martes, marzo 31, 2009

Los jueces esperan cerrar con el ministerio un preacuerdo que evite la huelga

Las asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces por la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria) esperan cerrar en tres sesiones, fijadas para el 16 de abril, el 5 de mayo y 21 de mayo, un preacuerdo que evite la huelga prevista para el 26 de junio. En la primera reunión del pasado 24 de marzo se fijó el calendario de negociaciones y se constituyeron tres grupos de trabajo.


Cada grupo trabajará por separado pero de forma simultánea, y cada uno tendrá el cometido de abordar por secciones las reivindicaciones de los jueces y las necesidades para modernizar la Justicia.

El primer grupo tratará de solventar los asuntos de carácter general que tienen que ver con la defensa de los derechos y la atención a los ciudadanos; el segundo grupo de trabajo abordará la organización y la modernización tecnológica de la Administración de Justicia; y el tercer grupo se encargará de la conciliación de la vida familiar en la carrera judicial.

Este último grupo ya alcanzó un acuerdo sobre la eliminación del ascenso forzoso de los jueces. Ahora, le queda consensuar una propuesta que solucione el problema de las plazas vacantes de jueces que no tienen adeptos para cubrirlas como ocurre, por distintas razones, con las de los juzgados de Cataluña, País Vasco y Canarias.

DISTINTAS PERCEPCIONES

En el inicio de las negociaciones existen percepciones distintas por parte de las asociaciones. Mientras la mayoría ve avances desde la primera reunión, otras siguen pensando que hay asuntos que son prioritarios y en los que "están muy verdes" cómo el señalamiento de juicios, lo que podría bloquear las negociaciones.

La Francisco de Vitoria se mostró "algo insatisfecha" tras la primera reunión negociadora. Jueces para la Democracia cree que no se ha alcanzado aún la "velocidad de crucero" y que hay que ser más diligentes en las tres reuniones previstas.

Piensan que en estas sesiones deberían dejarse zanjados y cerrados los acuerdos sobre los asuntos urgentes y de aplicación inmediata, y los ejes generales para mejorar la situación de la Administración de Justicia y la atención al ciudadano.

El Foro Judicial Independiente constató que las cosas han cambiado sensiblemente con el nuevo titular de Justicia y explicó que aunque aún es pronto para hablar de acuerdos, Caamaño reconoce que la falta de medios y de jueces es la causa de la situación de atraso en la que se encuentra la Justicia, mientras que su antecesor, Mariano Fernández Bermejo, lo achacaba a la falta de productividad de la judicatura.

Fuente: EcoDiario

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lunes, marzo 30, 2009

Cádiz: Los juzgados de lo Social se enfrentan a una avalancha de demandas

La palabra «colapso» no debe usarse gratuitamente ni con liberalidad, ya que mal utilizada puede resultar exagerada y alarmista. Pero a veces, no queda más remedio que recurrir a ella. Se colapsa el tráfico cuando una carretera recibe más coches de los que puede asumir; se colapsan los edificios, cuando sus cimientos no soportan el peso de sus estructuras; y algunos estancos de la Justicia, como los Juzgados de lo Social o los de lo Mercantil, que reciben prácticamente todos los casos derivados de la crisis económica, están ya al borde de sufrir un auténtico «colapso»


El temido término lo pronuncian los jueces, los secretarios judiciales y los abogados que trabajan en estos juzgados: personas acostumbradas a medir con precisión cada palabra cuando administran la Justicia.

La avalancha de demandas por despidos, impagos de indemnizaciones, reclamaciones económicas a las empresas, y demás conflictos laborales derivados de la crisis de la economía ha multiplicado la carga de trabajo por dos en el último año y amenazan con triplicarla a lo largo de 2009.

Y en la provincia de Cádiz, castigada especialmente por el paro y los despidos, la situación resulta «alarmante». «El número de despidos se ha incrementado casi un 400%», adelanta Juan José Parra, decano de los jueces de Jerez donde se encuentran tres de los siete Juzgados de lo Social que existen en la provincia. El resto se reparten entre la capital (con tres), y Algeciras (con uno más).

En todos ellos, el cupo anual de trabajo -o «módulo»- que les corresponde según la ley de planta (unos 800 asuntos al año en cada órgano), se ha superado con creces. Por ejemplo, cada uno de los tres juzgados de Cádiz -que tienen competencia sobre la capital, Chiclana, San Fernando y Puerto Real- registraron en 2008 en torno a los 1.000 asuntos, y esperan alcanzar los 1.500 en 2009.

Sin embargo, cuando se habla de saturación y «colapso» por exceso de carga de trabajo, todas las miradas se dirigen a los órganos situados en Jerez. Sus tres jueces de lo Social asumen más del 60% de los procesos laborales que se entienden en la provincia.

2.000 casos al año

El pasado año, los juzgados jerezanos número 1 y número 2 de lo Social tramitaron algo más de 2.000 demandas laborales (cada uno). Esto supone un increÍble aumento del 100% en el número de denuncias tramitadas con respecto al año anterior, 2007, según datos de los propios órganos.

Aparte, en 2009 esperan superar los 2.000 asuntos, a pesar de la reciente creación del tercer juzgado. El temor está fundado, por ejemplo, en conflictos laborales recientes como el de la empresa Qualytel, con los que se han visto en la calle más de 200 trabajadores despedidos -según los sindicatos- que han comenzado ya a presentar sus reclamaciones.

«El otro día entraron 60 demandas de una tacada», recuerda Raúl Páez, juez del Número 2 de lo Social «y supongo que el mismo día entraron otras 60 en el resto de juzgados; estamos celebrando hasta 15 juicios cada día y además, tenemos que escribir las sentencias», reconoce el juez, que asegura que «en 11 años de profesión nunca había visto nada parecido».

El mayor volumen de trabajo en Jerez se debe, por un lado a que la ciudad es la que ha visto quebrar y cerrar más empresas de la provincia (especialmente del sector de la construcción). Y por otro, a que los juzgados jerezanos de lo Social reciben también los asuntos de El Puerto, de las ciudades de la costa Noroeste, de la Campiña y toda la Sierra de Cádiz: en definitiva, los despidos de media provincia. El agravio comparativo es inevitable: porque los tres juzgados de Cádiz capital apenas asumen los casos laborales de cuatro ciudades de la Bahía: San Fernando, Chiclana, Puerto Real y la propia capital.

Esta singular organización es el principal objeto de las críticas del personal de los órganos jerezanos, que han solicitado ya la reforma de la ley de planta judicial. «No entendemos, además, por qué en cuestiones penales Cádiz capital sí recibe los asuntos de Sanlúcar, Chipiona o El Puerto, pero en lo Social, estas ciudades dependen de Jerez». «El reparto de la planta es un desastre», asegura tajante Juan José Parra.

Juzgado nuevo

A comienzos de 2009, la respuesta a las críticas parecía llegar con la inauguración de un tercer órgano judicial en Jerez dedicado en exclusiva al sector social y laboral, que absorbería gran parte de la carga de trabajo. No en vano, en tres meses ha suavizado la saturación del partido judicial jerezano. Sin embargo, su instauración no ha sido suficiente para acabar con el problema ya que «dentro de poco también acabará atascado», advierte Juan José Parra: «Ha llegado tarde».

Las cifras de sus tres primeros meses de vida parecen confirmar esta teoría, ya que desde enero, han entrado en las estanterías del Número 3 más de 450 expedientes, lo que obliga ya a «señalar los juicios por despido, los más urgentes, para septiembre», confirman fuentes judiciales.

Además, el volumen de entrada de nuevos casos se multiplicará en los próximos meses, ya que la Junta se comprometió a que este órgano tramitara en 2009 el triple de asuntos que los dos juzgados homólogos. Un «reparto extra» que debe ser aún aprobado por el Tribunal Superior de Justicia.

Además de este juzgado, el Consejo General del Poder Judicial sugirió a finales de 2008 la contratación temporal de un cuarto juez de lo Social que ejercería de equipo de apoyo. Además de otro órgano suplente de lo Mercantil en Cádiz. Ambas medidas, sin embargo, dependen de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Justicia, que aún no se han pronunciado al respecto.

Fuente: diariosur.es

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domingo, marzo 29, 2009

Castilla y León: El TSJ espera que el nuevo ministro facilite la transferencia


El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), José Luis Concepción, ha manifestado que espera que el cambio de la titularidad del Ministerio de Justicia pueda facilitar la transferencia de esta competencia al Gobierno regional. Concepción ha considerado que el Ministerio "siempre ha estado abierto a dar el paso siguiente", aunque ha matizado que, si una de las dificultades está "en el tema económico", el nuevo ministro puede "aproximar posiciones".


Concepción, que mantendrá su primer contacto oficial con el nuevo ministro, Francisco Caamaño, en la inauguración de los nuevos juzgados de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) mañana 30 de marzo, ha adelantado que aprovechará esta "oportunidad" para exponerle las necesidades de la administración de Justicia en Castilla y León.

En su opinión, los contactos que Caamaño ha establecido hasta ahora con representantes de las asociaciones judiciales permiten "vislumbrar" buenas perspectivas en cuanto a su voluntad de atender las reivindicaciones de los jueces, unas demandas "que no son para la mejora personal, sino para mejorar la administración de Justicia".

De hecho, Concepción ha atribuido esta mejora en las "perspectivas de negociación" a que buena parte del equipo del nuevo ministro está formado por jueces y magistrados.

Fuente: soitu.es

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sábado, marzo 28, 2009

Juanes pretende acabar con las filtraciones en la Audiencia Nacional

Angel Juanes llega a la Audiencia Nacional avalado por una carrera sin escándalos y con el objetivo de recuperar el prestigio de una institución marcada por el fenómeno de los ‘jueces estrella’ y las filtraciones a los medios de comunicación.


Al contrario que para la mayoría de los candidatos, Juanes baja un peldaño al aceptar el cargo de presidente de la Audiencia, ya que actualmente ejerce como magistrado de la Sala Quinta (Militar) del Tribunal Supremo. Además, era uno de los candidatos del PSOE para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional, cuya renovación está paralizada en el Senado por el enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular. No obstante, fuentes jurídicas explicaron que presidir la Audiencia Nacional es un “reto que un magistrado difícilmente deja pasar”.

En el proyecto que presentó ante el CGPJ, Juanes abogó por acabar con las filtraciones en el seno de la Audiencia, aumentar la transparencia de las normas de reparto de los casos y mejorar la ejecución de las sentencias. Irónicamente, su intervención en que expresaba su rechazo a las filtraciones fue publicada por El País: “Sería necesario evitar todas aquella informaciones o filtraciones que tanto daño hacen a la imagen de la justicia y que producen en ocasiones perjuicios irreparables hacia las personas que aparecen reflejadas”.

Desde Jueces para la Democracia señalaron que Juanes puede aportar su “autoridad moral” para implantar nuevos criterios de funcionamiento a los magistrados de la Audiencia. Asimismo, manifestaron que es un juez ajeno a las luchas internas que se han vivido en el interior de este tribunal, y recordaron que posee una amplia experiencia en instituciones relevantes como para afrontar este desafío.

Veterano y progresista

Juanes (San Pablo de los Montes, Toledo, 1947) ha conseguido convencer a la mayoría del CGPJ, ya que se trata de un juez de talante progresista, pero alejado del carácter polémico de figuras como Baltasar Garzón o Javier Gómez Bermúdez. Comenzó su carrera en los juzgados extremeños de Don Benito, Mérida, Badajoz y San Sebastián, antes de convertirse en letrado del Tribunal Constitucional. Su paso por el Alto Tribunal reforzó su bagaje académico y le dejó un perdurable afecto por la materia constitucional.

En 1994 regresó a su tierra, donde fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Tras nueve años, ascendió hasta el Supremo. Sin embargo, no perdió el contacto con su comunidad autónoma, y la Asamblea de Extremadura, a petición del PSOE, le propuso como candidato al Constitucional en septiembre de 2008. En el plano asociativo, Juanes ha sido un miembro destacado de la progresista Jueces para la Democracia.

Este carácter reivindicativo le llevó a respaldar en marzo de 2008 la huelga de funcionarios de Justicia contra el Gobierno. Juanes se adhirió al comunicado en que varios magistrados del Supremo expresaron su apoyo a las reivindicaciones de los funcionarios, que consideraron justas y fundadas. Entonces se atrevió a desafiar al ex ministro Mariano Fernández Bermejo y, ahora, deberá demostrar la misma fortaleza para mantener su autoridad e independencia en el tribunal más expuesto a la opinión pública.

"Los jueces no pueden pretender tener patente de corso"

Juanes pidió "sosiego y respeto" para los magistrados de la Audiencia Nacional, si bien reconoció que los miembros de este tribunal "no pueden pretender tener patente de corso y que no se les haga ninguna critica".

Juanes, que salió elegido con el apoyo de 11 de los 21 vocales del órgano de gobierno de los jueces, ha reconocido que le hubiera gustado salir con más votos, y que de hecho pensó que así sería, si bien dejó claro que lo ocurrido no le va a restar legitimación. "Bien al contrario, dejaré en la Audiencia Nacional lo mejor que tengo, porque vengo a servir a la Audiencia Nacional", dijo.

Insistió en que cree en la independencia judicial, que él ya ha ejercido en los distintos puestos por los que ha ido pasando, y que su presidencia seguirá esa línea y también la de la responsabilidad. "Los jueces estamos para servir al ciudadano, y el servicio público debe estar por encima de todas las cosas".

Igualmente, Juanes reconoció que la crítica es "fundamental" en un estado democrático y que él ya defendió este derecho desde su puesto de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

"El Presidente es lo que quiere que sea la Sala de Gobierno"

Lo primero que hará una vez ocupe su despacho en la planta cuarta de la Audiencia Nacional es reunirse con magistrados, secretarios, fiscales y funcionarios para conocer la problemática existente en este órgano, establecer prioridades y diseñar una 'hoja de ruta'. Agregó que, en todo caso, el presidente de la Audiencia Nacional, además de las competencias propias que le confiere la Ley, "es lo que quiere que sea la Sala de Gobierno" de este órgano.

Otro de los objetivos de Juanes es el de dotar a la Audiencia Nacional de una sede que responda a las modernas exigencias que precisa este órgano.


Fuente: elconfidencial.com , Libertad Digital

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Caamaño anuncia una inversión de 600 millones para modernizar la Justicia

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha comparecido por primera vez ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar su planes de futuro al frente de la Administración y propuso a partidos políticos, Comunidades Autónomas, agentes sociales y profesionales de la Administración "un gran acuerdo social" para dejar de "mirar al ayer y situar la Justicia en el siglo XXI". Entre las medidas anunciadas destacó una inversión de 600 millones de euros en tres años para modernizar los juzgados.


"Quiero ofrecer un gran acuerdo social a todas las fuerzas políticas, comunidades autónomas, profesionales de la Administración y agentes sociales sobre el que cimentar una política consensuada y de largo alcance para que el sistema cambie su inercia y se instale en el siglo XXI; hoy entre todos podemos dejar de mirar al ayer y empezar a mirar al mañana, hoy puede ser ese día", dijo el ministro, quien recabó los aplausos de los diputados al final de su intervención.

Caamaño admitió desde el inicio de su comparecencia que "el pueblo español no está especialmente satisfecho con el funcionamiento de la Justicia, no lo está hoy y posiblemente no lo ha estado nunca". Sin embargo añadió que "de nada sirve constatar las raíces históricas de la cuestión".

"Cosas que no se han hecho bien"

"Lejos de buscar falsos consuelos, debemos sentirnos profundamente preocupados porque las deficiencias son difícilmente justificables una vez transcurridos 30 años de democracia en la que los españoles han mejorado su nivel de vida -argumentó-. Existen motivos para pensar que en materia de Justicia hay cosas que no hemos hecho bien".

Por ello, Caamaño anunció su intención de alcanzar "un gran acuerdo con todo el ámbito de la Justicia, incluida la sociedad civil" para desplegar "reformas con impacto efectivo que sitúen al sistema y a los profesionales a un nivel más alto en la estima ciudadana". "Reformas necesarias en torno a objetivos claros con el mayor consenso de todos, ese es el eje central del proyecto que propongo", dijo.

En su explicación aseguró que "la litigiosidad ha crecido mucho en los últimos años, hoy tenemos nueve millones de casos en los juzgados, en doce años la carga de trabajo se ha incrementado en un 50 por ciento". A la hora de detectar algunas de las causas de ese elevado número de casos pendientes en los tribunales, señaló al alto número de "recursos judiciales que permiten impugnar la práctica totalidad de resoluciones dictadas por los tribunales ocasionando resultados no deseados".

Según dijo, hay tribunales que "se pasan más horas revisando decisiones de otros juzgados inferiores, que estudiando asuntos propios". En ese sentido, abogó por "tomarse en serio el derecho de acceso al juez" por lo que se refirió a la "posibilidad de reducir el número de recursos a los estrictamente necesarios y consensuar las bases de que el acceso al juez no pueda ser un pretexto para prolongar un caso".

El ministro criticó las "cadenas ilimitadas de recursos" y expuso la tasa de confirmación de las sentencias de instancia por los tribunales superiores, que según dijo, "se sitúa alrededor de un 75% y un 85% confirmando las sentencias de instancia con lo que se demuestra la calidad de las sentencias revisadas".

Metas realistas

Durante su explicación, Caamaño hizo hincapié en la importancia de las nuevas tecnologías, la conciliación familiar de jueces, abogó por una Justicia con menos magistrados sustitutos, se refirió a la necesidad de actualizar la legislación penal y procesal y aseguró que "no se puede caer en el fatalismo", pero matizo que "hay que fijar metas realistas. "Bajo la sombra de los grandes propósitos acecha siempre la sombra de la frustración", remachó.

En ese sentido, hizo público el despliegue de un sistema informático con el acuerdo de las comunidades autónomas y el CGPJ "para que toda la Administración funcione conectada en red y conectada entre sí". Para ese objetivo anunció un "esfuerzo presupuestario de 600 millones de euros para los próximos años". "Para generar ilusiones, también hay que generar certeza", dijo.

En lo que a las competencias para señalar los juicios se refiere, el ministro no fue más allá de ratificar su compromiso de lograr un acuerdo con los grupos parlamentarios del Congreso para conciliar las funciones de jueces y secretarios en esta materia.

Fuente: Heraldo.es

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Cataluña: Tura quiere que ayuntamientos y juzgados de paz descongestionen la justicia

La consellera de Justicia, Montserrat Tura, ha sugerido que los juzgados de paz podrían asumir la realización de juicios de faltas y los ayuntamientos, los registros civiles, como reformas que podrían ayudar a descongestionar los tribunales.


En un desayuno de Fórum Europa celebrado en Barcelona, la consellera ha abordado la situación de la Justicia en Cataluña, donde en los últimos cinco años se han invertido unos 500 millones en la construcción de nuevos edificios judiciales en numerosas localidades.

A pesar de esta destacada inversión en nuevos edificios, Tura ha indicado que "no son suficientes" para conseguir la descongestión de la justicia, que precisa reformas "valientes e imprescindibles".

La receta de la consellera catalana se basa, entre otros aspectos, en que los juzgados de paz, "todos ellos ya informatizados", asuman juicios de faltas, que los ayuntamientos lleven los registros civiles y que los impagos de hipotecas y alquileres estén a cargo de los registradores de la propiedad, sin que sea necesario llegar a juicio.

También ha citado el ejemplo francés para plantearse la posibilidad de que los procesos concursales de las empresas, las antiguas suspensiones de pagos, sean dirimidas por un organismo especializado ajeno a los tribunales y que las mediaciones sean "obligatorias entre las partes en conflicto" para alcanzar un acuerdo.

Estas medidas, además de otras de diverso alcance, no pretenden, ha explicado, dejar de tratar los asuntos de la justicia, sino de que ésta tenga "filtros" que permitan a los jueces y funcionarios dedicarse a asuntos importantes.

Tras la dictadura, ha argumentado, la sociedad se dotó de un sistema "muy garantista" que ha hecho que muchas leyes remitan la autoridad judicial para dirimir las discrepancias y "quizás nos hemos pasado" a la hora de enviar a los juzgados todo tipo de asuntos.

Actualmente, la justicia es "una boca de entrada de asuntos, con lenta digestión y aún más lenta resolución", según la definición de la consellera.

A su juicio, también la organización funcional de la justicia debe cambiar y, de la actual atomización, en la que cada juzgado "tiene su mundo", se debe pasar a tener órganos generales y con servicios comunes que faciliten el trabajo a los funcionarios y agilicen el funcionamiento de los juzgados.

Según datos aportados por la consellera, Cataluña es la comunidad autónoma que gasta más en justicia, con 79 euros per cápita, frente a los 54 de Andalucía y los 48 de Navarra.

Fuente: EcoDiario

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viernes, marzo 27, 2009

Mislata: Ratas descompuestas en el juzgado

Visitar el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Mislata es una experiencia que puede resultar muy desagradable. Y no digamos si hay que trabajar allí, como hacen siete funcionarios, además de la jueza y su secretaria. Pero no solo por los engorrosos trámites administrativos propios de estos lugares, sino por el olor a auténtica descomposición orgánica que invade el lugar desde hace dos semanas.


Nadie sabía con certeza la causa pero al fin se dio con la solución. En una revisión del aire acondicionado, el trabajador que la llevó a cabo fue avisado de que salía "un intenso olor a gas", por lo que los funcionarios le pidieron que echase un vistazo. Fue entonces cuando observó que en el interior de la tubería situada tras la rejilla que hay en el techo, ante la puerta del despacho de la jueza, había una rata muerta. Pero, al parecer, argumentó que no era su cometido quitar el animal muerto -lo que nadie le reprochó al considerar que era cierto-, por lo que éste sigue allí dentro. Y no se descarta que haya más.

La principal preocupación de los funcionarios es la referente a la higiene del lugar. Una persona que prefiere mantenerse en el anonimato señala: "Teníamos miedo por la insalubridad, no sabíamos de dónde venía el olor. Pero esto viene de diciembre, cuando los compañeros notaron olor a gas y tuvimos que salir corriendo. Vinieron los bomberos, hicieron mediciones de gas, pero no se detectaba ningún escape. Al final se fue y ahora aparece éste". Ello hace sospechar que en aquella ocasión también fue un roedor muerto y en descomposición el causante del nauseabundo olor.

Los funcionarios narran que este juzgado es un desastre. En agosto de 2005 se les llenó el suelo de orines que rebosaban por las baldosas y procedían supuestamente de la fosa séptica de la finca, por lo que tuvo que ir una cuba extractora dos veces en la misma semana. "No tenemos por qué trabajar así. ¡Y aquí nunca pasa nada!", afirman.

"Ponemos incienso, a veces echamos ambientador... es como si trabajásemos todo el día con bombas fétidas. Esto es constante y a veces salen cucarachas. Todo el mundo que entra dice que huele mal", señalan las personas consultadas en el mismo juzgado. Un reciente visitante del local afirma que después de estar en él un cuarto de hora salió con dolor de cabeza producido por el mal olor.

Otra persona señala que "si le pasara a los altos cargos no duraba mucho. Es vergonzoso. No viene de ahora, lleva muchos años, y nos da miedo trabajar con olor a gas. Es inaguantable, es triste". De esta forma, por ejemplo, la policía tiene que taparse la nariz cuando entra.

Es tan desagradable la situación que una parte del personal llegó a plantearse no acudir a su centro de trabajo, pero temieron que ello les acarrease problemas y se resignaron a acudir en tales circunstancias.


Una trampa mortal

Este juzgado se encuentra en un bajo de la calle Mariano Benlliure. Otra de sus deficiencias es que, aparte de la entrada, no hay salida de emergencia y el cartel que la señalaba se cayó a los cinco minutos de colocarlo. Aquí merece la pena llamar la atención ya que los ventanales están enrejados y, si hubiera un problema grave en la misma puerta, "nos quedaríamos dentro como ratas".

Tampoco existe arco de seguridad. La centralita telefónica tiene 20 años y, cuando se estropea un aparato, los empleados tienen que comprarlo en el rastro ya que no se fabrican.

Mislata contará en un plazo no muy lejano con una Ciudad de la Justicia. Las dependencias se ubicarán en una parcela situada en la zona norte, dentro del plan de actuación integrada Quint II, proyecto que ha entrado en su fase final.

El alcalde, Manuel Corredera, se comprometió a principios de este año a ceder a la Generalitat Valenciana una parcela en el citado sector para construir la Ciudad de la Justicia. En la actualidad, los juzgados 1, 2 y 4 de Mislata ocupan plantas bajas en la calle Antonio Aparisi, mientras que el número 3 se encuentra en la ya citada de Mariano Benlliure.

Fuente: lasprovincias.es

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Canarias: STAJ exige responsabilidades al haber sido afectados datos confidenciales por un virus troyano

Aún se investiga cuál es su origen, pero lo que está claro es que el troyano, un programa malicioso, que ha dañado la red informática del gobierno canario ha afectado a documentación clasificada como confidencial. Sólo en lo que se refiere a la administración de Justicia ha tenido acceso a causas abiertas sobre las que pesa una orden de secreto sumarial, a todo tipo de trámites pertenecientes a instrucción de las diligencias o la ejecución de sentencias, etc.


Aunque en menor medida, el caos también afectó a la red de la Consejería de Sanidad, en la que parece ser que los "cortafuegos" funcionaron mejor y se evitó una verdadera tragedia, ya que de haber entrado en el sistema, el virus podría haber enviado a miles de destinatarios información acerca de casos clínicos, algo que no sucedió, ya que los antivirus funcionaron a tiempo.

Anecdótico es el caso de documentos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que, como por arte de magia, salían por las impresoras del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, además de que el sistema estaba tremendamente lento.

Por parte del Gobierno de Canarias se afirma que "el problema ya se está resolviendo y en pocos días habrá normalidad absoluta", mientras que la empresa encargada de controlar la red informática del Gobierno (Cibercentro) se niega a dar ningún tipo de respuesta al respecto, pero varios expertos en virus informáticos consultados sobre el caso apuntan a que puede tratarse de un troyano que entró en funcionamiento el viernes 13 de marzo y que, ante la falta de antivirus actualizados en la red informática del Gobierno de Canarias, se fue expandiendo a través de la red interna con facilidad y sin ser detectado hasta que ya fue demasiado tarde para controlarlo.

Los troyanos son virus que se introducen en el sistema sin ser detectados y/o utilizan las libretas de direcciones para copiar todo el contenido que hay en el ordenador y mandarlo a cualquier otra parte. También abren una puerta trasera en cada ordenador que da acceso remoto a hackers u otros troyanos más peligrosos.

"Sólo lo que se denomina un cortafuegos puede acabar con su expansión", explica un experto en la materia que añade que "si Justicia ha sido la consejería más afectada, es porque el virus se introdujo por ahí, y eso podría haber sucedido con algo tan simple como que algún funcionario con privilegios para hacerlo lo haya descargado dentro del programa, siempre y cuando los privilegios estén controlados; si no es así, ha podido ser cualquiera con un pendrive".

"Los problemas comenzaron el viernes 13, pero con el paso de los días iba a peor y sólo para abrir un archivo de texto perdías 30 minutos", explican funcionarios de Justicia, que comentan que "a la hora de imprimir era lo peor porque, además de bloquear todo el ordenador y no poder hacer nada, te decía que estaba imprimiendo un documento, pero no salía por ninguna parte. Horas más tarde me llamaron de otra oficina judicial para decirme que les estaba saliendo a ellos, y cuál no es mi sorpresa cuando veo que por mi impresora comienza a salirme un documento de la Consejería de Deportes".

Precisamente son estos hechos lo que ha llevado a los sindicatos STAJ, UGT e IC a exigir responsabilidades de lo sucedido ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, ya que "en muchos casos se trata de información de procedimientos secretos que no sabemos cómo y por quién puede ser usada".

Fuente: eldia.es

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jueves, marzo 26, 2009

Angel Juanes, nuevo presidente de la Audiencia Nacional

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves designar al magistrado Ángel Juanes como nuevo presidente de la Audiencia Nacional. Esto nombramiento va a crear un baile de puestos en el Tribunal Supremo, donde ejercía la magistratura, del que puede salir beneficiada la esposa de Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado, donde podría ocupar un puesto en la Sala de lo Contencioso-Administrativo.


El nuevo presidente de la Audiencia Nacional, nacido el 22 de octubre de 1947 en San Pablo de los Montes (Toledo) y que ingresó en la carrera judicial en 1978, cubrirá la vacante dejada el pasado 24 de septiembre por Carlos Dívar cuando éste fue nombrado presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.

La candidatura de Juanes ha obtenido once votos de los veintiuno posibles.

Juanes ha sido elegido entre el total de cinco candidatos cuyos nombres fueron discutidos hoy por el Pleno: los que componían la terna propuesta por la Comisión de Calificación de este órgano (el propio Juanes, el actual presidente en funciones de la Audiencia Nacional Carlos Lesmes y la magistrada de lo Contencioso de este órgano Elisa Veiga); a los que se añadieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, y el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, quienes fueron propuestos por vocales ajenos a la citada Comisión en función de la potestad que les otorga la Ley.

La designación de Juanes se produjo después de que los 21 miembros del Pleno del CGPJ resolvieran que la plaza en la Audiencia Nacional podía ser ocupada por un magistrado del Tribunal Supremo, una circunstancia con la que no todos los miembros de este órgano están de acuerdo.

LA ESPOSA DEL FISCAL CÁNDIDO CONDE PUMPIDO

Esta tarde el Pleno ha seguido con las deliberaciones para elegir los 19 altos cargos judiciales, entre ellos, seis magistrados del Tribunal Supremo y otros altos cargos en diversas audiencias y tribunales superiores. Entre las beneficiadas por este baile de cargos suena con fuerza la esposa de Cándido Conde-Pumpido.

Las plazas más codiciadas por ambos grupos del Consejo son las dos vacantes de la Sala de lo Penal.

Clara Martínez, esposa de Conde Pumpido, parece destinada a ocupar la vacante de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo.

La esposa del Fiscal General del Estado es una de las candidatas de la llamada "corriente progresista". Cuenta con amplios apoyos en el Consejo, pero despierta rechazo entre los vocales propuestos por el PP.

Fuente: Periodista Digital

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Baleares: Los juzgados tienen pendientes más de 79.300 causas

La Memoria del Estado, Funcionamiento y Actividades de la Justicia de 2008 ha sido presentada en el Parlamento balear y en la misma se considera necesario la incorporación de veinte nuevos jueces para las Islas: uno para el Tribunal Superior de Justicia, otro para la Audiencia Provincial de Palma y 18 más para los diversos juzgados de Mallorca, Menorca e Ibiza.


Uno de los asuntos "preocupantes" de la Administración de Justicia en el archipiélago es el incremento en 2008 de un 35,1% de las ejecutorias pendientes correspondientes al juzgado penal número 8 de Palma, que se situó a finales de diciembre pasado en 7.497, con el "riesgo" de que prescriban infracciones criminales leves.

El presidente del alto tribunal autonómico, Antoni Terrassa, ha comparecido para explicar la memoria en un acto al que han asistido la presidenta de la cámara legislativa, María Antonia Munar, y representantes de los distintos grupos políticos.

La Justicia balear resolvió prácticamente el mismo número de asuntos en 2008 (204.244) que en 2007 (204.147), si bien el referido aumento de casi un 13% de los asuntos pendientes "consolida una evolución claramente desfavorable", ha señalado Terrasa.

A comienzos de 2009 y sin tener en cuenta las causas judiciales abiertas este año, el tiempo que necesitarían los tribunales de las Islas para resolver los asuntos de lo contencioso-administrativo sería de 1 año y 6 meses; 1 año para los de lo civil; ocho meses y medio para lo social, y dos meses y medio para los penales.

Otro aspecto destacable del informe es que la crisis económica que vive la Comunidad balear ha disparado de manera significativa los asuntos de lo social, con una subida del 38,3%, y de lo civil, con un incremento del 15%.

Alta tasa de litigios

En la alta tasa de litigios existente en Baleares, de 199,7 casos por cada 1.000 habitantes -la quinta de España-, influye de manera significativa la población flotante debido al turismo, el fenómeno de la inmigración y la plurinsularidad.

La memoria subraya también que mientras la población balear creció un 32,3% entre 1994 y 2008, sin incluir a la población de hecho, la plantilla judicial subió un 10%.

El número de jueces en las Islas por cada 1.000 habitantes es de 11,35, lo que supone que Baleares es la tercera comunidad con más jueces de España, por encima de la media estatal de 10,05.

Respecto a los asuntos relacionados con la violencia sobre la mujer, a finales de 2008 quedaron pendientes 1.425, lo que supone un descenso de 129 respecto a los 1.554 de 2007.

En su extensa comparecencia de cerca de dos horas, Terrasa ha destacado el plan de modernización integral de la Justicia que prepara el Consejo General del Poder Judicial, porque las estructuras actuales "no funcionan y hay que sustituirlas por otro tipo que funcionen mínimamente".

Sobresaturación

Para el presidente del TSJIB, las huelgas de funcionarios en 2008 y de jueces en 2009 son un "reflejo de una situación de sobresaturación".

Con posterioridad a la comparecencia, Terrasa ha expresado a los periodistas su confianza de que en breve -este año- se cree un juzgado "bis" de lo Mercantil en Palma, que es "fundamental" para atender al creciente número de casos a tratar, así como dos o tres juzgados "bis" de lo Social, también en la capital balear.

Además de un juzgado de Violencia contra la Mujer exclusivo para Ibiza, Terrasa ha apostado por la pronta puesta en marcha de tres juzgados más de instrucción y de primera instancia en Inca, Manacor y Palma.

Fuente: elmundo.es

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miércoles, marzo 25, 2009

Condenado a seis años un funcionario de Justicia por malversación y falsedad

La Audiencia Provincial de Málaga en Melilla ha condenado a seis años de cárcel a un funcionario que ejercía las funciones de secretario judicial en la ciudad por delitos de malversación y falsedad documental. Según la sentencia, se considera a R.R. culpable de estos delitos, pero se reduce la petición inicial del Ministerio Fiscal, que había pedido una pena de 23 años de prisión.


En este procedimiento han quedado absueltos cuatro abogados por delitos similares, para los que se pedían penas que oscilaban entre los 11 y los 5 años de cárcel.

Los hechos juzgados se remontan a los años 1999, 2000 y 2001, cuando R.R., entonces secretario judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, libraba mandamientos falsos de devolución de fianzas carcelarias a los abogados de acusados que estaban en rebeldía.

Los letrados absueltos estaban acusados de no haber devuelto alrededor de 153.000 euros de las fianzas al Tesoro Público, dinero que procedía de hasta 42 casos descritos por el propio Ministerio Fiscal.

Sin embargo, la Audiencia condena solamente al funcionario que hacía las veces de secretario judicial, ya que no ha encontrado pruebas de inculpación de los abogados, cuyas defensas alegaron durante la vista, celebrada en enero, una mala praxis en el Juzgado.

El único condenado en este procedimiento deberá pagar una multa de cinco euros al día durante cinco meses, al tiempo que tendrá que indemnizar al Estado con 53.189 euros.

Fuente: elconfidencial.com

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Canarias: El TSJ ve necesaria la creación de 4 nuevos juzgados en el partido judicial de Telde

Un informe de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ve precisa la creación de nuevos juzgados en los partidos judiciales de Canarias. Por islas, el TSJC destaca la necesidad de crear 19 juzgados en Gran Canaria repartidos en cuatro juzgados en el partido judicial de Telde, tres en San Bartolomé de Tirajana, uno en Santa María de Guía y otro en Arucas.


En el caso del partido judicial de Telde, que abarca los municipios de Telde, Valsequillo e Ingenio, se plantea la necesidad de crear cuatro juzgados más, con separación de jurisdicciones: 7 Juzgados de 1ª Instancia (correspondería a cada Juzgado 964 asuntos, el módulo está en 720 asuntos contenciosos) y 4 Juzgados de Instrucción penales (correspondería a cada Juzgado 4216 asuntos, el módulo está en 6000).

También se hace hincapié en que “es absolutamente necesaria la creación urgente de unos Servicios Comunes Procesales que atendieran las necesidades de los Juzgados existentes”.

Entre los nuevos órganos judiciales necesarios se cuentan, para Las Palmas de Gran Canaria, cinco de Primera Instancia, uno de Familia y cuatro de lo Social. Para Santa Cruz de Tenerife son precisos dos de Primera Instancia, dos de lo Penal y dos de lo Social.

Por islas, el TSJC destaca la necesidad de crear 19 juzgados en Gran Canaria repartidos en cuatro juzgados en el partido judicial de Telde, tres en San Bartolomé de Tirajana, uno en Santa María de Guía y otro en Arucas.

En Lanzarote, estima precisa la creación de un nuevo juzgado para el partido judicial de Arrecife, así como la separación de jurisdicciones, con cuatro juzgados de Instrucción y cinco de Primera Instancia. El TSJC indica que también es necesaria la creación de un juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer y que en Fuerteventura es hace falta un nuevo juzgado de Primera Instancia.

En cuanto a la provincia occidental, el TSJC hace mención a la necesaria incorporación de seis juzgados en Santa Cruz de Tenerife, dos de Primera Instancia en La Laguna, cinco en el partido judicial de Arona, uno en Granadilla de Abona y otro en La Orotava.

Este informe ha sido realizado como consecuencia de las reivindicaciones de los miembros de la carrera judicial para la mejora del funcionamiento de la Justicia por la falta de personal, informa el propio TSJC.

La Audiencia Provincial de Las Palmas no necesita de la creación ni de nuevas plazas judiciales ni de ninguna sección aunque el TSJC está haciendo un estudio de la carga de trabajo que soportan los juzgados de Arrecife y Puerto del Rosario para determinar la necesidad de crear o no una sección desplazada de la Audiencia con sede en la capital conejera y con competencia en materia Civil y Penal.

Nuevo juzgado para la cárcel

El módulo fijado por el Consejo General del Poder Judicial es de 1.000 presos asignados a cada juzgado. El centro penitenciario de Las Palmas de Gran Canaria y el de Tahiche (Arrecife, Lanzarote) supera dicho número, siendo previsible la puesta en funcionamiento de dos nuevos centros penitenciarios, uno para aproximadamente 1.000 internos en Gran Canaria y otro para unos 50 internos en Fuerteventura.

Por tanto “sería necesaria la creación, a medio plazo, de un nuevo juzgado de Vigilancia Penitenciaria con sede en Las Palmas de Gran Canaria una vez se cumplan estas previsiones. De momento, convendría la ampliación de plantilla de funcionarios en dos del cuerpo de Tramitación Procesal, dado el gran número de expedientes de trabajo en beneficio de la comunidad que han de despachar estos juzgados”, expone textualmente.

Además, considera “absolutamente necesaria” la creación “urgente” de unos servicios comunes procesales que atiendan las necesidades de los juzgados de Telde, que sólo en el ámbito Penal reciben 16.864 asuntos en un año, por lo que la media por juzgado es de 2.400 asuntos. En estos mismos términos se expresa el informe para hacer referencia a San Bartolomé de Tirajana, donde se hace “imprescindible” un juzgado de Familia.

160 unidades en 2008

En total, según el Ministerio de Justicia, en todo el país se crearon el pasado año 160 nuevas unidades judiciales entre juzgados y plazas en órganos colegiados. Para 2009, el Estado tiene prevista la constitución de otras 150, de las cuales cuatro están destinadas a la Comunidad canaria.

Con estos nuevos órganos, Justicia "continúa ajustando la planta judicial a las necesidades existentes y quiere dar una adecuada respuesta a la demanda social de una justicia más ágil y eficaz", dijo el Ministerio a principios de 2009, que recuerda que actualmente "trabaja en importantes medidas organizativas y procesales para la próxima implantación de la nueva Oficina Judicial, así como un nuevo diseño de la demarcación y planta judicial".

Fuente: teldeactualidad.com

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Zamora: Funcionarios de Justicia declaran por una denuncia contra policías en León

Funcionarios de los juzgados de Zamora prestarán declaración por la denuncia interpuesta en León contra policías nacionales antidisturbios cuando, en plena huelga general, se vieron «secuestrados» y desviados en sus autobuses para impedir un acto de protesta en un mitin del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.


El Juzgado número 1 de la capital leonesa investiga la conducta de los agentes del orden público, a los que se acusa de «abusos en el ejercicio de la función de funcionario», por los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2008, por el trato dispensado a los trabajadores del Ministerio de Justicia, que pretendían aproximarse al recinto en el que Zapatero tenía previsto celebrar un acto.

El autobús que ocupaban no logró siquiera entrar en las vías de acceso directo a la ciudad de León, interceptado por dos furgones policiales antidisturbios en el mismo carril por el que transitaba, fue desviado a la localidad de La Virgen del Camino, a unos cinco kilómetros de la capital. Se les retuvo durante dos horas, entre las 17.15 y las 19.30 horas, tiempo suficiente para que el mitin del presidente finalizara sin ningún tipo de manifestación.

Los policías se dirigieron al conductor del autobús y «le indicaron que teníamos obligación de seguirles, sin explicación de la causa y sin dejarnos bajar del autocar». Cuando los funcionarios llegaron a La Virgen se encontraron con otros «cinco furgones y numerosos policías que nos acordonaron. Después de una hora y sin que nadie nos informara de porqué habíamos sido llevados a ese lugar, fuimos conducidos a León, escoltados por los furgones». Les obligaron a aparcar en una explanada y les mantuvieron «en el interior del vehículo» hasta las 19.30 horas, cuando tampoco se les permitió salir de la zona acotada.

A pesar de que pidieron a los agentes que se identificaran y que les explicaran «el motivo del "secuestro", vulnerando el derecho a la libertad de circulación», no obtuvieron respuesta.

Fuente: laopiniondezamora.es

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martes, marzo 24, 2009

Sevilla: STAJ alerta de que los funcionarios de Violencia sobre la Mujer no cobran las guardias desde enero

Los jueces, secretarios y cuarenta funcionarios de los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla llevan tres meses sin cobrar las guardias de tres días que realizan periódicamente. Los funcionarios han amenazado con negarse a realizar las guardias a partir de abril si el Ministerio de Justicia no publica la Orden que regula su pago y la Consejería de Justicia las abona.


Desde el 1 de enero, los juzgados de Violencia sobre la Mujer han comenzado a realizar guardias de tres días, guardias que comienzan a las 9 de la mañana y acaban a las 9 de la noche. Si estas guardias se realizan en fin de semana (viernes, sábado y domingo), los jueces, secretarios y funcionarios trabajan incluso doce días seguidos hasta poder descansar, según fuentes judiciales, ya que tampoco está regulado el sistema de descanso de esas guardias.

La falta de publicación en el BOE de la Orden que regulará esas guardias está afectando a los juzgados de Violencia de Género de Sevilla, Madrid y Barcelona, si bien en la ciudad condal han logrado llegar al menos a un acuerdo para que los funcionarios descansen un día después de la guardia.

Hay funcionarios, como los de auxilio judicial, que han hecho ya desde enero seis guardias, por lo que se les adeudaría hasta 1.400 euros, según informó el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), que ha reclamado ya al Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia el abono de esas guardias.

Por su parte, la titular de Justicia de la Junta, Evangelina Naranjo, ha reclamado también al Ministerio de Justicia la aprobación de la citada Orden para poder abonar las guardias, según fuentes del Gobierno autonómico.

La falta de descanso del personal de esos juzgados tras las guardias está provocando gran malestar, ya que se trata de servicios muy intensos, puesto que tienen que tramitarse desde coacciones, amenazas, vejaciones, lesiones físicas o maltrato psicológico en el ámbito familiar, así como medidas cautelares: orden de alejamiento y protección, salidas de domicilio, retirada de armas, prohibiciones de comunicación...

A ello se suma el hecho de que la Junta de Andalucía decidió el pasado mes retirar un trabajador de refuerzo que tenían esos juzgados de Violencia sobre la Mujer debido a la saturación de asuntos que tramitan, muy por encima de lo recomendado por el Consejo General del Poder Judicial.

Fuente: abcdesevilla.es

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El Supremo absuelve a un juez que dejó libre a un narco a cambio de dinero

El Tribunal Supremo ha absuelto al juez de Málaga Antonio Vicente Fernández de los delitos de cohecho por los que fue condenado a 4 años de prisión, aunque ha confirmado la pena de 10 años de inhabilitación y multa de 2.160 euros que se le impuso por dos delitos de prevaricación.


Así lo ha acordado la sala de lo penal del Alto Tribunal en una sentencia en la que estima parcialmente el recurso interpuesto por el ex titular del Juzgado de instrucción número 3 de Málaga contra la sentencia dictada en marzo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El TSJA también condenó a Fernández por dos delitos de cohecho al pago de una multa de 14.000 euros y a catorce años de inhabilitación, lo que anula el TS.

El Alto Tribunal también absuelve al abogado Francisco P.A., quien fue condenado por cohecho a cuatro años de cárcel, a un jugador de bingo -Antonio M.- y a un matrimonio -Antonia R. y Manuel M.-, quienes lo fueron a dos años de prisión por el mismo delito.

El TSJA consideró probado que el juez, que atravesaba una difícil situación económica, dictó resoluciones judiciales "insólitas y carentes de otra justificación que no sea la de favorecer intereses privados".

Entre otros casos, según la sentencia del TSJA, en agosto de 2004 el magistrado puso en libertad a un narcotraficante y su mujer después de que el abogado de los encarcelados le ofreciera dinero a cambio de que se dictasen sentencias para salir de prisión y para que se autorizara la devolución de 141.545 euros intervenidos en un registro.

En otra ocasión anterior, en connivencia con el citado jugador y con el abogado ordenó la devolución de un premio de 75.000 euros de un bingo de Fuengirola (Málaga), que no le había sido entregado al ganador en ese momento por presuntas irregularidades en la partida en la que resultó agraciado.

Para el Supremo, los delitos de prevaricación están probados, pero con respecto a los hechos que el Tribunal califica como delito de cohecho, "la presunción de inocencia no resulta correctamente enervada".

La sentencia del TS añade que de la situación económica del magistrado, "de aguda necesidad", no cabe inferir "la obtención de dinero en la forma típica del cohecho".

Respecto a los otros absueltos, el Alto Tribunal señala que "ciertamente los hechos que se declaran probados hacen sospechosa la conducta de los imputados, pero esa sospecha no alcanza la certeza que requiere el pronunciamiento penal condenatorio para declarar probado que se pagó y se recibió dinero".

"Tampoco se ha explicado por el Tribunal de instancia el proceso racional que le lleva a declarar, a partir de los indicios que declara, la recepción, o entrega de dinero al magistrado acusado".

La resolución cuenta con un voto particular discrepante del magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Fuente: Libertad Digital

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lunes, marzo 23, 2009

Galicia: El 13% de los funcionarios que trabajan en los juzgados son interinos

A la lentitud y el atraso que caracterizan el funcionamiento de la Justicia en Galicia le ha salido un nuevo enemigo. Casi 350 plazas de funcionarios judiciales están cubiertas en estos momentos por interinos, una situación de provisionalidad que repercute también de forma negativa en el funcionamiento interno de estos órganos. Y es que, según la Xunta, de las 2.570 plazas de funcionarios judiciales que existen en Galicia, un 13,5% están cubiertas por personal eventual.


El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Antonio González Nieto, alertaba de este problema hace ya unos meses, recordando que la mayoría de las personas que cubren estas vacantes nunca habían trabajado en un juzgado y desconocen por completo la dinámica judicial, dos factores que ralentizan el ritmo de todo el órgano. Nieto achaca esta situación al propio funcionamiento de las listas de sustitutos, un sistema “controlado” por los sindicatos con representación, según denuncia, en el que no se suelen tener en cuenta factores como la experiencia judicial.

El incremento del número de plazas que no están cubiertas por titulares no es una tendencia exclusiva de Galicia. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluyó la situación de los funcionarios interinos entre los cinco objetivos prioritarios de su Plan de Actuación inmediata para la Mejora de la Justicia, un conjunto de medidas aprobadas a finales de octubre. En este documento, el CGPJ abogaba, como primer paso, por reducir su número y mejorar su formación.

La labor de los funcionarios, de hecho, resulta clave para el funcionamiento de cualquier órgano judicial. De ellos dependen tareas cotidianas pero imprescindibles para la celebración de los juicios como los actos de comunicación a las partes, la atención directa a los ciudadanos, la recogida y recopilación de documentación o el funcionamiento y actualización de los registros. Por eso, la interinidad en estos puestos puede alterar toda la rutina de un juzgado y si el candidato elegido no reúne el perfil adecuado, acabará repercutiendo en el trabajo del secretario y el juez.

La interinidad, con todo, no es el único problema que afecta al colectivo de los funcionarios judiciales. Según datos de la Consellería de Presidencia, de la que depende todo el cuerpo de auxilio y tramitación procesal de los juzgados gallegos, en estos momentos hay 72 personas realizando labores de apoyo en toda la comunidad, un refuerzo que, en ocasiones, resulta tan o más necesario que la asignación de un juez de apoyo.

Fuente: farodevigo.es

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Jaén: Abogados y funcionarios se suman al clamor por el juzgado Mercantil

El Colegio Oficial de Abogados y la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Jaén (máximo órgano de representación de los trabajadores de los juzgados) se han sumado al clamor para que Jaén disponga de un juzgado dedicado en exclusiva a temas mercantiles, como el resto de las provincias andaluzas. Hasta ahora, el Primera Instancia 4 alterna asuntos civiles con mercantiles. Pero con la crisis no da a basto.


Literalmente, rebosa de papeles. Hasta el punto de que la Junta de Jueces tuvo que acudir a finales de febrero en su rescate para liberarlo de parte de su carga civil, que reparte entre los otros juzgados de Primera Instancia, ya también al límite por la carga de trabajo que soportan.


El Colegio de Abogados, según acuerdo de Junta de Gobierno, ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial y a «cuantas instancias y organismos públicos sea procedente» una petición para la separación funcional del Primera Instancia 4 y Mercantil». Los letrados jienenses consideran su propuesta «sobradamente justificada ante la voluminosa carga de trabajo que el Mercantil viene sufriendo desde la entrada en vigor de la Ley Concursal, que se ha visto agravada en los últimos tiempos con la acumulación multiplicada de expedientes concursales, lo que agrava la eficacia en la resolución de esta especialidad y de los demás asuntos».

Por su parte, la Junta de Personal ha acordado con la unanimidad de todos los sindicatos que se requiera a la Delegación Provincial de Justicia «al objeto de que se proceda para la creación de un juzgado exclusivo de lo Mercantil». El argumento de los representantes de los trabajadores se basa en «el gran aumento de asuntos a tramitar tanto civiles como mercantiles debido a la grave situación económica actual». Además, señalan que Jaén sufre «discriminación» con respecto al resto de provincias de Andalucía.

Los sindicatos también piden medidas para aliviar a toda la jurisdicción civil, exigiendo que aumenten su plantilla en dos funcionarios más por juzgado y que además se proceda al refuerzo coyuntural de todos estos órganos judiciales en Jaén con otros dos funcionarios.

El atasco

El juzgado de Primera Instancia número 4 superó de largo la carga de trabajo que el TSJA asigna un juzgado dedicado en exclusiva a temas mercantiles (se recomiendan 350 y hubo alrededor de 400), asumiendo además asuntos civiles. De hecho, superó también el módulo de trabajo establecido para un juzgado que sólo lleva temas civiles (lo recomendable es 900 y se llegó a los 1.600). El magistrado que lleva el juzgado, Luis Shaw, ya decía a finales de febrero que estaban haciendo el trabajo de tres juzgados. En lo que va de año, el ritmo de entrada de procedimientos mercantiles se ha disparado por la crisis.

El resto de juzgados de Primera Instancia, dedicados sólo a asuntos civiles, tienen que asumir ahora más trabajo (el que han quitado al 4) cuando ya estaban hasta el cuello. Los otros cuatro cerraron 2008 por encima de los 2.000 asuntos tramitados, cuando están diseñados en medios materiales y personal para tramitar 900 al año. Es decir, que cada uno hace el trabajo de dos y parte de un tercero.

Por mucho que Justicia agilice los trámites para mejorar el problema de la jurisdicción civil, no podrá crear otro juzgado este año, cuando está previsto que abra un cuarto penal. Así que como muy pronto, los plazos que se manejan son para finales de 2010, si todo va bien.

Fuente: ideal.es

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domingo, marzo 22, 2009

Navarra: Los juzgados están "al borde del colapso" por la crisis

La Comisión de Personal de la Administración de Justicia alertó de que los juzgados navarros se encuentran "al borde del colapso" por la crisis económica. Según los datos que manejan, el número de asuntos ingresados en lo que va de año ha aumentado un 28% con respecto al año pasado, destacando el incremento en jurisdicciones como la Civil, la Social y la Mercantil, donde se abordan asuntos que se han visto afectados por la recesión económica como los despidos e impagos de hipotecas.


Desde el Tribunal Superior de Justicia se negó que los juzgados se encuentren al borde del colapso y remitieron a la presentación oficial de la Memoria de 2008 dentro de un mes.

El presidente de la Comisión de Personal afirmó en un comunicado que la saturación de los juzgados "está cada día más cerca" y que si se produce supondría "una hecatombe". "Están entrando muchos más asuntos de los que funcionarios pueden terminar. Con estos números, si la crisis terminara el mes que viene sería algo anecdótico, pero como parece que va para largo si continuamos unos meses más el problema de los juzgados va a ser gordo", declaró. Por ello, añadió que "no hace falta ser un lince" para darse cuenta de que si la inversión en Justicia siempre es necesaria, "es precisamente en época de crisis, cuando el número de asuntos se dispara, cuando más hay que invertir en medios materiales y personales".

Más impagos de hipotecas

Según los datos recogidos por la Comisión de Personal, una de las jurisdicciones donde más aumento se ha registrado en lo que va de año es la Civil. El año pasado, entre el 1 de enero y el 16 de marzo, los asuntos ingresados en los juzgados de lo Civil de Pamplona fueron 2.838, mientras que en el curso presente han sido 3.870, un 36,6% más. "El tipo de asuntos de mayor incremento son los que comprenden los impagos, y especialmente las ejecuciones hipotecarias e impago de préstamos".

Los Juzgados de lo Social, adonde llegan los despidos y todos los asuntos del ámbito laboral, también han visto incrementada su actividad. Si se comparan las cifras los dos primeros meses y medio de 2009 con las mismas fechas del año anterior, se ve que el incremento ha sido del 38%, al pasar de 632 a 876 asuntos. En 2007, los ingresos fueron 562.

Mercantil, donde se abordan las quiebras y cierres de empresas, es la jurisdicción que más incremento ha sufrido en Navarra. Si el año pasado registraba un descenso de un 3% con respecto a 2007, este año ha crecido un 44%, al registrar 142 asuntos por los 98 del año pasado, según los datos recogidos por la Comisión de Personal de Justicia.

En lo Contencioso-Administrativo, el aumento ha sido del 24%, mientras que lo Penal, donde más problemas había hasta ahora, no sólo no aumenta sino que desciende un 2%.

Fuente: diariodenavarra.es

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Honduras: Malestar en los juzgados por falta de jueces

Tegucigalpa.- La ausencia de dos jueces en los Tribunales Unificados de Francisco Morazán, tiene molestos a fiscales, litigantes privados y públicos, ya que las audiencias tienden a reprogramarse.


El traslado del juez German García a la Corte Primera de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como la vacante que dejó la juez Eleonora Chang quien se marchó a la República de Chile con el objetivo de obtener una maestría en derecho penal tiene con los “pelos de punta” a los profesionales del Derecho que asisten todos los días a los juzgados.

Asimismo, la incertidumbre que impera en los tribunales, es el nombramiento que hizo la CSJ de la abogada Emily Page como coordinadora de Tribunales Unificados, pero la misma aún no se presenta a sustituir a la también abogada Roxana Morales quien se había ausentado por problemas de salud.

Trascendió que Morales no se ha retirado porque no le han notificado por escrito su separación, ni mucho menos ha llegado la nueva coordinadora a tomar posesión de su cargo, pese a que ya se despidió del cargo anterior que desempeñaba en la CSJ.

Mientras tanto, el malestar de fiscales, defensores públicos y privados permanecerá hasta que lleguen los nuevos jueces a llenar las vacantes de García, Chang y Morales.

Fuente: La Tribuna

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Tenerife: STAJ advierte de los retrasos provocados por un "espía" informático

Las organizaciones sindicales Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y la Sección Sindical de Justicia de Intersindical Canaria (IC) aseguraron en un comunicado que un virus informático está causando "serios problemas" en las terminales informáticas de la Administración de Justicia. En concreto, estos problemas están afectando a los juzgados de Santa Cruz de Tenerife así como a la mayoría de los partidos judiciales de dicha provincia.


Esta situación se lleva apreciando desde la semana pasada, con especial incidencia el viernes día 13, e, igualmente, según STAJ e IC se han venido produciendo también serios problemas durante esta semana, en que "continúa sin darse la debida solución a la citada problemática".

Los sindicatos aseveran que desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias se les ha informado de que dichos problemas están afectando a toda la red del Gobierno de Canarias, en especial a Sanidad y Justicia. Estos problemas se traducen en ralentizaciones de los equipos, notorias demoras en la impresión de documentos, etcétera.

Por otro lado, según STAJ e IC, desde Cibercentro, empresa responsable de controlar la red informática del Gobierno de Canarias, se informa de que dichos problemas se han originado a consecuencia de un virus informático, en concreto un troyano.

Desde ambos sindicatos se ha presentado escrito a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia solicitando los medios necesarios para solucionar los problemas referidos y pidiendo la convocatoria de una reunión para tratar el problema.

Por ello, ambos sindicatos denuncian esta situación que está causando serios perjuicios y retrasos en el trabajo de los diferentes juzgados, apreciándose especialmente estos problemas en órganos especialmente vulnerables, por las materias de las que se tratan y la necesidad de respuesta urgente que de los mismos se demanda, tales como Juzgados de Guardia, Juzgados de Violencia sobre la Mujer o Registro Civil.

En esta línea, para los mencionados sindicatos es "difícilmente explicable que con los medios técnicos que se supone que deben estar a disposición de las administraciones públicas de Canarias, pueda producirse una situación "como la que estamos padeciendo".

Fuente: eldia.es

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jueves, marzo 19, 2009

La última cacería



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Valladolid: La vigilancia, la luz y el pago de los alquileres elevan el gasto corriente

La dispersión en diez sedes judiciales por la ciudad supone el incremento de los gastos que se abonan por la Gerencia Territorial de Justicia en Castilla y León, cuyo presupuesto anual es de unos 3,9 millones de euros para cinco provincias (León, Palencia, Zamora, Salamanca y Valladolid).


En al menos cinco de los locales de Valladolid, el Gobierno central tiene contratado a vigilantes de seguridad de una compañía privada que controlan los accesos a los edificios. Ello implica más de 6.000 euros mensuales (unos 100.000 euros al año). Si hubiera una sóla sede administrativa este gasto se reduciría por cuanto parte la vigilancia se asignaría a agentes de la Guardia Civil que actualmente se ocupan de las entradas en los dos inmuebles principales de la calle Angustías. «El disponer de sedes en régimen de alquiler supone también una 'sangría' en rentas cada año para el Ministerio, sin que se sepa cuál es el horizonte límite», recuerdan fuentes judiciales.

Los gastos de mantenimiento (luz, agua, calefacción, etc.) son otros de los desembolsos que se tienen que hacer. La dispersión de órganos jurisdiccionales comporta además de la falta de operatividad otro gasto en transportes de los expedientes judiciales y funcionarios. La Gerencia abona las facturas de los taxis que se utilizan para ir de una sede a otra por parte de los agentes, un hecho que se evitaría estando en el mismo edificio.

Fuente: nortecastilla.es

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Otro "dolor de Muelas" para el ex ministro Bermejo

La alcaldesa de la localidad zaragozana La Muela, María Victoria Pinilla (PAR), que en la foto aparece tomándose unas copas con el dimitido ministro socialista Bermejo en noviembre de 2007 durante un viaje a Argentina, ha sido detenida este miércoles junto a otras 17 personas (incluido su marido) por su presunta implicación en delitos urbanísticos y económicos dentro de la Operación policial denominada 'Molinos', según informan fuentes cercanas a la investigación.

El Juzgado de Instrucción de La Almunia y no el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fue quien ordenó esta operación policial que comenzó a las 8.00 horas y terminó a las 9.25 horas, según indicaron las mismas fuentes. El caso está bajo secreto de sumario.

La Muela, situada a unos 20 kilómetros de la capital aragonesa, es una localidad que ha crecido mucho en los últimos años, y cuenta ya con 5.000 habitantes, según el último censo.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) llevaron a cabo registros en la Casa Consistorial y en el domicilio de la regidora. También fue registrada la empresa Aranade, de gestión y promoción inmobiliaria, vinculada al desarrollo de La Muela y que ha realizado proyectos en el polígono 'Centrovía', en el Auditorio, en la Plaza de Toros, en el complejo del centro deportivo, en las plantas depuradoras y potabilizadoras, así como en varias zonas residenciales.

La puerta de entrada al Edificio Aranade está custodiada por agentes uniformados de la Policía Nacional y también se encuentra presente un miembro de la Agencia Tributaria. Varios agentes policiales de paisano salieron del edificio pasadas las 11.30 horas con una bolsa y abandonaron la zona en un vehículo. El Edificio Aranade es la sede de la empresa Aragón Navarra de Gestión, S.L. y fue inaugurado en octubre de 2007.

La puerta de acceso al Ayuntamiento se encontraba custodiada por varios agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.

Los delitos que les imputa el juez de La Almunia, que ha decretado el secreto de sumario, son corrupción, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero.

La actividad política de la alcaldesa de La Muela, que permanece al frente del Consistorio desde 1987, ha sido muy controvertida en los últimos tiempos al apoyar e impulsar grandes proyectos urbanísticos, y subvencionar viajes turísticos para cientos de vecinos a destinos internacionales.

Fuente: Periodista Digital

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Jaén: Los juzgados de lo Penal señalan ya juicios para 2010 por la saturación que padecen

Seis de los siete acusados por una riña multitudinaria en un pub de Alcalá en 2006 esperaban, junto a sus letrados, que les impartiesen Justicia en el Penal 2 de Jaén. Esperaron y esperaron durante la mañana, pero al filo del mediodía se desistió y hubo suspensión por incomparecencia de uno de los implicados. Se inició entonces el ritual habitual que sigue a la suspensión de un juicio multitudinario: caras largas de los más prudentes y maldiciones de los más enfadados por la mañana perdida, y paso por la oficina del juzgado para que los citasen de nuevo. Entonces llegó la sorpresa: las citaciones se dan ya para 2010. A nueve meses vista.


Hace apenas unos años en las agendas de los juzgados de lo Penal había juicios marcados para los próximos cuatro o cinco meses. Sin embargo, la situación en esta jurisdicción se ha deteriorado mucho por la saturación de los tres órganos judiciales que existen. Se prevé la creación de un cuarto penal para finales de este año, aunque la Junta de Andalucía está haciendo gestiones para acelerar en lo posible el proceso y abrirlo cuanto antes.

Más personal

Mientras llega el nuevo Penal, la Junta de Personal de la Administración de Justicia (máximo órgano de representación de los trabajadores) ha exigido a la delegación provincial de la Junta que refuerce los tres juzgados de lo Penal actualmente en funcionamiento con un funcionario más cada uno. Los sindicatos recuerdan que la administración se comprometió a reforzar estos órganos mientras que se amplía la planta judicial. El sentir de los sindicatos es que la provincia de Jaén está siendo discriminada.

Fuente: ideal.es

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Garzón, excluido para presidir la Audiencia Nacional


La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer la terna de aspirantes a presidir la Audiencia Nacional que será elevada al Pleno de este órgano del próximo día 26 y que integran el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Juanes, el actual presidente en funciones de la Audiencia Nacional Carlos Lesmes y la magistrada de lo Contencioso de este órgano Elisa Veiga. La Comisión ha descartado por tanto las candidaturas de los otros ocho aspirantes a la plaza, entre los que se encontraría el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.


También han quedado fuera el juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno; el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano Javier Gómez Bermúdez y el presidente de Sección del mismo Alfonso Guevara, al igual que el resto de aspirantes, José Luis Sánchez (de lo Contencioso de la Audiencia), Ignacio Espinosa (presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja) , Vicente Magro (Audiencia de Alicante) y Antonio Díaz Delgado (Audiencia de Cuenca).

Fuente: Minuto Digital

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Sevilla: Roban un ordenador y material informático en un juzgado

Un juzgado de Sevilla ha sufrido el robo de un ordenador portátil y varios lápices de memoria que estaban depositados en un armario del despacho del secretario judicial, en un suceso que se une a la oleada de robos que sufrieron varios juzgados en septiembre pasado.



Fuentes judiciales han informado de que el robo fue cometido en el juzgado de instrucción 15 el pasado mes de febrero, cuando los ladrones penetraron en el despacho del secretario judicial, fuera de horas de oficina, y forzaron dos armarios.

Allí se apoderaron de un ordenador portátil y de varios lápices de memoria que habían sido incautados en un sumario por estafa, han añadido las fuentes.

El decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ha informado de que en las últimas semanas se ha denunciado además el robo de dinero a un funcionario dentro de la oficina judicial, sustrayéndolo de un bolsillo de su propia chaqueta en un descuido.

Los juzgados sevillanos sufren periódicamente oleadas de robos como la registrada en septiembre de 2008, cuando los ladrones penetraron en varios de ellos y se llevaron ordenadores y teléfonos móviles.

Los secretarios cuentan con una caja fuerte en la que solo pueden depositar los discos duros externos, joyas y otros objetos incautados que ocupen poco espacio, han explicado fuentes judiciales.

Fuente: diariodesevilla.es

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Caamaño y las asociaciones judiciales acuerdan poner "el contador a cero"

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha expresado este miércoles su voluntad de poner "el contador a cero" tras reunirse con las asociaciones judiciales, a las que ha anunciado la próxima convocatoria de 220 plazas de jueces y que mantendrán la competencia de fijar los señalamientos de juicios.


Caamaño y los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han mantenido este miércoles la primera reunión formal desde el nombramiento del ministro, de la que todos han destacado el diálogo y la voluntad de colaboración para mejorar la Justicia.

Respecto a la huelga de jueces anunciada para el 26 de junio, el ministro ha insistido en que este miércoles se ha dado un paso importante para ponerse a trabajar conjuntamente, mientras que las asociaciones han confiado en que no sea necesario acudir a esta medida de presión.

La primera de las medidas propuestas por el ministro a los representantes judiciales ha sido la de ampliar de 150 a 220 las plazas de jueces y de 83 a 150 las de fiscales, que se materializarán en la próxima convocatoria.

Además, para que estas plazas sean efectivamente cubiertas y no queden vacantes, se permitirá a los opositores que no hayan superado el último examen y sí los anteriores, reservar la nota más alta para la siguiente convocatoria.

El Ministerio ha atendido también una de las principales reivindicaciones de los jueces, como es que se mantenga su competencia para el señalamiento de la agenda de juicios, que el proyecto de ley de implantación de la nueva oficina judicial atribuía a los secretarios judiciales.

Caamaño ha explicado que, al encontrarse el proyecto en trámite parlamentario, intentará consensuar con los grupos una enmienda para conciliar esta competencia de los jueces con las funciones atribuidas a los secretarios judiciales.

Conciliación de la vida laboral y familiar

También se ha decidido la creación de un grupo de trabajo específico, que comenzará a funcionar el próximo martes, para estudiar las propuestas de conciliación de la vida laboral y familiar en la carrera judicial, donde el 66 por ciento de los jueces son mujeres.

Otros compromisos abordados han sido el estudio de fórmulas para reducir progresivamente los jueces sustitutos e incentivar las sustituciones entre los titulares, acometer un plan urgente para la informatización integral de la Justicia y diseñar una nueva ley de Planta y Demarcación.

Caamaño ha insistido en su "compromiso personal" para trabajar "sin descanso" y se ha mostrado convencido de que contará con la colaboración de las CC.AA. y del Poder Judicial.

Las propuestas del ministro han sido acogidas con "optimismo" por las asociaciones judiciales, que han destacado que este nuevo marco de cordialidad y voluntad negociadora podría permitir que la huelga anunciada para junio "no sea necesaria".

Así lo han constatado los portavoces de las dos asociaciones que convocaron la huelga del 18 de febrero, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, Marcelino Sexmero y Conrado Gallardo, respectivamente, aunque de momento no desactivarán las protestas anunciadas hasta que se avance en las negociaciones.

No creen que se llegue a la huelga

"Creemos que no van a ser necesarias las movilizaciones ni la huelga" ha dicho Sexmero, mientras que Gallardo aseguraba que esperan que "no haga falta ningún acto de protesta" y manifestaba su confianza en conseguir soluciones en un plazo de tiempo razonable.

La APM y JpD, que no secundaron la huelga de febrero, también han resaltado los "gestos positivos" del ministro, que -a su juicio- han abierto el camino hacía una solución dialogada y han propiciado una atmósfera distinta a la de hace dos meses, cuando se reunieron con Mariano Fernández Bermejo.

Para el portavoz de la APM, Antonio García, "si la voluntad del ministro se traduce en soluciones concretas, todo irá bien para todo el mundo".

Por su parte, Miguel Ángel Gimeno, portavoz de JpD, insistía en que tras dos meses perdidos, esperan que ahora las negociaciones entren en una "velocidad de crucero" con el único objetivo de conseguir una Justicia de calidad para los ciudadanos.

Fuente: Estrella Digital

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miércoles, marzo 18, 2009

La crisis provocará un aumento de la criminalidad, según Divar


La crisis podría tener como efecto de un “nada descartable” aumento de la tasa de criminalidad. Así lo ha considerado el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, durante su primera comparecencia en el Parlamento desde su nombramiento el pasado mes de septiembre. En ella, Dívar ha presentado ante la Comisión de Justicia las Memorias del CGPJ de los tres últimos años y los datos más recientes sobre la situación de los juzgados y tribunales correspondientes a 2008.


La situación más alarmante presentada por Dívar ha sido la relativa a la repercusión que la crisis económica puede tener en la carga de trabajo que soportan los tribunales, e incluso ha alertado de la posibilidad de un previsible incremento de la tasa de criminalidad como un “efecto nada descartable”, aumentando así el volumen de asuntos en la jurisdicción penal.

Dívar ha considerado también como “especialmente graves” las consecuencias de la crisis en el orden social -con un aumento de los procedimientos por despido-, y en el orden civil, en donde se han multiplicado los procedimientos provocados por situaciones de insolvencia empresarial y familiar. Esto último ha ocasionado el “colapso” de los Juzgados de lo Mercantil, donde el número de concursos presentados ha pasado de 1.596 en 2007 a 4.813 en 2008.

El fenómeno de la inmigración ha tenido también una influencia muy relevante en la jurisdicción contencioso-administrativa, en especial en los juzgados unipersonales, lo que, según Carlos Dívar, provoca una sobrecarga de trabajo que repercute en el resto de asuntos pendientes.

En general, según la Estadística Judicial provisional, el pasado año ingresaron 9.060.367 asuntos, con un incremento del 6,9 por ciento respecto a 2007, y de ellos el 18,9 por ciento correspondieron a la jurisdicción Civil, el 73,1 por ciento a la Penal, el 3,4 a la Contencioso-administrativa y el 4,6 a la Social.

Ante este aumento de trabajo, Dívar ha destacado que en el tercer trimestre de 2008 el CGPJ ha cifrado la necesidad de juzgados de Primera Instancia para ese periodo en 433 juzgados más.

No obstante, Divar ha destacado que la mala imagen que la sociedad tiene de la Justicia, no se corresponde con el bajo número de reclamaciones que se producen cada año por un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (396 en 2005, 389 en 2006, 241 en 2007 y 224 en 2008).

Fuente: Minuto Digital

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martes, marzo 17, 2009

ADIC reclama un listado de nombres cántabros para los registros civiles

«¿Cómo que no me deja ponerle Brez? ¿Y por qué sí Abdulá o Güendolín?». Dicen desde la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) que más o menos así se desarrolló una airada discusión en un registro civil cuando un socio de Camaleño acudió tan contento con el topónimo lebaniego perfecto para su bebé. A nadie en la oficina sonaba Brez.


En las estanterías: libros de nombres vascos, gallegos y catalanes. De cántabros, «un par de folios» redactados por los propios funcionarios a medida que se van inscribiendo, que son «listados de dudosa procedencia y no realizados por especialistas». En cuanto a extranjeros, «como no se rigen por nuestra ley, no les importa».

Dice el presidente de la asociación, Bernardo Colsa, que hay «un exceso de celo» con los de casa en estas cuestiones y que se pide lo impedible para certificar la existencia de los nombres cántabros. Tanto es así que, hace un tiempo, uno acudió a inscribir a su hijo como Nel (diminutivo cántabro de Manuel) y le sugirieron «mejor Mel», por el Gibson, más conocido por los del registro, vaya.

«Un certificado, por favor»

Últimamente «nos ha llamado una veintena de personas», continúa Colsa, implorando certificados de nombres. Pero resulta que ADIC no es un organismo oficial ni tiene por qué dedicarse a tales menesteres. No hay academia de la lengua cántabra ni, de momento, el cántabro es una lengua. Así las cosas, se limitan a recomendar algo de bibliografía para demostrar la existencia de los antropónimos: en novelas costumbristas, libros de historia y en dos obras dedicadas al asunto: 'Nombres cántabros de persona', de Gelu Marín, y 'Onomástica de Cantabria', de Jesús J. Maroñas. También recuerdan a los 'agraviados' que según la Ley del Registro Civil se puede poner cualquier nombre siempre que no cause duda de género o sea lesivo para la persona.

Aclaran que «no en todos» los registros son así de puntillosos, pero que facilitaría las cosas «que incorporen un listado de nombres cántabros de persona elaborado por un organismo competente de la Comunidad Autónoma, se ajuste a derecho sin quedar al arbitrio aleatorio de la comprensión de un funcionario».

Pero, mientras no lo hay, la tarea de los trabajadores es bien difícil, si alguien va a inscribir a su hijo como Andoto o Elanio (nombres masculinos recogidos por ADIC «usados en otras épocas»), o los femeninos Amia, Dovidena y Quemia, también en esa categoría de «antiguos». Hoy es más «moderno» usar la toponimia y ya se admiten Buelna, Luria, Naroba, Tanea, Olalla y Cumbres para las niñas, y el aludido Brez, Jano o Iurde (que viene de Jorge, usado sobre todo en Santiurde) para los niños.

Colsa señala otros «más tradicionales» y de los que existe constancia de que ha habido dificultades para su reconocimiento «aún sin la certeza de que alguien se llame así»: Luga (que significa rayo de luz) y, más conocida, Anjana.

Y constan variantes cántabras de nombres comunes en España, como Ñevis (Nieves) y Mariya (María), o Nelu (Manuel), Gelu (Ángel), Cenciu (Inocencio) o Cibriá (Cipriano).

Aseguran en ADIC que por San Vicente está «muy extendido» el nombre de Barquera para las niñas, con el María delante, además de otros relacionados con las tradiciones como Puerto, Valvanuz, Brena, Olalla, Olaja, Cruz, Valmayor, Lindes, Montes, Mar y Montesclaros, sobre todo si así se llama la patrona del pueblo. Añaden en esta categoría Amós «muy extendido entre gente marinera, pero no privativo de Cantabria», Colío o Ibio.

Parece que ya empieza a haber muchas Devas, Laras, Laros y Necos; que quién sabe si a alguno ya le gusta Pas, Abano, Talania, Noive, Acca, Vado (¡!) o el mismo Cántabro para su criatura, y que otros apuestan por cantabrizar a sus chicos con Isidoru o, más aún, Sidoru. Sea cual fuere el nombre escogido, que acompañará (o perseguirá) a su dueño mientras viva, ADIC cree urgente y necesario que el asunto se normalice «para evitar situaciones incongruentes». Que dentro de unos años uno no descubra que su nombre no existe ni significa nada.

Fuente: eldiariomontanes.es

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Nadie quiere ser fiscal en Sicilia

Ser juez o fiscal en Sicilia y Calabria, dos territorios con una fortísima presencia mafiosa, exige un grado de valentía que, la verdad, muy pocos demuestran tener. Poquísimos, a juzgar por la dramática escasez de magistrados que sufren estas dos regiones.


Hasta el punto de que algunos pequeños juzgados no sólo corren el riesgo de verse 'paralizados', sino que se enfrentan directamente 'al cierre', según denuncia en un informe la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), la principal organización judicial de Italia, que no duda en calificar la situación de "gravísima emergencia".

¿Quiere ejemplos? En Sicilia, donde en los años 90 fueron asesinados los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, se acaba de celebrar un concurso público para cubrir 55 plazas vacantes de fiscal sustituto. Y ha sido un fracaso absoluto: tan sólo se han presentado cuatro miserables aspirantes.

Por no hablar de lo que sucedió en enero pasado, cuando el Consejo Superior de la Magistratura (el órgano de autogobierno de los jueces italianos) convocó un concurso para 205 puestos vacantes de fiscal en 97 juzgados del país (el 25% de ellos en Sicilia) y que concluyó de nuevo en desastre total. Para las 12 plazas en liza en Palermo presentaron solicitudes 23 magistrados, pero 20 de ellos acabaron echándose atrás. En Catania, sólo uno de los siete puestos vacantes ha sido cubierto. Y los otros 12 juzgados sicilianos con plazas disponibles no tuvieron ni un solo pretendiente, según revela EL "Corriere della Sera".

La presencia de 'Cosa Nostra' en Sicilia tiene mucho que ver con todo esto. Pero no lo explica todo. La escasez de fondos que tradicionalmente padecen los juzgados del sur de Italia también pesa como una losa, al igual que los bajos sueldos que suelen cobrar los magistrados que ejercen en Sicilia y otras regiones meridionales. De hecho, está previsto que en el próximo concurso para acusadores públicos se ofrezcan incentivos económicos: un sueldo de 2.500 euros netos durante cuatro años. Aunque muchos dudan que esa estrategia vaya a funcionar...

Y también influye la reforma de la Justicia emprendida por el Gobierno de Silvio Berlusconi y que separa definitivamente la carrera de juez de la de fiscal. Hasta ahora, un magistrado italiano podía alternar su ejercicio como acusador público o como juez. Sin embargo, en la actualidad un juez que decide hacerse fiscal no puede dar marcha atrás hasta pasar cinco años en una región distinta de la de procedencia.

Fuente: elmundo.es

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lunes, marzo 16, 2009

Cantabria: El TSJ solicita un juez de refuerzo para los Juzgados de lo Social

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado solicitar al Consejo General del Poder Judicial la dotación de un juez de refuerzo con el fin de atender el incremento de asuntos que han entrado en los últimos meses en los Juzgados de lo Social de Santander.


El TSJC destaca en un comunicado que sólo en el primer mes de este año, los cinco Juzgados laborales de Cantabria han ingresado 156 asuntos, frente a los 54 que entraron en enero de 2007 o los 62 en el mismo periodo de 2008, lo que pone de manifiesto una tendencia creciente con incrementos de 188% respecto a 2007 o del 152% respecto al pasado año.

"La importancia de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país y su incidencia sobre la vida y la economía de las personas físicas y jurídicas, ha hecho que se haya incrementado notoriamente la carga de trabajo" de estos Juzgados laborales, señala el acuerdo de Sala de Gobierno.

Añade que "el propio Consejo General del Poder Judicial ha interesado que se eleve la propuesta que se estime conveniente para reforzar los Juzgados de lo Social de Santander".

Por eso, el órgano de gobierno de los jueces en nuestra región acuerda solicita una medida de refuerzo consistente en la comisión de servicio de juez de la carrera judicial y con relevación de funciones, que de forma rotatoria atienda o palie la sobrecarga de trabajo de los cinco Juzgados laborales de Cantabria.

Los últimos datos disponibles recogidos por el Tribunal Superior de Justicia para la Memoria Judicial de 2008 -que se encuentra en fase de elaboración-, ponen de manifiesto que durante el pasado año se produjo un aumento notable en la entrada de asuntos en el Orden Jurisdiccional Social. Así, frente a los 4.335 pleitos planteados en 2007, un año después se presentaron 5.365, esto es, un incremento cercano al 25%.

Concretamente, en materia de despidos y extinciones de contratos, durante el último trimestre de 2008 entraron 433 asuntos, frente a los 142 del mismo periodo del año anterior, lo que significa que este tipo de pleitos se multiplicaron por tres o, lo que es lo mismo, el incremento fue superior al 200%.

Fuente: cantabrialiberal.com

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