sábado, noviembre 21, 2009

Canarias: Ruano firma con un año de retraso el acuerdo para la mejora de la Justicia

El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, por parte del Gobierno de Canarias, firmó ayer viernes un acuerdo con los representantes sindicales de los trabajadores de la Administración de Justicia de Canarias, por el que se establecen una serie de medidas encaminadas a la modernización y mejora del servicio público, como la modernización administrativa, el aumento de retribuciones en los juzgados de violencia, así como prolongación voluntaria de jornada en los registros civiles.


Aunque estos puntos fueron acordados durante la Mesa Sectorial de Justicia del pasado 18 de diciembre, la Consejería de Justicia aún no lo había ratificado, al parecer para hacer que coincidiera con la reforma que se está preparando de la función pública.

Esta demora hizo que los sindicatos llegaran a plantearse la posibilidad de convocar una huelga si no se firmaba antes del 30 de junio, aunque luego barajaron comenzar con otras medidas de presión.

Aunque el documento fue ratificado ayer, el Gobierno ya ha aplicado algunos de los acuerdos que en él se recogen y los registros civiles de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria están abiertos en horario de tarde desde el pasado 2 de noviembre.

En lo referente a los juzgados de violencia sobre la mujer, a partir de ahora el Gobierno atenderá a las especiales condiciones de trabajo de los funcionarios, por lo que tendrán un complemento específico transitorio que se determinará por las características del Juzgado: teniendo en cuenta si es un Juzgado exclusivo y con un ratio de más de 1.200 diligencias previas o 600 diligencias urgentes; o se trate de Juzgados Mixtos con competencia en la materia con una ratio de menos de 1.200 diligencias previas o 600 diligencias urgentes y más de 300 asuntos penales ingresados, o, por último, que se trate de un Juzgado con menos de 300 asuntos penales. En cualquier caso será superior a los 380 euros.

Por último, la consejería que dirige Ruano fomentará la flexibilidad organizativa y la proximidad al ciudadano, para lo que elaborará una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que favorecerá la especialización funcional, la responsabilidad y la polivalencia,

Por ello, se elaborarán y valorarán las RPT, configurándose el complemento específico destinado a retribuir las especiales condiciones de los puestos, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, penosidad o peligrosidad. En cualquier caso, si las RPT no están definidas en enero de 2011, entrará en vigor un complemento retributivo temporal que mejorará en 200 euros los ingresos de los trabajadores.

Fuente: eldia.es , europapress.es

Leer Mas...

La India: Le conceden el divorcio porque su marido le impedía ver telenovelas

Un juez de la ciudad india de Pune, cerca de Bombay, ha concedido el divorcio a una mujer al considerar que su marido incurrió en "crueldad" al no permitirle ver sus telenovelas favoritas. Esa circunstancia fue determinante para conceder el divorcio a la pareja, que llevaba ocho años de matrimonio. Durante los últimos cuatro, la afición de la esposa a seguir varios seriales televisivos había sido causa de problemas domésticos y las peleas por ese motivo eran constantes.


En la India, los seriales de televisión gozan de gran popularidad, hasta el punto de que hay canales que sobreviven gracias al éxito de alguna de sus telenovelas. A pesar de que sus guiones son tachados de simples y descabellados por los críticos, baten récords de audiencia y son un cotizado medio publicitario para muchas marcas, que intentan que sus productos estén bien visibles en los decorados de los culebrones.

La productora Ekta Kapoor, considerada la 'reina de la televisión' debido a sus numerosos éxitos en este género, ha creado incluso el llamado 'factor K': salvo raras excepciones, todas sus producciones tienen un título que comienza por 'k', una peculiaridad a la que ella atribuye su buena suerte y que ha sido copiada por muchos otros creadores de telenovelas.

Recursos como asesinar a una estrella del reparto en tiempos de crisis económica para más tarde reencarnarla y hacer que vuelva a aparecer en la trama son frecuentes y considerados normales por la devota audiencia de los culebrones.

Sentencia 'absurda'

El equipo de abogados que representa al marido se ha quejado de la sentencia, que han calificado de "absurda". "Una orden así es un mal ejemplo para la sociedad", dijeron al conocer que el juez había tenido en cuenta la prohibición de ver seriales. Dentro de unos días se resolverá la apelación interpuesta por el marido.

Irónicamente, la mayoría de las telenovelas indias, cuya popularidad se extiende desde Brasil hasta China, tienen argumentos que ensalzan los valores familiares tradicionales y muestran esposas sufridas y sumisas, como ilustran algunos de sus títulos: "El hogar es como un templo"; "Porque la suegra antes fue nuera". Sin embargo, la nueva hornada de seriales, dirigida a atraer la atención de la audiencia más joven, ha comenzado a introducir temas hasta ahora tabú como el sexo prematrimonial o la emancipación de la mujer.

Algo que no ha agradado a los puristas del género, como la periodista Aneez Shaikh, que piensa que los triángulos, cuadrángulos y poliedros amorosos que plantean los guiones de estos culebrones "provocan un sentimiento de sospecha entre los miembros de la familia" y "representan un claro peligro para el concepto de familia tradicional".

Ver o no ver culebrones, esa parece ser la cuestión. La opinión pública, divida en partidarios del marido o de la mujer, espera impaciente el desenlace de este caso.

Fuente: elmundo.es

Leer Mas...

La Rioja: Sanz se reune el martes con Caamaño para avanzar en la negociación de las transferencias

El Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Pedro Sanz, mantendrá el próximo martes una reunión con el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para realizar un seguimiento del proceso de negociación que ambas instituciones están manteniendo para la transferencia de las competencias de Justicia a la Comunidad Autónoma de La Rioja y para la construcción del futuro Palacio de Justicia.


Este encuentro se celebrará en la sede del Ministerio de Justicia el próximo martes, 24 de noviembre, a las 17.00 horas.

Pedro Sanz y Francisco Caamaño mantuvieron un encuentro el pasado mes de julio en el que ambas Administraciones manifestaron su voluntad de que las competencias de Justicia se pudieran transferir a la Comunidad de La Rioja antes de que finalice el año, y a partir de entonces que el Gobierno de La Rioja pueda llevar a cabo la construcción del Palacio de Justicia.

Fuente: cope.es

Leer Mas...

STAJ convoca el III Concurso de dibujo navideño para hijos de Funcionarios de Justicia

Los compañeros de STAJ ALMERIA han organizado la tercera edición del Concurso de dibujo navideño. Podrán participar hijos de funcionarios de la Administración de Justicia en edades entre 4 a 12 años. El plazo para su entrega será desde el dia 19 de Noviembre al 4 de Diciembre.

A continuación tenéis las bases del concurso.



III CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO ORGANIZADO POR STAJ PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DE JUSTICIA

Telefonos de contacto: 950175800 – 680435986 – 619463240

BASES:

1º Podrán participar hijos de funcionarios de la Administración de Justicia en edades entre 4 a 12 años.

2º Los trabajos se realizaran en folio tamaño A4 y se podrá utilizar temperas, colores, rotuladores, etc.

3º Se entregarán los trabajos en la sede sindical dentro de un sobre o se podrá enviar por correo a:


STAJ C/ Gerona nº 14 6ª planta.CP. Almería.


4º Sólo se podrá entregar uno por cada concursante y por detrás deberá ponerse el nombre del padre o madre, puesto de trabajo, teléfono de contacto, nombre del niño-a y edad.

5º El plazo para su entrega será desde el día 19 de Noviembre al 4 de Diciembre.

6º La entrega de premios será el día 14 de Diciembre a las seis de la tarde. Edificio Judicial en c/Canónigo Molina Alonso 1ª Planta.

7º Habrá tres premios:


1º PREMIO. Un viaje a la costa de Sol para los padres y niñ@.

2º PREMIO. Un maletín de pintura valorado en más de 60 euros
donado por AMPE sindicato de maestros.

3º PREMIO. Un vale de compra de 30 euros
para gastar en OCIO MANUALIDADES.


8º El jurado está formado por personal con experiencia en artes plásticas.

9º Todos los trabajos serán expuestos en la planta baja del edificio de Juzgado Canónigo Molina Alonso.



Sigue la información en STAJ ANDALUCIA

Leer Mas...

viernes, noviembre 20, 2009

Cantabria: El Tribunal Superior de Justicia niega que se haya discriminado a ningún ciudadano extranjero

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha negado, en relación al trato recibido por dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya que acudieron el pasado 1 de octubre a los Juzgados de lo Social de Santander para comparecer en un juicio por despido, que se haya discriminado a "ningún ciudadano extranjero", precisando que los controles de acceso a los edificios judiciales se realizan a "todas las personas", con independencia de su nacionalidad.


En un comunicado, el TSJC señala que el acceso a los edificios judiciales está regulado por un control al que se someten "todas" las personas que acuden a los mismos y, como ocurre en cualquier edificio público y por motivos de seguridad, se requiere la documentación y, en caso de advertirse alguna irregularidad, se pone en conocimiento de la Policía Nacional, que actúa siguiendo "sus propios criterios".

En este caso, explica que el guarda de seguridad observó una "irregularidad" en la documentación, lo que transmitió a los policías destinados en el edificio, quienes informaron del hecho al Grupo Operativo de Extranjeros. Asegura que el proceder de los servicios de seguridad y de la Policía siguió el protocolo que se aplica en estos casos, sin que "en ningún momento" interviniera la titular del Juzgado en el que debían comparecer estas personas.

Precisa que el juicio se desarrolló con "total normalidad", por lo que "no cabe sugerir que se haya violado la tutela judicial efectiva de ningún ciudadano. "Se celebró sin dilaciones y la sentencia dictada por el Juzgado de Refuerzo de los Juzgados de lo Social está revestida de la independencia que se le supone a todas las resoluciones judiciales", añade.

Según el TSJC, "no cabe inferir" que los hechos ocurridos con anterioridad al juicio y la constatación de que estas personas se encontraban en situación irregular en España "hayan interferido" en la independencia de la juez para resolver en su contra, como en su opinión se deduce de las informaciones aparecidas sobre el caso.

Concluye que, en cualquier caso, estas personas pueden presentar recurso de suplicación contra la sentencia ante la Sala de lo Social del TSJC, derecho que ya han ejercido.

Fuente: cantabrialiberal

Leer Mas...

Baleares: Costa sólo aceptará el traspaso de Justicia si se actualiza su coste a 55 millones

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Antonio Terrasa, ha comparecido ayer jueves en una rueda de prensa tras haber sido reelegido por unanimidad como presidente del TSJB por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se ha referido a la sobrecarga que afrontan los órganos judiciales de las Islas por la crisis económica. Por otra parte, La consellera balear de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, se entrevistará con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el próximo lunes día 23 en Madrid para tratar el traspaso de las competencias de Justicia a la Comunidad Autónoma.


Antonio Terrasa se ha referido también al estado de los órganos judiciales en las Islas y ha remarcado que la situación más crítica se da en el juzgado penal de ejecutorias de Palma, el número 8. Ha dicho que también viven "un momento complicado" las dos salas penales de la Audiencia Provincial.

"Necesitamos también nuevos juzgados de primera instancia de Palma y hemos pedido que se cree una nueva sección de la Audiencia Provincial y en todo caso hasta que se haga se refuercen las dos secciones penales", ha pedido.

"Espero que en las creaciones del año que viene se incluyan todas estas peticiones", ha afirmado.

Terrasa ha recordado que hay refuerzos en los juzgados de lo Mercantil y Social de Palma para afrontar la sobrecarga de asuntos consecuencia de la crisis económica.

En relación a edificios judiciales, ha anunciado que el inicio del de Mahón "será realidad material en breve" y para fin de año también será efectivo el traslado a Ibiza de los jueces de primera instancia a un edificio nuevo.

Preguntado acerca de los efectos de las causas que investigan a cargos públicos, Terrasa ha afirmado que su abundancia ha contribuido a la sobrecarga de trabajo "porque se trata de no poca cantidad de causas" y además son investigaciones judiciales "verdaderamente complejas" tanto "por el volumen" como por "las dificultades de su tratamiento".

Sobre el traspaso de competencias de Justicia a la comunidad, Terrasa ha manifestado su esperanza de que el proceso "culmine finalmente" con una dotación "correcta".

Terrasa rechaza "hacer vaticinios" sobre las huelgas

Preguntado acerca de las dos recientes huelgas de jueces y la posibilidad de que se repitan, Terrasa ha rechazado "hacer vaticinios" pero ha manifestado su esperanza de que las principales reivindicaciones que motivaron los paros se vean satisfechas.

"Espero fundadamente que, a partir de aplicación efectiva del plan de modernización y de que se puedan ir viendo materializadas en concreto las mejoras que sobre el ámbito de la administración de Justicia está previsto que se produzcan, las ansias de mejora en esta expectativa se vayan cubriendo", ha señalado.

Terrasa ha agradecido "la muestra de confianza" del CGPJ al reelegirle y ha recordado que su nueva etapa al frente del TSJB se verá marcada por la renovación prácticamente integral de los órganos gubernativos de la carrera judicial, que empezará el día 26 con las elecciones a la sala de gobierno. Después se renovarán la presidencia de la Audiencia y de la Sala de lo Social del TSJB.

El presidente del TSJB ha subrayado que los nuevos cargos que resulten nombrados se deberán enfrentar al plan de modernización del CGPJ y Ministerio de Justicia han diseñado para "hacer modificaciones en profundidad de la estructura judicial", con la Oficina Judicial.

"La idea es que la actual distribución funcional de juzgados aislados se sustituya por un funcionamiento con servicios comunes", ha resumido.

Terrasa ha recordado que los objetivos de los cambios son reducir la litigiosidad, establecer proporcionalidad en los trámites, cambios en las leyes procesales, reestructurar de las funciones orgánicas y reparto de competencias dentro de la Oficina Judicial, redimensionar los recursos, mayor racionalización y control y una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El presidente del TSJB ha recordado que el principal cambio que afrontarán será una nueva estructura de funcionamiento de la Oficina Judicial para que los jueces puedan dedicarse "exclusivamente a la labor de juzgar".

Con la Oficina Judicial, la tramitación y organización y mantenimiento de los recursos a cargo de los secretarios será exclusivamente política, a cargo de la Administración competente.

Para que dicha Oficina Judicial sea una realidad, se establecerán comisiones mixtas entre los jueces, el Ministerio y también la Conselleria de Innovación, Interior y Justicia del Govern cuando tenga transferidas las competencias, ha recordado Terrasa.

Terrasa es presidente del TSJB desde mayo de 2004 y anteriormente fue presidente de la Audiencia Provincial de Palma (1997-2004) y decano de los jueces de Palma (1990-1996).

'No asumiremos competencias a cualquier precio'

La consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, remarcó ayer que sólo aceptará el traspaso de las competencias de Justicia a Baleares si el Ministerio dirigido por Francisco Caamaño "actualiza" el coste efectivo de la transferencia fijado en 55 millones de euros, teniendo en cuenta que esta cifra es superior, ya que hay que añadirle los alquileres provisionales de edificios que el Ministerio ha realizado en los últimos meses a la espera de que se construyan los nuevos Juzgados, como el de Ibiza.

Tras entregar el premio europeo Access-it 2009 Good Practice Label, Costa anunció que en la reunión que mantendrá el próximo lunes con Caamaño le trasladará que los 55 millones de euros "no son suficientes", a pesar de que supone un incremento del 9% en relación a la primera cifra de coste efectivo del traspaso de competencias que fijó el Ministerio de Justicia.

La consellera balear se debía haber reunido el 3 de noviembre con el ministro, una cita que fue anulada y que finalmente se celebrará el lunes en el Ministerio de Justicia. Por otro lado, ha añadido que en este encuentro transmitirá al ministro de Justicia que para que se lleve a cabo el traspaso de las competencias, también es necesario que se llegue a un acuerdo respecto al "anexo de inversiones" en los 26 edificios judiciales, que el Govern cifra en 121 millones, siendo "irrenunciables" los nuevos Juzgados de Mahón, Ciutadella e Ibiza, algo que, a su juicio, es compartido por el Ministerio.

Asimismo, indica que también son importantes los nuevos edificios judiciales de Manacor e Inca, así como dar una solución a la "falta de espacio" en el actual edificio que comparten el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y la Audiencia Provincial.

"Tenemos ganas de tener las competencias gestionadas, pero no las queremos si no vienen bien financiadas", insiste Costa, quien indica que en la reunión del lunes negociará con Caamaño el informe realizado hace unos meses en el que se evalúan las inversiones que se deben llevar a cabo en los edificios adscritos a la Administración de Justicia de Baleares.

Concretamente, este estudio, que fue remitido el pasado mes de mayo al ministro por el conseller de Presidencia, Albert Moragues, cuando las competencias de Justicia estaban adscritas a su departamento, concluye que se deben destinar 96,5 millones de euros a la construcción de siete nuevos edificios judiciales en Palma, Manacor, Inca, Mahón, Ciutadella e Ibiza, así como 24,4 millones de euros a la reforma de tres inmuebles en Palma y uno en Mahón.

De este modo, el Govern considera que se respondería a las necesidades actuales y de crecimiento de la planta judicial en las islas en un plazo aproximado de entre 20 y 25 años, si bien estima que las citadas cantidades económicas pueden ir variando con el tiempo.

Costa remarca que su intención es poner de manifiesto en la reunión del próximo lunes la "firme voluntad" del Ejecutivo balear de alcanzar un acuerdo para lograr el traspaso de las competencias de Justicia con las "mejores condiciones económicas posibles", lo que se traduce en consensuar el coste efectivo de la transferencia y el anexo de inversiones para construir nuevos juzgados en el archipiélago.

"Estamos abiertos a todos, pero no asumiremos las competencias a cualquier precio, ya que, desgraciadamente, tenemos ejemplos en el caso de las competencias en salud o educación que hemos visto por experiencia que ha supuesto un coste para la Comunidad Autónoma para poderlas mantener en unas condiciones dignas", recalcó la consellera.

Pese a que Costa dijo que el Govern ya maneja estudios en los que ya se tiene "claro" cuáles pueden ser las cifras económicas en las que estaría de acuerdo para que se traspasaran las competencias de Justicia, señaló que, hasta el próximo lunes, no se van a hacer públicas por "respeto" al Ministerio y por una "estrategia negociadora".

La titular balear de Innovación, Interior y Justicia ha reconocido que se hace "difícil" hablar de plazos, si bien esperó que en 2010 "tengamos claro hacia dónde deben ir las negociaciones, en el sentido de si es posible llegar a un acuerdo o si seguiremos discutiendo sobre el traspaso de competencias".

Finalmente, Costa remarca que el citado estudio sobre las necesidades en materia de infraestructuras judiciales permitirá que la negociación con Caamaño pueda ser lo "más rigurosa posible" y, en esta línea, confió en que el ministro dé una respuesta a este informe que calificó de "muy serio".

Propiedad de los edificios existentes

Durante la presentación de este informe el pasado 13 de mayo de este año, Moragues explicó que el Govern no exigirá al Ministerio que destine a Baleares 121 millones de euros, sino que reclamará la propiedad de los edificios existentes, con el fin de que pueda vender algunos de ellos, de cara a financiar las obras.

No obstante, apunta que sí será una "condición sine quanon" que el Ejecutivo central pague íntegramente la construcción del nuevo edificio de Ibiza, ya que, en caso contrario, advirtió de que no se aceptará la transferencia. Por otra parte, apuntó que el Gobierno central no sólo deberá pagar el nuevo edificio de Ibiza, sino también el de Mahón y el de Ciutadella, mientras que también se está negociando que sufrague el de Manacor.

Concretamente, el objetivo del Ejecutivo balear es reducir los 26 inmuebles judiciales actuales de Baleares a 13, aunque esto supondrá incrementar el número de metros cuadrados de los 54.000 actuales a casi 93.000.

Así, el citado estudio plantea construir en Palma un nuevo edificio de la Audiencia Provincial y de Jurisdicción Penal, para lo cual se destinarían 8,7 y 37,1 millones de euros, respectivamente. Asimismo, se propone construir un nuevo edificio judicial en Manacor (10 millones), Inca (10 millones), Mahón, donde también se reformaría el edificio existente (7,9 millones), Ciutadella (5,9 millones) e Ibiza (16,8 millones).

Además, propone reformar el Palacio de Justicia de Palma como sede del TSJB (9,6 millones de euros), los juzgados de Vía Alemania (14,6 millones) y el Instituto de Medicina Legal (88.058 euros). Otra de las novedades será reducir de 15 edificios en alquiler a un único inmueble, que sería el de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia.

Con estas actuaciones, el Govern sostiene que no sólo se mejorarán los 25 Juzgados de lo Penal existentes en Palma, sino que se reservarán espacios para 12 juzgados más. Asimismo, se reservarán cuatro juzgados en Manacor; cuatro en Inca; tres en Mahón; tres en Ciutadella y 6 en Ibiza.

Fuente: elmundo.es , mallorcadiario.com , europapress.es

Leer Mas...

jueves, noviembre 19, 2009

Madrid: El CGPJ reclama a Aguirre y al TSJ solucionar los problemas de la Justicia

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gemma Gallego, José Manuel Benítez y Margarita Robles firman una propuesta que se estudiará hoy jueves en el Pleno de este órgano en el que muestran su preocupación por el hecho de que no se haya constituido aún la Comisión Mixta entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, prevista para organizar la implantación de la nueva oficina judicial.


En el texto que se someterá a debate, los vocales hacen un llamamiento expreso a la constitución y reunión urgente de esta Comisión "para afrontar conjuntamente y de forma periódica los graves problemas de la Administración de Justicia en el territorio de esta comunidad autónoma y organizar la inminente puesta en marcha de la nueva oficina judicial.

En otro punto del orden del día, el CGPJ tomará conocimiento de un acuerdo adoptado por su Comisión Permanente el pasado día 27, cuando aprobó un Plan Extraordinario de refuerzo para los Juzgados de lo Penal de Alcalá de Henares (Madrid), "a la vista de la situación de pendencia por la que atraviesan", con independencia de lo que se pueda adoptar para los restantes juzgados de lo Penal de esta comunidad.

Por otra parte, el Pleno tiene previsto nombrar para un nuevo mandato a los actuales presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares (Antoni Terrassa) y Murcia (Juan Martínez Moya), los únicos que han presentado candidatura para ello.

SANCIONES.

Además, el Pleno va a estudiar si admite el recurso interpuesto por el juez de instrucción número 27 de Madrid, Enrique Jesús Bergés de Ramón, multado el pasado mes de julio con una multa de 600 euros por la comisión de una falta grave del artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (retraso injustificado en la tramitación de los procesos). El juez reclama que la multa quede suspendida.

También se estudiará si procede estimar la petición de suspensión instada por la juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Úbeda (Jaén), contra la sanción que le fue impuesta el pasado 29 de septiembre por abuso de su condición de juez.

El CGPJ la suspendió por un año de sus funciones por incurrir en abuso de su condición de jueza para obtener un trato favorable, ya que precintó la tienda que no le quiso cambiar un perfume. El Consejo también acordó que, tras su suspensión, sea trasladada a otro juzgado distante a más de cien kilómetros de Úbeda, con la prohibición de concursar por tiempo de un año, "por inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre causa para ello".

Fuente: diariomadrid.eu

Leer Mas...

No todo vale contra la violencia de género

El Congreso de los Diputados lanzó la semana pasada dos polémicas ideas en materia de violencia de género: que las condenas firmes por estos delitos lleven aparejada siempre, sea cual sea la gravedad de la conducta, tanto la pérdida de la custodia de los hijos como la posibilidad de relacionarse con ellos a través de un régimen de visitas; y que estar borracho o drogado no sean considerados como atenuantes sino como agravantes.


Los diputados dieron el martes marcha atrás. La comisión de Igualdad, que aprobó por unanimidad el texto definitivo de 50 recomendaciones al Gobierno para la mejora de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, moderó sus controvertidas propuestas iniciales. Los diputados siguen pidiendo que no haya atenuante por embriaguez para estos delitos y que la condena prive de la custodia al maltratador, pero se han olvidado de la idea de cancelar el régimen de visitas en todos los casos y de que el alcohol sea agravante.

Tanto las propuestas anteriores como éstas han vuelto a poner sobre la mesa el debate de hasta dónde se puede llegar en la lucha contra la violencia de género a través del Código Penal. La ley integral aprobada en diciembre de 2004 incluyó una medida nunca vista: castigar más a hombres que a mujeres por los mismos hechos, de forma que conductas que antes eran faltas pasaron a ser delitos si las realizaba un hombre. La razón era, según se explicaba en la norma, que se estaba intentando combatir una discriminación histórica sobre la mujer y que esas medidas eran necesarias para acabar con una profunda desigualdad.

El Tribunal Constitucional avaló en mayo de 2008 esta reforma legal -por siete votos frente a cinco- y zanjó jurídicamente la cuestión. Un buen número de juristas, tanto defensores como detractores de la ley, se centran ahora en que no tiene sentido seguir endureciendo aún más las penas, que para luchar contra el maltrato hay que desarrollar las medidas educativas y sociales e invertir más recursos en los juzgados, no ampliar la sanción penal hasta el infinito. Otras voces señalan que, cuatro años después de la entrada en vigor de la ley, se han detectado algunas cuestiones en materia penal que no funcionan y que es necesario endurecer, como las relativas a las atenuantes y a la custodia de los niños.

"El Código Penal tal y como está funciona bien", opina Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. "Las atenuantes por consumo de alcohol apenas se aplican. En el último estudio de sentencias dictadas por Audiencias Provinciales por este tipo de delitos se veía que sólo en 21 de las 530 resoluciones analizadas se había aplicado esta atenuante. Respecto a la custodia y el régimen de visitas, debería ser el juez el que valore en cada caso concreto el interés de los menores. Si no, se pueden crear más problemas de los que queremos evitar. La imposición en todos los casos de forma automática sólo estaría justificada en delitos graves o muy graves".

"Estas propuestas parten de una fuerte desconfianza hacia los jueces", señala José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. "Se trata de imponer medidas obligatorias, ya sea privar de la custodia o prohibir que el consumo de alcohol sea atenuante, para quitar a los tribunales la capacidad de adaptar las normas a los casos concretos. Pero una política criminal rígida puede generar situaciones de mucha injusticia. Y en este caso, además, no hace falta. Con el uso del alcohol, por ejemplo, si la persona buscó la embriaguez para delinquir o pudo prever lo que sucedería, ya no se aplica la eximente. Cuando se hace, en contadas ocasiones, es porque realmente había motivos para ello. ¿Por qué vamos a eliminar esta posibilidad?".

"Ahora ya se pueden suspender las visitas de los hijos al maltratador cuando el juez lo considera adecuado", añade el abogado Alberto Jabonero. "Las reformas penales que propone el Congreso no son necesarias y en muchos casos pueden generar castigos desproporcionados. No podemos olvidar que sí existen conductas aisladas y leves".

La mayoría de las asociaciones especializadas en malos tratos discrepan de estas apreciaciones y creen que sí son necesarias las reformas, que muchos jueces no son conscientes de la magnitud de problema. "La ley prevé la suspensión del régimen de visitas pero lo cierto es que los jueces no adoptan esta medida nunca", señala Altamira Gonzalo, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis. "Es muy importante que tomen conciencia de lo que representa para los niños vivir en un ambiente en el que un progenitor ejerce violencia sobre el otro. Si no se toman cartas en el asunto, esos niños interiorizarán que esa conducta es algo normal y sin consecuencias. No podemos permanecer impasibles y los jueces no están haciendo nada. No sé si la suspensión del régimen de visitas tendría que ser obligatoria, pero desde luego es algo que los jueces tienen que empezar a imponer. Con las atenuantes pasa lo mismo. Hemos constatado cómo muchos agresores buscan el alcohol para cometer el delito. Es importante que esto nunca pueda ser aplicado como atenuante".

¿Qué va a hacer el Gobierno con estas recomendaciones? No está decidido. El delegado de Violencia de Género, Miguel Lorente, señaló que el Ministerio de Igualdad está esperando recibir de forma oficial el texto para estudiarlo y valorar qué medidas se pueden llevar adelante.

En el texto literal del Congreso se indica que el uso de alcohol o drogas "no debiera contemplarse como un atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género" y recomienda "profundizar en la valoración jurídica de dichas circunstancias". Sobre los hijos menores propone, aparte de la privación obligatoria de la custodia para el maltratador, que "se suspendan las visitas cuando haya motivos para ello, entre otros, que se utilice la relación con los hijos para seguir ejerciendo violencia contra la mujer o cuando los hijos revivan con miedo las situaciones padecidas cuando están en compañía del agresor".

El Congreso también se pronuncia, para negar su validez, sobre el debatido Síndrome de Alienación Parental (SAP). Sus defensores lo definen como el síndrome por el cual el progenitor que tiene la custodia del niño lo programa para odiar al otro. Hay jueces que han quitado custodias por esta razón. Las asociaciones de mujeres, el Ministerio de Igualdad y ahora el Congreso niegan su existencia y lo tachan de invención pseudocientífica. Otros hablan de la necesidad de estudiar la manipulación de los padres sobre los hijos, se llame SAP o no. "A lo mejor no es un síndrome clínico, pero es un hecho que esto sucede y hay que prestarle atención", opinaba Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, en un congreso sobre victimología celebrado la semana pasada en Madrid.

La comisión ha decidido no pronunciarse sobre dos de los temas más debatidos por los juristas: la actual pena de alejamiento obligatoria en cualquier condena de violencia de género y la dispensa que permite a los familiares no declarar contra el acusado y que provoca que muchas mujeres que han denunciado no sigan adelante y sea imposible continuar con la acusación. Esta dispensa estaba pensada, por ejemplo, para que una mujer no tuviera que delatar al marido si sabía que había delinquido. Pero no estaba prevista para cuando el testigo fuera también víctima del delito. Eliminarla no es fácil, porque tampoco está claro que sea positivo obligar a las mujeres a declarar contra su voluntad.

En cuanto al alejamiento obligatorio, es un hecho que algunas mujeres perdonan a sus agresores y vuelven a vivir con ellos. Como se ha impuesto la pena de alejamiento, al hombre se le puede meter en la cárcel por quebrantarla aunque sea con el consentimiento de la mujer, a la que se podría llegar a considerar cómplice del delito. Los jueces llevan tiempo pidiendo que se les deje decidir en qué casos es necesario este alejamiento y en qué otros, cuando no sea una conducta grave, pueden no aplicarlo.

La comisión de Igualdad, que trata estos temas en su informe, no se decanta por ninguna reforma en sus recomendaciones. Sí se han incluido otras cuestiones como que la orden de protección pueda ser extensiva a los hijos, que no se aplique la mediación familiar en casos de violencia machista, la asistencia psicológica y jurídica previa a la denuncia o flexibilizar el acceso al Fondo de Garantía de Alimentos para los casos en que los padres no pagan las pensiones.

Fuente: elpais.com

Leer Mas...

miércoles, noviembre 18, 2009

Los juzgados de Zaragoza se trasladarán al recinto Expo en 2010

La decisión política de trasladar los juzgados de Zaragoza al recinto Expo ya está tomada y se hará en 2010. No obstante, se mantiene el convenio con el Ayuntamiento de la capital aragonesa para utilizar el Palacio de Fuenclara y la Imprenta Blasco, que podrían albergar el registro y dependencias de la DGA. Así lo asegurado el consejero de Justicia, Rogelio Silva, quien también ha anunciado que el año que viene comenzarán las obras de los nuevos juzgados de Huesca y estará terminado el de Fraga.


Los juzgados de Zaragoza se trasladarán al recinto de Ranillas en el año 2010. Lo ha anunciado el consejero de Justicia, Rogelio Silva, quien asegura que “la decisión política ya está tomada” y que, en cualquier caso, “se mantiene el acuerdo al que se llegó con el Ayuntamiento” de la capital aragonesa para el uso de los edificios de la Imprenta Blasco y el Palacio de Fuenclara. “Pueden ser dos ubicaciones extraordinarias para el Registro y para dependencias del departamento”, señala Silva.

El consejero advierte, no obstante, que el Gobierno no puede acometer la inversión necesaria en ninguno de estos dos edificios “por cuestiones presupuestarias”. Lo que sí se llevará a cabo será remodelación de la trasera del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que, según Silva, se encuentra en una situación “complicada”. “Ya hemos hecho la excavación y a finales de año tendremos el proyecto”, señala Silva, quien ha anunciado que la DGA tratará de adelantar la tramitación de la contratación, para que pueda comenzar antes del 1 de enero. En cualquier caso, “las obras no comenzarán hasta la próxima legislatura”.

El titular de Justicia se ha comprometido, además, a que los Juzgados de Fraga estén operativos “en febrero o marzo de 2010”. Silva asegura que las obras están a punto de finalizar y que sólo faltan “algunos detalles”. Su puesta en marcha supone una nueva unidad judicial. También el año que viene se iniciarán las obras del nuevo palacio de Justicia de Huesca.

La DGA plantea recalificar los juzgados de la plaza del Pilar

Para pagar el traslado a la Expo, la DGA quiere vender el edificio de los juzgados de la plaza del Pilar. Pero, antes deberá conseguir que el Ayuntamiento de Zaragoza lo recalifique para uso hotelero.

Según explicaron fuentes del Ejecutivo autonómico, actualmente estos suelos están considerados como usos administrativos y lo que se pretende es que se conviertan en terciarios (oficinas, hoteles, comercios...). La idea sobre la que trabaja la DGA es que, aprovechando la ubicación privilegiada de esas instalaciones en plena plaza del Pilar, se construya un hotel. El Gobierno ya ha hecho sus cálculos. Estima que se podría vender por entre 25 y 30 millones de euros. Eso sí, la operación no se haría hasta dentro de un par de años, lo que podría jugar a favor de las arcas autonómicas si la situación del mercado inmobiliario mejora.

En este plazo, además, se irían acometiendo las obras en el meandro de Ranillas, de forma que el traslado -según explicó el consejero de Presidencia, Javier Velasco,- pudiera ser una realidad en 2011. Los funcionarios de Justicia serían los primeros inquilinos.

Sociedad gestora

Toda esta operación financiera se articularía mediante una sociedad pública, que posiblemente será la misma que se encargue de gestionar el parque empresarial de la Expo. Hay que tener en cuenta que pasará a manos autonómicas en cuanto se firme el acuerdo del pago de las mermas tributarias (antes de fin de año).

Precisamente, este hecho es el que ha impulsado a la administración autonómica a tomar la decisión de agrupar todos los juzgados en la Expo. Las dependencias de Justicia ocuparán unos 50.000 metros cuadrados, a los que habrá que sumar los de los demás departamentos que se trasladen (Medio Ambiente, Servicios Sociales y Familia y Educación, entre otros). En total, la administración autonómica ocupará más de 60.000 metros cuadrados. Esto implica que se tenga que sacar a concurso la transformación de más superficie. Según explicó Velasco, será necesario licitar obras en unos 20.000 metros cuadrados más. El consejero de Presidencia aclaró, además, que la ejecución se irá adaptando a la demanda que haya.

Por su parte, el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, detalló tras su comparecencia en las Cortes que las dependencias judiciales se instalarán en el antiguo pabellón de las Comunidades Autónomas y se están analizando otros edificios para ubicar más sedes del Gobierno de Aragón. "Es un proyecto de gran envergadura, pero las cuentas nos salen y los operadores judiciales están de acuerdo", aseguró en su comparecencia.

Precisamente, el objetivo prioritario del Ejecutivo autonómico es que el traslado de dependencias administrativas a la Expo tenga el menor coste posible para las arcas autonómicas y evite distorsionar el presupuesto. En este sentido, el traslado de juzgados permitirá liberar a la DGA del pago de numerosos alquileres. Este dinero se podría destinar al mantenimiento de las nuevas sedes.

Fuente: cope.es , heraldo.es

Leer Mas...

La Justicia tiene abiertas más de 700 causas a políticos por corrupción

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha detallado en el Congreso que en la actualidad hay un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción, de los que 264 son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP.


El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha revelado en el Congreso que en este momento se están tramitando en España un total de 730 causas en las que se investiga a cargos públicos por corrupción: 594 procedimientos judiciales y 136 diligencias de investigación de la Fiscalía.

De ellos, 264 son procedimientos penales contra cargos públicos o políticos del PSOE, 200 contra miembros del PP, 43 de Coalición Canaria, 30 de Convergencia i Unió, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Ezquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego y otros 3 del PNV.

A estos se añaden un procedimiento abierto a un cargo de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos locales, 16 contra imputados independientes y 72 asuntos en los que se desconoce la afiliación política de los investigados.

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Conde Pumpido indicó que estos datos sólo muestran "la imagen de una acción demoledora de la Justicia contra la corrupción, una actuación intensa, inimaginable hace unos años". Eso sí, reconoció que le produjo "cierta preocupación" la pregunta realizada por el PP acerca de las actuaciones iniciadas contra miembros del PP y del PSOE, por "lo lejos de la realidad del Ministerio Fiscal".

"Me causa preocupación porque pone de manifiesto que los fiscales siguen siendo todavía, pese al enorme esfuerzo de transparencia que hemos hecho, grandes desconocidos, incluso en la sede de la soberanía popular", afirmó, para después asegurar que "los fiscales no persiguen a los delincuentes por su afiliación política, sino por los delitos que comete". "Los fiscales seguimos siendo grandes desconocidos", ha lamentado Conde-Pumpido.

Con todo, aseguró entender que a veces "se produzca la percepción subjetiva de que los más próximos son los más perseguidos", aunque remarcó que esa sensación "responde a que lógicamente la información fluye con más agilidad dentro de la propia organización política de que se trate", así como a "la implantación de una u otra fuerza política en las instituciones de un área geográfica determinada".

En concreto, se dirigió al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, para referirse a las denuncias de "la aparente presión ejercida por la Justicia" en algunas comunidades, como de la que es origen este diputado, Murcia. Conde Pumpido explicó que en esta región hay 14 investigaciones en curso contra miembros del PP, frente a seis en las que los investigados son socialistas, pero pidió que se tenga en cuenta "cúal es la relevante implantación geográfica e histórica del PP en Murcia".

Para contrastarlo, se refirió a Extremadura, donde el número de asuntos penales que se siguen a miembros del PSOE es de 15, mientras que contra miembros del PP es "solamente uno". "Resulta, pues, evidente -argumentó- que la actuación independiente e imparcial de la Justicia afecta por igual a uno u otro grupo político y sólo factores aleatorios como la mayor o menor permanencia en los órganos de Gobierno, o la especial repercusión de algún asunto específicamente relevante, altera dicha percepción".

En cualquier caso, el fiscal general insistió en que en España hay "más de 66.000 concejales y alcaldes, además de 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado", con lo que "no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal".

En su opinión, no se puede decir que en la actualidad la corrupción es "un fenómeno generalizado", sino más bien que "ahora más que nunca, las alarmas y los resortes del Estado de Derecho están funcionando correctamente, como nunca antes había funcionado".

También reconoció que "todo es mejorable", pero insistió en que lo más importante "no son grandes propuestas, ni decálogos, ni nuevas ideas geniales para luchar contra la corrupción", sino que "la mejor aportación posible" es "dotar de medios y dejar trabajar a la Policía y a la Justicia". "Los aplausos entusiastas para policías, jueces y fiscales que se convierten en agrias críticas en función de que los investigados sean ajenos o propios, tampoco ayudan. Lo que hace falta es, simplemente dejar de trabajar a quienes se enfrentan a la corrupción cada día", insistió.

Fuente: elimparcial.es

Leer Mas...

Los decanos piden "planificación" y participación en la Oficina Judicial

Los jueces decanos de España ven "más sombras que luces" en el proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial, que exigen que se aborde de manera "planificada cronológica y geográficamente" y que cuente con su participación. Ésta es una de las diez conclusiones esenciales que se derivan del trabajo realizado durante los últimos tres días en la reunión anual de los jueces decanos españoles, en la que han participado 43 magistrados, en representación de los 1.803 juzgados unipersonales existentes en todo el Estado, donde en conjunto hay alrededor de 4.600 jueces.



En el plano organizativo, instan también a crear un mínimo de 250 plazas netas de jueces al año hasta 2.000 en 8 años, y urgen a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) determine la carga de trabajo de los jueces.

También en el ámbito de la reestructuración, en las conclusiones se pide la comarcalización de los juzgados de familia y de los de violencia sobre la mujer; la concentración de partidos judiciales; y el avance en la creación de Tribunales de Instancia para sustituir a la actual estructura de juzgados unipersonales.

Por otro lado, en el ámbito legislativo, los decanos proponen que en la próxima reforma de la Ley de Violencia contra la Mujer se contemple la posibilidad de mediación intrajudicial en el supuesto de delitos menos graves.

Asimismo, urgen a los poderes púbicos a elaborar una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que ponga fin a los "múltiples parches legislativos" y acabe con la "provisionalidad" actual.

Poco después de darse a conocer estas conclusiones, el vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, ha agradecido la aportación de los decanos, que el órgano al que representa tendrá en cuenta porque estas jornadas expresan "lo que siente la carrera", por lo que el Consejo "no puede tener miedo nunca a lo que salga de aquí".

En el acto de clausura de las jornadas, De Rosa ha advertido que el 2010 va a ser "un año muy complejo, el año de la verdad", ya que en mayo está previsto el inicio de la implantación de la nueva Oficina Judicial, proceso en el que ha instado a implicarse para evitar que se haga "de forma improvisada" o "sin respetar" la Ley Orgánica de 2003, si bien se ha mostrado convencido de que "vais a estar a la altura de las circunstancias porque no hay plan B".

En el acto ha intervenido también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Juan Manuel Fernández, quien ha incidido en el "momento crucial, importantísimo, el que nos toca vivir y liderar" ya que a los actuales miembros de la carrera judicial "nos toca cambiar el rumbo de lo que está siendo una justicia poco eficaz y poco moderna".

Fuente: La Ley

Leer Mas...

Caamaño alaba los proyectos de los nuevos palacios de justicia de Oviedo y Gijón pero reconoce que no son suficientes

El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que Asturias necesita más tribunales. Caamaño ha alabado los proyectos de los nuevos palacios de justicia de Oviedo y Gijón pero reconoce que no son suficientes. Aún así ha afirmado que la transferencia de la competencia de Justicia al Principado el pasado mes de enero conllevará una mejora en el servicio.


Hace casi un año que Asturias asumió las transferencia en materia de Justicia, una competencia que, según Caamaño, lleva aparejada una mejora en la prestación del servicio.

El Principado se encarga desde enero de la gestión de la Administración de Justicia, es decir, infrestructuras y recursos materiales y humanos. Ahí se enmarcan proyectos como los futuros palacios de Justicia de Oviedo y Gijón o la creación de nuevos juzgados.

"Asturias necesita todavía más tribunales porque los jueces son imprescindibles para poder resolver los conflictos que existen y si hay más tribunales y juzgados habrá menos tiempos de espera en todo el sistema de justicia en la comunidad", dijo Caamaño.

Otro pilar de la mejora en la de Justicia es la puesta en marcha de la nueva oficina judicial que comenzara a implantarse en las comunidades autónomas a partir de enero. En este sentido Caamaño apuntó el interés de la consejería Justicia del Principado por integrar cuanto antes un sistema que supondrá toda una revolución.

"Estamos hablando de una verdadera trasnformación, los juzgados no son ya como lo conocemos hoy, se organizarán de una manera, funcionarán de otra manera, completamente distinta y lo importante de todo ello es acompañar a los ciudadanos en este proceso", aseguró el Ministro de Justicia.

Según el Ministro la gran asignatura pendiente de la Administración de Justicia es conectarse en red, un reto para el que en el Gobierno se han dado de plazo 3 años y que va a suponer una inversión global de 600 millones de euros.

Fuente: rtpa.es

Leer Mas...

Paraguay: Trabajadores judiciales levantan huelga tras acuerdo salarial

Los trabajadores del sistema judicial paraguayo levantaron hoy la huelga que llevaban a cabo desde hace tres semanas, tras acordar con el Congreso un aumento salarial escalonado del 10% para el año próximo.


Fuentes del Sindicato de Funcionarios Judiciales de Paraguay (SIFJUPAR), que agrupa a unos 4.500 trabajadores, anunciaron el levantamiento del paro al aceptar un 5% de reajuste de enero a julio de 2010 y otro porcentaje similar de julio a diciembre del mismo año.

Esa propuesta fue planteada por representantes de la Cámara de Senadores, que actualmente debate el presupuesto general de gastos para el próximo ejercicio fiscal.

Por su parte, los jueces del país, que respaldaron la medida de fuerza aunque no se sumaron a la paralización del servicio, serán beneficiados con un incremento del 10%, informaron fuentes judiciales.

Las actividades se normalizarán totalmente después de que el sindicato de trabajadores del Registro Público (SIFUREP), que incluye a unos 700 funcionarios, desistiera de la medida de fuerza que inició por separado de los demás trabajadores del sector.

“A partir de ahora se reanudan las actividades a nivel nacional, en todas las circunscripciones judiciales”, dijo a sus compañeros Porfiria Ocholasky, principal dirigente de SIFJUPAR.

Fuente: adn.es , abc.com.py

Leer Mas...

El Ministerio de Justicia busca agencia de viajes por más de 4 millones de euros

Hasta 4,36 millones de euros podría embolsarse la agencia de viajes que se haga con el contrato que ha sacado a concurso el Ministerio de Justicia. El importe, en el que no se incluye IVA, se desglosa en dos anualidades de 2,18 millones de euros cada una. La empresa que resulte adjudicataria del contrato tendría asegurado el pago del primer año, ya que es potestad del ministerio el prorrogar el acuerdo hasta 2011.


El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 27 de noviembre y quien se haga con el contrato deberá aportar una garantía de 20.800 euros. Entre los trabajos que deberá desarrollar la agencia que finalmente resulte elegida se encuentran la reserva, emisión o modificación de títulos de viaje, reservas hoteleras, de vehículos de alquiler u otros servicios como gestión de congresos, reuniones o conferencias.

Los beneficiarios que se aprovecharán de los servicios de la agencia serán desde jueces y fiscales, hasta abogados al servicio del Ministerio de Justicia y becarios incluidos en sus planes de estudio. Eso sí, el departamento que dirige Francisco Camaaño exige que la agencia contratada consiga los precios más económicos, ya que el ministerio se reserva el derecho a contratar los servicios a otras empresas si encuentra tarifas menos caras en el sector que las que le ofrece el adjudicatario del contrato.

En la estimación que han hecho en Justicia se prevé un gasto anual de 365.000 euros en hoteles y 1,81 millones de euros en transportes (avión y tren). Además, la agencia encargada de llevar los viajes de Justicia debe prestar un servicio de atención telefónica diario las 24 horas del día y debe disponer de una persona en la sede del ministerio dedicada únicamente a cubrir este servicio.

Fuente: revista80dias.es

Leer Mas...

martes, noviembre 17, 2009

Fernando de Rosa afirma que la Justicia vive un "momento histórico" con la implantación de la Oficina Judicial

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, afirmó que la Justicia vive un "momento histórico" con la futura implantación de la Oficina Judicial, después de "diez años", y en la que jueces y las comunidades autónomas tienen una importante "responsabilidad".


De Rosa, que participó en Pamplona en las Jornadas de Jueces Decanos de España, afirmó que "no queremos una Justicia en la que haya CCAA que trabajen intensamente y otras que no" en la implantación de la citada Oficina, como tampoco "que haya presidentes de tribunales superiores ni jueces decanos que trabajen y otros que no".

"Es la hora de la responsabilidad ya que de nosotros depende el éxito de una de las propuestas que hemos estado trabajando desde hace muchos años", expuso y agregó que "la alternativa es el fracaso, volver a la situación actual de un juzgado absolutamente obsoleto y con instrumentos propios del siglo XIX".

El vicepresidente del CGPJ señaló que el año que viene hay que estar a la "altura de las circunstancias" para la puesta en marcha de la Oficina Judicial. "Y en nuestra responsabilidad está también buscar medios alternativos", indicó, para manifestar que este año se van a superar los 10 millones de asuntos, "que si dividimos por los 4.500 jueces y los 365 días al año da imagen de una suma desbordada".

Fernando de Rosa abogó por trabajar por que "sólo lleguen a los juzgados aquellos que absolutamente tengan que ser objeto de conocimiento de un juez". Y añadió que se pueden pedir más juzgados, más jueces, "pero también la reforma estructural necesaria y la introducción de métodos alternativos".

El representante del Consejo General del Poder Judicial destacó la importancia de estas jornadas de jueces decanos, que representan al 60 por ciento de los jueces (unos 2.500), en el "actual momento judicial" en España.

En el acto de apertura de este encuentro, que reúne a 40 jueces decanos, participó además el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, quien destacó que la justicia española requiere un "profundo cambio" y tres líneas de reformas, legislativas, orgánicas y estructurales.

Según expuso, "razones de eficacia exigen limitar de forma racional el sistema de recursos sin que ello entrañe poner en peligro el modelo de justicia". Abogó por la reforma del ordenamiento jurídico procesal y, según dijo, en el ámbito penal resulta "muy urgente".

A su juicio, son necesarias también reformas orgánicas y es "imprescindible" eliminar el "alto" grado de interinidad en el ámbito judicial y convertir en una realidad la Oficina Judicial. Habló de la necesaria incorporación de las nuevas tecnologías para conseguir una justicia más rápida y judicial. "Son muchos los sucesos en los que se han producido disfunciones atribuibles principalmente a la falta de comunicación oficial entre los órganos judiciales", dijo.

Por su parte, el consejero de Justicia del Gobierno de Navarra, Javier Caballero, señaló que en "España ha llegado la hora de la justicia", el momento de pasar "de las palabras a los hechos" con el reto de la nueva Oficina Judicial. "Un auténtico reto, una auténtica responsabilidad que no podría hacerse sin contar con los actores del sistema", expuso.

Según indicó, la nueva Oficina Judicial "no es la panacea para conseguir que la justicia llegue a ser ese servicio moderno que nos reclaman los ciudadanos", pero señaló que "sin duda se da un paso adelante para favorecer la eficacia en la estructura organizativa, que facilite un trabajo mejor y una mejor atención e implicación de los profesionales".

El juez decano de Pamplona precisó que en las jornadas se van a abordar temas como la mediación civil y penal, la reducción de la litigiosidad, "a lo que tiene que tender la Administración de Justicia", la extensión de los juicios rápidos a otras materias o la posibilidad de cambiar el modelo de instrucción de manera que la realicen los fiscales".

Fuente: Europa Press

Leer Mas...