Dos huelgas de jueces, dos ministros y un plan de modernización resumen a grandes líneas el transcurrir de la Justicia en 2009, un año que acaba en este ámbito más tranquilo de lo que empezó con la vista puesta en la nueva oficina judicial.La sociedad española ha asistido este año a una situación insólita hasta el momento: los jueces en huelga, y no una sino dos veces.
El 18 de febrero tuvo lugar el primer paro de jueces y magistrados en la historia de España, convocado por las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente que protestaban por las actuaciones del Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Mariano Fernández Bermejo.
Entre sus reivindicaciones, los jueces pedían la urgente instauración de la oficina judicial, la informatización de los Juzgados, un aumento de las inversiones y del número de jueces, así como el mantenimiento de la facultad de señalar la fecha de los juicios y vistas.
Ocho meses después, el 8 de octubre, y esta vez llamados por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que consideraba que los problemas seguían, los jueces fueron convocados de nuevo a ejercer un derecho de huelga que, según el Gobierno, no tienen.
De las dos convocatorias fue la primera la que tuvo un mayor seguimiento ya que tres de las cuatro asociaciones de jueces decidieron no secundar el segundo paro al considerar que la situación había mejorado algo y habían avanzado en las negociaciones con el Ministerio.
En esta "mejora" apreciada por las tres asociaciones tuvo bastante que ver el cambio de su interlocutor: de Mariano Fernández Bermejo a Francisco Caamaño al frente del Ministerio de Justicia.
Poco después de la primera huelga, Fernández Bermejo, que había protagonizado dos años de polémico mandato, recibió la "puntilla" con las críticas que suscitó por coincidir en una cacería con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cuando éste investigaba el 'caso Gürtel'.
El 23 de febrero, Fernández Bermejo anunciaba su dimisión y el Gobierno daba a conocer el nombre de su sustituto, Francisco Caamaño, quien se apresuró a apelar al diálogo para encontrar un "gran acuerdo social" con todos los colectivos implicados en la modernización de la Justicia en su primera comparecencia en el Congreso.
Ante el Congreso comparecieron también por primera vez en la historia parlamentaria las asociaciones judiciales, que explicaron sus reivindicaciones y se mostraron dispuestas a retomar el diálogo que les reclamaron los partidos.
Un diálogo que tanto las asociaciones judiciales y el ministerio hicieron efectivo tras "poner el contador a cero" y retomar las negociaciones interrumpidas por la huelga.
No obstante, este clima de diálogo peligró en varias ocasiones con la amenaza de una nueva huelga, primero para el 26 de junio, que finalmente no fue convocada, y luego para el 8 de octubre, la que sí se llevó a cabo liderada por la APM contra lo que consideraba un incumplimiento de los compromisos del ministerio con la carrera judicial.
Aunque el Gobierno negó que fuera para conjurar esta segunda huelga, poco antes de la protesta presentó el Plan de Modernización de la Justicia que, con una vigencia de tres años, contempla la inversión de 600 millones de euros, la creación de 600 nuevas unidades judiciales y la instauración de los llamados jueces de adscripción territorial, entre otras medidas.
Acompañando a este plan, otras reformas han visto la luz este año, como la del Código Penal, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre, que endurecerá las penas para delitos de corrupción, abusos sexuales a menores o terrorismo e introducirá algunos nuevos como el de piratería.
Además el Parlamento ha aprobado por unanimidad las leyes de reforma procesal necesarias para poner en marcha la nueva oficina judicial.
Fuente: ideal.es
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