sábado, marzo 31, 2007

La hipoteca inversa, un nuevo producto de financiación

La reforma de la Ley Hipotecaria permite a los mayores de 65 años recibir una renta vitalicia a cambio de una hipoteca sobre su vivienda y sin tener que abandonarla.
Pero la medida tiene demasiadas lagunas. La reforma de la legislación del mercado hipotecario regula una nueva figura, la hipoteca inversa que, en realidad, ya se está haciendo en la práctica y es una medida implantada en otros países de la Unión Europea e incluso en Estados Unidos.
Explica Diana Pascual, en El Economista, que se trata de un producto de financiación que permite a los mayores propietarios de viviendas obtener unos ingresos extra mediante el cobro de una renta vitalicia a cambio de su casa sin sacrificar la propiedad inmediatamente ni el uso de la misma.
1. Hipoteca inversa
La hipoteca inversa es un préstamo que pueden solicitar las personas mayores de 65 años o dependientes, mediante hipoteca sobre su vivienda habitual con el fin de obtener una renta periódica o de una sola vez. Estas personas podrán seguir residiendo en la vivienda, si lo desean, hasta su fallecimiento.
Por tanto, se garantiza que el propietario solicitante de esta modalidad de hipoteca siga siendo el titular del piso. A su fallecimiento, los herederos podrán recuperar la casa abonando al banco los pagos que haya realizado de la hipoteca junto con sus intereses, o podrán ejecutar ese crédito y cobrar la cantidad que reste sobre el precio tasado al dar la hipoteca inversa. El banco no puede exigir compensación alguna por la cancelación.
Otro requisito de esta modalidad de hipoteca es que la ley exige que la vivienda hipotecada sea tasada y asegurada contra daños, por lo que las tasadoras se están frotando las manos viendo el negocio que pueden realizar.
Aunque se agote la renta que aporta la entidad financiera en función del valor de tasación de la vivienda, el titular de esta hipoteca podrá seguir viviendo en su casa.
El cálculo de los ingresos periódicos se determina en base al valor de la vivienda a futuro, de forma que la suma de las cantidades dispuestas -renta periódica recibida por el cliente- más los intereses capitalizados periódicamente y los gastos previstos al contratar la operación equivalga al valor de la vivienda a la fecha del vencimiento del crédito.
Este tipo de hipotecas sólo pueden ser concedidas por las entidades de crédito y por aquellas entidades aseguradoras autorizadas para operar en España. Además, estarán exentas del pago del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. Asimismo, se aplicarán las mismas reducciones en honorarios notariales y registrales que para la cancelación, subrogación y novación contempla la reforma.
- Principio de transparencia: Por supuesto, el legislador vuelve a insistir en que los bancos deben proporcionar al cliente información transparente y un asesoramiento independiente, teniendo en cuenta su situación financiera y los riesgos derivados de la suscripción de este producto.
A este respecto, las asociaciones de consumidores consideran que este tipo de asesoramiento debe ser facilitado por las consejerías de consumo y los juristas entienden que la consulta notarial debería ser obligatoria y gratuita.
Esta regulación suscita varios comentarios. Para empezar, se define la hipoteca inversa como un "préstamo o crédito garantizado". Entendemos que no es correcto y que la ley debería hablar de préstamo y no de crédito.
Recordemos que un préstamo consiste en que un banco pone a disposición del cliente una cantidad fija que éste tendrá que devolver con unos intereses pactados en el plazo acordado. En cambio, el crédito consiste en que la entidad financiera pone a disposición del cliente, en su cuenta de crédito, el dinero que éste necesite hasta una cantidad máxima.
Estamos ante un préstamo que pueden solicitar las personas mayores de 65 años o dependientes. Si la finalidad de este producto es que los jubilados tengan un complemento a su pensión y puedan mantener, por consiguiente, un nivel de vida superior al que le permitiría esta última, no entendemos por qué la ley ha fijado esa edad para solicitarlo y no los 55 o 60 años.
De otro lado, la ley habla de vivienda habitual. Esto nos conduce a reflexionar por qué no se puede solicitar una hipoteca inversa sobre una segunda vivienda, por ejemplo, sobre el apartamento de la playa o sobre el chalet en el campo. A la vista de esta regulación, muchos expertos consideran que va a haber más abusos que en las hipotecas ordinarias y, al final, el perjudicado será el consumidor.
Se trata de una legislación deficiente que lejos de proporcionar soluciones, deja pendiente de regulación muchos aspectos, lo que será una fuente de conflictos fundamentalmente para los herederos.
2. Hipoteca flotante
Con esta reforma también se flexibiliza el mercado hipotecario regulando las hipotecas de máximo o "flotantes", que son aquellas en las que se garantizan varias obligaciones o se mezclan obligaciones, presentes o futuras, sin necesidad de pacto novatorio de las mismas. De este modo, lo que se trata de garantizar es no encarecer la operación y fomentar la competitividad en la práctica bancaria.
3. Seguro de dependencia
Esta reforma del mercado hipotecario tambien aborda la regulación relativa al seguro de dependencia. La nueva ley prevé que esta cobertura de dependencia se pueda instrumentar a través de un seguro suscrito con las aseguradoras o a través de un plan de pensiones.
Por el contrato de seguro, la entidad aseguradora se obliga a atender las consecuencias perjudiciales sufridas por el asegurado en el caso de que devengue en situación de dependencia.
Recordemos que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, define la dependencia como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
Este contrato de seguro de dependencia podrá articularse a través de pólizas individuales o colectivas. Los planes de pensiones que prevean esta cobertura concreta lo deben recoger expresamente en sus especificaciones.



Fuente: Periodista Digital

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Merida: El Palacio de Justicia saldrá a concurso tras el verano

El Palacio de Justicia saldrá a concurso, probablemente el próximo verano, por un importe de 17,24 millones de euros, casi cuatro millones más que lo anunciado en un principio, cuando se barajaba la cifra de 13,5 millones.
Así lo indica el Ministerio de Justicia en un anuncio publicado la pasada semana en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el que también se señala que el plazo de ejecución de las obras será de 24 meses a partir de la adjudicación del contrato.
Sin embargo, la Delegación del Gobierno aclara que este anuncio no es más que «indicativo» de las intenciones del Ministerio de Justicia, ya que el proyecto del nuevo edificio judicial se encuentra actualmente en un período de supervisión por parte de técnicos del organismo.
Así lo confirma también el estudio de arquitectura encargado de la redacción del proyecto, 'Mira, Milla y Navarro', que explica que el proyecto original lo habían modificado recientemente para introducir algunos cambios sugeridos por el Ministerio de Justicia para mejorar la seguridad del recinto y por unas cuestiones de escala del espacio.
Esta modificación del proyecto es la que ha provocado que la ejecución del nuevo Palacio de Justicia de Mérida ya lleve casi un año de retraso respecto a las previsiones iniciales. Según anunció el propio Ministerio el verano pasado, los trabajos serían adjudicados en el segundo semestre del 2006 y las obras comenzarían a lo largo del 2007.
Las obras se convocarán a lo largo del próximo verano y, como confirma el Ministerio de Justicia, se adjudicarán el próximo mes de septiembre. Con estos nuevos plazos que se manejan, es previsible que las obras concluyan en el año 2010.
Según indica la Delegación del Gobierno, se prevé que la supervisión del proyecto termine antes del verano. Será entonces cuando proceda insertar el anuncio del concurso definitivo en el boletín oficial europeo, primero, y dos semanas después en el Boletín Oficial del Estado, en el que ya se establecerán los plazos concretos para la presentación de ofertas.
Como se recordará, el proyecto diseñado por el estudio de 'Mira, Milla y Navarro' prevé que el futuro edificio del Palacio de Justicia sea energéticamente sostenible. El inmueble ha sido diseñado para contar con elementos naturales de regulación climática y reutilización del agua para el riego y la limpieza.
El diseño del proyecto y la dirección de la obra fue adjudicada el año pasado al citado estudio madrileño, especializado en órganos judiciales, por un importe de 700.219 euros.
El edificio proyectado tiene una previsión de espacio para albergar dos secciones de la Audiencia Provincial, 16 juzgados y otras dependencias judiciales, como espacios para abogados y procuradores, peritos y psicólogos, el servicio jurídico de la Junta y el servicio de orientación jurídica, entre otros.
Todo el conjunto tendrá una estructura parecida a una L, según explicó el arquitecto Miguel Ángel Mira. En el brazo largo se situarán las oficinas, mientras que el brazo corto, que se extiende hasta la calle, será la sede de la Fiscalía, el Juzgado de Menores y otras dependencias.
Tras la modificación del diseño recientemente introducida, el nuevo Palacio de Justicia ya no contará con la gran plaza peatonal que lo rodeaba en el proyecto original, sino que la plaza pasa a ser de carácter interior, limitada por un pequeño edificio, estrecho y de una sola planta, que la rodeará y que servirá como zona de entrada, control de visitas y servicios auxiliares.
A pesar de ser interior, esta plaza seguirá siendo de uso público, según aclararon en su día los arquitectos, pero el recinto en su conjunto ganará en seguridad.



Fuente: Hoy Digital

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Cataluña: Refuerzo para la seguridad de los edificios judiciales

El Ministerio de Justicia invertirá en los próximos dos años 352. 128 euros en la contratación de servicios de seguridad privada en los edificios judiciales catalanes. Se trata de un servicio de vigilancia externa que reforzará el que ya prestan las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Además de recurrir a servicios de seguridad privada, el Ministerio de Justicia también decidió incorporar personal de la Guardia Civil y reforzar la actuación policial.
Por ejercicios, durante este año la inversión prevista es de 114. 952 euros, mientras que para 2008 se destinará un presupuesto de 176. 805 euros y para el periodo correspondiente a 2009 la inversión será de 60. 370 euros.
En total, el Ministerio de Justicia destinará durante dos años más de 18 millones de euros a las comunidades que han denunciado carencias en las instalaciones judiciales. Una parte del presupuesto se destinará a vigilancia, mientras que el resto se dedicará a los sistemas de seguridad pasiva. Las comunidades beneficiarias serán Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Murcia, y Valencia.

Fuente: Terra

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ASKLEPIOS, nueva aplicación web para los médicos forenses

El Ministerio de Justicia ha creado ASKLEPIOS, una aplicación web común para todos los Institutos de Medicina Legal (IML), con el objeto de que los médicos forenses mejoren la prestación del servicio que ofrecen ante casos de violencia sobre la mujer.
Entre los objetivos de esta medida, que se enmarca dentro del Plan de Sensibilización contra la Violencia de Género, se encuentra la elaboración de protocolos comunes que ordenen las actuaciones del médico forense que atiende a la víctima de violencia de género.
Para ello, el sistema ASKLEPIOS pone a disposición de estos profesionales una base de datos que facilita el aprovechamiento compartido de conocimientos, experiencias, modelos, plantillas y protocolos de actuación. De este modo, se obtendrá provecho de la amplia especialización en campos, técnicas y casos que van extendiéndose en el colectivo de los médicos forenses.
La utilización del protocolo a seguir y de las plantillas que incorpora el sistema garantizará que el médico forense suministre, en un único informe, el mayor número de datos posibles para que el juez pueda adoptar sus decisiones y así evitar que la víctima tenga que volver a ser reconocida por el médico forense para eventuales informes complementarios.
De esta manera, se evita que la mujer deba acudir en varias ocasiones a la clínica. Esto redundará también en una mejora del servicio prestado a aquéllas, al optimizarse los medios con los que cuentan los Institutos de Medicina Legal. Con esta medida se trata de evitar la doble victimización de las mujeres afectadas y la saturación de los recursos disponibles.
ASKLEPIOS se crea en ejecución de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, ya que proporciona un marco integral en las ramas clínica, patológica y de laboratorio, facilitando los protocolos de actuación de las Unidades de Valoración Forense Integral.
Esta aplicación contempla la existencia de 13 sedes piloto en los IML de Zaragoza, Palma de Mallorca, Santander, Burgos, Valladolid, León, Albacete, Toledo, Badajoz, Cáceres, Murcia, Logroño y de la Audiencia Nacional de Madrid.
Ocho de estas sedes ya están en funcionamiento, mientras que Palma de Mallorca, Albacete, Toledo, Badajoz y Madrid lo estarán a finales de abril. Informó el Ministerio de Justicia.

Fuente: Diario de Noticias

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viernes, marzo 30, 2007

Arabia Saudí: 16 condenados a muerte en lo que va de año

Las autoridades de Arabia Saudí decapitaron a un hombre acusado de matar a un taxista etíope, según informó la agencia estatal de noticias. Ahmed bin Mohamed Farajallah fue encontrado culpable de matar al taxista Mohamed Adam Jamee, según un comunicado del Ministerio saudí del Interior, recogido por la agencia saudí. El texto indica que Farajallah hizo que Jamee le llevara a una zona poco habitada y entonces le golpeó, le robó y finalmente le apuñaló hasta la muerte. Con esta muerte son 16 los ejecutados a muerte en lo que va de año en Arabia Saudí, donde las sentencias se cumplen en público y mediante una espada. Según la agencia de noticias, el condenado había asaltado a otros taxistas en el país, y confesó todos sus crímenes, así como ser heroinómano. Arabia Saudí tiene un estricto código penal, basado en la ley islámica, que contempla penas de muerte para el asesinato, el tráfico de drogas, la violación y el robo a mano armada. El pasado año, un total de 38 personas fueron decapitadas, mientras que en 2005 fueron 83.

Fuente: Alerta Digital.com

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jueves, marzo 29, 2007

Asturias: Confirmada fecha tope para el traspaso de los recursos humanos

El consejero de Justicia del Principado de Asturias, Francisco Javier García Valledor, confirmó que el 1 de julio de este año es la fecha tope para el traspaso a la Comunidad de los recursos humanos en materia judicial. Según dijo, esto supondrá un "segundo paso", una vez finalizada ya la transferencia de recursos materiales.
En declaraciones a los periodistas en el Ministerio de Justicia después de reunirse durante más de dos horas con el ministro, Mariano Fernández Bermejo, aseguró que ambas partes reafirmaron su "voluntad" de que el 1 de julio sea la fecha en que se produzca "de forma concreta este segundo paso en la transferencia".
"Hemos reafirmado la voluntad política de reactivar de manera inmediata el trabajo para cumplir con esa fecha. Ha habido algún contacto técnico, ahora vamos a seguir trabajando en estos aspectos, por lo que creo que se podrá cumplir porque el traspaso de los recursos personales es sencillo", explicó.
El secretario de Estado, Julio Pérez, comentó que Gobierno y Principado coinciden en el calendario, por lo que Asturias "muy pronto ejercerá plenamente" sus competencias, cuyo "segundo paso" es el traspaso el 1 de julio de los medios personales.
En este sentido, subrayó que el tercero de esos pasos será el pago de una cantidad "complementaria para mejorar y recuperar deficiencias del pasado". Pérez destacó que esta cantidad se situará en torno a los 8 millones de euros para los años 2007-2009, "tal y como se convino ya el pasado año".
Asimismo, resaltó la existencia de una "sintonía muy constructiva" entre ambas partes en la "necesidad de impulsar los planes de modernización" de la Justicia, los cuales "tropiezan en algún punto con hostilidades como las del PP, que no obedecen a discrepancias sobre esos planes sino a una estrategia general de confrontación que perjudica a los ciudadanos".
El secretario de Estado adelantó que es "muy probable" que en Avilés haya una nueva oficina judicial, "moderna y que entrañe quizá un mayor coste". En caso de ser así, aseguró que el Ministerio lo afrontará. Además, insistió en que los medios materiales están traspasados y los personales se traspasarán "con efecto al 1 de julio".
García Valledor, por su parte, indicó que en la reunión también hablaron sobre aspectos "pendientes" de la transferencia de los medios materiales de la Administración de Justicia al Principado, materia en la que había algunos "flecos que convenía reactivar", como por ejemplo en lo relacionado al Instituto de Medicina Legal, "para ver si puede ser licitado este mismo año".
Afirmó, además, que hicieron un "repaso a todo lo que es la situación de las reformas procesales", que tienen una implicación "directa" sobre los proyectos de la Comunidad Autónoma y del propio Ministerio en el proceso de "modernización, reforma e impulso" de la Justicia.
A este respecto, aclaró que se estaba refiriendo a la Oficina Judicial, que probablemente tendrá un proceso de "experiencia piloto" en Avilés, y sobre el que estudiarán la "fórmula para incorporarlo a la transferencia del mes de julio".
Finalmente, acusó al PP de "rechazar cualquier posibilidad de acuerdo", impidiendo así el "avance de todas aquellas reformas cualitativas que en el ámbito de la Justicia son necesarias y que ellos niegan como parte de esa estrategia general que bloquea elementos sustanciales para la mejora de la Justicia de cara a los ciudadanos".



Fuente: Fuerteventura Digital.com

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Operación policial contra páginas web

Diez personas fueron detenidas en el último mes y 21 páginas web españolas clausuradas dentro de una operación de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de la Policía Judicial. Según la Policía, las páginas intervenidas ofrecían el 40 por ciento del total de las descargas de música y cine en la Red. Se trata del segundo operativo de estas dimensiones tras el realizado en abril de 2006 en el que se detuvo a 15 personas.
Los diez detenidos están en libertad con cargos y no tenían antecedentes, según informó Joan Mesquida, Director General de la Policía y la Guardia Civil, que aseguró que ésta es una operación "pionera a nivel internacional, ya que es la primera vez que se constata que los propios administradores de esta web eran los encargados de grabar los contenidos en los cines, montar imágenes y difundirlas en la red".
En una nota de prensa de la Policía Nacional se señala que "en ningún momento la investigación ha ido dirigida contra los usuarios" e informa de que "la mayoría de estas webs clausuradas superaban las 500.000 visitas diarias, alguna había generado más de 175.000 euros por publicidad a sus creadores y el total de beneficios acreditados rebasan los 625.000 euros, aunque las ganancias ocultas serían muy superiores. En ocasiones estas páginas alojaban más de 20.000 archivos pirateados y registraban unas 15.000 descargas al día".
Aunque los hechos implican a un total de 32 personas, sólo se ha detenido a diez webmasters quienes, según explicó Mesquida, "podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta dos años, aunque por la jurisprudencia, lo lógico es que se les aplique una multa proporcional al perjuicio provocado". Dos de estas detenciones, que se realizaron en las comunidades autónomas de Valencia, Galicia, País Vasco, Baleares y Madrid, se llevaron a cabo a la salida de las salas de cine en las que los detenidos grababan el audio de un estreno cinematográfico.Esta investigación se inició en el mes de julio de 2006 a raíz de las denuncias presentadas por la Federación para la protección de la Propiedad Intelectual (FAP), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), los Productores de Música de España (PROMUSICAE), la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) y se ha dirigido contra los responsables de siete páginas web.



Fuente: Libertad Digital

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miércoles, marzo 28, 2007

Castilla-La Mancha: Las transferencias de Justicia pueden llegar en 2008

Llanos Castellanos califica de satisfactoria la entrevista que mantuvo en el ministerio de Justicia con su responsable, Mariano Fernandez Bermejo, para hablar de las transferencias en esta materia. A pesar del cambio de titular en el ministerio, la consejera vió como posible que Castilla-la Mancha tenga las competencias en esta materia antes de marzo de 2008.
Castellanos se reunió con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en el primero de los encuentros de las dos administraciones desde que el ministro tomó posesión de su cargo. El objetivo de la entrevista, según la consejera, era precisamente "retomar el estado de las conversaciones con el anterior titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y entregar la documentación" que la Junta de Castilla-la Mancha ha recopilado en las últimas fechas.
Se trata, según la consejera, de "sentar las bases" sobre las que el equipo de trabajo del Gobierno regional, junto al grupo del Ministerio de Justicia, pueda cerrar "lo antes posible el proceso de transferencias", añadió. Castellanos destacó que este proceso ha sufrido una serie de "contratiempos" debido, precisamente "al cambio de titular en el Ministerio y al cambio de Equipo", declaró.
Sin embargo, tras destacar que la entrevista ha resultado "satisfactoria" dada la "receptividad" de Fernández Bermejo, la consejera insistió en su "esperanza" de acabar con el proceso de cesiones de competencias "en las mejores condiciones", añadió. La titular de Administraciones Públicas subrayó, además, que los cuatro grupos de trabajo creados al efecto entre la Junta y el Ministerio, relativos a personal adminstrativo, gastos de funcionamiento, sistemas informáticos e inmuebles, tienen ya un estudio del proceso "muy ultimado", aunque, matizó, "falta ultimar la metodología y los criterios de cálculo", así como adaptar estos costes al presente ejercicio.
Una vez que esté completa esta fase, Castellanos indicó que sólo restará dar el impulso "politico y presupuestario necesario" para obtener las competencias.



Fuente: Diario crítico.com

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Málaga: Le imputan por error en 30 causas

La defensa de un vecino de Málaga que está imputado en treinta causas penales por error, pues su nombre, apellidos y en algunos casos su DNI coincide con el de otras personas, exige al Ministerio de Justicia una indemnización de 300.000 euros por el anormal funcionamiento de los Juzgados.
El abogado de Manuel Campos Carmona ha interpuesto una reclamación patrimonial ante la Administración, ya que media docena de Juzgados de Instrucción de la capital no le han notificado las causas pendientes, pese a que durante más de dos años ha estado presentando requerimientos para acceder a dicha información.
Su caso surgió en noviembre de 2004, a raíz de que permaneciera por error en prisión preventiva, cuando se le confundió con otra persona con el mismo nombre acusado de cometer un atraco.
Cuando ocurrió el atraco, Carmona se encontraba cumpliendo un arresto de fin de semana en la cárcel malagueña, un hecho que certificó el propio centro penitenciario.
A raíz de este incidente, su abogado, Carlos Roldán, ha tratado de saber qué hechos se le imputan, o en qué medida podría haber sido víctima de errores policiales o judiciales a causa de su nombre.
Tras dos requerimientos ante el Juzgado Decano de Málaga y un escrito de queja al Defensor del Pueblo, la defensa de Carmona ha optado por demandar al Ministerio 'por anormal funcionamiento de la Justicia' y como medida para 'garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva'.
Fuentes cercanas al caso señalaron que hasta la fecha sólo han respondido a los exhortos de la defensa los Juzgados de Instrucción número 7, 10 y 12, para informar del archivo de las causas o del reconocimiento del error antes de acabar con el procedimiento.
Por su parte, diputados malagueños del Grupo Socialista se han comprometido a mediar con el Ministerio de Justicia para indemnizar a Carmona por el retraso de la Justicia, indicaron las fuentes.
La defensa lamenta que 'ni siquiera se ha podido comprobar si ha habido errores judiciales, porque no se dispone de la totalidad de las causas que aparece a su nombre'.


Fuente: Terra

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Torrevieja: Finalizan las obras del Palacio de Justicia

El secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, junto al alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, y la Magistrado-Juez Decana de Torrevieja, Juana López, han visitado las obras de ampliación del Palacio de Justicia, cuyo edificio está incluido en el Plan Director de Infraestructuras Judiciales (PLADIJ) y complementa a la actual sede. Hernández Mateo ha informado que próximamente el Ayuntamiento recibirá las obras por parte de la empresa que ha ejecutado las obras para cedérselas a la Conselleria de Justicia de la Generalitat.
El alcalde ha señalado que “era una necesidad para Torrevieja la ampliación de las actuales dependencias del Palacio de Justicia”, afirmando que se han cumplido los objetivos previstos.
A lo largo del próximo mes de abril se espera que se trasladen al nuevo edificio las actuales dependencias del Palacio de Justicia, para posteriormente adecuarlas a la nueva sede. Con esta ampliación, el Palacio de Justicia de Torrevieja contará con 5.200 metros cuadrados de base, disponiendo de planta baja, cuatro alturas y ático. La inversión realizada para esta ampliación ha superado los 3.600.000 euros.
Por su parte, Fernando de Rosa agradeció la gran colaboración prestada por el consistorio torrevejense, asegurando que sorprende el enorme crecimiento de Torrevieja, que ha pasado de contar con un Juzgado de Paz en el año 2000 a los 7 juzgados de Primera Instancia e Instrucción, y un Juzgado de lo Penal, que tiene en la actualidad.
El secretario Autonómico de Justicia anunció que la Conselleria va a solicitar al Ministerio de Justicia la creación de 3 nuevos juzgados para el Partido Judicial de Torrevieja, dado el gran volumen de trabajo que tiene. Para De Rosa la demarcación judicial de Torrevieja, junto con la de Elche, son en la actualidad las más pujantes y con más necesidades de la Comunidad Valenciana.
Fuente: Torreviejanet

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martes, marzo 27, 2007

"Algunos jueces esconden bajo la toga a un militante"

La revista CHESTERTON entrevista a Jose Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Para leer la entrevista, pincha aquí.

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lunes, marzo 26, 2007

Sancionado con 600 euros por dar consejos

La Comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad sancionar con 600 euros por una falta grave al magistrado de la Audiencia Provincial de Cantabria Esteban Campelo Iglesias por haber incluído consejos religiosos en dos sentencias sobre denuncias por amenazas y lesiones entre parejas en trámites de separación.
La Comisión Disciplinaria, de conformidad con la propuesta del instructor del expediente disciplinario, ha acordado sancionarle por una falta grave del artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al entender que las expresiones contenidas en sus resoluciones judiciales "son de todo punto innecesarias, improcedentes y extravagantes, así como manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista jurídico".
En una sentencia dictada en noviembre de 2005 en la que condenaba a una mujer a 60 dias de multa por abofetear a su marido, el magistrado incluía tres páginas dedicadas íntegramente a sermonear a la pareja para que pusiesen en medio de sus vidas "el Espíritu de Jesucristo Resucitado, capaz de llenar el anhelo de vida" que tienen sus corazones.
En la mencionada sentencia, el magistrado aconsejaba a la pareja "acudir a quien dispone de esa fuerza salvadora, que es la Iglesia Católica, diciendo a sus ministros que queréis participar y comer de ese fruto".
También recriminaba al marido que mantuviese relaciones con otra mujer más joven que su mujer. Así, criticaba al esposo que, como su pareja, "a una determinada edad", no podía ofrecerle "en sexo, afectividad o carácter" la vida que "anhelaba", se fuese "a beber de otra fuente que estima menos gastada".
El propio juez consideraba en su sentencia como algo "bueno y la mejor justicia" dar a la pareja consejos religiosos "como magistrado que aspira a ser cristiano".
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) acordó en marzo del pasado año remitir las actuaciones al CGPJ a los efectos de "depurar las posibles responsabilidades a que pudiera haber lugar" respecto al magistrado.

Fuente: El Faro de Cantabria.com

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domingo, marzo 25, 2007

Pornografía vs. libertad de expresión

La Justicia de EEUU dejó sin efecto una norma que permitía que los sitios web con contenido inconveniente prohíban el acceso a menores de edad. Un juez señaló que la norma atentaba contra la libertad de expresión de los adultos y que viola la primera enmienda de la Constitución.
La Justicia federal de los Estados Unidos derogó una ley de 1998 que prohibía el acceso a menores de edad a páginas de internet que contengan material considerado nocivo. Los fundamentos fueron que esa norma limitaba la libertad de expresión de los mayores y que para controlar los accesos existen herramientas tecnológicas.
"Es posible que les estemos causando más daño a los menores si, en nombre de protegerlos, socavamos las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución, que ellos, cuando sean adultos, seguramente heredarán", dijo el juez Lowell Reed.
La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice: "El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios".
La norma tipificaba como delito la conducta de los titulares de las páginas de internet, que permitían el acceso de menores de edad a sitios con contenido nocivo. Las páginas debían contar con un sistema para acreditar la mayoría de edad de sus visitantes a través del ingreso del número de tarjeta de crédito. Las multas para los infractores iban desde los 50.000 dólares a seis meses de prisión.
Esta no es la primera vez que la ley es analizada por la Justicia. En 2004, la Corte Suprema de Estados Unidos la había suspendido ante el reclamo de empresas contra la aplicación de la normativa.
En efecto, varios sitios de internet, con el apoyo de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, señalaron que la ley atentaba contra la libertad de expresión.



Fuente: Diario Judicial.com

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La tuberculosis vuelve a España con los inmigrantes

La SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) maneja unas cifras que reflejan unas altas tasas de la tuberculosis en España. Más de 10.000 casos nuevos se registran al año, con un incremento del 14 % en los últimos años y que ha llevado a nuestra patria a ser el país más afectado de la Europa Occidental por esta enfermedad, a gran distancia de su incidencia en otros países como Alemania, Francia, Holanda o el Reino Unido.
Sin embargo según el Dr. Ruiz Manzano, Jefe Clínico de Neumología del Hospital Universitario Germans Trias y Pujol de Badalona (Barcelona) y miembro de SEPAR, “se estima que una tercera parte de los casos no se notifican a pesar de tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria nominal (EDO)”.
La enfermedad puede afectar por igual a todos, pero existen ciertos colectivos que presentan una mayor incidencia: pacientes inmunodeprimidos (infectados por VIH, neoplásicos, tratados con inmunosupresores), indigentes, toxicómanos, presos y ahora, tras el espectacular fenómeno de la inmigración que sufre España desde hace unos pocos años, también los inmigrantes procedentes de países en vías de desarrollo.
Precisamente debido al fenómeno migratorio, España coincide cada vez más con el patrón observado en algunos países europeos, donde más del 50% de los casos se dan entre extranjeros. El Dr. Caylà comenta en “portales médicos” que “en el primer año de llegada la incidencia es elevada para disminuir en los años sucesivos ya que seguramente influyen de forma negativa las peores condiciones socio-económicas iniciales.
”La tuberculosis se transmite por vía respiratoria: cuando el paciente tose, habla, canta … expele bacilos que pueden transmitir la infección si son inhalados por otra persona, aunque, en general, para contagiar la tuberculosis se requiere un contacto íntimo y continuado. Muchos casos de tuberculosis serían evitables si en su momento, cuando se diagnosticó a su caso índice, se hubiera procedido a un buen estudio de contactos.



Fuente: Minuto Digital

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sábado, marzo 24, 2007

Comunidad Valenciana: Sin médicos forenses

La bolsa de trabajo de médicos forenses en la Comunitat Valenciana está a cero. Esta es la explicación ofrecida por la Conselleria de Justicia ante la ausencia, desde hace un mes, de la especialista titular de los juzgados de Torrent, un partido judicial que abarca a cerca de 200.000 personas de la capital de l'Horta Sud, Picanya, Paiporta, Aldaia y Alaquàs.
La médico forense que atiende a los juzgados de primera instancia e instrucción número 1, 2, 3 y 4 de este partido judicial número 4 solicitó hace cuatro semanas la baja por maternidad. Un mes antes, los responsables de los tribunales torrentinos notificaron al Instituto de Medicina Legal que, en breve, iban a carecer de especialista, lo que afectaría a cientos de personas en caso de que no se cubriera la plaza. La advertencia no era baladí: en la superficie que atiende el partido judicial hay más de 200 residencias de ancianos que generan un importante volumen de trabajo, además de fallecimientos, accidentes de tráfico, incapacidades y casos de violencia doméstica, entre otros, que requieren del preceptivo informe. La ausencia de forense ha provocado que los funcionarios hayan cancelado las citaciones previstas y ya no proporcionen más hasta que no se cubra la plaza. Si se tiene en cuenta que los juzgados de Torrent están citando ahora a personas que sufrieron accidentes hace un año y que algunos de los expedientes prescriben no es extraño ver, protestas más que airadas de los ciudadanos afectados. Cada juzgado afectado por esta situación da cita - habitualmente, cada dos o tres semanas- a una treintena de personas, lo que significa que este mes de ausencia de la forense titular ha dejado sin atender a más de un centenar de ciudadanos. A todo ello se suma el malestar del personal de los juzgados por lo que consideran una falta de información por parte del Instituto de Medicina Legal pese a los requerimientos de los jueces de Torrent.
Los levantamientos de cadáveres que afectan a estos juzgados están siendo llevados a cabo por los forenses de guardia de Valencia, que deben sumar a su trabajo el de este partido judicial del área metropolitana. La baja de la titular forense -hay un segundo forense pero sólo atiende al resto de juzgados hasta el 7- se prolongará, al menos, tres meses más pero la conselleria desconoce cuando llegará el especialista sustituto procedente, en este caso de Almería, aunque considera que no será más de una semana.
Fuentes de la administración autonómica de Justicia reconocieron que el origen de esta problemática -que puede afectar a más juzgados- radica en que « no hay médicos forenses en la bolsa de trabajo de la Comunitat Valenciana » porque, han añadido, la creación de estas plazas corresponde al Ministerio de Justicia « y hay un déficit evidente ya que hace mucho tiempo que no las genera ».
La ausencia de médico forense en cuatro juzgados de Torrent ha provocado, no solo el consiguiente colapso en los tribunales afectados sino también un profundo malestar entre los ciudadanos. Si personal y funcionarios se quejan de la falta de información por parte de la conselleria, los vecinos protestan por que el juzgado no les notificara que no serían recibidos. «Me han llamado tres veces para que viniera y las tres me han dicho luego que no iba a ser atendido. Me parece impresentable. No costaba nada avisar por teléfono y más si tienes que desplazarte desde Valencia, como yo», explica un joven, todavía con secuelas de un siniestro laboral. También en su caso tuvo que esperar un año en ser citado la primera de las cinco veces que lo ha sido. Varias personas más como él han rellenado las correspondientes hojas de reclamaciones porque, además, en algunos casos, los juicios por los respectivos accidentes está cerca y temen no tener los expedientes del forense.

Fuente: El Mercantil Valenciano.com

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"La situación de la Justicia en Valladolid es un privilegio"

El Norte de Castilla entrevista a Ignacio Segoviano Astaburuaga, juez decano de Valladolid. Para leer la entrevista, pincha aquí.

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"Sentí el impulso de pedir perdón por ser jueza"

Matilde Zavala de González, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, ex magistrada de la ciudad de Córdoba (Argentina), reflexiona sobre diversos temas del quehacer judicial. Aunque se mostró orgullosa de su paso por la Justicia, confesó que en determinados momentos, sintió necesidad de pedir perdón por ser jueza.
Hoy está retirada, jubilada de una actividad donde pasó 20 años de su vida, habiendo desempeñado como último cargo el de vocal de la Cámara Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Antes de ingresar a la Justicia, ejerció como abogada y también tuvo intensa actividad en la docencia universitaria.

Todo eso quedó atrás y ahora dice que es escritora, porque se ha dedicado por completo a escribir sobre temas jurídicos, una actividad que la ocupa desde hace varios años y en la que lleva 25 libros de derecho publicados, sin contar obras escritas en colaboración con distintos autores y publicaciones diversas. Su pensamiento es reconocido en Córdoba y en todo el país, siendo citado frecuentemente en trabajos doctrinarios y en sentencias.

“Quien ha sido juez –dijo– siempre conserva el perfil psicológico de tal. Sólo deja de decidir conflictos judiciales. Ningún magistrado logra jubilarse del Derecho, salvo por ancianidad o enfermedad”. Y agregó: “Así como todos juzgamos diariamente a los demás y a nosotros mismos, continúo juzgando a través de lo que escribo”. “Hay crímenes de lesa humanidad no castigados por leyes penales. Como las gotas de agua que alguien derrocha, y cuya falta hará sufrir sed a sus nietos”. Pero, destacó “sea que exista o no un dios, y que seamos juzgados en este mundo o en otro, los primeros imputados serán quienes desatendieron a personas que los precisaban: niños, enfermos, ancianos... y justiciables. Por eso, los magistrados estarán entre los primeros sometidos a ese juicio final”.

Luego agregó: “Ante la indignación popular frente a tantas injusticias –que no debe confundirse con clamores de circo, porque la verdad no es democrática– muchas veces he experimentado el impulso íntimo de pedir “perdón, por ser jueza”, y simultáneamente orgullo por el sacrificio que implica serlo. “La calle reclama a jueces que asuman el papel de dioses, cuando son seres humanos falibles, esforzados pero no omnipotentes. La profesión de juez es insalubre y genera el estrés característico de todas las dedicaciones que cubren necesidades acuciantes, como la salud o la educación. “El riesgo de equivocarse es ínsito al ser humano. El Derecho no es Matemáticas. Lo importante radica en el empeño y la honestidad, que acerquen a las soluciones ‘más’ justas. Jamás podrá demostrarse que sean ‘las’ justas”. “Debe haber humildad jurídica –añadió–. La indemnización en dinero de daños morales es el único medio, del todo imperfecto, para compensar a las víctimas” “El juez que ordena indemnizar no puede resucitar el muerto, ni reinsertar un miembro mutilado. A la imperfección de dar dinero sin subsanar las lesiones, se adiciona el problema de qué suma fijar. Los interrogantes jurídicos se multiplican hasta el infinito. Para ser esclarecidos por personas finitas. “Lo único imperdonable, mucho más a los que teóricamente más saben, es la falta de humanidad” “No sólo evitar la ‘humana’ crueldad de quien, a diferencia de otros animales, mata sin necesidad de comer, sino además la desidia de quien no se interesa por los demás, sino en el éxito que puede lograr mediante su actividad (dinero, prestigio o poder)”.

“Los jueces –dijo– sólo pueden hablar a través de sus sentencias, y las elaboran en silencio. Sin manifestarse públicamente y sin facultad para contradecir consignas populares adversas. Siempre solos frente a su ciencia, conciencia y responsabilidad”. “Esa insalubridad se verifica dejando de lado, inclusive, limitaciones humanas, escasez de tribunales, exceso de asuntos y falencia de recursos, que los convierten en robots”. Agregó que a ello, “se suman frecuentes amenazas de eventuales afectados por sentencias futuras, y hasta por pasos precautorios o de investigación. Y presiones de autoridades políticas: pedidos injustificados de jury, denuncias sin base, rumores calumniosos que desprestigian por sí solos... “Casi siempre hay una porción inevitable de injusticia, cualquiera sea la sentencia. Pero el juez tiene que emitirla, de alguna forma. A veces implica tirarse a la pileta sin saber nadar bien, y quizá sin riesgo de naufragar él, pero con la angustia de ahogar a quienes intenta auxiliar”. Frente a ese panorama, Zavala de González exclamó: “¡Que difícil es ser juez! El juez civil, aun dudando, tiene que dar razón a una de las partes o fragmentarla entre ambas. Los jueces penales en la duda deben absolver, aun existiendo algunas buenas razones para condenar. A veces se sienten un poco verdugos, pues su condena no vuelve la víctima a la vida, ni logra que se restituya lo robado, y sin embargo suele sumir en abandono y desamparo a familiares del privado de libertad. “No hay retorno espiritual, ni gratificación social para jueces, sino soledad despiadada, aun en tribunales colegiados. No porque un juez espere ni deba esperar elogios. Sucede que no registra ecos ni repercusiones favorables de su labor. Sólo críticas”. “Un abogado comparte éxitos con sus clientes –al igual que fracasos– y un médico se alegra cuando el paciente se curó o alivió, y se aflige en caso contrario. Pero un juez no sabe si su sentencia aportó justicia, aun limitada. Ni antes ni después, delibera ni consulta –está prohibido– con letrados, las partes o la sociedad. No percibe si sus pronunciamientos son mínimamente satisfactorios”.

“Ese público masificado –añadió– pretende seguir los procesos judiciales como culebrones televisivos, y cada cual anticipa el desenlace, rechazando el que no se ajusta a sus prejuicios. ‘Pre-juicio’ es opinión emitida antes de la evaluación en un ‘juicio’. Sin advertir que la circunstancia de que alguien haya sido detenido no significa condena, sino medida preventiva. Y que quien permanece en libertad, puede a la postre ser declarado culpable. “Ese público amorfo dicta condenas o absoluciones, y cuando se oponen a medidas dispuestas en un proceso, expresa agresivamente su disconformidad, y hasta condena a jueces antes de que hayan pronunciado condena ninguna”.
Recordó seguidamente Zavala de González, la situación de los Tribunales: “La población y litigiosidad han crecido en proporción geométrica inversa a la cantidad de tribunales cordobeses, absolutamente colapsados. Se habla de un cuello de botella en el curso de los procesos. Pero la botella de la Justicia lo tiene ya en la base, ante la inaudita cantidad de causas en primera instancia; después y porque casi todo se impugna, ese cuello se va estrangulando en órganos superiores; y en definitiva fluyen unas pocas y espaciadas gotas del preciado líquido”. “A pesar de todas esas falencias judiciales –agregó– el control popular no debe exteriorizarse mediante actitudes de violencia, explícita o solapada. De lo contrario, se corre el riesgo de que algunos gobernantes –sobre todo en períodos eleccionarios, donde interesa ese voto popular– ejerzan presión indebida sobre fiscales y magistrados, quienes necesitan concentración y tranquilidad para elaborar decisiones maduradas, serias e independientes”. “La Nación Argentina –concluyó– ha delegado en determinadas personas capacitadas el poder para administrar justicia pública. Que los argentinos controlen jueces y sentencias mediante todos los resortes institucionales permitidos. Pero no tienen derecho a juzgar ellos mismos los asuntos de solución delegada. Que reserven hacer justicia en sus acciones privadas. En lo demás, sólo les asiste el derecho incuestionable de reclamar aquella justicia y denunciar extravíos de los encargados de brindarla”.

Fuente: La Voz.com

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jueves, marzo 22, 2007

Francia: Absuelven al semanario que publicó las caricaturas de Mahoma


El Tribunal Correccional de París absolvió este jueves a la revista satírica y laica francesa "Charlie Hebdo" del delito de injurias con base religiosa por haber publicado tres polémicas caricaturas de Mahoma, en febrero de 2006. El tribunal consideró que las tres caricaturas del profeta publicadas por Charlie Hebdo no son constitutivas del delito de injurias, en contra de lo que mantenían las dos organizaciones musulmanas demandantes.
Las caricaturas objeto de litigio eran tres: una dibujaba a Mahoma con un turbante del que salía la mecha de una bomba, en otra el profeta pedía a los terroristas que no se inmolasen porque ya no quedaban más vírgenes en el paraíso y en la tercera presentaba al profeta lamentándose de ser "amado por tontos".
Las dos primeras habían sido publicadas previamente, en septiembre de 2005, por el diario danés Jyllands-Posten, mientras que la tercera era obra del francés 'Cabu', un dibujante habitual de Charlie Hebdo.
La sentencia pronunciada por la sala diecisiete del Tribunal Correccional de París es acorde con la requisitoria de la Fiscalía.
El pasado 28 de febrero, el Ministerio Público había pedido la absolución del director del Charlie Hebdo, Philippe Val, al considerar que la publicación de esas caricaturas era conforme al derecho de la libertad de expresión y que no atacaban al Islam sino a los integristas.
La defensa de Val, que también había pedido la absolución, afirmó que nunca hubo intención de herir a nadie y subrayó que Francia es un país laico donde la libertad de expresión es fundamental.
Pero las entidades musulmanas demandantes,la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia (UOIF) y la Gran Mezquita de París, no estaban de acuerdo con esa lectura. Por ello, pidieron que se reconociese el delito de injurias con base religiosa, penado con hasta seis meses de cárcel y multa.
Esta sentencia es una de las primeras en Europa en tratar directamente la controversia surgida tras la publicación de las caricaturas de Mahoma inicialmente por en Dinamarca. Esa primera publicación provocó reacciones virulentas en países musulmanes y un boicot de los productos daneses.

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Baleares: Edificios judiciales en situación "tercermundista"

Palma (ABN).- La vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás, aseguró que está a la espera de que el nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, resuelva la situación “tercermundista” en la que se encuentran los edificios judiciales de las islas y, por tanto, responda al ’Estudio sobre la Administración de Justicia de Baleares’ que le entregó el pasado 13 de noviembre al entonces ministro, Juan Fernando López Aguilar, en el que se señalan las carencias y necesidades de los órganos judiciales.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el parlamentario del PP Miquel Jerez i Juan, sobre el proceso de transferencia de las competencias de justicia al archipiélago, Estarás recordó que en la reunión que mantuvo en Madrid con el ex-ministro le recordó que Baleares merece una justicia “de primera” y, en este sentido, le entregó el citado estudio que sitúa la justicia en Baleares en una situación de “emergencia social”.
Así, ha indicado que este documento, consensuado con la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, el colegio de Abogados, Graduados Sociales y Procuradores, los sindicatos y los comités de empresa, revela que los juzgados de Ibiza sufren inundaciones en la parte baja, mientras que en Inca, “hay una dispersión de edificios judiciales que, además, padecen problemas de seguridad, falta de mantenimiento y limpieza, así como una carencia de alarmas y de sistemas de seguridad”.
Por otra parte, ha apuntado que el citado estudio revela que también hay una dispersión de juzgados en Manacor, donde, al igual que en Inca, ”hay un grave riesgo para la seguridad y salud de las personas, debido a que la insalubridad es general en todo el edificio, lo que provoca que se tengan que llevar a cabo continuas desinfecciones y desratizaciones”.
Asimismo, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico añadió que en el edificio judicial de Manacor existe un cableado de ordenadores por las distintas instancias, que ”provoca continuos calambres en el personal y en los ciudadanos”, mientras que, a su vez, los equipos informáticos ”desprenden olores que dificultan la respiración de los trabajadores”.
Por otro lado, ha informado de que el estudio también refleja que en Mahón hay una dispersión de edificios judiciales, donde, además, no existen calabozos y faltan servicios psicosociales, mientras que en el juzgado de Ciutadella “hay peligros de desprendimientos”. A ello, Estarás dijo que hay que agregar que sólo hay dos intérpretes para toda la isla de Menorca.
A pesar de todo ello, la vicepresidenta del Govern ha denunciado que la respuesta de López Aguilar fue ”vuelva usted mañana”, porque, según recalcó el Ejecutivo central ”no invertirá más de lo que invierte en el resto de España”.
Tras la reunión que mantuvo Estarás con el ex-ministro, el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, confió en que el Gobierno central transferirá las competencias de Justicia a Baleares antes de las próximas elecciones generales, aunque recordó que todavía tiene que calcular los costes y lograr en esta cuestión un acuerdo con el Ejecutivo balear, que considera que el Estado debe destinar anualmente a las islas un total de 81 millones de euros en los próximos 9 años para hacer efectivo este traspaso, así como una partida de 101 millones de euros para la construcción de nuevos juzgados en Mahón, Ciutadella, Inca, Manacor e Ibiza y la creación de un edificio judicial de Primera Instancia e Instrucción en Formentera.
Asimismo, el secretario de Estado de Justicia adelantó que en las próximas semanas se volvería a reunir con Estarás para plantear una propuesta e intentar llegar a un acuerdo respecto al coste efectivo que supondrá la transferencia de competencias, así como las inversiones urgentes que acometerá el Gobierno central para mejorar la administración judicial de las islas.
Así, señaló que el ministro trataría de calcular los costes, que supondrán la transferencia de las competencias y las inversiones del Ejecutivo central para mejorar la situación de la Justicia en las islas, y de este modo, informó que en la próxima reunión, López Aguilar trataría de “unificar los criterios” con el Ejecutivo de Jaume Matas.
En este sentido, reconoció que ambos Gobiernos encontrarán puntos en común y otros en los que pueda existir “cierta divergencia”, pero subrayó que, en último término, se primará “la vocación de dar el mejor servicio público de justicia a los ciudadanos”.
De esta forma, manifestó que el plazo para hacer efectiva la transferencia de estas competencias “dependerá naturalmente del ritmo que lleven las conversaciones y los acuerdos” entre ambas administraciones.
Sin embargo, López Guerra adelantó que, antes de “anticipar y homologar” las cifras, el Ejecutivo central debe acordar con el Gobierno balear una “metodología” respecto a lo que significan los costes de personal, del mantenimiento de los edificios, los gastos corrientes de la Administración de Justicia y las previsiones de inversión a corto, medio o largo plazo, con el fin de que “cuando se llegue a la negociación, hablemos el mismo lenguaje”.
Por otro lado, el secretario de Estado de Justicia manifestó que actualmente hay algunos juzgados que sufren una “mayor deficiencia”, como es el caso del edificio judicial de Ibiza y por este motivo informó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya ha presupuestado un total de 60.000 euros para el 2007, con el fin de iniciar el proyecto de un nuevo juzgado en estas islas, cuyas obras esperó que comiencen en el 2008.
De esta manera, reveló que el Ministerio de Justicia ya ha iniciado los trámites administrativos con la pretensión de conseguir un acuerdo con el Ayuntamiento de Ibiza que permita tener el proyecto elaborado en el 2007 y precisó que esto se hará ”de manera independiente y paralela a las negociaciones de la transferencia, porque de lo que se trata es que los ciudadanos reciban el mejor servicio posible, tanto cuando las competencias son del Estado como cuando sean de la Comunidad Autónoma”.
“Consideramos que son suficientes los costes iniciales de 60.000 euros y por ello no creemos necesaria la aceptación de enmiendas parlamentarias que tiendan a pedir un incremento de esta partida, porque ya nos harán falta más fondos cuando se comiencen las obras de construcción de esta instalación, que serán presupuestados en las Cuentas Públicas del Gobierno para el 2008″, concluyó el secretario de Estado.
Fuente: Libertad Balear

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Pide 500.000 euros por haber sido absuelto

Un georgiano, Merab U., ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional en reclamación al Ministerio de Justicia de 500.000 euros por daños morales, así como por la permanencia de 490 días en prisión por un delito de homicidio en Burgos del que fue declarado no culpable por un jurado.
La demanda, interpuesta por el abogado palentino Joaquín Reyes ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se justifica en que Merab U., que ha sido más de 100 veces internacional con la selección de balonmano de su país, 'no tuvo ni pudo tener participación en los hechos imputados'.
El letrado, según informó a Efe, añade en su escrito de demanda que, 'pese a que pudo hacerse algo para aliviar su situación personal, se le mantuvo en prisión preventiva durante 490 días'.
De hecho, el letrado, habida cuenta de que el Ministerio de Justicia denegó en julio de 2006 el derecho de indemnización, incide en su argumentación para presentar la demanda en el hecho de que su representado, 'amén del tiempo que permaneció en prisión, sufrió daños morales dada la altísima cualificación deportiva profesional, la ruptura de su trayectoria deportiva y el deterioro de su propia imagen pública'.
La Audiencia Provincial de Burgos dictó una sentencia en la que absolvía a Merab U. después de que un jurado popular le declarase no culpable del homicidio de un ex boxeador y compatriota suyo, Koba Shavreshiani, el 2 de febrero de 2003.
En el juicio con jurado celebrado en septiembre de 2004 no quedaron probados los hechos que determinaban la participación de Merab U. en la muerte de Koba Shavreshiani.
La decisión del jurado se fundamentó en la exposición del médico forense, que desvirtuó la declaración inculpatoria de otro compatriota contra Merab, y esta sentencia fue ratificada luego por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Merab U., tras ser puesto en libertad, se afincó e incluso se empadronó en Palencia, donde ha permanecido por espacio de un año aproximadamente, realizando funciones de monitor deportivo, aunque actualmente se encuentra fuera de España.
'En el momento de su detención tenía 29 años, era un jugador de balonmano de elite, con más de cien encuentros internacionales con su país y en plenitud de facultades físicas, pero toda su trayectoria se ha visto frustrada y su imagen vituperada', aseguró a Efe su letrado.



Fuente: Terra.es

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miércoles, marzo 21, 2007

Cantabria: Mediavilla dice que el PP no quiere las competencias de justicia

El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, consideró que el Partido Popular, con su rechazo a que el traspaso de las competencias de justicia se culmine en esta legislatura, demuestra que "no cree en la administración de justicia en Cantabria", al contrario de lo que sucede con los profesionales del derecho, el poder judicial y el conjunto de la ciudadanía, que quieren que se sustancie ya el proceso.
Mediavilla hizo estas afirmaciones a los medios de comunicación, al término de una reunión mantenida con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, y la fiscal jefe, Pilar Martín Nájera, dentro de la ronda de contactos que ha emprendido para conocer la opinión de los profesionales de la justicia en relación al traspaso de competencias.
Según explicó el consejero, ambos responsables han "coincidido" con su departamento en la "necesidad" de que se produzca la transferencia de la justicia, porque en aquellas regiones en las que ya se ha asumido se ha "mejorado notablemente" tanto el servicio a los ciudadanos, como los recursos y medios materiales de la administración de justicia.
En opinión de Mediavilla, "todos los ciudadanos de Cantabria, menos el Partido Popular, desean" que se asuman las competencias en este ámbito y, prueba de ese desinterés del PP al respecto son, a su juicio, las críticas realizadas por los 'populares' la pasada semana al proceso, pero también el hecho de que, durante los gobiernos del PP, no se realizara "ningún informe, estudio o análisis" desde la Consejería de Presidencia para asumir las transferencias.
Respecto a las críticas de la oposición, el consejero señaló que la postura del secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP nacional, Ignacio Astarloa, o hace juicios "erróneamente" porque "desconoce" el proceso o "miente claramente", "al igual que ya mintió a toda la ciudadanía española" en relación al 11-M.
En este sentido, Mediavilla negó que en la última oferta del Ministerio de Justicia para el coste efectivo de las transferencias sólo haya un millón de euros para inversión y recalcó que son 2,7 millones, de los 24,6 a los que ascienden esa última propuesta.
También lamentó que el PP critique al Gobierno de Cantabria por invertir en equipos de videoconferencia y grabación digital para los juzgados sin tener aún las competencias. Para Mediavilla, criticar que se realice una inversión en un "servicio público esencial que beneficia a los ciudadanos, significa que no se cree ni en los ciudadanos ni en la administración de justicia".
"Nosotros sí creemos y estamos convencidos de que vamos por el buen camino", agregó el consejero, quien auguró además que todo ello se "palpará" en una mejora de la justicia.
Mediavilla recordó que este jueves habrá una nueva reunión con el Ministerio de Justicia para plantearle la necesidad de un incremento de su oferta. El consejero reconoció que el Ministerio ha hecho un esfuerzo "sin precedentes" para elevar su estimación del coste efectivo de las transferencias, pasando de la primera oferta de 15 millones de euros a la última, de 24,6 millones.
Sin embargo, señaló que sigue siendo "insuficiente" y aseguró que el Gobierno cántabro intentará que se aumente, "dentro del margen de maniobra, ya mínimo, que queda".
Finalmente, el consejero insistió en la voluntad de cerrar el traspaso esta legislatura desde la convicción de que supondrá una "mejora notable" de la administración de justicia y de su servicio a los ciudadanos.

Fuente: Diario de Noticias

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Crece el malestar entre los forenses

Ni la ley, ni el sentido común, ni su responsabilidad se lo permiten. Pero a los forenses españoles, el «CSI» de nuestro país lo que les pide el cuerpo es convocar una «huelga de cadáveres caídos», a semejanza de lo que hacen los profesores cuando se niegan a dar más clases, los guardias civiles cuando miran para otro lado o los pilotos del Sepla cuando dejan a miles de pasajeros en tierra. Pero claro, los muertos no son lecciones de matemáticas, ni boletines de sanciones, ni aviones.
Y, por mucho hartazgo que tengan, los forenses no pueden dejar a los cadáveres en la calle o a las víctimas de agresiones o de malos tratos en el limbo de la incertidumbre mientras se manifiestan ante el Ministerio de Justicia, la fuente de todos sus males, o la sede de su respectiva comunidad autónoma, que para todos tienen quejas. Y de ahí vienen todos sus problemas.
No obstante, eso no quiere decir que no vayan a tomar medidas. Por primera vez han recogido firmas, que entregarán previsiblemente esta semana al Ministerio, y han creado una plataforma para exponer sus quejas.
Y, por primera vez, estudian hacer una huelga «a reglamento» que, en la práctica, colapsaría en apenas unos días todo el sistema. Bastaría con que se limitasen a reclamar hasta el último historial clínico o el informe médico necesarios para documentar a la perfección su dictamen. «No se celebraría ni un juicio ni se pagaría ninguna indemnización», afirman. Así es la burocracia en España.
Pero ¿de qué se quejan los forenses? Dinero, reconocimiento, promesas incumplidas, saturación de trabajo. Sí, pero, sobre todo, guardias maratonianas. Guardias inhumanas. Guardias incompatibles con su vida privada. Aseguran que afortunado es aquel al que su «turno de vigilancia» le dura solamente una semana, porque lo normal es enganchar dos seguidas o incluso más.
«La normativa impide hacer más de 24 horas seguidas de guardia, pero no se cumple -explica la forense Mónica Casillas, encargada de tres partidos judiciales de Toledo-. Yo ahora las hago semanales, pero cuando empecé estaba todo el año de guardia. Te vas de vacaciones porque el de al lado te hace los días. Si no, es imposible», explica. Los problemas son similares en cualquier otro punto del mapa en donde se deje caer el dedo. Ocurre, por ejemplo, en Martorell (Barcelona), donde hay dos forenses para seis juzgados. O en Torrent (Valencia), al borde del abismo después de que la forense titular haya solicitado la baja.
O en Andalucía, donde las guardias de 24 horas las hacen sólo unos pocos. «Para el resto son semanales, y por cuatro perras gordas -se queja un forense-. Sale más cara la limpiadora de casa». Peor lo llevan en Torrelaguna, en la sierra madrileña: allí las guardias empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre.
José Roselló, forense con 18 años de experiencia, trabaja en Valladolid. En su primer destino, Jaca (Huesca), sufrió en carne propia este ritmo frenético de trabajo. «Hemos llegado hasta esta situación por la falta de medios y de personal -afirma-. Antes, además, cuando no había móvil, era posible que no te localizaran. Pero ahora es mucho más agobiante».
En España hay cerca de 800 forenses, cuyo sueldo bruto está en torno a 2.800 euros mensuales. La opinión pública se acuerda de ellos cuando los ve dejándose la piel en los momentos difíciles (11-M) o en el día a día, cada vez que hay una muerte violenta.
Pero su labor es mucho más que asomarse a un cadáver. De su pericia y su profesionalidad a la hora de examinar las lesiones que presenta un herido depende desde el futuro de un maltratador hasta el de un presunto agresor sexual.
En la marea de las transferencias, los forenses son los que se han quedado a medio camino. En tierra de nadie. Son funcionarios del Ministerio de Justicia, que es quien les paga, pero para la asignación de los medios materiales y humanos dependen de sus respectivas comunidades autónomas. «O nos traspasan del todo o no, pero esto de ser una media transferencia es un desastre», se queja un funcionario madrileño con 17 años de trabajo a sus espaldas.

Fuente: La Razón.es

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La Palma: El Ministerio mantiene que creará un juzgado de lo Penal

El Ministerio de Justicia niega que esté frenando la creación de un juzgado de lo Penal en la Isla, como así lo denunció en días pasados el viceconsejero de Justicia del Gobierno canario, Francisco Javier Díaz Brito.
Según el Ministerio, es justamente la falta de acuerdo entre los distintos partidos políticos lo que ha hecho imposible su tramitación parlamentaria.
El Ministerio puntualiza que la implantación de un juzgado de lo Penal en La Palma implica la previa creación de una circunscripción penal, lo que ha de hacerse necesariamente mediante la reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial. En este sentido, señala que es falso que haya paralizado el anteproyecto, añadiendo que se ha elaborado el anteproyecto de dicha Ley, que incluye específicamente la creación de una circunscripción de lo Penal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con jurisdicción sobre los partidos judiciales de los Llanos de Aridane y de Santa Cruz de la Palma, y con planta de un juzgado.
En cuanto al anuncio de que el Gobierno canario está buscando una vía alternativa con el Consejo General del Poder Judicial para viabilizar la creación de dicho juzgado en La Palma, el Ministerio señala que es posible una vía alternativa de creación, pero que debe contar con el común acuerdo del Ministerio de Justicia, que "es lo que silencia el Gobierno canario".



Fuente: El Dia.es

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Pena de muerte para el converso

El caso del afgano Abdul Rahman, que fue juzgado en su país por haberse convertido al cristianismo, ha recordado que la ley islámica prevé la condena de pena de muerte para el musulmán que cambia de religión. El Tribunal Supremo del país ha decidido interrumpir el proceso "por razones técnicas", lo que abre la puerta a su liberación. Pero la falta de libertad religiosa se da también con distintos matices en otros países de cultura islámica.

Una ley que acaba de ser aprobada por el parlamento de Argelia prohíbe con multas y cárcel las actividades que pretendan convertir a un musulmán a otra religión. El texto aprobado prevé penas de dos a cinco años de cárcel y multas de 5.000 a 10.000 euros a los que "inciten, obliguen o utilicen medios de seducción para convertir a un musulmán a otra religión". Las mismas penas recaerán sobre los que fabriquen o distribuyan materiales que "busquen minar la fe de los musulmanes". La ley no distingue entre las tácticas proselitistas abusivas y la mera exposición de otra fe a un musulmán para que pueda decidir abrazarla.

También queda prohibido el culto de cualquier religión, excepto el islam, "fuera de los edificios previstos para ello". De este modo se intenta evitar que los creyentes de otras religiones se reúnan en casas particulares.

Lo que ha despertado la alarma de los medios islamistas son las conversiones al cristianismo de jóvenes. Llama la atención que algunos conversos, que antes tenían problemas con las drogas o pegaban a sus mujeres, hayan abandonado tales hábitos. Las conversiones se están dando sobre todo entre jóvenes adultos de medios sociales modestos.

En Argelia la Iglesia católica cuenta con 92 sacerdotes y 195 religiosas, que intentan dar un testimonio cristiano con sus iniciativas de ayuda a los necesitados.

En Marruecos, se reconoce la libertad de culto, pero el Código Penal (art. 220) castiga con penas de seis meses a tres años de cárcel el intento de incitar a un musulmán a que abandone su fe para abrazar otra. Las Iglesias católica y protestante gozan de un estatuto legal, pero solo pueden atender a extranjeros, pues un marroquí solo puede ser musulmán, ya que el islam es la religión del Estado.

La comunidad católica en Rabat está formada por 30.000 fieles, con 40 sacerdotes y 150 religiosos, todos extranjeros. Las iglesias están abiertas, y los fieles se reúnen sin problemas, pero no pueden evangelizar a marroquíes. También tienen centros culturales, llevados por sacerdotes, abiertos a los musulmanes; y quince escuelas, con 12.000 alumnos musulmanes, en las que se enseña el Corán.

Hay conversos al cristianismo, pero tienen que mantener un perfil discreto, y no suelen frecuentar las iglesias oficiales, para no crear problemas a los párrocos o pastores extranjeros. Entre los conversos, hay gente de clase media-alta, universitarios y de profesiones liberales; y otros de las clases desfavorecidas, a los que se dirigen más los evangélicos. En las grandes ciudades, la policía no suele crear problemas a los conversos; las dificultades pueden surgir sobre todo de los familiares, los vecinos y el ambiente social.

En Arabia Saudí está prohibido cualquier culto público que no sea el del islam. Hasta llevar un crucifijo al cuello puede causar problemas. Un musulmán que se convirtiera a otra religión podría ser condenado a muerte. Lo que en otros países se entiende como libertad religiosa allí no se concibe. Pero no se ponen dificultades para las conversiones al islam de los fieles de otras religiones, como se refleja en un reportaje de "Le Monde" (10-03-2006).

En Arabia Saudí hay 159 centros de conversiones, llamados "dawa" ("la llamada"), dirigidos a incorporar al islam a extranjeros.

Fuente: Minuto Digital

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martes, marzo 20, 2007

Rebajada la pena a Farruquito

El Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla ha aceptado la solicitud del bailaor Juan Manuel Fernández Montoya "Farruquito" de reducir la multa de 72.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, por el atropello mortal de Benjamín Olalla, que ha sido rebajada a la mitad, además de darle un año más de plazo para abonarla. Según confirmó el abogado del bailaor, Benito Saldaña, la juez ha dictado un auto en el que acepta rebajar la pena "de 100 euros diarios durante 12 meses a 50 euros diarios, ampliando además, el plazo para hacerla efectiva en un año más".
Así, en el auto la titular del Juzgado de lo Penal número 8 considera que el proceso judicial ha perjudicado y mermado los ingresos de Farruquito, tal y como alegaba la defensa del mismo, que en su solicitud se amparaba en el artículo 51 del Código Penal, que recoge la rebaja de las multas si después de las sentencia el procesado empeorarse su fortuna.
El letrado solicitó a principios de noviembre del 2006 una rebaja para las dos multas impuestas de 100 euros de cuota diaria durante 12 meses cada una, por sendos delito de omisión del deber y de simulación del delito, que ascienden a 72.000 euros, y que ahora se queda en 36.000 euros.
En total, Farruquito, que cumple condena desde el pasado 16 de enero en el centro penitenciario Sevilla II, debía abonar 182.758 euros entre indemnización y multas, de los que 102.483 euros son para la viuda de la víctima, María Angeles Madero, y 8.275 para cada uno de los padres del fallecido, de los que ya ha abonado más de la mitad.

Petición del segundo grado

Por otro lado, la junta de tratamiento del centro penitenciario Sevilla II elevó la semana pasada una propuesta a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en la que recomienda la aplicación del segundo grado al bailaor.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias confirmaron que hasta el momento sólo existe una recomendación de la Junta de Tratamiento, ya que debe ser la Dirección General la que decida la clasificación definitiva para lo que tiene un plazo de 45 días.

Tres años de prisión

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial le condenó el pasado 5 de septiembre del 2006 a tres años de prisión por el atropello de Benjamín Olalla, que tuvo lugar el 30 de septiembre del 2003. El fallo le impuso la pena de dos años de cárcel por homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad del tráfico, así como a la privación del permiso de conducir vehículos de motor y ciclomotores durante tres años y medio. Como indemnización estableció 102.483,55 euros para la viuda de la víctima, María Angeles Madero, y 8.275,30 para cada uno de los padres del fallecido.
La sentencia también le condenó a un año de prisión por un delito de omisión del deber de socorro, más multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros. Además, se considera al artista autor por inducción de un delito de simulación de delito, por lo que se le impuso una pena de multa también de 12 meses con la misma cuota.
Con esta condena la Audiencia revocó así en parte la sentencia dictada el 29 de julio del 2005 por el Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla por la que se condenó al bailaor a 16 meses de prisión por ambos delitos.
Junto con Farruquito, también fue condenado por la Audiencia Óscar Alberto Benavente, amigo del bailaor al que éste último le contó lo sucedido, a un año de prisión por encubrimiento, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Fuente: Estrella Digital

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lunes, marzo 19, 2007

Los médicos forenses crean una plataforma reivindicativa

Madrid.- Los médicos forenses de toda España anunciaron la creación de una plataforma reivindicativa para establecer canales de comunicación con el Ministerio de Justicia y poder negociar su situación laboral en la actualidad y la de la Medicina Forense, según informaron en un comunicado. Además, han solicitado una reunión con la Administración de Justicia para analizar la "falta de interés" percibida entre los profesionales médicos para formar parte de este colectivo.
Tras haberse reunido recientemente, la Plataforma de Médicos Forenses destacó el incremento en la responsabilidad y funciones del Médico Forense en la Administración de Justicia, algo que a su juicio no se ha visto acompañado de "un incremento proporcional" en los recursos materiales y personales a su disposición.
En este sentido, la "desidia" de la Administración en lo referente a este Cuerpo se evidencia por hechos como la no publicación del Escalafón del Cuerpo desde el año 2000, a pesar de haberse prometido su publicación durante el año 2006 al Defensor del Pueblo por el Ministerio de Justicia, y la no convocatoria de un Concurso de Traslado a nivel Nacional desde el año 2000, siendo obligatorios tres Concursos de Traslado al año según la normativa actual.
Esto hace que haya Médicos Forenses "bloqueados forzosamente" en determinadas plazas que no desean, existiendo plazas libres en su lugar de origen o de residencia familiar, y "olvidándose así de la política de conciliación de vida laboral y familiar".
Del mismo modo, advierten de que tampoco existen mecanismos legislativos para garantizar la protección de los Médicos Forenses por parte de la Administración, encontrándose algunos de ellos "bajo amenaza de muerte" por circunstancias derivadas de su actividad profesional.
Por último, también critican que la formación continuada y actualización que la labor precisa "no se valora" con el reconocimiento de la Carrera Profesional que el resto de Profesionales Médicos sí tiene, ni con el incremento del nivel administrativo dentro de la Administración de Justicia, que no se reconoce a los Médicos Forenses, pero sí al resto de profesionales del grupo A del Ministerio de Justicia.

Fuente: Diario de Noticias

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domingo, marzo 18, 2007

Cantabria: Astarloa advierte sobre la ansiedad de Mediavilla por "hacerse la foto"

El Partido Popular advirtió que la «ansiedad» del consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, por cerrar el traspaso de las competencias de Justicia antes de las elecciones puede «convertirse en una losa» para Cantabria y «lastrar» su capacidad económica. En este sentido, el secretario ejecutivo de Libertades Públicas y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, advirtió que en el proceso de transferencias a Cantabria se está produciendo un «fraude preocupante, en el que alguien quiere consumar un proyecto personal a costa de los bolsillos de los ciudadanos».
Astarloa y el líder del PP de Cantabria, Ignacio Diego, alertaron de la insuficiencia del dinero que oferta el Ministerio de Justicia y expresaron su temor a que finalmente sean aceptadas estas competencias sin asegurar la financiación de obras e infraestructuras pendientes como la sede del TSJC y la Audiencia en el edificio de Tabacalera, el Instituto de Medicina Legal, las instalaciones de Torrelavega y la conclusión de la reforma de la sede de Las Salesas.
Astarloa le preguntó a Mediavilla -«consejero cesante y candidato viniente»- si va a pagar de su bolsillo estas obras, ya que en el desglose de partidas a las que se dirigen los 24,6 millones de euros ofertados por el ministerio apenas queda un millón para infraestructuras. Acusó a Mediavilla de querer hacerse una foto «carísima» para los cántabros.
En este sentido, recordó que ninguna otra comunidad, salvo Asturias, ha querido negociar estas competencias a pesar de que el ministerio «está loco» por traspasarlas porque no tiene un euro y quiere que las comunidades se «coman el marrón». A pesar de ello, Cantabria ya ha firmado convenios con Justicia y está invirtiendo dinero sin tener las competencias. También recordó que el ex ministro Juan Fernándo López Aguilar anunció la creación en Santander de la Oficina Judicial y «ni está, ni se la espera».
Por otro lado, Astarloa volvió a acusar al delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez, de «mentir» cuando afirma que los índices de seguridad han subido en la región, y recordó que la memoria del fiscal general del Estado dice que la criminalidad subió en Cantabria en 2005 un 4,2% y el informe de la Guardia Civil refleja que los delitos subieron en 2006 un 9,56%.
Astarloa, junto a Diego, mantuvo un encuentro con el presidente del TSJC, César Tolosa, y la fiscal jefe, Pilar Martín Nájera. También se entrevistó con profesionales de la seguridad ciudadana y protección civil en Laredo, donde participó en un acto público para presentar a los candidatos de la localidad.
Ibáñez respondió a Astarloa acusándole de venir a la región a repetir «sus mentiras como si de un disco rayado se tratase, evidenciando que sus palabras no tienen credibilidad alguna». Lamentó que «vuelva a poner en entredicho» el trabajo que llevan a cabo la Guardia Civil y la Policía Nacional, y que «ponga en duda» los datos estadísticos que estos ofrecen anualmente.



Fuente: El Diario Montañés.es

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Reunión en Santiago para pedir más poder

Las autonomías quieren tener competencias para crear nuevos juzgados, porque creen que así mejorarán la prestación de servicios a los ciudadanos. Las comunidades que tienen transferida esta materia reclamaron en Santiago, en un documento conjunto del que se desmarcaron las dos gobernadas por el PP, la asunción de las competencias de demarcación y planta, así como las que se refieren a la creación de nuevas unidades judiciales.
Los responsables de Justicia de Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias, Canarias y Navarra reclamaron además el traspaso de la gestión de los cuerpos de secretarios judiciales y médicos forenses, para que se puedan «racionalizar» las plantillas y promover los recursos de traslado desde las comunidades.
El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, destacó al finalizar el encuentro que los Gobiernos autónomos son los que mejor conocen tanto la carga de trabajo como las necesidades de las nuevas unidades judiciales.
Méndez manifestó, en referencia a la saturación de las que están en funcionamiento, que «es una situación que dificilmente se puede resolver cuando la toma de decisiones se hace a seiscientos kilómetros». El conselleiro aseguró que los territorios con competencias han explicado esta situación al Ministerio de Justicia en reiteradas ocasiones.
El responsable de Presidencia indicó que sólo razones de «orden estrictamente político» impidieron a las comunidades de Madrid y Valencia firmar los acuerdos alcanzados ayer por las otras siete autonomías. «Representamos un abanico político de lo más diversificado», puntualizó con relación al Gobierno de Navarra, de UPN (socio del PP), que sí suscribió el texto.
Las comunidades demandan también que se garantice la plena utilización de las lenguas oficiales para que los ciudadanos puedan participar en todo el proceso en el idioma que elijan.
El documento que las comunidades trasladarán al ministerio incluye la petición de un protocolo de actuación en materia de medicina legal para los casos de grandes catástrofes, en las que se produzca un número elevado de víctimas.
Las reclamaciones se amplían a la participación en fondos relacionados con la gestión de cuentas, tasas, depósitos y multas judiciales. Méndez Romeu sostuvo que las autonomías soportan «la mayor parte de los costes de la Administración judicial». Además, se rubricó la necesidad de llevar adelante la implantación de la nueva oficina judicial. Méndez Romeu juzgó «imprescindible» la implicación del Consejo General del Poder Judicial.



Fuente: La Voz de Galicia.es

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Cantabria: Mediavilla contraoferta

El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, ha anunciado que la próxima semana presentará al Ministerio de Justicia una contraoferta para incrementar los 24,6 millones de euros que ofreció recientemente al Gobierno de Cantabria.
Así lo ha afirmado Mediavilla tras la reunión que mantuvo este viernes con representantes del Colegio de Procuradores, encabezados por su decano, Dionisio Mantilla, entrevista con la que se ha iniciado la ronda de contactos para ultimar el traspaso.
En la reunión de la próxima semana, el Gobierno intentará "hacer ver al Ministerio que esa oferta es aún insuficiente", aunque el "margen de maniobra es escaso", reconoció Mediavilla, ya que "nos encontramos en la recta final" de las negociaciones.
Según el consejero, durante la reunión "se fundamentará y se justificará la insuficiencia", por lo que el Gobierno espera "recibir una nueva oferta del Ministerio".
Mediavilla ha recordado la evolución considerable de la oferta del Ministerio de Justicia, que partía en 2003 con "apenas 15 millones de euros y que, hoy por hoy, el coste efectivo de la transferencia ya alcanza los 24’6 millones".
Por ello, el consejero de Presidencia se ha mostrado convencido de poder aumentar nuevamente el coste de las transferencias y que se recojan determinadas cuestiones que "aún creemos que son deficitarias".
Para Mediavilla, una Administración de Justicia más cercana logrará un funcionamiento más eficaz y eficiente, "con mejoras notables en sus aplicaciones tecnológicas y en su trato diario con las personas y los profesionales, lo que redundará en beneficio de los ciudadanos".
Por su parte, el decano del Colegio de Procuradores, Dionisio Mantilla, ha felicitado a los responsables de la Consejería de Presidencia por el incremento "extraordinario" del coste efectivo de las transferencias. "Jamás pensamos que íbamos a llegar a estas cotas y a estos importes que oferta el Ministerio de Justicia, conseguidos gracias a la magnífica gestión de los responsables de la Consejería de Presidencia", ha señalado.
Además, Mantilla cree que con esta última oferta "está a punto de cumplirse una vieja aspiración que tenían los habitantes de esta región cuando acudían a los tribunales y al orden judicial, que era el acercamiento de esas competencias a la Comunidad Autónoma".

Fuente: Santander Ciudad Viva.com

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Circular a 260 km/h no es un peligro concreto para nadie


La Audiencia Provincial de Burgos ha absuelto a un conductor asturiano que circulaba con su vehículo a 260 kilómetros por hora porque su “conducta temeraria” no ha supuesto peligro alguno para ninguna persona.
La Audiencia revoca así la decisión del Juzgado de lo Penal número 1 burgalés que condenó a este conductor asturiano de 42 años a una pena de seis meses de cárcel y dos años de retirada del carné de conducir por un delito contra la seguridad del tráfico por conducción temeraria.
Según informa EFE, el conductor fue detectado por un radar a esta velocidad en la autovía A-231 que une Burgos y León, y posteriormente fue detenido por la Guardia Civil a la altura del kilómetro 128.


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Cantabria: Se acercan posturas para las transferencias

El nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha incrementado en casi dos millones de euros la última oferta realizada al Gobierno de Cantabria para asumir las transferencias en materia de justicia. La propuesta ministerial, que se eleva a casi 25 millones de euros, fue puesta sobre la mesa de negociación en la reunión que Fernández Bermejo mantuvo la semana pasada con el actual titular con el consejero de Presidencia, José Vicente Mediavilla Cabo.

Esta última propuesta mejora en más de nueve millones de euros la oferta barajada en la primera reunión que el actual Ejecutivo regional mantuvo con la administración central en enero de 2005. En aquella ocasión, el responsable de Presidencia únicamente consiguió arrancar de Madrid un compromiso económico de 15 millones de euros para asumir el proceso de transferencias. No obstante, a pesar de que Mediavilla considera que este último ofrecimiento «se acerca mucho a la cantidad que Cantabria estima adecuada para aceptar esta competencia», el consejero regionalista no da por cerrado el proceso negociador entre ambas administraciones y confía en mejorar la propuesta. Mediavilla cree que los plazos previstos se cumplirán y que «antes de que finalice la legislatura habremos asumido estas competencias».

La cuantificación del coste efectivo no incluye las inversiones en obras y patrimonio, sino que se refiere únicamente a gastos de personal, gastos corrientes, subvenciones a colegios de Abogados y Procuradores y Juzgados de Paz, e inversiones en informática y patrimonio.

Tras un largo proceso negociador, en el que los representantes cántabros han mantenido posturas sólidas para responsabilizarse de las competencias de Justicia en condiciones económicas óptimas, las conversaciones sufrieron un importante impulso el pasado mes de septiembre cuando el entonces ministro Luis Fernando López Aguilar evaluó en 23 millones de euros el coste efectivo de la transferencia.

La salida del departamento de Justicia de López Aguilar para encabezar la lista del PSOE en las elecciones autonómicas de Canarias, no ha paralizado las conversaciones. Según explicó el consejero a este periódico, el nuevo ministro Fernández Bermejo incrementó en casi dos millones la última oferta y en los próximos días se celebrará una nueva reunión en la que podría enriquecerse.

Por su formación como jurista, Mediavilla considera que «la justicia es un servicio público esencial porque garantiza los derechos de los ciudadanos» y se mostró convencido de que «una vez se asuma esta transferencia mejorará notablemente su prestación». A su juicio, esta transferencia «es la más importante que queda por alcanzar, no sólo por el servicio público que presta sino por el número de funcionarios afectados», un total de 600.

El consejero recordó el «esfuerzo» hecho por el Gobierno de Cantabria en «formación de jueces, secretarios y fiscales y la mejora de medios tecnológicos» y apuntó que las transferencias permitirán «acercar la Administración de Justicia al ciudadano a través del plan de modernización que pondremos en marcha».

Además, «se terminará con la dispersión judicial en Santander, al pasar de las siete sedes actuales a tres».

Y es que la propuesta económica de Justicia se acompaña de los compromisos asumidos por el ministerio en materia de inmuebles judiciales, que suponen la transferencia a la comunidad autónoma de Cantabria del edificio Tabacalera (calle Alta de Santander) como sede del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Provincial, cuya rehabilitación será costeada por la Administración central; la construcción a cargo de los propuestos del Estado de la nueva sede judicial en Torrelavega, tras la cesión por parte del ayuntamiento de un terreno (la finca de 'El Carmen'); la edificación, también a cargo del Estado, de la sede del Instituto de Medicina Legal de Cantabria, y la finalización de las obras de adaptación que se están ejecutando en la sede judicial de Las Salesas, en Santander. Estas actuaciones permitirán una reducción de las sedes judiciales en Santander, mejorando la prestación del servicio al ciudadano y a los propios profesionales.

En este sentido, el consejero de Presidencia subrayó que el proceso de transferencias ha sido «participativo y abierto» y agradeció la colaboración de los distintos colectivos, desde colegios profesionales de Abogados y Procuradores, hasta Fiscalía y Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.



Fuente: El Diario Montañés.es

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