martes, septiembre 15, 2009

Los juzgados se enfrentan a una avalancha de expedientes

Cuando un tsunami llega a la costa no hay dique que pueda contener su fuerza destructiva. La crisis se ha metido hasta lo más profundo de los tribunales, llenando mesas y archivos con una avalancha de expedientes. En algunos juzgados los procedimientos concursales, los conflictos laborales por despidos y las ejecuciones de embargo —justo los que más tienen que ver con la situación económica— se han multiplicado por cuatro.


La justicia se erige el último termómetro del deterioro económico y planta cara a la batalla. Pero la recesión también tiene sus cartas. No sólo aumentan los procedimientos y su complejidad sino que la falta de dinero provoca que empresas y particulares litiguen simplemente por el hecho de alargar el proceso y el momento de afrontar los pagos.

Las cifras más abultadas en 2008 corrieron a cargo de los concursos de acreedores que han aumentado un 268% y las ejecuciones hipotecarias con un incremento del 126% respecto al año anterior. Empresas y familias, los dos flancos de una cuerda tensada hasta el infinito. Quiebras y desempleo, secuelas de una situación insostenible que dirimen ahora unos órganos judiciales atorados.

Incrementos de tres dígitos

En los juzgados de Primera Instancia los procedimientos ordinarios han sido desplazados por los cambiarios y monitorios —reclamaciones de cantidad— y las ejecuciones hipotecarias. Mientras los primeros crecieron un 13% en 2008, las cifras para el resto superan los tres dígitos. Un 102% de incremento en los juicios cambiarios y un 126% en los relacionados con impagos de créditos hipotecarios que alcanzaron en 2008 los 58.686, frente a las 25.943 del año anterior. Con el agravante de que los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial apuntan a una tendencia ascendente que continuará en 2009 con aumentos del 96%.

El problema en los juzgados de lo social es otro: los procedimientos por despido muestran un importante incremento desde finales de 2007 pero es en el segundo cuatrimestre de 2008 cuando empiezan a mostrar un crecimiento «verdaderamente notable». Las empresas que no pueden afrontar la coyuntura comienzan los recortes por el empleo y esto siempre conlleva conflictos que acaban en mayor o menor medida en el juzgado. Sólo en el primer trimestre de 2009 se han registrado un 96% más de procedimientos de despido.

Pero la cosa no queda ahí. La crisis no sólo está afectando al trabajo diario de los juzgados de lo civil y de lo social. El CGPJ advertía que la situación «puede dar lugar a un incremento de los procedimientos penales por aumentar el número de parados y acabarse la cobertura de desempleo. La difícil situación por la que atraviesan algunos colectivos, especialmente los de inmigrantes», puede llevar a un aumento de la criminalidad.

Concursos de acreedores

Pero si hay una rama del derecho que puede declararse saturada esa es la de mercantil. Aquí el procedimiento estrella es el de concurso de acreedores, antigua quiebra o suspensión de pagos. En todo 2007, los juzgados mercantiles se enfrentaron a 1.589 procesos de este tipo. En 2008 la cifra casi se triplica con 4.813 casos.

Varios expertos coinciden en señalar que la nueva Ley Concursal, que entró en vigor en 2004, no está preparada para afrontar un ciclo económico como el que atravesamos en estos momentos. La dotación de medios humanos y materiales que la respaldan se ha ido paulatinamente reforzando, pero la situación ha dado un giro dramático en los juzgados mercantiles que se encargan de dirimir los asuntos netamente empresariales.

Tanto es así que en el Ministerio de Justicia se ha creado una comisión encargada de estudiar las reformas necesarias a esta ley, creada en tiempos de bonanza pero incapaz de adaptarse a una recesión de este tamaño.

Medidas de refuerzo

Consciente de que el ciclo económico tiene una repercusión directa en el aumento del trabajo judicial, el CGPJ ha aprobado medidas de refuerzo, a través de un plan de choque. Con él, el objetivo prioritario es el de agilizar los trámites que ayuden a paliar la pesada carga que soporta cada jurisdicción. El primer paquete de medidas ha puesto especial énfasis en los juzgados de lo mercantil, aunque también se han extendido a juzgados de lo social y a juzgados de Familia.

Ya están en marcha más de 200 disposiciones para este año que apuntalarán las necesidades más inmediatas. Los juzgados mercantiles de nueve comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla–La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid), han recibido 157 refuerzos, entre ellos 20 magistrados y jueces sustitutos, ocho secretarios judiciales y, el resto, a personal funcionario de tramitación y gestión procesal. Personal muy necesario en estos momentos y que se está estudiando ampliar.

En el capítulo de la suspensión de pagos, llama la atención el incremento de los concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial. «Acuden al juzgado de lo mercantil en la creencia errónea de que la declaración de concurso va a suspender al ejecución hipotecaria que en la práctica supone sacar a subasta la vivienda», aclara Nuria Orellana, titular del juzgado de lo mercantil nº 1 de Cádiz.

La crisis ha provocado que cada vez más familias se declaren voluntariamente en quiebra para evitar perder su casa. Desesperados por la situación acuden a la justicia confiados en una respuesta que paralice el embargo, pero la ley sólo contempla que el proceso se detenga en el caso de bienes afectos a la empresa y no a las propiedades particulares.

Mucho más complejo

En el ámbito empresarial, los concursos de acreedores entrañan una enorme complejidad. «Tramitar un pleito, un juicio, es relativamente sencillo. Es como una vía de tren que tiene una estación de salida, una intermedia y una de llegada. Hay una demanda y un demandado. Se hace una vista preliminar, un juicio y luego hay una sentencia. No te puedes perder», explica Borja Villena, magistrado del juzgado de lo mercantil nº8 de Madrid.

En cambio, un juicio por concurso de acreedores es un procedimiento que no se limita a la comparecencia de dos partes. Puede haber cientos de acreedores afectados y decenas de trabajadores. Es un proceso que se caracteriza por tener unas enormes ramificaciones de pequeños asuntos dentro de él. Esto dificulta tremendamente la tramitación y lastra el día a día de todo el personal que trabaja en el juzgado mercantil. La sobrecarga de trabajo es innegable.

Por poner un ejemplo, dentro del concurso existen partes que requieren respuestas inmediatas. Cuando el concurso se tarda en tramitar, los más afectados son los trabajadores de la empresa que dependen de un auto del juez para ser indemnizados y quedar legalmente en situación de desempleo para poder cobrar el subsidio.

Hasta que el juez no dicta el auto en el que resuelve el Expediente de Regulación de Empleo, el ERE concursal, los trabajadores están sin cobrar de la empresa, porque está quebrada, y sin poder ir al desempleo. Esto genera conflictos sociales y en ello radica la necesidad de un sistema ágil.

A esto hay que sumar un factor bastante espinoso y en el que entra en juego la dedicación del juez. «La actual situación de atasco es el caldo de cultivo para que se den situaciones de fraude», explica Villena.

La figura del juez

La anterior regulación de la ley concursal se prestaba a una gran opacidad y un oscurantismo en la tramitación de las quiebras. Se daban supuestos en los que los bienes de la empresa eran vendidos a la mujer del empresario quebrado, situaciones en las que se otorgaba un trato de favor a unos acreedores en detrimento de otros más pequeños o incluso la venta de activos por debajo del valor del mercado.

Con la nueva ley, la implicación de la figura del juez —que actúa como garante y se encarga de permanecer atento a que el proceso se realice con todas las garantías— puede quedar diluida entre tanto papeleo y tanto trabajo acumulado.

La desbordante situación de algunos juzgados, sobre todo plazas como Madrid o Barcelona, puede llevar a los profesionales de la justicia a bajar la guardia. No faltan razones para mimar con esmero nuestra justicia y reconocer el valor del esfuerzo en cada juez.

Fuente: ABC.es

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lunes, septiembre 14, 2009

Juanes: "Estoy preocupado por los funcionarios de la Audiencia Nacional"

Leal, preocupado por el buen funcionamiento de los servicios públicos, discreto, inquieto jurídicamente y feliz por su nuevo proyecto profesional en la Audiencia Nacional. Así es el nuevo presidente de este tribunal, Ángel Juanes, qué está empeñado en sentar las bases para construir la Audiencia Nacional del siglo XXI. Juanes, que lleva más de 30 años en la judicatura, apuesta por un mapa judicial racional para cubrir las necesidades de la Justicia y que desaparezca la lacra del terrorismo con una intensa labor policial y judicial.


- ¿Qué fue lo primero que pensó cuando fue nombrado presidente de la Audiencia Nacional?

- Tuve una mezcla de sentimientos de ilusión, de riesgo e incertidumbre. Pero sobre todo, muchas ganas de comenzar una nueva etapa profesional y con un gran sentido de la responsabilidad.

- Cinco meses lleva como presidente. ¿Le ha cambiado mucho su nuevo puesto de trabajo?

- En cierta manera sí. Por un lado, la función que realizo aquí no tiene nada que ver con la que hacía en el Tribunal Supremo, es decir, un trabajo jurisdiccional y dedicado al análisis y estudio de los temas militares. Ahora, he pasado a la gestión pura y dura, representación, reuniones, actos, etcétera. Por otro, la cuestión de la protección y la seguridad. Me tengo que acostumbrar y lo llevo muy mal porque siempre me ha gustado ir por libre.

- ¿Cuál es la hoja de ruta durante su mandato en la Audiencia Nacional?

- Trabajo para conseguir un tribunal muy profesionalizado y centrado en la criminalidad organizada, con los mejores medios técnicos y una especialización de los jueces y magistrados. También me gustaría que hubiera una menor exposición mediática, aunque sé que es muy difícil (risas). Quiero sentar las bases para construir la Audiencia Nacional del siglo XXI, que sea un referente internacional.

- Para eso necesitará la ayuda del Ministerio de Justicia. ¿Cómo es su relación con el ministro?

- Muy buena. Le conocí estando yo de letrado del Tribunal Constitucional. Ya le he expuesto por escrito las necesidades de la Audiencia Nacional y le he invitado a que venga a nuestra sede.

- A una semana de la apertura del año judicial, ¿qué reformas urgentes pide para la Audiencia?

- Fundamentalmente, una nueva sede. Este edificio se ha quedado pequeño para el trabajo que se hace. Necesitamos un buen servicio de información, de traductores, servicios comunes, etcétera. Existe un proyecto pionero para proceder a la digitalización del papel, lo que favorecerá que los magistrados se puedan llevar trabajo a casa en un pendrive.

- ¿La Audiencia cuenta con los medios materiales y humanos necesarios para hacer su labor?

- No. Me ha sorprendido las carencias que tiene tanto de infraestructura como de medios.

- ¿Hacen falta más jueces?

No lo tengo claro. Algunos me dicen que sí es positivo crear un juzgado más y los fiscales hablan de crear un tribunal especial en el ámbito económico. No obstante, tenemos que hacer una evaluación real de las necesidades de cada juzgado, pues la carga de trabajo no es igual en todos. En cualquier caso, voy a proponer la creación de un juzgado central de instrucción más.

- ¿Los funcionarios de la audiencia tienen mucha movilidad?

- Me he quedado sorprendido de que los funcionarios (oficiales, auxiliares....) no tienen estabilidad profesional.

- ¿Por qué?

- Porque se marchan a los juzgados de Plaza de Castilla, que dicen que están mejor retribuidos. Este asunto me preocupa y ya estamos hablando con el Ministerio para ver si encontramos alguna fórmula a este problema que no produzca agravios comparativos.

- ¿Está justificada la existencia de la Audiencia Nacional una vez que desapareciera el terrorismo?

- Sin duda, pues tendría que resolver los delitos cometidos por organizaciones mafiosas, narcotraficantes...Hay que aprovechar la experiencia acumulada de la policía, jueces y fiscales. Es más, no debemos perder de vista que la Audiencia también cuenta con una Sala de lo Contencioso-administrativo que resuelve temas muy complejos e importantes.

- ¿Influye el poder mediático de la Audiencia en los jueces?

- Es una cuestión complicada de responder. Hay que preguntárselo a cada juez. El problema son los juicios paralelos. Desde luego, si no existieran, cuánto ganaríamos. Tenemos que hacer un ejercicio de moderación con los juicios paralelos, algunos de ellos van más allá de lo razonable.

- ¿Qué le parecen los jueces estrella?

- Ojalá no existieran. Pero la Audiencia Nacional tiene tanta fuerza mediática que te convierte en una persona pública. Ahora bien, yo no sé si a veces son los medios de comunicación los que convierten en estrella a los jueces.

- ¿Qué opinión le merece que el Tribunal Constitucional lleve tres años sin resolver el Estatuto de Cataluña?

- Siento mucho lo que está ocurriendo. Hubiese sido deseable que se hubiera dictado antes la sentencia. El TC tiene su ritmo y estamos ante una decisión muy complicada, de las más difíciles.

- ¿Qué le parece que se castigue el aceptar dádivas o regalos que se hacen en consideración al cargo público?

- Se trata de un precepto penal muy indeterminado. La cuestión es que depende de los regalos que se hagan, es decir, no es lo mismo regalar un reloj estándar que un rolex o una pluma de oro. Esto da lugar a una gran casuística.

- Entonces, ante tanta casuística, que contribuye a una inseguridad jurídica, ¿se debería eliminar el artículo del Código Penal?

- No y menos en la situación actual española. La sociedad necesita confiar en sus dirigentes, autoridades y funcionarios. Con esta figura se dice tolerancia cero con la corrupción.

- ¿Qué propone?

- El legislador debería limitar la cuantía límite de los regalos a los cargos públicos para evitar esta gran casuística y que sirviera para aplicar estos criterios sociales.

- ¿Es partidario de que se rebaje la edad penal a los doce años?

- No. Cuando se habla de rebajar la edad no se está hablando de bajar la edad penal. Lo que se reduce es la edad para exigir responsabilidad conforme a la ley del menor, nunca a título de responsabilidad penal. El problema no es tanto la edad sino las medidas que se vayan a aplicar en función de esa edad. No se debe olvidar que la ley del menor parte de la reeducación.

- La Asociación de Víctimas del Terrorismo se queja de la desigualdad que existe en las cuantías indemnizatorias a las víctimas. ¿Qué le parece que exista un baremo?

- Estoy de acuerdo. Sería bueno que hubiera un baremo que oriente las cuantías indemnizatorias. Pero mientras que este sistema no llegue, me gustaría que se establecieran por la Sala Penal unos criterios generales que permitieran aproximarse a las indemnizaciones. Eso sí, matizando que cada caso es cada caso. Soy partidario de una mayor homogeneización en las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo.

- ¿El terrorismo se acaba con la aplicación estricta de la ley o con la ayuda de una política criminal?

- Sinceramente, con ambas cosas. Ahora, lo fundamental es la labor judicial y policial. Aquí el mensaje que hay que lanzar es que entreguen las armas.

- Por muy ajustada que sea una decisión en Derecho, la fuga de una etarra genera siempre una alarma social...

- Es normal porque estamos sufriendo la lacra del terrorismo. Lo que sucede es que tenemos un sistema de garantías que es el mismo para todos, no hay uno específico porque sea etarra. Por tanto, se han cumplido los requisitos para conceder la libertad provisional y el juez adoptó la decisión técnica correcta.

- ¿Los jueces y magistrados tienen derecho a la huelga?

- Sinceramente, no lo sé. No lo tengo claro. Es un tema muy controvertido. Sí me gustaría que en un futuro se regulara de forma más concreta.

- Pero, ¿están justificadas sus reivindicaciones?

- Muchas de ellas son legítimas, por ejemplo la creación de juzgados. Hasta ahora, el Ministerio de Justicia está respondiendo a algunas de ellas de forma satisfactoria... Hay que esperar al resultado final. Me gustaría que no se llegara a la huelga. Al tratarse de un servicio público hay que agotar todas las vías antes de adoptar esa medida.

- ¿Está cambiando la judicatura española?

- Bastante (risas). No tiene nada que ver cuando yo accedí a la carrera judicial con ahora. Hoy día los jueces son mucho más reivindicativos en la defensa de sus derechos laborales. Están más concienciados. Por ejemplo, antes no se reivindicaba no ascender.

- ¿Está justificada la vocación de universalidad de la Audiencia?

- Es un ideal precioso el que se juzgue a un genocida en cualquier tribunal con independencia del lugar. Para los casos de crímenes de guerra la jurisdicción universal es obligatoria.

- De magistrado del Tribunal Supremo a presidente de la Audiencia Nacional, ¿es un descenso de categoría?

- En absoluto, porque sigo teniendo la condición de presidente de sala del Tribunal Supremo a todos los efectos económicos y legales. Mi satisfacción profesional está cubierta porque he llegado a magistrado del Tribunal Supremo. Ahora, lo que más deseo es ser feliz en la Audiencia Nacional.

Muy personal

- ¿Qué hace en su tiempo libre?

- Leo mucho, estudio Derecho, veo la televisión y escucho la radio. Además, dos días a la semana hago deporte.

- ¿Qué deporte practica?

- El pádel.

- ¿Qué virtudes debe tener un juez?

- Mucho sentido común.

- ¿Su reto profesional?

- Hacer muy bien mi trabajo en la Audiencia Nacional.

- ¿Qué echa de menos en la sociedad?

- Más tolerancia, noto demasiada intransigencia. Se discute demasiado y si tienes una idea contraria te conviertes automáticamente en un enemigo.

- ¿Cuál es su jerarquía de valores?

- La lealtad por encima de todo. Esto no significa decir a todo que sí.

- ¿Qué es lo que más le molesta como persona?

- La envidia. Hay mucha en este país.

- Un momento feliz.

- Cuando me nombraron presidente del TSJ de Extremadura.

- Un sueño.

- Una nueva sede de la AN con unas instalaciones modélicas, referencia a nivel nacional e internacional.

Fuente: lanacion.es

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La Coruña: Caamaño inaugura un curso sobre "La Justicia en tiempos de crisis"

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, inaugura hoy en La Coruña un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre 'La Justicia en tiempos de crisis', que se desarrollará en el Archivo del Reino de Galicia.


Con él, la UIMP retomará su actividad académica en Galicia, que incluirá cursos también en Santiago y Pontevedra. Así, del 14 al 18 de septiembre se celebrarán dos cursos en La Coruña, 'Educación y Administración Local: propuestas de acción social y comunitaria', que se celebrará en la Fundación Luis Seoane y 'La Justicia en tiempos de crisis', que se impartirá en la misma fecha en el Archivo del Reino de Galicia.

El ministro de Justicia Francisco Caamaño Domínguez es uno de los participantes del curso 'La Justicia en tiempos de crisis', dirigido por José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito de la sala segunda del Tribunal Supremo. En él, se reflexionará sobre el papel de los tribunales en tiempos de crisis, las salidas el papel de sindicatos y fiscales, la jurisdicción mercantil y la responsabilidad del Estado y de los organismos reguladores.

Entre otros ponentes, participarán los secretarios generales de UGT y de CC.OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo; el fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, José María Paz Rubio y Jesús Sánchez Lambás Secretario General y Director de la Fundación José Ortega y Gasset.

"Habrá más jueces para Galicia y para toda España", sentenció hoy Caamaño al ser preguntado sobre las demandas planteadas a este respecto por las asociaciones judiciales, durante su presencia en el curso.

Por otra parte, también se mostró partidario de la creación en Vigo de un juzgado de lo mercantil, aunque recordó que es a la Xunta a la que le compete realizar la propuesta. Preguntado si aboga por su implantación en Vigo o en Pontevedra, aseguró que él no "apuesta" por ninguna ciudad, aunque consideró "evidente" la necesidad de crear un juzgado de este tipo en la ciudad olívica.

Así, aludió a la importancia de esta ciudad "como polo mercantil e industrial", por lo que consideró que es "razonable" que Vigo disponga de este juzgado "sin perjuicio de lo que pueda tener Pontevedra", subrayó.

Preguntado también sobre sus relaciones con la Xunta, manifestó que en materia judicial "las relaciones son buenas y fluidas", al tiempo que destacó la existencia de una "colaboración intensa" y la presencia de Galicia en el acuerdo con las comunidades autónomas para el proceso de modernización de la Justicia.

Fuente: que.es , farodevigo.es

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Garzón, pillado por sus propias palabras: Una conferencia en Bogotá puede darle un disgusto

En junio de 2008 Baltasar Garzón fue el invitado estrella encargado de la conferencia de apertura del Seminario Internacional sobre Desaparición Forzada "Sin Rastro", celebrado en Bogotá (Colombia) del 25 al 28 de ese mismo mes. Ahora, su intervención puede servir para ponerle contra la pared en el proceso que se sigue contra él por prevaricación en la instrucción del caso de los desaparecidos del franquismo. Y es que sus palabras podrían fundar su acusación.


Las palabras de ida y vuelta de Garzón son aquellas en las que hacía referencia, con fuertes críticas, a la Convención de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas de 2006, un delito que en España equivale a la detención ilegal.

En la conferencia de Bogotá, el juez de la Audiencia Nacional criticó la legislación de la ONU al respecto porque no reconocía la imprescriptibilidad del delito ni la permanencia temporal del acto de desaparición -de tal forma que el texto de Naciones Unidas no permitía el computo de la prescripción desde la aparición de los cadáveres sino desde el secuestro-, pese a lo cual, durante la instrucción de los desaparecidos del franquismo, que coincide con las mismas fechas, no tuvo inconveniente en invocar que dichos delitos no prescribían y en presuponer que los desaparecidos estaban vivos para justificar el inicio de diligencias de investigación criminal.

Garzón se enfrenta ahora a una situación comprometida, puesto que sus palabras fueron difundidas, entre otros, por los teletipos de la Agencia Efe, apareciendo como referencia en diversas publicaciones colombianas, e hispanoamericanas en general.

Fuente: elsemanaldigital.com

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Pontevedra: La Xunta sólo garantiza que atenderá el Juzgado Mercantil en Vigo

La Direccion General de Justicia emitió el informe sobre la posible creación del Juzgado Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, y lo remitió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Xunta se compromete a garantizar los medios si se abre este juzgado en la ciudad, pero sin apoyo explícito a su ubicación.


Se esperaba un informe tibio y así ha sido. El director de Xustiza de la Consellería de Presidencia, Juan José Martín Álvarez, despachó el obligado informe al Consejo General del Poder Judicial sin apenas comprometer a la Xunta, al no apoyar de forma expresa la constitución en Vigo del anhelado Juzgado de lo Mercantil, que sería el tercero de la provincia, aunque con ámbito local.

A tenor del informe, todo se resume en que el Gobierno gallego garantizará los medios suficientes para el funcionamiento del Mercantil si se constituye en Vigo, pero deja definitivamente en manos del Poder Judicial la resolución sobre un asunto que no debería tener discusión.

El CGPJ, a la vista de la resolución de la Xunta, dictaminará sobre la creación del tercer Juzgado Mercantil y en su caso la ubicación definitiva. Para ello, será clave otro informe más, éste del Tribunal de Galicia, que deberá validar o rechazar los argumentos esgrimidos por Vigo.

La Xunta se cura en salud y advierte en su documento que la puesta en marcha de este juzgado es una decisión que parte del Ministerio de Justicia ‘adoptado a la vista de la propuesta unilateral realizada en su día por la Xunta al margen de los acuerdos que previamente se habían alcanzado con el Tribunal Superior de Galicia’. Así, el Gobierno gallego recuerda que no ha emitido ninguna opinión sobre ‘esta competencia exclusiva del Consejo’, mientras que el anterior Ejecutivo había instado al Ministerio de Justicia a sustituir la creación de un nuevo Juzgado de Familia en Vigo por el primer Juzgado de lo Mercantil para así garantizar su puesta en marcha.

Además, también advierte de que el Gobierno podría haber optado por crear un juzgado con una demarcación propia, la viguesa, pero en su lugar decidió proponer que el tercero de la provincia se constituya como desplazado en Vigo para atender asuntos de su partido judicial o en su caso también del partido judicial de Redondela, que incluye Fornelos y Pazos. Con todo, fuentes del Partido Popular aseguraron que estamos ante un ‘informe positivo’ porque la Xunta se compromete de forma expresa con Vigo ante el Consejo del Poder Judicial.

Limitar su competencia al partido judicial vigués, dejando fuera Redondela

La Consellería de Presidencia y Xustiza advierte en su informe que en el caso de que el Poder Judicial dé vía libre a su creación, debería limitarse su competencia territorial al partido judicial vigués, compuesto por la ciudad y el Val Miñor, excluyendo de forma taxativa a Redondela y el resto del área metropolitana, que seguirían en la demarcación de los dos juzgados de Pontevedra.

La Xunta justifica esta decisión por las cargas de trabajo en cada jurisdicción para lograr una distribución proporcionada de los asuntos de los distintos órganos jurisdiccionales. La Consellería de Presidencia entiende que así sería más fácil el ejercicio de las competencias con el Mercantil 3 en Vigo si el Consejo General del Poder Judicial acepta que se convierta en juzgado desplazado, como propone el Ministerio de Justicia.

Fuente: atlantico.net

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Valladolid: La jubilación de Delgado abre la carrera para ocupar la jefatura en la Fiscalía

La jubilación, el 29 de octubre, del actual fiscal jefe de la Audiencia de Valladolid, Luis María Delgado, que ha estado 15 años al frente del Ministerio Público en la provincia, abre la carrera entre las dos asociaciones profesionales de fiscales para situar en este puesto a uno de sus afiliados o simpatizantes.Y es que desde el despacho de la calle Angustias se dirige no sólo la actuación del Ministerio Público en Valladolid, sino que se tiene la capacidad para intervenir en pleitos que tienen que ver con los actos de órganos administrativos de la Junta.


El procedimiento para resolver la principal vacante de la Fiscalía en la comunidad autónoma pasa por la publicación del concurso a nivel nacional. Los requisitos exigidos son 10 años en la carrera fiscal y tener la categoría segunda, unas circunstancias que cumplen decenas de posibles aspirantes de toda España.

La lista de peticionarios deberá, sin embargo, ser informada por el Fiscal Superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, aunque su informe no es vinculante para la elección por parte del fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien a su vez lo propondrá al ministro Francisco Caamaño. Este informe es una de las novedades tras la reforma sobre Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que aprobó el Ministerio de Justicia en el 2007.

Fuentes oficiales no ocultan que desde hace semanas se trabaja para buscar un perfil del candidato que permita traer una renovación en cuanto a «los modos de dirigir la Fiscalía». «No se trataría tanto de que saliera de entre los que están dentro, como que se dé un aire nuevo en la forma de actuar del Ministerio Público», indicaron fuentes oficiales, que apuntaron que si el aspirante viniera de fuera de Valladolid podría evitar ciertas tensiones internas en el equipo formado en los últimos años por Luis María Delgado.

A este aspecto se añade la pugna que existe entre las dos asociaciones profesionales de fiscales para situar a sus afiliados en puestos clave a nivel nacional. Por un lado está la Asociación de Fiscales (AF), de tendencia conservadora y mayoritaria en el sector, y por otro, la Unión de Progresista de Fiscales (UPF). De los 12 miembros en el Consejo Fiscal, órgano que asesora en Madrid al fiscal jefe, Cándido Conde Pumpido, 9 son elegidos por votación entre los fiscales de toda España de los cuales 6 son de la AF y sólo 3 de UPF. Ello indicaría el sentido de la posible propuesta al fiscal general del Estado para ocupar la jefatura de Valladolid.

Desde la Unión Progresista de Fiscales se barajan varios nombres para suceder a Delgado, dos de ellos ocupan jefaturas en provincias de Castilla y León. Se trata del fiscal jefe de Zamora, Rafael de Vega, muy vinculado a Valladolid aunque no está asociado a ninguna de las dos asociaciones profesionales, y de la actual fiscal jefe de Palencia, Esther Pérez, nombrada hace apenas un año por Conde Pumpido.

Pérez reside en la capital vallisoletana, ha formado durante años parte de la Fiscalía de Valladolid y cumpliría uno de los principios que se barajan desde La Moncloa, como es situar a mujeres en altos puestos de la magistratura. Actualmente, de los 9 fiscales jefes de la región, sólo dos son mujeres.

Al hecho de que se busque una mujer candidata, la Asociación de Fiscales podría responder con la presentación de Ana Valle, actual fiscal en Valladolid, y que fue la única aspirante que formalizó el pasado mes de enero su solicitud para suceder a Luis María Delgado. Sin embargo, fuentes de la AF indicaron que «no existe en este momento un candidato designado oficialmente a la espera de que en el próximo congreso de finales de octubre en Toledo se decida el apoyo por algún asociado».

También en está elección podría aspirar otro miembro de la Fiscalía vallisoletana, miembro de la AF, José María Martínez Matesanz. A partir del 29 de octubre, el teniente fiscal, José Carlos Jaramillo, se hará cargo de la dirección de este órgano, tal y como contempla la ley.

22 fiscales en Valladolid

Valladolid es la provincia que más plantilla de fiscales tiene (22) de toda la región, tras la reorganización de hace unos meses en la que se separó León y Ponferrada. Es también la capital de la comunidad autónoma que más asuntos tiene por resolver, por denuncias penales, pleitos civiles y contencioso-administrativos.

Además, la Fiscalía vallisoletana se tiene que hacer cargo de todos los asuntos de carácter penal político, siempre que los denunciados no estén aforados, lo que motivaría su traslado a la Fiscalía Superior del TSJ en Burgos.

Ello implica que las denuncias por supuestas irregularidades contra la Administración regional se tramitarían por el fiscal jefe de Valladolid, siempre que no haya procuradores o consejeros de la Junta. El fiscal Superior, Manuel Martín Granizo, alabó de Luis María Delgado «su lealtad y eficacia pese a su personalidad propia».

Fuente: nortecastilla.es

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sábado, septiembre 12, 2009

Granada: STAJ denuncia que 200 notificaciones diarias llegarán tarde por culpa de la Junta

El sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denunció que alrededor de 200 notificaciones diarias no van a llegar a sus destinos a tiempo. Al menos, no con la celeridad que permitían los diez taxis que utilizaban a diario. Máxime, si se tiene en cuenta que están bajo su cargo pueblos ubicados a 70 kilómetros de la capital.


Justicia ha recortado el presupuesto relativo al uso de taxis para repartir notificaciones por la ciudad y los 49 pueblos que pertenecen al partido judicial de Granada. Como medida de ahorro impuesta en toda Andalucía, los funcionarios están obligados a hacer su trabajo en autobús o a pie si se da el caso.

La indignación entre los trabajadores del Servicio Común de Notificaciones de Granada no se ha hecho esperar. Los 23 funcionarios dedicados a patearse las calles lo van a tener que hacer ahora, pero en el sentido literal. Pero lo que más les preocupa no es la sobrecarga de trabajo que ello conlleva, sino el retraso con el llegarán estas notificaciones y la merma en la eficacia del trabajo que realizan.

Defienden que no han derrochado en este caso. "Se ha utilizado muy escrupulosamente, con entre cinco y once táxis como máximo durante dos horas diarias; incluso algún funcionario ha utilizado su vehículo", manifiestan desde el STAJ.

En vez de recortar el presupuesto para que la Justicia llegue de forma rápida al ciudadano, los funcionarios reclaman voluntad política real para implantar la administración electrónica en este campo.

Fuente: ideal.es

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Madrid: Los magistrados de la Audiencia Provincial despachan el doble del trabajo fijado en los módulos del CGPJ

La carga de trabajo que soportan los magistrados de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid supera en un 55% el módulo de entrada de asuntos establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según los datos contenidos en la memoria anual de esta sede judicial correspondiente a 2008. En sintonía con las reclamaciones realizadas en años anteriores, la presidenta de la Audiencia de Madrid, Ana María Ferrer, aprovechó su primera comparecencia pública tras su toma de posición para reclamar un incremento en la planta judicial ante la tendencia al alza en la entrada de asuntos penales y civiles.


Ferrer consideró "indispensable" adecuar la plantilla judicial para ofrecer al ciudadano "una respuesta ágil y una Justicia de calidad" y asignar "una carga de trabajo razonable para los magistrados de la Audiencia", conforme a los módulos fijados por el Poder Judicial.

En cifras, los temas ingresados para enjuiciamiento en primera o única instancia fueron de 2.286, mientras que los recursos de todo tipo ascendieron a 27.681. Por tanto, ingresaron un total de 29.967 asuntos en las secciones penales, lo que supone un incremento de un 4,32% respecto al año anterior. Si se compara con los datos de 2003, en el que dieron entrada 18.486 asuntos, el aumento porcentual sería de 62,1%.

En las secciones civiles se produjo un aumento de un 10% en los temas ingresados en 2008 al entrar un total de 13.995 asuntos. Se trata de un porcentaje que irá en aumento en 2009 con motivo de la crisis económica, según apuntó la presidenta de la Audiencia madrileña.

A la vista del crecimiento en la entrada de asuntos, Ferrer reclamó al Ministerio de Justicia la creación de dos secciones civiles: una destinada al orden civil y otra al mismo orden, de manera que una opere como generalista y otra de familia.

OFICINA JUDICIAL

La magistrada confió en que la implantación de la nueva Oficina Judicial suponga el impulso que necesita la Justicia madrileña para salir adelante, si bien reconoció que "no será la panacea que resuelva todos los problemas actuales". "Es necesario una reorganización y optimización de los recursos", arguyó Ferrer, quien reclamó la puesta en marcha de reformas legislativas.

Además, recalcó que la paralización del proyecto del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid podría retrasar la puesta en marcha de los servicios comunes del nuevo modelo judicial por la dispersión actual de las sedes judiciales.

Por otro lado, consideró "imprescindible" una apuesta decidida por las nuevas tecnologías con el diseño de un sistema que supere los problemas de compatibilidad con los instaurados en otras comunidades. Así, cree necesaria la mejora de los medios de gestión de los procedimientos, su tramitación digital y el desarrollo del sistema Lexnet.

Fuente: La Ley

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viernes, septiembre 11, 2009

Valladolid: Caamaño anuncia que el Campus de la Justicia se ubicará en el barrio Girón

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció el miércoles en el Congreso de los Diputados que el Campus de Justicia de Valladolid tiene ya un emplazamiento dentro de la capital, y en un solar que era el reclamado tanto por jueces, abogados, procuradores y personal de la Administración de Justicia. En este caso, la parcela propiedad del Ayuntamiento de Valladolid en el barrio de Girón.


Caamaño respondía a una pregunta oral que le formuló el diputado socialista por Valladolid Emilio Álvarez en la que se le reclamaba que fijara un emplazamiento respecto a las tres alternativas. El ministro le respondió con el solar de Girón, que tiene una edicabilidad suficiente para albergar todas las sedes judiciales actuales dispersas por la capital.

El titular de Justicia agregó además que el futuro Campus de la Justicia contará con una partida en los Presupuestos Generales del Estado para el 2010 destinada a la redacción del proyecto.

«Un campus con capacidad para todas las instalaciones judiciales y diseñado con arreglo a las necesidades de la nueva oficina judicial. Un campus que exprese una concepción moderna y accesible de la Justicia», respondió Caamaño en la Cámara Baja.

Apertura de negociación

Los estudios técnicos elaborados por arquitectos del Ministerio ha considerado que la mejor opción, por superficie y características, es la de la parcela 43, junto a Villa de Prado. Sin embargo, el alcalde de Valladolid dijo hace un año que cualquiera de las dos parcelas que el Consistorio ponía en la mesa para reagrupar todas las sedes judiciales en la ciudad «tendría que tener una contraprestación».

León de la Riva apuntó la posibilidad de que el actual edificio de la calle Angustias, propiedad del Gobierno central, pasase a manos municipales, un inmueble en el que está interesada también la Diputación Provincial.

El diputado socialista Emilio Álvarez pidió al regidor de la capital que no ponga «obstáculos insalvables en la futura negociación para facilitar cuanto antes la construcción del nuevo edificio después de que el Ministerio ya ha comunicado la ubicación».

El ministro subrayó en su intervención en el Congreso que los Presupuestos «incluirán las partidas necesarias para poner en marcha este proyecto, que queremos ejecutar lo antes posible», y añadió que «en los próximos días nos pondremos en contacto con el Ayuntamiento de Valladolid para iniciar los trámites correspondientes».

El presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle, se felicitó por esta noticia ya que «es el emplazamiento que desde la judicatura se reivindicaba por dar respuesta a las necesidades». Trebolle anunció además que las concentraciones de protesta previstas a partir del 18 de septiembre, para que el ministro fijase el solar, «ya no tienen sentido por lo que nos reuniremos para desconvocarlas».

Fuente: nortecastilla.es

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jueves, septiembre 10, 2009

Andalucía: STAJ cree que la restricción del uso de taxis derivará en un "colapso total" de los actos de comunicación

El coordinador en Andalucía del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), José Luis Fernández Alaya, advirtió a la Junta de Andalucía que la restricción del uso de taxis por parte de los funcionarios en los actos de comunicación, como los embargos y las notificaciones, derivará en un "colapso total" de los actos de comunicación de las instancias judiciales.


Fernández Alaya ha remitido un escrito al viceconsejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Ortiz Mallol, advirtiendo de que "son muchísimas las diligencias que practican diariamente", extremo que "es posible únicamente si se cuenta con un servicio de transporte adecuado, como es el taxi, que aunque su número no es ni mucho menos suficiente, dado el volumen de trabajo, sí al menos podría considerarse aceptable".

Sin duda, para STAJ, el rendimiento de estos servicios y el de los funcionarios que realizan las diligencias de comunicación "se verá seriamente menoscabado si han de utilizar medios de transporte público colectivo únicamente". "Las líneas de autobús urbano no llegan a todas partes ni muchísimo menos (además de la lógica lentitud del servicio en muchos casos), y, fundamentalmente en los pueblos, donde sin existir servicios de transporte público los funcionarios deben realizar diligencias en lugares muy alejados de la sede del órgano judicial o de difícil acceso, con desplazamientos interurbanos en numerosas ocasiones".

Según figura en la misiva, "no es difícil adivinar que si se suprime el servicio de taxi, los actos de comunicación se ralentizarán irremediablemente y, con ello, la tramitación de los procedimientos judiciales, que legalmente dependen de la notificación personal de las resoluciones que se dictan".

SUSPENSIÓN Y RETRASO DE JUICIOS

Así, señala el escrito, "se retrasarán y se suspenderán numerosos juicios por falta de emplazamiento o de citación de las partes o los testigos, se retrasará la ejecución de las sentencias, ya sean Civiles, Penales, de lo Social, Contencioso-Administrativo, Mercantiles, de Juzgados de Familia, de Violencia sobre la Mujer, etc., por no poder practicarse los actos de notificación y de ejecución que han de realizarse ordinariamente fuera de la sede judicial".

"En definitiva, un grave perjuicio para el servicio público que padecerán los ciudadanos que verán como los procedimientos judiciales se retrasan aún más como consecuencia de la falta de medios personales y, a partir de ahora, también materiales", dijo STAJ, que advirtió de un "colapso total que sufrirá la práctica de actos de comunicación en toda Andalucía". "Pondrá en situación de riesgo a los trabajadores que habrán de realizar su labor en barrios desfavorecidos y sin la menor protección y posibilidad de auxilio que en muchas ocasiones es necesaria".

En consecuencia, "solicitamos se deje sin efecto la Instrucción dictada por esa Viceconsejería, y manifestamos nuestro rotundo rechazo a cualquier medida que pueda comprometer la labor que realizan los funcionarios de la Administración de Justicia y que cause mayor dilación a los procedimientos judiciales, que por falta de medios, tanto personales como materiales, es ya insostenible".

Fuente: Europa Press

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Santander: Justicia anuncia que firmará en los próximos días el convenio para conectar entre sí todos los órganos judiciales

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander que el Ministerio firmará en los próximos días un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la puesta en marcha de un sistema que permita la "interoperabilidad" entre los órganos judiciales en España.


Además, ha avanzado que el Gobierno suscribirá "en breve" otros convenios con la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas para la aplicación de un sistema "en el que ya se está trabajando" y que permitirá la "comunicabilidad de los expedientes judiciales en todo el territorio nacional".

Campo ha realizado estas manifestaciones en la conferencia inaugural del curso "Las TIC en la Justicia del futuro", que organiza la Fundación Teléfonica, en colaboración con la Fundación para la Magistratura y la Fundación Wolters Kluwer, donde ha estado acompañado además por el vocal del CGPJ Antonio María Montserrat.

En su intervención, ha destacado el "claro compromiso" del Ministerio con la modernización de la Justicia, algo que, a su juicio, se refleja en el Plan Estratégico, acordado con todas las fuerzas políticas y con todos los órganos judiciales, según ha explicado.

Además, ha recordado que esta iniciativa contempla seis ejes de actuación para los próximos tres años y dispone del presupuesto para llevarlo a cabo, a la vez que ha pedido el "esfuerzo de todos" y ha señalado que, en la modernización de la Justicia, "no son suficientes" las nuevas tecnologías, sino que, entre otras cosas, es necesaria "una nueva forma de organización".

Entre las actuaciones que el Ministerio está llevando a cabo en materia de nuevas tecnologías, el secretario de Estado ha destacado la implantación en el Registro Civil de sistemas informáticos que permitan obtener certificados "a través de una pequeña máquina o por vía electrónica".

Y ha resaltado los acuerdos alcanzados entre las distintas administraciones del Estado para aplicar los recursos tecnológicos con el fin de agilizar los trámites en este órgano, que -según ha recordado- "es el que más quejas genera en los ciudadanos", en torno al 40 por ciento de las que recibe la Justicia.

Además, ha avanzado que con la aplicación de estas nuevas tecnologías se desarrollará un Registro Civil "único" para toda España, "con una unidad central", y se favorecerá su "desjudicialización" y la "digitalización de todos los datos".

"No va a ser un Registro Civil de hechos, sino de personas", ha aseverado Campo Moreno. El secretario de Estado también se ha referido a otra experiencia que el Ministerio de Justicia está "a punto de poner en marcha", como es el 'expediente digital' de los casos judiciales y que, según ha explicado, en una primera fase afectará al orden penal de la Audiencia Nacional, es decir, a los Juzgados Centrales de Instrucción, la Sala de lo Penal y el Juzgado Central. "En nuestra Audiencia Nacional, dentro de poco, también empezará a desaparecer el papel", ha vaticinado Campo.

Por su parte, el vocal del CGPJ Antonio María Montserrat ha destacado las "ventajas patentes" de la aplicación de las nuevas tecnologías en la Justicia Penal ante la aparición de delitos como el terrorismo internacional, la inmigración ilegal o el crimen organizado.

"El mal y sus secuaces también se van adaptando a las nuevas tecnologías", ha afirmado Montserrat, quien ha opinado que para modernizar la Justicia "no es suficiente" con dotarla de medios adecuados, sino que es necesario "un cambio de mentalidad" y ha pedido la colaboración "leal y sincera" del resto de administraciones.

Fuente: La Ley

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Mercedes Patón: "La ley contra el maltrato ha discriminado al hombre"

Mercedes Patón, abogada especialista en hombres maltratados, atiende cada día numerosos casos de hombres denunciados por sus parejas o ex parejas. En la siguiente entrevista, Patón analiza la "desprotección" masculina desde la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género.


¿Se siente 'abogada del diablo'?

La acogida está siendo buena. Aquí no solo llaman hombres, sino también madres, hermanas o nuevas compañeras pidiendo ayuda, porque ellos están tan mal que no quieren ni hablar, igual que les pasa a las mujeres maltratadas. La diferencia es que la ley ampara a la mujer al cien por cien y al hombre lo ha discriminado al cien por cien.

La Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género fue muy bien recibida. ¿Qué cree que está fallando?

El texto considera que la mujer, de por sí, está por debajo del hombre. Nos trata como si fuéramos tontas, porque presupone que siempre estamos subyugadas al hombre, y para mí eso es una humillación. Y además considera que una pelea en un matrimonio es violencia de género. A un hombre pueden caerle varios meses de cárcel por llamar "tonta" a una mujer, mientras que si se lo llama ella a él no le pasa nada o, como mucho, se le impone una multa de 30 euros. Es como si ellos, por el hecho de ser hombres, ya fueran potenciales criminales.

¿Cuál es el problema, que los hechos leves sean considerados maltrato o que solo ocurra esto cuando la mujer es la víctima?

Lo segundo. Cuando es la mujer quien lo ejerce sobre el hombre, no es maltrato. ¿Por qué? ¿Es que no somos iguales ante la ley? ¿O las mujeres no queremos ser iguales? Si es así, tendrán que tratarnos exactamente igual. Yo no quiero que me traten de forma diferente a un hombre o que crean que, por ser mujer, estoy sometida a él.

Entonces, ¿no somos iguales ante la ley?

En absoluto, y las diferencias de trato están generando más violencia. Eso provoca, además, que los temas civiles se están viendo en los juzgados de violencia de género, que no tienen experiencia en derecho de familia y se están saturando.

¿Qué tipo de casos se le presentan con más frecuencia?

Por ejemplo, tengo un caso en el que los dos se han lesionado mutuamente, pero a él lo consideran como a un maltratador y a ella no. Está desesperado y en tratamiento psiquiátrico, pero los jueces no hacen caso de sus informes y sí de los de ella. En otra ocasión, una mujer denunció a su ex por malos tratos un año después de divorciarse para que el caso se trasladara a los juzgados de Violencia de Género y así poder quedarse con el piso.

¿Cuáles son las consecuencias?

Cuando a un hombre le consideran un maltratador, la sociedad lo relega. Nadie quiere acercarse a él. La familia sufre unos calvarios impresionantes. Y además hay compañeros abogados que, en lugar de apaciguar, echan más leña al fuego.

¿Tan mal están las cosas?

La ley está fuera de lugar, pero porque está siendo mal utilizada por las mujeres y por los profesionales. La ley tiene que usarse para lo que de verdad es maltrato, no una mera discusión de pareja. A las que de verdad están maltratadas les cuesta muchísimo salir a la luz y, cuando lo hacen, toman otra actitud; no se van de cañas nada más salir del juzgado. Y, por otro lado, los juzgados de Violencia de Género se están saturando y están tardando más de un año en resolver asuntos que llevarían unos pocos meses en el Juzgado de Familia.

Pero antes de la Ley Integral ya había quien criticaba las leyes porque consideraba que favorecían a la mujer.

Las mujeres siempre nos hemos quejado de que los hombres no nos ayudan, y ahora que lo quieren hacer les decimos que no. ¿Por qué? Porque, en igualdad, si hubiera un divorcio no nos quedaríamos con todo. Es un error. Yo les aconsejo que liquiden gananciales en el momento y que lo dejen todo zanjado, porque si siguen viviendo pendientes de ese asunto no van a descansar, por no hablar del rencor que transmiten a los hijos.

Si la sociedad victimiza a la mujer, ¿la igualdad significaría victimizar al hombre?

Lo mejor para evitar victimizaciones es la mediación, que permite que las cosas se apacigüen, se llegue a acuerdos y eso termina cumpliéndose. Pero tenemos que ir con calma, no con odio ni contra el otro, ya sea hombre o mujer. Lo mismo que vas libremente a casarte, tendrías que ir libremente a divorciarte, sin ánimo de hacer daño al otro.

Lo que está pasando, ¿es un problema de educación?

Sí, esto viene desde la escuela y desde el propio hogar de los menores. Mientras no haya una educación de igual a igual, no hay nada que hacer. Hay roles que pueden admitir perfectamente el uno o el otro, pero siempre desde el trato de igual a igual.

Y los jueces, ¿como actúan?

Unos se involucran y otros no se complican la vida y cumplen la ley a rajatabla. Además, a veces tampoco pueden valorar bien las cosas porque hay un gran atasco. Su posición es muy difícil y hay una presión social brutal. Cada vez que una mujer muere y el hombre ha sido denunciado o acusado, y el magistrado lo ha dejado en libertad por falta de pruebas, echan en cara al juez el asesinato. Por eso algunos, después de haber pasado por esas experiencias, no quieren complicarse la vida.

Pero la ley se hizo para proteger a la mujer...

Sí, pero no había ninguna razón para dejar de proteger al hombre. El error está en pensar que solo hay que protegerlas a ellas, cuando habría que proteger a aquel sujeto que sufre maltrato.

¿Tienen miedo a denunciar los hombres maltratados?

Algunos lo hacen, pero saben que su caso no va al juzgado de violencia, sino al de instrucción, donde se mezcla con otros de peleas en la calle o robos, mientras que cuando las que denuncian esos hechos son ellas se dirime en los juzgados de Violencia de Género. Solo hay estadísticas de juzgados de violencia contra la mujer, cuando tendría que haber estadísticas conjuntas, ya sea del hombre hacia la mujer o viceversa. Cuando ambos denuncian los mismos hechos, a ella se la somete a un juicio de faltas y, a él, a uno sobre violencia y con una orden de alejamiento. Y el atasco ha llegado a provocar que la notificación de la orden llegue tarde en algún caso, con lo que un hombre puede acercarse a la mujer protegida sin saberlo y ser detenido sin saber por qué.

¿No dictan órdenes de alejamiento a las mujeres en situaciones análogas?

Ahora están empezando a hacerlo. Yo las he pedido recíprocas en algunos casos, porque si un hombre con una orden de alejamiento está tan tranquilo en un bar y ella se acerca, tiene que salir corriendo.Así que si ella quiere que le detengan no tiene más que acercarse y llamar a la policía. Tengo otro cliente que tiene la pulsera puesta porque ella le ha denunciado y no puede trabajar, ya que ella trabaja cerca y no puede hacerlo con la orden de alejamiento. Ese juez le ha quitado el derecho al trabajo. Se están creando situaciones muy injustas. Ellos no pueden saber dónde está ella en cada momento. Estos casos son mucho más frecuentes de lo que parece y están creando mucho odio.

¿Qué solución propone?

La ley no está pensada para generar igualdad. Eso hay que combatirlo tratando jurídicamente por igual a ambos; es decir, manteniendo la misma ley, pero aplicándola a ambos sexos. Bajarían muchísimo los litigios por violencia. Pero estoy luchando a contracorriente.

¿Le salen muchos clientes?

Sí. Además, me encuentro casos sangrantes, como un hombre a quien le ha dado una embolia y no puede moverse. Su mujer le quita el teléfono, no le da de comer, no le deja salir de casa, se hace con su cuenta corriente… Ese hombre está sufriendo un maltrato, pero eso no va a los juzgados de Violencia, porque solo son para la mujer.

¿Se dan más casos entre parejas jóvenes?

A las mujeres de mi generación nos educaron para aguantar. En las nuevas generaciones, depende de lo que les hayan inculcado en casa. Cuando tienes pareja, haces lo que hayas visto hacer a tus padres, a no ser que pienses de otra manera y veas que eso está mal. Mi madre me dijo que nunca dejara de trabajar para que el hombre nunca pudiera echarme en cara que el dinero lo traía él a casa. El dinero da independencia y no hay por qué estar sometida a nadie. Pero algunas mujeres denuncian, consiguen las ayudas previstas para mujeres maltratadas y luego vuelven a juntarse con sus ex parejas. Y las estadísticas no entienden de matices.

¿Qué supone para un hombre que lo acusen de maltrato?

Un estigma para toda su vida; los tratan peor que a los etarras. Cuando detienen a un hombre acusado de malos tratos y me llaman para que vaya a defenderlo, me dejan hablar con él dos minutos en el calabozo y en muchos casos no sabe ni de qué se le acusa, pero ella se lo sabe todo. Ni siquiera se dan las condiciones apropiadas para llevar a cabo su defensa.

Entonces, ¿la ley no ha servido para nada?

La ley ha intentado arreglar el problema sin conseguirlo, porque siguen las estadísticas de mujeres muertas a manos de hombres.Pero cuando una mujer mata a un hombre, casi siempre se dice que él la estaba maltratando antes. ¿No puede ser que ella le estuviera maltratando ya? Eso sí se plantea cuando es él quien la mata a ella. Y cuando un hombre dice que una mujer le maltrata, se ríen de él hasta en la comisaría. E incluso a algunos les han dicho los agentes que no denuncien porque tienen la ley en su contra, ya que en cuanto la llamen a declarar a ella y pueda prepararse con un abogado puede acusarle a él de malos tratos, y es el hombre quien tiene todas las de perder.

Fuente: madridiario.es

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Cataluña: Los juzgados podrían cerrar al público si la gripe A contagia a muchos funcionarios

Las oficinas judiciales de Cataluña podrían llegar a cerrar al público si la pandemia de gripe A no permite garantizar los servicios esenciales, medida "excepcional" que tendría que ordenar el Comité de Emergencia de la Administración de Justicia. Se trata de una de las medidas más drásticas que prevé el borrador del Plan de actuación en la Administración de Justicia de Cataluña ante la posible incidencia de la pandemia de gripe A, enviado en julio a todos los estamentos afectados.


El protocolo de actuación, coordinado por el mencionado comité del que forman parte miembros designados por la Conselleria, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), establece los objetivos, criterios de alerta, los servicios esenciales que hay que garantizar, las medidas de higiene, cómo actuar en caso de contagios y los mecanismos de comunicación y coordinación. No obstante, se puede adaptar a las sugerencias que aporten los implicados y a la propia evolución de la enfermedad.

El plan entrará en funcionamiento cuando la Conselleria de Salud declare la aplicación de los planes de emergencia en los centros de trabajo y cuando el Comité de Emergencia detecte la ausencia de más de una decena parte de las plantillas por contingencias comunes.

Garantizar los servicios esenciales

El principal objetivo del plan es garantizar los servicios esenciales, como las guardias en los juzgados de Instrucción, los registros de escritos urgentes como medidas cautelares o las órdenes de detención, las causas con presos o de violencia doméstica, las vistas orales con menores e incapacitados, las defunciones en el Registro Civil o los servicios de patología forense.

Según la importancia y tamaño de cada partido y órgano judicial se ha establecido un mínimo de personal para cubrir cada función, como gestores, tramitadores, forenses y funcionarios para Fiscalía.

En el supuesto de que algunos de estos trabajadores de servicios esenciales estén de baja, se ha establecido la relación de trabajadores que tendrán que sustituirlos. Así, por ejemplo, si un juzgado de guardia no puede realizarla, lo hará el que le correspondería realizar la siguiente guardia y si no fuera posible lo harían funcionarios de las jurisdicciones civiles, social y contencioso-administrativa, por este orden y siguiendo siempre el número de orden de los juzgados.

En el punto 5.1 sobre las funciones de los decanatos en caso de bajas se establece que si no se pueden garantizar los servicios esenciales, el Comité de Emergencia de la Administración de Justicia podría "acordar cerrar al público las oficinas judiciales del partido o partidos afectados".

En el caso del IMLC, se garantizarán los servicios de guardia, de patología forense y de reconocimiento en causas con presos, pero si faltara más personal se anularán las visitas programadas de lesionados.

Las gerencias y servicios territoriales de la Conselleria gestionarán el personal funcionario e interino, pero en caso extremo "no se autorizarán permisos y vacaciones" y se dejarán "sin efecto", por necesidades del servicio, las vacaciones, permisos y licencias autorizados previamente.

El Comité de Emergencia se reunirá cada dos semanas cuando la afectación en el personal sea superior al 10 por ciento, y semanalmente si el porcentaje aumenta. Además, en cada órgano y sede judicial habrá comités operativos que seguirán el día a día de la pandemia y la comunicarán inmediatamente a las autoridades sanitarias.

Fuente: expansion.com

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Garzón declara durante más de tres horas como imputado por prevaricación


La declaración más amarga del juez Baltasar Garzón ha tenido lugar este miércoles en la sede del Tribunal Supremo donde el magistrado se ha sentado por primera vez en el banquillo de los acusados. El titular del juzgado de instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que estaba citado a las doce y media de la mañana, llegó puntual a su cita con el instructor Luciano Varela, quien lo interrogó durante algo más de tres horas y media en calidad de imputado.


A Garzón se le acusa de haber prevaricado en la causa general que abrió a la Guerra Civil y el franquismo en octubre de 2008. En la legislación española, el delito de prevaricación, tipificado en el artículo 446 del Código Penal, consiste en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son.

Según han informado fuentes presenciales, durante la declaración, Garzón rindió cuentas de su actuación procesal ante el instructor del Supremo, el fiscal, Luis Navajas, y el abogado de la acusación, Jaime Alonso, representante del sindicato Manos Limpias y la asociación libertad e Identidad.

Garzón acusa a su instructor

Una cita rodeada de expectación ya que a su entrada el magistrado fue jaleado por una decena de representantes de las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, que le gritaron "viva Garzón"; mientras que a la salida las voces que se escuchaban eran bien distintas: "Garzón no divida a España".

Según han señalado fuentes jurídicas, el magistrado de la Audiencia Nacional se negó a contestar a las más de 150 preguntas que tenía preparadas la acusación para el interrogatorio y reprochó al magistrado del Supremo, Luciano Varela, que algunas de sus preguntas contenían juicios de valor.

Además, Garzón negó tajantemente haber incurrido en prevaricación alguna y defendió que con su causa general al franquismo no se apartó de la "finalidad legal" de investigar los hechos, depurar las posibles responsabilidades y, especialmente, dar protección a las víctimas con dicha causa. Asimismo, el juez estrella declaró que le sorprendió que en España, al contrario de lo que sucede en otros países europeos que han vivido circunstancias similares, no exista un censo oficial de víctimas de la represión franquista.

Unas declaraciones que de momento se desconoce si han convencido al instructor de la causa y si lo hará a Sala de lo Penal del Supremo, la cual en el auto de admisión a trámite de la querella contra Garzón sostuvo de forma unánime que el magistrado dictó providencias sin resolver el conflicto competencial planteado desde un primer momento por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Además, en dicha resolución el Supremo llamó la atención a Garzón por pedir el certificado de defunción de Franco y le recordó que “cuando la muerte es anterior a una condena (sic) se extingue la acción penal, lo cual determina que si el proceso estaba abierto porque vivía la persona, se archive de plano, y si no lo estaba, resulte absolutamente imposible incoarlo”.

¿Se apartará a Garzón de su juzgado?

Ahora, la clave del asunto está en si el instructor de la causa, Luciano Varela, una vez que haya practicado las diligencias que considere oportunas, decide archivar la causa o proseguir con la misma. En este segundo supuesto, la Sala de lo Penal tendría que dictar el auto de procesamiento contra el juez, que se traduciría en la imputación formal del mismo y en la consiguiente celebración del juicio oral.

En dicho caso, el Supremo debería poner en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial la mencionada imputación formal para que el órgano de gobierno de los jueces decretase la suspensión cautelar de sus funciones.

El pasado mes de mayo el Consejo ya informó de que sólo apartaría a Baltasar Garzón de su juzgado en el caso de que el Alto Tribunal dictase en su contra un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral. Así actuó el CGPJ en el caso del magistrado Javier Gómez de Liaño, el otro juez de la Audiencia Nacional que junto con Garzón tuvo que declarar en el Supremo acusado por prevaricación, ya que el requisito que exige la ley (artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) para poder suspender a un juez es que se haya declarado judicialmente que se puede proceder contra él. La excentricidad de abrir una causa general contra el franquismo puede costarle caro al juez estrella.

Fuente: Libertad Digital

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miércoles, septiembre 09, 2009

Málaga: STAJ alerta de las consecuencias de la supresión del servicio de transporte en los barrios marginales

El secretario de sección del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en Málaga, Juan Antonio Luque, solicitó a la delegada provincial de Justicia de la Junta de Andalucía, Blanca Sillero, que no se suprima el servicio que prestan los taxis para los actos de comunicación y ejecución de los juzgados malagueños.


Así, informó que el pasado 29 de julio la Viceconsejería de Justicia de la Junta de Andalucía dictó una resolución por la que se cancelaba el servicio de taxis que vienen prestando apoyo a los juzgados de la región. Este hecho supondrá, según el STAJ, "un grave perjuicio" a los ciudadanos por el "colapso total que sufrirá el Servicio Común de Málaga y Provincia".

"Pondrá en situación de riesgo a los trabajadores que habrán de realizar su labor en barrios desfavorecidos y sin la menor protección y posibilidad de auxilio que en muchas ocasiones es necesaria", manifestó el sindicato en un comunicado.

En la misiva enviada a la delegada provincial se le informa de que el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución de Málaga cuenta con una plantilla de 56 funcionarios, "invariable desde el año 2000 pese a las reiteradas peticiones de ampliación de plantilla que se han efectuado".

Así, Luque recordó el escrito de noviembre de 2008 por parte de la secretaria de este servicio "que ante la insostenibilidad de la situación pedía 18 trabajadores más y cinco vehículos para poder soportar el volumen de trabajo que arrastraba". "Cuando el Servicio se constituyó prestaba apoyo a 26 órganos judiciales y en la actualidad lo hace a 76 juzgados sin haber incrementado la plantilla ni el número de vehículos disponibles", aclaró.

En el primer semestre del año se han registrado más de 100.000 diligencias en este servicio, lo que supone un aumento en comparación con el mismo semestre del año anterior. "De ellas más de 9.000 aún no se han podido llevar a efecto, simplemente, porque no hay personal que las ejecute", criticó.

Actualmente, según datos del STAJ, son 33 los funcionarios que realizan este servicio para todo el partido judicial de Málaga. "Cuentan con 11 taxis para el desarrollo de su actividad y 10 bonos de autobús y con una media de 800 diligencias diarias que realizan, su rendimiento se vería seriamente menoscabado si hubiesen de utilizar medios de transporte público colectivo únicamente", precisó.

Además, según indicó Luque algunos de los trabajadores utilizan medios propios y se llevan a efectos actos de ejecución en núcleos como Almogía, Ardales, Alhaurín, etcétera.

"Estos actos se realizan con el carácter de agente de la autoridad, si bien no llevan medidas de autoprotección alguna, pues también para esto sirve el servicio que ahora se pretende eliminar", aseveró. En lugares donde la seguridad puede estar comprometida, nuestros compañeros alertan al conductor para que avise a las fuerzas de seguridad en el caso de que no regrese al vehículo en un tiempo prudencial.

Este servicio, según el STAJ, realiza notificaciones de ingreso en prisión, pago de alimentos a menores, resoluciones de los Juzgados de Violencia de Género, retiradas de licencia de circulación de vehículos y requerimientos a empresas en concurso de acreedores. Por ello, "resultará la suspensión de juicios, el retraso de ingresos en prisión para cumplimiento de condenas, impago de pensiones y a trabajadores en concurso de acreedores y un largo etcétera de perjuicios que sufrirán los ciudadanos, por no poder llevar a cabo los actos de comunicación y ejecución por falta de medios personales y a partir de ahora materiales".

Esto sucede en partidos judiciales de la provincia como Marbella, Estepona, Fuengirola, Velez-Málaga, Nerja, y todos los municipios de la costa, por la dispersión de la infinidad de urbanizaciones y diseminados que existen. Además, continuó, "se verán gravemente afectados municipios en los que por su extensión y falta de medios de transporte público harán imposible llevar a efecto las resoluciones judiciales".

"Los casos de Antequera, Ronda, Villanueva de la Concepción, Teba, Campillos, Archidona, Torrox y la practica totalidad de los pueblos del interior de la provincia serán un ejemplo del caos que la supresión del servicio de taxis conllevará", concluyó Luque en la carta remitida a la delegada de Justicia y Administración Pública.

Fuente: Europa Press

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Albacete: Las sentencias de lo Penal por siniestralidad crecen más de un 60%

Cada vez se abren más procedimientos judiciales y se emiten más sentencias en los juzgados de lo Penal relativas a siniestralidad laboral. Sólo en el primer semestre de este año las sentencias dictadas en los tribunales del ámbito penal han experimentado un espectacular crecimiento según constata el fiscal delegado en materia de Siniestralidad Laboral en Albacete, Francisco Ramón Sánchez Melgarejo, quien cifra entre un 60 y un 70% el incremento que se ha producido con respecto al mismo periodo del ejercicio 2008.


Entre las sentencias que se han dictado en estos seis primeros meses, las hay muy distintas. Así, entre otras, hay una condena por un delito de lesiones imprudentes a 14 meses de prisión más una indemnización superior a los 193.000 euros.

Hay otra pena de 18 meses de cárcel un delito de lesiones por imprudencia grave. Asimismo un juez absuelve a un empresario de un delito contra los derechos de los trabajadores y de un delito de lesiones porque en este caso los hechos se produjeron por la imprudencia del trabajador que sufrió el accidente.

También ha crecido la actividad que llevan a cabo los fiscales en este sentido, según afirma Sánchez Melgarejo, ya que se ha computado entre enero y junio de este año un aumento importante en el número de asuntos «en los que se ha formulado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal». Un dato éste a tener en cuenta ya que el escrito de acusación es el paso decisivo para determinar la responsabilidad de un accidente en los tribunales y supone la apertura de juicio.

Previamente a formulación de ese escrito, el proceso que se sigue requiere en muchas ocasiones de la práctica de numerosas diligencias de investigación. «Son procedimientos complejos, que se dilatan en el tiempo», explica el fiscal que además coordina a las diferentes fiscalías especializadas en materia de siniestralidad laboral en el conjunto de la Región.

En cuanto a las diligencias, o procesos, de investigación que inicia directamente el fiscal basándose en las actas de infracción remitidas a Fiscalía por la Inspección de Trabajo, éstas se han mantenido en niveles muy similares a las de 2009. Diligencias que terminan en muchas ocasiones con la presentación de una denuncia o querella, tal y como apunta Sánchez Melgarejo.

Menos actividad

En cómputos globales sí que se ha producido un descenso en cuanto a la cifra de diligencias iniciadas en los primeros seis meses del año tanto en lo relativo a accidentes de trabajo, como al delito de riesgo.

Este delito es aquel que se produce por omisión de las normas de seguridad poniendo la salud del trabajador en peligro pero sin que se haya llegado a producir siniestro alguno. «Ha habido una tendencia a la baja con respecto al mismo periodo del año anterior», recalca el representante del Ministerio Fiscal.

También han bajado en estos seis primeros meses del año en el número de procesos iniciados en lo relativo a los accidentes laborales con resultado lesivo. «Prácticamente se han reducido dos tercios las diligencias incoadas en este capítulo», apunta el fiscal delegado de siniestralidad laboral.

No ha sucedido lo mismo con los casos de muerte en accidente. Hasta junio, la Fiscalía computó cuatro víctimas mortales. Dos de ellas en la misma jornada laboral aunque en distintos centros de trabajo y localidades.

Pero la justicia no sólo actúa cuando se ha producido el daño, pero sí se detecta una omisión de medidas de seguridad. O al menos esa es la tendencia. De hecho cada vez se inician más procedimientos judiciales en esta materia. La prevención, tal y como insisten los sindicatos reiteradamente, es la mejor arma para luchar contra esta lacra social.

En los seis primeros meses del año se han incoado dos diligencias por delito de riesgo, según detalló Sánchez Melgarejo. También se han dictado ya algunas sentencias por este delito.

De hecho en febrero de este año el juzgado de lo Penal número 3 de Albacete condenó a un empresario del polígono de Campollano a una pena de cinco meses y quince días de prisión, y a una multa de 1.485 euros, por no haber facilitado ningún medio de protección ni individual ni colectiva a dos trabajadores que realizaban obras en la techumbre de una nave industrial. Las medidas estaban previstas en el plan de seguridad existente. Una inspectora de trabajo detectó esta irregularidad y levantó un acta de infracción que fue remitida al fiscal delegado de siniestralidad laboral.

Esta sentencia, no obstante, está recurrida por Sánchez Melgarejo. ¿El motivo? El Código Penal contempla una doble tipificación respecto a la omisión de normas de seguridad. «Dolosa, es decir el empresario que no adopta las medidas de seguridad, y sigue adelante, o no dolosa, en el caso de un empresario que no lo hace pero por descuido o imprudencia», indica Sánchez Melgarejo.

En la sentencia recurrida, el juez entiende que se trata de ese segundo caso, mientras que para Sánchez Melgarejo no responde ni a un descuido ni a una imprudencia. «Entiendo por los datos que tenemos que esa acción fue consciente, intencionada y dolosa», matiza.

Fuente: laverdad.es

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martes, septiembre 08, 2009

Sevilla: La falta de taxis para los juzgados obliga a suspender 300 embargos en un solo día

El Servicio Común de Notificaciones y Embargos, un órgano dependiente del decanato y que presta servicio a todos los órganos judiciales de Sevilla, suspendió ayer, en un solo día, 300 embargos y numerosas actuaciones judiciales ante la imposibilidad de proceder a la práctica de estas diligencias por no disponer de taxis. La decisión de la Consejería de Justicia y Administración Pública de retirar el coche oficial para los juzgados de guardia y restringir la utilización de los taxis provocó las primeras incidencias en la prestación del servicio público.


El servicio común informó ayer a la secretaria coordinadora provincial de esta incidencia en el servicio y precisó que debido a la falta de taxis ayer se vieron obligados a suspender todos los embargos y lanzamientos -expulsión forzosa de un inquilino que ha sido deshauciado- previstos para este día. En concreto, quedaron sin realizarse 287 embargos y 31 lanzamientos, sí como un número elevado de citaciones.

La secretaria coordinadora provincial, Ana María Jiménez, comunicó lo ocurrido tanto a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como al presidente de la Audiencia de Sevilla y a los decanos de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, es decir, a todas aquellas instituciones que pueden verse afectadas por una incidencia en el funcionamiento del Servicio Común de Notificaciones y Embargos.

Al final y después de realizar varias consultas, los funcionarios procedieron a practicar las actuaciones en las zonas más próximas al edificio Viapol -donde se ubica el servicio común-. El resultado fue que sólo pudieron practicarse entre tres y cinco diligencias frente a las 15-20 que se hacían a diario antes del recorte.

Según las mismas fuentes, la delegación de Justicia procedió a entregar ayer unos 60 bonobuses de transporte público para los traslados de los funcionarios.

La decisión de la Consejería quedó plasmada en la instrucción 2/2009, que establece que, a partir de ahora, los desplazamientos de funcionarios de la Administración de Justicia se efectuarán "en medio de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio".

La medida se completa con la retirada del coche oficial que tradicionalmente estaba a disposición de los juzgados de Guardia de la capital para la práctica de las diligencias urgentes, como los levantamientos de cadáveres o los registros domiciliarios que ordena el juez. La Consejería de Justicia sostiene que, en ningún caso las restricciones afectarán a los levantamiento de cadáveres, que requieren una actuación urgente.

La medida pretende reducir el importante gasto que genera el uso de taxis para las actuaciones judiciales y que, el departamento que dirige Begoña Álvarez, cifra en unos tres millones de euros al año en toda la comunidad autónoma.

La Junta argumenta que el principio de eficacia en la actividad de la Administración Pública "debe coligarse con la eficacia y economía en la aplicación de los fondos públicos, por lo que se hace necesario establecer unos criterios para el uso de los medios de transporte cuando se realicen actuaciones judiciales".

La decisión de la Consejería ha provocado ya los primeros incidentes, con la suspensión ayer de las 300 actuaciones por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, y las críticas de los sindicatos de Justicia.

Fuente: diariodesevilla.es

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CCOO y UGT proponen al Gobierno limitar la subida salarial de los funcionarios al 1%

CCOO y UGT han hecho llegar a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, un documento en el que abren la puerta a posibles pérdidas temporales de poder adquisitivo de los funcionarios, que se deberían compensar al término de la legislatura. Los sindicatos reclaman una subida salarial del 1% en 2010 para los empleados públicos y del IPC previsto (2%) para 2011 y 2012, "que se revisarán en la negociación anual en función de las variables económicas".


El Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF se reunirán el jueves en la Mesa General de las Administraciones Públicas para retomar el diálogo social en la función pública y negociar la evolución de los salarios de los funcionarios. Según un comunicado del Ministerio de Presidencia, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha convocado este martes a los sindicatos mayoritarios de la función pública con el fin de "propiciar un acuerdo".

CCOO y UGT argumentan en el documento de propuestas que "han atendido a la situación económico-financiera actual" y al principio de "solidaridad" al efectuar su propuesta salarial. En previsión de los desajustes que pueda sufrir el IPC, los sindicatos piden el establecimiento de una cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios durante el trienio 2010-2012, a operar para el conjunto del acuerdo durante el último año de su vigencia.

El documento elaborado por los sindicatos pivota en torno a un acuerdo a tres años, en el que no sólo se tratan cuestiones salariales, sino también de mejora de las condiciones de trabajo y de la negociación colectiva, entre otros aspectos.

En su documento, CCOO y UGT señalan que estas subidas retributivas que plantean serían al margen de las mejoras salariales conseguidas en los pactos o acuerdos firmados previamente por las diferentes administraciones públicas en el marco de sus competencias, entre ellas la dirigida a incluir la totalidad del complemento específico en las pagas extraordinarias.

Ambas centrales reclaman además el establecimiento de un acuerdo entre las distintas administraciones públicas para coordinar y "homogeneizar" las retribuciones de los empleados públicos, con independencia de la administración donde desarrollen su trabajo. También abogan por seguir impulsando los fondos de pensiones en las distintas administraciones, aunque se muestran a favor de eliminar la regulación que, con carácter básico, se realiza en la Ley de Presupuestos sobre la distribución de estos fondos.

La reunión entre Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSI.CSIF será a las cinco de la tarde en el Ministerio de Presidencia, en el Complejo de la Moncloa, y se produce después de que los sindicatos CCOO y UGT enviasen al Gobierno un documento unitario en el que se muestran dispuestos a que haya una "contención solidaria salarial" de los funcionarios siempre y cuando se mantenga el poder adquisitivo.

Según la vicepresidencia primera del Gobierno, el acuerdo debe "impulsar la mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de los servicios públicos", dentro del nuevo modelo de economía sostenible que quiere promover el Ejecutivo.

Fuente: expansion.com

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Com. Valenciana: La Generalitat quiere crear 4 partidos judiciales nuevos en la Comunidad

La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, ha anunciado que la Generalitat baraja la creación de cuatro nuevos partidos judiciales en la Comunidad, localizados en Albocàsser (en la provincia de Castellón), Chiva y Bétera (en Valencia) y en una población por determinar de La Marina Alta o Baja (en Alicante). Así lo ha manifestado durante la reunión que ha presidido en Valencia para debatir la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial con los representantes judiciales de las tres provincias.


A la reunión estaban convocados el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, el fiscal jefe de ese tribunal, Ricard Cabedo, los presidentes de las tres audiencias provinciales -Vicente Magro, Carlos Domínguez y Pedro Castellano, de Alicante, Castellón y Valencia, respectivamente- y los decanos de los 36 partidos judiciales.

El encuentro, al que ha asistido también uno de los ocho vocales de la comisión creada por el Ministerio de Justicia para estudiar la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, Silvia Barona, es "una primera toma de contacto" para "pulsar la visión de esos representantes y enriquecer el estudio previo de la comisión", según las fuentes.

La necesidad de esos cuatro nuevos partidos judiciales responde, según Sánchez de León, al "nuevo modelo de administración de Justicia que reclama el ciudadano del siglo XXI".

La consellera ha recordado que el pasado mes de mayo el Ministerio de Justicia aprobó la creación de una comisión integrada por ocho miembros para determinar, estudiar y proponer los elementos esenciales de la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial que sustituirá a la que está vigente en la actualidad, que data de 1988.

La Conselleria ha elaborado un borrador que ha entregado a los representantes judiciales asistentes a la cita en el que se recogen "algunas" de las necesidades de la Comunidad en materia de demarcación y planta judicial, entre las que se encuentra la creación de cuatro partidos judiciales más.

Uno de ellos se ubicaría en Albocàsser (Castellón), donde la puesta en marcha de un centro penitenciario ha supuesto un "notable incremento de la actividad" en el partido judicial de Castellón del que depende, que, además de su trabajo ordinario, debe atender ahora a la población reclusa.

Otra de las propuestas del Consell es la creación de un partido judicial en Chiva (Valencia), justificado por la "gran carga de trabajo" que soportan los juzgados de Requena y en la "gran superficie territorial" sobre la que éstos tienen jurisdicción, en uno de los partidos judiciales más extensos de la Comunidad.

La tercera de las propuesta de partido judicial se localiza en Bétera (Valencia), iniciativa que la Conselleria de Justicia fundamenta en la carga judicial de los juzgados de Lliria, de los que depende esta localidad, y en que esta localidad acoge en Cuartel de Alta Disponibilidad de la OTAN, donde diariamente trabajan más de 2.000 personas.

Además, la Generalitat considera necesario un partido judicial en una localidad por determinar de la "zona de La Marina", en Alicante, con el fin de "aliviar" la carga que actualmente soportan los partidos judiciales de Denia, Benidorm y la Vila-Joiosa.

Éstos han experimentado un "incremento de los asuntos" a resolver por el aumento a su vez de la población de estas localidades, principalmente por parte del gran número de turistas, tanto los estacionales como los que se han asentado en los municipios con el paso de los años.

Fuente: ABC.es

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lunes, septiembre 07, 2009

Andalucía: STAJ rechaza las restricciones en los desplazamientos impuestas por la Junta

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha emitido, con fecha 29 de julio de 2009, la Instrucción 2/2009, por la cual acuerda que los desplazamientos de los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces se hagan en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte. STAJ defiende que esta medida "supondrá un gravísimo perjuicio para la Administración de Justicia".


Según informó el departamento de Begoña Alvarez, la Consejería hizo frente en 2008 a gastos por valor de tres millones de euros en concepto de los taxis utilizados por los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces.

La instrucción emitida regula la utilización de los taxis para los servicios que a diario se practican en la Comunidad autónoma, de manera que los desplazamientos se harán, tal y como establece el 'Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio', en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte.

De igual modo, puso de manifiesto que los taxis, para servicios especiales, serán autorizados -previo informe de las delegaciones provinciales- por la Secretaría General Técnica de esta Consejería. Los servicios como los levantamientos de cadáveres no se verán afectados en este sentido.

Las delegaciones provinciales están al tanto de esta cuestión y aplican las instrucciones dictadas por la Consejería «para que, de ninguna manera, el servicio público se vea mermado».

Críticas de STAJ

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) aseveró en un comunicado de prensa que esta medida «supondrá un gravísimo perjuicio para la Administración de Justicia, provocando un gran retraso en los procedimientos judiciales, cuya tramitación se paralizará irremediablemente ante la imposibilidad de realizar con la celeridad necesaria los actos de comunicación que, legalmente, han de practicarse personalmente a sus destinatarios».

En esta línea, puso como ejemplo que el Servicio de Notificaciones de Sevilla practica diariamente más de 500 actos de comunicación, incluyendo embargos y lanzamientos, por lo que «si se suprime el servicio de taxi estos actos de comunicación no podrán realizarse, ante la imposibilidad e inconveniencia de que los funcionarios se desplacen por su propio pie o en autobús urbano a las largas distancias que hay que recorrer para practicar las comunicaciones».

Al mismo tiempo, indicó, en cuanto al Juzgado de Guardia de Sevilla, que el funcionario competente tiene que desplazarse diariamente a la prisión de Sevilla, "que está situada a más de 20 kilómetros del centro urbano, o al Instituto de Toxicología, que también está alejado de la sede del Juzgado de guardia". "Evidentemente, sin la asistencia del servicio de taxi será imposible que puedan practicarse los actos de comunicación necesarios", apostilló.

Fuente: Europa Press

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Caamaño: "La modernización de la Justicia no es cuestión de más recursos materiales"

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, considera que la modernización de la Justicia "no es una cuestión de más recursos materiales", como reclaman las asociaciones de jueces, sino de adoptar otro tipo de medidas para conseguir de una Justicia "muy lenta" a otra "que llegue en hora".


Caamaño se refiere así a la convocatoria de huelga para el próximo 8 de octubre anunciada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial, al considerar insuficientes los resultados obtenidos en las negociaciones con el Gobierno, especialmente en materia presupuestaria y de inversiones.

El ministro afirma que el departamento que dirige ha dado muestras suficientes de su voluntad de diálogo y de acercamiento y comprensión de los problemas, "algunos de ellos muy razonables", que alegaban las asociaciones de magistrados, y añade: "Quienes han convocado la huelga tendrán que explicar primero cuáles los motivos y tendrán que responder también ante los ciudadanos españoles".

"Nuestra línea de trabajo va a ser seguir dialogando con los jueces, ser sensibles a todas aquellas demandas (...) que sean razonables, pero si van al paro el día 8 ellos tendrán que explicar cuáles son sus razones y también responder de ellas ante la sociedad española", señala.

"Es verdad que hay que incrementar los recursos y he comprometido en el Parlamento una inversión extraordinaria a pesar de la crisis económica de 600 millones euros a lo largo de tres años para nuevas tecnologías, pero no basta sólo con mas recursos y con más plazas de jueces, que las vamos a seguir convocando (....) Hay que adoptar también otro tipo de reformas", ha añadido.

Entre ellas cita la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, que supondrá la desaparición "de la idea de un Juzgado como algo compuesto por un juez, un secretario y ocho funcionarios" para ir hacia "una oficina de servicios comunes a varios Juzgados, una programación en manos del secretario y unos jueces que de verdad podrán dedicarse a juzgar y ejecutar lo juzgado".

Además, el ministro anuncia la puesta en marcha de un plan de modernización que se ejecutará durante los próximos tres años y que incluye: un nuevo sistema de Registro Civil en España, aprovechando las nuevas tecnologías para dejar atrás la situación actual, con 8.000 registros dispersos por todo el país que siguen trabajando con libros. Un proyecto de ley para impulsar la mediación y el arbitraje en los ámbitos mercantiles y civiles. Y una reforma del Código Penal.

Reforma de la Ley del Aborto

Con respecto a la controvertida reforma de la Ley del Aborto, el ministro de Justicia ha afirmado que era "imprescindible y absolutamente necesaria" para "poner orden" en esta materia y asegura que la norma es "plenamente constitucional y homologable a muchas otras que existen en otros países de nuestro entorno".

"Lo necesitábamos, la sociedad española necesitaba poner orden porque sigue habiendo muchísimos embarazos no deseados en España y sigue habiendo muchas interrupciones de embarazos en nuestro país", afirma Caamaño.

Según el titular de Justicia, la nueva ley permitirá "ganar en seguridad, porque a partir de ahora las mujeres saben que pueden interrumpir voluntariamente su embarazo, pero también saben que sólo lo pueden hacer en un plazo determinado, y por tanto no veremos abortos de no sé cuántos meses".

El ministro asegura que, a pesar del debate que la reforma ha suscitado, "la demanda social existía", y defiende los puntos más polémicos de la ley, como el de que las jóvenes de entre 16 y 18 años puedan abortar sin el consentimiento paterno e incluso sin que se informe a sus progenitores.

"Nosotros creemos que esa edad se debe mantener para todo tipo de intervención sanitaria en la que uno decide, pero además creemos que esa edad responde a una situación real (...) A mí como padre sí me preocupa que una mujer de 16 años, en lugar de ir al sistema público de salud, vaya a un sistema paralelo que no tenga absolutamente ninguna garantía".

Según Caamaño, esa reflexión también tiene que estar en el debate sobre el aborto, aunque a veces se ha ocultado tras la polémica de si los padres deben o no ser informados: "El derecho regula las autorizaciones, las edades, lo que nunca podrá regular es la relación de confianza entre padres e hijos. Eso nunca lo va a regular una norma".

Ante el recurso de inconstitucionalidad que el PP ya ha anunciado en caso de que se apruebe la nueva ley, el ministro afirma no estar preocupado porque la norma no cuente con el respaldo ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni del Consejo Fiscal, cuyos integrantes se dividieron prácticamente al cincuenta por ciento entre quienes apoyaban la norma y quienes la rechazan.

El Gobierno descarta rebajar la edad penal

El Gobierno no considera necesario reformar la Ley del Menor para rebajar la edad penal desde los 14 años hasta los 12, como acaba de proponer el PP cumpliendo el anuncio que hizo el pasado mes de julio a raíz de la violación de dos niñas en Andalucía por un grupo de menores.

"Creemos que no existe esa necesidad", asegura el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que añade: "el problema no está en rebajar la edad penal, porque los 14 años está en la media de los países democráticos y se considera que con menos de esa edad quien ha cometido un acto, por muy reprobable que sea, es un niño".

Eso no quiere decir, según el ministro, "que ese niño quede impune, lo que está diciendo la ley actual es que ese niño no está dentro del sistema (penal), pero es que no todo se arregla con una respuesta punitiva, no todo tiene solución colocando a la gente en la cárcel".

"Hay soluciones diferenciadas y la ley actual prevé tratamientos específicos de carácter pedagógico y educativo y seguimientos especiales", señala el titular de Justicia, que concluye: "Creemos que esa solución sigue siendo hoy mejor que la pena privativa de libertad para menores de 14 años".

Fuente: estrelladigital.es , elimparcial.es

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