Los jueces del País Vasco han notificado a Instituciones Penitenciarias 2.935 condenas a trabajos comunitarios que han dictado entre enero y agosto de este año, la mayoría de ellas por alcoholemia y conducción temeraria, pero también por malos tratos y pequeños robos. No obstante, dos de cada tres sentencias de ese tipo no se están cumpliendo porque no existen plazas suficientes para que los penados realicen en su municipio o comarca las tareas impuestas por los juzgados.Como los servicios penitenciarios están colapsados, la viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco va a solicitar la colaboración de las tres diputaciones y los ayuntamientos para que las prestaciones en beneficio de la comunidad puedan realizarse, efectivamente, en organismos forales y municipales, o mediante acuerdos con las ONG.
Ahora mismo, a Instituciones Penitenciarias no le ha quedado más remedio que llamar a decenas de automovilistas infractores en el País Vasco para que acudan a trabajar a la cárcel más próxima -Nanclares, Basauri y Martutene- durante unas horas al día. Aunque les encargan, por ejemplo, labores de jardinería, para algunos condenados el impacto psicológico de pisar una cárcel es enorme; sobre todo, cuando podrían ayudar a colectivos necesitados de su localidad, que es lo que los tribunales persiguen.
«Queremos sumar esfuerzos entre las instituciones para resolver el problema», resume la directora de Modernización de la Justicia, Ana Molina. El Ejecutivo autónomo se ha ofrecido a cooperar con las demás administraciones vascas a petición de las autoridades penitenciarias, que se encargan del cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión para adultos, una competencia reclamada por el Ejecutivo de Ibarreche durante la pasada legislatura. De todas las personas sancionadas con trabajos para la comunidad, el 75% ha cometido alguno de los nuevos delitos de tráfico, mientras que el resto han sido juzgadas por hurtos o amenazas de violencia de género.
La 'mano dura'
En realidad, la escasez de recursos materiales y personales para cumplir los servicios comunitarios ya se había puesto de manifiesto con las sentencias de malos tratos. Pero la situación se ha agravado desde noviembre de 2007, cuando la alcoholemia y la velocidad excesiva se convirtieron en delitos y se aplicó la 'mano dura' contra los conductores irresponsables. Si hace dos años se dictaron 451 medidas de esas características en Euskadi -según la memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-, este año sumarán más de 3.000.
Para hacer frente a ese aluvión, el País Vasco sólo dispone oficialmente de 356 plazas para tareas sociales, aunque cada una de ellas puede acoger a varias personas, bien durante un mismo día, bien en fechas diferentes del año. A esa infraestructura, habilitada por la Administración local a través de un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, se añade la colaboración de algunas ONG, que acogen a penados sin haber firmado convenios con las instituciones.
La insuficiencia de recursos no sólo es un problema de Euskadi, sino que está generalizada en España. En todas las comunidades autónomas se están formando listas de espera para asignar trabajos sociales, con el riesgo de que las sentencias prescriban. Conscientes de ello, muchos automovilistas han dado su conformidad a la pena alternativa, creyendo que las autoridades nunca les llamarían porque están desbordadas. Sin embargo, algunos se han encontrado con que les han citado para una entrevista, que es el paso previo a la asignación de una tarea.
Efectivamente, si durante doce meses Instituciones Penitenciarias no avisa al condenado, los trabajos comunitarios acaban prescribiendo. Del mismo modo, la sentencia puede decaer si, una vez efectuada la notificación, el fallo no se ejecuta en cinco años. La sensación de impunidad ha alarmado al Poder Judicial, cuyos miembros han recibido un proyecto del Gobierno central para cambiar los castigos y permitir que, en los delitos de tráfico, pueda aplicarse la reeducación en seguridad vial.
En la actualidad, no existen cifras oficiales sobre el cumplimiento de los trabajos sociales en el País Vasco, pero la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha reconocido que, de los 40.000 expedientes que había que aplicar en toda España a comienzos de 2009, apenas se cumplían 14.000; es decir, el 35%. Una ONG guipuzcoana, la asociación Arrats, asegura que en el territorio se ha formado en los dos últimos años una cola de casi 2.000 personas que deben saldar su deuda con la sociedad ayudando a sus conciudadanos.
100 plazas en Guipuzcoa
Para hacerse una idea del atasco que se está produciendo, el anterior consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, aseguró en mayo de 2008 que ya entonces había más de un millar de medidas alternativas a la cárcel pendientes de cumplir en Euskadi. «Guipuzcoa sólo dispone de un centenar de plazas para esas medidas», denuncia José María Larrañaga, miembro de Arrats. «Así abocamos al infractor a desplazarse al centro penitenciario -prosigue-. La finalidad de la pena se pierde y cargamos de trabajo extra a los funcionarios».
Sólo en la cárcel de Martutene acuden a diario entre 75 y 80 personas para realizar servicios sociales. Los problemas de conciliación laboral y familiar que tal peregrinaje plantea a los afectados son un quebradero de cabeza para las autoridades penitenciarias. La Fiscalía General del Estado recuerda en su memoria de 2008 cómo el embrollo se acentúa cuando se llegan a imponer tareas comunitarias de hasta 300 días, a cumplir por el penado durante los fines de semana para no interferir en su puesto de trabajo, y mientras lo acucian problemas familiares y personales. «No hacen falta mayores comentarios», dice el ministerio público.
Fuente: diariovasco.com
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