En mayo abandonará el cargo de juez decano de Málaga que ha ocupado durante los últimos cuatro años. En este tiempo, a Manuel Caballero-Bonald le ha tocado vivir uno de los periodos más convulsos de la historia de la judicatura, con una huelga de jueces sin precedentes y el traslado de todos los juzgados de la capital a la Ciudad de la Justicia. Una etapa en la que se han creado 14 nuevos órganos judiciales y se han producido continuas peticiones de los magistrados de más medios humanos y materiales para desatascar los colapsados juzgados malagueños.Tras cuatro años en el cargo, ¿qué diagnóstico hace de los problemas de la Justicia en Málaga?
Son los mismos que aquejan a todo el país: la falta de medios personales y materiales. Urge la reforma de la oficina judicial, de leyes procesales que datan del siglo XIX y una reforma estructural de la propia Administración de Justicia. También hay que cambiar la ley de planta judicial, que es de 1988 y que no responde a la realidad social y económica actual, y que da lugar a casos curiosos como que poblaciones con 20.000 habitantes tengan dos juzgados y otras con más de 60.000 habitantes, como Mijas, sólo un juez de paz.
¿Qué hay de la fórmula de arbitraje para pequeños conflictos?
Es una fórmula extrajudicial que es necesaria para aliviar la alta litigiosidad que existe. En Málaga de cada 1.000 habitantes, 212 tienen un pleito. Todo eso ahora acaba en los juzgados.
Cuando usted llegó al decanato había 59 juzgados, y ahora ya son 73.
Yo me estrené con la entrada del primer juzgado de violencia de género, y ya anticipé que se necesitaban más. Y eso se ha demostrado, pues ya son tres los que hay en esta materia, y que es una de las jurisdicciones que funciona mejor. Este es uno de los muchos problemas de la Justicia: se detectan las necesidades en un momento concreto, pero en vez de poner las soluciones en ese momento se espera a que no sean necesarios más medios. Al final los hechos son tozudos.
¿Eso es lo que está ocurriendo actualmente con los sobrecargados juzgados de lo social?
Por ejemplo. Es cierto que la situación de crisis económica está dando lugar a un aumento de la litigiosidad por los despidos. Hay que comprender esas opiniones que dicen que esto se soluciona con medidas coyunturales, pero es que hay que ponerlas ya. Ahora, mínimo, se necesitarían cuatro juzgados más de lo social aparte del que se va a crear este año. Si no se quieren crear, hay que poner dos más porque cuando pase la crisis seguro que van a ser igualmente necesarios.
¿Qué balance hace de estos cuatro años?
Moderadamente positivo, pero siento una cierta frustración e impotencia porque al final todo se reduce a una cuestión económica. Cada vez que hay recortes presupuestarios la tijera siempre lleva el nombre de Justicia, porque nunca se ha considerado como una necesidad, porque no da votos, y siempre se le ha dado preferencia a la sanidad, la educación o la agencia tributaria, a la que miro con mucha envidia. Nosotros nos conformaríamos con un treinta por ciento de lo que, por ejemplo, se va invertir este año de crisis en la línea de alta velocidad. Se pretende que la Justicia funcione como un tren de alta velocidad, pero utilizando máquinas de vapor y vías del siglo XIX.
¿Por qué cree que hay una opinión tan negativa de la Justicia y, sobre todo, de los jueces?
Primero, porque la Administración de Justicia funciona de una manera bastante deficiente y eso lo percibe el ciudadano como destinatario de ese servicio público. Y segundo, porque cuando el juez resuelve nadie queda satisfecho al cien por cien. Los jueces tenemos la sensación de que toda la responsabilidad de las disfunciones y errores del sistema se quieren hacer recaer sobre nuestras espaldas.
Pero con el juez Tirado sí se dio error judicial. De hecho fue sancionado.
Sí, fue sancionado. Pero tampoco se puede pretender que un juez de lo penal, que celebra 800 juicios y pone 600 sentencias al año, controle además y lleve en la cabeza todos y cada uno de las 1.500 procedimientos en fase de ejecución. La memoria tiene un límite y es el sistema informático el que tiene que alertar de que se está produciendo una anomalía.
¿Habrá otra huelga de jueces en junio?
Ahora estamos en una situación de expectativa. Confío en que las negociaciones que se están llevando a cabo con el Ministerio de Justicia lleguen a buen término y no haya otra huelga.
La reforma de la Ley de Seguridad Vial ha llevado a que a muchos de los condenados se le impongan penas de trabajos en beneficio de la comunidad, pero sólo hay 300 plazas y 2.000 personas en lista de espera.
Se hizo la reforma de la ley, que es positiva, pero se improvisó, porque en ese momento no se hizo ningún estudio serio de necesidades de juzgados y de plazas para cumplir las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Ahora hay riesgo de que en esa espera la pena pueda prescribir.
¿Cómo se va a solucionar la situación de interinidad de jueces?
Se va a crear un cuerpo de jueces adscritos a los tribunales superiores de justicia, que se van a llamar jueces volantes, que son de carrera pero en vez de tener un destino concreto van a ir cubriendo las vacantes que se vayan produciendo en los distintos juzgados hasta que lleguen los titulares.
¿Qué es lo que le ha resultado más difícil de abordar en estos cuatro años?
Ha sido un mandato difícil. Comencé con una huelga de funcionarios, luego vino el traslado a la Ciudad de la Justicia y los distintos problemas que fueron apareciendo en el día a día del funcionamiento de la nueva sede judicial. Luego, la huelga de febrero. De todas formas, lo más complicado ha sido la labor de mediación entre los distintos colectivos de la justicia: secretarios, abogados, funcionarios, procuradores, los propios jueces, para que no se quiebren las relaciones.
Fuente: sur.es
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