miércoles, julio 07, 2010

La justicia vasca echa raíces

La justicia vasca presenta una radiografía que era desconocida en los años 90, o incluso hace solamente una década. El 100% de los juzgados y tribunales de Álava tienen al frente al propietario de la plaza. El porcentaje llega hasta el 85% en Vizcaya y al 78% en Guipúzcoa, unos índices que ponen de relieve el alto grado de estabilidad de la planta judicial. Hace diez años era muy habitual que los magistrados destinados en el País Vasco acudieran los jueves a su despacho con la maleta lista para, una vez terminada esa jornada laboral, marcharse de viaje a pasar el fin de semana en la comunidad autónoma en la que mantenían su residencia familiar.


La gran mayoría de los jueces y magistrados que dictan sentencias en Euskadi son funcionarios nativos o se han arraigado en esta comunidad autónoma. Los recientes nombramientos de Juan Luis Ibarra, natural de Sopelana, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del donostiarra Iñaki Subijana para el mismo cargo en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa son un claro ejemplo de ello. Ambos son hombres de la casa y una demostración del nuevo label de la justicia vasca.

El paulatino proceso de estabilización y asentamiento de la judicatura en Euskadi se ha obrado a la par que en la cantera de jueces y fiscales ha ido calando la idea de que esta región es "un muy buen destino" para los profesionales de la toga. Los jueces están echando raíces. Un buen paradigma de ello es el caso del magistrado de la Audiencia de Álava y portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia en Euskadi, Edmundo Rodríguez, que suma ya 13 años de ejercicio en el País Vasco. Motivos familiares facilitaron su llegada a Bilbao, donde ha fijado su residencia, aunque también contribuyeron los medios materiales de los que gozaba por entonces la justicia vasca. "El resto de las comunidades estaban muy atrasadas y el trabajo aquí era mucho más fácil", admite.

Hace unos años, en el partido judicial de Bilbao -el mayor de Euskadi, con 55 órganos unipersonales que suman casi el 25% de la plantilla judicial vasca-, más de la mitad de las plazas estaban ocupadas por jóvenes recién ingresados en la judicatura que cumplían dos años de destino forzoso en la capital vizcaína antes de marcharse. Esa movilidad, que afectaba también a San Sebastián y Vitoria, se ha reducido ahora de forma sustancial. Tan solo en algunos municipios del interior de Guipúzcoa se rompe este elevado índice de consolidación de la plantilla.

El escenario ha cambiado desde 1997, asegura Edmundo Rodríguez. La situación de Euskadi sigue siendo buena, pero "ya no es excepcional, porque el resto de las comunidades se han ido modernizando". Nueve años después del asesinato de José María Lidón a manos de ETA, la percepción de la amenaza terrorista se ha reducido y contribuido a que parte de los jueces que venían de paso se hayan asentado. Un enraizamiento al que han ayudado también las condiciones especiales, como los incentivos económicos (becas), que reciben los magistrados para hacer "más cómoda" su estancia.

Los atractivos vascos se adentran incluso en el plano subjetivo. "Hay una gran plantilla de funcionarios y abogados, y el ambiente con los compañeros es muy bueno", asegura a sus 47 años Rodríguez, que incluso se defiende con el euskera. Aunque natural de Sevilla, tiene ascendencia vasca y muy claro que su futuro, tanto personal como profesional, está en Euskadi.

Según los datos que el Departamento de Justicia da por buenos, en el País Vasco ejercen 200 jueces titulares (125 en Vizcaya, 32 en Álava y 43 en Guipúzcoa), mientras que hay 35 puestos vacantes (22 en Vizcaya y 13 en Guipúzcoa). Estos datos certifican que Euskadi ha dejado de ser un destino de paso, a diferencia de Canarias, que sufre la insularidad, y también de Cataluña, lastrada por las reticencias que despierta entre los jueces jóvenes el atasco judicial de los municipios del extrarradio barcelonés.

Lo que no ha evolucionado tanto es el problema de las sustituciones, esto es, los juristas que ejercen temporalmente el papel de los jueces y magistrados titulares. Si en 2005 había 94 suplentes, en la actualidad suman 107 -en España hay 1.400 sustitutos frente a los 4.800 que forman la carrera judicial -. El año pasado se realizaron 230 sustituciones en el País Vasco, según el máximo órgano de gobierno de los jueces. El índice de interinidad se sitúa en el 20%. Nada comparado con la situación del Reino Unido, por ejemplo, donde ejercen 3.700 jueces de carrera, frente a 8.000 sustitutos, lo que ya se conoce en este país como "la justicia interina".

Un buen indicativo de la justicia vasca es el alto atractivo que ofrecen las plazas que salen a concurso. Si en Cataluña han quedado sin cubrir 22 de las 36 ofertadas, en Euskadi solo quedó vacante una de un total de 10, según datos del Poder Judicial, lo que pone al descubierto que los tribunales vascos ya no generan una sensación de riesgo entre estos profesionales.

Otro rasgo característico, y diferente al de hace unos años, es el predominio de las mujeres en los juzgados, ya que representan el 57% de la judicatura.

Fuente: elpais.com

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martes, julio 06, 2010

Ponferrada: La Fiscalía se traslada para dejar sitio al octavo juzgado

La Fiscalía de Area de Ponferrada se traslada al edificio de la antigua sede de la Junta de Castilla y León en la calle Ave María, una vez concluida la reforma de la primera planta del inmueble. El traslado, que se produce con dos meses y medio de retraso respecto a la fecha inicial, hará posible que el personal del octavo juzgado -”que desde su entrada en funcionamiento a finales de diciembre pasado ocupan provisionalmente la biblioteca-” pueda mudarse a su vez a las oficinas que dejarán libres los fiscales en la planta baja del Palacio de Justicia, donde contarán con un espacio más adecuado para realizar su trabajo.


Los siete fiscales que trabajan en Ponferrada bajo la coordinación del fiscal de área, Jacinto Villalvilla, también dispondrán ahora de más espacio en la nueva sede de la Fiscalía en Ave María. Cada fiscal ocupará su propio despacho en lugar de compartir dependencias como sucede ahora, y podrán trabajar en sus casos y recibir testigos con más intimidad.

La Fiscalía de Área permanecerá en Ave María mientras el Ministerio no construya el edificio que debe ampliar la capacidad del actual Palacio de Justicia. Fuentes del Ministerio ya confirmaron que mantiene sus plazos para que la partida presupuestaria del proyecto aparezca consignada antes de que finalice el año en el Boletín Oficial del Estado.

La ampliación de los juzgados costará 600.000 euros y todavía habrá que esperar al menos dos años, según las previsiones de Justicia de principios del 2009.

Fuente: diariodeleon.es

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El Poder Judicial se gasta 64.236 euros en un acto de una hora

El Consejo General del Poder Judicial se gastó el pasado 1 de junio 64.236,31 euros en el acto de entrega de despachos de la 60ª promoción de jueces, que tenía prevista una duración de una hora (dos y media si se incluye el aperitivo posterior). El lujoso presupuesto fue aprobado por el pleno del Consejo a propuesta del vicepresidente Fernando de Rosa.


La partida incluía la invitación a 37 personalidades (12 miembros de la Sala de Gobierno del Supremo, 16 presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, el de la Audiencia Nacional, dos ex directores de la Escuela Judicial, el director del centro de documentación judicial (Cendoj), el director del servicio de formación continua de la Escuela, el jefe de sección de selección y los representantes de los magistrados en el Consejo Rector) a los que sufragaron los gastos de viaje a Barcelona, alojamiento en hotel de superlujo e incluso las dietas, además de haberles concedido las correspondientes comisiones de servicios. Todo ello, sin contar los gastos de alojamiento del presidente y los vocales del Consejo que se pagaron y contabilizaron contra sus propios gastos de representación y desplazamiento, al margen de este presupuesto.

El desglose de las partidas aprobadas por el citado organismo es el siguiente: alquiler del Auditori de Barcelona (Sala Sinfónica y Sala Foyer): 11.000 euros, a los que hay que añadir otros 9.100 para el montaje de la mesa presidencial, megafonía e iluminación, servicio de limpieza, acomodación, transporte y seguro.

El aperitivo para 600 personas, a razón de 25,5 euros, supuso 15.300 euros. Un reportaje fotográfico y otro videográfico se elevaron a 3.000 euros y las medallas de la orden de San Raimundo de Peñafort, a 400.

Los viajes de los invitados ascendieron, a razón de 400 euros, a un total de 14.800 y el alojamiento, a 2.900 euros. Las dietas de los invitados sumaron 1.736,31 euros y otros gastos, como invitaciones, el almuerzo del equipo de trabajo, ornato y el aparcamiento del personal organizador del acto, se presupuestaron en otros 6.000.

Además, la Comisión Permanente del Consejo, en funciones de pleno, aprobó una partida adicional de 1.200 euros para una denominada "cena de trabajo" la noche anterior al acto.

Los gastos excesivos del Poder Judicial no son nuevos. Hace menos de un año, 16 de los 21 integrantes del Consejo -que ganan 6.300 euros netos al mes más gastos de desplazamiento y de representación- intentaron que se subiera el sueldo entre 600 y 1.000 euros más al mes a los 14 vocales que viven fuera de Madrid. Argumentaban que la vida está muy cara en la capital. Sin embargo, el cargo, que es uno de los más cotizados de la Administración, es voluntario y la sede del organismo está en Madrid, por lo que en principio, igual que ocurre con el Tribunal Supremo, la residencia de sus miembros debe fijarse en la capital de España.

El proyecto del complemento salarial por razón de vivir fuera de Madrid para los 14 miembros del Consejo en los que concurre esta circunstancia fue descartado tras su publicación en la prensa.

En diciembre de 2009, el pleno del Consejo aprobó la realización de una campaña publicitaria por importe de 300.000 euros para los jueces ante la ciudadanía.

Hace dos meses, el Consejo tuvo que rectificar de nuevo, cuando se supo que la delegación que iba a desplazarse a Montevideo para asistir a la XV Cumbre Judicial Iberoamericana estaba integrada por 14 personas y que costaba 80.000 euros. La publicación de estos datos obligó al Consejo a reconsiderar el número de representantes del organismo que acudiría a Uruguay. Finalmente, la delegación quedó reducida a cinco personas.

Algunos miembros del Consejo del Poder Judicial llegaron a reconocer la semana pasada que los gastos estaban disparados y que el acto se podría haber hecho en la sede del propio organismo o incluso en el Tribunal Supremo.

Fuente: elpais.com

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Toro: Sedano insiste en la necesidad de un nuevo edificio para los juzgados

El alcalde, Jesús Sedano, ha reiterado la necesidad de que Toro cuente con un nuevo edificio para los juzgados, ya que el que en la actualidad alberga las dependencias judiciales es, a todas luces, insuficiente. Expuso que, al parecer, se han barajado distintas propuestas, «pero no tenemos conocimiento de que se lleve a efecto nada, lo que no resuelve el problema».


No obstante, Sedano aseguró que el equipo de Gobierno popular sigue manteniendo que el Juzgado de Toro precisa un nuevo edificio para lo que también se mantiene la oferta de terrenos de propiedad municipal, en un lugar céntrico.

Para el alcalde, la postura del Ministerio de Justicia «es totalmente censurable», ya que, a pesar de que se han ofrecido los terrenos en los que podría ubicarse la nueva sede judicial y de que la comarca de Toro necesita un nuevo Juzgado, el Ministerio «sigue haciendo caso omiso de esta reivindicación». Se mostró convencido de que «tal y como están las cosas», en referencia a la crisis económica, «entiendo que ahora hay más dificultades de sacar este proyecto adelante», aunque, como remarcó, desde el Ayuntamiento de Toro se seguirá planteando esta reivindicación que «ya es vieja».

Foto

Sedano recordó «la foto del portavoz del PSOE en Toro con el ex ministro de Justicia y que dijeron que todo estaba hecho, pero ya hemos visto que, de hecho, nada, sino todo lo contrario». Con esta reclamación, «ocurre lo mismo que con otras que se han planteado al Gobierno: ha pasado de la ciudad de Toro», declara el alcalde.

Fuente: nortecastilla.es

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lunes, julio 05, 2010

Málaga: Sólo cuatro juzgados de lo Penal serán reforzados pese al atasco de ejecutorias

Los 13 juzgados de lo Penal de Málaga arrastraban 17.662 ejecutorias a finales de 2009, lo que el decano, José María Páez, llegó a definir como «escandaloso» cuando presentó la Memoria relativa al pasado año. Pese a ello, sólo cuatro juzgados de este tipo han sido agraciados con el Plan de Tarde de la Junta de Andalucía, que consiste en que tres funcionarios de apoyo trabajarán a lo largo de otras tantas tardes cada semana. Bien es cierto que este año se creará el penal número 14, pero para el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), la medida «se queda corta».


«La actuación de la Consejería de Gobernación y Justicia es arbitraria, chapucera e injusta», explicó el secretario provincial de la central sindical, Juan Antonio Luque. Los órganos a reforzar son los números 4, 5, 9 y 10.

Los jueces, de hecho, ya se quejaban cuando el número de ejecutorias únicamente superaba las 11.000.

Pero no sólo están descontentos con los refuerzos en el área penal: en Málaga contarán con estas iniciativas puntuales de apoyo 47 órganos. Los planes empezarán en septiembre y se prolongarán hasta noviembre. Su implantación excluye la celebración de juicios. Simplemente se prima la tramitación. Aunque ningún funcionario entiende por qué unos se quedan fuera y otros no.

También se han excluido de los planes autonómicos algunos juzgados de Primera Instancia. El miércoles pasado se produjo una reunión en Sevilla con los responsables de la Junta en la que se trataron, entre otros, estos temas. Los argumentos esgrimidos por la administración autonómica se resumen, según fuentes sindicales, en que «no hay dinero». Otras fuentes judiciales creen que las iniciativas son sólo un «parche» con un alto coste: 4 millones de euros.

Algo a favor de la decisión autonómica: se ha incluido a la saturadísima Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga, al decanato de la capital y al Servicio Común de Notificaciones y Embargos, departamentos estos últimos también muy necesitados de apoyo.

En Andalucía, los planes afectarán a 246 órganos judiciales, lo que supone un incremento del 52,7% en relación a 2009, cuando se intervino en 161 unidades judiciales. Por provincias, Málaga es la segunda más beneficiada tras Sevilla (48). Tras la Costa del Sol se sitúan Cádiz (41), Granada (32), Almería (31), Córdoba (20), Huelva (15) y Jaén (13).

Fuente: laopiniondemalaga.es

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Vigo: La crisis atasca los juzgados de lo civil con 8.329 pleitos pendientes

Los trece jueces de Primera Instancia de Vigo van más deprisa que la crisis. Entre enero y marzo del presente ejercicio redujeron en 400 el número de demandas atrasadas, la mayoría relacionadas con reclamaciones económicas. No obstante, hay más de 8.000 asuntos pendientes de resolver, según revela las estadísticas del primer trimestre del 2010 difundidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una razón de peso por la que el ministerio de Justicia ha ordenado crear en Vigo un tribunal más.


Pero ya se nota la mejoría. A principios de año, los 13 juzgados de la ciudad y otros dos del resto de la provincia arrastraban 8.705 casos sin resolver. La mayoría de las demandas son por reclamaciones que presentan los acreedores contra morosos que no pagaban el alquiler del piso, entregan cheques sin fondos o no abonan las cuotas de las hipotecas, de la comunidad de vecinos, créditos al consumo o pensiones alimenticias de los hijos. Sobre todo, reclaman bancos y financieras.

En el primer trimestre del año, entraron otras 4.619 demandas pero los jueces dictaron 4.995 sentencias, con lo que lograron reducir el atasco en 400 casos.

Más eficaces

La eficacia de los trece jueces vigueses ha aumentado en el último año. En el 2009, cada órgano resolvía 305 casos cada trimestre, cien al mes. Un año después, cada titular resuelve 333 casos, treinta más que hace un año. Este aumento de la capacidad de dictar resoluciones ha logrado frenar el atasco que sufren los tribunales de lo Civil desde enero del 2007.

Cuando comenzó la crisis, ingresaban una media de 4.020 demandas y tenían 7.067 casos retrasados. Tres años después, entran 4.600 demandas cada tres meses y la cola de asuntos atrasados supera los 8.300.

El atasco podría haber sido mayor si, a la vez, no hubiese aumentado el ritmo de publicación de sentencias. Si en el 2007, los jueces de lo Civil firmaron 3.238 resoluciones en el primer trimestre, ahora resuelven 4.995, casi 1.700 asuntos más. La cifra de sentencias dictadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo del presente año ha batido todos los récords trimestrales en Vigo, ya que estos tribunales nunca pasaron de 4.600.

Pese a los esfuerzos, para eliminar el atasco de 8.300 asuntos serían necesarios un mínimo de cinco años, siempre que los jueces mantuviesen su fuerte ritmo de trabajo y no aumentase el número de casos ingresados.

El juez decano de Vigo, Germán Serrano, admitía hace unos días que los titulares de lo Civil están sobrecargados y sus módulos (casos resueltos) son el doble de lo normal.

La creación del juzgado de Primera Instancia número 14 en Vigo podría aliviar el atasco a partir del 1 de enero del 2011, cuando entre en servicio. Resolvería 1.500 demandas al año.

Fuente: lavozdegalicia.es

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domingo, julio 04, 2010

Sevilla: Justicia incumple el plazo para arreglar el edificio puente

Ya se ha cumplido el plazo que la Inspección de Trabajo dio a la Delegación provincial de la consejería de Justicia para que arreglara el edificio puente, el NOGA, que había sido denunciado por los sindicatos porque desde que se inauguró presentaba numerosas deficiencias. Fuentes del sindicato STAJ aseguraron que esta semana varios técnicos de la Junta de Andalucía habían tomado medidas aunque el decano de los jueces no tenía conocimiento de ninguna actuación.


«A mi no me consta que estén haciendo nada», aseguraba el representante de los magistrados, Federico Jiménez Ballester. La Junta, por su parte, insistía en que ya ha solicitado «la redacción» del plan de prevención de riesgos laborales y que arreglará la ventilación.

El requerimiento, dado por el Ministerio de Trabajo (que tenía fecha de salida del pasado 25 de mayo), instaba a Justicia a que en el plazo de treinta días llevara a cabo una evaluación completa de riesgos, planificase las pertinentes medidas correctoras y elaborase las medidas de emergencia del edificio. La deficiencias detectadas lo eran en materia de seguridad y salud, falta de espacio y de ventilación, deficiente iluminación en determinadas zonas y falta de persianas en las ventanas de todas las dependencias que estaba provocando un considerable aumento de temperatura.

Sin embargo, cuando ha pasado más de un mes, lo único que ha hecho la consejería de Justicia es adaptar los espacios para los archivos de los expedientes y poner en marcha un «servicio de préstamos» atendido por dos personas. Y anuncia que cambiará las cortinas instaladas para evitar las molestias del sol y pondrá persianas venecianas en toda la fachada este.

En cualquier caso, los sindicatos han recordado que el edificio NOGA estaba diseñado para ubicar el Servicio Común de Ejecutorias que tenía que haber empezado a funcionar el pasado enero y del que aún no se sabe nada.

Además, la falta de espacio había sido denunciada no sólo por los funcionarios sino también por los propios jueces de lo penal. En ese edificio, que alberga los juzgados de lo Mercantil, Penal, Social y Fiscalías, tendrá que ubicarse también el Servicio Común de Ejecutorias, si es que es que se pone en marcha finalmente. Y también el juzgado de lo penal 15 cuya nueva creación fue aprobada hace unos días por el Consejo de Ministros.

Los sindicatos aseguran que no es la primera vez que Justicia hace caso omiso de las indicaciones de Trabajo ya que recientemente tampoco han reaccionado a otro requerimiento por el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el traslado de papeles de un edificio a otro.

Fuente: ABC.es

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Cantabria: Alumnos de la UC harán prácticas en juzgados y tribunales de la región

Estudiantes del grado de Derecho y de Relaciones Laborales de la Universidad de Cantabria realizarán prácticas en los órganos judiciales de la región para conocer su funcionamiento y los trámites del expediente judicial, con tutorías a cargo de jueces y funcionarios de la Administración de Justicia. Representantes del Gobierno regional, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Universidad de Cantabria (UC) han firmado el convenio que hace posible esa colaboración. Este convenio, se refiere a la participación de los alumnos en sesiones prácticas junto a jueces y magistrados, pero previsiblemente se ampliará para que el resto de personal de la Administración de Justicia también pueda dirigir las tutorías.


El número de alumnos que recibirán esta formación práctica no está cerrado, sino que una comisión evaluadora tratará de conjugar las solicitudes que se reciban para adaptarlas en lo posible a la disponibilidad de los órganos judiciales.

Las prácticas dependerán de la actividad de los juzgados y tribunales y la comisión determinará su duración y contenido, "sin entorpecer el normal funcionamiento" de la Administración de Justicia, ha explicado en rueda de prensa el consejero, Vicente Mediavilla.

Mediavilla ha incidido en la necesidad de que los alumnos completen su formación práctica tras la aprobación de la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Esta formación que van a recibir los estudiantes incluye asignaturas prácticas e "integradas" cuya realización requiere la colaboración de la Administración de Justicia, según Mediavilla.

El consejero de Presidencia y Justicia ha resaltado que la fórmula de colaboración que establecen convenios como el que se ha firmado es la línea "en la que hay que trabajar" y ha asegurado que redundará "en beneficio de la calidad de la formación".

La vocal del CGPJ Judicial (CGPJ) para Cantabria Gemma Gallego también ha abogado por fomentar "la cultura de la calidad" y "la excelencia".

Gallego ha aseverado que no sólo los alumnos son "afortunados" por poder participar en estas prácticas, sino también los jueces y magistrados, por lo "enriquecedor" de "poder enseñar".

El rector de la UC, Federico Gutiérrez-Solana, ha señalado que el convenio es "un paso importantísimo" por la trascendencia de la formación de profesionales, un aspecto en el que debe implicarse toda la sociedad, según ha dicho.

A su juicio, con esta iniciativa, los alumnos "ganan en calidad" en su proceso formativo.

El rector ha resaltado la importancia de adelantar la metodología docente del EEES en todo lo posible, a fin de que la formación recibida "sea eficaz".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, ha apuntado que el convenio "institucionaliza" y da "mayor rigor" a una tarea que ya se estaba llevando a cabo en la región.

Según ha afirmado, actualmente en los distintos órdenes jurisdiccionales ya se reciben a alumnos para ofrecerles formación práctica de la mano de jueces y magistrados.

Fuente: eldiariomontanes.es

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¿Crisis? Extremadura dispara un 40% las subvenciones al desarrollo

La Junta de Extremadura ha decidido que ni siquiera la mayor crisis de las últimas décadas va a frenar su ¿solidaridad? Su presupuesto para ayuda al exterior crecerá un 40% este año, hasta los 16 millones de euros.


Según informa El periódico de Extremadura, el presupuesto anual de la administración regional “destinado a los proyectos de cooperación con el tercer mundo aumentará un 40%”. De esta manera, el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara destinará a través del nuevo Plan General de la Cooperación Extremeña 2010-2013 casi 16 millones de euros anuales hasta el 2013, lo que supone un total de 63,5 millones a proyectos de desarrollo en otros países, el triple que hace un lustro.

Resulta cuanto menos curioso que el mismo día en que se conoce que Moody’s, la agencia de calificación, ha rebajado la nota de la deuda extremeña de 'Aa1' a 'Aa2' también se sepa que la Junta aumenta el presupuesto destinado en subvenciones al Tercer Mundo. Es decir, que aunque su deuda esté menos valorada en los mercados, al Gobierno extremeño no le importa gastarse el dinero de sus ciudadanos en supuestos proyectos de colaboración.

En el reportaje en el que aparece dicha información, se titula que la crisis eleva la solidaridad en la región, que invierte el máximo en cooperación. Sin embargo, este tipo de afirmaciones puede llevar a engaño, porque nada tiene que ver la caridad individual, legítima y moralmente loable, con la supuesta “solidaridad” gubernamental, que se da en función de los muy peculiares criterios del político de turno.

Además, los mejores estudios sobre la materia demuestran que aquella ayuda ciudadana concedida libremente es más efectiva que la canalizada por las autoridades, que suelen ser rehenes de amiguismos y burocracia.

De esta manera, es motivo de celebración que organizaciones como Caritas, Cruz Roja o Farmamundi afirmen que con la crisis han aumentado “las aportaciones económicas o en especie” de los extremeños.

Sin embargo, nada tiene que ver este loable gesto de cada uno de los ciudadanos de la región con la imposición de su Gobierno, que se cuelga medallas por su “ayuda” al Tercer Mundo con el dinero de sus contribuyentes. Y encima, pone en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas en una situación económica tan complicada como la actual.

Extremadura no es una de las comunidades más endeudadas, pero el 6,2% de deuda respecto al PIB que registraba a finales de 2009 es casi dos puntos superior al 4,3% que tenía en el tercer trimestre de 2008. Incluso, su presidente, Guillermo Fernández Vara, admitió hace pocas fechas que su región tiene un problema de déficit público, que no parece haberle importado demasiado a la hora de fijar el presupuesto para ayuda al desarrollo.

Fuente: Libertad Digital

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Juez mexicana asesinada en Ciudad Juárez por el narcotráfico

Una alta funcionaria de la fiscalía del Estado mexicano de Chihuahua y su escolta fueron asesinados en Ciudad Juárez por un grupo de sicarios que les tendieron una emboscada. Se trata de Sandra Yvonne Salas, subprocurador de asuntos internos e inteligencia de Chihuahua que se encontraba en la región investigando varios delitos.


La funcionaria recogía información sobre el asesinato el pasado 4 de febrero de Carlos Soltero Cano coordinador del Ministerio Público. Sandra Yvonne Salas era una de las personas de más confianza de la Procuradora de justicia Patricia González y es la primera vez que la mafia mexicana asesina a un funcionario de tan alto nivel estatal.

Este crimen se añade sin embargo a una larga lista de asesinatos de funcionarios de justicia o de presidentes municipales en Ciudad Juárez en lo que va de año. La violencia tristemente célebre en Ciudad Juárez se ha incrementado en las últimas semanas. En el mes de junio se señalaron 303 asesinatos, siendo el mes mas violento en este año 2010.

Un violento enfrentamiento entre dos grupos rivales de narcotraficantes dejó el trágico saldo de 21 muertos en la zona rural del Estado mexicano de Sonora. El tiroteo entre bandas rivales se produjo a tan solo 20 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. La policía que llegó una vez terminada la disputa, procedió a la detención de nueve personas, seis de ellas heridas de bala.

Fuente: generaccion.com

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Concierto de vuvuzelas para magistrados

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sábado, julio 03, 2010

Zapatero regala tres millones a UGT y fundaciones afines para "promover la cultura"

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prosigue otorgando subvenciones a sus acólitos, pese a haber lanzado recientemente el mayor recorte social de la Democracia. En esta ocasión, las concesiones se han producido vía ministerio, el de Cultura, departamento gestionado por la guionista Ángeles González-Sinde.


Aunque la supresión de esta cartera como medida ejemplarizante de austeridad ha sido reclamada por varios mandatos del Congreso de los Diputados, así como su ensamblaje en el de Educación, opción planteada por el PP, continúa permaneciendo activa, sirviendo para canalizar dinero público a entidades alienadas con los postulados socialistas. Según consta en la edición del Boletín Oficial del Estado (BOE) publicada el dia 1, la ministra González-Sinde firmó hace unas semanas una resolución según la cual el Ejecutivo otorga ayudas por un valor total de 3,1 millones de euros a sindicatos y fundaciones afines bajo el concepto “acción y promoción” de la cultura en 2010.

Sólo la Unión General de Trabajadores (UGT) obtiene 48.000 euros en cuatro partidas diferentes. El ente que dirige Cándido Méndez en su delegación madrileña consigue 5.000 euros que van destinados al proyecto “Primer centenario de la elección de Pablo Iglesias como primer diputado socialista”. Un homenaje al fundador del PSOE que, por tanto, será costeado con el bolsillo de todos los contribuyentes.

Asimismo, la central sindical percibe 13.000 euros para organizar unas “Jornadas sobre la incidencia socioeconómica de la cultura e industrias culturales en las comunidades autónomas” y 24.000 para la “especialización profesional en las industrias culturales: sector de la moda (alta costura) y la creación de videojuegos”. A ello, se suman otros 6.000 euros que UGT-Andalucía invertirá en cursos orientados a “jóvenes poetas andaluces”.

Doble rasero

El pasado mayo, el líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, denunció que el tijeretazo ideado por el Gobierno fuese asumido por los pensionistas y empleados públicos. Entonces, señaló que el PP no iba a apoyar en la votación parlamentaria –y así fue– “la congelación de las pensiones de nuestros jubilados mientras no se modifiquen los gastos que está haciendo la administración, incluidos los gastos de partidos, fundaciones políticas, sindicatos y organizaciones empresariales”, aseveró.

Los tardomarxistas laboratorios de ideas también proliferan por el listado de beneficiarios de las subvenciones. La Fundación Ideas para el Progreso, que controla el ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera y cuyo patronato preside el propio Rodríguez Zapatero, se ve agraciada con 30.000 euros a gastar en el proyecto “Cine español e inmigración” y 15.000, en otro denominado “La influencia cultural de España en Estados Unidos”.

Inconcreción

Por su parte, la Fundación Sistema, think tank del guerrismo, logra 25.000 euros que empleará en los preparativos del “IX Encuentro Salamanca. Hacia un nuevo modelo de economía sostenible”. Una iniciativa que encaja difícilmente en la promoción de la cultura, objeto primero de las subvenciones.

Además, otros 30.000 euros acaban en manos de la Fundación Socialismo sin Fronteras, ligada a Izquierda Unida. No falta, siendo el Ministerio de Cultura el otorgante de las ayudas, la aparición en escena de los titiriteros. El sindicato de la zeja, tanto por medio de la Academia de Cine como de su vertiente catalana, alcanza 33.000 euros del reparto.

Por otro lado, tampoco se olvida el Ejecutivo de impulsar el revisionismo histórico a base de talonario. Por ejemplo, la Asociación Memoria Viva para el Estudio de la Deportación y el Exilio español recibe 5.000 euros, el doble que el Foro de la Memoria de Bélgica, interesado en le proyecto “Españoles en la Segunda Guerra Mundial: historia y memoria”. Con estas prácticas, la contención del gasto público no acaba de instalarse en el Gobierno.

Fuente: gaceta.es

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viernes, julio 02, 2010

Málaga: Entra en el Registro Civil con unas tijeras y se corta el pelo para protestar

Una mujer, de origen árabe y de en torno a 50 años de edad, entró en el Registro Civil de la capital, ubicado en la Ciudad de la Justicia, con unas tijeras que llevaba en el bolso y llegó a cortarse el pelo para protestar porque un funcionario le había impedido realizar un trámite para el que le faltaba la documentación precisa. Éste incidente pone en evidencia, para el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), la falta de seguridad en los edificios judiciales de la provincia.


De hecho, es el segundo incidente similar que se conoce después de que un hombre acudiera el 14 de junio pasado a un juicio de faltas en Torremolinos pertrechado con una pistola que contenía dos balas, lo que motivó incluso que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad presentara un escrito de queja a la decana de ese partido.

Tres agentes de la Guardia Civil pudieron reducir a la mujer, aunque para ello tuvieron que emplear mucha psicología dado el arma cortante que ésta portaba. El incidente, que tuvo lugar a mediados de mayo, se saldó sin ninguna denuncia, puesto que el empleado público, al que amenazó supuestamente, no quiso interponer una denuncia.

La mujer, confirmaron las fuentes consultadas, acudió al Registro Civil de Málaga para realizar trámites referentes a un expediente para la obtención de la nacionalidad española, pero éste «se estaba tramitando en otro registro, el de Fuengirola en concreto».

Tras guardar cola, se puso a hablar con el gestor que llevaba las nacionalidades, pero no se pudo hacer el paso administrativo que demandaba porque «no tenía la documentación necesaria».

Acto seguido, indican fuentes que presenciaron los hechos, se puso muy nerviosa y comenzó a chillar, tras lo que el guardia de seguridad llamó al Instituto Armado, tres de cuyos agentes se personaron rápidamente en el lugar de los hechos. Poco después, salió la secretaria judicial de su despacho y, junto a los tres efectivos policiales, volvió al mismo acompañada por la protagonista del suceso para que ésta se tranquilizara y poder explicarle «por qué no podía hacer la gestión que requería».

Salió más tranquila, pero cuando pasó junto al funcionario que la había atendido momentos antes, y rodeada de los agentes, sacó unas tijeras del bolso y comenzó a cortarse el pelo, lo que hizo durante varios minutos sin que nadie se atreviera a reducirla dada el arma blanca que portaba. Finalmente, se encaró con el gestor y le dijo: «Ya te cogeré». «Los guardias civiles la redujeron pero les costó mucho trabajo», recalcan las fuentes.

Estos hechos, sobre los que no se han abierto diligencias, son, para el secretario del STAJ, Juan Antonio Luque, «muy preocupantes», ya que el Registro Civil de la capital «carece de escáner y de arcos detectores de metal». La mujer entró al despacho de la secretaria judicial con un arma punzante. «Ya pedimos, cuando se inauguró la Ciudad de la Justicia, que se instalara un arco de seguridad en la entrada del registro. A la vista está que no nos han hecho caso», dice.

Fuente: laopiniondemalaga.es

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La Audiencia Nacional reclama "urgentemente" una nueva sede

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, reclamó ayer que de manera "urgente" se encuentre una nueva sede para este órgano jurídico, porque, según alertó, el actual edificio de la calle Génova de Madrid "no resiste más".


Juanes señaló durante el acto de presentación de la Memoria de la Audiencia Nacional del año 2009 que la ubicación del órgano jurídico en una nueva sede "acorde con las necesidades de la justicia del siglo XXI" es su "principal reto".

"No es normal que tengan que compartir ascensor los familiares de las víctimas con los familiares de los acusados", dijo el presidente como ejemplo de las muchas carencias del edificio actual.

Juanes señaló que, a pesar de que el Ministerio de Justicia, departamento encargado de encontrar, adquirir y acondicionar una nueva sede, ha puesto "muchísimo interés" y ha realizado "multitud de gestiones", todavía no se ha encontrado una solución.

"Muchas gestiones están a punto de salir pero al final no salen", dijo al ser preguntado sobre la información que se le suministra desde el departamento dirigido por el ministro Francisco Caamaño.

En este sentido, señaló que, a día de hoy, un año después de que cursase su primera petición al Ministerio de Justicia para conseguir una nueva sede, "no hay nada seguro".

Ante la aparente imposibilidad de encontrar, como era su deseo, un edificio lo suficientemente grande como para albergar la totalidad de los juzgados, tribunales y demás órganos de la Audiencia Nacional, Juanes está contemplado la posibilidad de encontrar unas instalaciones que puedan servir de complemento y ampliación a la actual sede.

Fuente: EcoDiario

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jueves, julio 01, 2010

Aragón: El Justicia pide que los funcionarios recuperen su poder adquisitivo cuando se supere la crisis

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha propuesto que la bajada del sueldo de los empleados públicos, como medida para reducir el déficit del Estado ante la crisis económica, sea "transitoria", de forma que el Ejecutivo autónomo y las Cortes de Aragón lleguen a un acuerdo para que "tan pronto como las condiciones económicas lo permitan los funcionarios recuperen la pérdida del poder adquisitivo".


El Justicia se ha pronunciado así en el pleno de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido ayer miércoles para presentar el informe anual de la actividad de esta Institución de 2009.

En la sesión, ha comentado que "no es solución para resolver los problemas de la Administración bajar los sueldos de los funcionarios" y ha argumentado que "una cosa es ser solidario" para atender a aquellos que no tienen nada y otra serlo para desarrollar proyectos que puede ser "más o menos necesarios y discutibles".

Fernando García Vicente ha planteado otras medidas para que la Administración "suponga una carga menor que la actual", como "más movilidad" de los funcionarios, cambiando de sección si en un momento determinado hace falta apoyar más un área que otra, y la modificación de la "rigidez" del sistema de categorías profesionales de la Administración, en colaboración con los sindicatos, para que "sean más eficaces".

Además, "en algunos casos, a lo mejor hay que reducir una Administración", para "evitar solapamientos" entre instituciones y "duplicidad de servicios, que hay; nosotros las vemos", así como "mejorar el control". En este sentido, ha felicitado a las Cortes de Aragón por haber alcanzando un acuerdo para el nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas de Aragón, que este jueves tomarán posesión.

También ha pedido "apoyo", especialmente en los ayuntamientos más pequeños, para los secretarios e interventores, que son la "referencia de legalidad, control y confianza de los ciudadanos" y ha solicitado a estos profesionales "que actúen con rigor y se fijen en las cosas importantes".

El Justicia de Aragón ha añadido que para salir de la crisis económica "es fundamental generar seguridad y confianza" y "todo lo que hagamos para dar la sensación de que somos una Comunidad autónoma seria, rigurosa, que toma las decisiones de forma racional, puede contribuir más para que salgamos de esto".

Fuente: Europa Press

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