El cambio de sistema procesal penal encontrará a la provincia de Santa Fe con un cúmulo de causas penales sin resolver que, si se produjese en este momento, se situaría en el orden de las 624 mil. El ministerio de Justicia de la provincia considera que con los cargos judiciales recientemente creados y una temporaria reasignación de magistrados y recursos humanos, puede atenderse de manera razonable la transición. Los presidentes de las cámaras penales y la Procuración General, en tanto, estiman que son muy pocos los juzgados que podrán afectarse plenamente -o en una suerte de “doble rol” temporal- y que harán falta más designaciones.El cambio definitivo del sistema inquisitivo al acusatorio, que tiene como principales características la oralidad del procedimiento y el rol determinante de los fiscales en el impulso y prosecución de las causas, debería producirse el 1º de febrero del año próximo, aunque ya es un hecho que habrá una nueva postergación. En cualquier caso, además de la demanda de infraestructura y recursos económicos, tecnológicos y humanos que requerirá la plena aplicación del nuevo Código Procesal Penal, habrá una etapa de transición durante la cual se deberá disponer de las causas remanentes del viejo sistema, al mismo tiempo que comienzan a tramitarse las que ingresen a partir de ese momento.
En este plano, la discusión ya no está dada solamente por cuánto personal y estructura edilicia serán necesarios para satisfacer las exigencias del procedimiento oral, sino también el porcentaje que deberá quedar afectado a lidiar con el remanente, antes de ir pasando paulatinamente al nuevo esquema.
Relevamiento
A los efectos de cuantificar la transición, en términos de causas remanentes y necesidad de recursos, los presidentes de las Cámaras penales, la Procuración General y la Corte llevaron a cabo un relevamiento distrito por distrito, y trataron la cuestión en una serie de reuniones conjuntas, y con el ministerio de Justicia.
De acuerdo a las fuentes consultadas, los camaristas coincidieron en general -con matices por circunscripción- en que, dado el volumen de causas existente, son muy pocos los recursos actuales que podrán ser liberados para afectarlos a las nuevas. Por lo cual en algunos casos se sugirió la asunción de un “doble rol” por parte de determinados magistrados -propuesta con la que no todos coinciden- y en muchos se reclamó la creación de nuevos juzgados o cobertura de vocalías, para poder integrar los tribunales orales que prevé la ley. También enfatizaron la necesidad de contar, desde un inicio, con una Oficina de Gestión Judicial en cada circunscripción y expresaron su preocupación por la alta cantidad de magistrados subrogantes, lo que complica realizar previsiones.
Al respecto, la opinión del ministro de Justicia, Héctor Superti, es que recién se podrán tener un panorama ajustado en cuanto a las proyecciones de instalación completa del nuevo sistema cuando se cuente con todos los nuevos funcionarios -en estos días se están concursando los cargos de fiscales y defensores. También considera que la organización de la conclusión de causas actualmente en curso no debería ser demasiado complicada, y que basta con los cargos recientes para satisfacer las necesidades.
Con estos resultados -y estas opiniones-, la comisión técnica dio por terminado su cometido. La discusión ahora se dará a nivel político, entre los principales representantes de los tres poderes del Estado.
El traspaso en cifras
446 mil causas no entraron todavía en la etapa de juicio. El Ministerio Público aplicará el criterio de oportunidad para ver cuáles prosigue, cuáles desecha y cuáles se someten a mediación.
16.600 causas están en etapa de juicio, sin sentencia. Podrán ser sometidas a procedimiento abreviado o al trámite de suspensión del juicio a prueba.
161 mil causas no tienen imputado individualizado. La ley prevé que la investigación continúe por seis meses y, si no hay resultado, pasen a ser archivadas.
418.600 causas tienen imputados que no están privados de libertad. Seguirán adelante las que registren actividad de alguna de las partes durante los seis meses siguientes al inicio de la transición. El resto pasará al archivo.
5.790 causas tienen imputado con pedido de captura, no declarado rebelde. Se deberá declarar la rebeldía, comunicar las listas a la policía y los fiscales, y publicar en la web judicial. Si a los seis meses no hay captura, pasan al archivo.
3.450 causas tienen imputados rebeldes. También habrá un plazo de seis meses para capturarlos.
2.300 causas con detenidos en prisión preventiva, deberán seguir el trámite desde el punto en que hayan quedado
Fuente: ellitoral.com
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