martes, noviembre 30, 2010

Una jueza de Murcia divide al Tribunal Constitucional en un recurso contra la Ley de Violencia de Género

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, María Poza, sobre dos artículos de la ley de violencia de género, en una sentencia resuelta por seis votos a favor y cinco votos discrepantes que apoyaron las tesis de la magistrada. Poza, según la sentencia del TC, cuestionó la constitucionalidad del artículo 171.4 del Código Penal al considerar delito, y con pena más grave, todas las amenazas leves producidas en un ámbito familiar reducido, como la del padre hacia los hijos.


En opinión de la magistrada Poza, se estaría violando el principio de proporcionalidad, por lo que en su recurso proponía el establecimiento de un régimen de penas idéntico para todos los sujetos comprendidos en el citado precepto.

Así, las amenazas leves con armas u otros instrumentos peligrosos serían castigadas como delito, mientras que las restantes amenazas leves lo serían como una falta.

Según la jueza murciana, el artículo vulneraría también el principio de igualdad contenido en la constitución al diferenciar a la hora de fijar las penas cuando el autor fuese varón o mujer.

Asimismo, la cuestión de inconstitucionalidad se extendió también al artículo 173.2, al considerar la magistrada que vulnera la Carta Magna al castigar dos veces un mismo hecho delictivo.

Según este artículo, los maltratadores serán castigados con penas de seis meses a tres años de prisión y, además, con aquellas que correspondan a los delitos o faltas en que se concreten los actos de violencia física o psíquica.

El pleno del TC, por mayoría de seis miembros frente a cinco, ha rechazado la cuestión de inconstitucionalidad, al estimar que los artículos contra los que recurrió el Juzgado de lo Penal de Murcia son acordes a la Carta Magna.

Sin embargo, otros cinco comparten los criterios mantenidos por Poza en su recurso.

Fuente: La Ley

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Sevilla: Justicia repetirá el examen a los opositores afectados por el apagón

El Ministerio de Justicia colgó ayer en su web una nota para apaciguar los ánimos del numeroso colectivo de afectados en Andalucía por el apagón que el sábado obligó a suspender las oposiciones al cuerpo de auxilio judicial en uno de los edificios donde se celebraban los exámenes en Sevilla. En la nota, Justicia informa que los afectados serán convocados de nuevo a la realización de los ejercicios a partir del mes de enero, en fecha por determinar.


Al menos 600 opositores de los varios miles que se examinaron no pudieron concluir el examen debido al corte de suministro eléctrico ocurrido en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Edificación, de la Universidad de Sevilla, en la mañana del sábado.

En ese momento más de quince mil personas se examinaban en Sevilla de las oposiciones al cuerpo de auxilio judicial, que para esta convocatoria cuenta con 937 plazas en todo el país para cubrir por acceso libre, de ellas 251 en Andalucía. Los examinandos se repartían en dos campus de la Universidad de Sevilla, el de Reina Mercedes y el de Ramón y Cajal. Fue en el de Reina Mercedes donde se produjo el apagón pasadas las 12 del mediodía del pasado sábado, una mañana además lluviosa.

Los opositores esperaron un buen rato sentados, pero viendo que el arreglo de la avería iba a tardar más de una hora, según indicó Endesa a los responsables de coordinar el examen, estos se pusieron en contacto con Madrid, con el tribunal calificador único, que autorizó la suspensión del examen.

Lo mismo que todas las oposiciones de carácter estatal, todos los aspirantes deben realizar el examen a la misma hora en todo el país. Esto tampoco ocurrió en Sevilla, según varias fuentes. Las pruebas se retrasaron debido no sólo al apagón de luz, sino a que en Madrid hubo algunas incidencias por el temporal, lo que obligó a esperarles. Algunos opositores que llegaron a realizar el examen en Andalucía cuentan además irregularidades tales como que se dejó ir al baño a varias personas a la vez con el sobre del ejercicio ya abierto, pero antes de empezar a contestarlo. Numerosas quejas sobre la organización y el desarrollo del examen podían leerse en los foros de opositores en Internet. En todos cundía el nerviosismo y malestar en unas pruebas paras las que muchos han esperado meses.

Fuente: diariosur.es

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El CGPJ firma un convenio con el Gobierno vasco para favorecer a las víctimas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno Vasco quieren que se les brinde a las víctimas del terrorismo "no sólo el reconocimiento de la sociedad, sino la mejor atención posible". Por este motivo, el pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado el pasado jueves un convenio de colaboración con el Ejecutivo vasco.


Para conseguir el objetivo de este convenio la Audiencia Nacional tendrá un papel prioritario. El acuerdo pretende que desde la Oficina de Atención a las Víctimas de dicho tribunal "se impulse las gestiones oportunas para la incorporación en su caso de personal encargado" de atender a las víctimas.

En esta misma línea, la Audiencia negocia actualmente con el Ministerio de Justicia la ampliación del número de funcionarios asignados a dicha oficina, así como la implantación de medios informáticos que permitan controlar el estado de las condenas de terroristas con el fin de facilitar a los afectados información precisa y actualizada.

En estos momentos, la Oficina cuenta con un único funcionario que no puede asumir adecuadamente las funciones recogidas en la reforma del Código Penal que establece que este departamento debe informar sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas y acceso a los recursos económicos, técnicos y psicológicos que éstas puedan requerir.

Con objeto de asumir estas funciones de forma correcta, la AN ya ha solicitado el traslado de otros dos funcionarios a la Oficina, una psicóloga y un trabajador social actualmente dependientes de Vigilancia Penitenciaria, sin obtener por el momento respuesta del Ministerio que encabeza Francisco Caamaño.

Fuente: Libertad Digital

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Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo cambiará el PGO para dar a Justicia 3 plantas más

La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha solicitado ya ante la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz la licencia para permitir tres plantas más en el actual Palacio de Justicia de Tres de Mayo. Así lo ha confirmado la viceconsejera de Justicia, Carolina Déniz en un reciente encuentro con los sindicatos para abordar las carencias de este Departamento.


En la reunión la viceconsejera admitió que el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz no permite elevar en más alturas este edificio por lo cual será necesario pedir una modificación del planeamiento lo que retrasará aún más el inicio de las obras. Esta ha sido la alternativa planteada por el consejero, José Miguel Ruano ante la imposibilidad de concluir hasta el año 2023 la conocida como Ciudad de la Justicia, un inmueble de más de 24 plantas que va a estar situado en Cabo Llanos.

Crisis

La crisis económica, sin embargo, ha hecho que apenas se pueda incluir en los presupuestos del próximo ejercicio la cantidad simbólica de un euro ante la imposibilidad de empezar las obras en el plazo inicialmente barajado. Los sindicatos son muy pesimistas sobre la posibilidad de incrementar las alturas sobre el actual Palacio de Justicia de Tres de Mayo y recuerdan que ya han denunciado la aparición de grietas en las paredes del edificio. Justicia ha recabado a los arquitectos originales un estudio sobre las posibilidades de proceder a esta reforma. En cualquier caso se considera que los trámites para iniciar las obras y acabarlas implicarán que al final coincidan con el inicio de la construcción de la Ciudad de la Justicia.

Mientras el portavoz del grupo parlamentario socialista en la Cámara regional, Francisco Hernández Spínola, ha presentado una pregunta al consejero con el fin de que explique cuándo van a finalizar las obras de este Palacio. El diputado recordó que el propio Ruano ha dicho que la obra no podrá estar acabada hasta dentro de más de una década.

Ante ello, el consejero adelantó en el Parlamento la posibilidad de elevar el actual edificio en tres plantas más lo que sin embargo requiere una modificación del PGO, trámite que dura varios meses. "Nos gustaría saber si al final va a resultar que una y otra obra van a coincidir en el tiempo. Por eso hemos pedido que se despeje la preocupación que tenemos los socialistas de que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no se puedan llevar a cabo las inversiones necesarias para garantizar un funcionamiento correcto de la Justicia", señaló Spínola.

El nuevo inmueble fue diseñado por el equipo de arquitectos Correa y Estévez y contempla la ejecución de 27 plantas, apenas tres menos que las torres situadas en los alrededores. En la conocida como Ciudad de la Justicia estaba previsto situar todos los juzgados que existen en estos momentos en la capital, excepto los penales.

En 2011 se calculaba que iban a poder iniciarse las obras, al menos en lo que tenía que ver con la cimentación, pero lo cierto es que el Gobierno canario sólo incluyó una partida simbólica de un euro con el fin de comprometer en el futuro este gasto. Justicia planteó en su momento la posibilidad de recurrir a la iniciativa privada para costear la construcción pero los elevados intereses a abonar durante treinta años resultaron prohibitivos y desaconsejaron esta alternativa. El nuevo inmueble busca dar respuesta a las carencias que en materia judicial tiene la ciudad a muy largo plazo de tiempo.

Las mayores partidas en inversiones para infraestructura en materia de Justicia se irán en el próximo ejercicio para el nuevo edificio de Juzgados de La Laguna que recibirá un millón de euros mientras que para el de Las Palmas de Gran Canaria está prevista la inversión de tres millones.


Fuente: laopinion.es

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lunes, noviembre 29, 2010

Andalucía: El Tribunal Administrativo será nombrado a dedo por Griñán

La de hoy es una ocurrencia peligrosísima para el Estado de Derecho y las libertades ciudadanas. Se ha sabido que la Junta quiere nombrar 'a dedo' a un Tribunal Administrativo "independiente" para resolver pleitos sin tener que ir al Juzgado ordinario y aliviar el atasco judicial. En realidad, si esto se consuma, los andaluces dependerán, no de jueces y/o personas independientes para resolver su conflictos con la Administración, sino que será el gobierno socialista el que les imponga el Tribunal que resolverá los conflictos que se tengan con ella. En este caso, Montesquieu no es que muera, sino que es matado deliberadamente. Todo esto se ocultó cuando se presentó el proyecto el pasado mes de enero.


Como es sabido, de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Bajo el anuncio de rebajar el trabajo de la Justicia en temas menores y con el fin de agilizar la resolución de los conflictos, lo que quiere hacer el gobierno Griñán es ser juez y parte de los conflictos con los ciudadanos. Los ciudadanos protestarán ante un tribunal que habrá sido nombrado a dedo por el gobierno Griñán. No se hacen más juzgados de lo administrativo, sino que la Junta ocupa esta parcela de la administración de justicia.

Según El Mundo, el Tribunal Administrativo es un proyecto de la anterior consejera de Justicia y Administración Pública Begoña Álvarez que ahora debe impulsar la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Inicialmente, la judicatura veía con buenos ojos este tribunal porque podría aliviar el atasco judicial actual, al resolver asuntos que afectan a la Junta y que ya no llegarían al juzgado. El proyecto es también positivo porque tiene previsto dar respuesta a las demandas ciudadanas o de empresas en sus litigios contra la Junta en un plazo máximo de dos meses, frente a los más de cinco años que puede durar un contencioso administrativo en los tribunales de justicia ordinarios.

Cómo no, el anteproyecto de ley de este tribunal subraya que "ejercerá sus funciones con autonomía funcional, para garantizar su objetividad e independencia" y que se trata de un «órgano técnico independiente», que está "fuera de la línea jerárquica de las estructuras administrativas en las que se producen los actos y resoluciones recurridas". Pero es la Junta la que va a nombrar a dedo a sus miembros.

En el Anteproyecto, se dice que el presidente de este órgano será nombrado por el Consejo de Gobierno entre personas funcionarias de carrera que sean «juristas de reconocido prestigio» con una experiencia superior a diez años. Esto es, lo nombrará Griñán.

El Tribunal Administrativo estará compuesto, además, por un número de vocales «no inferior a ocho», que serán elegidos mediante libre designación, sistema también conocido como a dedo, entre funcionarios de carrera del grupo A que «sean juristas de reconocido prestigio con una antigüedad superior a cinco años», precisa el anteproyecto. Esto es, también los va a nombrar Griñán.

El tribunal contará con tres sedes o secciones que se ubicarán en Granada, Málaga y Sevilla, las capitales que cuentan con salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Entre estos vocales, serán elegidos los presidentes de las secciones segunda y tercera del tribunal, que contará con una sección primera que encabezará el «jurista de reconocido prestigio» que decida el Consejo de Gobierno. Esto es, lo nombrará Griñán.

El secretario general es el único miembro «con voz y sin voto» en el nuevo tribunal. El secretario general de la sección primera será nombrado por el presidente del Tribunal Administrativo, mientras que los encargados de las secciones segunda y tercera serán elegidos mediante concurso de méritos entre funcionarios del grupo A.

Griñán acentúa su carácter autoritario

La información que facilitó la Junta el pasado enero, cuando el Consejo de Gobierno acordó iniciar los trámites para crear este órgano, no tiene nada que ver con el presentado ahora. El autoritarismo de Griñán se ha visto acentuado. En enero, el presidente Griñán sólo podía designar directamente al presidente del Tribunal pero los puestos de vocal «se proveerán mediante concurso de méritos entre profesionales del mismo perfil y con una antigüedad superior a cinco años», y así lo recogía la información facilitada el 26 de enero por la oficina del Portavoz de la Junta.

Pero ahora, el concurso de méritos sólo se reserva para los miembros del tribunal sin voto, es decir, los secretarios generales de dos de las secciones, porque el de la primera es designado, a su vez, por el presidente del tribunal. Esto es, nueva humillación para los funcionarios y apoteosis del dedo.

Aunque sus objetivos son bienintencionados, la manera de designar a quienes lo componen puede degenerar en una auténtica dominación del gobierno y de la Junta sobre la ciudadanía siendo juez y parte de los contenciosos que se produzcan.

Fuente: Libertad Digital

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El CGPJ aprueba la creación del primer sistema de prevención de riesgos laborales para jueces y magistrados

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia para la creación del primer Sistema de Prevención en Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud de los jueces y magistrados. Por primera vez en su historia, los miembros de la carrera judicial dispondrán de un plan destinado a garantizar su seguridad en el desempeño de su actividad profesional y que también contempla medidas de protección durante los "periodos de gestación, maternidad y lactancia" de las trabajadoras con el fin de "evitar situaciones de riesgo, tanto para su propia seguridad y salud como para las del feto o lactante".


Según ha informado el máximo órgano de gobierno de los jueces, los vocales han tomado esta decisión atendiendo a las responsabilidades que comparten tanto el CGPJ como el Departamento de Justicia desde "el punto de vista empresarial", entre las que ha citado el nombramiento de jueces y magistrados, su régimen disciplinario, ascensos o formación.

COLABORACIÓN DE LAS CCAA

"Atendiendo a esta realidad, resulta necesario suscribir el presente convenio, en el que se contempla el marco de colaboración de ambas instituciones", estiman los vocales, que han considerado también "imprescindible" la cooperación de las comunidades autónomas con las competencias transferidas.

Para establecer una "adecuada" vigilancia de la salud de los jueces y magistrados, entre quienes se incluyen los sustitutos y suplentes, el CGPJ constituirá un Servicio de prevención de riesgos laborales que apoyará al Ministerio de Justicia.

Una vez que este Servicio disponga de los medios necesarios, se constituirá una Comisión de Seguimiento en el plazo máximo de seis meses que procederá a la aprobación inicial del Plan de Prevención, el cual se pondrá en conocimiento de todos los miembros de la carrera judicial y de las asociaciones judiciales.

Esta Comisión estará formada por cinco representantes del CGPJ, otros cinco del Ministerio y un miembro de cada asociación, siempre que su número de asociados supere el 5 por ciento del total de profesionales.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales abarcará la evolución de los riesgos, el análisis periódico de las condiciones laborales y la "formación e información suficiente y adecuada" en esta materia. El convenio adoptado en la sesión plenaria entrará en vigor con la firma del mismo por Justicia y el CGPJ por "una duración indefinida".

Fuente: lainformacion.com

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Sevilla: Un apagón obliga a suspender las oposiciones de Justicia

Un apagón de luz en el campus universitario Reina Mercedes de Sevilla en la mañana del sábado obligó al tribunal de las oposiciones al cuerpo de auxilio judicial de la Administración de Justicia a suspender las pruebas que se celebraban en aulas de la Universidad de Sevilla de dicho recinto. Decenas de aspirantes tuvieron que abandonar un examen que en el resto de España sí pudieron continuar otros miles de opositores. Al parecer, la suspensión sólo afectó a los aspirantes que realizaban el examen en las aulas del campus Reina Mercedes, pero no los que se estaban examinando en el campus Ramón y Cajal, en otra parte de la capital andaluza.


El examen empezó a las 12 del mediodía y el corte de suministro de luz por una avería de la red eléctrica se produjo a las 12.10, es decir, apenas abierto el sobre con el cuestionario. Este tipo de exámenes de oposición a cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia se hacen de forma simultánea en toda España. En Andalucía, la sede para dichas pruebas es Sevilla. El tribunal decidió esperar por si el apagón duraba poco, pero la misma compañía eléctrica, Endesa, indicó que el arreglo de la avería en la avenida Reina Mercedes podía tardar. La ciudad padeció intensas lluvias durante todo el día, especialmente a esa hora.

Los examinados estuvieron retenidos en las aulas hasta la 13.20, según dijeron algunos de ellos. Lo cierto es que en varias aulas en las que se estaban examinando no había luz exterior y la interior era excesivamente pobre. Finalmente y tras los correspondientes permisos de la administración en Madrid, el tribunal decidió suspender el examen a los aspirantes.

Los perjudicados están dispuestos a impugnar por la vía contencioso administrativa las oposiciones en toda España, en la que se han podido examinar varias miles de personas, según algunas fuentes. También pedirán indemnización por los gastos, ya que muchos se han desplazado desde todas las provincias andaluzas.

Fuente: ideal.es

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Campo compara las "incidencias propias" en la implantación de la NOJ con las que suponen una mudanza

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dejado claro que las "dificultades" que están surgiendo con la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), donde Murcia y Burgos son pioneras, "son las incidencias propias de todas estas cuestiones que suponen, por ejemplo, un traslado de vivienda, donde el enchufe no estaba en el sitio adecuado".


Campo, que ha hecho estas declaraciones en Murcia con motivo de la firma de un convenio para implantar en la Comunidad el sistema telemático Lexnet, ha subrayado que el mensaje que le han transmitido es el "enorme esfuerzo e ilusión de todos y cada uno de los aplicadores".

Y es que, a su juicio, "las dificultades son las incidencias que van surgiendo donde hay unos nuevos métodos de trabajo y un aplicativo que está funcionando por primera vez".

Igualmente, Campo ha rechazo de forma tajante las críticas de los sindicatos que aludían a un cierto "caos" en la implantación de este nuevo sistema, ya que "el caos es una palabra que le viene demasiado grande a las pequeñas incidencias que están surgiendo en un modelo nuevo de organizar una estructura compleja como es la Administración de Justicia".

Por ello, ha invitado a los ciudadanos de Burgos y Murcia a que se acerquen a los juzgados al objeto de que puedan comprobar 'in situ' que "la justicia se sigue impartiendo y no hay ningún caos", además de que, en su opinión, "tampoco puede hablarse de una cierta prisa y urgencia, ya que todo esto se ha hecho poniendo cada cosa en su sitio en el momento adecuado".

De este modo, ha insistido en no hablar de "dificultades", al referirse, únicamente, a las "incidencias de tipo tecnológico y otras de tipo organizativo, con el que se está haciendo un esfuerzo con el CGPJ para delimitar esas zonas grises que son lógicas, donde las nuevas tareas de los secretarios judiciales como directores de la oficina y el juez donde su misión es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pues eso tiene que traducirse".

Así, ha explicado que el juez quedará ahora "reducido a su misión constitucional y el gran peso de la tramitación procesal se llevará en unos servicios comunes".

Durante su visita a la Región, Campo se reunió el pasado jueves a primera hora de la mañana con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya; el fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal; y el secretario de Gobierno, Javier Parra, con quienes analizó el despliegue de la NOJ.

Una reunión, a su juicio, satisfactoria, ya que en Murcia, los profesionales no solo los jueces, fiscales y secretarios, sino todos y cada uno de los funcionarios "están aportando su esfuerzo personal para que esta nueva visión y manera de concebir la justicia redunde en beneficio de los ciudadanos".

"La reforma de la justicia no tiene espera y le toca", ha enfatizado el secretario de Estado de Justicia, para después resaltar esta necesidad más aún en un momento de crisis, donde "apostar por una justicia ágil será un camino para salir de la crisis".

El ministerio no abandonará a Murcia

Por otro lado, Campo ha puesto de manifiesto el "compromiso" del Ministerio de Justicia con la Región de Murcia al argumentar que el ciudadano "lo único que quiere es un servicio público de calidad, lo dé la CCAA o el Gobierno central y en este sentido puede sentirse doblemente satisfecho, ya que el Ministerio no abandonará a la Región ni quiere hacerlo".

Además, ha destacado, "nos encontramos con un plantel de infraestructuras que podría ser la envidia de muchas comunidades"; razón por la que ha indicado que el panorama de infraestructuras con el que cuenta Murcia "es para sentirnos satisfechos".

Fuente: 20minutos.es

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Jaén: El alquiler de sedes judiciales cuesta en la capital 1,3 millones

La Junta de Andalucía gasta anualmente en el alquiler de las sedes judiciales de la capital jienense casi 1,4 millones de euros. Lo ha admitido la propia Consejería de Justicia, en una respuesta parlamentaria a pregunta realizada por el PP. La sede que resulta más cara para la Junta de Andalucía es la de los juzgados de Instrucción número 4, Contencioso-Administrativo número 3 y Penal número 4, ubicados en la calle Carmelo Torres. Por este paga desde el pasado 31 de julio de 2008, fecha de inicio del contrato actual, 306.000 euros.


Por detrás se encuentran los juzgados de lo penal números 1,2 y 3 y los de instrucción 1 y 3, ambos ubicados en la Avenida del Ejército Español. Entre ambos suman 421.000 euros, según la estadística facilitada por la propia Consejería.

La más barata para la administración autonómica es el Juzgado de Primera Instancia número 1 y 2 de la calle Cronista González, con un modesto precio de 6.944 euros al año.

El contrato de alquiler más antiguo es el del Juzgado de lo Social 1, 2 y 3, ubicado en la Avenida de Madrid. Se rubricó en marzo de 1979 y las prórrogas se producen con carácter bianual. En el otro lado se encuentra la de los juzgados de instrucción número 3, Contencioso 3 y Penal 4 que se cerraron en julio de 2008.

El PP se ha mostrado en los últimos años muy crítico con estos gastos, que podrían ser evitados con la construcción de la Ciudad de la Justicia.

Fuente: vivajaen.es

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´Un funcionario de Justicia ha de ser comprensivo, no sólo tramitar papeles´

Leal, prudente, inteligente y muy trabajador. Así definen sus compañeros de trabajo a Antonio Susarte, que ha sido la mano derecha de todos los presidentes del TSJ de Murcia. Susarte tiene 69 años y lleva más de cincuenta dedicando su vida a la Justicia. Mañana martes el muleño firma su cese como funcionario por jubilación, momento que ha retrasado cuatro años por su amor a la Justicia. «Es uno de los pilares del TSJ», comenta Paco, otro compañero de oficio, mientras enumera las cualidades de Antonio.


¿Como llegó usted a la Administración de Justicia?

Empecé desde abajo, a los dieciocho saqué plaza en el Servicio de Extensión Agraria de Mula, pero seguí preparándome porque lo que me gustaba era la Justicia. Me lo habían inculcado mis mentores en Mula, Juan Iborra y Fernando Imbernón, que me enseñaron lo bonita que podía ser la profesión.

¿Y trabajó en Murcia desde el principio?

No. Empecé en Granada, en un juzgado de instrucción. Después estuve en Cambados (Pontevedra) donde eran procesos rurales, en Puertollano (Ciudad Real) donde tratábamos conflictos de los mineros sindicalistas en el anterior régimen. Luego me fui a Elche, donde predominaban las cuestiones de empresas, como la antigua suspensión de pagos. Cuando regresé a Murcia acababan de implantar de Ley del Divorcio, pero no tuvimos tanto trabajo como pensábamos porque la gente arreglaba sus problemas al margen de la ley.

¿En qué momento llegó al TSJ?

Cuando se creó, al separar la Justicia de la de Albacete. El primer presidente, Francisco Martínez Muñoz, había trabajado conmigo en un juzgado y me planteó la posibilidad de acompañarle en este proyecto.

¿Y qué recuerda de la puesta en marcha del Tribunal Superior?

Tengo muy buenos recuerdos junto a Martínez Muñoz, que tenía una gran humanidad. Partíamos desde cero, así que tuvimos que inventar para saber cómo actuar en muchos ámbitos.

¿Han cambiado mucho los métodos de trabajo desde su época?

Sí, ahora todo es más cómodo con las nuevas tecnologías. Antes redactábamos las sentencias en una Lexicon 80 y hacíamos copias en papel carbón. Cuando había que hacer diez copias, el de la décima ya ni la leía. Tampoco existían juzgados de guardia nocturnos, así que el taxista iba casa por casa recogiendo al juez, al secretario...

¿Qué características ha de tener un funcionario de Justicia?

Además de saber al dedillo las leyes procesales ha de ser buena persona, no limitarse a tramitar papeles, sino que debe estar comprometido con el ciudadano, comprendiéndolo, porque quien acude a la Justicia intenta solucionar una cuestión que puede ser vital.

Con su dedicación a la profesión, ¿cómo lo ha conciliado con la vida familiar?

A veces ha sido complicado –se emociona Antonio–, pero he tenido la suerte de pasar mi vida con una gran mujer que me ha entendido, y con su perfecta labor ha logrado que nuestros cuatro hijos sean educados y personas de las que sentirse muy orgulloso.


Fuente: laopiniondemurcia.es

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domingo, noviembre 28, 2010

San José, Costa Rica: Dos adolescentes mantuvieron en vilo al Poder Judicial

Dos adolescentes que escaparon de un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) paralizaron el jueves, durante casi dos horas, el corazón del Poder Judicial mientras amenazaban con saltar desde el cuarto piso del edificio de los Tribunales, en San José. La emergencia obligó a la movilización de personal de Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, OIJ, Tránsito, Seguridad del Poder Judicial y el equipo de negociación de rehenes del OIJ.


La mayor de las adolescentes –de 14 años– mantuvo en vilo a los curiosos.

Sentada sobre el muro del costado suroeste, en varias ocasiones balanceó sus piernas en el vacío, a más de 50 metros de altura. La otra menor –tiene 13 años– se mantuvo junto a ella, en el pasillo que sirve de balcón.

El día anterior, las mismas jóvenes hicieron algo similar en el Mall San Pedro, en Montes de Oca. En esa ocasión intervino la Fuerza Pública. Los policías las enviaron a un albergue del PANI.

Ayer las muchachas repitieron la escena en el tercer edificio del Primer Circuito Judicial, sito en el centro de de San José.

“Llegaron al edificio al mediodía. Mientras hacían fila para entrar, comentaron que su intención era lanzarse. Una abogada litigante las escuchó y dio aviso a la seguridad, pero los guardas no las pudieron detectar.

“Cuando las encontraron, estaban en el balcón”, expresó Francisco Segura, subdirector del OIJ.

Mientras se mantuvo la emergencia, el edificio que alberga el Ministerio Público, los Tribunales, los Juzgados de Mayor y Menor Cuantía y las oficinas de jueces y fiscales fue desalojado.

“Nos pidieron evacuar el edificio porque dos mujeres se iban a lanzar. El OIJ vino y cerró los balcones. El edificio quedó vacío como en tres minutos”, relató Jéssica Barrantes, una trabajadora del Tribunal Primero Civil.

Las menores dijeron estar aburridas de permanecer en instituciones del Estado, según informó el subdirector Segura.

Tras casi hora y media, los negociadores del OIJ convencieron a la mayor de ellas para que se bajara del muro. Esto sucedió a las 3:10 p. m. De ahí, los agentes del OIJ las escoltaron hasta la unidad de apoyo psicológico para víctimas.

Para el PANI, las muchachas no tenían intención de atentar contra su vida, sino llamar la atención.

“Ellas no tienen problemas psiquiátricos ni de adicción; lo que presentan son problemas de conducta debido a las situaciones de riesgo y de violencia por las que han pasado.

”Utilizan ese mecanismo para llamar la atención. La otra vez tuvimos que bajarlas de un techo”, puntualizó Fanny Cordero, portavoz del Patronato.

Una de las adolescentes fue declarada en abandono; la otra está en custodia del Patronato Nacional de la Infancia.

Las muchachas han estado en diferentes albergues, el último en Guadalupe, Goicoechea.

“Los albergues son abiertos, no son cárceles. Les enviamos dos psicólogos para que intenten convencerlas de regresar”, dijo Cordero.

El OIJ notificó sobre lo ocurrido al Juzgado Penal Juvenil. “Por accidente pudieron haber caído”, declaró Francisco Segura.


Fuente: nacion.com

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El Supremo rechaza el recurso de la mujer expulsada por llevar un pañuelo islámico

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso contencioso-administrativo presentado por la abogada Zoubida Barik Edidi contra una decisión del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que la impidió asistir a un juicio contra integrantes de una organización islámica terrorista con la cabeza cubierta con el pañuelo islámico.


La decisión del alto tribunal avala la actuación de Gómez Bermúdez al constatar que éste actuó en el ejercicio de lo que se denomina "policía de estrados" (artículo 684 de la Ley de Enjuiciamientro criminal), que faculta al presidente de un tribunal a adoptar determinadas correcciones disciplinarias en la sala con el fin de salvaguardar el desarrollo de las actuaciones judiciales.

Los hechos objeto de la denuncia tuvieron lugar el 29 de octubre de 2009, cuando la letrada Zoubida Barik acudió a la sala de vistas de Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside el juez Bermúdez y, una vez sentada en el estrado junto al abogado encargado de la defensa de un imputado, el magistrado le instó a abandonar la sala por llevar un pañuelo en la cabeza. La letrada no era la abogada titular de ninguno de los acusados, y se sentó en el estrado simplemente como apoyo de sus compañeros.

En el relato que en la denuncia se hacía de los hechos se señalaba que el juez indicó a la letrada que no podía estar en la sala y, cuando ésta le preguntó las razones que motivaban esa decisión, Gómez Bermúdez le indicó que "las partes no pueden llevar la cabeza cubierta con un pañuelo". Ella alegó que el reglamento sólo exige obligación de llevar toga, a lo que el magistrado replicó: "Esta es mi Sala y aquí mando yo".

La resolución del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, ha destacado que en este caso se entrecruzan distintos planos: el de posible vulneración de los derechos fundamentales alegado por la abogada y el disciplinario, puesto que Barik Edidi solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sancionara disciplinariamente a Gómez Bermúdez por su actuación.

El órgano de gobierno de los jueces rechazó esta posibilidad, y esta negativa fue, precisamente, la que fundamentó el recurso contencioso-administrativo que ha dirimido ahora el Tribunal Supremo.

Por su parte, el alto tribunal subraya que no ha lugar a la iniciativa emprendida por la abogada ante este órgano porque las decisiones adoptadas en el ejercicio de la "policía de estrados" deben ser recurridas ante el propio tribunal que acordó la decisión y, de no prosperar la queja, en alzada ante la Sala de Gobierno que proceda, en este caso la Audiencia Nacional.

"El CGPJ no está llamado, por lo tanto, a revisar esas decisiones cuya naturaleza es jurisdiccional y no gubernativa", afirma el Supremo, para apuntar después que la Audiencia nacional no tomó la decisión acertada cuando envió este asunto al órgano de gobierno de los jueces.

De este modo, el criterio del Supremo coincide con lo expresado el pasado mes de julio tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, que alegaron razones formales para pedir al Supremo que inadmita esta causa, puesto que la abogada incurrió en "inadecuación del procedimiento" al interponer su demanda de forma paralela a una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en esos momentos no había sido aún resuelta, si bien finalmente se archivó.

Fuente: elmundo.es

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Cuernavaca, México: Que se castigue a corruptos del TSJ

El dirigente del sindicato del Trabajadores al servicio del Tribunal Superior de Justicia, (TSJ), Jesús Millán Toledo exigió a los integrantes del Consejo de la Judicatura fincar responsabilidades contra los responsables del desvió de más de 13 millones de pesos de las arcas del Poder Judicial. Millán Toledo, expresó la necesidad de que las autoridades del poder Judicial aceleren las indagaciones contra los ex funcionarios del tribunal de justicia que provocaron mal uso de los recursos del presupuesto correspondiente al sistema judicial.


A días de darse a conocer las irregularidades detectadas en la auditoría realizada a la administración del ex presidente Ricardo Rosas Pérez; sin embargo, el dirigente sindical dijo que hasta el momento no han sido iniciadas las denuncias correspondientes contra los responsables.

"Nosotros como sindicato denunciamos en su momento toda esta serie de irregularidades que hoy se confirman pero que lamentablemente no vemos acciones al respecto".

El líder sindical señaló, que la responsabilidad que tiene el Consejo de la Judicatura de iniciar las denuncias contra los ex funcionarios y actuales que participaron en el desvió de los recursos destinados para el mejoramiento del sistema de administración de justicia.

No obstante, el dirigente sindical exhortó a los actuales consejeros a no realizar gastos superfluos que nada tienen que ver con Tribunal Superior de Justicia.

Dijo que la reciente compra de celulares para cada uno de los 15 magistrados, que conforman la máxima casa donde se imparte justicia en Morelos, incluidos los integrantes de la Judicatura, quienes cuenta con un moderno celular con un valor de entre tres y cinco mil pesos, agregado el servicio de llamadas y de Internet.

Fuente: El Sol de Cuernavaca

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Silva asegura que los Juzgados de Jaca tienen "posibilidades de crecer" en los próximos años

El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, manifestó que los Juzgados de Jaca "tienen posibilidades de crecer" en próximos años, durante una visita a los tribunales de Primera Instancia e Instrucción de la capital jacetana, en los que se ha empleado una inversión de 300.000 euros para renovar los sistemas informático y digital, y paliar una serie de pequeñas deficiencias.


En buena medida, estas posibilidades de crecimiento del Juzgado, según comentó Silva, pasarían por la implantación de la nueva Oficina Judicial, "para la que hará faltar contar con algún espacio específico", que tendría que ser concretado. Tampoco se descarta que pueda crearse un nuevo juzgado, que sería el tercero para Jaca, pero la puesta en marcha "es una cosa que en estos momentos no es necesaria" por el actual volumen de trabajo.

Desde el Gobierno aragonés, se informó de que la Administración de Justicia de Huesca contará a finales de este año con tres nuevas unidades judiciales relativas a los Juzgados de Instancia e Instrucción número 2 de Fraga y Barbastro y el número 5 de Huesca, lo que redunda en la mejora del servicio. Asimismo, el área de Silva ha habilitado una partida para el inicio de las obras del Palacio de Justicia de Huesca, el próximo año.

Sobre la Oficina Judicial, el consejero señaló que se están marcando los primeros plazos y que ésta "será una realidad ya muy pronto, por lo menos de forma piloto". Hoy en día, el Ejecutivo autonómico mantiene diversos encuentros con una representación de jueces y fiscales con el fin de fijar el diseño del servicio. "Se contempla todo lo necesario para implantar la nueva Oficina, se está avanzado bien y estoy satisfecho", aseguró Silva.

Nuevos sistemas

Entre las mejoras efectuadas en los Juzgados de Jaca, destaca la renovación de todos los equipos informáticos, además de la puesta en marcha de un nuevo sistema digital, con el que se eliminan las antiguas centralitas telefónicas. El objetivo de las reformas consiste en modernizar la Administración de Justicia y prestar un servicio de calidad al usuario.

También se acometió la reparación de las cubiertas del edificio, ante las filtraciones que sufría desde 2008, destinando 43.000 euros. A ello, se suma la mejora de los servicios de seguridad y limpieza, y la dotación de material, en concreto de 23 ordenadores, 2 impresores personales y 5 de grupo, 2 faxes y 3 fotocopiadoras.

En su viaje a Jaca, Silva estuvo acompañado por el viceconsejero de Justicia, José María Bescós; y el director general de la Administración de Justicia, José Borrás, así como por el teniente de alcalde de Jaca y vicepresidente de la Diputación, José María Abarca.

Fuente: diariodelaltoaragon.es

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Chile: Jueces y funcionarios se movilizan en "jornada de reflexión"

Durante dos horas el pasado miércoles más de 300 funcionarios del Centro de Justicia protestaron en contra del reajuste salarial de 3,7% ofrecido por el Gobierno a los empleados del sector público. A la manifestación, que mantuvo suspendidas las audiencias, se sumaron jueces, defensores, fiscales y funcionarios del Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público.


En la ocasión, la presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público, Natalia Césped, y el presidente de la Defensoría Penal Pública, Peter Sharp, llamaron al Gobierno a tomar conciencia respecto a la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Asimismo pidieron poner atención en el notable deterioro y colapso que sufre la Fiscalía de Chile, la Defensoría Penal Pública y los órganos auxiliares de la justicia.

Por su parte, los jueces realizaron un balance positivo de los que llamaron una jornada de reflexión que según cifras internas alcanzó el 100% de adhesión.

Durante las horas en que se paralizó el Centro de Justicia algunos funcionarios judiciales desarrollaron turnos éticos en juzgados de garantía y familia, respecto a diligencias que tuvieran calidad de urgente.

Los magistrados, junto al personal de los tribunales realizaron reuniones en las que se manifestó solidariamente reflexionando sobre el estado de las negociaciones con el Ejecutivo.

La Asociación de Magistrados informó que a pesar de la ralentización del trabajo, se atendieron audiencias de violencia intrafamiliar, control de detención, libertades y la vista de recursos de protección urgentes en el caso de las Cortes de Apelaciones. En otro ámbito sin embargo, otras diligencias fueron retrasadas o reprogramadas.

Asimismo sostuvieron que en ciudades como La Serena, Concepción, Puerto Montt y Temuco la jornada alcanzó el 100% de adhesión y en ella participaron funcionarios, administradores, consejeros técnicos y jueces, incluidas las Cortes de Apelaciones.

En Santiago en tanto, la movilización se concentró en Centro de Justicia y Juzgados del Trabajo, con igual resultado.

En San Miguel la movilización se llevó a cabo en los juzgados civiles y de familia. Lo propio ocurrió en Valdivia, Osorno, Talca y comunas como Puente Alto, Pudahuel, Angol y Villarrica.

Fuente: noticias.123.cl

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Carnicer confía en que la NOJ no se convierta "en otro reino de Taifas de los secretarios judiciales"

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha expresado su deseo de que la Nueva Oficina Judicial (NOJ), a la que la abogacía, ha resaltado, "va a prestar todo su apoyo", no se convierta "en otro reino de Taifas de los secretarios judiciales". Así lo ha manifestado en Toledo, tras haber participado en el acto de imposición de la Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía a la abogada y primera mujer decana de España, Carmen Conde Peñalosa.


Carnicer ha señalado que, en España, "tenemos una administración de justicia demasiado taifal", con "los jueces por una parte, los jueces de carrera o de cuarto turno por otra, los fiscales en otra organización y los secretarios también por su lado", lo que hace que "uno de los problemas más importantes que tenemos en la administración de justicia sea la falta de un liderazgo claro".

Con todo ello, ha recalcado el responsable de la abogacía española, "es tanto lo que nos jugamos en esa nueva Oficina Judicial que es necesario echar el hombro todos lo máximo posible para que esta experiencia funcione".

También ha resaltado Carnicer "la complejidad y el alto coste" que entraña la informatización absoluta de la nueva Oficina Judicial.

Y, en este sentido, ha indicado que aquellas funciones cuya informatización ha dependido de la abogacía "ya las tenemos hechas desde hace tiempo" y ha puesto como ejemplos la firma digital y la aplicación informática para la tramitación de expedientes digitales en el reconocimiento de derecho de justicia gratuita.

En relación a las dos pruebas piloto de NOJ que se han implantado en Burgos y Murcia, ha indicado que "las impresiones que tenemos son buenas", aunque ha recordado que la Nueva Oficina Judicial lleva un retraso de siete años, ya que la Ley Orgánica por la que se regula es de 2003.

Este tipo de "dilaciones" son, a juicio de Carnicer, "excesivas e incomprensibles" para los ciudadanos, los cuales, ha dicho, "siguen teniendo una mala opinión de la administración de justicia y nos están pidiendo que hagamos más y mejores esfuerzos para mejorarla".

En este contexto se ha referido al Foro por la Justicia que viene funcionando desde hace tiempo con ese objetivo y en el que ha echado en falta a "algunos operadores jurídicos" como la Asociación Profesional de la Magistratura, ya que "sólo entre todos los sectores implicados en la justicia podemos diseñar un proyecto común de administración de justicia como servicio público", ha dicho.


Fuente: laverdad.es

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Honduras: Congreso crea tribunales contra crimen organizado

La Corte Suprema de Justicia creará y fijará la sede de los Juzgados y Tribunales Penales con jurisdicción nacional para el conocimiento y juzgamiento de los delitos cometidos por el crimen organizado. Así lo establece la Ley Especial de Juzgados y Tribunales con Jurisdicción Nacional que el Congreso Nacional ha aprobado en su primer debate.


Mediante esta Ley Especial, los órganos jurisdiccionales encargados de su aplicación, tendrán la potestad exclusiva de conocer y juzgar los hechos que se considere son cometidos por la delincuencia organizada y los procesos que se ventilen mediante la aplicación de la Ley de Privación Definitiva de Dominio.

Jueces y tribunales

La ley será aplicada por la Corte Suprema de Justicia a partir del próximo año como una medida de tener mayor efectividad en el juzgamiento de delitos derivados de la actividad del narcotráfico, lavado de activos, secuestros y, en general, del crimen organizado.

Los jueces que sean nombrados, así como los tribunales creados, podrán conocer delitos y juzgar a grupos delictivos organizados que hayan cometido asesinato, secuestro, robo de vehículos, lavado de activos, trata de personas, explotación sexual comercial, terrorismo y delitos forestales.

Según la exposición de motivos de dicha ley, actualmente Honduras, al igual que el resto de países del mundo, enfrenta graves problemas de violencia, lo que representa un ataque directo a la seguridad ciudadana, a la paz social y jurídica, a un clima propicio para la inversión, así como también a la armónica y ordenada convivencia democrática de la población; fenómeno que afecta, inclusive, a los servidores públicos del sector justicia.

Cabe señalar que día a día las organizaciones criminales consolidan sus estructuras de poder, llegando al extremo de desafiar a las autoridades encargadas de su persecución y juzgamiento mediante diversos actos de intimidación, causando incluso la muerte de Jueces, Fiscales y Policías.

Asimismo, producto de las riquezas que esas organizaciones acumulan, estas han entorpecido la correcta administración de justicia recurriendo al soborno de diversos operadores del sector, en desmedro de las legítimas aspiraciones de la ciudadanía de contar con un sistema judicial que se convierta en un eficaz instrumento de represión frente a la criminalidad organizada.

Combate con eficacia

Producto de la situación anterior, es necesario establecer nuevas iniciativas y mecanismos que permitan, en primer lugar, combatir con eficacia la delincuencia organizada garantizando su persecución y enjuiciamiento.

En segundo lugar, garantizar la seguridad personal de aquellos jueces y tribunales encargados del juzgamiento de hechos relacionados con las organizaciones criminales.

En tercer lugar, garantizar constitucionalmente la obligada imparcialidad judicial, que por razones de intimidación o por influencias externas ajenas a la correcta administración de justicia, puede verse seriamente comprometida.

Esta legislación es parte de un paquete de leyes que el Congreso ha aprobado este año con el fin de atacar flagelos como el terrorismo, la narcoactividad, el lavado de activos y el uso de bienes incautados.

Fuente: elheraldo.hn

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Más de la mitad de los españoles considera que en España se pagan muchos impuestos

El 54,2% de los españoles considera que en España se pagan muchos impuestos, frente al 3,8% que piensan que se pagan pocos, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre 'Opinión Pública y Política Fiscal' realizada en el mes de julio de este año.


En comparación con otros países de Europa, si bien la mayoría de los encuestados (el 33,8%) no sabe compararlo porque no tiene información suficiente, el 23,9% cree que en España se pagan menos impuestos que en Europa, casi el mismo porcentaje (21,9%) de los que opinan justo lo contrario, que se pagan más. Para el 18,1% se paga lo mismo.

No pagan más quienes más tienen

Lo que los españoles sí parecen tener más claro, a tenor de la respuesta del 78,3% de los encuestados, es que en España los impuestos no se cobran con justicia, es decir, no pagan más quienes más tienen. Únicamente el 13,8% lo cree así.

En concreto, para casi el 55% de los encuestados las personas con ingresos elevados pagan impuestos bajos o muy bajos, mientras que el 65% piensa que las personas con ingresos reducidos pagan impuestos altos o muy altos. Por ello, el 73% de los españoles está de acuerdo con aumentar los impuestos a las rentas más altas y casi el mismo porcentaje (el 71,6%) con bajárselos a las rentas con menores ingresos.

Poco esfuerzo para combatir el fraude

Por otro lado, el 85% de los españoles asegura que en España existe mucho o bastante fraude fiscal y únicamente el 8% considera que hay poco o muy poco incumplimiento fiscal. A pesar de ello, el 56,4% de los encuestados piensa que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal.

Aunque los españoles creen que existe bastante fraude fiscal, casi el 89% asegura que es bastante consciente y responsable a la hora de cumplir con sus deberes y obligaciones en relación al pago de los impuestos y sólo el 1,5% afirma ser muy poco consciente y responsable. De hecho, únicamente al 14% le han revisado su declaración de la renta alguna vez durante los últimos cinco años.

En la misma línea, el 65,7% afirma que, entre la gente que conoce, toda o bastante declara realmente todos sus ingresos, salvo en el caso del IVA, donde este porcentaje baja al 48,8%.

Sin embargo, para el 76,3% de los españoles, si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión y para otro 46,3% casi todo el mundo engaña algo al pagar sus impuestos y la Administración ya cuenta con ello.

La encuesta del CIS también pregunta a los españoles acerca de posibles subidas de impuestos. Concretamente, el 43,9% de los encuestados prefiere que, en caso de tener que subir los impuestos, sea el IVA frente al IRPF, mientras que el 34,2% prefiere justo lo contrario. La muestra, que se tomó en julio de este año, coincide con la subida del IVA que entró en vigor ese mismo mes.

Subidas de impuestos para mejorar servicios

Al 45% de los españoles no le importaría que subieran los impuestos para incrementar el gasto en sanidad, educación y servicios sociales, si bien para el 26,3% deberían bajar incluso si ello significa un nivel general de gasto menor en estas partidas.

Aunque para el 56,4% de los encuestados los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, para el 29,4% los tributos son algo que el Estado obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué.

En esta misma línea, para el 48,9% de los españoles la sociedad se beneficia poco de lo que paga al Estado en impuestos y cotizaciones, si bien el 35,4% piensa que se beneficia bastante. Preguntados por su caso concreto, el 54,5% opina que se beneficia mucho menos de las prestaciones que ofrece el Estado de lo que pagan ellos por impuestos.

Fuente: EcoDiario

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sábado, noviembre 27, 2010

Uruguay: Funcionarios judiciales ocuparon la sede de la Suprema Corte de Justicia

Funcionarios judiciales de Uruguay ocuparon el pasado martes la sede de la Suprema Corte de Justicia, en el centro de Montevideo, en reclamo de aumentos salariales dentro del Presupuesto Quinquenal, que está a estudio del Parlamento. El edificio, ubicado en la Plaza Cagancha de Montevideo, kilómetro cero de la capital uruguaya, fue ocupado por unos 200 funcionarios, al tiempo que otros 200 permanecían en las afueras de la sede.


El dirigente de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Raúl Vázquez, explicó que la intención es obtener una solución a sus reclamos, principalmente una equiparación salarial entre los funcionarios de la Justicia. "Es una vergüenza que a los directores de departamento se les asignen 14.000 pesos (700 dólares), mientras que al resto de los funcionarios nos quieren aumentar 500 pesos en cinco años", afirmó Vázquez.

Los judiciales dejaron de lado la medida a la hora 22:53 tras gestiones de un grupo de legisladores del Frente Amplio, que fueron hasta la sede de la Corte a fin de evitar un desalojo forzoso por parte de la Policía, que con la orden en mano hacía guardia frente al local.

En la mañana del miércoles los funcionarios mantuvieron una reunión con el Ministro de Trabajo, Eduardo Brenta y con el Director Nacional de Trabajo, Luis Romero, para analizar la situación.

Durante la reunión los jerarcas les transmitieron a los funcionarios que la interpretación que realiza la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de negociación colectiva "va a contrapelo del espíritu de la ley" aseguró el gremialista.

El director de Nacional de Trabajo explicó que los representes por el Poder Judicial nunca plantearon una negociación porque "la SCJ entiende que no debe discutir el salario con los trabajadores, y que el ámbito no es en el ministerio de Trabajo". Romero agregó "la ley de negociación colectiva incluye al Poder Judicial".

Según relató Núñez, durante la reunión en el Ministerio de Trabajo se acordó que se "promueva un aditivo a ley de negociación colectiva que mejore la redacción del articulo 4º".

La ocupación —la segunda en la historia de la Corte, la primera fue en 1992 también por unas horas— se produce en el marco de un clima de creciente conflictividad en varios sectores claves de la administración pública y de la economía local.

Por otro lado el jerarca de la cartera de trabajo expresó que el "reparto" del Presupuesto dentro del Poder Judicial, "está muy mal hecho".

Finalmente, el pedido de la Asociación de Funcionarios Judiciales fue escuchado por la bancada de senadores del Frente Amplio, quienes definieron otorgarles una partida extra.

Fuente: ansa.it , elpais.com.uy

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Los fiscales también demandan al Gobierno por bajarles el sueldo un 10%

La Asociación de Fiscales (AF) ha demandado al Gobierno por bajarles el sueldo, que en el caso de este colectivo se ha plasmado en una reducción salarial de cerca de un 10%. En concreto, la AF ha presentado una demanda ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. En esta iniciativa legal, los fiscales piden la anulación de su bajada de sueldo esgrimiendo motivos formales.


Según estos integrantes del Ministerio Público, la reducción de cerca de un 10% de sus emolumentos se llevó a cabo mediante una “instrucción de servicios”, que el Gobierno utilizó para desarrollar el decreto ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público. Este decreto fue acordado por la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. En este sentido, la AF argumenta que su demanda no se dirige contra el real decreto de Hacienda, sino contra la “instrucción de servicios” que lo desarrolló.

Los fiscales sostienen que esta instrucción “establece y delimita una verdadera restricción de derechos para los funcionarios del Ministerio Fiscal (…)”, ya que “afecta directamente a uno de los derechos que integran su estatuto jurídico como es el de los derechos retributivos”. La trascendencia de esta “instrucción de servicios”, según la AF, hace que la bajada de sueldo debiera haber sido consultada antes ante el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.

Lo contrario, según los fiscales, supone una vulneración de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta iniciativa de los fiscales es paralela a la planteada por los sindicatos de los funcionarios de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT). En este sentido, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dado un plazo a los sindicatos recurrentes para que aleguen si consideran que puede ser inconstitucional la bajada de sueldos acordada por el Gobierno.

Fuente: Expansion.com

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viernes, noviembre 26, 2010

Palma: Sellan las ventanas del edificio de sa Gerreria tras el accidente en el que resultó herida una jueza

Funcionarios del edificio de sa Gerreria, donde se encuentran los juzgados de lo Social, Primera Instancia, Menores y Registro Civil, han denunciado que la Gerencia de Justicia ha procedido a sellar las ventanas del inmueble para evitar nuevos accidentes como el de la semana pasada, en el que una de las ventanas se le cayó encima a una jueza cuando intentaba abrirla, y le causó una brecha en la cabeza.


Los funcionarios se quejan de que a partir de ahora no podrán ventilar las oficinas donde se concentran numerosos funcionarios, así como profesionales y ciudadanos que acuden a diario. También han recalcado que, con el sellado de las ventanas, se quedan sin las únicas salidas de emergencia con que contaban en caso de un incendio, lo que convierte el edificio en "una ratonera".

Fuente: diariodemallorca.es

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Cartagena: Comunidad iniciará en 2011 ronda de contactos para planificar Ciudad de la Justicia

La Comunidad Autónoma iniciará en 2011 una ronda de contactos con abogados, procuradores, sindicatos de trabajadores y ayuntamiento para planificar la futura ciudad de la Justicia de Cartagena, según fuentes de la Consejería de Justicia. Las obras para construir las nuevas dependencias judiciales no comenzarán hasta el año siguiente, en 2012, según las previsiones de este departamento.


El año que viene, una vez asumidas las competencias, se formalizará la cesión del suelo y se planificarán las actuaciones teniendo en cuenta las opiniones de todos los operadores judiciales, según la misma fuente.

El actual palacio de Justicia de la calle Angel Bruna se quedó pequeño hace años y ha obligado a alquiler locales para los nuevos servicios que se han ido incorporando al partido judicial de Cartagena.

El Registro Civil se presta ahora en unas dependencias en la planta baja de un edificio de la calle Carlos III.

La futura ciudad de la justicia de Cartagena se ubicará en tres hectáreas situadas junto al centro comercial Mandarache.

La consejería de Justicia ha puesto sobre la mesa la posibilidad de enajenación del Palacio de Justicia de Cartagena para financiar las nuevas instalaciones en Madarache.

Fuente: ABC.es

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jueves, noviembre 25, 2010

Los jueces decanos reclaman una mayor autonomía presupuestaria del poder judicial

La necesidad de una mayor autonomía presupuestaria del poder judicial para reforzar así su independencia institucional, así como la división y el equilibrio de poderes, es una de las conclusiones a las que han llegado los más de cincuenta participantes en las XX Jornadas Nacionales de Jueces Decanos de España, clausuradas ayer en Toledo.


Durante los tres días de duración de estas jornadas, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y que inauguró el pasado lunes su vicepresidente, Fernando de Rosa, se ha debatido, entre otros asuntos, sobre la Nueva Oficina Judicial (NOJ), el proyecto de Reglamento de la Carrera Judicial y el papel de los jueces decanos y su relación con los medios de comunicación.

En las conclusiones del encuentro se destaca la alta dependencia que el poder judicial tiene del Ministerio de Justicia y de las CCAA, lo que significa que "es y será lo que le permita el poder ejecutivo central o autonómico, pues depende de su mayor o menor generosidad presupuestaria".

Dicha dependencia ha supuesto "un desequilibrio institucional que ha redundado en perjuicio del poder judicial", según los jueces decanos, que consideran que "ha llegado el momento de cuestionarse seriamente si interesa al poder ejecutivo una administración de justicia eficaz y si el sistema puede seguir funcionando dentro de este esquema".

En su reunión anual, los jueces decanos reunidos en Toledo han valorado como un hecho positivo que "se haya asumido social e institucionalmente la gravedad de la situación actual de la Administración de Justicia", si bien consideran que todavía es escasa la receptividad hacia las reivindicaciones de los jueces, dado el escaso eco que han tenido.

Así, recuerdan que los jueces llevan años insistiendo acerca de la urgencia de reformas estructurales y procesales "que nunca llegan", relativas a que la ratio juez/habitante se aproxime a la media europea, que dobla a la española, o que se implante la Nueva Oficina Judicial.

A este respecto llaman la atención sobre el hecho de, tras los siete años transcurridos desde la regulación de la NOJ, ésta no se ha implantado, salvo las dos experiencias piloto puestas en marcha en Burgos y Murcia, "pues en el resto del territorio nacional, la oficina judicial ni está ni se le espera, al menos en los próximos años".

Asimismo critican que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) continúa sin establecer la carga de trabajo para cada órgano judicial, aspecto que consideran fundamental para determinar la planta judicial y el número de jueces necesarios en España.

También "lamentan" el retraso en la creación de juzgados y afirman que "es evidente que la Administración de Justicia sigue siendo la última de las prioridades de los responsables políticos ya que se halla en una situación de absoluta penuria económica hasta el punto de que algunos juzgados y tribunales no disponen siquiera de los materiales imprescindibles para trabajar ni de sedes dignas para el ejercicio de la función jurisdiccional".

Reclaman finalmente al Ministerio de Justicia que estudie seriamente su propuesta de concentración de los partidos judiciales, dado que "el mapa judicial español responde a una organización territorial propia de la sociedad española del siglo XIX, atrasada y esencialmente rural".

Por ello, proponen suprimir "por antieconómicos" aquellos partidos judiciales con un reducido número de juzgados y potenciar la agrupación de partidos y la creación de grandes sedes judiciales.

Fuente: ABC.es

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''El Gobierno de Canarias sólo insulta a los usuarios del Atlante II''

La diputada socialista Eulalia Guerra de Paz, reitera la “gravedad” de que el Gobierno de Canarias “no reconozca que la implantación del Atlante II como sistema de gestión informática de la Administración de Justicia canaria continúa dando problemas y ralentizando un servicio tan importante como es el judicial”.


Guerra de Paz lamenta en un comunicado que, “como siempre, este Gobierno se defiende frente a las críticas faltando al respeto a los profesionales de un sector determinado, en este caso a los de Justicia, pero todos recordaremos los ataques del Ejecutivo que preside Rivero hacia el personal docente, el personal sanitario y todos los que osen a hacer una valoración sobre su gestión”.

A su juicio, “este Gobierno es incapaz de escuchar y de asumir un juicio cuya finalidad sea la mejora del funcionamiento de los servicios públicos”. La diputada subraya que el Ejecutivo “no sólo dispara contra el PSC-PSOE ante su función de fiscalización cuando le exige la mejora del funcionamiento de esos servicios públicos, sino contra cualquier sector de la población canaria que muestre su insatisfacción por el mal funcionamiento de lo público”.

La representante socialista insiste en “poner en evidencia la defectuosa implantación del Atlante II, que está generando retrasos importantes y que, además, no permite la informatización de todo el expediente judicial”.

Guera de Paz recuerda que se trata de un sistema diseñado para la Administración de Justicia del futuro, “pero que en cuya implantación en el presente, el responsable de ese proceso, es decir, la Consejería de Presidencia y Justicia, ha cometido varios errores”.

El primero de esos errores, afirma, es “no escuchar las quejas cuando se inicia la implantación del Atlante II en los partidos judiciales de menor volumen de las Islas”. Al respecto, señala que si se les hubiese hecho caso, “hoy, posiblemente, no nos encontraríamos ante el bloqueo y ralentización de los partidos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas o La Laguna, entre otros”.

Guerra de Paz remarca que lo más preocupante es que, “frente a la exigencia de explicaciones sobre esta mala implantación y funcionamiento defectuoso, así como sobre el análisis del importante costo que supone a la hacienda canaria este sistema de gestión informática, que supera los 15 millones de euros, la respuesta es insultar a los usuarios del Atlante II, es decir, al personal y funcionarios de la Administración de Justicia, con comentarios como que no hay ningún problema, que lo que no quieren es trabajar más y aprender, que para trabajar diferente quieren cobrar más”.

La diputada socialista lamenta que la actitud “sea siempre la misma, que es disparar contra los trabajadores, que son quienes mantienen en funcionamiento la Administración de Justicia”. También expresa la “preocupación” del Grupo Parlamentario Socialista ante la indefinición del gasto total de este sistema, “ya que en los últimos meses se han habilitado cantidades cercanas al medio millón de euros para la elaboración de las plantillas y mantenimiento del sistema, pese a que tendrían que estar presupuestados desde el inicio”. Por ello, sospecha que se puede tratar de un “nuevo agujero presupuestario” del Gobierno de Canarias.

Para concluir, Guerra de Paz denuncia “el mal funcionamiento de un sistema tan importante como éste, el enorme costo de su implantación, que no sabemos hasta dónde llega, y la nueva falta de respeto hacia unos profesionales que lo que han hecho es trabajar y poner en evidencia un mal funcionamiento, pese a lo cual han continuado desarrollando su labor”, concluye el comunicado.

Fuente: canariasahora.es

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Castilla y León: Los casos se acumulan en los tribunales

Según un informe del Consejo de Europa cada vez se acumulan más casos en los tribunales españoles a la vez que aumenta el plazo para resolverlos. Castilla y León no es una excepción. La crisis ha agudizado esta tendencia alcista. Dos juzgados de la Comunidad sirven de ejemplo. Sus titulares aprietan el paso para evitar que los expedientes se acumulen en sus despachos.




Fuente: rtvcyl.es

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miércoles, noviembre 24, 2010

Alicante: Los juzgados siguen sin CD para grabar juicios pese a las promesas del Consell

Los Juzgados de Alicante y de otras demarcaciones de la provincia continúan sin CD para grabar los juicios dos meses después de que se agotaran y pese a las promesas de la Generalitat, según confirmaron fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa.


El problema va creciendo y amenaza con retrasar miles de procedimientos penales en toda la Comunitat Valenciana. Entre otras cosas, los Juzgados de lo Penal no pueden remitir a la Audiencia Provincial las apelaciones contra sus sentencias.

Los secretarios judiciales ya expresaron el pasado día 12 en una junta su preocupación ante estas carencias. «No podemos dejar a una persona en la cárcel más tiempo del imprescindible», alertaba entonces un miembro de este colectivo.

La última reforma procesal impone la grabación mediante videocámaras instaladas en las salas de vistas de todos los juicios penales, también los de faltas, para equipararlos a los procesos civiles.

Sin embargo, el ordenador central del Decanato de Alicante adonde se transmiten esas imágenes carece de CD para copiarlas desde mediados del pasado mes de septiembre. Actualmente, el disco duro de ese servidor acumula más de dos mil vistas in grabar.

El director general de Justicia, Antonio Gastaldi, informó que la empresa suministradora iba a comenzar a distribuir el material «con normalidad» durante la pasada semana tras firmar un nuevo contrato, pues el anterior había vencido.

Pero todo sigue igual. Esa mercantil remitió hace unos días una remesa de unos 800 DVD y CD al Instituto de Medicina Legal, que ni si quiera lo había pedido. Y ni si quiera sirven al Decanato porque no permiten imprimir los datos de referencia de cada procedimiento.

Fuente: laverdad.es

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Ponferrada: La abogacía urge la sala de la Audiencia por el caos insostenible en los juzgados

Los abogados del Bierzo están dispuestos de nuevo a convertirse en la punta de lanza que de una vez por todas agite al Ministerio de Justicia para que cumpla con los compromisos pendientes en Ponferrada. El delegado del colegio en la capital berciana, Aníbal Fernández, calificó de «insostenible» la situación en el Palacio de Justicia de la ciudad.


Una vuelta de tuerca dialéctica más a los epítetos que los letrados dedican año tras año al estado de colapso en que viven sumidas las salas por falta de medios.

Los representantes del colegio no enviaron sin embargo ese mensaje como un brindis al sol a través de los medios. Lo hicieron tras una reunión con parlamentarios nacionales del PSOE, a los que plantearon cuatro cuestiones esenciales para intentar paliar el actual desastre. A la diputada Helena Castellanos, al senador José Giménez y también al presidente del Consejo del Bierzo, José Luis Ramón, les urgieron gestiones para que se haga realidad la promesa de la sala cuarta de la Audiencia Provincial en Ponferrada. Aníbal Fernández les abrumó con datos que se resumen en el hecho de que más de un 30% de los casos de la Audiencia de León proceden del Bierzo.

«La situación está adquiriendo tintes insostenibles y va siendo hora de ponerle remedio», significó Fernández, que no se ahorró críticas a los incumplimientos del Ministerio de Justicia frente a los parlamentarios socialistas. «Estamos a tiempo», matizó no obstante, «de saldar aún esa deuda histórica creando la sala cuarta de la Audiencia en Ponferrada».

Aunque su tono cobró más dramatismo al referirse a situaciones puntuales en los tribunales locales. Como cuando situó al Juzgado de Instrucción número 5 en la cúspide de los de la comunidad que son de carácter mixto, al estar encargados también de la violencia de género. En esta sala los retrasos apuntan hacia la paralización. Este año arrastra 514 casos de violencia de género. El segundo de carácter mixto con más casos de toda la comunidad es el de Palencia, con 381 asuntos.

De segunda, la Deportiva

«Por mucho empeño que ponga la secretaria del juzgado, la titular y el personal es imposible. La queja está dirigida al ministerio que no ha puesto medidas para paliar esta situación», subrayó bajo los gestos de asentimiento de sus compañeros de directiva, Ángel Armesto y Ángel Suárez.

El tercer planteamiento que se realizó a los representantes del PSOE fue el de que intercedan para que de una vez por todas se ejecuten las partidas para la ampliación del Palacio de Justicia. El proyecto nunca ha pasado de la fase de licitación pese a que el Ayuntamiento de Ponferrada ya ha cedido el suelo necesario al ministerio.

En último término, las demandas se completan con la creación de un juzgado de los Contencioso Administrativo. «Ponferrada lo único de segunda que tiene es, afortunadamente, la Deportiva. Lo que no podemos es seguir siendo ciudadanos de segunda», remarcó el delegado de los colegiados bercianos.

Fuente: diariodeleon.es

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Caracas, Venezuela: Los tribunalicios salen a las calles a protestar por segunda vez en menos de una semana

Por segunda vez en menos de una semana los tribunalicios salieron a las calles para exigirle a las autoridades del Tribunal Supremo (TSJ) y de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) el pago completo de los aguinaldos, el reinicio de las discusiones para firmar un nuevo contrato colectivo y el fin de la persecución contra los dirigentes sindicales y empleados que expresan su disconformidad.


Si la semana pasada fueron los trabajadores de los juzgados laborales, el lunes les tocó el turno a quienes laboran en los civiles y mercantiles, quienes salieron del vetusto edificio José María Vargas (Pajaritos), donde se encuentran los tribunales superiores en esta materia y salieron hacia las torres de El Silencio en donde están los de primera instancia; y de allí siguieron hacia al Palacio de Justicia, en donde están los penales.

El presidente del Sindicato Unitario Organizado de la Administración de Justicia (SUONTRAJ), Luis Galviz, informó que la acción fue respuesta ante el silencio de las autoridades. "No nos han informado si van a cumplir lo previsto en el contrato y van a pagar los tres meses más los 132 días adicionales o no. Tampoco han dado a conocer el cronograma de pagos".

Fuentes de la DEM informaron que el lunes se reunieron los jefes de las oficinas regionales para analizar el asunto, pero no trascendió nada.

Desde SUONTRAJ anuncian nuevas acciones para esta semana. En la tarde de hoy, los trabajadores de los juzgados del Trabajo se congregarán frente a la sede de los mismos, en la avenida Urdaneta, y el jueves en la mañana volverán a salir quienes laboran en los civiles.

Fuente: eluniversal.com

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martes, noviembre 23, 2010

La Audiencia Nacional quiere dar carpetazo al papel

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha sido el encargado de digitalizar la página 4.000.000 de la Audiencia Nacional (ver vídeo), que se convertirá, dentro del Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, en "el primer tribunal sin papel". Acompañado por el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, el ministro ha supervisado los trabajos de informatización de un equipo de cien personas que trabajan 24 horas al día, en tres turnos de ocho horas.


En declaraciones a los medios, Caamaño ha calificado el proceso de digitalización de "muy impresionante" porque conseguirá "agilizar" la búsqueda y obtención de la información y, sobre todo, "favorecer la relación entre los ciudadanos y la Administración de Justicia". "El expediente judicial digital va a colocar la Justicia a la altura de los nuevos tiempos", ha enfatizado.

Según los datos del Ministerio de Justicia, desde el pasado mes de septiembre se han digitalizado cuatro millones de páginas, "una cantidad de papel que ocuparía 33 campos de fútbol". El objetivo de este plan es conseguir "en un tiempo récord", concretamente desde septiembre a marzo de 2011, "eliminar el papel de este órgano central de la Administración de Justicia".
"La Audiencia Nacional es pionera en la implantación del expediente digital, uno de los hitos principales del Plan de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, encaminado a lograr una Administración de Justicia con 'papel cero', que garantice una mayor agilidad, eficiencia y transparencia de los procesos", ha subrayado el Departamento que dirige Francisco Caamaño, que también ha destacado que esta iniciativa facilitará el acceso a la documentación sin necesidad de realizar copias en papel.

Por este motivo, un equipo de cien personas, de los que la mitad son abogados con experiencia en trámite procesal, "trabajan día y noche en tres tumos de ocho horas" para digitalizar y catalogar "folio a folio" todos los documentos de las causas abiertas en este tribunal, con una cifra media de 200.000 páginas al día.

El proceso de digitalización, que implica el registro, catalogación, escaneo y revisión del material digitalizado, exige que cada documento pase por una decena de manos hasta que regresa a su lugar de origen. El objetivo es que en enero estén finalizados todos los trabajos de digitalización y a primeros de marzo la Audiencia Nacional se convierta en el primer tribunal sin papel.

"Va a facilitar el trabajo y no va a hacer falta hacer copia. Es un paso importante en la organización de la justicia", ha declarado el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes.


Fuente: cope.es

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Córdoba: Un escape de aguas fecales en la Fiscalía de Menores daña decenas de carpetas

Ha habido plagas de cucarachas, problemas de humedad y, ahora, un escape de aguas fecales. El edificio que acoge las oficinas de la Fiscalía de Menores, en la calle Doctor Barraquer, vuelve a dar problemas por cuestiones de insalubridad. La rotura de un bajante del inmueble ha provocado daños en un centenar de expedientes, lo que obligará a abrir diligencias de reconstrucción para aquellas carpetas que, por cuestiones de salubridad, no puedan volver a manipularse.


El incidente se produjo en la noche del viernes y fue descubierto el sábado por la mañana gracias al personal de guardia de la Fiscalía. Según relataron ayer los funcionarios, las aguas fecales cayeron sobre varios armarios archivadores que contenían tanto expedientes de reforma como de protección de menores, algunos de los cuales quedaron muy dañados por la suciedad. El fin de semana, la Delegación de Gobernación y Justicia envió a un equipo de limpieza para sanear las oficinas, de modo que ayer ya no quedaba rastro de la suciedad ni de los malos olores.

Dos agujeros en el techo y varias decenas de carpetas en el suelo al calor de las estufas eran los rastros del incidente, que mantendrá a los funcionarios ocupados varios días en la reconstrucción de los documentos. El fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro, dijo que los trabajadores repasarán los documentos hasta aclarar "cuántos se pueden recuperar", un trabajo en el que se ha volcado "todo el equipo de la sección de Menores de la Fiscalía". Para los documentos que sean insalvables, habrá que abrir unas diligencias de reconstrucción.

La Junta, por su parte, reforzará la plantilla con personal para que el trabajo de este departamento del Ministerio Público no quede bloqueado, pues algunos de los expedientes dañados son juicios de inmediata celebración, indicaron fuentes judiciales.

El inmueble que ahora acoge la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Menores número 2 se trata de un espacio alquilado por la Junta de Andalucía que anteriormente era sede del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. La Delegación realizó una profunda reforma hace un par de años cuando entró en vigor la unidad especializada en malos tratos, que ahora se encuentra en la calle Pío Baroja, junto a Conde de Vallellano.

Fuente: eldiadecordoba.es

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Valladolid: El Ministerio no prevé que Audiencia y Fiscalía estén en el Campus de Justicia

Un nuevo escollo en el peleado Campus de la Justicia. El Ministerio no contempla la inclusión de la Audiencia Provincial y de la Fiscalía de Valladolid en el conjunto de edificios que conformarán el Campus, según pudo saberse por fuentes cercanas al caso. La situación y la poca información acerca del proyecto ha creado un profundo malestar en la judicatura, que seguiría sufriendo la dispersión de sedes al tener dos órganos fundamentales fuera del complejo.


El presidente de la Audiencia Provincial y principal impulsor del proyecto para unificar las sedes judiciales de Valladolid, Feliciano Trebolle, explicó que no puede asegurar que el Ministerio haya descartado que Fiscalía y Audiencia estén en el Campus, si bien, no se ha concretado su ubicación. "Mi opinión es que la Audiencia Provincial y la Fiscalía deben ir incluidas en ese Campus de la Justicia, y deberían estar en el Plan Especial que está elaborando el Ministerio, donde hasta el momento sólo están los juzgados", comentó Trebolle.

El presidente de la Audiencia Provincial fue tajante al afirmar que los dos órganos "tienen que estar donde estén los juzgados". Además, explicó que el Palacio de Justicia, donde está la Audiencia, tiene que reservarse para dos salas de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia. "En un futuro próximo espero que aquí se ubiquen una sala penal de apelaciones y otra de lo civil, ya que la normativa procesal que entrará en vigor en los próximos años obligará a ello. Si la Audiencia siguiese aquí, no habría espacio para estas salas", declaró.

Lo cierto es que el Ministerio ni siquiera se ha pronunciado sobre el número de edificios del Campus, y que el Ayuntamiento sigue esperando ese plan de equipamientos que concrete cuantos edificios y de qué alturas se construirán en la parcela de Girón.

Aún así, Trebolle no considera que la andadura del proyecto sea lenta. "No está parado, está en marcha y se están llevando a cabo los expedientes necesarios para que se puedan iniciar las obras en el año 2012". El Ayuntamiento concluyó el pasado mes de julio el primer expediente de transformación de la parcela de bien de dominio público a bien patrimonial. El segundo expediente, el de permuta, por el que el Ayuntamiento cede la parcela para el Campus a cambio del edificio de los juzgados de la calle Angustias está en marcha.

El Ministerio de Justicia ya está trabajando en el Plan Especial para el concurso de ideas, que aclarará cúal es el proyecto concreto, y que se convocará posiblemente en los primeros meses de 2011.Los trámites burocráticos habrán acabado a finales del próximo año. Será a partir de 2012 cuando empiecen las obras, que supuestamente finalizarán en 2015.

Fuente: elmundo.es

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lunes, noviembre 22, 2010

Los centros penitenciarios tendrán una delegación de la oficina judicial

Los centros penitenciarios contarán con delegaciones de la oficina judicial, lo que permitirá agilizar las relaciones entre los presos y los órganos judiciales y simplificarán los trámites que deban llevar a cabo. Así lo establece un convenio entre los Ministerios de Justicia e Interior, que ha sido suscrito por el secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Ignacio Sánchez Guiu, y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.


Según el Ministerio de Justicia, este proyecto abre una vía de comunicación entre los juzgados y los centros penitenciarios y permitirá solucionar problemas que habitualmente se plantean en las actuaciones procesales relacionadas con los presos.

En estas delegaciones, que se ubicarán en las instalaciones penitenciarias, se cumplimentarán notificaciones, citaciones, requerimientos, emplazamientos, embargos o mandamientos de libertad, entre otros trámites.

El Ministerio del Interior será el encargado de proporcionar las instalaciones necesarias dentro del centro penitenciario para ubicar las instalaciones de la oficina judicial, mientras que la dotación de personal correrá a cargo de Justicia.

Según el convenio, las delegaciones de la oficina judicial serán implantadas en los centros penitenciarios de Ceuta, Logroño, Mallorca, Melilla y Murcia, caso este último en el que entrará en funcionamiento de forma inmediata.

En el resto de los centros penitenciarios incluidos en el convenio se pondrán en marcha en los próximos meses y será paralela a la implantación de la nueva oficina judicial en las ciudades de Ceuta, Logroño, Palma de Mallorca y Melilla.

Fuente: adn.es

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domingo, noviembre 21, 2010

Caracas, Venezuela: Empleados judiciales exigen sus aguinaldos completos

Varias decenas de empleados de los juzgados del Trabajo de Caracas se congregaron frente a la sede de los mismos, en el edificio Banco Latino de la avenida Urdaneta, para reclamar el pago de los tres meses de bono previsto en el contrato colectivo y de los 132 días adicionales que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) venía dándoles hasta el 2009.


"El picado de culebra, cuando ve bejuco se asusta". Este refrán parece guiar a los trabajadores tribunalicios, quienes ante el hecho de que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) no haya comenzado a cancelar las bonificaciones de fin de año han salido a la calle para dejar en claro que no aceptarán que se repita lo ocurrido el año pasado, cuando les redujeron el monto que venían percibiendo desde el 2003.

El presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ), Luis Galviz, informó que "los compañeros decidieron realizar esta acción de calle para rechazar la amenaza de que les paguen incompletos nuevamente los aguinaldos".

En los últimos días han circulado versiones que aseguran que la DEM no cuenta con los recursos suficientes para cancelar el bono de fin de año a los más de 25 mil trabajadores del Poder Judicial y por ello no han comenzado a pagarlo, a diferencia de años anteriores. Sin embargo, las autoridades tienen hasta el 1 de diciembre realizarlo, de acuerdo con el contrato que venció en 2007.

No obstante, el malestar entre los trabajadores de los distintos juzgados es grande, pues, aseguran que en el Tribunal Supremo de Justicia, ya se pagaron el 30% de los aguinaldos.

"Para nosotros no hay dinero, pero para quienes trabajan en el TSJ nunca falta", se quejó un alguacil, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

Asimismo los manifestantes exigieron de que les entreguen los 48 días que les adeudan del año pasado y también demandaron que se reinicien las discusiones relacionadas con la tercera convención colectiva, las cuales fueron suspendidas desde hace más de dos años.


Fuente: SUONTRAJ SECCIONAL MERIDA

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