El Gobierno insiste en censurar internet

A pesar de las protestas de la Asociación de internautas, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información en unos términos ambiguos que no tranquilizan nada, más bien al contrario, a los internautas. La nota emitida por el Gobierno posibilita el cierre de páginas web, aunque el redactor se ha preocupado mucho en dejar en el equívoco al cuestión. Este es el parecer de los asesores jurídicos de la Asociación de Internautas, que han visto confirmados sus peores temores.

La clave está en los dos párrafos sobre restricción de servicios. Si hacemos caso del segundo (“La autorización de la restricción de páginas de Internet, cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en el artículo 20 de la Constitución, sólo podrá ser ejercida por los órganos jurisdiccionales competentes”), el asunto no presenta especiales problemas, pero es que se trata de una tautología. El cierre de medios informativos por el juez lo recoge la Constitución y se trata de una precisión absolutamente innecesaria.

Ahora bien, si reparamos en el primero, un farragoso párrafo, en el que hasta por tres veces se habla de órganos competentes, sin explicar quiénes son esos órganos competentes, se advierte que se podrá interrumpir o bloquear un servicio: “Se clarifica el marco regulador para las posibles restricciones de servicios de la Sociedad de la Información por parte de los órganos competentes. En este sentido, la ley establece el procedimiento intracomunitario conforme al cual debe actuar el órgano competente que, en virtud de sus competencias establecidas en su propia normativa reguladora (aplicables al mundo físico y al ámbito electrónico), adopte medidas de restricción respecto de servicios provenientes de países del Espacio Económico Europeo (EEE). Igualmente, la ley aclara la regulación del deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación para los supuestos en que un órgano competente ha decidido, de acuerdo con su propia normativa, que hay que interrumpir o bloquear un servicio”.

Ahora bien, bloquear un servicio es anular los contenidos que se emiten a través de dicho servicio. Y lo que es más importante: ¿Cuál es órgano competente, y cuál no, para hacer qué, en qué medida y con qué efectividad? ¿Nos lo explicarán en los decretos y reglamentos de desarrollo?

Estamos hablando de dos posibles cuestiones: de las censura pura y dura de contenidos que no gustan al poder –a los competentes- o de la famosa propiedad intelectual. Las sociedades de mediación de derechos de autor, las famosas SGAE’s, insisten en que si una página vulnera el derecho de propiedad intelectual debe ser cerrada “por los órganos competentes”. Por ejemplo, por ellos mismos. Además, estos intermediaros de derechos de autor han presionado al Gobierno para que sean los propios operadores, quienes estén obligados a actuar como gendarmes cuando ellos consideren que se ha producido una vulneración, una obligación que ha puesto en pie de guerra a los proveedores de servicios, especialmente de banda ancha, esto es, las telecos.

En cualquier caso, sería una forma de censura en nombre de la propiedad intelectual.

Además de este aspecto, los objetivos que marca el anteproyecto son las siguientes:

- Acceso a banda ancha al 100% de la población este 31 de diciembre para recortar la brecha digital.

- Se fomentarán las subastas electrónicas entre empresarios para incremento de la productividad

- Impulso a la facturación electrónica

- Desarrollo del comercio electrónico en España

- Mayor seguridad en Internet

Fuente: Asociación de Internautas

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Buenos Aires: Seminario sobre la mujer en la administración de Justicia

Entre el 17 y 18 de abril, se llevará a cabo en Buenos Aires un seminario internacional que promete reunir a juezas, abogadas, funcionarias del Poder Judicial, investigadoras y docentes universitarias de diversos países para debatir sobre la participación de las mujeres en la administración de Justicia. El evento, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo en la sede de la Facultad de Derecho de la UBA y está organizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la denominada Articulación Regional de Justicia y Género.

Además de las figuras argentinas, se darán cita especialistas de Alemania, Inglaterra, EE.UU., Australia, Francia, Canadá y de varios países de América Latina como Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.

De esta manera, habrá ponencias de distinguidas académicas e investigadoras del tema "mujeres en las carreras jurídicas". Pero también se presentará una investigación sobre la participación de las mujeres en los poderes judiciales de la región, realizada por un consorcio de organizaciones latinoamericanas.

La Conferencia inaugural (el martes 17 a las 10:45) estará a cargo de Ulrike Schultz, docente e investigadora de la Universidad de Hagen, en Alemania. Durante la primera jornada también hablarán Stella Maris Martínez (Defensora General de la Nación) e Hilda Kogan (juez de la Suprema Corte bonaerense).

El miércoles 18 participarán las dos mujeres de la Corte Suprema, Carmen Arbigay, Elena Highton, y otras figuras del ámbito local como Aída Kemelmajer de Carlucci (ministra de la Corte Suprema de Mendoza) o Alicia Ruiz (ministra del Tribunal Supremo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Los organizadores tienen mucha expectativa con el desarrollo del Seminario, que cuenta con el apoyo, entre otros, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). "Ha despertado un gran interés en diversos sectores académicos y profesionales de la región atento los calificados panelistas comprometidos y por la originalidad temática" dijo Haydée Birgin, presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Por su parte, la Directora Ejecutiva de ELA, Beatriz Kohen, manifestó que "estamos haciendo un aporte valioso al debate sobre la necesaria actualización de instituciones como el Poder Judicial que, en algún momento, reflejarán tanto en su formación sobre temas de género, como en su política de incorporación de magistrados, una nueva óptica en beneficio de una mayor representación de la mujer en los sistemas de justicia".

Fuente: Diario Judicial

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Los españoles, en contra del velo

El 61% de los españoles está en contra de que las niñas musulmanas lleven velo en la escuela, mientras que la sociedad está prácticamente dividida entre los que apoyan (41%) y los que se oponen (39%) a que los musulmanes recen en la Mezquita de Córdoba, según el primer Barómetro del año del Real Instituto Elcano. La oposición al uso del velo en el colegio crece con la edad, pasando del 52% para los menores de 30 años al 70% de los mayores de 65. También con respecto al rezo islámico en la mezquita, la tercera edad es más contraria (55%) y desciende hasta el 27% entre los menores de 30.
Por otra parte, un 46% apoya la exhibición de los crucifijos católicos en las escuelas, mientras que se muestra en contra un 29%. Preguntados por la posibilidad de que los niños españoles estudien el Corán como estudian la Biblia en clase de educación cívica, un 48% se manifiesta en contra, frente a un 31,5% a favor.
En el plano político, los españoles ven con buenos ojos que los musulmanes residentes en España puedan votar en las elecciones. Un 67% está a favor, frente a un 25% en contra. Sin embargo, este porcentaje es menor que cuando al entrevistado se le pregunta por los extranjeros en general y sin distinguir religión. Entonces defiende el derecho a voto un 70,5 por ciento.

Fuente: Alerta Digital

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Málaga: El próximo verano comienza el traslado a la Ciudad de la Justicia

La Ciudad de la Justicia de Málaga ha conseguido el milagro de poner de acuerdo a dos cuerpos irreconciliables por definición. Abogados y fiscales reclaman más espacios propios en la nueva sede judicial única malagueña, a la que comenzarán a mudarse el próximo verano y que entrará en servicio antes de finales de año. Los representantes del ministerio público critican que en el que va a ser el mayor edificio administrativo de Andalucía, un tercio de ellos deberá compartir despacho con compañeros, lo que "resulta poco compatible con sus competencias de instrucción".
"Lo deseable es que todos los fiscales dispongan de un despacho individual, ya que, para determinadas actuaciones se requiere un secreto absoluto", asegura Manuel Villén, fiscal jefe de la Audiencia de Málaga. De los cerca de 60 fiscales que trabajan en la provincia, aproximadamente 40 disfrutarán de despacho propio en la Ciudad de la Justicia, la primera sede judicial unificada de la comunidad. El resto, de momento, deberá compartir instalaciones con un compañero.
"Antes no había problema para que compartiéramos habitación porque no instruíamos", señala el teniente fiscal Antonio Morales. "¿Se puede uno imaginar a una mujer maltratada contando su caso y que en la mesa de al lado haya una persona ajena, aunque sea otro fiscal? ¿O que un fiscal anticorrupción no esté solo con la necesidad de secreto que hay? Se está aplicando un esquema antiguo a un edificio nuevo", asegura el número dos de la Fiscalía malagueña.
Aunque, según el fiscal jefe Villén, los despachos aún no han sido asignados y se repartirán "por criterios de antigüedad y función del fiscal", muchos fiscales ya han acudido a conocer el espacio en el que trabajarán a partir del próximo otoño, si se cumplen las previsiones. En cualquier caso, la situación mejorará ya que en el Palacio Miramar, actual sede de la Audiencia y de los juzgados de Instrucción y de lo Penal, algunos despachos albergan a hasta cinco fiscales.
Los abogados tampoco se muestran conformes con el espacio que la Consejería de Justicia prevé para ellos. "Estamos negociando que nos den unos espacios mínimos para poder trabajar con dignidad", asegura Flor Carrasco, la vocal del Colegio de Abogados de Málaga encargada de las relaciones con la administración de Justicia y que ha visitado el edificio en varias ocasiones. Los letrados reclaman una sala junto al juzgado de guardia, otra para la orientación jurídica -la llamada "justicia gratuita"-, así como espacios para guardar las togas y poder reunirse con sus clientes. En la provincia de Málaga ejercen unos 5.000 abogados .
La Ciudad de la Justicia, que albergará todas las jurisdicciones de la capital, cuenta con 70.000 metros cuadrados construidos, el doble de lo que ocupan actualmente las distintas sedes judiciales malagueñas. A pesar de esta enorme extensión, los distintos operadores judiciales creen que el edificio no tardará en quedarse pequeño para las necesidades judiciales de la provincia. Francisco Javier Arroyo, magistrado presidente de la Audiencia, calcula que la nueva sede dará un servicio óptimo "unos 15 años". El espacio que se estrena a final de año dispone de sitio para albergar los ocho nuevos juzgados que están previstos. "Unificar los juzgados y las salas sólo puede traer ventajas y facilitará el trabajo de todo el mundo. Por ejemplo, ahora se suspenden muchos juicios porque la gente se equivoca de sede. Eso no volverá a pasar", afirma Arroyo.

En la Ciudad de la Justicia se concentrarán a diario unos 1.200 funcionarios, 300 trabajadores externos y 3.500 usuarios.

Fuente: El País.com

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Barcelona: Más de 10 millones de euros para equipar la Ciudad de la Justicia

La Generalitat se gastará más de 10 millones de euros en amueblar y equipar la Ciutat de la Justicia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, que está en fase de construcción, según el presupuesto inicial de la convocatoria del concurso público. La adjudicación de los lotes se efectuará mediante subasta electrónica a través de internet. La Administración catalana ha recurrido en contadas ocasiones a este sistema que conjuga seguridad con nuevas tecnologías, aunque la intención es potenciarlo.

La subasta electrónica, de la que se encargará la Comisión Central de Suministros de la Generalitat, un órgano dependiente de la Conselleria d'Economia i Finances, se realizará a una hora y un día determinado, tras una selección anterior de las ofertas y proyectos que presenten las empresas que, como requisito, deben tener una facturación anual superior a los 10 millones de euros si licita en uno o más lotes de más de un millón de euros. Además, la compañía tiene que acreditar la calidad de sus productos y distribución.

La Administración catalana ha dividido en 13 lotes diferentes el mobiliario y el equipamiento necesario para la Ciutat de la Justicia que estará en pleno rendimiento a finales del 2008, aunque los 12 juzgados de L'Hospitalet está previsto que se trasladen en el último trimestre de este año. La migración de los juzgados de Barcelona se efectuará a partir del verano del 2008. La Generalitat, de esta manera, renovará el mobiliario que ahora está distribuido en los diferentes juzgados de Barcelona. Edificio nuevo: muebles nuevos. En el concurso se incluyen lotes de equipamientos para despachos de alta representación, oficinas, visitas médicas, salas de vistas, sillería, sofás, mesas y diversos complementos, así como una partida de mobiliario de cocina y electrodomésticos. "En cada planta los funcionarios tendrán un espacio habilitado para que puedan desayunar y comer, calentarse algo, con un microondas y una nevera", explicaron fuentes de Justícia.

La entrega de estos equipos se realizará de forma gradual, en la medida en que se vayan acabando las obras de los diferentes edificios que componen el complejo. El presupuesto base de licitación asciende a 10,2 millones de euros. La fecha límite de presentación de ofertas finalizará el próximo 17 de abril, según en anuncio de la convocatoria del concurso."Lo único que no entra dentro de este concurso público es el equipamiento de lugares comunes, como la recepción general, los jardines y la sala de actos de la que dispondrá la Ciutat de la Justícia, pues ya están contemplados en el proyecto de obra", explica Jordi Sisquella, director de servicios del departamento de Justícia de la Generalitat.

Fuente: El Periódico.com

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Pero... ¿De verdad hay un calentamiento global?

La revista del Instituto de Estudios Económicos dedica su último número monográfico a estudiar científicamente esta cuestión, antes de que termine por cundir del todo la irracionalidad.

No hay que irse muy lejos en el tiempo para encontrar alarmismos similares a los del calentamiento global. Allá por los años 70 e incluso principios de los 80, con lo que de verdad disfrutaban amenazándonos los funcionarios de los "organismos internacionales" era con el enfriamiento global. Había, como ahora, datos locales que justificaban una preocupación local, y a partir de ellos se formularon teorías sobre una nueva glaciación a la que se consagraron no menos titulares, ni menos documentales televisivos, que ahora al fenómeno contrario.

El 28 de abril de 1975 la revista Newsweek anunciaba la casi unanimidad de los meteorólogos en que el enfriamiento global provocaría "hambrunas catastróficas". El 21 de mayo, The New York Times recogía que los científicos daban como "bien establecido" que el Hemisferio Norte se había estado enfriando desde 1950. El 10 de diciembre de 1976, la revista Science advertía de la proximidad de una "extensa glaciación" en nuestro hemisferio. Felizmente, se equivocaron, pero desde mediados de los 90 las amenazas volvieron, aunque con signo contrario.

¿Es ahora distinto? La última oleada de terror medioambiental llegó con la aprobación del informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que ya no sólo anticipa que mil millones de personas se quedarán sin agua, sino que ni siquiera podemos evitarlo: todo lo más, adaptarnos a las nuevas circunstancias.

Si pudiésemos decir "doctores tiene la Iglesia", esto es, "científicos tiene la Ciencia" en quienes delegar la interpretación de los datos, no habría problema, y habríamos de asumir que así son las cosas. La cuestión es que la comunidad científica está muy dividida en cuanto al valor de los datos que justifican el calentamiento global. No hay unanimidad ni en que exista, ni en que se deba a la acción del hombre, ni en que -de ser el hombre el responsable- el agente del mismo sean las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué hacer, entonces?

"Mitos y realidades del cambio climático". Así se titula el número 3-4 de 2006 de la Revista del Instituto de Estudios Económicos (IEE), recientemente aparecida. Recoge los once trabajos que se presentaron a un ciclo de conferencias sobre el cambio climático que tuvieron lugar en el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos de Madrid. Y supone una aproximación doble, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, a las causas y consecuencias, no ya del fenómeno en sí, sino del hecho de que en torno a él estén pivotando decisiones políticas de gran trascendencia. Como ejemplo más notable, el Protocolo de Kioto.

Presenta el volumen Juan Velarde, quien enumera los cinco "pánicos" que precedieron al actual, todos ellos consecuencia de los desajustes creados por avances sucesivos en la Revolución Industrial, y solucionados por avances ulteriores: pánico a un incremento de población por encima de la capacidad de alimentarla (Thomas Malthus), al agotamiento del carbón (William Stanley Jevons), a que la democracia de masas desbocase sin remedio el gasto público (José Ortega y Gasset, John Maynard Keynes), al colapso de los servicios públicos (John Kenneth Galbraith) y al agotamiento de las materias primas (Club de Roma).

Dado el impacto económico del sexto pánico (el calentamiento global), en forma de medidas restrictivas como las que postula el Protocolo de Kioto, el IEE solicitó la opinión de una serie de expertos geógrafos, meteorólogos y economistas para valorar los riesgos que se nos anuncian. Las conclusiones de los estudios, algunos de ellos sectoriales, no son uniformes, y en ese sentido permiten al lector recoger argumentación en un sentido y en otro. Asumiendo la parcialidad de la selección, destacamos los puntos de vista cuya presencia en los medios es menos frecuente.

Javier Martín Vide afirma que "las anomalías y los episodios meteorológicos extremos no tienen que ver con el cambio climático", aunque puedan ser un indicio del mismo. Asimismo, "la percepción climática difiere a menudo de la realidad climática, por lo que los presuntos cambios climáticos percibidos casi nunca cuentan con el aval de los registros instrumentales". Dos buenas prevenciones para no andar viendo cambios climáticos en cada estación que viene, aparentemente, "rara".

María Eugenia Pérez González parte de la disparidad de tendencias de las temperaturas medias medidas en los últimos dos siglos para establecer que "no es posible apoyar, basándose en los datos de la temperatura media anual de las estaciones meteorológicas, la tesis del cambio climático, reciente y antropoinducido", pareciendo más probable que el incremento térmico detectado en algunas ciudades se deba a su propio crecimiento.

Enrique San Martín González y Javier García-Verdugo Sales destacan que en el Protocolo de Kioto han primado más razones políticas que científicas, y sobre todo que no se han evaluado suficientemente sus consecuencias: "Teniendo en cuenta el elevado coste económico que puede llegar a originar el Protocolo de Kioto, su escasa incidencia en el control del clima y el hecho de que hay otros problemas con mayores costes no monetarios, parece necesario plantearse la posibilidad de destinar esos recursos a tareas más urgentes". Para España ese coste será, además, mucho mayor, como consecuencia, señala Juan Velarde en el prólogo, del parón nuclear de 1982. Como insistía Loyola de Palacio, España tendrá que optar: o cumplir el Protocolo y construir más centrales nucleares, o no construirlas e incumplir el Protocolo, con la elevadísima sanción económica que el mismo marca, que puede condicionar nuestro crecimiento.

Otros trabajos abordan posteriormente la naturaleza del mercado de derechos de emisión que fija el Protocolo, y también el riesgo de deslocalización de empresas hacia lugares donde sus exigencias son más suaves.

Estamos, en definitiva, ante un conjunto de estudios relevantes, de elevado nivel, con los que fundamentar una opinión u otra sobre el calentamiento global y el cambio climático. La polémica, pese a la aparente uniformidad de criterio que flota en el ambiente, es muy intensa entre la comunidad científica, y acabará abriéndose paso.

Fuente: El Semanal Digital, Tira Ecol

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La Coruña: La Xunta pasea el proyecto de la Ciudad de la Justicia

El candidato del Partido Popular ha acusado a la Xunta de “tomarse a broma” el proyecto de la Ciudad de la Justicia, ya que de la Audiencia Provincial lo han llevado al Parque Ofimático y ahora se pretende trasladarlo al Puerto de La Coruña.
“Entre idas y venidas hemos perdido dos años muy valiosos en los que podría haberse avanzado de una forma decisiva en la construcción de este edificio tan necesario para la ciudad”, afirma.
Negreira se pregunta si el Gobierno gallego es consciente de que “mientras se dedica a pasear por A Coruña el proyecto de la Ciudad de la Justicia, los juzgados coruñeses están padeciendo un grave colapso, tal y como denuncian continuamente abogados, procuradores, sindicatos y la propia Memoria Judicial”.
“La unanimidad que existe sobre la urgencia de contar con un nuevo edificio judicial contrasta con la incompetencia de la Xunta a la hora de gestionar esta infraestructura tan importante para los intereses de A Coruña”, afirma.
Negreira afirma que la actitud de la Consellería del PSOE con la Ciudad de la Justicia “es un agravio a todos los coruñeses, ya que son los ciudadanos de esta ciudad, junto con los profesionales de la justicia, los más perjudicados por el colapso y los retrasos en las resoluciones que sufren las salas coruñesas”.
Acusa al actual alcalde de estar “mirando constantemente para otro lado, tanto en este problema como en otros muchos que padece la ciudad”, y asegura que “su actitud está más cerca de la de un fiel servidor del PSOE que de la de un alcalde comprometido con los intereses de su ciudad”.
Carlos Negreira afirma que la propuesta de llevar la Ciudad de la Justicia a los terrenos portuarios es “un nuevo brindis al sol” y afirma que “lo único que se va a conseguir con este nuevo peregrinaje es retrasar indefinidamente el inicio de las obras, ya que en estos momentos ni siquiera se ha empezado el proceso de urbanización de los terrenos del puerto”.
Señala que es “una irresponsabilidad seguir vendiendo actuaciones en los terrenos portuarios sin contar con un plan director para los mismos”, e insta a Méndez Romeu a “ponerse a la cola de todos los que quieren colocar algo en los actuales muelles portuarios”.
Carlos Negreira lamenta que la Consellería de Presidencia haya renunciado al proyecto de la Torre de la Justicia prometido por la anterior Xunta de Galicia porque “a estas alturas ya estaría prácticamente finalizado”. Recuerda que el compromiso del Gobierno del PP era el de comenzar la ejecución de los nuevos juzgados en 2006 y concluirlos en el presente año.
La Torre de la Justicia preveía la construcción de 20 plantas y estaría ubicada en las inmediaciones de la Audiencia provincial. El edificio estaría comunicado con ésta y con los actuales juzgados, constituyendo así un espacio único. La nueva torre tendría 20.000 metros cuadrados, y en ella la Xunta iba a invertir 15 millones de euros.
Según Negreira “ni la el actual Gobierno auntonómico, ni el Ayuntamiento de A Coruña ni nadie ha explicado todavía de forma convincente por qué se renunció a ese proyecto que ya estaba perfectamente definido, ofreciéndonos a cambio a todos los coruñeses simplemente humo y promesas incumplidas”.

Fuente: Reportero Digital

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Argentina: No saben cómo parar los robos a funcionarios judiciales

(Argentina). No es común que jueces, fiscales y secretarios de funcionarios judiciales denuncien el robo constante de elementos de valor del interior de oficinas, algunas de las cuales se encuentran restringidas al ingreso para personas comunes.
Lo cierto es que desde fines de febrero y la primera quincena de marzo se denunciaron al menos 10 robos de celulares, carteras y billeteras con dinero, ropa y aparatos eléctricos de despachos oficiales de la Justicia.

Las denuncias más resonantes provinieron de conocidos funcionarios del Poder Judicial, que relataron increíbles situaciones.Entre las víctimas se cuenta la fiscal Laura Cattáneo, quien el 27 de febrero sufrió en el interior de su despacho el robo de la cartera con 150 pesos, documentación y tarjetas. En ese marco, hay que señalar que el 9 de marzo le sustrajeron el celular al recientemente designado fiscal Elbio Garzón, el elemento de comunicación estaba sobre el escritorio de su despacho.

En la lista hay que agregar a una trabajadora jerarquizada del Contencioso Administrativo; de su oficina le llevaron una cartera dinero y valiosa documentación personal.

Este último robo tiene ribetes insólitos, porque se dio aviso a la Policía y rápidamente se controlaron todas las áreas con el fin de ubicar algo de lo sustraído. Los baños fue lo primero que se chequeó, pero nada se encontró; sin embargo al día siguiente en uno de los sanitarios del segundo piso sí se encontró la cartera, obviamente sin el dinero. Para los hombres de la Justicia consultados “es evidente que se está frente a robos internos, producidos por alguien que trabaja en el palacio de la Justicia, que conoce al dedillo el funcionamiento y que es de confianza de los jueces, fiscales o trabajadores jerarquizados”.

En esa idea, aclaró un magistrado: “No son todos, pero en esta viña del señor hay de todo, por lo que algunos trabajadores judiciales están en la mira”.

En la lista de robos hay que agregar los sufridos por allegados a los supremos –como se conoce a los trabajadores jerarquizados que cumplen tareas en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Una de las secretarias del presidente del organismo, Daniel Carubia, denunció que le robaron un costoso paraguas y un impermeable con poco uso. Del mismo modo, a otra secretaria del vocal Carlos Chiara Díaz también le llevaron sin permiso el celular; sin olvidar que un percance similar sufrió una de las relatoras del vocal Miguel Carlín.

En la lista de robos del edificio de Tribunales hay que sumarle lo sucedido un tiempo atrás, donde se detectó la faltante de una máquina fotográfica del primer piso; vasos, jarras, bandejas, cubiertos y otros elementos de la cocina.

Pese a todo, el robo que más llamó la atención fue el que se efectuó a mediados de 2006 a la denominada Cámara Gessel, que forma parte de la Defensoría de Pobres y Menores. Del lugar que se encuentra con un ingreso restringido, se llevaron un costoso equipo de filmación y video que se utiliza para registrar las audiencias a menores que declaran en distintas causas.

La planta baja del edificio cuenta con custodia policial perteneciente a la Alcaidía de Tribunales y el otro puesto fijo es en el segundo piso, en las inmediaciones de los despachos de los vocales del Superior.

Se hizo notar que pese al esfuerzo de los policías es complicado para las reducidas guardias poder controlar los largos pasillos poblados de personas que van a realizar trámites judiciales, bancarios, administrativos y otros que van a declarar como testigos o imputados a numerosas causas que se tramitan a diario.

El integrante de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) Juan Casís, consideró que no es tan anormal “el tema de los robos dentro de los Tribunales”.

El gremialista contó que “los robos los sufrimos los propios trabajadores, y si bien esto puede ser por el exceso de confianza, es preocupante que aumente tal cuestión”.

Relató que “particularmente estamos muy al tanto de lo que ocurre en los juzgados penales, donde va mucha gente con antecedentes o con causas penales. Algunas de estas personas o sus propios familiares esperan en los pasillos y con mucha habilidad ingresan a los despachos y oficinas donde, con rapidez sustraen lo que pueden”.

En este marco, el dirigente rechazó algunas especulaciones sobre que en las sustracciones habría trabajadores judiciales involucrados.

Fuente: El Once Digital

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El CGPJ, molesto con Bermejo

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró el lunes, al referirse a la percepción que los españoles tienen de su sistema judicial, que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano con el que "no hemos acertado", unas declaraciones que han sentado muy mal en medios del CGPJ.

Fernández Bermejo realizó esta afirmación durante su participación en Madrid en un seminario sobre Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Latinoamérica, organizado por la Caixa y el Centro Rey Juan Carlos I, de la Universidad de Nueva York.

En este coloquio, que estuvo moderado por el juez Baltasar Garzón, el titular de Justicia se refirió a que con el CGPJ "no hemos logrado un modelo que de verdad consiguiese convencer". En este sentido, el ministro aseguró que "tampoco su evolución ha permitido pensar en una buena utilización" del órgano de gobierno de los jueces.

El titular de Justicia, que debatió junto a responsables judiciales de Colombia y México, se refirió a que la justicia española está "muy cerca del aprobado" en lo que se refiere a la valoración por parte de los ciudadanos. Añadió que el que no tenga una mejor consideración se debe a factores históricos y a otros como que la percepción de los ciudadanos es "una opinión mediatizada", en el sentido de que se no se basa en un contacto directo con los tribunales.

El ministro apuntó que esto también sucede con la Fiscalía, de la que dijo que es una de las "claves" del sistema. A este respecto, agregó que, para mejorar tanto la imagen del Ministerio Público como del CGPJ "las medicinas están en la transparencia, los cambios de hábito, la independencia".

Por otra parte, a preguntas del juez Garzón, Bermejo indicó que es partidario de que en España funcione un sistema legal en el que el fiscal sería el "director de la investigación". En concreto, aseguró que defiende un modelo en el que exista un fiscal "que dirija la investigación de la policía, con la tutela del juez de garantías".

Asimismo, y también a preguntas del magistrado de la Audiencia Nacional, el ministro se refirió a lo que el juez denominó como "juicios paralelos", en sociedades como la española, y aseguró que más peligroso que eso son los juicios "virtuales".

Explicó que esto sucede cuando, en el marco de un determinado proceso judicial, los medios de comunicación presentan una determinada realidad sin que ésta tenga una contrapartida por parte de los tribunales.

Fuente: El Semanal Digital

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Juzgado de Bilbao condena a Iberia por "increíble peripecia"

Un juzgado de Bilbao ha condenado a la aerolínea Iberia a pagar 2.700 euros a tres pasajeros por una escala no prevista que les hizo perder un vuelo a Buenos Aires. Salieron 13 horas más tarde y con tres horas de retraso. La sentencia contra la aerolínea española incluye el pago de daños morales por la "increíble peripecia" que vivieron los demandantes lo que les supuso "desazón y zozobra". Además, impone a Iberia el pago de las costas del proceso por "temeridad" al haber litigado con los viajeros a los que le dio explicaciones diferentes.

El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao considera probado que los tres usuarios habían contratado con Iberia un vuelo Bilbao-Barcelona y otro Barcelona-Buenos Aires para el 4 de diciembre de 2005. Pero una vez que embarcaron en la ciudad condal para ir a la capital argentina, les comunicaron que el vuelo no era directo, sino que haría escala en Madrid. El avión no salió a las nueve de la mañana de Barcelona, como estaba previsto, sino que despegó casi a las once, lo que les impidió conectar con el vuelo a Buenos Aires.

Una vez en el aeropuerto de Madrid, se les facilitó a los viajeros un hotel y se les informó de que saldrían hacia su destino a las once de la noche, pero, finalmente, el vuelo salió a las tres menos veinte de la madrugada del día siguiente. Cuando los pasajeros presentaron la reclamación, la empresa les dio una explicación diferente a cada uno. En uno de los casos, señaló que se había tratado de una avería inesperada, en otro alegó el retraso en la llegada del avión y en el tercero adujo problemas de seguridad que aconsejaron desviar el vuelo a otro aeropuerto.

La resolución judicial considera "absurdo" que, si en los billetes "se hace constar un vuelo Barcelona-Buenos Aires, se haga escala en Madrid". La sentencia asegura que fue el retraso padecido en el vuelo de la ciudad condal el que provocó la pérdida del avión hacia la capital argentina. Además, el nuevo vuelo partió tres horas más tarde por lo que se le obliga a pagar daños y perjuicios por "la negligencia que supone el cumplimiento en forma y tiempo diferente al convenido".

La sentencia obliga a la compañía a pagar a cada uno de los demandantes 600 euros por el retraso y 300 euros por "el daño moral" causado por "la inquietud, la preocupación y el estrés" que provocó en estos pasajeros la constatación de que no había un vuelo sin escala entre Barcelona y Buenos Aires, y la desazón que ocasionó la pérdida de un día de estancia en Argentina. A juicio del magistrado, "la situación padecida por los viajeros supera la mera molestia, aburrimiento o fastidio propio de cualquier retraso aéreo", por lo que cree que la reclamación solicitada por los demandantes para "compensar todo ese desaguisado" es "moderada y prudente teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes".

Además, reprocha a la compañía aérea que las reclamaciones de los tres demandantes recibieran como respuesta excusas distintas, pese a que estaban en idénticas circunstancias, y que en ninguna de esas cartas de excusa se ofreciera respuestas adecuadas, obligando a los pasajeros a litigar.

Fuente: Alerta Digital

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Los musulmanes en España reclaman que la poligamia sea legal

"La poligamia tiene muchas ventajas sociales. Originariamente, el Islam propone el casamiento polígamo como solución para los niños que se han quedado huérfanos y mujeres sin protección. Entiéndame, sabemos que las mujeres pueden tener independencia económica, pero no se trata sólo de eso, sino de protección a nivel de representación, ¿comprende?" Quien habla así es Zakaria Maza, director de la Mezquita At-Tawa de Granada. "Por eso hemos reclamado que se contemple la legalidad oficial del matrimonio polígamo. Si el Gobierno ha regulado las bodas entre personas homosexuales, ¿por qué no se va a regular la poligamia?".
En efecto, la legalización del matrimonio gay, abrió la puerta para que colectivos como el de los musulmanes en España reclamaran legalizar algo que, a día de hoy, viven en semiclandestinidad: estar casados con varias mujeres. En nuestro país, al contrario que en Francia, donde se calcula que habitan entre 8.000 y 20.000 familias polígamas, no sólo no hay datos oficiales, sino que tampoco hay estimaciones aproximadas. Ni los musulmanes ni las autoridades lo saben, aunque haberlas, las hay.

En España viven 800.000 musulmanes, según datos de la Mezquita de la M-30 de Madrid. De acuerdo con lo que comentan los líderes islámicos españoles, probablemente no hay más que unas decenas en las principales ciudades españolas y en «feudos» musulmanes como Córdoba o como Granada, donde viven entre 15.000 y 20.000 musulmanes, unos 5.000 de ellos, de nacionalidad española.
Los líderes musulmanes están de acuerdo, sin embargo, en que la poligamia es, en la actualidad, un fenómeno minoritario en nuestro país. "En Granada yo conozco a cuatro o cinco de estas familias. No hay muchas, porque para casarte con más de una mujer tienes que estar capacitado tanto material como espiritualmente. Cada mujer tiene que tener de todo: casas diferentes para que viva cada una con sus hijos, todo diferente", asegura Maza. Porque "la mujer es celosa por naturaleza". No hay muchos, por tanto, que se lo puedan permitir. Quizá por eso, la mayoría son españoles.
Eso es, al menos, lo que comenta Abdul Mumin, que trabaja en el centro de estudios islámicos de la capital granadina y que afirma que sólo conoce tres casos, todos ellos de españoles. Sin embargo, fuera de esta ciudad, los problemas de los musulmanes son, sobre todo, de inmigrantes. Marroquíes (los más numerosos), argelinos y también senegaleses o gambianos, donde la poligamia está más arraigada. Los hombres de estos países que vienen a trabajar a España y quieren acogerse al reagrupamiento familiar sólo pueden traer a una de sus mujeres. Kamal Rahmouni, presidente de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), cuenta que, hace unos años "tuvimos el caso de un señor, de Almería, que quería traerse a sus dos mujeres y no le dejaban. El hombre recurrió a nosotros porque no quería renunciar a su familia, pero no pudimos hacer nada, porque las leyes españolas son las que son".

Rahmouni describe este problema como una preocupación minoritaria. Pero reconoce que los casos existen y empiezan a salir a la luz. Aunque Rahmouni precisa que "los extranjeros tienen problemas bastante más graves en España" y que, entre los jóvenes, la poligamia está poco arraigada, no sólo en occidente, sino en países de mayoría islámica como Marruecos, que no la prohíbe expresamente, pero las leyes que la permiten ponen muchos límites.
Así que los polígamos viven en la actualidad al margen de la ley. Su situación no es la misma que la de las parejas que optan por vivir juntas sin casarse, porque las esposas, de acuerdo con el Corán, tienen los mismos derechos, pero el Código Civil sólo se los da a la primera. En nuestro país ya se han dirimido varios pleitos por esta cuestión, sobre todo, relacionados con las pensiones de viudedad.
Un juzgado de La Coruña resolvió, en el año 2001, dividir a partes iguales la pensión de un ciudadano de Gambia entre sus dos esposas. Un año más tarde, en Madrid, otro juzgado tomó una decisión similar en el caso de un marroquí casado con dos mujeres que falleció. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolvió lo mismo que los dos anteriores en 2003. Pero el año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dio la vuelta a una sentencia parecida. En el año 2001, un juzgado repartió una pensión entre las dos viudas de un marroquí: 480 euros en total divididos entre las dos mujeres. La primera esposa no quedó conforme con la resolución judicial y con los 240 euros al mes que le correspondían y recurrió. El Alto Tribunal le dio la razón y decidió que el subsidio fuera sólo para ella, la esposa "legítima" a los ojos del juez, ya que la poligamia no está permitida en nuestro país.
Quizá, para evitar estas situaciones, algunos de los musulmanes que viven en España han decidido renunciar a lo que su religión considera un derecho de los hombres. Es el caso de los responsables de la madrileña mezquita de la M-30, el templo al que acuden cada viernes gran parte de los 60.000 musulmanes de la Comunidad de Madrid. "Aquí, cuando se presenta una pareja que quiere casarse, les exigimos el certificado de soltería. Los musulmanes en España cumplimos las reglas y la ley de este país". Lo asegura Mohamed El Afifi, responsable de comunicación de la mezquita. "Es necesario porque los matrimonios que celebramos en esta mezquita dan derecho al libro de familia español", señala.

Además, "la mayoría de los musulmanes en España son trabajadores jóvenes, muchos, solteros". Sin embargo, al igual que otros colectivos de inmigrantes, algunos llegan a España ya casados. Un miembro de la familia, muchas veces el hombre, viene, encuentra trabajo y luego trata de traer a su familia acogiéndose al reagrupamiento familiar, que permite entrar en el país a los hijos menores de 18 años y a la esposa.
Lourdes Labaca, profesora de Derecho de la Universidad del País Vasco, aboga por, en los casos de poligamia, permitir reagrupar "a todas las esposas". Aunque matiza que eso "no significa legalizar el matrimonio polígamo, sino hacer frente a una situación real". Una realidad sobre la que en España se sabe poco. La sombra de los matrimonios forzados, otro hecho sobre el que tampoco hay cifras, planea sobre estas uniones. La Fundación Mujeres ya ha detectado que las niñas marroquíes salen antes de la escuela que los niños. "Eso dice mucho sobre las expectativas que depositan sus familias en ellas y en ellos», aseguran. Labaca, sin embargo, defiende regular las familias polígamas "como mal menor" para que los hijos no estén condenados a perder de vista a uno de sus progenitores, y se lamenta porque «estamos desintegrando unidades familiares".

Fuente: Alerta Digital

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Barcelona: Los abogados quieren juzgados más ágiles

Los abogados de Barcelona han hecho su radiografía de la situación de la justicia, y el resultado es que hay muchas cosas que mejorar, para lo cual, expresan, son precisas mayores aportaciones de dinero y de personal.

Este análisis se ha plasmado en un estudio, presentado por la decana del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), Silvia Giménez-Salinas. Ha sido elaborado con datos de procedencia diversa, como la propia entidad colegial, el Consejo General del Poder Judicial, ministerios o conselleries. Tiene como objetivo "dar a conocer la visión de la abogacía respecto de la situación", y éstas son algunas de las cuestiones que se exponen.

SEMANAS CORTAS. Una primera disfunción que refleja el trabajo es que, a la hora de señalarse juicios (competencia de los jueces), las semanas son cortas, tanto en lo penal como en lo social o en instrucción. Así, los lunes los jueces fijan pocas vistas, para crecer exponencialmente los martes y miércoles, decrecer visiblemente los jueves y prácticamente desaparecer los viernes. Jordi Pina, vocal de la junta del Icab, expresó ayer que "los lunes y los viernes también se puede trabajar".

PATOLOGÍA ADMINISTRATIVA. La jurisdicción más colapsada es la contencioso-administrativa, lo cual no es una situación baladí, pues eso significa que "el control de la administración pública en Cataluña es deficiente", definió el miembro de la junta Jordi Miró. Por ejemplo, se están señalando juicios para el periodo de junio a diciembre del 2008. Esta ineficiencia produce "prácticas patológicas de la Administración", según el abogado. Por ejemplo, que se puedan tramitar licencias de edificación ilegales porque, cuando llega la resolución judicial, el edificio está hecho y habitado y, para evitar un mal social mayor, la situación no tiene vuelta atrás. Esta circunstancia, según la misma versión, es conocida por la Administración, que se aprovecha de ella. El remedio pasaría por disponer de más órganos judiciales y más jueces.

UN PARTO DIFÍCIL. Los nuevos juzgados especializados no están paliando los problemas, dice el estudio. Y esto ocurre porque ya están colapsados antes de iniciar su andadura. Pasó con los juzgados de violencia doméstica, saturados de asuntos, y también sucedió con los mercantiles. Eva Labarta dio cuenta de que en estos últimos se consideraba que, como máximo, debían tramitarse 390 asuntos anuales. Y se llevan adelante 600. El remedio ha sido reconvertir juzgados de primera instancia en mercantiles pero, en realidad, lo único que se ha conseguido es desplazar el problema, no solucionarlo.

MEDIACIÓN Y MENORES. Giménez-Salinas abogó por la potenciación de los abogados mediadores para solventar asuntos, pero el único terreno donde se acepta la mediación como sustitutivo del proceso es en la jurisdicción de menores, donde, a pesar de presentar un problema de saturación, se aplica muy poco, según el Icab.

LITIGIOS Y DELITOS. La litigiosidad aumenta, según el estudio del Icab. Así, de 180.000 asuntos en el 2004, en la demarcación del Icab se han superado los 185.000 en el 2005; tendencia que se observa en todas las jurisdicciones. En el 2006, si observamos los tres tipos penales más significativos, veremos que crecen los casos de violencia doméstica y de extranjería, pero la curva es muy descendente desde el 2002 en lo que se refiere a delitos contra el patrimonio. Una situación especialmente llamativa es que los juzgados de familia o instrucción de pequeñas poblaciones están muy saturados de asuntos, hasta en 40 puntos porcentuales por encima de las ciudades. Puntos negros en esta geografía del colapso serían Sant Boi de Llobregat, Igualada y Vilafranca del Penedès.

QUEJAS SOBRE ABOGADOS. La demarcación del Colegio de Abogados de Barcelona da servicio a una población de 3.200.000 habitantes, que supone el 48% de Cataluña. Hay 18.200 abogados inscritos en el Icab, de los cuales ejercen unos 15.000. A pesar de este volumen, las quejas en la comisión de deontología del Icab están descendiendo desde el 2003. La mayoría de las denuncias proceden de ciudadanos (el 72%); luego, de otros abogados (16%) y sólo el 5,5% de los juzgados y tribunales.

JUSTICIA GRATUITA. El 92% de las peticiones de asistencia a detenidos en el 2006 fueron realizadas por abogados de oficio, y el 8%, por privados. La mayoría de solicitudes de justicia gratuita se realizaron en el ámbito penal, seguido del laboral, civil y administrativo. En el año 2006, según el Icab, la justicia gratuita representó un 2,53% de los presupuestos de la Generalitat; cifra considerada por el Colegio insuficiente. En lo que se ha mejorado es en la tramitación de las remuneraciones a los letrados que realizan esta tarea, y aunque, según el colegio, aún es muy insuficiente.

PROPUESTAS. La intención es elaborar este estudio de forma anual. En éste se exige la provisión inmediata de las vacantes que se produzcan en los órganos judiciales, crear más juzgados en las jurisdicciones contencioso administrativa, mercantil y de violencia doméstica o, en su defecto, nombrar magistrados de refuerzo y crear nuevos órganos judiciales en los partidos judiciales de Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès e Igualada. El Icab considera que es imprescindible una reorganización de la administración de justicia, que es un servicio público y debe funcionar con eficacia. Para ello se necesitan más medios económicos y personales y establecer criterios de productividad en el ámbito de la gestión y la tramitación procesal. También es indispensable exigir al poder legislativo que dote económicamente todas las reformas legislativas, pues así se evitarían situaciones como las vividas en los ámbitos de violencia doméstica o mercantil. El informe refiere que sería trascendente que el buen funcionamiento de las otras administraciones públicas influyera en la mejora de la justicia.

Fuente: La Vanguardia

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Ciudad Real: El Juzgado de Menores celebró 400 juicios en 2006

Las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Menores crecieron más del doble el pasado año con respecto al anterior. La titular de este órgano unipersonal, Mónica Sánchez, dictó 27 medidas cautelares, frente a las doce de 2005. La mayoría de ellas por delitos de malos tratos en el ámbito familiar. Menores que agredieron física o psíquicamente a sus padres, hermanos o abuelos, indica la magistrada durante el análisis que hizo de los datos recogidos en la memoria anual del juzgado.

El incremento de las medidas cautelares, un 125%, guarda estrecha relación con la violencia ejercida por los menores contra su familia, que creció considerablemente el pasado año contribuyendo a engrosar la lista de asuntos que entraron en el juzgado, 560. Los juicios celebrados sumaron 400.

De ahí que la magistrada exprese su preocupación por el aumento que ha experimentado esta violencia protagonizada por menores y también porque el número de sentencias absolutorias es cada vez mayor. Los padres se acogen al derecho a no declarar contra sus hijos, desarmando a los jueces que «nos vemos obligados a dictar sentencias absolutorias».

Y es que, al igual que ocurre con la violencia contra la mujer, a las víctimas, que suelen ser los padres, les cuesta mucho dar el paso y denunciar. Temen la pena que le vaya a imponer el juez a su hijo y también la reacción de éste.

Pero además entran en conflicto llegando a culpabilizarse porque creen que no han hecho todo lo que debían, dice la magistrada. Piensan, añade, que se va a poner en tela de juicio su forma de educar, que no saben resolver un problema que suele empezar con la típica rebeldía del adolescente y que va a más cuando no se atiende sus exigencias. Cuando finalmente dan el paso y denuncian, un buen número de ellos no mantienen la acusación en el juicio. De ahí que la sentencia sea absolutoria.

La juez explica que la medidas cautelares, que aumentaron sobre todo en el último semestre de 2006, se adoptan cuando se trata de delitos que revisten especial gravedad, existe una situación de riesgo para las víctimas o se han cometido empleando la violencia o la intimidación. Al hilo de ello, pero tras recalcar que hay que valorar todas las circunstancias y precisar que el fin principal de la jurisdicción del menor es sancionadora y educativa, explica que las medidas cautelares consisten en el internamiento del menor en un centro o someterle a libertad vigilada.

La magistrada señala que también se ha observado que no siempre el patrón del delincuente juvenil responde a un perfil de familias desestructuradas. «Un buen número de ellos pertenecen a un nivel medio alto», que llegan a delinquir por problemas de adicción a las drogas o al alcohol.

No obstante y pese al incremento experimentado en la violencia del menor en el ámbito familiar, Mónica Sánchez indica que los delitos más habituales siguen siendo contra el patrimonio (robo y daños en propiedad ajena), contra las personas (lesiones, amenazas y coacciones entre ellos o a terceras personas), la seguridad del tráfico (conducción temeraria o bajo la influencia del alcohol) y atentado a la autoridad.

En cuanto a los delitos de agresión sexual, señala que por fortuna han sido pocos aunque no debería haber ninguno.

En Ciudad Real también afortunadamente las bandas organizadas «están bastantes controladas». Al hilo de ello, la magistrada dice que «de enjuiciarse ha habido uno o dos casos».

La titular de Menores, que tiene las ideas claras y la experiencia de haber pasado por la Audiencia Provincial de San Sebastián, estando en Menores en segunda instancia, es partidaria de las sentencias ejemplarizantes. Por ello, prácticamente todas las que dicta conllevan medidas correctoras.

Fuente: La Tribuna Digital

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La Fiscalía Anticorrupción investiga a la fundación Intervida

La Fiscalía Anticorrupción investiga si los gestores de la fundación INTERVIDA han desviado decenas de millones de dólares procedentes del apadrinamiento de niños del Tercer Mundo hacia la constitución de empresas e instituciones privadas cuya actividad nada tiene que ver con los fines benéficos y no lucrativos de la ONG. La Cadena SER ha informado acerca de esta investigación que se desarrolla en España, Perú y Guatemala.

Una fiscal anticorrupción y dos oficiales de Policía del Grupo de Delitos Económicos se han trasladado a Perú para participar en el interrogatorio a un grupo de directivos y altos empleados de la fundación Intervida en el país andino. El juzgado penal de Lima dirigirá el interrogatorio de los imputados en ejecución de la rogatoria internacional solicitada por la Fiscalía española. Paralelamente, la autoridad judicial guatemalteca ha iniciado ya la toma de declaración a los directivos de INTERVIDA en aquel país en cumplimiento de la misma rogatoria internacional. Según ha informado la Cadena SER, estas dos comisiones rogatorias internacionales son el colofón a más de cuatro años de sigilosa investigación por parte del Ministerio Público. Según los datos que obran en poder de la Fiscalía, durante los ejercicios del 1999 al 2001 se habrían camuflado bajo el epígrafe de “gastos para apadrinamiento”, más de 60 millones de dólares que, en realidad, según las sospechas de los investigadores, fueron transmitidos a sociedades privadas cuyos directivos, son, a la vez, directivos de INTERVIDA.

Según la normativa española, no es ilegal que una Fundación Benéfica como INTERVIDA pueda constituir empresas. Sí está obligada a registrar su existencia y su contabilidad en los libros de cuentas y en el resto de balances sujetos al preceptivo control por parte del Patronato de la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Generalitat. Estas empresas y su actividad no aparecen en esos balances contables en los que sólo se indica que el 94% de las aportaciones de los “padrinos” se dirigen a programas de atención a la infancia.

Fuente: El Plural.com

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"Colaboración" entre la SGAE y Jueces para la Democracia

El pasado 20 de marzo, la SGAE ganó un nuevo recurso contra una empresa mayorista de informática a cuenta del famoso canon que grava los productos informáticos. El Juez que sentenció a favor de la SGAE es el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegi, que argumentó que la Ley de Propiedad Intelectual habla de "compensación equitativa" y decidió que los demandantes tendrían que pagar 23.586 euros más el IVA en concepto de compensación por copia privada (el canon digital) por haber comprado "equipos, aparatos y materiales" que se incluyen dentro del concepto de canon.
Apemit, cansada de ver cómo la SGAE ganaba estos procesos con argumentos que no les convencían, decidió dar un paso más. El magistrado anteriormente citado, fue hasta 2006, portavoz de Jueces para la Democracia. Hasta aquí, todo normal. El problema aparece publicado en el boletín de esta asociación en el número 38 de Enero de 2005. En esta publicación aparece el resumen de unas jornadas dedicadas a Jueces y Magistrados y organizada por la asociación de Jueces para la Democracia. Entre los invitados se encontraba el director general de la fundación Autor y presidente del consejo de Dirección de la SGAE, Eduardo García Bautista.

A continuación se reproduce el resumen que publica el boletín de la jornada organizada con la SGAE. Pincha aquí para verla . Está subrayado en rojo el nombre de Eduardo Bautista.

Hasta aquí todo puede parecer normal. No obstante, revisando la memoria de Gestión de la SGAE del año 2004, cuando Edmundo Rodríguez Achútegi, accede al puesto de portavoz de Jueces para la Democracia, ésta asociación aparece como una de las entidades colaboradoras dentro de los programas de Formación a los que se destinan más de un millón y medio de euros.

A continuación se reproducen dos fragmentos de la memoria de gestión de la SGAE de 2004 donde figura la partida que dedica la sociedad a la formación (Imagen 1) y el lugar donde aparece como entidad colaboradora Jueces para la Democracia (Imagen 2). En ambos documentos se han subrayado en rojo los datos sobre los que se llaman la atención. Pincha para verlos:

Imagen 1

Imagen 2

Lo que Apemit pide en su recurso es que se declare "la nulidad de todo lo actuado hasta ahora" en esta sentencia concreta, debido a que el magistrado mantenía algún tipo de relación con la SGAE. Extremo, este, que se recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 219, donde se dice que todo juez que pueda entender que está mediatizado por tener una relación de amistad, manifiesta, enemistad, o cualquier otro tipo de prejuicio sobre el proceso debe abstenerse de tomar parte en él.

Fuente: Libertad Digital

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