Tras un apresurado curso de hora y media de duración, en el que no pudo participar todo el personal de los juzgados, los funcionarios se enfrentan desde esta semana a un complejo proceso para dar cuerpo al nuevo sistema informático que pretende que todos los juzgados del país puedan conocer al detalle la situación procesal de cualquier delincuente o ciudadano que tenga una causa pendiente con la Justicia.Se trata del ya famoso Registro de Apoyo a la Administración de Justicia con el que el Gobierno central ha prometido mantener controlados a los delincuentes; un "arsenal" de datos que deberán volcar los propios funcionarios directamente de los registros de Penados, de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, de Protección de Víctimas de Violencia Doméstica, de Rebeldes Civiles y de Sentencias Penales de Menores. Todo un galimatías de documentación al detalle que pondrá patas arriba a los juzgados, ya que deben introducirla en ese Registro en el plazo de tres meses, desde la entrada en vigor el día ocho del Decreto que lo regula.
Una tarea titánica a la que los trabajadores se enfrentan con «una formación tan escasa» que convierte en imposible el cumplimiento de las previsiones de la norma, sin que se haya siquiera organizado el trabajo extraordinario que supondrá la configuración de ese "macroarchivo". Tampoco se ha determinado a quién le corresponde tal función.
El cabreo es patente en las oficinas judiciales y la advertencia clara: «Acarreará problemas», dada la complejidad del proceso y por el importante volumen de datos que se exige introducir en el "historial" de cada persona que esté inmersa en una causa o ya condenada. De modo que, «en cuanto haya un detenido en la oficina, tienes que paralizar el trabajo para introducir los datos en el archivo». Sin embargo, el Ministerio no ha valorado el tiempo que deberá emplearse en esa función, que se prevé largo, y si será preciso reforzar el personal de cada juzgado para no interrumpir la marcha normal del trabajo diario.
Y es que el Decreto recoge en cada uno de los apartados del Registro que deberá especificarse sobre cada procesado o penado el nombre y apellidos, el alias, el sexo, la fecha de nacimiento, el nombre de los padres, localidad, provincia, país de nacimiento, domicilio, nacionalidad, documento de identidad o de extranjero, pasaporte o tarjeta de identidad, la fecha de la resolución judicial, la clase y número de procedimiento y de identificación general... Y otros tantos detalles de la víctima y su relación con el procesado o penado; fechas de las sentencias o medida de seguridad y un largo etcétera. El total de datos se aproxima al centenar, que habrá que multiplicar por los miles de causas que tienen pendientes los juzgados.
Otra de las cuestiones que preocupa a los funcionarios de Justicia es que «no se ha definido quién tiene obligación de hacer el Registro, ¿nosotros?», añade un empleado público. Tampoco se ha determinado quién es el responsable del mismo. Esto también restará efectividad al sistema, a criterio de algunos.
En todo caso, la desorganización en cuanto a la planificación del curso parece más que evidente, puesto que «ni siquiera todos los funcionarios hemos recibido ese curso», explican en algunos de los juzgados, lo que complicará el reparto de esa tarea u obligará a los propios empleados a formar a sus compañeros para repartir la carga.
No obstante, quienes han tenido la suerte de acudir a esa hora y media de formación meteórica cuestionan que los conocimientos impartido hayan tenido el menor calado entre los alumnos, que salieron de la clase con una auténtica "empanada" de información. Resulta imposible aprender tan rápido, «yo tomé cuatro hojas de apuntes», agrega un trabajador, con los que tendrá que apañarse para dar respuesta al requerimiento del Ministerio.
«¿Cómo va a ser efectivo?» el nuevo sistema de trabajo, se preguntan, cuando la creación del Registro exige «dar una cantidad enorme de pasos».
En un asunto tan importante, del que dependerá el control de la situación de condenados y delincuentes de todo tipo, critican la falta de gestión por parte de Justicia: «Lo primero que se debe hacer es dar una formación adecuada, un curso que requeriría una semana de duración no puede darse en poco más de una hora; es un proceso muy complejo y adquirir la mecánica lleva su tiempo».
Fuente: laopiniondezamora.es
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