A pesar de tener el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial y de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la ciudad de Alicante no podrá contar con su primer juzgado especializado en salud mental a final de año. El citado órgano judicial es uno de los afectados por la moratoria reclamada por la Generalitat Valenciana en la creación de juzgados porque la conselleria cuyo titular es Rafael Blasco no tiene dinero para ponerlos en marcha. De los dos previstos en la provincia, sólo podrá crearse al final de este año el de Elche.Estos juzgados de salud mental van a resolver sobre incapacidades a personas con problemas mentales, decretar su internamiento en un centro especializado e incluso obligar a tomar la medicación por orden judicial a aquellos enfermos mentales que se nieguen a tomarla. Se estima que en el partido judicial de Alicante se tramitan entre 1.200 y 1.400 expedientes cada año de internamiento involuntario en centros sanitarios o residencias. El juzgado de Alicante se encargaría de los asuntos tanto de la capital como de El Campello y Sant Joan, municipios que concentran un gran número de estos geriátricos y pretende ahorrar muchos trámites burocráticos a las familias cuando acuden a pedir el amparo de los tribunales.
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, explicó que la especialización supone dar más facilidades al ciudadano, al concentrar en un solo órgano todas las resoluciones referentes a la salud mental. En la actualidad, todo este tipo de asuntos están dispersos entre diez de los doce juzgados de Primera Instancia. "De lo que se trata, y eso es lo que nos han reclamado las familias, es que el juzgado haga un control y seguimiento del estado del enfermo y cerciorarse de que está siendo atendido por la administración sanitaria", explicó Magro.
Asimismo, la medida aliviará de trabajo al resto de los juzgados de Primera Instancia, que se verán liberados del trabajo de tener que coordinarse con las residencias. En algunos juzgados se quejaban de que había días en los que coincidían en un mismo centro para una inspección personal de distintos órganos.
La iniciativa contaba con el respaldo de jueces, fiscales y forenses. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han dado el visto bueno a la petición de especialización. Fuentes judiciales señalaron que el siguiente paso sería hacer una propuesta para concretar cómo se va a hacer el reparto de asuntos del nuevo juzgado. La especialización fue reclamada por la junta de jueces de Alicante y tiempo después se sumaron los magistrados de Elche para llevar a la práctica la medida en esa localidad.
No habrá problemas para que este juzgado, el Primera Instancia número cinco se ponga en marcha en Elche el próximo 28 de diciembre, ya que la Ciudad de la Justicia fue inaugurada a finales del pasado octubre y tiene espacio de sobra para ubicarlo. La situación es distinta en Alicante, donde la saturación en el Palacio de Justicia ha obligado a tener que buscar un nuevo local para crear el juzgado de Primera Instancia número trece. La sede, que se va a alquilar, necesita además obras de adecuación, lo que ha hecho que el presupuesto se dispare en un año que está marcado por la austeridad. La conselleria ha pedido una moratoria para poder crear el año que viene algunos de los juzgados que tenía que poner en marcha en diciembre, entre ellos el de Alicante. La fecha de la moratoria aprobada es junio de 2011, por lo que hasta esa fecha no podrá ponerse en marcha.
Ocho órganos afectados en toda la provincia
De los diez juzgados que iban a entrar en funcionamiento a final de año en Alicante, tan sólo dos van a poder ponerse en marcha debido a las limitaciones presupuestarias del Consell. Los que salen adelante son precisamente donde no va a ser necesario recurrir al alquiler de locales, ya que irán en sus respectivos palacios de justicia de reciente edificación: Orihuela y Elche. La medida, además del juzgado de salud mental de Alicante, afecta a otros dos de Primera Instancia en Torrevieja y Benidorm, tres mixtos (que tramitan asuntos tanto civiles como penales) en Dénia, Villajoyosa y Novelda. Por último, había otro Social previsto en Benidorm y en penal en Torrevieja. La situación contrasta con la política que ha mantenido el Consell en los últimos años que ha hecho de la reivindicación de nuevos órganos judiciales al Ejecutivo Central ha sido una de sus banderas en materia de Justicia. Este año, cuando se le han concedido hasta diez juzgados nuevos, ha dicho que no tiene dinero para ponerlos en marcha y ha pedido una moratoria para su puesta en marcha. El Ministerio de Justicia ha aplazado su creación hasta el próximo mes de junio del año 2011.
Fuente: informacion.es
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