viernes, agosto 31, 2007

Ecuador: 250 millones para resolver la crisis judicial

Ecuador. La Función Judicial busca solventar la crisis que se ha generado en la administración y despacho de juicios. Según un informe emitido por el Centro de Estudios de la Justicia para las Américas (CEJA), 1.035.238 causas están aún pendientes de resolución.

Por ello, la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura buscan medidas alternativas para solventar este problema y mantuvieron una reunión a puerta cerrada para tratar, entre otros temas, la aplicación del plan estratégico de la Función Judicial en las distintas áreas de trabajo. Según el director de ProJusticia, Gustavo Jalkh, para llevar acabo estos proyectos se necesita una mayor asignación presupuestaria por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con estudios de la Judicatura, la Función Judicial requiere de USD 250 millones para solventar la crisis. Esa cifra es superior al monto planteado hasta el 15 de junio pasado. En esa fecha, la Judicatura se reunió y determinó que el presupuesto mínimo para el 2008 era de USD 203 millones. Ese dinero permitiría llenar 479 cargos que están vacantes, crear 449 nuevos puestos y pagar los salarios de 3 894 empleados judiciales.

Según el presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Judicatura, Ulpiano Salazar, con los USD 250 millones se crearán 500 nuevos puestos para alivianar la carga de trabajo de los judiciales. “Ese dinero es necesario para atender los requerimientos de la ciudadanía, incluso los que se plantean desde la Presidencia y desde el Congreso”, explicó.

No obstante, el magistrado Mauro Terán cree que para solucionar el represamiento de las causas se deben contratar 250 jueces y vocales de tribunales de forma ocasional para las distintas áreas. Esta medida permitirá descongestionar a los juzgados y evitaría que se “burocratice la Función Judicial y se genere un mayor gasto”.

Pese a esta necesidad de recursos, no se puede declarar la emergencia judicial, puesto que esa es una atribución del presidente Rafael Correa. Empero - según Salazar- el titular de la Suprema, Jaime Velasco, mantiene un contacto continuo con el Jefe de Estado para presentarle las necesidades de la Función, como incrementar la judicaturas de niñez y adolescencia, laborales y penales.

Para ello, ProJusticia elaboró un estudio general de la situación de los juzgados. Este documento será difundido en las próximas semanas. No obstante, en el texto se determinó que cada juez recibe un promedio de 3 000 causas anuales. “La situación de los tribunales es dramática; la carga procesal es extrema. Se deben establecer nuevas dependencias, mejorar la infraestructura...”, dijo Jalkh.

Por esto, Terán cree que la Función Judicial es la ‘cenicienta del Estado’, ya que se “nos ha relegado de la distribución financiera del presupuesto general”. Para el 2008, el Ministerio de Economía determinó que ese poder del Estado tendrá USD 130,7 millones. Es decir, 17 millones menos que el fondo que manejan actualmente, que es de 148 millones.

Por ello, Velasco acudió ayer a la cartera de Economía. Su objetivo era presentar los argumentos por los cuales la Función necesita de los USD 250 millones. “Con esto se busca agilitar la administración de Justicia, pues al incrementar el número de juzgados se resolverían de forma más rápida y eficiente las causas pendientes”, explicó el vocal de la Comisión Financiera del Consejo de la Judicatura, Bolívar Andrade.

El 17 de mayo pasado, durante la firma del Decreto de Emergencia Carcelaria, el presidente Rafael Correa comprometió la ayuda económica para impulsar las mejoras necesarias en la Justicia. Ante estos ofrecimientos, Velasco solicitó al Gobierno una partida fija del 5% del Presupuesto General del Estado. Actualmente, la Función Judicial recibe menos de uno por ciento.

En el estudio de la situación de los juzgados del país se tomaron en cuenta seis variables: la carga, el tiempo de las causas, la percepción de los usuarios, etc. La Corte trabaja en las reformas al Código de Procedimiento Civil para agilitar el trámite de causas. Para mejorar sus tareas nombró 18 conjueces. Les resta por designar a otros dos.



Fuente: elcomercio.com

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jueves, agosto 30, 2007

Cantabria: Mediavilla explicará las transferencias de Justicia

El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, comparecerá a petición propia en el Parlamento regional para informar sobre el acuerdo alcanzado con el Estado para las transferencias de Justicia. Desde el 1 de enero de 2008 Cantabria asumirá los medios personales, materiales y económicos al servicio de la Administración de Justicia.

El Gobierno, en una nota de prensa, explicó que Mediavilla se ha dirigido a la Cámara para solicitar esta comparecencia con la que pretende presentar a los diputados un informe pormenorizado de las condiciones de estas transferencias, «la más importante de las que quedaban por asumir» por tratarse de la «prestación de un servicio público esencial que garantiza los derechos de la ciudadanía», apuntó Mediavilla.

El consejero de Justicia consideró que, tras las elecciones y la formación del nuevo Parlamento, este es el momento «oportuno e idóneo para dar cuenta del proceso negociador llevado a cabo por su departamento, que ha logrado poder elevar la oferta inicial en un 78%, consiguiendo un coste efectivo de 26.469.908 euros en 2007, cantidad a la que hay que añadir cinco millones de euros en inversiones».

«Es conveniente facilitar a los diputados una explicación minuciosa sobre los extremos del acuerdo, conocer sus impresiones y contestar todas sus dudas, ante una nueva etapa que se abrirá a partir del 1 de enero de 2008», apuntó el consejero.

Mediavilla opinó que a partir de esa fecha «la justicia en Cantabria será mucho más cercana y eficiente, de forma que los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria se van a ver salvaguardados en mayor medida». «Procederemos a una modernización muy importante de la Administración de Justicia en Cantabria, muy retrasada sobre todo en los principales partidos judiciales», apostilló.



Fuente: eldiariomontanes.es

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Comunidad Valenciana: Se solicitan al gobierno central 25 nuevos juzgados

La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas solicitará al Ministerio de Justicia la creación de 25 nuevos órganos judiciales durante el año 2008 en la Comunidad Valenciana, que generarán 200 nuevos puestos de trabajo y garantizarán el «equilibrio territorial» entre las tres provincias.

Otra de las demandas que el conseller de Justicia, Fernando de Rosa, trasladará hoy al ministro en ese mismo área, Mariano Fernández Bermejo, en su primera entrevista tras sus respectivos nombramientos, será la cesión al Consell de la gestión de las consignaciones, tasas, subastas y multas judiciales.

De Rosa presentó ayer el informe justificativo de creación de órganos judiciales para el año 2008, diez de ellos en la provincia de Valencia, ocho en Alicante y cuatro en Castellón, además de los tres nuevos magistrados que la Conselleria solicita para el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Para Alicante, solicita dos nuevos juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Orihuela, que registra «una tendencia alarmante a la entrada de expedientes», y otros dos en Villena y Dénia.

También exige la implantación de un juzgado de Instrucción en Torrevieja, de uno Contencioso-Administrativo en Alicante, donde también se pide un nuevo Registro Civil para atender el aumento de expedientes de extranjería, y otro Mercantil en Elche.

Cinco de los diez nuevos juzgados de Valencia irán a la capital: dos de lo Contencioso-Administrativo, uno de Violencia sobre la Mujer y dos de Primera Instancia, uno de ellos especializado en discapacidades.

A ellos se añaden uno de Primera Instancia e Instrucción en Paterna, Mislata y Torrent, y dos nuevos de Violencia sobre la Mujer en Gandía y Alzira.

En Castellón, se demanda la creación del primer juzgado de Violencia sobre la Mujer en Villareal, otro de Primera Instancia e Instrucción en Vinarós y otro de lo Social en Castellón, que deberá contar con un nuevo juzgado de Instrucción para «absorber» las cerca de 6.000 diligencias que va a generar el centro penitenciario de Albocásser.

Finalmente, el conseller pedirá al Ministerio la creación de tres nuevas plazas de magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, que se sumarán a las 18 existentes.

El importe correspondiente a la creación de estas plazas lo sufragará el Ministerio, mientras que la Generalitat invertirá cerca de 10,35 millones de euros, el 80% del coste total de la puesta en marcha de estos 25 órganos judiciales, que supera los 10,65 millones.

Además de solicitar los nuevos juzgados, De Rosa reclamará a Bermejo la cesión de la gestión de las consignaciones, tasas, subastas y multas judiciales, que en la actualidad ingresa el Ministerio de Economía.

Con estas cantidades, que abastecían un fondo para modernización destinado a las autonomías en partidas específicas que se ha retirado este año, se podría «poner al día la justicia valenciana», apunta el conseller.

De Rosa aprovechará su reunión con el ministro para recordarle que quedan pendientes de publicar cinco reales decretos para la creación de otros tantos juzgados de Violencia sobre la Mujer en Benidorm, Orihuela, Dénia, Paterna y Torrent previstos para este ejercicio, en que se contará con 17 nuevos juzgados.

Insistirá en la creación del partido judicial de Chiva (Valencia), un compromiso adquirido por el ministro anterior, y le trasladará la necesidad de crear los de Albocásser y Bétera y modificar los de Benidorm y Villareal.

Finalmente, solicitará la conversión de plazas de magistrado en Sueca y Villareal, la creación adscripciones de fiscalía en Requena, Líria, Villareal y Novelda y la territorialización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer.



Fuente: laverdad.es

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martes, agosto 28, 2007

Córdoba: Más de un millón de euros para adecentar los juzgados

Las paredes con humedades, los equipos informáticos de otra generación y las jornadas a 30 grados centígrados pasarán a la historia del anecdotario judicial en los próximos meses. Al menos, eso es lo que persigue la Consejería de Justicia, que ha comprometido más de un millón de euros para la remodelación de sus sedes de la provincia, con proyectos que van desde la impermeabilización del Palacio de la Justicia de la capital al arreglo del suelo de la Fiscalía. Las partidas se incluyen en el Plan de Actuación Rápida (PAR) puesto en marcha por la Administración autonómica en toda la comunidad con el fin de "mejorar" los inmuebles. El presupuesto total es de 8,4 millones de euros, de los que 1.052.095 euros se vendrán a Córdoba -el equivalente a un 13 por ciento del total.

La inversión se produce tras numerosas denuncias de los sindicatos y después de hacerse público un informe de la inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el estado de las sedes en la provincia. Aunque el estudio aprueba con un "aceptable" la situación de la Audiencia Provincial y del Palacio de Justicia, suspende la instalación de los órganos de Violencia sobre la Mujer, Menores o de lo Contencioso. Sin embargo, las sedes de los municipios son las que reciben las peores críticas por parte del Consejo. Así, Aguilar de la Frontera, Baena o Cabra mantienen un nivel "bajo" de conservación.

Para paliar esta situación, el Plan de Acción Rápida aprueba un total de 45 iniciativas para Córdoba, que se pondrán en marcha durante este año. Entre otros proyectos, se impermeabilizará el tejado del Palacio de Justicia (6.854 euros), se construirá un archivo en la Audiencia (3.102 euros), se dará una mano de pintura a la Fiscalía (3.614 euros) y se arreglarán los aseos de los inmuebles de la plaza de la Constitución (más de 85.000 euros). El Juzgado de Guardia también se someterá a una remodelación integral (21.000 euros).

El Plan de Actuación Rápida incluye un total de 45 proyectos para mejorar los inmuebles de la provincia, con partidas para arreglar los suelos, adaptar los aseos o pintar paredes.

Fuente: eldiadecordoba.es

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domingo, agosto 26, 2007

Reino Unido: Las autoridades encubren los "crímenes de honor" que cometen los musulmanes

Los tribunales británicos han condenado al padre y al tío de una muchacha kurda asesinada por ellos a cadena perpetua. El juicio ha recordado que los ‘crímenes de honor’, en los que mueren al menos doce mujeres todos los años en el país, son encubiertos no sólo por la comunidad musulmana sino, además, por las autoridades británicas.

En 2006, Banaz Mahmod, una chica kurda de 20 años que creía que vivía en el civilizado Londres, fue violada y golpeada durante dos horas y después estrangulada hasta la muerte. Sus asesinos fueron su propio padre, su tío y un matón contratado por éstos y el motivo por el que lo hicieron fue que la muchacha se había enamorado del hombre equivocado, en vez de del señalado por su familia musulmana: había abandonado al marido con el que la obligaron a casarse a los 17 años.

Los asesinos la mataron en la casa familiar y después metieron el cuerpo destrozado de la chica en una maleta y lo enterraron en un jardín, donde se encontró unos meses después.

La Policía encontró dificultades para identificar a la joven y descubrir a sus asesinos debido a la falta de colaboración de la comunidad kurda. Los kurdos suelen considerar estos ‘crímenes de honor’ asuntos particulares y hasta los aprueban. La pista definitiva fue una carta que Banaz Mamad escribió a la Policía en la que, aterrorizada, revelaba que se había planeado su muerte y daba una lista de los posibles asesinos.

Entonces, la Policía detuvo al matón y lo metió en la cárcel. Allí grabó una conversación con otro preso en la que describía el asesinato con satisfacción y hasta detalles morbosos como las sevicias sexuales que cometió sobre la chica.

A mediados de julio de este año, un tribunal condenó a los dos familiares de Banaz a cadena perpetua. Otros sospechosos pudieron huir a Irak. El padre, Mahmod Mahmod, de 54 años, solo podrá ser puesto en libertad después de cumplir 20 años de prisión y el tío, Ari, de 51, tendrá que esperar 23 años.

Según la Policía, en el Reino Unido mueren cada año más de doce mujeres asesinadas por incumplir normas tribales como los matrimonios pactados, el velo o el enclaustramiento en sus casas o por rebelarse ante ellas. Las mujeres y sus asesinos, casi todos familiares, suelen ser de origen kurdo, pakistaní, afgano, nigeriano y turco principalmente; todos tienen en común la religión musulmana. Aparte del asesinato, las víctimas pueden sufrir violaciones, secuestros, palizas, abortos, mutilaciones y desfiguraciones.

Los profesionales que tratan con estas víctimas denuncian que las autoridades británicas no investigan muchos de estos denominados ‘crímenes de honor’ para conseguir el supuesto mal menor de no deteriorar las relaciones con las comunidades musulmanas y así descubrir complots terroristas. En el Reino Unido hay 1,6 millones de musulmanes.

En 2007, por primera vez desde el reconocimiento de estos delitos de carácter musulmán, el sistema informático de Scotland Yard los registrará en una categoría especial, separada del resto de las violaciones y asesinatos, lo que ayudará a la Policía a identificar a las mujeres en peligro.

Sin embargo, el mayor motivo de la comisión de los ‘crímenes de honor’, la religión musulmana se mantendrá. Para numerosos imanes y jeques, matar a una mujer díscola es agradable a Alá, tanto en Europa como en Asia.



Fuente: Minuto Digital

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Alicante: Cada mes se resuelven 35.300 asuntos

Los tribunales de Alicante resuelven cada mes 35.300 asuntos, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La estadística revela que, en enero de 2007, los juzgados de la provincia tenían en trámite 117.774 casos, a los que se sumaron 94.212 a lo largo del primer trimestre del año. De éstos, los juzgados resolvieron 96.140, con lo que en marzo quedaron 115.258 asuntos pendientes.

En los últimos años, la rapidez en la resolución de los casos en los tribunales se ha convertido en un asunto de debate político. Todos los partidos han coincidido en que una justicia lenta no es justicia. Tanto el Partido Popular como el PSOE se han acusado mutuamente de no invertir lo suficiente para agilizar la administración de justicia.

De los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial se desprende que los tribunales de la provincia resolvieron entre enero y marzo el 45% de los asuntos acumulados en el primer trimestre del año.

Este porcentaje no alcanza el 50% logrado por los tribunales de Valencia, aunque se encuentra cinco puntos por encima del porcentaje de asuntos resueltos en la provincia de Castellón, que es del 40%.

Por juzgados, son los de instrucción los que mayor porcentaje de asuntos resolvieron en ese periodo, al alcanzar el 70%. También fueron los órganos judiciales que mayor número de asuntos ingresados afrontaron, un total de 43.177.

Detrás de los juzgados de instrucción se sitúa la Audiencia Provincial que, con 1.528 asuntos ingresados y 851 pendientes al inicio del periodo, resolvió el 61% de los asuntos. En cuanto a las secciones civiles de la Audiencia, dieron salida al 50% de los casos, con 738 en trámite al inicio del periodo judicial, que empieza en septiembre, y 1.164 procesos judiciales ingresados.

Por jurisdicciones, la penal resolvió el 54% de asuntos, con 68.088 en trámite al inicio del periodo y 74.340 asuntos ingresados. Por detrás, las salas de lo Social solucionaron el 44,5% de los casos, las de civil, el 26,4% y las de contencioso administrativo el 20%.

Por lo que respecta a los juzgados de menores de Alicante, estos dieron salida a 328 sentencias y 655 autos; los de violencia contra la mujer resolvieron 385 sentencias y 664 autos; los de instrucción, 2.890 sentencias y 29.482 autos; y los de primera instancia e instrucción dictaron 1.972 sentencias y 16.922 autos.

Aun así, jueces, fiscales y abogados reclaman más medios y nuevos juzgados para afrontar la creciente labor judicial en la provincia de Alicante.



Fuente: lasprovincias.es

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"Hay demandas que son mamarrachos"

Ricardo Miguel Angel Molina, titular del Juzgado de la VI Nominación en lo Civil y Comercial Común de Argentina, nos confirma en el entrevista concedida a LA GACETA que muchos de los problemas de la Justicia son comunes a todos lados. Para leer la entrevista, pincha aquí.

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Asturias: Propuesta para reforzar la vigilancia de los juzgados

Las lagunas de seguridad en las dependencias de los Juzgados asturianos han motivado que la Consejería de Justicia, a cargo de María José Ramos, haya propuesto al Ministerio de Interior la firma de un convenio para que la vigilancia pase a ser ejercida por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en segunda actividad o guardias civiles en la reserva. Hasta hace casi un lustro, era la Benemérita la que se encargaba de este servicio, que mermaba los efectivos destinados a otras tareas. Después, la vigilancia se traspasó a empresas privadas. En la comunidad de Madrid, la vigilancia corre a cargo de agentes que han dejado el servicio activo, a cambio de sueldos mayores de los que cobraban.

Esta propuesta es lo más destacado de la reunión que mantuvieron la consejera Ramos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, y el director general de Justicia, Manuel Cabaleiro. Se trata del primero de los contactos oficiales entre la consejera Ramos y la judicatura desde su toma de posesión.

Vidau es el que trasladó a la Consejera la necesidad de mejoras en la seguridad, pero Ramos le informó de que ya había remitido una carta al Secretario de Estado de Seguridad en ese sentido. En los Juzgados se han instalado arcos de detección, pero los vigilantes están provistos simplemente de una defensa (una porra), no de armas de fuego, lo que limita de su capacidad de reacción ante una amenaza. Con el concurso de guardias y policías se busca una mayor profesionalidad en la vigilancia. Otro de los factores que hacen urgente un refuerzo de la vigilancia es la reciente ruptura de la tregua de ETA. Esta organización ya ha atacado edificios judiciales en Asturias, como los Juzgados de Gijón, y planeaba hacerlo en los de Santander.

Según indicó la consejera Ramos, el acuerdo que propone con el Ministerio de Interior sería similar al firmado para la creación de la Unidad del Juego o de la Policía Adscrita. «Hace tiempo que somos conscientes de esta necesidad por eso ya nos pusimos en contacto con Interior para tratar de llegar a un acuerdo», manifestó Ramos. En principio, los agentes de la Unidad de Policía Adscrita -el embrión de la Policía Autonómica- no estarán destinados a la vigilancia de los edificios judiciales, pese a ser éstos ya de titularidad regional.

La propuesta de reforzar la vigilancia con agentes en la reserva o segunda actividad no sería mal acogida por los propios funcionarios, siempre que no se resienta la seguridad ciudadana, algo que no tendría por qué ocurrir al utilizarse a funcionarios ya alejados del servicio activo. Otra cuestión distinta, según Alberto García Llana, de la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC), es que las cantidades que se paguen sean atractivas para los agentes.

En el encuentro también se abordaron las necesidades en materia de dotaciones informáticas, así como todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. El presidente del TSJA destacó la «saturación» del Palacio de Justicia, y mostró su confianza en que «en un tiempo razonablemente corto» se solucione el problema.

Además, Ignacio Vidau también mostró su confianza en que el próximo 1 de enero se haga ya efectivo el traspaso a la Administración autonómica de los funcionarios de Justicia, una vez asumida la competencia sobre los medios materiales por parte del Principado. La Consejera indicó que entre los proyectos a llevar a cabo durante esta nueva legislatura se tendrá en cuenta la actualización informática, con el fin de alcanzar una mayor eficacia en el servicio que redunde en beneficio de los ciudadanos.



Fuente: lne.es

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Sevilla: La justicia inmediata supone un gasto de 7.000 euros al día

Es la justicia más próxima a los ciudadanos y, en la mayoría de los casos, el primer y único contacto que muchas personas tienen con un tribunal. Cada día se celebran en Sevilla una media de 30 juicios de faltas inmediatos, que representan un gasto para el Estado de más de 7.000 euros diarios, según el estudio que ha realizado Diario de Sevilla en función de los costes de la decena de personas que intervienen en la tramitación de uno de estos juicios rápidos.

Los juicios de faltas inmediatos, que tienen esta denominación porque se celebran cuando ni siquiera han transcurrido 15 días desde el hecho que motivó la denuncia, resuelven cuestiones aparentemente livianas como pequeños hurtos, insultos entre vecinos, incumplimientos del régimen de visitas de los hijos en una pareja separada, discusiones de tráfico y estafas de menor cuantía.

El coste del proceso de un juicio de faltas se inicia desde el mismo momento en el que un ciudadano presenta una denuncia, lo que implica la intervención de varios policías, que recogen en un acta las manifestaciones del perjudicado y las trasladan al juzgado de guardia. Es aquí donde interviene por primera vez el engranaje judicial, compuesto por el juez, el secretario, el fiscal y los funcionarios.

Tras examinar los hechos denunciados, el juez de guardia, a la vista de la entidad de los mismos, en este caso siempre de carácter leve y sin lesiones de importancia, califica la denuncia para su enjuiciamiento en un juicio de faltas.

La Policía Local interviene en esta fase para citar a las personas que deben asistir a la vista oral: denunciante y denunciado, y los testigos. Por último, en la celebración de cada juicio se emplea una media hora, a lo que hay que añadir el tiempo que el juez emplea en poner la sentencia y el trabajo del funcionario para notificarla.

Sumando la parte proporcional de los salarios de las personas que intervienen en el proceso y el importe de la guardia –unos 120 euros netos– que se paga al juez, al secretario, al fiscal, al forense y a los funcionarios por los 30 juicios que se celebran a diario, el coste global aproximado de cada juicio de faltas es de unos 240 euros. Esto representa más de 7.000 euros al día y 1,6 millones de euros al año sólo en Sevilla. Este coste no tiene en cuenta que el juicio se suspenda, como ocurre con frecuencia, lo que prácticamente duplicaría el coste, ni tampoco los gastos generales de mantenimiento de las instalaciones judiciales.

De los 30 juicios de faltas que se celebran durante una guardia, la mitad acaban en sentencias condenatorias y la otra mitad son absolutorias porque muchas veces no existen pruebas más allá de las dos versiones contradictorias que se exponen en el juicio, por lo que el fiscal pide la absolución. En los juicios de faltas no todo son gastos, porque muchos acaban con multas de 60 a 180 euros que, en el caso de que sean satisfechas, irán a parar a las arcas del Estado.



Fuente: diariodesevilla.es

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El 35% de los presos en cárceles españolas son extranjeros


El jefe de prensa del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo, Agustín Zurita, aseguró que «en la actualidad, alrededor del 35 % de los internos en cárceles españolas son de origen extranjero, cuando la población foránea es de un nueve por ciento». El periodista explicó en el seminario sobre inmigración y medios de comunicación de la Universidad de Cantabria la situación de la administración penitenciaria en España frente a la inmigración, y destacó el «gran aumento del número de asesinatos por violencia machista cometidos por extranjeros mientras que se mantiene la cifra de los cometidos a manos de españoles».

Zurita afirmó que «es un dato muy preocupante que nos obliga a replantearnos la situación y la incidencia de la presencia de inmigrantes en nuestra sociedad». Destacó que a la violencia machista que existe en la sociedad española se suman algunos aspectos culturales de los países de origen de los inmigrantes donde «no está tan mal visto» maltratar a la mujer. El ponente consideró que el clima de violencia doméstica en el que vivimos hace que el fenómeno empiece a ser realmente preocupante».

Zurita abordó la incidencia del fenómeno de la inmigración en los juzgados y tribunales de España, a partir de la llegada masiva de inmigrantes y del proceso de regularización que el gobierno actual puso en marcha en 2005, que produjo, entre otros efectos, una avalancha de asuntos en los tribunales».

Según el periodista, muchos de los inmigrantes, conocedores de sus derechos, han provocado que en este momento, los asuntos contencioso - administrativo en algunos juzgados españoles se hayan multiplicado por diez. «Hemos asistido a un incremento, en algunos lugares del país, del mil por cien de pleitos por lo contencioso debido en su mayoría a asuntos de extranjería», señaló.

Fuente: eldiariomontanes.es

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Málaga: 50 bufetes de abogados desembarcan el el distrito judicial de Teatinos

Los portales de las calles aledañas a la Ciudad de la Justicia se empiezan a llenar de placas con nombres de abogados. En pocos meses, toda la actividad judicial de la capital malagueña se concentrará en el macroedificio de Teatinos y eso ha animado a muchos profesionales, tanto abogados como procuradores, a hacer las maletas y cambiar el centro por la zona de expansión de Málaga. Según varias fuentes consultadas, alrededor de medio centenar de bufetes ya han optado por mudarse y tener su oficina cerca de los juzgados. Y el pronóstico es que esto acaba de empezar, es decir, que la concentración de letrados en un par de años será más que significativa.

Los bancos fueron los primeros en tomar posiciones en uno de los barrios preferidos por los malagueños para comprarse un piso. Los comercios y locales de ocio proliferan casi a diario en lo que se ha convertido una miniciudad dentro de la ciudad y ahora le ha tocado el turno a los abogados. Gregorio Martínez es uno de los que ha optado por mudarse y ha cambiado la zona de la Alameda de Colón por la calle Fiscal Luis Portero García. Hizo el traslado hace sólo unos días y su primer día de trabajo en el despacho, con vistas a la Ciudad de la Justicia, fue el lunes de Feria.

¿Por qué ha decidido trasladarse? La respuesta es sencilla. Está especializado en temas procesales de responsabilidad civil y el ir y venir a los juzgados es constante. Personalmente le viene bien porque su casa está muy cerca y lo ve un sitio “bien comunicado”, cerca de la ronda, para desplazarse mejor y asistir a los juicios de los pueblos. En su bufete trabaja también una procuradora, y ella sí que se pasa media vida en los pasillos de los tribunales.

Martínez fue bastante previsor y compró la vivienda de Teatinos hace ya cuatro años, cuando aún estaba en construcción. La ha ido preparando “poco a poco” y el viernes pasado hizo la mudanza. Hay quien se ha trasladado hace un par de meses e, incluso, más de uno que está instalado desde hace más de un año. A su juicio, los nuevos bufetes se instalarán progresivamente en la zona, por ejemplo, abogados que estén de alquiler y decidan comprar. Aunque ve “más complicado” el traslado de quien tenga un despacho en propiedad en el centro, sobre todo si no lo ha pensado con tiempo. Los precios ahora están por las nubes e invitan a ser cautos.

El cambio de los juzgados de primera instancia, ubicados ahora en Tomás Heredia, no está previsto hasta noviembre. Hasta ese momento, a Martínez le esperan algunas semanas “más difíciles”. El traslado de funcionarios y juzgados, ahora dispersos por varios puntos de la capital, empezará el próximo 4 de octubre y estará culminado a finales de enero. El calendario diseñado por la Consejería de Justicia ha sido comunicado a los órganos judiciales y a la Junta de Personal para prever los futuros señalamientos y citaciones. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo serán los primeros en ocupar las oficinas de la Ciudad de la Justicia y la mudanza será progresiva hasta concluir con los juzgados de Instrucción y las salas de la Audiencia, operativas ahora en el Palacio de Miramar.

El abogado Cristóbal Carnero, dedicado también a casos de responsabilidad civil, es otro de los que ha decidido cambiarse, aunque aún no ha dejado su despacho de la calle Barroso, cerca de Alameda de Colón. Él fue aún más previsor que su compañero. “El mismo día que se firmó el convenio entre la Junta y el Ayuntamiento para levantar la Ciudad de la Justicia en Teatinos me fui a mirar pisos”, relata. Compró sobre plano y pudo adaptarlo a sus necesidades.Tomó la decisión porque es “un abogado de todos los días” –en concreto, lo define como un abogado “pleitero”– y los accesos al macroedificio administrativo, el mayor de Andalucía, le dan “pánico”. “Estoy casi siempre en el juzgado y quiero ser dueño de mi tiempo”, explica. Pone un ejemplo muy gráfico: “Si tengo dos señalamientos, uno a las 10.00 y otro a las 12.00, en medio me dará tiempo a volver a mi despacho”. Carnero recuerda que cuando empezó a funcionar el Palacio de Miramar apenas había bufetes por la zona y ahora está lleno.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, confirma la tendencia “en alza” de apertura de despachos en Teatinos y opina que los nuevos sí que optarán por este barrio, sobre todo los abogados que acudan asiduamente a los juzgados.



Fuente: malagahoy.es

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La Rioja: El segundo Juzgado de lo Contencioso, para diciembre

Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo es posiblemente la instancia judicial con la que más probabilidades tiene de toparse en su vida un ciudadano medio. Si usted considera que no es justa la última multa de tráfico que le ha llegado al buzón, cree que el Ayuntamiento tiene la culpa del esguince que ha sufrido al meter el pie en un socavón de la acera o se siente perjudicado por el trato recibido en la Seguridad Social tiene el derecho de pleitear contra la Administración y plantear su caso ante este tipo de juzgados. Eso sí, ármese de paciencia, porque la mesa del juez está desbordada de asuntos como el suyo. Las estadísticas dicen que el tiempo medio de respuesta del único Juzgado de lo Contencioso que existe en La Rioja es de diez meses.

El dato proviene de un estudio elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ, que indica, además, que el número de asuntos ingresados en el Juzgado de lo Contencioso riojano evoluciona espectacularmente al alza durante los últimos tiempos, al pasar de 391 en el año 2003 a 828 contabilizados en el 2006. Es decir: la cifra de pleitos contra la Administración se ha duplicado con creces de tres años a esta parte.

Las causas, como explica Coloma García, abogada especialista en Derecho Administrativo, hay que buscarlas, por un lado, «en que la gente cada vez tiene menos miedo a ir a los tribunales para defender sus derechos», pero también en «una serie de modificaciones legales» que han hecho que los Juzgados de lo Contencioso sean ahora competentes en más materias que hace unos años.

El propio presidente del TSJ de La Rioja, Ignacio Espinosa, es consciente del atasco y espera como agua de mayo la inauguración de un segundo Juzgado de lo Contencioso en La Rioja, cosa que se producirá, según anuncia, «durante los últimos días del próximo diciembre».


Fuente: larioja.com

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Cartagena: La subida de los tipos de interés dispara las órdenes de embargo

La palabra embargo se asocia como ingrato recuerdo a la época de la crisis industrial de los años noventa en Cartagena. Pero, a pesar de que el municipio ha disfrutado en los últimos años de un notable crecimiento económico, en el primer semestre de este año se ha disparado el número de vecinos que han visto amenazados sus bienes por no haber pagado a tiempo una letra de la hipoteca de su piso, una factura de teléfono móvil o un recibo de la luz.

Fuentes judiciales han llamado la atención sobre el creciente número de asuntos relacionados con la incapacidad de particulares y pequeñas y medianas empresas para abonar de forma puntual sus deudas. Así, en los seis primeros meses de 2007, los cinco juzgados de primera instancia de Cartagena han abierto casi más procedimientos de cobro forzoso por impago que en cada uno de los dos últimos años.

De los 3.241 expedientes de todo tipo iniciados o reabiertos este año por esos cinco tribunales (en 2005 fueron 3.470), un número comparativamente mayor al de otros años guarda relación con los listados de morosos de entidades bancarias y otras compañías.

Las fuentes judiciales y financieras consultadas coinciden en que la subida de los tipos de interés es el principal factor que explica el aumento de quienes «se quedan en rojo» en la zona de Cartagena. «El nivel de endeudamiento es cada vez mayor para muchas familias, que se encuentran con problemas para llegar a final de mes y, en algunas ocasiones, les resulta imposible pagar sus letras o recibos. La gente se ha metido en préstamos fuertes y, como el Euríbor (el índice de referencia de las hipotecas) no ha dejado de subir este año, lo notan mucho en su economía», explican las citadas fuentes.

Entre los morosos a los que los juzgados advierten de que pesa sobre ellos una orden de embargo destacan parejas jóvenes e inmigrantes que en los últimos años han firmado hipotecas por la compra de su primera vivienda en España. En este último caso, son personas que, con sus primeros ahorros en el país y un préstamo, optaron por dejar sus pisos en alquiler y adquirir un inmueble propio.

Aunque los impagos relacionados con las casas son la parte más visible de este problema económico, a los juzgados están llegando más pleitos por la falta de pago en el ámbito empresarial. Pagarés y letras de cambio, medios de pago habituales en ciertos negocios, son cada vez más un disgusto para quien debe pagar... y para quien debe cobrar, claro.



Fuente: laverdad.es

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Córdoba: Los juzgados de lo Penal son los más saturados

Los expedientes se amontonan sobre las mesas de los funcionarios y las sentencias se acumulan en los armarios a la espera de ser ejecutadas. Los cuatro juzgados de lo Penal de Córdoba son los que más carga de trabajo soportan en Andalucía en su materia, hasta el punto de que en el último semestre los jueces sobrepasaron en un 49 por ciento la ratio de trabajo estimada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aseguraron fuentes judiciales. Entre enero y junio, el Juzgado de lo Penal número 1, por ejemplo, dictó 284 sentencias, y hasta el viernes había puesto 323.

Hasta el año pasado, los órganos penales cordobeses ocupaban el segundo lugar en la Comunidad andaluza en carga de trabajo, después de Almería. La creación de un nuevo órgano en esta última ciudad, sin embargo, ha hecho que Córdoba se ponga en cabeza y lidere el ranking de los tribunales más saturados. Tal es la situación que hay magistrados que están señalando vistas orales para abril del próximo año, cuando lo normal sería que se celebraran en un par de meses como muy tarde.

Según la ratio que el CGPJ tiene establecida de casos por magistrado, Córdoba tendría derecho a dos nuevos penales. Los sindicatos de funcionarios y la Junta de Jueces, de hecho, solicitaron al Consejo la creación del quinto órgano penal, aunque la petición cayó en saco roto y todavía no está en la agenda de prioridades.

Mientras tanto, las sentencias se acumulan en los archivos a la espera de ser ejecutadas. Fuentes judiciales aseguraron que, en el último año, algunos órganos han aumentado en un 20 por ciento el número de resoluciones. Y la tendencia es que la estadística siga al alza por el creciente número de casos de violencia de género.

Algunos juzgados han llegado a cronometrar el tiempo invertido en tramitar estas resoluciones: "Un funcionario experimentado tarda más de una hora en incoar cada sentencia de violencia doméstica, porque el papeleo es enorme", explicaron fuentes judiciales. Entre otras gestiones, para que una orden de protección surta efecto, la identidad de la víctima y del agresor deben constar en los archivos policiales y, además, los funcionarios tienen que ponerse en contacto con la Guardia Civil para que sea efectiva la retirada de armas del maltratador.


Fuente: eldiadecordoba.es

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Cantabria: Reclamados al Gobierno los términos de las transferencias de Justicia

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado varias iniciativas en las que se interesa por diversas decisiones adoptadas por el Gobierno regional. De esta forma, la diputada Isabel Urrutia ha reclamado el expediente completo del acuerdo del Gobierno regional con el Ministerio de Justicia sobre la transferencia de estas competencias.
Urrutia insistió en que el objetivo de su partido es apoyar al Gobierno para que la Justicia en Cantabria sea de calidad y tenga las mejores infraestructuras posibles, pero advirtió que para ello es necesario conocer las condiciones de las transferencias, de las que tres meses después de su firma sólo tienen datos a través de la prensa y la alusión que hizo el presidente regional en el discurso de investidura.
El PP quiere conocer no sólo los criterios económicos del traspaso si no los detalles de los cinco millones de euros que se van a destinar a infraestructuras, y que, a juicio de los populares, es insuficiente teniendo en cuenta que sólo la rehabilitación del antiguo edificio de Tabacalera ha sido valorado en seis millones de euros.
La diputada apuntó que su grupo hubiera deseado que esta información hubiera llegado de oficio al Parlamento, remitida por el Gobierno.


Fuente: eldiariomontanes.es

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"La Justicia en Canarias es lenta y desmotiva a sus profesionales"

El abogado y juez en excedencia Juan Manuel Fernández del Torco es entrevistado en EL DIA, repasando la situación de la justicia en Canarias. Para leer la entrevista, pincha aquí.

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sábado, agosto 25, 2007

Argentina: Contundente paro de los judiciales

Más de 30.000 trabajadores de los Poderes Judiciales de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires protagonizaron el pasado dia 17 un Paro Nacional, actos y movilizaciones en cumplimiento de lo resuelto por el Plenario de la Federación Judicial Argentina, aprobado por todas sus filiales. El paro de los trabajadores judiciales ha sido uno de los más contundentes de los realizados hasta el presente por la FJA y superó en muchos casos las expectativas previas.

La jornada culminó con un multitudinario acto frente al Ministerio de Justicia de la Nación con delegaciones de todo el país para reclamar la democratización de la relación laboral en los Poderes Judiciales mediante una ley que garantice la elaboración en paritarias del Convenio Colectivo de Trabajo del sector, que incluya la distribución equitativa del ingreso, cumpla el principio constitucional de "igual tarea, igual remuneración", restituya la porcentualidad salarial con enganche nacional y la plena vigencia del 82% móvil para los jubilados.

En tal sentido, una delegación de la FJA entregó una nota al ministro de Justicia Alberto Iribarne quien, pese a los reiterados pedidos de audiencia, se ha negado a tratar con el gremio los temas señalados.

Entre consignas a favor de la democratización de la Justicia, el sonar de bombos y cohetazos que paralizaron el microcentro porteño, hablaron frente al Ministerio delegaciones de cada provincia, en lo que representó la primer gran movilización de la FJA este año ante el Ministerio de Justicia.

Un fuerte respaldo público dieron los manifestantes a los judiciales de La Rioja porque las autoridades se niegan a cumplir con una ley que incorpora aumentos salariales con porcentualidad por lo que llevan tres meses de paros y movilizaciones, y a los Misioneros también en plena lucha porque el 80% de sus salarios se les sigue pagando en negro.

Jorge Izquierdo -titular de la FJA- cerró el acto anunciando que si no se accedía a las justas demandas de los judiciales, una y otra vez se reiterarían las movilizaciones y paros. La que protagonizaron hoy los compañeros de todo el país -sostuvo- ha sido "de una contundencia notable y reafirma una vez más que la restitución del régimen de porcentualidad con enganche nacional es una bandera convocante y muy sentida por los trabajadores judiciales. Estamos exigiendo -agregó- que se terminen los judiciales de primera y de segunda, y que tengamos la unificación de salarios en todo el país por igual tarea. Este gran paro -advirtió- es un llamado de atención al gobierno nacional, para que, desde el Ministerio de Justicia, se asuma la unificación conceptual de todos los Poderes Judiciales de las República, una República -añadió- que no puede ser un archipiélago salarial, con provincias que hacen lo que pueden sin recursos presupuestarios, mientras millones de dólares se acumulan en las arcas del Banco Central".



Fuente: Rebanadas de realidad

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viernes, agosto 24, 2007

19 hombres murieron a manos de sus parejas en 2006


La violencia doméstica se pone faldas y ha dejado de ser privativa de los hombres. Pese a la escasa repercusión mediática, diecinueve hombres murieron el año pasado a manos de sus parejas. Aunque la cifra de mujeres fallecidas refleja el triple de víctimas, no se puede olvidar que ellos también sufren la violencia doméstica.

Además, callan por vergüenza y no se atreven a denunciar porque se ríen de sus casos en las comisarías. "Al principio, cuando empezamos, me gritaba. Desde entonces, ya se le veía venir, pero uno siempre tiene la esperanza de que se va a adaptar, de que puede cambiar... Luego, te das cuenta de que no es así. Empezó a pegarme y a tirar todo lo que encontraba. Había momentos en los que se transformaba y se ponía hecha una furia. Intenté arreglarlo yendo a un psicólogo con ella, pero sólo acudimos dos veces porque vio que las conversaciones se querían reconducir hacia su agresividad. Y también creí que me merecía todo lo que me hiciera. Sin embargo, hubo una vez en que comprobé que realmente tenía problemas psicológicos y yo no tenía la culpa de que reaccionara de aquella manera". Es el testimonio de Ezequiel Aparici, uno de los 100.000 hombres que sufren maltratos físicos por parte de sus mujeres, según datos facilitados por Lorenzo Rodríguez, profesor de Historia y director de la revista oficial de Castilla y León en Málaga. Y ello sin contar los casos de maltratos psicológicos que, según Rodríguez, padecen seis de cada diez hombres en nuestro país.

Tras varios siglos de sistema patriarcal en nuestro país, se intenta restablecer el equilibrio entre lo femenino y lo masculino a través de iniciativas para acabar con la discriminación que ha padecido la mujer en la sociedad. La Ley Integral contra la Violencia de Género es un ejemplo. Sin embargo cabe preguntarse si esta legislación, "que opta por un derecho desigual para la igualdad", como defiende el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, alcanzará su objetivo, ya que se dirige únicamente, y de forma explícita, a la protección de las mujeres.

Las opiniones en este respecto están enfrentadas. Inmaculada Montalbán Huertas, portavoz de Jueces para la Democracia, se muestra convencida de que "la discriminación positiva de esta nueva norma además de estar respaldad por la Constitución, viene a resolver una situación de hecho". En este sentido, se expresa también Cruz Sánchez de Lara, directora de la asesoría jurídica de la Federación de Mujeres Progresistas, que añade que "es necesario sujetarse a las decisiones de la Unión Europea, que aconsejan legislar en este sentido para acabar con el escándalo del maltrato que sufren las mujeres". También se muestra a favor de la nueva ley Antonio García, presidente de Ahige (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género), que acepta "el machismo como agravante del mismo modo que lo es la xenofobia".

Sin embargo aunque no se discute la necesidad de erradicar la violencia contra la mujer, si hay que referirse a situaciones de hecho, existen cifras ineludibles: en 2005, 13 hombres murieron a manos de sus parejas; en 2006 fueron 19, y hasta mayo de este año, se suman cinco, según datos del Ministerio del Interior. Como se pregunta Juan Luis Rubio, presidente de la Confederación de Padres de Familia Separados y Divorciados, "¿quién pierde si las medidas de la ley integral hubieran favorecido también a los hombres maltratados, por pocos que sean?", y asegura que "esta ley va en contra del artículo 14 de nuestra Constitución, que dice expresamente que "los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión [...]". El mismo Consejo General del Poder Judicial mostraba sus dudas con respecto a la constitucionalidad del texto del proyecto de ley. Sin embargo, este organismo se siente satisfecho con la reforma del artículo 29 de esta Ley.

Aunque la norma introduce un punto en este artículo en el que se protege a las personas especialmente vulnerables, no queda claro a quienes se refiere. Como subraya Cruz Sánchez "personas especialmente vulnerables no es un término jurídico, pues son todas las víctimas de malos tratos". Además el propio Caldera aseguró ante el pleno del Congreso que "la ley hace caso omiso de la violencia que sufren los varones".

Así pues, los hombres que sufren agresiones siguen protegidos por el artículo 173.2 del Código Penal sobre la violencia doméstica, que se consideró insuficiente para los casos de las mujeres maltratadas, y en el que toda agresión física se considera un delito. Desgraciadamente, "estos hombres, que aparentemente siguen protegidos por el Código Penal, a efectos prácticos sufren la discriminación positiva de la nueva norma", como indica Cristina Garrido López, abogada del despacho CMR Abogados. "Aunque son pocos los casos, añade, "son muy problemáticos porque carecen de credibilidad, se ríen de ellos en las comisarías, no tienen casas de acogida y, en muchas ocasiones, se trata de maltrato psicológico, imposible de demostrar".

Además es común que las mujeres presenten contradenuncias en las que acusan falsamente a sus parejas de maltrato, amenazas o agresiones. De este modo, ellos quedan inmediatamente a disposición judicial, reciben una orden de alejamiento y pierden la custodia de sus hijos. "Mi hijo vive con la mujer que me ha maltratado y lo maltrata también a él", lamenta Ezequiel Aparici. El abogado Francisco Fernández Goberna reitera esta tesis y añade que "la nueva ley atenta contra uno los principios generales del Derecho, ya que los acusados tienen que demostrar su inocencia, cuando debería ser al contrario: los hombres somos presuntamente culpables".

El testimonio de Héctor Lozano es igual de elocuente: "Un día en la comida, discutimos porque ella quería venir a un partido de tenis, a pesar de que nunca le había interesado el deporte. De pronto, se volvió loca y me clavó el tenedor en el pecho. No era la primera vez que me agredía, llevaba un año torturándome, pero aquello fue lo que me hizo reaccionar. Interpuse una denuncia por malos tratos y ella se fue de casa con mi hijo ocho días antes del juicio, que tardó ocho meses en celebrarse. Tuve que esperar 20 días para poder verlo. Hasta el juez la declaró culpable y la condenó, a una multa de 150 euros. Los actos se produjeron delante de el niño, que obviamente se puso a llorar, pero lo peor no es eso, lo peor es que también lo pega a él. Aunque hasta el último año no me había puesto una mano encima, antes me insultaba y me era infiel constantemente. Yo era el que cuidaba al niño, ella nunca se levantó por la noche para cambiarlo ni darle el biberón, jamás lo dio de comer, ni se preocupó por él. También era yo el que se ocupaba de la casa. Cuando volvía del trabajo me obligaba hacer la limpieza, pero ella estaba todo el día en el piso sin hacer nada".

Ángel Arriaga, por su parte, tercia en la discusión para referirse a su caso, igualmente estremecedor: "Mientras estuvimos juntos, solía gritar, y, de vez en cuando, me levantaba la mano. También me insultó en alguna ocasión, supongo que es lo que aprendió en casa porque se lo he visto hacer a su madre. Decidí separarme por nuestra hija, para que no creciera en un ambiente de hostilidad. Me engañaba para que no pudiera ver a la niña el día que me tocaba entre semana, que, al final, sólo eran cuatro horas, desde que salía del colegio hasta las ocho. Le puse una denuncia por no respetar el régimen de visitas y ese mismo día ella me puso otra por maltrato psicológico. Me encerraron y estuve cuatro horas en un calabozo como si fuera un delincuente. Los hombres no somos nada y, con esta nueva ley contra la violencia de género, menos. No digo que las mujeres maltratadas no merezcan que se acabe con su situación, pero que sólo denuncien las que realmente sufren agresiones físicas o psíquicas. Es normal que los jueces tengan miedo de no hacer caso a una denuncia de una mujer porque luego ocurre que el hombre va y las mata".

Por otro lado, en caso de que la sentencia se pronuncie a favor del varón, se dictan penas tan inverosímiles como una sanciones de 150 euros por agresión. Exactamente la misma cantidad que si conduce sin haber obtenido el carné. Cuatro veces menor a la impuesta por la posesión de medio gramo de hachís.

Según el forense Miguel Lorente, autor de 'Mi marido me pega lo normal' (Planeta), entre otras oras, "la mayoría de los casos en que se produce maltrato por parte de la mujer se debe a una reacción ante una situación previa de violencia impuesta por el hombre, ya sea física o psicológica. Sin excusar por ello a las atacantes".

Aunque reconoce que "existen casos en los que el hombre es víctima absoluta", Lorente añade que, "aunque el origen de estos maltratos es diferente cuando se trata de hombres la violencia no es por una cuestión de género, los resultados son los mismos". En contra de lo que se pueda pensar, estas situaciones no son tan escasas: en 2005 se registraron 6422 denuncias de hombres maltratados en sólo seis meses: en 2006, fueron 8.861.

Además en lo que se refiere a las acusaciones interpuestas por mujeres contra sus parejas, María Sanahuja, jueza decana de los tribunales de Barcelona, sospecha que gran parte de éstas no se refieren a casos reales y los fiscales de Madrid advirtieron que ellos también habían detectado falsas denuncias.

Además, de las 7869 órdenes de protección solicitadas por mujeres este año en España, los jueces han rechazado el 25% por sospechar de su falsedad. Estos datos, que constatan testimonios reales, reducen la distancia entre hombres y mujeres maltratados. Si a esto se le suma que "los varones son más reacios a denunciar por vergüenza, porque piensan que se puede cuestionar su hombría", como apunta Juan Luis Rubio, ni ellas son tantas, ni ellos tan pocos.



Fuente: Alerta Digital

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domingo, agosto 19, 2007

Andalucía: Los funcionarios de los juzgados de violencia de género cobrarán un complemento

La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, anunció que a partir de 2008 los funcionarios destinados a los juzgados especializados en violencia de género cobrarán un complemento salarial, correspondiente a un fondo adicional de productividad que se ha acordado con los sindicatos el pasado mes de julio, por la sobrecarga de trabajo que en la actualidad soportan estas unidades judiciales.

En una entrevista, la consejera mostró su intención de que este incentivo acordado recientemente, en la mesa convocada el pasado mes, es que ese fondo se convierta a partir de 2008 "en un incentivo más y en un complemento de su salario". Así, explicó que "ahora le hemos denominado fondo adicional de productividad para poder compensar su trabajo, pero en el próximo año queremos que sea un complemento para esas personas que trabajan en estos juzgados".

De esta forma, López reconoció que en estos órganos "se trabaja con mucha intensidad", recalcando que este volumen de trabajo no sólo afecta a jueces y fiscales, sino "también a los funcionarios", a lo que añadió que en la Consejería son "conscientes de que hay una carga de trabajo muy superior y que ha ido creciendo".

Esta era una de las quejas de los diferentes sindicatos con representación entre los funcionarios de Justicia, que aseguraban que en los juzgados contra la Violencia de Género el personal se veía obligado a realizar horas extras que no eran retribuidas. Por este motivo, López dijo que en julio se alcanzó un acuerdo para "la creación de un fondo adicional de productividad", siendo "un compromiso por parte de la Consejería", convertirlo en 2008 "en un complemento salarial".

En cuanto al anuncio hecho por la consejera referente a que las mujeres víctimas de malos tratos tendrían derecho a elegir su abogado de turno de oficio y a consultar una segunda opinión letrada, López señaló que espera que "en otoño comience el funcionamiento desde los colegios de abogados andaluces", ya que indicó que "son ellos quienes tienen la obligación legal de la prestación del turno".

Así, la titular de Justicia en Andalucía recalcó que para ella "es un tema imprescindible e importante", con el que se han llevado "dos años de negociación los colegios de abogados", puesto que insistió en que "las mujeres se tienen que sentir seguras desde el primer momento que toman la decisión de denunciar hasta el último".

En este sentido, señaló que la especialización es "una de esas claves para la lograr la sensación de seguridad y, por tanto, la confianza en su defensa es imprescindible". Para la consejera las mujeres que tienen que acudir al turno de oficio porque sus recursos son insuficientes "tienen que tener la opción de elegir la defensa en la que ellas se sientan confortables, cómodas y seguras".

También incidió en la posibilidad de poder consultar una segunda opinión, como "una cuestión primordial", que permitirá a las mujeres que interpongan una denuncia por malos tratos acudir a un segundo letrado "en caso de que estén disconformes".

Por otro lado, López hizo referencia al aumento del número de este tipo de juzgados y "al compromiso" de que todas las provincias de Andalucía tendrían "cuanto menos un juzgado contra la violencia de género". En esta línea, aseguró que se "ha cumplido" en 2007 con este objetivo, recordando que incluso hay provincias que cuentan con juzgados especializados tanto en la capital como en algunos partidos judiciales --como es el caso de Málaga, que cuenta con tres y uno en Fuengirola y otro en Marbella--.

De esta forma, la consejera concluyó que "antes de que concluya la legislatura vamos a tener uno por provincia", ya que aseguró que a los ya existentes en Málaga, Sevilla, Granada, Almería, Córdoba y los de las localidades gaditanas de Algeciras y Jerez de la Frontera se unirán "uno en Huelva, en Jaén y otro para Cádiz capital".



Fuente: Granada Digital

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jueves, agosto 16, 2007

Fernández Bermejo, pregonero de las fiestas de su pueblo


Sabido es que el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, es nacido en Arenas de San Pedro, precioso pueblo abulense de la ladera norte de Gredos, enclavada en el valle de Corneja. Pues bien, resulta que el próximo día 24, Fernández Bermejo leerá desde el balcón de la casa consistorial de su villa natal el pregón de las Fiestas del Veraneante, gesto que –según ciertos rumores– tal vez le valga la nominación de hijo predilecto de la villa.

En cualquier caso, el ministro no lo tendrá fácil. Muy bueno tendría que ser el pregón, mucho debería esmerarse el también fiscal ante sus paisanos con las palabras, la ironía, la intención, los golpes verbales, para merecer tal distinción, porque una mayoría de los vecinos está francamente mosqueada con los alardes rojelios de Mariano Fernández Bermejo. Y es que, en Arenas de San Pedro, la lista más votada el pasado 27–M fue la del PP, con 6 concejales; no obstante PSOE e Izquierda Unida le arrebataron la alcaldía al obtener 7 ediles entre ambos grupos.

El caso es que Fernández Bermejo se comprometió a volver a su pueblo si los suyos lograban hacerse con el bastón de mando y por ahí van los tiros, que una alcaldía menos en manos de los populares bien vale uno o varios pregones, los que hagan falta. Porque Mariano Fernández Bermejo representa mejor que ningún otro titular de una cartera la dosis de radicalidad en el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese es el perfil del ministro que ya las tuvo tiesas con el Gobierno de José María Aznar.

El hecho es que sus paisanos peperos están que trinan, mientras que en la acera de en frente, la socialista, no se detecta ninguna polémica. Al contrario, lo que se percibe es un visible entusiasmo por la próxima visita del ínclito ministro de Justicia. Sobre todo entre aquellos que refrescan detalles de sus agrios choques verbales o cuando define a sus adversarios de toda la vida: en el franquismo, los padres, y en la democracia, los hijos.

En ese contexto irrumpirá el próximo día 24 de agosto la voz peleona, bronca, sectaria, excesiva de Mariano Fernández Bermejo por encima de otras más acomodaticias. La voz de un fiscal llamada siempre a poner de los nervios. Sal y pimienta de la política.



Fuente: El Semanal Digital

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Málaga: Denuncian carencias graves en la Ciudad de la Justicia

Málaga. Los funcionarios de la administración de justicia denuncian "carencias muy graves" en la Ciudad de la Justicia, el mayor edificio de uso administrativo de Andalucía que empezará a funcionar en enero de 2008. El personal ha remitido a la Junta de Andalucía un escrito donde constatan las deficiencias de la nueve sede judicial, especialmente en materias de aparcamientos, equipamientos y espacio en algunos órganos judiciales.

La falta de aparcamiento es la principal preocupación del colectivo. En su escrito señalan que las 160 plazas previstas en el interior son "totalmente insuficientes" para la afluencia de cinco mil personas diarias. Pese a que el Gobierno andaluz garantizó unas setecientas plazas fuera del recinto, los funcionarios critican que aún no se les ha informado sobre este asunto. Por ello, piden una regulación de todos las plazas existentes en el perímetro del edificio, para que se señalice como servicio oficial y evitar, así, situaciones de colapsos en los accesos.

El personal también reseña en su escrito la carencia de mobiliario destinado a estanterías para el archivo o la gestión de los asuntos en trámite, así como la falta de espacio en los juzgados de guardia, ya que no mantienen las zonas de descanso y su salones son reducidos para atender al público. Los trabajadores también apuntan la poca luminosidad de los puestos de trabajo de los funcionarios, y la falta de espacio en algunas zonas destinadas a las secretarías y oficinas judiciales.


Fuente: La Opinión de Málaga.com

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miércoles, agosto 15, 2007

Ohio: Una juez prohíbe a su jurado ver series como "CSI"


La juez Patricia Oney ha prohibido a todos los miembros que formen parte de un jurado en el condado de Butler, Ohio, ver series de televisión como «CSI» o «Ley y Orden», dos de los productos en antena de mayor éxito.

Según la letrada, dichos contenidos de ficción crean falsas expectativas sobre lo que los miembros de un jurado pueden hacer, o no, con las pruebas durante un juicio.

Además, gran parte de las tramas de estas series están inspiradas en casos reales o similares a los que inundan en la actualidad los miles de juzgados estadounidenses, por lo que, en cierta forma, las personas que ejercen de jurado podrían dejarse influenciar fácilmente por lo que ven en televisión, con independencia que forme parte de la más absurda ficción.

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Sevilla: Anuncian una ofensiva por la Ciudad de la Justicia en otoño

El Colegio de Abogados de Sevilla y la representación del Consejo General del Poder Judicial en Andalucía Occidental reclamarán «seriamente» a las administraciones implicadas a partir de septiembre, con el nuevo curso político, la necesidad de agilizar el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia.

Así lo anunciaron el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, y el representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, Antonio Reinoso, tras recibir el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, a una comisión de distintas instituciones que le planteó que se rotule una calle con el nombre del notario Ángel Olavarría.

Preguntado por ese proyecto de la Junta, para lo que aún no se ha resuelto la cesión de los terrenos de Los Gordales -junto al campo de la Feria- por parte del Estado, Gallardo afirmó que a partir de septiembre hablarán «muy seriamente de la Ciudad de la Justicia y de la situación de la justicia con todas las administraciones implicadas».

Para ello, también reclamarán «el apoyo, el auxilio y la complicidad activa del Ayuntamiento, y seguro que lo vamos a conseguir», precisó el decano. Gallardo reiteró que es necesario agilizar este proyecto, pues «hay que hacer muchas cosas en materia de justicia» en la ciudad.

Por su parte, como representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, Antonio Reinoso subrayó que las administraciones deberían «hacer todo lo posible por acelerar» ese proyecto de la Ciudad de la Justicia, tanto el Gobierno central como la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla, pues «es un problema muy importante y los juzgados y tribunales no pueden estar dispersos en distintas sedes».

Así, defendió que «tiene que buscarse una ubicación única y definitiva, al menos para la práctica totalidad» de los juzgados y sedes judiciales sevillanas, «con alguna excepción como las salas del TSJA, que quedasen en un edificio más emblemático de la ciudad». «Pero el resto tiene que estar todo en una dependencia que haga factible y accesible a todos los ciudadanos la Justicia, de una manera cómoda y sin los gravísimos problemas que ahora representa», recalcó Reinoso.



Fuente: ABC.es

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Castellón: Las órdenes de protección aumentan un 16%

Los juzgados de la provincia de Castellón que tramitan casos de violencia de género recibieron un total de 144 solicitudes de órdenes de protección durante el primer semestre de este año, lo que supone un incremento del 16% respecto al mismo período de 2006, cuando se cursaron 124 peticiones.

Del total de las solicitudes, 131- esto es el 90%-, fueron concedidas- en el primer semestre de 2006 el porcentaje fue del 91%-, mientras que el 9% restante, denegadas, cifra muy similar a la registrada el ejercicio anterior, que se situó en el 8%.

Pese a que la orden es un instrumento para proteger a la víctima de su presunto agresor, la realidad ha demostrado que, en ocasiones no ha evitado la agresión, que, incluso ha acabado con la vida de la mujer. Al menos así ocurrió el pasado mes de marzo cuando una joven rumana, residente en Burriana, murió asesinada, supuestamente, acuchillada por su ex pareja, de la que tenía una orden de alejamiento.

La solicitud de una orden de protección, y una vez que es concedida por un juez, deriva en la adopción de medidas cautelares, que pueden ser penales y civiles. La estadística comparativa de los dos primeros semestres revela que este año han descendido las medidas de carácter penal al pasar de un 62,28% al 58,78%, mientras que en las mixtas se produjo la tendencia contraria, esto es, han pasado del 37,7% al 41,22%.

Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, en la que se reflejan los datos provisionales de los Tribunales Superiores de Justicia, durante el primer trimestre de este año , los juzgados de las tres provincias de la Comunitad dictaron 1.001 órdenes de protección, para víctimas en su mayoría-630-, mujeres españolas mayores de edad, mientras que en otros 360 casos eran extranjera, aunque también hubo menores-ocho en el caso de las jóvenes nacionales y, 3 las extranjeras-.

En lo referente a los denunciados, la proporción es bastante similar dado que 610 fueron hombres españoles y 380, extranjeros. En relación con las medidas impuestas, la misma estadística señala que los órganos judiciales adoptaron un total de 2.211 medidas penales, de las que 971 fueron órdenes de alejamiento mientras que otras 822 fueron prohibición de comunicarse y, ya a una distancia lejana, prohibición de volver al lugar del delito.

En cuanto a las medidas civiles que dictaron los jueces, se acordaron 501 en los juzgados de las tres provincias y las más numerosas hacían referencia a la prestación de alimentos, según la misma estadística elaborada por el órgano de gobierno de los jueces.

Fuente: levante-emv.com

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Nigeria: 18 personas serán juzgadas por homosexualidad

Un juez de la Sharia del estado nororiental nigeriano de Bauchi, Malam Tanimu, ordenó la prisión preventiva de 18 sospechosos nigerianos de homosexualidad. Los hombres serán condenados a muerte por lapidación si los tribunales de la Sharia les declaran culpables.

Los hombres proceden, según se informa, de un estado vecino. Vestidos como mujeres, llegaron a Bauchi para celebrar una boda gay. El fiscal del estado, Tadius Boboi, declaró que los hombres actuaron contra la Sharia, un código legal de inspiración islámica vigente en Bauchi y otros estados musulmanes del norte de Nigeria.

Desde la introducción de la Sharia en Nigeria hace siete años, una docena de personas han sido sentenciadas a muerte por lapidación por cometer adulterio o sodomía. No obstante, nadie ha sido ejecutado. Pero a dos ladrones en el estado noroccidental de Zamfara, el estado de origen de la Sharia nigeriana, se les amputó las manos.

Un ciudadano nigeriano fue condenado por un tribunal de la Sharia en Kano a seis meses de prisión después de ser declarado culpable de imitar el modo de vida de las mujeres durante años. Una mujer acusada de intentar organizar una boda lesbiana huyó del país.


Fuente: Afrol News

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lunes, agosto 13, 2007

Cantabria se prepara para recibir las transferencias de Justicia

El Gobierno de Cantabria se está preparando para asumir del Estado, a partir del 1 de enero de 2008, las transferencias en materia de Justicia, las últimas de gran calado que quedan dentro del techo competencial de la comunidad autónoma.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio el traspaso de competencias en los términos acordados entre las dos administraciones. El proceso incluye 668 puestos de trabajo y 18 inmuebles, con un coste total de 26,4 millones de euros, a los que hay que añadir otros cinco millones en inversiones que se entregarán en los próximos cuatro años.

Según informó el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, desde la firma del acuerdo con el Ministerio de Justicia, el Gobierno cántabro está acelerando las actividades de preparación para la asunción de las competencias.

Así, miembros del Ejecutivo regional y de la Gerencia Territorial del ministerio «están manteniendo sucesivas reuniones con el fin de ultimar los procedimientos administrativos necesarios para asumir las competencias con normalidad y eficacia, sin que se produzca ninguna anomalía».

Entre otras cuestiones, la Consejería de Presidencia y Justicia trabaja actualmente en adecuar todos los trámites de gestión del personal y preparar en detalle las reformas a acometer, familiarizándose con conceptos y gestiones de otra Administración, explicó el consejero.

«Se trata de temas de gestión y funcionamiento, pero de gran interés para el Gobierno de Cantabria, ya que en ello radica en gran medida que cuando se asuman las transferencias no exista ninguna disfunción», apuntó Mediavilla. Para lograrlo, a partir de septiembre el Gobierno de Cantabria procederá a efectuar de forma simulada el pago de las nóminas a los más de 600 nuevos empleados públicos, de forma paralela al ministerio, con el objetivo de que en enero se convierta en un trámite rutinario.

Además, se está diseñando la gestión de las bolsas de empleo de los empleados públicos de la Administración de Justicia, así como la articulación de una normativa que dé cobertura tanto al funcionamiento y gestión del personal, como a las dietas y pagos que se efectúan en este organismo. También se proyecta un plan de formación destinado a los funcionarios.

Dentro de los proyectos de modernización, se trabaja en lo que será la «futura arquitectura informática de Justicia», con renovados ordenadores, servidores más potentes y adecuados a las necesidades actuales. Todo ello, se está realizando en coordinación con el personal de informática de la Administración de Justicia.

El Gobierno de Cantabria está muy interesado en desarrollar la aplicación Lexnet, que acaba de regular el Ministerio de Justicia. Se trata de la implantación efectiva de la administración electrónica en el seno de la Justicia, al crear el registro telemático de escritos y notificaciones entre órganos jurisdiccionales y entre el resto de operadores jurídicos a través de firma electrónica.

El Ejecutivo cántabro está ultimando el diseño de las distintas sedes judiciales a ejecutar próximamente. Entre los primeros proyectos que se acometerán está la construcción de una nueva sede judicial en el Partido Judicial de Torrelavega, concretamente, en la finca de El Carmen, que concentrará todos los órganos jurisdiccionales existentes en la ciudad.

La Consejería de Presidencia y Justicia ya ha decidido, por su idoneidad funcional y beneficios para la zona, destinar el antiguo edificio de Tabacalera en la calle Alta como sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la Audiencia Provincial y la Fiscalía, una apuesta del Gobierno autonómico en el proceso negociador de las transferencias. La Administración cántabra prevé con este proyecto liberar un total de 10.000 metros cuadrados para espacios verdes y aparcamiento público.





Fuente: eldiariomontanes.es

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domingo, agosto 12, 2007

Italia: Esposa de terrorista desafía al tribunal con su "burka"

Una tunecina de 37 años será juzgada en Cremona, norte de Italia, por llevar en lugares públicos el 'niqab', el velo islámico, prenda similar al burka taliban, que sólo deja ver los ojos. A la musulmana le será aplicada la ley 152 sobre seguridad, que prohíbe el uso de ropa que impida el reconocimiento en lugares públicos.

En su defensa la imputada explicó que llevaba diez años en Italia y “siempre he llevado el 'burka' para acompañar a mis hijos al colegio, pero cuando la policía me pedía que les mostrase la cara para ser identificada siempre lo hice”. Monia Mzoughi fue denunciada por primera vez el 21 de septiembre de 2005 por acompañar a su hija a la guardería llevando el 'niqab'.

Sin embrago el procedimiento penal contra ella se abrió cuando Mzoughi se presentó desafíante también con el rostro tapado a una audiencia del tribunal de Cremona que juzgaba a su marido, Mourad Trabelsi, ex imán de la ciudad, quien fue condenado a 10 años de cárcel por terrorismo internacional.

Para la ministra italiana de Igualdad de Oportunidades, Barbara Pollastrini, “una seguridad garantizada a todos alarga la libertad de una comunidad, y hay normas que ya existen y tienen que ser respetadas sin relativismos ni diferencias”.

En España existía una normativa similar, cuyos antecedentes se remontaban al Motín de Esquilache, sobre el uso de ropajes que impidiesen la identificación de las personas en lugares públicos, que fue derogada tras el franquismo con el pretexto de que había servido para “prohibir” los carnavales. Sin embargo desde noviembre de 2006 en España se permite hacerse la foto del NIE (documento de identificación de extranjeros) y DNI sin quitarse el velo tradicional musulmán. Incluso colectivos de inmigrantes han realizado quejas contra las oficias de extranjería y del DNI porque obligan a hacerse las fotos entre dos y tres veces, hasta que finalmente les tramitan su DNI, debido a que se tapan el rostro más de lo permitido.



Fuente: Minuto Digital

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sábado, agosto 11, 2007

Oviedo: Se piden explicaciones por el retraso del Instituto de Medicina Legal

El senador por Asturias del Grupo parlamentario Popular y concejal, Jaime Reinares, ha pedido explicaciones al presidente del Senado sobre si el Gobierno de la nación ha entregado ya al Principado el proyecto de construcción del Instituto de Medicina Legal (IMLA).

El 12 de junio de 2003, señaló ayer el edil, «el Ayuntamiento cedió al Ministerio de Justicia una parcela de 1.121 metros cuadrados en La Corredoria para la construcción del Instituto de Medicina Legal».

Pasado un año, «en octubre de 2004, a una pregunta sobre la situación de este equipamiento realizada al Gobierno, me responden que las obras se licitarán en 2005». Sin embargo, añade el edil, «la licitación queda retrasada para el segundo semestre de 2006». Pasa el tiempo, y las competencias en materia de justicia se traspasan al Principado sin que haya ningún tipo de movimiento. En mayo, subraya el senador, «comparece el secretario de Estado y dice que el dinero y el terreno han sido trasferidos al Principado y que existe ya una redacción del proyecto del Instituto de Medicina Legal que se ha entregado al Principado».

Reinares señala ahora que «nada sabemos del proyecto», y cree que «tanto el Gobierno de Zapatero como el de Areces están en connivencia para no hacer esta obra»; y se pregunta: «¿Dónde están los 5 millones de euros que el Gobierno de Aznar presupuestó para el Instituto de Medicina Legal?».

Por su parte, la consejera de Justicia, María José Ramos, aseguró esta misma semana que el Ministerio de Justicia aún no le había remitido proyecto alguno sobre el IMLA, y adelantó que el director general de Justicia, Manuel Cabaleiro, mantendrá el mes próximo una reunión en el Ministerio de Justicia donde abordará este asunto.

Las circunstancias del emplazamiento del IMLA en La Corredoria han variado a lo largo de estos años. En el momento en que el Ayuntamiento cedió la parcela estaba en un gran solar casi desierto, según explicaron fuentes del IMLA. Hoy, cuatro años más tarde, el futuro edificio estaría rodeado de viviendas. Lo cierto es que el proyecto está aún en el aire y, a pesar del convencimiento del Principado de que debería ser redactado por el Ministerio, este extremo tampoco está definido.

Justicia ya envió el año pasado al IMLA un avance sobre lo que podría ser el futuro edificio en Asturias. Se trataría de un inmueble de dos plantas más sótano, con un servicio de patología forense o clínica médico-forense.



Fuente: LNE.es

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Ecuador: Más de un millón de juicios suspendidos

Una radiografía de la justicia ecuatoriana demuestra que el represamiento de las causas en los tribunales es su peor mal. Eso se evidencia en el último informe del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA).

Este es el tercer diagnóstico que realiza CEJA del sistema judicial, no solo de Ecuador sino de 34 de la región. Entre otros factores analizados están la estructura institucional de la Justicia, indicadores de productividad y estadísticas del sistema, volumen y movimiento de causas, tasa de delitos y población penitenciaria.

Las cifras son preocupantes: en el 2006 permanecían represadas en manos de los jueces 1 035 238 causas. La mayoría son casos civiles y penales, seguidos por juicios de niños y adolescentes.

Juan Vargas, director del CEJA, aseguró desde Chile que el estudio pretende presentar los problemas, no las causas, que son una materia pendiente. Sin embargo, Vargas, al realizar una comparación del sistema judicial ecuatoriano con el resto de la región, sostuvo que es “relativamente pequeño”. Como ejemplo, citó el número de jueces por habitantes. En Ecuador, el promedio alcanza los 6,8 jueces por cada 100 000 habitantes, mientras que en Costa Rica -con cuatro millones de habitantes- hay una tasa de 14 jueces por cada 100 000.

Mauro Terán, magistrado de la Corte Suprema, asegura que este problema ya fue analizado y que se preparó un plan para fortalecer financiera, estructural y humanamente la Función Judicial. Una de las propuestas para terminar el déficit de jueces es que el Estado destine el 5 por ciento del presupuesto para la Función. Hoy, no llega ni al dos por ciento (130 millones de dólares).

El Director de CEJA sostiene que el poco dinero que se invierte en Justicia crea los problemas. “El Ecuador invierte 10 dólares por persona para la Justicia, cuando en el resto de países llega a 20”. Las carencias de recursos se hacen evidentes en el área informática. CEJA advierte que en dos años (2004-2006) el número de computadoras se redujo en un 46 por ciento; y de ellas solo el 24 por ciento tiene acceso a Internet.

A esto hay que sumar que el país no cuenta con una Defensoría Pública y que los sistemas para descongestionar el trámite de los juicios, como la mediación, todavía no cuajan en el país.

El siguiente inconveniente es la inestabilidad de la Función Judicial. En el 2005, el país no tuvo durante ocho meses Corte Suprema de Justicia. Actualmente se inició un proceso para cambiar a más de 2000 funcionarios judiciales, incluidos jueces.

Para Vargas y Terán, la asamblea constituyente puede apuntalar un cambio en el sistema de justicia. Sin embargo, hay que planificar qué se quiere cambiar y las prioridades para la nación.





Fuente: El Comercio.com

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Perú: El Congreso trabajará la reforma judicial

El Parlamento trabajará concertadamente con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Magistratura, y el Tribunal Constitucional los proyectos de ley relacionados a la reforma del Sistema de Justicia, anunció el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada.

Tras calificar de "histórica" la reunión de trabajo que sostuvo en el Palacio Legislativo con los máximos representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de Magistratura, sostuvo que la reforma judicial es uno de temas fundamentales de la agenda legislativa para la presente legislatura.

En ese sentido, manifestó que en la referida agenda se incorporarán reformas de orden constitucional, modificaciones de leyes orgánicas tanto del Poder Judicial y Ministerio Público, la Ley sobre la Carrera Judicial y Fiscal, la Ley de Defensa Orgánica de la Justicia Militar, entre otros.

El titular del Congreso recibió en audiencia especial, al presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, a la Fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar y al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Maximiliano Cárdenas. "En estas conversaciones sostenidas con los magistrados hemos señalado, y hay concurrencia de análisis y proyección, que todos debemos dar lo mejor de nosotros para construir un sistema de justicia a la altura que demanda el ciudadano y una democracia vigorosa en nuestro país", indicó a la prensa.

Señaló que tras la instalación de las Comisiones de Constitución y de Justicia del Congreso, acudirá junto a sus integrantes a las referidas instituciones para escuchar sus puntos de vista sobre las propuestas legislativas que debatirá el Parlamento. "El propósito de esas reuniones es alcanzarles todos los proyectos que se encuentren en el Congreso para que puedan dar sus puntos de vista, sus opiniones y reflexiones para cumplir el objetivo de mejorar las leyes", aseveró.

A su turno, el Presidente del Poder Judicial, Francisco Távara saludó la iniciativa porque el trabajo coordinado contribuirá a mejorar la calidad de justicia en el país, "Este ha sido el inicio de una nueva modalidad de trabajo coordinado entre los poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos para tratar la reforma del sistema de justicia", agregó.



Fuente: 24 Horas Libre

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