los registros.

El objetivo del acuerdo es el intercambio de documentación basado en un sistema que utilice certificados de firma electrónica reconocidos, con lo que se busca una agilización de los procedimientos judiciales, "mayor seguridad" en las tramitaciones, a través de las técnicas de cifrado, y mayor protección de los intereses de los ciudadanos ante la Justicia, según ha explicado Idoia Mendia.

El vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, ha defendido la necesidad de "la interoperabilidad" para la modernización de la justicia, de modo que "los juzgados tengan una relación directa e inmediata con los operadores jurídicos".

En esta línea, ha asegurado que "el futuro de la administración de justicia pasa por una justicia ágil y eficaz", en el que "las modernas tecnologías tengan su ámbito de actuación". "Queremos liderar el acuerdo entre los grupos parlamentarios, entre las comunidades autónomas, ese acuerdo nacional, en el que se hable de justicia con palabras mayores, que sea un objetivo realmente para todos aquellos que queremos un servicio de calidad", ha señalado el vicepresidente del CGPJ.

A su entender, en momentos de crisis económica como la actual, es especialmente precisa la colaboración de una justicia "rápida, ágil y eficaz" que dé "seguridad jurídica a inversores, a ciudadanos y a todos aquellos que miran a España como referente".

Por su parte, el decano territorial de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles del País Vasco, Germán Barbier, ha subrayado que Euskadi es la primera comunidad en España que "ha logrado este convenio, que circulen los documentos jurídicos entre los juzgados y los registros de la propiedad y mercantiles". La presidenta del Colegio Vasco de Procuradores, Blanca Bajo, ha destacado que "la justicia del siglo XXI requiere un imparable proceso de adaptación tecnológica".

Fuente: La Ley

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Málaga: La Junta estudia ceder un gran número de plazas del parking a los magistrados

Esta hoguera no necesita gasolina, porque los protagonistas parecen empeñados en soplar continuamente para que no se apague. La Delegación de Gobernación y Justicia de Málaga, encabezada por María Gámez, estudia ceder un importante número de plazas del parking subterráneo de la Ciudad de la Justicia a los magistrados y jueces, de forma que esos aparcamientos sean para uso exclusivo de los togados por motivos de seguridad y debido al hecho de que este colectivo no tiene un horario fijo. En total, hay más de 160 zonas de estacionamiento. STAJ exigirá al nuevo gerente que mantenga la postura actual sobre el parking.


Esta polémica viene de lejos: la Junta ha defendido siempre que las plazas sean ocupadas por orden de llegada y los jueces y fiscales las querían para sí por motivos de seguridad. Finalmente, el juez decano y el presidente de la Audiencia firmaron en abril de 2010 sendos decretos atribuyendo a los togados el aparcamiento, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declaró ilegales esas decisiones. Después, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) recurrió el fallo del órgano de gobierno de los jueces ante la Sala III del Tribunal Supremo. El fondo de la pelea es simple: ver quién controla el uso del edificio judicial, los propios magistrados o la autoridad administrativa.

El cupo destinado a los jueces sería importante, aunque las fuentes no supieron establecer el número exacto. El resto de plazas, una cifra menor, se destinaría a funcionarios, secretarios judiciales y personal de las diversas dependencias del edificio.

De hecho, existe un borrador en la Delegación de Gobernación y Justicia sobre el tema al que sólo le falta la firma de la titular del área, María Gámez. En el escrito se definen los cupos destinados a los diversos sectores. La idea de la Junta es que la candidata a la alcaldía de la capital deje firmado el documento en marzo, poco antes de su salida de la Junta de Andalucía para dedicarse de lleno a la batalla por el sillón que ahora ocupa el popular Francisco de la Torre.

Justicia sabe que habrá polémica, pero será ínfima comparada con las informaciones que se manejarán en la campaña electoral, que se prevé muy caliente. Por eso, el nuevo delegado (o delegada) de Gobernación y Justicia se encargará de apagar el fuego que provocará esta decisión entre los 1.500 funcionarios que trabajan en el palacio de justicia. Lo cierto es que todo es, por ahora, una intención que se ha estudiando con mimo y detención.

Otra fuente distinta a la anteriormente citada explicó hace unas semanas que Pedro Izquierdo, magistrado en excedencia y viceconsejero de Justicia, era muy proclive a esta medida, que también perseguiría reconciliarse con la judicatura ante los malos pronósticos que arrojan las encuestas para el PSOE en los próximos comicios autonómicos.

El Tribunal Supremo (TS), en cualquier caso, aún no ha emitido una decisión que será vinculante y, de hecho, la última palabra la tienen los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. De hecho, está previsto que el próximo viernes visiten la capital los cinco vocales andaluces del CGPJ y algunos magistrados les van a expresar su malestar por este motivo, ya que la mayoría del pleno del órgano rechazó (por once a ocho) una ponencia de la vocal Concepción Espejel Jorquera que declaraba «ejecutivos y válidos» los acuerdos del decano y del presidente de la Audiencia, dando por tanto la razón a los funcionarios.

Fuente: laopiniondemalaga.es

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De Rosa (CGPJ) reconoce la existencia de problemas en la NOJ de Murcia

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha reconocido este pasado viernes la existencia de "algún tipo de problema" en lo que respecta a la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) de Murcia, aunque ha manifestado la voluntad "amplia" por parte de todos para que se solucione y "se pueda ofrecer al ciudadano una justicia nueva, eficaz y ágil".


De Rosa, que ha estado acompañado de la directora General de Modernización del CGPJ, Caridad Hernández; el vocal de Modernización del CGPJ, Carles Cruz; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, se ha mostrado "muy satisfecho" por el despliegue de la Oficina Judicial y por el esfuerzo de todo el personal, "para que la transformación radical de la Administración de Justicia sea una realidad".

Y es que, en su opinión, "es muy pronto para hacer balance, porque llevamos escasas semanas", aunque ha apuntado que "Murcia verá en plazo breve los frutos de su implantación, con un cambio en el sistema de trabajo que se venía realizando desde hace muchos".

En este sentido, ha señalado que los ciudadanos deben notar ese cambio en la estructura judicial "en la agilidad de todos los trámites, en la posibilidad de que los abogados y procuradores puedan presentar todos sus escritos de una forma mucho más racional".

Por otro lado, ha recordado que este jueves el Consejo General del Poder Judicial aprobó en su pleno la Ley de la Agilización de la Justicia y la Ley de Modernización Tecnológica, "el complemento de la Oficina Judicial, con la utilización de las nuevas tecnologías".

PROCESO COMPLEJO PERO QUE DARÁ RESULTADOS "FAVORABLES"

Por su parte, Hernández ha explicado se trata de un proceso "complejo, que requiere de un tiempo de rodaje, pero los primeros indicadores que tenemos es que de los tres servicios comunes procesales que se han constituido, dos ya se han estabilizando", y ha apuntado que, en breve, "darán unos resultados mucho más favorables".

De este modo, ha afirmado que han mantenido algunas reuniones de trabajo "para poner encima de la mesa los indicadores laborables que habían, algunas dificultades y en ello vamos ha trabajar en las próximas semanas".

Por otro lado, ha reconocido que el pasado jueves se desplazó a Burgos un equipo de expertos para analizar detalladamente cuál es la situación que presenta y las dificultades que existen para elaborar un informe, con el fin de que, en próximas semanas, "la situación esté normalizada y las nuevas ciudades que van a implantar este modelo, como son Cáceres y Ciudad Real, puedan iniciar el proceso en mejores condiciones".

Cruz, por su parte, ha dicho que, en momentos de crisis, "hay que tener más valor y coraje para llevar a cabo estos cambios, porque redundan en beneficio del coste económico para los ciudadanos y el Estado, y es la mejor rentabilidad para salir de la crisis y para que el sistema no se resienta".

Al hilo, Martínez Moya ha calificado como "clave" el acompañamiento del CGPJ y el Ministerio de Justicia "que está teniendo Murcia, con la cercanía de sus vocales". Para el presidente del TSJ, Murcia "está siendo y va a ser el espejo de la implantación y despeje de la Nueva Oficina Judicial, convirtiéndose en el molde de lo que será para toda España".

Finalmente, ha manifestado que "cualquier esfuerzo es poco y la unión es fundamental, porque evidentemente hay que clarificar aspectos competenciales para que la Oficina sirva de instrumento al Poder Judicial".

Fuente: La Ley

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Extremadura sigue la negociación para el traspaso de competencias en Justicia "en condiciones idóneas" para la región

La Junta de Extremadura continúa las negociaciones con el Ministerio de Justicia para que el traspaso de las competencias en dicha materia a la comunidad se realice "en las condiciones idóneas para la región". En concreto, durante 2010 se han creado cuatro grupos de trabajo encargados, respectivamente, de las labores de análisis y valoración de los recursos personales, patrimoniales, tecnológicos y presupuestarios.


De este modo se pone de manifiesto en información escrita facilitada por la Consejería de Administración Pública y Hacienda durante una comparecencia informativa en Mérida del titular de dicho departamento, Ángel Franco, para hacer balance de gestión del mismo durante 2010.

MENORES

Asimismo, los datos facilitados por Administración Pública y Hacienda señalan que durante 2010 un total de 64 jóvenes infractores en delitos contra la seguridad vial se ha beneficiado del convenio firmado entre la Consejería de Administración Pública y Hacienda y la Fiscalía Superior de Justicia de Extremadura para la ejecución de acciones formativas y de sensibilización, como "solución extrajudicial".

Dado los "buenos" resultados, se ha renovado el convenio suscrito en 2009 con la Fiscalía de Menores de Badajoz, y se ha firmado un nuevo convenio con la Fiscalía de Menores de Cáceres.

Fuente: Europa Press

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Málaga: STAJ exige formación antes de la implantación de Lexnet

Los jueces de Málaga van a entrar, de forma inminente, en la era digital. El juez decano, José María Páez, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo Fiestas, la secretaria coordinadora, Trinidad Melgar, y el Colegio de Procuradores han ratificado un convenio para implantar en todos los órganos judiciales de la provincia el sistema LexNet, que se instaurará en el programa Adriano que ya utilizan los funcionarios en su quehacer diario. Juan Antonio Luque, de STAJ, pide que se forme a los funcionarios tramitadores y gestores que tendrán que vérselas con el programa. «No podemos pedir a los empleados que sean, una vez más, autodidactas», reflexiona.


Modus operandi

LexNet permitirá que los jueces firmen digitalmente sus providencias, autos y sentencias; el secretario dará fe también a través de idéntico instrumento, y las decisiones se enviarán a un servidor central que la Junta posee en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Desde ahí, y antes del mediodía, se enviarán al Colegio de Procuradores, que a las 17.00 horas ya las habrá dirigido a sus colegiados. Una jornada después, los abogados podrán conocer los fallos judiciales relativos a sus clientes. Ahora habrá que estar más pendiente a los plazos para recurrir las decisiones de los togados.

«De momento es un plan piloto que se inicia en un juzgado concreto; en cuanto funcione bien, lo extenderemos. Ya se ha demostrado que LexNet funciona bien en muchos sitios, como por ejemplo en Granada. Vamos a ganar velocidad y a ahorrar mucho papel», explica el juez decano, José María Páez, quien apostilla que ya han empezado los trabajos: de momento, se está limpiando la base de datos de los procuradores.

En la capital se envían a los órganos cada año más de 435.000 escritos. «Si se tiene en cuenta que en la provincia se dan 1,2 millones de notificaciones judiciales al año, el ahorro en folios podría estar entre los 2,4 y los 3,6 millones», señala Bernal, quien añade: «Va a ser un cambio radical que agilizará los tiempos de espera procesales hasta en un 20% de momento. En el futuro, ese porcentaje irá a más».

Entre otras provincias, Jaén y Almería han experimentado ya este plan piloto, y, más allá de algunos problemas iniciales –el servidor en Granada no estaba preparado para soportar el peso de las notificaciones–, las conclusiones son positivas, según señala el informático y secretario del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) de la capital nazarí, Nicolás Núñez: «Los pequeños fallos se paliaron rápido, y la calidad del trabajo es mayor; el problema ha sido la falta de formación».

En unos días comenzarán a repartirse tarjetas digitales tanto a los jueces, como a los secretarios y a algunos funcionarios autorizados. Los casi 500 procuradores de la provincia ya las tienen. Bernal asegura que «la Junta, además de poner mucho dinero, va a formar a los profesionales».

«Éste es el primer paso de la reforma de la oficina judicial y el embrión del expediente digital», apunta el procurador, quien recuerda que a los letrados ya se les entregan las actuaciones escaneadas.

«Aquí el problema es que, si queda mucha crisis, el trabajo seguirá siendo ingente, pero, al menos, en el juzgado se evitarán tener que lidiar con los procuradores todo el día», ironiza Bernal.

Juan Antonio Luque, secretario provincial del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), y su homólogo en Granada, Nicolás Núñez, explicaron que el sistema LexNet ha funcionado muy bien en la capital nazarí, donde se aplica exclusivamente en la jurisdicción civil. Eso sí, hubo problemas iniciales: por ejemplo, el servidor no podía soportar al principio el alto número de notificaciones judiciales y hubo que reforzarlo, primero, y cambiarlo, posteriormente.

Ahora, el programa sí ha dado sus frutos y ha beneficiado el trabajo de los funcionarios, que pueden realizar numerosos trámites a través de la red. Eso sí, el problema es la falta de formación. En Granada, se implantó en principio en Primera Instancia 11: primero lo usó un solo trabajador, para generalizarse después la utilización del sistema en toda la oficina. En el verano de 2010, el programa ya había sido implantado en la jurisdicción civil al completo. «Cuando se hace una nueva aplicación informática no se implementa con la suficiente previsión. Se debe ensayar con ella y, una vez depurados los errores y alcanzada una formación previa, ya está lista para llegar a todos los empleados públicos. Pero eso no ocurre en la Administración de Justicia», se queja Luque.

Adaptarse al expediente digital

Al principio va a haber problemas, porque el servidor tendrá que ser reforzado; además, aunque inicialmente se prevé para magistrados y secretarios, los funcionarios gestores y los tramitadores harían bien en ir aprendiendo el programa, porque será una aplicación más de Adriano y acabarán usándolo en el día a día. «Su implantación está siendo lenta de narices, aunque la utopía es llegar al expediente digital», señala Núñez, que además es informático.

Ya lo dijeron los decanos españoles: «Sin expediente digital se hace muy difícil implantar la oficina judicial».

Fuente: laopiniondemalaga.es

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Com.Valenciana: La deuda de Justicia a una empresa de seguridad pone en peligro a 1.200 empleados

Ahogados por una deuda de la Generalitat. Javier Alonso, director financiero de la empresa de seguridad privada Sequor Seguridad S.A., denunció que la Conselleria de Justicia les debe 2,4 millones de euros por la vigilancia prestada en diferentes juzgados de la Comunitat entre 2007 y 2009. «Han pasado más de tres años y siguen sin pagarnos», lamentó.


El impago pone en peligro miles de puestos de trabajo. «Ante esta deuda y la constante reducción del crédito por parte de los bancos nos encontramos en una situación crítica», reconoció Alonso. Tanto que el sueldo de más de mil vigilantes de la empresa corre peligro. «Si no cobramos antes del verano 1.200 empleados se quedarán sin cobrar la nómina», lamentó Alonso.

El importe total a cobrar es de casi dos millones y medio de euros. «En marzo de 2009 acabamos el servicio y desde entonces nos adeudan 2.472.925 euros. La situación es vergonzosa», afirmó Alonso.

Los trabajos de Sequor Seguridad S. A., antiguo Grupo Cetssa, comenzaron en 2005 y se desarrollaron en juzgados de Valencia, Sagunto, Castellón, Benidorm y Elche, entre otros. En total, 50 vigilantes prestaron servicios de seguridad en edificios y locales de diversos órganos judiciales de toda la Comunitat Valenciana.

Las irregularidades en el pago se remontan a septiembre de 2007, aunque ya había una factura pendiente de diciembre del año anterior. La explicación de la Conselleria ha sido siempre la misma: la falta de dinero. «Nos decían que no había dotación presupuestaria», afirmó el director financiero de la empresa de seguridad privada, que tiene sede en Barcelona.

Alonso matizó que, pese a la situación, las relaciones con la Generalitat siempre han sido correctas. «En todo momento han tenido buenas palabras hacia nosotros. Durante 2009 nos sentamos con ellos a negociar aunque en 2010 el contacto ya fue vía email».

Pero la espera llegó a un punto de inflexión. «Nos pagaron 300.000 euros y nos dijeron que lo único que podían hacer era firmarnos un documento en el que reconocen la existencia de las facturas y la imposibilidad de saldarlas», manifestó.

En el escrito, con fecha de febrero de 2010 y firmado por la Dirección General de Justicia, aparece una relación de las cantidades a débito. Las facturas mensuales van desde los 383 euros hasta los casi 150.000. En dicho documento, se asegura que la Conselleria «procederá al pago de estos importes una vez que exista crédito presupuestario adecuado y suficiente».

Sin embargo, hace un año la empresa tomó la decisión de presentar una reclamación ante al administración valenciana. Tras tres meses de silencio, optaron por acudir a los tribunales. «Hemos procedido a presentar una denuncia ante los juzgados pero la lentitud en la Justicia hace que cuanda salga la sentencia seguramente sea demasiado tarde», se quejó Alonso.

Fuentes de la Conselleria de Justicia no pudieron confirmar esta denuncia.

Sin más plantilla

Mientras, el director general de Justicia, Antonio Gastaldi, reconoció el pasado jueves que no se producirá un incremento de las plantillas en los juzgados durante este año, sino que se mantendrán las que existen con refuerzos en supuestos puntuales.

«Este no es un momento de incremento de plantillas, sino de agradecer el esfuerzo que hacen funcionarios y jueces por trabajar», afirmó tras reunirse con el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, Carlos Domínguez, en la Ciudad de la Justicia.

Gastaldi manifestó que se habilitarán plantillas para los juzgados que se creen el 30 de junio, «pero las dotaciones de plantilla que existen se van a mantener, ajustadas a las necesidades y con los refuerzos a que haya lugar cuando algún supuesto puntual lo requiera».

Fuente: lasprovincias.es

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Ciudad Real: Los vocales territoriales del Poder Judicial piden una "moratoria" para la NOJ

Los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Castila-La Mancha, Gabriela Bravo y Concepción Espejel, han pedido a este órgano que traslade al Ministerio de Justicia una petición de "moratoria" en la entrada en funcionamiento de la nueva Oficina Judicial en Ciudad Real, que estaba prevista para el próximo 9 de febrero.


Esta petición, según han indicado en una nota informativa, se produce después del "sentir" expresado por la Junta de Jueces de Ciudad Real ante los problemas que esta planteando su puesta en marcha, al que se han unido también las protestas de los funcionarios, entre otros.

Asimismo, han esgrimido las "disfunciones que se han venido observando en el inicio de la Oficina Judicial en Burgos y en Murcia y sobre las que ya se está trabajando para su solución".

Para los vocales territoriales del CGPJ, el retraso de la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial en Ciudad Real hasta que se solventen las disfunciones en los juzgados de Burgos y Murcia, permitiría una normalidad en el inicio, en su momento, de la oficina de la capital castellano-manchega.

Los vocales territoriales han remarcado que esta petición no significa que se esté en contra de la nueva Oficina Judicial, sino que, al contrario, estiman que la misma es un modelo de organización que va a permitir la mejora de la optimización de los recursos de la Administración de Justicia.

A la solicitud de Bravo y Espejel ante el Pleno del CGPJ se han sumado los vocales territoriales de Extremadura, que tras conocer un comunicado de los Jueces de Cáceres en el mismo sentido, también estiman necesaria la moratoria para la entrada en funcionamiento de la Oficina Judicial en Cáceres.

Fuente: que.es

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Cáceres: El Colegio de Abogados pide que se aplace la Nueva Oficina Judicial

«No estamos en contra de la Nueva Oficina Judicial, que en teoría va a ser absolutamente beneficiosa para el funcionamiento de la Administración de Justicia en el futuro. Con lo que no estamos de acuerdo es con una implantación precipitada y a pesar de tener constancia el Ministerio de Justicia del fracaso de las 'experiencias piloto' realizadas en Murcia y en Burgos». Es lo que afirma un comunicado del Colegio de Abogados de Cáceres, que ha enviado al Ministro de Justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.


Los abogados indican que la nueva experiencia, que está previsto que se inicie en Cáceres el 9 de febrero, no debería comenzar hasta que los problemas de Murcia y Burgos no se solucionen.

El pasado 20 de enero en Burgos hubo una manifestación de funcionarios de Justicia, quejándose de que los órganos judiciales están atascados, con 400 expedientes paralizados de juicios por deudas, llegando el atasco a los procesos de separación, divorcio e incapacidades, con fallos graves en la agenda de señalamiento, con suspensión de juicios y diligencias de lanzamiento.

Los letrados afirman que no se ve razonable que se deteriore el buen funcionamiento actual de la mayoría de los juzgados y tribunales cacereños, que tienen unos periodos de respuesta inferiores a la media nacional. «Sería un perjuicio claro a los ciudadanos», dicen.

Fuente: hoy.es

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El CGPJ impulsa un acuerdo de Estado para agilizar la Administración de Justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabaja para conseguir un acuerdo de Estado con los grupos parlamentarios que permita que las leyes y las reformas legales imprescindibles para agilizar la Administración de Justicia estén aprobadas, si es posible, antes del próximo verano. Así lo han anunciado el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, y el vocal presidente de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, en rueda de prensa, acompañados de la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.


"Existe un ambiente claro tanto en los grupos sociales como en los políticos para que se alcance este acuerdo", ha explicado De Rosa, quien ha hecho hincapié en que "la Justicia va a ayudar de una forma evidente a salir de la crisis".

El pleno del CGPJ ha aprobado el pasado jueves los informes sobre el anteproyecto de ley para regular el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y el anteproyecto de medidas de agilización procesal.

El primer informe ha sido respaldado por unanimidad, mientras que el segundo cuenta con dos voto particulares en contra.

Ambos anteproyectos, aprobados por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, son, según ha recalcado Bravo, "piezas esenciales en el proceso de modernización de nuestra Justicia".

El primero establece las condiciones necesarias para poder tramitar en formato electrónico todos los procedimientos judiciales y el segundo incluye un paquete de medidas para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos, reducir costes y racionalizar los recursos.

Según ha recordado Bravo, la reforma limita el régimen de recurso en los juicios verbales (hasta 6.000 euros) y afecta al recurso de casación, elevándose la cuantía mínima para recurrir de 150.000 a 800.000 euros.

De Rosa ha asegurado que estas dos leyes y otras, como la relativa a los tribunales colegiados de instancia, "son las tres patas fundamentales para esta reforma estructural que queremos para la Administración de Justicia".

Por su parte, el vocal José Manuel Gómez Benítez ha destacado que el Consejo ya ha mantenido contactos con diferentes grupos políticos para tratar sobre este acuerdo de Estado.

"Este impulso ha sido acogido muy positivamente por todos ellos", ha asegurado.

El pleno, según Gómez Benítez, también ha acordado una propuesta "para que entre las reformas que hay que abordar urgentemente se incluyan también las más necesarias reformas del proceso penal".

Según ha indicado, el Consejo cree además necesario instar a introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal una mejora de la regulación del secreto de las actuaciones judiciales, ya que, según ha dicho, "no parece razonable que se prorrogue durante años y sólo exista obligación de levantarlo 10 días antes de que el juez acabe la instrucción".

Fuente: La Ley

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Santiago: Dos jueces estrella entran en la plantilla de Fontiñas

La plantilla del edificio de los tribunales de Fontiñas registrará en cuestión de días dos altas de sendos profesionales que, al menos dentro del ámbito gallego, podrían considerarse jueces estrella. Se trata de Carmen Veiras Suárez, que, al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Corcubión, se ocupó durante el último lustro de gestionar un sumario que ya excede los 115.000 folios, el caso Prestige, y José Antonio Vázquez Taín, quien procede del Penal 2 de Coruña, si bien fue en otro, el 1 de Vilagarcía, donde había adquirido proyección mediática, al erigirse en auténtico azote de los narcos, concentrando desde allí el 30% de los decomisos de la cocaína incautada en toda España del 99 al 2005.


Ambos gozan de la condición de magistrados, aunque ella acaba de estrenarla, mientras que a él lo ascendieron a mediados de la década pasada.

En virtud de un par de resoluciones firmadas por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el 30 de diciembre en Madrid y dadas a conocer el sábado pasado a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), Veiras asume el mando del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago y Vázquez Taín, el del Juzgado de Instrucción número 2 de Compostela, cuyo gobierno había quedado vacante en noviembre, cuando su hasta entonces titular, Francisco Javier Míguez Poza, decano de los togados de la demarcación en el período 1998-2010, solicitó una excedencia voluntaria por «interés particular».

A pesar de la mucha dedicación que la depuración de responsabilidades por la tragedia del Prestige le ha venido exigiendo, la jueza para nada percibirá en sus quehaceres diarios un bajón. «Trabajo no le va a faltar, desde luego. Los juzgados de contenciosos de Santiago están saturadísimos, los cargan con el doble de actividad que la media de los gallegos. Necesitamos un tercero ya, con urgencia», advierte el decano de los abogados compostelanos, Evaristo Nogueira.

Entretanto, Vázquez Taín deberá lidiar también con sus miuras. Heredará, entre otros, el absorbente sumario de la operación Trucarro, con numerosos ejecutivos de concesionarios y talleres de coche acusados de manipular cuentakilómetros de vehículos para facilitar su venta, y el de Montebalsa, sobre la comisión de posibles delitos de prevaricación y falsedad documental en la tramitación de obras del Concello.

Fuente: lavozdegalicia.es

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Navarra: La Audiencia estima que la entrega de la vivienda permite saldar la hipoteca

La Audiencia Provincial de Navarra ha emitido el primer dictamen judicial en España que considera suficiente la entrega de la vivienda al banco para saldar la deuda hipotecaria, a pesar de que el valor del inmueble se haya depreciado, según el auto dictado el pasado 17 de diciembre.


El auto considera que el banco "no habría concedido el préstamo si la finca no hubiera tenido un valor suficiente para garantizarlo, que fue fijado por la entidad ahora ejecutante". Además, destaca que en el contrato se reconoce que el inmueble tenía un valor "superior al principal del préstamo".

Además, el tribunal señala que la actuación del banco "no constituye un abuso de derecho", pero sí que es "moralmente rechazable" que la entidad alegue la disminución de valor de la finca que servía como garantía "para intentar continuar la ejecución".

En este caso, el comprador, además de perder la vivienda, debía pagar 30.000 euros más, de los que 8.000 correspondían a intereses y gastos, para saldar la deuda, de más de 70.000 euros. La justicia, ha dado la razón al consumidor, entendiendo que la casa cubre el capital prestado, lo que jurídicamente se conoce como "dación en pago".

La entidad se tuvo que quedar con el inmueble tras celebrar una subasta que quedó desierta y continuó exigiendo los pagos mensuales al propietario deudor.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra desestima así el recurso presentado por el BBVA contra la sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, que dio también dio la razón al hipotecado.

En el auto, el tribunal recuerda que parte de la crisis fue provocada por "la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias, recuérdese las "hipotecas basura" del sistema financiero norteamericano".

No obstante, los magistrados consideran que el banco ejecutor "no es causante de la crisis económica" y que su actuación "se ajusta a la literalidad de la ley". Sin embargo, advierten de que su actuación es "moralmente intranquilizante", por considerar hoy que el valor del inmueble es inferior al que es su día se fijó como precio de tasación para la subasta.

Según explicó la asociación OCU, representante legal del hipotecado, este auto supone una decisión "pionera" y "contraria" a los planteamientos del Gobierno, que hasta la fecha se ha mostrado contrario a modificar la Ley Hipotecaria para permitir esta práctica o introducir la figura de la "dación en pago".

La normativa actual contempla que el consumidor que no puede pagar su hipoteca debe entregar la vivienda a la entidad financiera y que, en el caso de que una tasación muestre que el inmueble ha perdido valor, debe abonar la cantidad restante.

Fuente: cantabria24horas.com

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Cantabria: El TSJ retoma el programa didáctico "Educando en Justicia"

El programa Educando en Justicia que desarrolla el Tribunal Superior de Justicia con centros escolares de Secundaria de Cantabria comenzó el pasado miércoles con la visita de estudiantes del Colegio Atalaya de Santander al Palacio de Justicia de Las Salesas. El TSJ retoma de esta forma una actividad que cumple seis años de funcionamiento en los que escolares de Secundaria de colegios e institutos cántabros han tenido la oportunidad de acercarse a la Justicia para ver cómo funciona por dentro.


En esta VII edición que ahora comienza ya se han inscrito doce centros -entre colegios e institutos- de Santander, San Vicente de la Barquera, Santoña, Los Corrales de Buelna, Camargo, Astillero y Torrelavega.

Como novedad, este curso el programa se desarrollará íntegramente en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Las Salesas.

Si hasta ahora los centros recibían la visita de un juez para realizar un simulacro de juicio en el centro y luego eran los estudiantes quienes visitaban el Juzgado, el nuevo formato permite a los participantes tener un contacto con los tribunales desde el principio.

De este modo, los estudiantes tienen la oportunidad de asistir a un juicio y el mismo día interpretar un juicio simulado en un escenario real, una sala de vistas auténtica.

Además, podrán conocer otras dependencias del Palacio de Justicia, como el Registro Civil, la Sala de Matrimonios o incluso los calabozos.

Fuente: cantabrialiberal.com

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Trebolle: 'Nunca hasta el año pasado tuvimos tantos asuntos penales en la Audiencia'

Diplomático pero persistente y estratega, el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Feliciano Trebolle, es capaz de aunar voluntades y de calmar los ánimos más exaltados. A él le deberá la ciudad la reunificación de juzgados en un Campus y en una zona accesible como Villa de Prado.


Pregunta.- Casi ha transcurrido el primer mes de 2011 y el Ministerio de Justicia no ha convocado el concurso de ideas para el Campus de la Justicia ¿se está ralentizando el proyecto?

Respuesta.- En principio calculamos que todo el proceso burocrático duraría dos años. Ha transcurrido un año y nos queda otro. Siempre pensamos que en 2012 comenzarían las obras. Quizás llevamos algo de retraso y ojalá que desde el Ministerio se solventen todos los trámites pendientes en 2011 pero el tiempo va avanzando. Lo ideal es que en 2012 empiecen las obras. Vamos a estar vigilantes para que los trámites se cumplan.

P.- Durante la celebración de los 50 años del Palacio de Justicia hubo una reivindicación unánime de la judicatura, los abogados, los procuradores y los trabajadores de Justicia en general para que la Fiscalía y la Audiencia Provincial estén dentro del Campus ¿Se sabe ya si va a ser así?

R.- De lo que no tengo ninguna duda es que deben estar dentro del Campus y de que sólo puede haber dos edificios, el Campus de la Justicia y el Palacio de Justicia, buque insignia, pero este para albergar la sede del TSJ. Que la Audiencia y la Fiscalía queden dentro del Campus es la única forma de que los trabajadores y los ciudadanos puedan solventar sus problemas. El rumor de que estos dos órganos iban a quedar fuera del Campus está ahí y quizá tuvo su origen en la crisis económica y en la cuantía presupuestaria que asignó el Ministerio, pero espero que no llegue a ser verdad.

P.- ¿Cuántos juzgados va a pedir al Ministerio este año?.

R.- Necesitamos un séptimo juzgado de Instrucción, un quinto de lo Social, un decimoquinto de Primera Instancia e Instrucción, un quinto de Penal y el tercero de Primera Instancia e Instrucción de Medina del Campo. Soy consciente de que no se van a crear todos los que pido pero aún así no puedo dejar de mostrar mi satisfacción porque en los últimos siete años se ha creado una media de dos juzgados por año en Valladolid y eso es lo que me gustaría, como mínimo en 2011. Si tuviese que apostar por dos me inclino por Instrucción número 7 y lo Social 5. Además, necesitamos más personal en Medina del Campo y los refuerzos necesarios para desatascar el trabajo que hay en este momento en ese partido judicial.

P.- Año tras año desde la Delegación del Gobierno insisten en que la criminalidad baja ¿también baja el número de asuntos penales?.

R.- El dato objetivo es que el número de asuntos no baja en los órganos jurisdiccionales penales. La tendencia es que año tras año aumentan. Quizás el volumen de asuntos registrados en los juzgados penales en 2010 deriven de los registrados en los juzgados de instrucción y que ello pueda traer su causa de la situación de crisis económica que atraviesa nuestro país.

P.- ¿Es la peor etapa desde que usted es presidente de la Audiencia Provincial?

R.- Desde que soy presidente de la Audiencia las secciones penales nunca habían alcanzado el volumen de asuntos de registro y resoluciones dictadas que se alcanzó en 2010.

P.- Usted es uno de los impulsores de la Mediación Penal, un sistema implantado hace dos años con mucho éxito pero que el Ministerio no financia. Y usted se encarga de buscar subvenciones entre las instituciones públicas ¿no es una injerencia? ¿No peligra la independencia del poder judicial?

R.- No, no existe peligro. Soy partidario de que haya relación institucional y de que esta sea lo más fuerte posible. Es cierto que lo ideal sería que el Gobierno sufragase la mediación pero también es cierto que Europa demanda a España que introduzca esta medida y que Valladolid es una de las ciudades donde se lleva a cabo esta experiencia piloto.

P.- El Ayuntamiento ya dejó de subvencionarles en 2010 ¿que ocurría si este año no consiguiesen financiación?

R.- Pronto vamos a iniciar las gestiones. La limitación de las subvenciones implica la limitación en el número de casos que se puedan llevar a mediación, con el consiguiente perjuicio para el ciudadano.

P.- ¿Se va a extender a otros ámbitos?

R.- Es posible que entre febrero y marzo firmemos el convenio para implantar la mediación familiar, un sistema que eliminará las fricciones entre cónyuges que se separan o divorcian y que va a favorecer a los hijos de esa pareja que ha llegado a una situación irreversible en la que el matrimonio ha fracasado pero sigue teniendo ese interés común.

Fuente: elmundo.es

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Cochabamba, Bolivia: Los juicios tardan hasta nueve años para sentencia

Son 700 causas en movimiento en cada uno de los juzgados de sentencia del municipio de Villa Tunari en el trópico de Cochabamba, de las cuales ni el 2 por ciento fue resuelta en el último año. Sólo en el juzgado de sentencia número 2 fueron resueltos aproximadamente 10 juicios. Así lo informó el juez técnico de sentencia, Eduardo Arce, que desde el año pasado no cuenta con un oficial de diligencias y un secretario para impulsar de forma adecuada cada uno de los procesos.


La falta de personal, infraestructura y las distancias alejadas para notificar a los jueces ciudadanos y testigos, como también otros problemas son la causa de la mora judicial.

NARCOTRÁFICO

Casi la mitad de estos procesos pendientes corresponden a los delitos de narcotráfico. El Ministerio Público tiene por lo menos 300 en cada juzgado que no puede resolver. Para el fiscal de Sustancias Controladas, Miguel Trigo, en una mayoría los involucrados deben ser juzgados en rebeldía.

“Hay juicios de 2005 que esperemos se resuelvan el 2011”, manifestó.

Dijo también que con las nuevas disposiciones legales, en los delitos de narcotráfico, no existe la prescripción.

Pero, los procesos no son sólo desde el 2005, existe información de que incluso corresponden a la gestión del 2002 en el primer juzgado mientras que el segundo tiene desde el 2007 que fue el año de su creación.

PENDIENTES

Esta situación se repite en el distrito de Cochabamba donde desde el 2 de enero de 2010 hasta el 5 de diciembre de ese año la Corte Superior de Justicia tiene más de 76 mil procesos pendientes. En algunos casos, el número de pendientes es mayor al de resueltos. Esto es evidente en los tribunales de sentencia donde ingresaron 323, se resolvieron 179 y quedan pendientes 1.283.

Lo mismo ocurre en los juzgados de Sentencia, de Ejecución Penal, Instrucción Cautelar e Instrucción Civil.

SIN PERSONAL

En Villa Tunari existen dos tribunales de Sentencia. Cada uno debe contar con un juez, el secretario y el oficial de diligencias o actuario. Desde marzo del año pasado el Tribunal de Sentencia 2 no tiene un oficial de diligencias y en noviembre renunció el secretario. Esto obliga a que el juez sea quien atienda directamente a los litigantes, abra la oficina, reciba memoriales y otros trámites propios del personal de apoyo. A raíz de esto, el juez Arce tiene que “prestarse” a la secretaria de otro juzgado que hace su trabajo y tiene estos turnos extraordinarios. “Los casos pendientes se llevan adelante, pero falta celeridad con los funcionarios”, dijo.

Recordó que hizo la solicitud al Consejo de la Judicatura donde le informaron de la designación del secretario -en diciembre- pero desde entonces no se presentó el funcionario.

El responsable distrital del Consejo, Jhonny Ledezma, dijo que la atribución de designación es propia de la presidencia de la Corte. “Cada año sacamos la convocatoria en febrero y la lista de quienes se habilitan para estos cargos se envía a presidencia, son entre 90 y 120 nombres”, indicó.

Para Ledezma no es fácil designar personal para provincias, en especial en zonas alejadas. Esto se debe a que el presupuesto para el salario (Bs 2.500) es indistinto al lugar donde presta sus funciones.

INFRAESTRUCTURA

La falta de recursos económicos afecta también a la implementación de infraestructura. Este año el presupuesto se redujo de 400 mil bolivianos a 150 mil.

En Villa Tunari las oficinas del Poder Judicial están ubicadas en una vivienda frente a la Plaza Principal. Los tribunales de sentencia funcionan en la parte de adelante. Se habilitó uno de los ambientes con cortina metálica para la sala donde se llevan a cabo los juicios. En este caso se cumple lo que dice la ley, que los juicios son públicos toda vez que cualquier persona que circula por el lugar puede participar del mismo. Lo que no se respeta es el silencio en la sala de audiencia. Los ruidos son propios del lugar. El espacio de al lado, también con cortina metálica, funciona como la oficina del juez que no tiene personal de apoyo.

Lanchas para buscar jueces ciudadanos

Uno de los principales problemas para resolver los procesos pendientes es la conformación del tribunal de sentencia con los jueces ciudadanos.

Si bien la selección de los mismos (por sorteo) es inmediata, su notificación se dificulta. El oficial de diligencia debe recorrer a pie y hasta en lanchas las diferentes poblaciones en busca de los ciudadanos que según la ley participan como juzgadores dentro de un juicio oral en materia penal. A veces se tarda hasta un mes en encontrar la dirección, pero se presentan otros problemas como el cambio de domicilio, abandono y otros aspectos que no se reportan. Pese a los esfuerzos del personal, muchos de ellos no se presentan y se debe empezar de nuevo.

Las víctimas que tenían la esperanza de contar con un proceso ágil de administración de justicia, una vez más deben esperar. Al principio los incidentes, recusaciones, etcétera que muchas veces se conocen como “chicanerías” de los abogados forman parte de la etapa más difícil.

Los tribunales de sentencia están integrados por cinco jueces, dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos. Los dos jueces técnicos son abogados de profesión, elegidos de acuerdo a disposiciones de ley y son quienes en realidad aplican las leyes. Si alguno de los jueces ciudadanos no se presenta genera un círculo vicioso que entraba el proceso y retarda el accionar de los jueces técnicos en perjuicio de las víctimas.

Fuente: opinion.com.bo

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Dívar le dice a Caamaño que la austeridad en Justicia no significa pobreza

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, señaló en presencia del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que la austeridad es una de las características de la Justicia pero que no debe confundirse con la pobreza, ya que la institución "debe defender su dignidad" y contar con los medios necesarios para resolver las cuestiones sometidas a su consideración.


Dívar realizó estas manifestaciones durante el acto de presentación de un acuerdo que amplía el contenido del III Plan de actualización del Tribunal Supremo con el fin de ampliar la plantilla del gabinete técnico de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano con 19 nuevos magistrados y 9 letrados.

Durante su intervención, Dívar ha señalado que la Justicia se caracteriza por la independencia, el silencio y la austeridad. La primera es "en todo instante la gran protagonista del Estado de Derecho, según Dívar, que ha añadido que los jueces "deben ser silenciosos porque con nombre propio no tienen nada que decir" y cuando dictan resoluciones "son la voz del Estado".

AL DÍA EN 2012.

Sobre el convenio suscrito por el Ministerio para reforzar los medios en el Tribunal Supremo, Dívar ha recordado que se ha fijado el 2012, fecha en la que se celebra el bicentenario de la institución, como fecha para poner este órgano "al día", si bien para ello tiene que contar con los medios necesarios.

Por ello, se felicitó del refuerzo al gabinete técnico, al que se refirió como pieza indispensable para acabar con la pendencia en el alto tribunal.

"El Estado de Derecho es una creación bella y reciente, son muy pocos los países que pueden disfrutarlo -ha dicho Dívar-. Y eso sólo se consigue con unos tribunales independientes y ágiles".

Por su parte, Caamaño ha recordado que el relevante papel del Tribunal Supremo ya fue destacada en el Pacto de Estado para la Justicia suscrito hace 9 años y que este órgano "mantiene hoy todo su pulso y vitalidad por el enorme prestigio que ha sabido ganarse".

Una plasmación práctica de este compromiso han sido los tres planes bianuales de actualización de este órgano, el último de los cuales (del que forma parte el refuerzo acordado hoy) tiene un presupuesto de 12 millones de euros, según ha explicado el ministro.

Finalmente, ha recordado que hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años los asuntos que entran en lo juzgados han sufrido un incremento del 33 por ciento y que el trabajo de su Ministerio va en el sentido de afrontar esta situación mediante el refuerzo de medios humanos y tecnológicos.

Así, ha señalado que se camina hacia el expediente digital, para que los archivos judiciales de papel sean sustituidos por bases de datos electrónicos. "En un par de meses la Audiencia Nacional será el primer órgano con expediente electrónico, y esperamos que en 2012 también eso sea así en el Tribunal Supremo", ha concluido.

Fuente: La Ley

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