Los males de la Justicia en Galicia se mantienen. Ni el cambio de Gobierno en la Xunta, que tiene transferidas las competencias en cuestión de infraestructuras y medios materiales, ni el relevo en el Ministerio de Justicia, al frente del cual se halla un gallego con ganas de impulsar la modernización pendiente, han provocado hasta la fecha cambios perceptibles para el ciudadano. Eso es al menos lo que se desprende de una primera lectura de la memoria del 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia presentada por su presidente, Miguel Ángel Cadenas.Las constantes estadísticas se resumen en los siguientes datos correspondientes al 2009: Galicia fue la octava comunidad en tasa de litigiosidad -el año anterior era décima-, la quinta en tasa de asuntos pendientes y congestión (primera en la jurisdicción contencioso-administrativa). Ese mismo puesto ocupa en cuanto a número de asuntos resueltos y concursos de acreedores presentados en los distintos juzgados de lo Mercantil (un 57,1 % más que en el 2008).
En cifras absolutas, a los distintos juzgados gallegos llegaron el pasado año 538.162 asuntos -el 4,6% del total nacional-, de los cuales se resolvieron 507.686, pero, dado el retraso acumulado, siguen pendientes 181.415.
Las tasas de pleitos en trámite y de congestión son ligeramente superiores a la media, mientras que la de litigiosidad es inferior, y la de resolución, idéntica.
Uno de los datos más preocupantes del panorama gallego que resalta la memoria es la acumulación de sentencias pendientes de ejecución en los 20 juzgados de lo penal de las siete ciudades. Pasaron de 13.727 en el año 2007 a 18.916 en el 2009, lo que supone un incremento del 37,8% en solo tres años. «Los mecanismos de ejecución legalmente previstos no son plenamente satisfactorios», reconoce la memoria, y precisa que «en casos muy concretos, resultan insuficientes para dar contenido real a las sentencias dictadas».
La memoria señala que el origen de este problema radica en el «insuficiente aprovechamiento de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia, que, en muchas ocasiones, tiende más a la sustitución de soportes materiales por otros más avanzados, sin modificar la manera de su uso o su fin».
«Un cambio de filosofía»
Aboga por introducir «un cambio de filosofía basado en la rapidez de la gestión y en la integración de resoluciones y datos para su conocimiento y uso común por los órganos judiciales».
En este capítulo, Miguel Ángel Cadenas también llamó la atención sobre las dificultades surgidas ante las penas en las que se condena a trabajos en beneficio de la comunidad. «Nos encontramos -dijo- con el problema de no encontrar organizaciones o entidades donde poder cumplirlos».
En cuanto a los medios humanos, el presidente del TSJG puso más énfasis en mejorar el diseño de las plantillas de funcionarios y su formación que en reivindicar más jueces.
De las 36 nuevos órganos judiciales que reclamaban hace un año para cubrir las necesidades existentes, lograron 11 más dos jueces comodín de adscripción territorial, con lo que Galicia cuenta ya con 11,3 jueces por cada 100.000 habitantes, uno más que la media nacional.
Apuntó Cadenas que buena parte de los problemas se resolverían con una mayor agilidad en la cobertura de las vacantes y las bajas temporales por enfermedad. Todo ello acompañado de una mejor formación del personal interino.
Fuente: lavozdegalicia.es
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