La dación en pago aprobada por el Gobierno deja fuera de su aplicación a casi el 80% de las hipotecas firmadas actualmente. Y eso, siempre y cuando la firmen todos los bancos. Así se lo han confirmado expertos inmobiliarios de la Asociación de Promotores y Constructores de Andalucía. Desde las plataformas de afectados piden que la dación en pago se generalice y su obligatoriedad se dicte por ley.
Los juzgados de Aragón se situaron el año pasado como los más ágiles de toda España al resolver nueve de cada diez asuntos que recibieron. Según explicaron fuentes judiciales, la tasa de resolución de causas fue del 89,01%, muy superior a la de su inmediata seguidora --la Región de Murcia, con un 82,31%-- y a la de territorios similares como Extremadura --48,23%-- o de estructura demográfica parecida como Castilla y León --61,77%--.
La portavoz municipal y primera teniente de alcalde, Antonia Moreno, lanzó un órdago inédito en este municipio: Dió tres meses de plazo a la Generalitat para hacer efectivo el convenio que tiene pendiente de cerrar con el Consistorio oriolano hace ya ocho años -es de 2003-, sobre las permutas y compensaciones económicas entre los palacios de justicia nuevo y viejo. Si el gobierno valenciano no hace efectivos los términos de dicho convenio, Moreno hizo público que pedirá el «inmediato desalojo» del edificio judicial de la plaza de Santa Lucía, y que los funcionarios regresen al viejo inmueble.
Los recortes del Gobierno central, del Ministerio de Justicia, no afectarán a Almendralejo. La construcción del nuevo Palacio de Justicia seguirá hacia delante y el ritmo que lleva se mantendrá, de momento. Aunque en un principio se temió por la finalización de las obras cuando se anunció los recortes del Gobierno central, las noticias de las que dispone el ayuntamiento son de que la obra seguirá adelante y se terminará la construcción del nuevo palacio de Justicia en la avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Está previsto que los trabajos acaben a finales de este año y precisamente hace un año que comenzaron.
El conocido abogado ovetense José Santiago Álvarez Fernández-Peña, de 66 años y con varias condenas a sus espaldas por delitos de estafa, fraude a Hacienda y falsificación de documentos, estaba cumpliendo su pena en la prisión de Villabona. Allí obtuvo un permiso para abandonar el centro durante unos días con la condición de su regreso en la fecha establecida por las autoridades judiciales. Ya no volvió. En consecuencia, el Juzgado de lo Penal número 2 ha dictado una orden de busca y detención, según confirmaron fuentes judiciales.
El día 7 de marzo de 2012, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, en su intervención en una de las sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, reiteró su preocupación con respecto a la detención en Venezuela de la juez María Lourdes Afiuni, por no sólo considerar su arresto como represalia política sino en virtud de que las condiciones de su detención son altamente preocupantes. Asimismo, organizaciones de defensa de DDHH como Amnistía Internacional también expresaron su preocupación por la situación de la juez, en virtud del carácter político de su detención y la falta de pruebas que la incriminen en los delitos por los que es acusada. 
La vocal el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Inmaculada Montalbán avanzó en Las Palmas, aprovechando la ceremonia de jura de 14 nuevos jueces el ambicioso plan a corto plazo que el Gobierno de los jueces ha consensuado con el Ministerio de Justicia y con las comunidades transferidas –Canarias entre ellas–: transformación de los partidos judiciales en «demarcaciones más amplias». En Canarias, el proyecto reducirá los partidos de 19 a 13.
Fueron el caballo de batalla de la oposición a Zapatero y el ejemplo más palpable y cacareado del despilfarro del ejecutivo socialista. No había día en el que algún político de la entonces oposición no criticase tal dispendio. O que las redes sociales echaran humo por el derroche de mantener nada menos que a 600 señores asesorando a Zapatero, y que vistos los resultados, no parecen haberle asesorado nada correctamente. Sin embargo, pasadas las elecciones, su existencia se diluyó como si nunca hubieran existido, y pasaron al olvido. Pero ¿dónde están ahora aquellos 600 asesores? Pues la respuesta es bastante sencilla: en el mismo sitio donde estaban en su gran mayoría. Es decir, en los mismos despachos con cargos públicos en ministerios, organismos públicos y comunidades autónomas donde estaban, y manteniendo sus mismas nóminas a cargo del Estado, puesto que nadie los ha cesado. El cambio de gobierno no ha supuesto un ahorro en aquella legión de asesores, la reducción de este gasto a cargo de los contribuyentes parece dormir en una carpeta en el fondo de un cajón.
En un reunión mantenida con el candidato de UPyD, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, ha pedido, después de 15 años, el traslado de todos los juzgados a la Caleta; “un edificio comprado por la Junta de Andalucía donde cabría toda la justicia, excepto el TSJ, la Fiscalía y la Audiencia que tienen asignados sus propios edificios”. Respecto a la lentitud de la Justicia, Torres manifestó que la justicia sigue siendo lenta, especialmente en lo contencioso-administrativo, donde se están fijando señalamientos para el 2016. 
El consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, ha anunciado que ya se ha llevado a cabo gran parte de la tarea de reorganización de los archivos judiciales, cuyos expedientes llegaron a ocupar "pasillos y lavabos", hasta el punto de que los funcionarios tenían dificultades para desplazarse por los juzgados. El consejero ha explicado que esta reorganización es fruto de un plan, no sólo para ordenar los archivos, si no también para "despejar la superficie útil de cada órgano judicial".
Los despidos que llegan a los juzgados lucenses por falta de acuerdo entre las partes aumentaron alrededor de un 8% el pasado año. Según se desprende de los últimos datos que acaba de hacer públicos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -recopilados hasta finales de septiembre- los juzgados de lo Social de la provincia de Lugo tramitaron una media de 180 despidos cada trimestre. Estas cifras permiten estimar que, a finales de año, se habían presentado en la sede judicial algo más de 700 conflictos, frente a los 669 contabilizados en todo 2010. 
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha anunciado que, posiblemente, a partir del verano las secciones de la Audiencia Provincial de Las Palmas se desplazarán de nuevo a Lanzarote y Fuerteventura para evitar el desplazamiento de los implicados a la capital grancanaria.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha avalado este pasado viernes la petición de la junta de jueces de lo Mercantil, que recientemente denunció la situación de colapso en que se encuentran estos órganos por el incremento de hasta un 194% de los concursos de acreedores derivados de la crisis económica, y reclamó un “refuerzo inmediato” de estos órganos con la dotación de al menos una plaza más de secretario judicial y de una plantilla de funcionarios para que se puedan tramitar más asuntos. 
