jueves, diciembre 31, 2009

2009, el año que pasará a la Historia como el de la rebelión de los jueces

Dos huelgas de jueces, dos ministros y un plan de modernización resumen a grandes líneas el transcurrir de la Justicia en 2009, un año que acaba en este ámbito más tranquilo de lo que empezó con la vista puesta en la nueva oficina judicial.


La sociedad española ha asistido este año a una situación insólita hasta el momento: los jueces en huelga, y no una sino dos veces.

El 18 de febrero tuvo lugar el primer paro de jueces y magistrados en la historia de España, convocado por las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente que protestaban por las actuaciones del Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Mariano Fernández Bermejo.

Entre sus reivindicaciones, los jueces pedían la urgente instauración de la oficina judicial, la informatización de los Juzgados, un aumento de las inversiones y del número de jueces, así como el mantenimiento de la facultad de señalar la fecha de los juicios y vistas.

Ocho meses después, el 8 de octubre, y esta vez llamados por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que consideraba que los problemas seguían, los jueces fueron convocados de nuevo a ejercer un derecho de huelga que, según el Gobierno, no tienen.

De las dos convocatorias fue la primera la que tuvo un mayor seguimiento ya que tres de las cuatro asociaciones de jueces decidieron no secundar el segundo paro al considerar que la situación había mejorado algo y habían avanzado en las negociaciones con el Ministerio.

En esta "mejora" apreciada por las tres asociaciones tuvo bastante que ver el cambio de su interlocutor: de Mariano Fernández Bermejo a Francisco Caamaño al frente del Ministerio de Justicia.

Poco después de la primera huelga, Fernández Bermejo, que había protagonizado dos años de polémico mandato, recibió la "puntilla" con las críticas que suscitó por coincidir en una cacería con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cuando éste investigaba el 'caso Gürtel'.

El 23 de febrero, Fernández Bermejo anunciaba su dimisión y el Gobierno daba a conocer el nombre de su sustituto, Francisco Caamaño, quien se apresuró a apelar al diálogo para encontrar un "gran acuerdo social" con todos los colectivos implicados en la modernización de la Justicia en su primera comparecencia en el Congreso.

Ante el Congreso comparecieron también por primera vez en la historia parlamentaria las asociaciones judiciales, que explicaron sus reivindicaciones y se mostraron dispuestas a retomar el diálogo que les reclamaron los partidos.

Un diálogo que tanto las asociaciones judiciales y el ministerio hicieron efectivo tras "poner el contador a cero" y retomar las negociaciones interrumpidas por la huelga.

No obstante, este clima de diálogo peligró en varias ocasiones con la amenaza de una nueva huelga, primero para el 26 de junio, que finalmente no fue convocada, y luego para el 8 de octubre, la que sí se llevó a cabo liderada por la APM contra lo que consideraba un incumplimiento de los compromisos del ministerio con la carrera judicial.

Aunque el Gobierno negó que fuera para conjurar esta segunda huelga, poco antes de la protesta presentó el Plan de Modernización de la Justicia que, con una vigencia de tres años, contempla la inversión de 600 millones de euros, la creación de 600 nuevas unidades judiciales y la instauración de los llamados jueces de adscripción territorial, entre otras medidas.

Acompañando a este plan, otras reformas han visto la luz este año, como la del Código Penal, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre, que endurecerá las penas para delitos de corrupción, abusos sexuales a menores o terrorismo e introducirá algunos nuevos como el de piratería.

Además el Parlamento ha aprobado por unanimidad las leyes de reforma procesal necesarias para poner en marcha la nueva oficina judicial.

Fuente: ideal.es

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Cantabria: Comenzaron a funcionar dos nuevos juzgados en Santander y Castro Urdiales

La Justicia cántabra cierra 2009 con la puesta en funcionamiento de dos nuevas dependencias: el juzgado de lo Penal número 5 de Santander, en la antigua Audiencia de la calle Alta de Santander, y el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, en Castro Urdiales. El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, y el presidente en funciones del TSJC, Rubén López Tamés, visitaron las instalaciones del nuevo juzgado Penal de Santander, en su primer día de funcionamiento.


Cantabria cuenta con 56 órganos judiciales, con las dos sedes ayer inauguradas, a pesar de que la de Castro aún no esté en funcionamiento. «Hoy es un día importante para la Administración de Justicia en Cantabria» dijo Mediavilla tras saludar al personal. Según dijo, el quinto juzgado de lo Penal tendrá un cometido «importante» en los asuntos relacionados con la violencia de género, ya que los atenderá de forma exclusiva. Según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) correspondientes a 2008, en Cantabria se registraron 340 nuevos asuntos sobre estos delitos, a los que se sumaron otros 50 de violencia doméstica.

También se ocupará de otros asuntos, como ejecutorias o procedimientos abreviados penales. Durante el año pasado, los cuatro juzgados penales de Santander registraron 2.580 nuevos asuntos, lo que supone una media de 645 superior a los 450 que recomienda el Poder Judicial.

En el caso de Castro Urdiales, la creación del nuevo órgano se justifica en los «problemas» que ya pasaba el municipio, así como en las circunstancias de naturaleza penal que se le han sumado y en el propio crecimiento demográfico de esta localidad en los últimos años.

2010, UN AÑO "ESENCIAL" PARA LA JUSTICIA

El consejero de Justicia de Cantabria, Vicente Mediavilla, auguró que 2010 será un año "esencial" para la Administración de Justicia en la comunidad, ya que a lo largo de él serán "realidad" proyectos como la implantación de las nuevas tecnologías y la teletramitación, el nuevo modelo organizativo de oficina judicial y finalizará la construcción de la nueva sede judicial en Torrelavega, la primera adaptada a todas estas modificaciones.

Mediavilla afirmó que a finales de 2010 la teletramitación en la Justicia será una "realidad" gracias al programa informático Vereda, una "auténtica innovación" en esta Administración que permitirá "desterrar los legajos" para dar paso a la sociedad del conocimiento.

A finales del próximo mes comenzará una experiencia piloto en el partido judicial de Medio Cudeyo, y a partir de ahí se pasará a la implantación "paulatina" en el resto de órganos, con el objetivo de que sea una realidad el año próximo.

También se avanzará en la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, que incluye servicios comunes en los juzgados para mejorar su funcionamiento.

Y en 2010 finalizará la construcción de la nueva sede judicial de Torrelavega, que pondrá fin a la dispersión en tres sedes y que además es la primera que se ha diseñado teniendo en cuanto la nueva Oficina Judicial y el uso de las nuevas tecnologías.

A los 56 órganos judiciales ya existentes, se sumarán, en diciembre de 2010, el juzgado de Primera Instancia número 12 de Santander, el juzgado de lo Social número 6 y una figura de nueva creación, un juez de adscripción territorial, ligado al presidente del TSJC, y con funciones de apoyo a los asuntos que éste decida.


Fuente: eldiariomontanes.es , cantabrialiberal.com

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Los terroristas islámicos exigen siete millones de dólares por los cooperantes españoles

Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) ya le ha transmitido al Gobierno sus exigencias para liberar a los tres cooperantes españoles. Según El Mundo, además de la liberación de varios presos en Mauritania, los terroristas exigen siete millones de dólares.


El gabinete de crisis del Gobierno, formado por la vicepresidenta De la Vega, los titulares de Exteriores, Interior y Defensa y el director del CNI, ya conoce los requisitos de los terroristas de Al Qaeda para la liberación de los cooperantes españoles.

Según informa El Mundo, los terroristas piden siete millones de dólares por el rescate de los tres patriotas secuestrados el pasado 29 de noviembre. Además de dicha cantidad económica, también reclaman la liberación de un número determinado de miembros de AQMI que se encuentran presos en las cárceles de Mauritania.

Concretamente, en la prisión de Lahsar, que está ubicada en la capital, estarían recluidos hasta 60 terroristas de esta facción.

Fuente: Libertad Digital

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Sevilla: Se retrasa sine die el servicio de ejecución de sentencias

De momento no habrá servicio común de ejecución de sentencias penales. La Consejería de Justicia ha retrasado la puesta en marcha de este servicio, prevista para enero, ante la falta de acuerdo con los sindicatos judiciales, que le han remitido un escrito -suscrito por todos los que tienen representación en Justicia: CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ- en el que plantean la apertura de un proceso de negociación que contemple una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en este servicio común y en todos los órganos judiciales.


Los sindicatos también pretenden que se estudie la posibilidad de fijar un complemento económico específico para los funcionarios que pasen a formar parte de este servicio común -al igual que se hizo con los funcionarios destinados a los juzgados de Violencia sobre la Mujer-, que debe encargarse de la ejecución de las sentencias penales para agilizar el proceso y permitir un mayor control de las resoluciones.

El secretario general de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública, Pedro Izquierdo, reconoció que en la actualidad no se puede dar una fecha concreta para la puesta en funcionamiento del servicio común de ejecutorias porque, según dijo, para que este proyecto piloto salga adelante es "necesario el consenso de todos los operadores jurídicos", entre ellos los jueces, secretarios y organizaciones sindicales.

Pedro Izquierdo añadió que el interés de la Consejería por este nuevo servicio es "enorme", ya que puede ser la solución para muchos de los problemas de los juzgados de lo Penal y contribuir a racionalizar el trabajo en estos órganos judiciales. La Consejería ha puesto "todo su empeño" en esta experiencia piloto y quiere que ponerla en marcha cuanto antes mejor, explicó Pedro Izquierdo, que insistió en que el departamento que dirige Begoña Álvarez ya ha realizado los trabajos previos para que el sistema entre en funcionamiento: se ha creado el juzgado de lo Penal número 14, la ubicación del servicio -que irá emplazado en la nueva sede judicial del edificio Noga, en la avenida de la Buhaira- y se han hecho los estudios previos.

Los sindicatos confían en que la Junta inicie un proceso de negociaciones después de la festividad de los Reyes Magos.

Fuente: diariodesevilla.es

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Asturias: Vidau dice que la crisis situará a los juzgados al límite de su capacidad en 2010

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), José Ignacio Vidau, ha aseverado ayer en Avilés, que la crisis, que ya ha incrementado este año la carga de trabajo entre un 25 y un 30 por ciento, “pondrá a algunos juzgados al límite”. “Me gustaría que fuera igual de bueno que fue 2009 en cuando a los resultados, pero creo que no va a ser posible porque la carga de trabajo ha subido de manera importante debido a la crisis”, ha subrayado.


Vidau ha inaugurado ayer un segundo juzgado de lo Penal en Avilés, junto al director general de Justicia de Asturias, José Manuel Fernández, y la alcaldesa de la ciudad, Pilar Varela.

Ese incremento de trabajo en los juzgados se debe a un mayor número de desahucios, incumplimientos contractuales de empresas, impagos y otros problemas derivados de la situación de crisis, y ello contribuirá a que se dilaten “un poco más” las resoluciones.

Todo ello, pese a que Asturias se encuentra en una situación “óptima” en todas las ratios, con respecto al resto del país, donde está a la cabeza, “y eso da un margen importante todavía, pero creo que 2010 va a ser un año duro de trabajo”.

El presidente del TSJ no ha querido entrar en la polémica abierta en torno a la Ley contra la Violencia de Género, que ha despertado voces críticas entre la judicatura, aunque sí ha reconocido que cree que “está dando un buen resultado” y que la atención que reciben las víctimas “ha mejorado muchísimo”.

Por otra parte, el presidente del TSJA ha anuncio la creación, el próximo 11 de enero, de la comisión de trabajo que se encargará del despliegue de la nueva oficina judicial.

La mesa estará formada por representantes del Principado, del TSJA y sindicatos con la idea de iniciar el despliegue de la reforma judicial a partir del mes de mayo y decidir dónde se empieza, que será en una de tres grandes ciudades de la región: Oviedo, Gijón o Avilés.

Fuente: cope.es

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miércoles, diciembre 30, 2009

El Gobierno aprueba el decreto que convierte al secretario judicial en "pieza clave"

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto por el que se toman una serie de iniciativas para que los secretarios de los tribunales se adapten a la nueva Oficina Judicial, que pretende mejorar el funcionamiento de los juzgados españoles. Según informa el Gobierno en un comunicado, en el decreto aprobado este miércoles se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales; se aprueba también la asignación inicial del complemento específico; y se establecen las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función.


El Ejecutivo destacó que el Ministerio de Justicia, en el marco del Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Justicia, sitúa la figura del secretario judicial como "pieza clave" en el despliegue de la nueva Oficina Judicial, "tanto por su papel esencialmente directivo al frente de la misma, como por la asunción de nuevas funciones procesales".

Este proceso de modernización debe acompañarse de un nuevo modelo retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales que desarrolle las previsiones de los artículos 447 y siguientes de la Ley Orgánica, y se adapte al nuevo sistema de ordenación de relaciones de puestos de trabajo, superando el obsoleto y rígido sistema de plantillas hasta entonces vigente en la Administración de Justicia.

El coste global estimado de la aplicación del real decreto supone un crecimiento de la masa salarial del Cuerpo de Secretarios Judiciales de, aproximadamente, 5,5 millones de euros.

No obstante, puesto que la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial será progresiva, esto no supondrá un incremento retributivo inmediato para todo el colectivo de secretarios judiciales, ya que no tendrá aplicación práctica hasta que se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

Fuente: expansion.com

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Las familias insisten en la liberación de los secuestrados en Mauritania

Las familias de los tres cooperantes catalanes secuestrados en Mauritania a manos de Al Qaeda han vuelto a pedir este miércoles su liberación "por razones humanitarias" tras conocerse que uno de ellos, Albert Vilalta, está herido de bala en una pierna, aunque se le han hecho llegar medicinas.


El presidente de la ONG Barcelona Acció Solidària, Josep Carbonella, y el director de la caravana solidaria, Francesc Osan, han trasladado este miércoles esta demanda de las familias en un comunicado que se ha hecho público en una rueda de prensa en Barcelona.

Albert Vilalta habría resultado herido en una pierna en el transcurso del secuestro cuando viajaba con la caravana solidaria por una carretera de Mauritania, si bien los "contactos, que no negociaciones", que mantienen los secuestradores con representantes del Gobierno español han hecho posible que se le faciliten medicinas, por lo que no se teme por su vida, ha indicado Osan.

Albert Vilalta "evoluciona positivamente" de su herida de bala en una pierna durante el secuestro y "está bien atendido", según informó Osán. Explicó que al herido "se le han hecho llegar medicamentos y ayuda médica", aunque dijo ignorar si le ha llegado la medicación "directa o indirectamente", es decir, de los mismos secuestradores o por intermediarios.

Más prudencia

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a hacer "todo lo que sea necesario" para favorecer la liberación de los tres cooperantes españoles secuestrados en Mauritania, y a no hacer ni decir nada que retrase o perjudique ese objetivo.

En una comparecencia informativa en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del año, Zapatero ha vuelto a pedir prudencia, discreción y responsabilidad en este asunto "difícil y delicado", porque ese es, a su juicio, el camino para lograr "un resultado positivo".

Quienes tienen interés directo, como son las familias de los tres secuestrados, tienen información desde el primer día, ha sostenido Zapatero, antes de hacer hincapié en que el Gobierno debe ser "extraordinariamente prudente" a la hora de dar nueva información. "Haremos todo lo que sea necesario para favorecer la pronta liberación de los secuestrados y no haremos nada ni diremos nada que pueda perjudicar o retrasar esa liberación", ha garantizado.

"(El Ministerio de Exteriores) tiene garantía de que está recibiendo la ayuda médica adecuada", afirmó Osán, quien dijo no saber cuándo resultó herido, si en el momento del secuestro o durante el cautiverio.

Los responsables de esta organización no gubernamental continúan depositando su "confianza" en las gestiones del Gobierno con el fin de conseguir la inmediata libertad de los tres secuestrados, Albert Vilalta, Alicia Gámez y Roque Pascual.

Fuente: elimparcial.es

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Madrid: Aguirre anuncia que se restringirá el acceso a la justicia gratuita por el abuso de la Ley de Extranjeria

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció que el próximo enero el Consejo de Gobierno aprobará un Decreto para modificar los procedimientos y criterios para el acceso a la Justicia Jurídica Gratuita para limitar su acceso a las personas que acrediten la insuficiencia de recursos. La modificación estará encaminada a evitar la actual ligereza con la que se proporciona la Justicia Gratuita en todos los ámbitos, especialmente en lo relativo a la Ley de Extranjería y a los delitos relacionados con la Seguridad Vial.


La Comunidad de Madrid gasta 50 millones en este servicio. El Consejo de Gobierno aprobó aumentar en 11 millones más los presupuestos previstos para 2010 para esta prestación, que pasan de 31 millones a 45 millones de euros ante las quejas del Colegio de Abogados de Madrid.

Por ello, la jefa del Ejecutivo madrileño avanzó que solicitará una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para que se ponga remedio al actual abuso de este servicio, una materia que se confunde con el Turno de Oficio y que no estaba prevista en el marco de las competencias judiciales transferidas por el Gobierno central a la Comunidad de Madrid.

Según Aguirre, la Comisión debe abordar esta cuestión y arbitrar una solución para las transferencias de Justicia, ya que el gasto en esta materia "se ha disparado de 0 a 50 millones de euros". "Es necesario una reforma para que Madrid deje de ser deudor de los abogados del Turno de Oficio", reseñó en alusión a la deuda de 31 millones de euros que mantiene la Comunidad con el colectivo.

"No podemos seguir sufragando estos 50 millones de euros cuando no estaba previsto en las transferencias", denunció Aguirre, quien anunció que la Comunidad "no va a seguir un año más alimentando un fraude y esta desnaturalización de la Justicia Gratuita" con motivo, del abuso que se hace de la Ley de Extranjería.

"Se nos obliga a asumir cuestiones judiciales de inmigrantes que entran por Barajas no sólo en materia de Extranjería, sino en otros ámbitos", recalcó tras inaugurar esta mañana las nuevas instalaciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Recordó que en su día se quejó porque el Gobierno regional tuviera que sufragar el recurso jurídico planteado por el hijo del jefe de Al Qaeda, Omar Bin Laden, quien solicitó asilo en el aeropuerto de Barajas.

Además, recalcó que la nueva legislación sobre delitos contra la Seguridad Vial hace que cualquiera que sea detenido por exceso de velocidad o por conducir bajo los efectos del alcohol se le designa un abogado de oficio, cualquiera que sean sus ingresos económicos. "Aunque sea inmensamente rico, le tenemos que sufragar la Justicia Gratuita. Eso no se puede soportar", reseñó.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Interior, Francisco Granados, explicó que se aprobará este Decreto para establecer unos criterios que limiten el acceso a este servicio a las personas que acrediten la insuficiencia de recursos.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid quiere que cada uno de los recursos que se interpongan vengan acompañados con el correspondiente mandato del cliente, puesto que actualmente se dan casos en los que los abogados recurren sin que el patrocinado lo haya requerido.

Granados avanzó que el Decreto incluirá una modificación de los módulos para establecer un precio único para las actuaciones de un abogado. Además, añadió que en los delitos de tráfico se tendrá que justificar también la insuficiencia de recursos.

En cuanto a la reunión de la Comisión Mixta, explicó que se trata de "ajustar la factura a la Ley", ya que "las transferencias no incluían una cantidad por la Justicia Gratuita".

Fuente: diariomadrid.eu

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La Coruña: Los policías exigen más personal para vigilar los edificios de Nuevos Juzgados

Los accesos de los edificios de Nuevos Juzgados, la Audiencia provincial, el anexo antes ocupado por los Contencioso-administrativos y el juzgado de guardia están vigilados por ocho agentes de la Policía Nacional en segunda actividad que reclaman más personal para garantizar la seguridad de estos inmuebles. Los funcionarios denuncian que dos de las plazas convocadas en febrero del año pasado por el Ministerio de Justicia nunca se llegaron a cubrir y otras han quedado vacantes tras la jubilación de dos agentes.


Los policías que controlan el acceso a los edificios de Nuevos Juzgados y de la Audiencia provincial reclaman la contratación de más agentes para garantizar la seguridad estos los inmuebles. Según los funcionarios de la Policía Nacional en segunda actividad destinados a este servicio, dos compañeros se han jubilado en el mes de diciembre, sin que por el momento se hayan cubierto estas plazas.

El Ministerio de Justicia convocó en febrero de 2008 ocho plazas para controlar el acceso al edificio de Nuevos Juzgados, aunque sólo se llegaron a cubrir seis. Esta unidad de vigilancia, pagada por la Xunta, está formada por agentes de la Policía Nacional jubilados que quieren seguir trabajando, por lo que se les encomiendan trabajos considerados poco peligrosos y que pueden realizar a pesar de su edad.

De los tres agentes destinados a controlar el acceso al edificio de la Audiencia, dos se han jubilado de manera definitiva hace unos días, por lo que en la actualidad quedan ocho funcionarios para garantizar la seguridad en Nuevos Juzgados, el anexo antes ocupado por los Contencioso-administrativos y el inmueble que alberga el tribunal provincial. La escasez de personal provoca que, en muchas ocasiones, ningún funcionario pueda permanecer en el juzgado de guardia.

El sistema de arcos de seguridad para evitar que los usuarios de los tribunales entren en el inmueble con algún arma u objeto peligroso comenzó a funcionar en el edificio de Nuevos Juzgados en abril del año pasado. Los funcionarios llevaban años reclamando su instalación, después de que en alguna ocasión acusados o testigos se presentase en una oficina con una navaja, un cuchillo o palos.

En la entrada del juzgado de guardia también hay un arco de seguridad. Lleva ahí años, pero sigue sin instalar. El de la Audiencia está conectado, pero no hay nadie junto a él para vigilar las entradas y salidas, como ocurre en el anexo que antes ocupaban los contenciosos. Según el acuerdo firmado entre la Xunta y el Ministerio de Justicia, los accesos a los edificios judiciales tendrían que estar vigilados por doce policías, aunque en la actualidad sólo son ocho, siempre que ninguno esté de baja o vacaciones.

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Administracións Públicas paga los salarios de la unidad de vigilancia en los edificios judiciales de la comunidad, pero es el Ministerio de Justicia quien convoca las plazas. La Xunta sostiene que ella no tiene capacidad alguna para decidir sobre el número de profesionales que deben vigilar los accesos a los tribunales, ya que sólo el Gobierno central puede convocar estas plazas.

Fuente: laopinioncoruña.es

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martes, diciembre 29, 2009

Un mes sin Alicia y sus compañeros secuestrados en Mauritania

Este martes se cumple un mes del secuestro de los tres cooperantes catalanes Roque Pasqual, Albert Vilalta y Alicia Gámez de la Caravana Solidaria de la ONG Barcelona Acció Solidaria en Mauritania, que se produjo en la tarde del 29 de noviembre a las 19:30 horas en la carretera entre Nuadibú y Nuakchot, una acción reivindicada por la organización terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) el 8 de diciembre, desde cuando no hay noticias nuevas.


Según indicaron fuentes diplomáticas malienses, que pidieron no ser identificadas, los secuestradores de los tres cooperantes de Barcelona Acció Solidaria les mueven continuamente "entre el norte de Malí, el sur de Argelia, el este de Níger y Mauritania". "No permanecen dos días seguidos en un mismo sitio", subrayaron las fuentes, que resaltaron que se trata de "una zona de 4 millones de kilómetros cuadrados".

El movimiento constante entre estos países se debe, según las fuentes, a que los secuestradores, miembros de Al Qaeda en el Magreb Islámico, "saben que hay labores de búsqueda" en la zona para localizar a los seis rehenes que tienen en su poder –los tres españoles, junto con un francés y dos italianos–.

Las fuentes quisieron dejar claro que las autoridades de Malí "están haciendo todo lo posible" para lograr la liberación de los secuestrados y para ello se está trabajando "con discrección" por motivos humanitarios. Lo importante, subrayaron, es que "se les libere sanos y salvo".

En este sentido, precisaron que se está trabajando a través de las comunidades de la zona con el fin de poder contactar con los secuestradores pero no existen en ningún caso "contactos directos" del Gobierno de Malí con los raptores. El presidente del país, Amadou Toumani Touré, recordaron las fuentes, ya dejó claro en el pasado que Malí no negocia con terroristas cuando se produjeron otros secuestros de extranjeros.

A la espera de las exigencias de Al Qaeda

El Gobierno español sigue a la espera de que los secuestradores les hagan llegar una "reivindicación específica" en la que detallen las exigencias políticas o monetarias que quieren a cambio de la liberación de los rehenes, confirmaron fuentes diplomáticas españolas.

Aunque en un primer momento se pensó que esa reivindicación llegaría a través de un vídeo, las fuentes precisaron que los secuestradores también podrían dar a conocer sus exigencias contactando directamente con los familiares o el Ejecutivo, o con el Gobierno a través de un mediador, como ha ocurrido en secuestros anteriores de ciudadanos occidentales reivindicados por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Hasta la fecha, el único comunicado que el Gobierno ha recibido sobre la autoría del secuestro corresponde a la reivindicación que el pasado 8 de diciembre Al Qaeda difundió a través de Al Yazira, repetida posteriormente en distintos sitios webs islamistas, en la que se atribuía el secuestro de los tres cooperantes españoles y el de un ciudadano francés y anunciaba que Francia y España serían "informados posteriormente sobre las legítimas demandas de los muyahidines".

Fuente: Libertad Digital

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Almería: Gran participación en el III Concurso de Dibujo Navideño de STAJ




El pasado dia 14 se entregaron los premios del III Concurso de Dibujo Navideño para hijos de funcionarios de Justicia organizado por STAJ. Este año ha destacado por la gran participación de dibujos y la gran calidad de muchos de ellos teniéndolo el jurado muy difícil a la hora de conceder los tres primeros premios.

El primer premio fue para Elena López Gómez (7 años), hija de la funcionaria Gloria Gómez, de Instrucción 3 de Almería. El segundo premio fue para Angelina Keane Cañizares (11 años), hija de la funcionaria Mª Jose Cañizares, de Instruccion 6 de Almería y el tercer premio fue para Enrique Valdecantos Chacón (4 años), hijo de la funcionaria Susana Chacón, de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial.

Los premios fueron entregados en la Sala de Vistas de los Juzgado de Instruccion de Almería por el Juez Decano D. Luis Miguel Columna , y acudieron unos 36 niños con sus respectivos padres.

Los premios siempre han contado con entidades colaboradoras, este año han colaborado Viajes Halcon, El Sindicato del Profesorado ANPE y la academia y tienda Ocio Manualidades; a todas ellas gracias por hacer posible este concurso que cada vez va a más. Además hay que dar las gracias a todos los padres que han hecho posible que los dibujos de sus hijos lleguen a las manos de Paqui y Meli, de STAJ ALMERIA, las cuales han sacado adelante el concurso de manera sobresaliente.



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Castilla y León: "Lo que impide asumir la Justicia son muchas incógnitas aún sin resolver"

El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, negó que la tardanza en la asunción por parte de Castilla y León de las competencias del ministerio que dirige Francisco Caamaño se deba a cuestiones de índole económica sino más bien a las "muchas incógnitas" en la materia aún sin resolver por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.


Fernández Mañueco aseguró que la culpa de que Castilla y León no tenga transferidas las competencias en Justicia es del Gobierno central, al no haber aclarado durante la negociación cuestiones tan importantes como el coste de la implantación de la Oficina Judicial, ya que "desde hace cinco años se está diciendo que se va a poner en marcha y nada se sabe", o de la modernización tecnológica de los juzgados.

En ese capítulo de interrogantes aún sin resolver por parte del Gobierno socialista, el consejero incluyó la construcción del Campus de la Justicia en Valladolid, el necesario incremento de plantillas y aumento de sus retribuciones y todo lo relativo a la Justicia gratuita.

"Lo que pedimos es que se concreten todos esos sobrecostes y que vengan convenientemente dotados, pues son cuestiones previas que han de estar resueltas para que el Gobierno regional se pueda sentar y profundizar en la materia, lo que no quiere decir que no se esté negociando ya desde la Consejería de Hacienda y la Comisión Mixta de Trasferencias".

LA JUNTA "ESTÁ ILUSIONADA"

Pese a que desde el PSCL, a través de su máximo responsable, se haya puesto en entredicho el interés del Ejecutivo de Herrera por recibir la Justicia, al entender que de este modo el consejero del ramo podrá centrar su labor en criticar a la Administración central, Fernández Mañueco respondió que "la Junta está ilusionada como el primer día" y negó un supuesto desinterés por hacerse cargo de una competencia que reporta escasos réditos electorales. "No comparto eso de que se trate de una competencia que no da votos, ya que las competencias se asumen por responsabilidad y compromiso con los ciudadanos, no porque den o no den votos".

Fuente: Europa Press

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lunes, diciembre 28, 2009

¡Feliz Día de los Inocentes!

Hemos recibido un mensaje de Vicente, pero no hemos entendido nada. Quizá habla de la nueva oficina judicial. Tal vez nos esté felicitando las fiestas. O incluso esté explicando por qué nos quiere quitar la Acción Social. No sabemos. Si alguien es capaz de descifrarlo, que nos lo explique. Dale al play.


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domingo, diciembre 27, 2009

Ibiza: Costa dice que desconoce "absolutamente" la ocupación del Cetis sin final de obra


La portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Ibiza, Virtudes Marí, mostró su «sorpresa» ante el hecho de que la promotora del edificio Cetis, donde se han instalado ya varios juzgados de Ibiza, no ha pedido aún el certificado de final de obra, «a pesar de que el concejal de Urbanismo afirmó que su otorgamiento sería tan sólo un mero trámite». La autorización concedida por el Ayuntamiento al Ministerio de Justicia para ocupar dependencias de este edificio constituye «una absoluta ilegalidad y una imprudencia», de la que responsabilizó tanto al Ministerio como al Consistorio municipal, «pero sobre todo a éste último, porque es el propietario del edificio», afirmó Marí.


«Es un inmueble que no está supervisado por ningún técnico municipal», señaló la portavoz del PP, quien dijo que esta situación «no da precisamente una sensación de seguridad a la ciudadanía». «Es un hecho inaudito e incomprensible», afirmó.

«Ya sabemos de la urgencia de tener unos nuevos juzgados, pero esa urgencia no dependerá de tan sólo unos días», dijo Marí en alusión al tiempo necesario para obtener este certfificado.

«El Cetis ha de cumplir las medidas que todo edificio de la ciudad se ve obligado a cumplir», indicó.

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibiza, Vicent Torres, no se atrevió a pronosticar un plazo para conceder este certificado de final de obra al Cetis.

La consellera de Innovación, Interior y Justicia del Govern balear, Pilar Costa, se refirió a la transferencia de las competencias de Justicia y apuntó que el Ministerio está de acuerdo en actualizar la cantidad de la que se hablaba como coste efectivo para incluir, entre otros gastos importantes, el coste de los alquileres que ahora deben pagarse por la nueva ubicación de los juzgados de Primera Instancia. «Cuando se negociaba no estaba en vigor el alquiler y esa cantidad no se había introducido. El Ministerio, como no podía ser de otra forma, está de acuerdo en que se puedan actualizar las cifras», dijo.

Asimismo, señaló que desde su última reunión con los responsables del Ministerio se han reactivado varios de los grupos de trabajo, entre ellos el de infraestructuras.

En esta materia, la consellera comentó que espera que en 2010 se redacte el proyecto de construcción de la nueva sede judicial de Ibiza, que se ubicará en Sa Graduada, y se puedan adjudicar las obras. «Evidentemente el edificio de los juzgados no lo veremos», comentó.

La responsable de Justicia valoró el hecho de que dos de los cuatro juzgados de Primera Instancia ya se hayan trasladado una de las torres del Centro de Transferencia Intermodal y Servicios (Cetis) –los otros dos lo harán en enero– porque ha contribuido a «descongestionar» el actual inmueble y permitirá ubicar allí el nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1, si bien incidió en que ese traslado es «una solución transitoria».

«Hace años que se decía que no había espacio», recordó Costa, que añadió que, puesto que la solución definitiva tardará todavía en llegar, esta opción era «buena» para ayudar a paliar la «insostenible situación» que se vivía en la sede judicial de la avenida de Isidor Macabich. La consellera reconoció que lo ideal sería que todas las instancias judiciales pudieran compartir un mismo espacio, para comodidad de trabajadores y usuarios, pero señaló que «el beneficio» logrado con esta nueva dispersión «es mayor que la pequeña molestia» que supone tener que desplazarse de un sitio a otro.

Preguntada sobre el hecho de que el edificio del Cetis no cuente con el final de obra, Costa dijo que desconocía «absolutamente» este extremo, pero deseó que «se solucione y se haga bien». «Lo único que yo sé es que el Ministerio de Justicia ha alquilado unos locales y que [los juzgados] se han trasladado allí como inquilinos, pero no tengo más conocimiento de en qué condiciones se encuentran».

Fuente: diariodeibiza.es

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Murcia: La instalación de belenes no viola derechos según el TSJ

La instalación de un belén en un centro educativo no viola ningún derecho fundamental, según la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) al desestimar el recurso presentado por P.M.L., profesor de un instituto de Enseñanza Secundaria. La sentencia señala que "si el Estado o la Administración hubiera permitido la realización de determinadas actividades o manifestaciones religiosas a una confesión y, a su vez, hubiera prohibido las mismas u otras análogas a otras confesiones, sí sería discriminatorio, lo cual no ha sucedido en el presente caso".


Añade la sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Abel Ángel Sáez, que "la colocación de un belén en un espacio común de un centro educativo o realizar una actividad como la de "Tunea tu clase en Navidad", además de tratarse de actividades programadas por el centro, no contradice el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado".

"Por el contrario,- prosigue- garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los ciudadanos y las comunidades, sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

El profesor de instituto presentó el recurso por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, al considerar que por la vía del silencio admininistrativo la consejería de Educación de Murcia desestimaba su solicitud de retirada del belén, instalado con motivo de la pasada Navidad.

En las actuaciones que llevó a cabo para que fuese retirado, el profesor alegó que se violaba la aconfesionalidad del Estado y el principio de igualdad y que, por su ubicación, en el vestíbulo de un módulo del centro, suponía un riesgo en el caso de que se tuviera que proceder a la evacuación del mismo.

Para el demandante, dice la sentencia, "la instalación de un belén en un espacio común supone su imposición a todos los ciudadanos, incluidos los que no son partícipes de la ideología religiosa, que supone que la Administración se decanta a favor de una determinada confesión en detrimento de las demás", lo que es rechazado por la Sala.

En cuanto a la celebración de una actividad denominada "Tunea tu aula en Navidad", señala el tribunal que tampoco se viola ningún derecho fundamental, ya que "en ningún momento se impone ni prohíbe al profesor o a alguna confesión el uso de motivos religiosos; por el contrario, se deja a los alumnos y tutores en total libertad para usar los materiales que deseen".

Fuente: La Ley

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Asociaciones pedirán en el Congreso derogar la 'violenta' ley de género

Abrió la polémica la denuncia del juez Franciso Serrano en EL MUNDO. Respondieron los colectivos de mujeres y el Gobierno. Ahora un total de 71 asociaciones exigirán a las Cortes la derogación de la actual Ley de Género, calificada por estas asociaciones de "violenta" por "lesionar los derechos más básicos" del ser humano, como es el "derecho de presunción de inocencia".


El presidente de una de estas asociaciones, la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva, Fernando Basanta, manifestó que el ordenamiento jurídico del Estado español contempla la mencionada presunción de inocencia "a excepción de la Ley de Violencia de Género, en la que se da la presunción de culpabilidad".

En esta línea, Basanta hizo alusión a la "injusticia" de este hecho, por el que muchos hombres son inculpados al presentar sus parejas "denuncias falsas" en muchos casos para "alejar a los hijos de ambos del padre" ya que "muchas mujeres, más que el miedo, como asegura el Gobierno central, han perdido la vergüenza para denunciar sin motivo, aunque sí con una gran motivación, al saber que la ley les otorgaba un arma de destrucción para saciar todo su despecho".

Al respecto, se refirió a que la ley debería contemplar también la vulnerabilidad de niños, ancianos y también hombres, puesto que al igual que las mujeres, reciben "en numerosas ocasiones" malos tratos. Por esto, no se debería distinguir entre mujeres y hombres maltratados, sino entender que se trata de "personas maltratadas", para las que deberían existir "centros de acogida comunes".

Por todo esto, las 71 asociaciones pedirán que se derogue la Ley de Violencia de Género en el Congreso, pero llegarán, "si el Gobierno no da marcha atrás, a acciones legales en tribunales internacionales", ya que "no se fían de las altas instituciones judiciales de nuestro país", apostilló.

De esta forma, y con motivo del cumplimiento de los cinco años desde la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las mencionadas asociaciones indicaron a través de un comunicado que se trata de "una ley que atropella cada día los derechos más fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico que pretenda vertebrar un estado democrático".

Fuente: elmundo.es

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sábado, diciembre 26, 2009

Asturias: Justicia prepara para febrero el sistema de ficha con huella digital

El Principado tendrá listo el próximo mes de febrero todo lo necesario para poner en marcha el sistema de control de acceso y de horario de los trabajadores públicos (funcionarios, forenses y personal laboral) adscritos a la Consejería de Justicia a través de huella digital (sistema biométrico). En un principio se calculaba que los poco más de 1.300 funcionarios de Justicia del Principado podrían haber comenzado a fichar antes de finales de año, pero no ha podido ser así ya que aún faltan los perfiles biométricos (huellas digitales) de un cinco por ciento de los funcionarios.


Los datos de este grupo de trabajadores públicos, que en el momento de su recogida estaban de vacaciones o de baja, se recopilarán después de que concluyan las fiestas navideñas. Se calcula que esta segunda recogida de datos, que tendrá que llevarse a cabo en buena parte de los 18 partidos judiciales en los que está dividido el Principado, se alargará unos quince días. Este tiempo se aprovechará para llevar a cabo una revisión de los lectores de huellas instalados en los juzgados para que se encuentren en pleno funcionamiento en cuanto se hayan recogido todos los datos de los funcionarios. La primera recogida de huellas tuvo lugar a mediados del pasado mes de septiembre.

Así, se espera que en febrero comience a funcionar de forma efectiva el sistema, aunque las primeras semanas se planteará como período de prueba para realizar los ajustes técnicos necesarios. Uno de los problemas más comunes que suele darse en este tipo de sistema es la falta de calidad de alguna de la huellas recopiladas, que impide que el lector la reconozca. Esto obliga a repetir la toma de los datos biométricos del trabajador. Además, la Consejería de Justicia tiene previsto remitir todas las huellas a la Agencia de Protección de Datos para garantizar la confidencialidad de la información recogida.

Este sistema ya había tratado de ponerse en marcha en los juzgados asturianos cuando las competencias aún estaban en manos del Ministerio de Justicia. En esta etapa se instalaron los terminales de lectura de las huellas digitales, pero no pudo iniciarse ante la falta de un centro de proceso de datos (CPD) y aplicaciones informáticas.

El Principado inscribe este proceso dentro de la normativa de modernización de la Justicia aprobada recientemente por el Ejecutivo central.

Justicia ha colocado en los juzgados de Avilés, Gijón y Oviedo máquinas expendedoras para que abogados, procuradores y graduados sociales puedan adquirir copias de las grabaciones de los juicios orales. Con esta medida se busca descargar de trabajo a los funcionarios, que hasta ahora eran quienes debían realizar las copias. Las máquinas sólo se podrán utilizar con autorización judicial para garantizar la confidencialidad.

La información se recogerá en soporte USB en unas máquinas compuestas de una pantalla táctil, que no tiene ni ratón, ni teclado. Para facilitar el trabajo de los profesionales de la justicia las grabaciones incluirán una serie de marcas, realizadas por el secretario del Juzgado, que señalarán los momentos de la vista oral con mayor interés.

Fuente: lne.es

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viernes, diciembre 25, 2009

¡ FELIZ NAVIDAD !


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jueves, diciembre 24, 2009

Sevilla: Manifestación de padres en apoyo al juez Serrano

Medio centenar de personas vestidas de Papá Noel se han concentrado a las puertas de los juzgados sevillanos en apoyo del juez de Familia Francisco Serrano que ha criticado la Ley de Violencia de Género convocados por la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva. Serrano ha adelantado que se querellará contra quienes lo están acusando ser el “altavoz de los maltratadores”. “No puedo tolerar que me acusen de ser cómplice de los delincuentes”, subraya el juez.


Los manifestantes portaban eslóganes de 'Papá No es', en referencia al disfraz que vestían y a su queja de que, de padres, sólo tienen "el traje, el bolsillo y el sufrimiento". Los 46 concentrados, 35 de ellos vestidos con ropas rojas y barbas blancas postizas, querían hacer público su malestar e "indignación" por no poder pasar la Nochebuena con sus hijos, a causa de la "violenta Ley de Género y de la espuria Ley del Divorcio".

Al término de la manifestación, a la que también acudieron representantes de asociaciones de abuelos y padres y madres de forma particular, dos padres afectados por las citadas leyes, Miguel Ángel Torres, absuelto de abusos sexuales a su hija, y José Antonio Santos, absuelto por ocho denuncias falsas por de maltrato grave contra su ex mujer y que le llevaron once meses a la cárcel, intentaron leer un manifiesto, aunque debido a la emoción, finalmente tuvo que ser el portavoz de la asociación 'Ambos', Domingo González, quien les ayudara a leer el comunicado.

Durante la lectura del manifiesto, González indicó que "para miles de hombres, hoy es una noche más lejos de sus hijos, unos hijos que han aprendido que su padre es un hombre malo o, en el mejor de los casos, un mero visitante", algo de lo que culpó al Gobierno español por "conculcar sistemáticamente los derechos más fundamentales de sus ciudadanos", ya que les "impide cada día cualquier posibilidad de ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de educar y cuidar a nuestros hijos".

Entre las causas legales de su situación está, a juicio de los convocantes, el de "haber desenterrado de las catacumbas el erradicado delito de autor, que impone penas más duras en función de una variable tan arbitraria como el sexo de la persona que lo comete, y que incluso muchas veces no comete".

También denuncian "la aniquilación del derecho de presunción de inocencia impuesto por los protocolos preventivos de actuación que el Ministerio del Interior ha ordenado poner en práctica a todos los colectivos profesionales que se acercan al problema de los malos tratos".

No obstante, según leyó González, "este corrupto y espurio adoctrinamiento de género, ha podido ser traspasado gracias a personas que han sido capaces de arriesgar su puesto de trabajo, alzando su voz para hacer valer el sentido de la justicia y de la igualdad real", entre los que destacó a María Sanahuja, Francisco Serrano, Luis Columna, María Poza, Rafael Leonés, Ángel Luis Campo y a "tantos jueces que han llegado a presentar hasta doscientas cuestiones de constitucionalidad a la violenta Ley de Género".

Una ley que, a juicio de los presentes, "ha obligado a setenta asociaciones de todo el país a preparar una demanda judicial contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en varios tribunales internacionales, por haber roto las reglas de juego fundamentales de un Estado de Derecho".

Críticas a la Ley del Divorcio

Por otro lado, también se criticó la Ley del Divorcio, una legislación que, para los afectados, "prometía regirse por el principio de corresponsabilidad parental, pero introdujo multitud de trampas, como la de impedir por ley la guarda conjunta cuando exista una denuncia por maltrato".

A partir de este momento, continuó leyendo González, "las denuncias por maltrato comenzaron a aumentar de manera exponencial, aplaudidas por un Gobierno que se jaleaba argumentando que la mujer estaba perdiendo el miedo a denunciar; pero las que realmente habían perdido el miedo, y también la vergüenza, eran las que no tenían motivo para denunciar, aunque sí motivación".

Además, indicó que "la Ley de Divorcio tiene otras trampas muy sutiles, como la de establecer la custodia compartida de manera excepcionalísima, únicamente si existe acuerdo entre los padres, si al menos alguno de los dos la solicita y siempre que el Ministerio Fiscal esté de acuerdo, debiéndose fundamentar en que esa es la única fórmula para proteger el interés superior del menor".

Por todo ello, concluyó el comunicado, "los padres españoles y todas nuestras familias extensas, formadas por hombres y mujeres que nos dieron la vida, por nuestras nuevas parejas, por nuestras hermanas y hermanos, nuestros sobrinos y nuestros ascendientes, diremos en breve a los tribunales internacionales 'No al maltrato', 'No a la violenta Ley de Género', 'No a la espuria Ley de Divorcio'".

Tras concentrarse en la céntrica Puerta de Jerez y recorrer la Avenida de la Constitución haciendo sonar campanillas como Papa Noel y gritando consignas como "Custodia compartida" y "Apoyo al juez Serrano", los manifestantes llegaron hasta las puertas del Ayuntamiento de Sevilla.

Entre los manifestantes estaba el extremeño Carlos Aurelio Caldito, promotor del Partido por la Custodia Compartida y de Padres y Madres por la Igualdad, que tiene previsto presentarse a las próximas elecciones, quien dijo que en España hay 160.000 rupturas de parejas anuales, la cuarta parte de todas las de la UE.

Caldito ha recordado que desde que en la Navidad de 2004 entró en vigor la Ley de Violencia de Género, que calificó de "ley sexista" y de "ley anti-hombres", más de 600.000 hombres han pasado por las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil acusados de hechos de los que luego, en la mayoría de los casos, han sido inocentes.

También ha señalado que en la actualidad es más fácil lograr la custodia paterna que la compartida, aunque en el último año el 10 por ciento de los casos pleiteados han concluido en custodia compartida, el 4 por ciento han sido paternas y el 86 por ciento maternas, si bien sólo un año antes el 98 por ciento fueron para las madres.

Caldito ha asegurado que España ocupa el penúltimo lugar de toda la UE en violencia intrafamiliar, pero que ese dato no lo airea el Gobierno, como también oculta, a su juicio, los más de treinta hombres muertos a manos de sus parejas, para hablar sólo de las mujeres que fallecen en estos conflictos.

"Me querellaré contra quienes me tachan de altavoz de maltratadores”

El juez Francisco Serrano no está dispuesto a consentir que lo tachen de maltratador o de ser el altavoz de quienes vejan y asesinan a decenas de mujeres cada año en España. Por ello, el titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla ha adelantado que se querellará por un delito de calumnias contra quienes lo están acusando ser el “altavoz de los maltratadores”.

“No puedo tolerar que me acusen de ser cómplice de los delincuentes”, ha señalado Serrano. El magistrado defiende que ha dado su opinión sobre una ley, la Ley Integral de Violencia de Género, que según su parecer tiene varios defectos.

Estas declaraciones se producen después de que varias asociaciones de defensa de las mujeres, subvencionadas por el Ministerio de Igualdad según el juez, hayan remitido al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, un escrito de queja contra Serrano. En dicho escrito solicitan la apertura de un expediente disciplinario por causa muy grave por sus declaraciones en relación con la violencia de género. Las feministas lo han acusado de “comportarse como un maltratador”

Sin embargo, de las palabras de Serrano se desprende que dicha ley provoca que "miles de hombres sean detenidos por denuncias falsas" ya que ésta encierra "efectos perversos" porque protege "situaciones de abuso". Las opiniones del juez son compartidas por muchos abogados y abogadas pero no se atreven a hacerlo público por las represalias de las feministas.

Sin embargo, las feministas han interpretado estas palabras como un ataque a la lucha contra la violencia de género. Por esta razón, han pedido al CGPJ que investigue "los presupuestos básicos de la ideología personal” del magistrado.

Para Francisco Serrano estas acciones suponen un atentado contra su libertad de expresión, “y lo que es más grave, de pensamiento”.

Fuente: elmundo.es , Libertad Digital

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China: Una ciudad prohíbe emborracharse a los funcionarios

La ciudad china de Kunming, capital de la provincia de Yunnan, prohibirá emborracharse a políticos, policías, maestros y otros funcionarios y trabajadores de empresas estatales emborracharse incluso cuando no estén trabajando, según se publica en el diario oficial 'China Daily'. La regulación prohíbe beber alcohol durante el trabajo pero también emborracharse "sea cual sea el momento y la circunstancia", y también impedirá a los funcionarios brindar en banquetes "forzando a otros a consumir alcohol", destacó la información.


Otras ciudades chinas ya han emitido leyes contra el consumo de alcohol entre sus responsables públicos, que en general tienen prohibido beber cuando están de servicio, pero Kunming ha decidido llevar los límites al máximo.

La opinión pública china es sensible hacia este tema después de que se conociera que un policía de Shenzhen (sur del país) murió por excesivo consumo de alcohol y sus colegas en el cuerpo solicitaron que su muerte fuera considerada un "acto heroico" para que su familia recibiera una pingüe pensión.

Beber en el trabajo, una costumbre

Muchos han comenzado a criticar el exceso uso que en China se hace del alcohol en las relaciones laborales, sobre todo en banquetes de trabajo y de negocios, donde beber es casi una obligación profesional.

En ellas, prácticamente se obliga a los comensales a emborracharse, ya que es obligado tras un brindis -normalmente dados por los directivos- beber todo el contenido del vaso (la llamada cultura del "ganbei", expresión que significa "secar el vaso").

Expertos en leyes han señalado que la draconiana ley de Kunming va a ser difícil de aplicar, sobre todo a la hora de definir cuándo un comensal está "forzando" a otros a beber alcohol con su brindis.

Fuente: expansion.com

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Los juzgados de Lora del Río llevan dos años funcionando sin licencia de uso

El nuevo edificio de los juzgados de Lora del Río lleva dos años ocupado y funcionando pese a carecer de licencia de fin de obras, apertura y ocupación. El partido Loreños Independientes (LIS), que ha llevado el caso a los tribunales al entender que el Ayuntamiento del municipio –gobernado con mayoría absoluta por el PSOE– ha prevaricado por omisión, denunció a LA RAZÓN de Sevilla que las instalaciones comenzaron a usarse en enero de 2008, tras ser inauguradas por la entonces consejera de Justicia, María José López, aunque carecía de los permisos necesarios.


La deficiente construcción de los bajantes de los baños, que afectaba a los coches de un garaje condominial –«las heces caían encima», señalaron Fidel Prieto, presidente del LIS, y Alfonso Morales, concejal del grupo–, levantaron las sospechas del partido, que pidió al secretario del Ayuntamiento en agosto de 2008 las pertinentes licencias.

Más de seis meses después de comenzada la actividad, el secretario respondía por escrito que «en cuanto a la licencia o certificación final de obra y primera ocupación del local (...) no ha sido recibida la certificación final de la obra por lo que no procede la concesión de licencia de primera ocupación». Ante estas manifestaciones y los daños a terceros derivados del mal acabado de los baños del juzgado, Loreños Independientes formuló una querella contra el alcalde de la localidad, Francisco Javier Reinoso, y el concejal de Urbanismo, Juan Miguel Parra, por un presunto delito de prevaricación por omisión, al permitir la apertura sin permisos y hacerlo, además, en el período electoral.

El responsable de Urbanismo fue llamado a declarar en junio de 2009 –el alcalde no fue citado– y admitió en su declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, que «finalmente el 22 de diciembre de 2008 (casi un año después de la inauguración) el titular solicitó la licencia de primera ocupación, por entender que la obra estaba terminada y procedía ocuparla». El edil admitió, además, la «ausencia de los certificados» sobre vibración, ruido del aire acondicionado, sistema de desagüe e incendios, considerando que «tales deficiencias no impiden el uso de las instalaciones».

Parra señala que «no existe la licencia de primera ocupación provisional», pero defiende que no se han «apreciado en ningún momento incidencias de tal índole que exigieran la clausura del edificio». Para LIS, estas declaraciones conceden crédito a sus denuncias. La magistrada «juzga» sobre sus propias instalaciones La denuncia de Loreños Independientes (LIS) en diciembre de 2008 fue admitida a trámite y analizada en el propio juzgado de Lora del Río, sobre cuyo uso versaba la querella del partido. La juez, que no se acogió al derecho de abstenerse de oficio, archivó la causa tras tomar declaración al delegado de Urbanismo, Juan Miguel Parra, sin citar a declarar al alcalde, Francisco Javier Reinoso.

LIS ya ha recurrido esta decisión judicial, aunque, por el momento, no se ha planteado recusar a la juez o pedir el traslado de la causa a otro juzgado. La querella afecta a miembros del Ayuntamiento, pero trata de la carencia de licencias y permisos de las instalaciones que usa la propia juez instructora del caso.

Fuente: lainformacion.com

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Viajes Halcón gana a Viajes Iberia y El Corte Inglés la cuenta del Ministerio de Justicia

La agencia de viajes de Globalia ha sido la ganadora del concurso convocado por el Ministerio de Justicia para la gestión de sus viajes, presupuestados en 4,3 millones de euros, pendiente de su publicación en el BOE. Halcón ha sida la primera clasificada, seguida de Viajes Iberia y, en tercer lugar, Viajes El Corte Inglés. Marsans se retiró en el último momento.


Los sobres con las ofertas de las agencias candidatas se abrieron el pasado jueves 17, después de una semana antes se produjera un error en los pliegos por parte del Ministerio de Justicia, que retrasó el desenlace. Al concurso se presentaron Halcón, Viajes Iberia, Viajes El Corte Inglés y Marsans, si bien esta última se retiró en los últimos días.

El objeto del concurso era conceder a la agencia de viajes ganadora la gestión de los viajes que realicen los jueces, fiscales, abogados y demás personal de esta Administración durante los próximos dos años. El presupuesto es de 4,3 millones de euros. No obstante, Halcón sólo tiene asegurado el primer año, ya que las cláusulas del concurso comprenden que el Ministerio de guarda la opción de prorrogarlo hasta 2011.

Las condiciones del concurso señalan que la agencia adjudicataria se encargará de “la reserva, emisión o modificación de títulos de viaje, reservas hoteleras, de vehículos de alquiler u otros servicios como gestión de congresos, reuniones o conferencias”. El Ministerio de Justicia prevé un gasto anual de 365.000 euros en hoteles y 1,81 millones de euros en transportes (avión y tren).

Para que Viajes Halcón sea la agencia oficial del Ministerio de Justicia sólo resta que se produzca la adjudicación oficial y que se publique en el BOE.

Fuente: hosteltur.com

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Galicia: Funcionarios denuncian que les faltan archivos de sus ordenadores

Para muchos funcionarios de Justicia que a diario trabajan con el sistema Minerva, la seguridad de este y, sobre todo, su confidencialidad están en entredicho. Trabajadores de distintos juzgados aseguraron que, en ocasiones, al llegar a su puesto y encender los ordenadores se encontraron con que les faltaban archivos.


Muchos de ellos correspondían a fotografías privadas e incluso a música, según expresaron algunos, pero también fueron borrados otros documentos de trabajo que no habían sido pasados a sus lugares correspondientes.

«Pedí explicaciones de lo sucedido y me remitieron a Santiago, donde me informaron de que el material lo habían borrado por propia iniciativa porque pesaba mucho y saturaba el equipo», apuntó un funcionario.

Empleados de diversos juzgados explicaron que el sistema no era fiable porque, desde Santiago, tenían la posibilidad de acceder a documentación relativa a los procesos judiciales.

Fuente: lavozdegalicia.es

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Cantabria: Delegados de personal se concentran mientras Revilla estaba de brindis

Delegados independientes del Gobierno de Cantabria y los sindicatos SIEP, STAC-STEC, ANPE, CEMSATSE y STAJ se concentraron ayer en la sede del Ejecutivo en Puertochico contra la política para los empleados públicos de la Administración regional. Según informaron los sindicatos, con esta protesta se pretendía mostrar la "disconformidad" con la política relativa a los empleados públicos que está llevando a cabo el Gobierno de Cantabria, en la que se contempla, por ejemplo, la supresión de las "ayudas sociales" a más de 20.000 empleados públicos para el año 2010.


La concentración se organizó coincidiendo con el lunch que ofrecía la Consejería de Presidencia y el discurso que dirigió a los empleados públicos el jefe del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla.

Los manifestantes, que corearon diversas canciones como 'La fuente de Cacho' o el villancico '25 de diciembre' con letras adaptadas a sus reivindicaciones, anunciaron que éstas son "las primeras medidas" que adoptan, puesto que ya han configurado un calendario de movilizaciones, que se suma a los "recursos y denuncias" que presentarán en los juzgados por "incumplimiento de acuerdos y vulneración de derechos".

Fuente: Europa Press

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Quieren apartar al juez Serrano de la carrera judicial por sus críticas a la Ley contra la Violencia de Género

Una veintena de asociaciones feministas ha enviado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, una denuncia en la que le solicita que aparte a Francisco Serrano de la carrera judicial por sus declaraciones sobre una materia que es estrictamente de su competencia. Según los colectivos radicales de mujeres, el magistrado que hace unos días criticó en EL MUNDO la Ley contra la Violencia de Género y aseguró que muchos hombres son acusados «falsamente» de agredir a sus parejas «no está capacitado» para ejercer su cargo y tiene «falta de imparcialidad». "Quieren acallarme... como en tiempos de la Inquisición" afirmó Serrano.


En su escrito, las mujeres plantean que el magistrado Serrano ha podido incurrir en prevaricación. Le acusan, por un lado, de «difundir su ideología personal» sobre los asuntos que juzga. Y, por otro, de «simultanear» el ejercicio de su función judicial con «un activismo extrajudicial que lleva a cabo desde hace cinco años, en la investigación sobre el tratamiento desigual que dice que se está dando en Andalucía a la violencia doméstica, según sea mujer u hombre el beneficiario de las medidas legales de protección».

Se refieren a la Asociación Multidisciplinar para la Investigación de Interferencias Parentales (Asemip), un colectivo de juristas, psicólogos, médicos y educadores presidido por Serrano que tiene como objetivo -según las palabras del propio juez- que los menores «no sean sometidos a ningún tipo de manipulación» por sus progenitores durante los procesos de separación. Es decir, «la materia en la que directamente debe intervenir él mismo como juez», recuerdan las feministas.

Y revelan, en su denuncia al CGPJ, que uno de los miembros fundadores de Asemip, el psicólogo Julio Bronchal, tiene dos condenas firmes: una por maltratar a su ex mujer y otra por falsificar un documento de peritaje para que un hombre con problemas psiquiátricos obtuviera la custodia compartida de su hijo.

«Este juez es juez y parte. A lo mejor llevaría muy bien cuestiones relacionadas con la corrupción política, pero no con la violencia de género», argumentó en rueda de prensa Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.

«Los magistrados no deben tomar posiciones públicas ideológicas que den cobertura a los maltratadores», sostuvo Ángela Cerrillos, abogada de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. «El juez Serrano actúa igual que cualquier maltratador», dijo la psicóloga Covadonga Naredo, de la Federación de Mujeres Progresistas.

El juez Serrano confirmó que Bronchal fue miembro fundador de la Asemip, aunque precisó que ya no forma parte de la misma. «Ya no se puede ni opinar», dijo respondiendo a los colectivos de mujeres, a los que acusó de «vivir de la guerra de la violencia de género».

El coordinador de la Fiscalía de Familia de Sevilla, Daniel Valpuesta, y varias asociaciones relacionadas con la defensa de la custodia compartida defendieron la libertad del juez Serrano para criticar la Ley contra la Violencia de Género.

Fuente: elmundo.es

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Entra en vigor el "desahucio express" para aumentar la seguridad jurídica

Hoy entra en vigor la Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y eficiencia energética de los edificios, en la que se incluye el llamado 'desahucio express', para mejorar la "seguridad jurídica" de los propietarios de viviendas en alquiler "sin menoscabo de los derechos de los inquilinos de buena fe", informó el Ministerio de Vivienda.


Según destaca Vivienda, el fundamento de la nueva ley radica en la necesidad de impulsar un amplio mercado del alquiler, y argumenta que "la existencia de un gran número de viviendas desocupadas es contradictorio e inaceptable dadas las necesidades de una parte importante de la población".

Modificación de la ley

La norma modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil para impulsar el desarrollo del mercado del alquiler, y la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar acciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios.

Por lo que respecta a la Ley de Arrendamientos Urbanos, la nueva norma amplía los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. Así, al supuesto en el que el propietario necesite ocupar la vivienda para uso propio se añade ahora la posibilidad de que la requiera para sus hijos, sus padres y su pareja en el caso de sentencia judicial firme de divorcio o nulidad matrimonial.

Los cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil están encaminados a facilitar que los arrendadores puedan recuperar su vivienda de modo rápido y sencillo en caso de incumplimientos graves del pago del alquiler, sin que esto menoscabe los derechos de los inquilinos.

En este sentido, la supresión de trámites y la reducción de plazos en los procedimientos impiden que se prolongue en el tiempo la incertidumbre sobre la resolución del conflicto, sin que con ello se vean alteradas sus garantías procesales.

Agilizar los procesos

"Adicionalmente, contar con mecanismos más eficaces para la agilización de los procesos incrementará la confianza de las partes, lo que contribuirá a la reducción de precios y a evitar la exigencia de garantías excesivas (avales y fianzas)", añade el gabinete de Beatriz Corredor.

Por otro lado, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal modula las mayorías necesarias para que las comunidades de propietarios adopten acuerdos para la mejora de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles.

Asimismo, y con el objeto de potenciar y favorecer el transporte sostenible, se facilita la instalación en el aparcamiento del edificio de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje.

Fuente: EcoDiario

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miércoles, diciembre 23, 2009

Vigo: Caamaño promete buscar soluciones para desatascar la Sección Civil de la Audiencia

Esperanza para la Sección Civil de la Audiencia de Pontevedra en Vigo, la más colapsada de España, con más de 1.500 casos abiertos y año y medio de retraso. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se comprometió durante su visita a Vigo a trasladar "esta preocupación" a los vocales del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y de manera conjunta "analizar de qué manera podemos reforzar esta sección para evitar los atascos en Vigo".


De todas formas, entiende que la sala se verá beneficiada a medio plazo de los dos pactos entre el Gobierno central y el máximo órgano de gobierno de los jueces para reforzar precisamente los ámbitos de lo social y lo mercantil, "debido a los efectos de la crisis en estos dos campos jurisdiccionales desbordados".

Caamaño visitó la ciudad invitado por el Colegio de Abogados de Vigo para explicar el proyecto de modernización de la Justicia aprobado en septiembre por el Gobierno central. Acompañado por el alcalde, Abel Caballero, la senadora Carmela Silva, y representantes del órgano colegial que organizaba la charla, aprovechó su intervención en el Centro Cultural Caixanova para anunciar la concesión a Galicia de dos nuevas unidades judiciales que se suman a las once ya aprobadas.

Las salas deben entrar en funcionamiento antes de que finalice 2010 y van acompañadas de dos jueces de adscripción territorial, una nueva figura que sustituye a los actuales magistrados suplentes o de refuerzo y que depende directamente del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Preguntado por la posibilidad de que una de las nuevas unidades pueda permitir que Vigo recupere su demandado tercer juzgado de Familia, el ministro insistió en que no es competencia del Estado decidir a qué territorio ni ámbito jurisdiccional se destinan las nuevas unidades. Debe ser la Xunta de Galicia la que lidere la demanda ante el Poder Judicial, pues Caamaño recordó que la ubicación de las salas "debe nacer de una propuesta de la comunidad al CGPJ, que luego lo traslada al ministerio". Para explicar el procedimiento a seguir puso el ejemplo del Juzgado Mercantil que entrará en funcionamiento el 30 de marzo y que "no venían directamente encauzado para Vigo, pero que me alegro muchísimo de que se implantara en Vigo", reiteró el ministro de Justicia, uno de los principales valedores de que el nuevo órgano se destinase a la ciudad.

"La configuración de la Justicia en capitales de provincia ya no es válida"

El ministro de Justicia visitó Vigo para impartir la charla "Traballando por unha nova Xustiza", en la que detalló las nuevas leyes aprobadas para desarrollar la nueva oficina judicial y el proyecto para modernizar los juzgados. Francisco Caamaño defendió que "invertir en Justicia es hacerlo en la economía y una más pronta salida de la crisis" y añadió que la seguridad jurídica "es uno de los factores determinantes de una economía competitiva". Para ilustrar la íntima relación que mantienen ambos sectores, señaló que "en estos momentos están judicializados en los tribunales 4.000 millones de euros, que de otra manera podrían estar en el circuito económico e impulsarían una más rápida salida de la crisis".

El ministró apuesta por una reforma de la Justicia consensuada, basada en la redistribución de tareas y competencias y en un cambio de mentalidad, agilizando los trámites con el uso de las tecnologías y reduciendo los recursos interpuestos con mero afán dilatorio y para los que las nuevas normativas establecen una tasa de penalización.

Otro de los asuntos que abordó Caamaño fue la necesaria desjudicialización de los registros civiles y la reforma de la Ley de Planta, uno de los ámbitos que considera "más difíciles de modificar". Advirtió el socialista que "la segunda instancia no responde ya a la anterior configuración de capitales de provincia, eso pasaba en el S. XIX", señaló el ministro.

Fuente: farodevigo.es

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martes, diciembre 22, 2009

Málaga: STAJ exige que el coche del juez de guardia esté disponible 24 horas

Hasta hace poco más de un mes, el vehículo oficial –con chófer incluido– que realizaba las diligencias para el juzgado de guardia de incidencias de la capital sólo estaba disponible de 9.00 a 15.00 horas. Lo que pasara fuera de ese horario, había que solventarlo con el uso del taxi. Ahora, la Junta de Andalucía ha decidido prolongar hasta las 20.00 horas la disponibilidad del automóvil, aumentando, por tanto, sensiblemente la operatividad del órgano en cuestión.


Este coche realiza numerosas diligencias, como ir hasta la prisión para comunicar la libertad a un interno, por ejemplo. Pero también hay otras tareas más prosaicas, como por ejemplo las consistentes en levantamientos de cadáveres. Habitualmente, siempre que se produce un fallecimiento que esté poco claro una comisión judicial formada por el forense y el agente judicial se desplazan hasta la zona del deceso para dar fe del mismo e investigar, si es que hay indicios, si se ha producido la muerte de forma violenta.

El problema es que, cuando se ha de ir en taxi, se presentan diversas variables que escapan al control de la comisión judicial: por ejemplo, los atascos pueden retrasar la llegada del automóvil un tiempo considerable; además, explican las fuentes consultadas, no da la misma seriedad llegar a la zona en la que se ha localizado un cuerpo en un taxi. Y esto siempre se hace así por la noche.

Es por ello que el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha reclamado que "el parque móvil oficial del juzgado de guardia de incidencias, el encargado de estas funciones, esté disponible para ser usado las 24 horas del día". "Sería lo ideal", reconoce el responsable del colectivo, Juan Antonio Luque. "Son innecesarias las tardanzas en los desplazamientos", apunta.

En algunas ocasiones, se realizan hasta seis levantamientos al día –a muchos de ellos acude el juez–, y otros días ninguno, por lo que es difícil establecer una media real. Fuentes judiciales consideran que "es importante que el coche esté operativo las 24 horas", coincidiendo así con el sentir de los sindicatos, a pesar de que reconocen que, hasta ahora, más allá de problemas puntuales, el servicio que están prestando los taxistas es intachable.

Es más un tema de operatividad e imagen que de eficacia, aunque varios funcionarios que trabajan en los juzgados de instrucción –son los que realizan las guardias– aseguran que, por ahora, el servicio que han prestado los taxis ha sido bueno.

Fuente: laopiniondemalaga.es

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lunes, diciembre 21, 2009

El Gobierno vasco impulsará los divorcios pactados para desatascar los juzgados

El Gobierno vasco quiere dar un fuerte impulso a la figura de la mediación familiar a partir de 2010 para reducir el número de divorcios que se resuelven de forma no consensuada en Euskadi, estabilizados en unos 1.600 al año sobre un total de 4.600. Los departamentos de Empleo y Asuntos Sociales y el de Justicia consideran que la apuesta por la resolución pacífica de las rupturas conyugales no sólo beneficia a las parejas y a sus hijos, sino que puede descargar de trabajo los tribunales, que están saturados y han emprendido una profunda reorganización para mejorar su eficacia.


La idea de poner más énfasis en la mediación -una herramienta útil para encauzar las querellas entre parientes sin necesidad de litigios judiciales- ha madurado en la consejería de Asuntos Sociales, dirigida por Gemma Zabaleta, al haber recaído esa competencia en la Administración autónoma. A partir de enero próximo, tal como prevé la legislación, el Ejecutivo reordenará los centros que ya existen, dispersos por diferentes municipios de la comunidad, y trabajará principalmente desde tres oficinas radicadas en Bilbao, Vitoria y San Sebastián.

Los planes de Zabaleta pasan por mantener el servicio de mediación que funciona desde hace años en el barrio bilbaíno de Santuchu, al que acudieron 2.400 personas entre enero y agosto pasados y unas 3.500 durante 2008. Asimismo, el departamento se hará cargo del centro municipal de Vitoria, ubicado en el Ayuntamiento y que este año ha concertado 207 citas informativas. Por último abrirá unas dependencias nuevas en San Sebastián.

Las tres oficinas, dotadas como mínimo con un abogado, un psicólogo, un trabajador social y un educador, abarcarán sus respectivos territorios y coexistirán, en principio, con otras que han abierto algunos ayuntamientos, si bien desde 2010 esta materia será una atribución «directa» de la Administración autónoma. El Gobierno vasco ha presupuestado 775.000 euros para este capítulo.

«Queremos que la sociedad conozca la mediación familiar, que está regulada por una ley autonómica de 2008, y que también lo hagan los jueces», explica Alfonso Gurpegui, director de Servicios Sociales, quien subraya que la viceconsejería de Justicia está plenamente implicada en el proyecto. De hecho, ese departamento abrirá una oficina para informar a los ciudadanos de que no hace falta pleitear en los tribunales para zanjar un divorcio de forma civilizada y con un menor coste para los afectados y los contribuyentes.

Colaboración judicial

Según indica Gurpegui, los juzgados de Familia podrían enviar a esa oficina a las parejas que deseen divorciarse para que sopesen si les conviene recurrir a la mediación familiar. Si se inclinaran por esa fórmula, acudirían a los centros del Gobierno vasco, totalmente gratuitos, para negociar de forma voluntaria un convenio que sería supervisado por expertos en resolución de conflictos y que finalmente sería sancionado por el juez. Como es lógico, el éxito de la iniciativa depende del grado de colaboración de los magistrados, de modo que el Ejecutivo va a poner en marcha una campaña informativa en los juzgados.

El Gabinete de Pachi López está decidido a exponer su proyecto también en los colegios de abogados y en los servicios sociales . Entre sus objetivos más inmediatos figura la creación de un registro de mediadores profesionales y la aprobación de un decreto con los requisitos mínimos para desarrollar a esa actividad en Euskadi. Y es que los ciudadanos interesados en la mediación no tendrán por qué acudir forzosamente a los centros gestionados por el Ejecutivo autónomo en las capitales vascas, a los que la legislación impide cobrar honorarios, sino que podrán recurrir a cualquiera de las personas inscritas en el registro.

A medio plazo, la consejería de Asuntos Sociales no descarta subvencionar parcialmente las minutas de esos profesionales. Estudia una fórmula parecida al turno de oficio, en la que los usuarios recibirían una ayuda a condición de que sus ingresos no rebasen unos límites. Todavía no están fijados, pero en principio serían menos estrictos que aplicados en la Justicia gratuita: dos veces el salario mínimo interprofesional, que asciende a 624 euros en catorce pagas.

El Gobierno vasco cree que la reforma de la Ley de Divorcio, que introdujo la custodia compartida, ofrece posibilidades para las rupturas matrimoniales consensuadas. No obstante, esa figura aparece en un número reducido de los convenios supervisados hasta ahora por los servicios de mediación. «De forma anecdótica, alguno de eso convenios contempla que sea el menor quien ocupe el piso, mientras el padre y la madre se van rotando», relata Alfonso Gurpegui.

Los procesos de mediación se suelen componer de una serie de sesiones que duran algunos meses, si bien se actúa con flexibilidad, dependiendo de las parejas. Tras una fase explicativa, se emprende la negociación del acuerdo, en la que los hijos suelen ser escuchados.

Fuente: elcorreodigital.com

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domingo, diciembre 20, 2009

El precio del rescate de Alicia y sus compañeros podría estar entre 5 y 10 millones de dólares "negociables"

El futuro de los cooperantes españoles secuestrados por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) depende de la rama de la organización terrorista que los tenga retenidos. Según aseguran fuentes mauritanas consultadas, AQMI se ha separado en dos tendencias que operan de forma distinta, tienen fines diferentes y utilizan métodos alejados entre sí.


“Lo más probable es que los rehenes se encuentren en el norte de Mali, pero hay dos probabilidades: que estén custodiados por el ala más radical o que se encuentren bajo la custodia del ala más moderada; los grados de peligrosidad dependen del tipo de ala que les tenga atrapados”, explican las citadas fuentes.

La rama menos radical está liderada por Mukhtar Belmukhtar, alias Belaouar (el tuerto). Según las fuentes, lo mejor para el futuro de los tres cooperantes sería estar en manos de este grupo. La razón es que se trataría de mercenarios, más que terroristas, aunque tuvieran una relación más o menos estrecha –depende de la organización concreta– con la madre Al Qaeda. Estos mercenarios tendrían fines exclusivamente económicos.

Por lo tanto, no pedirían previsiblemente contrapartidas políticas (la retirada de las tropas de Afganistán, la desocupación de Ceuta y Melilla o el intercambio de presos islamistas). “Habría una petición de entre cinco y diez millones de dólares, aunque pueden producirse rebajas durante las negociaciones. España, apuntan las mismas fuentes, “no va a poner en peligro la vida de sus rehenes y pagará”. Esto, añaden, “nos hace pensar en que posiblemente luego se produzcan más secuestros y esto se convierta en un gran negocio en el Sáhara”. Si los secuestrados están atrapados por el ala radical, la cosa cambia. Esta rama está liderada por Abdulhamid Abu Zaid, alias Yahya Jwadi, y es conocido por llevar a cabo reivindicaciones de tipo ideológico.

Fuente: Gaceta.es

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sábado, diciembre 19, 2009

Valladolid: Nueve juzgados inician a partir del dia 21 el cambio de sus sedes

Los nueve juzgados de Primera Instancia que están actualmente ubicados en la calle Angustias comenzarán a trasladarse en tres fase a partir del lunes 21 de diciembre a los locales que han sido alquilados por el Ministerio de Justicia en la calle Nicolás Salmerón, 5. En este edificio están instalados desde hace meses los Juzgados de lo Mercantil 1 y el de de Primera Instancia 12.


La mudanza la comenzará el Primera Instancia número 4 entre los días 21 y 22. Le seguirá el número 9, los días 29 y 30 también de este mes.

Durante los días 4 y 5 de enero del 2010 la mudanza corresponderá al Juzgado de Primera Instancia número 8, con lo que se dará por concluida la primera fase de este traslado de los órganos judiciales con competencias civiles.

Con el espacio vacío dejado en la calle Angustias, se iniciará el traslados de los tres Juzgados de Familia a la calle Angustias, y que durante dos años han estado en los locales de Arco de Ladrillo, también alquilados al mismo propietario de Nicolás Salmerón.

Se trata de los Juzgados números de Primera Instancia 3, 10 y 13 que tendrán que estar operativos en Angustias entre el 8 y el 14 de enero del año que viene. Este traslado de estos tres juzgados con competencias en derecho de Familia e incapacitaciones dejará solamente en los locales de Arco de Ladrillo al personal de la Clínica Forense de Valladolid.

La tercera y última fase del traslado de los Juzgados de Primera Instancia números 1, 2, 5, 6 y 11, también actualmente en Angustías, se hará a partir del 2 de febrero con la intención de que a primeros del mes de marzo estén ya todos los juzgados en el edificio de Nicolás Salmerón.

Vacante en Familia

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resuelto el concurso para adjudicar la plaza del nuevo Juzgado de Primera Instancia número 14, que entra en servicio el 30 de diciembre. La plaza la ocupará la magistrada de Primera Instancia 3, Victoria Guinaldo López, hasta ahora titular de Familia número 3 de la capital.

Guinaldo ingresó en la carrera judicial en 1992 y ha tenido hasta la fecha cuatro destinos. Entre los años 1992-1994 ocupó la plaza del Juzgado de Instrucción único de Sahagún (León). En mayo de ese año se trasladó al Juzgado de Medina de Rioseco y en 1997 estuvo en la Audiencia de Lérida hasta que en 1999 llegó a Familia número 3.

Fuente: nortecastilla.es

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