Castellón: Las órdenes de protección aumentan un 16%

Los juzgados de la provincia de Castellón que tramitan casos de violencia de género recibieron un total de 144 solicitudes de órdenes de protección durante el primer semestre de este año, lo que supone un incremento del 16% respecto al mismo período de 2006, cuando se cursaron 124 peticiones.

Del total de las solicitudes, 131- esto es el 90%-, fueron concedidas- en el primer semestre de 2006 el porcentaje fue del 91%-, mientras que el 9% restante, denegadas, cifra muy similar a la registrada el ejercicio anterior, que se situó en el 8%.

Pese a que la orden es un instrumento para proteger a la víctima de su presunto agresor, la realidad ha demostrado que, en ocasiones no ha evitado la agresión, que, incluso ha acabado con la vida de la mujer. Al menos así ocurrió el pasado mes de marzo cuando una joven rumana, residente en Burriana, murió asesinada, supuestamente, acuchillada por su ex pareja, de la que tenía una orden de alejamiento.

La solicitud de una orden de protección, y una vez que es concedida por un juez, deriva en la adopción de medidas cautelares, que pueden ser penales y civiles. La estadística comparativa de los dos primeros semestres revela que este año han descendido las medidas de carácter penal al pasar de un 62,28% al 58,78%, mientras que en las mixtas se produjo la tendencia contraria, esto es, han pasado del 37,7% al 41,22%.

Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, en la que se reflejan los datos provisionales de los Tribunales Superiores de Justicia, durante el primer trimestre de este año , los juzgados de las tres provincias de la Comunitad dictaron 1.001 órdenes de protección, para víctimas en su mayoría-630-, mujeres españolas mayores de edad, mientras que en otros 360 casos eran extranjera, aunque también hubo menores-ocho en el caso de las jóvenes nacionales y, 3 las extranjeras-.

En lo referente a los denunciados, la proporción es bastante similar dado que 610 fueron hombres españoles y 380, extranjeros. En relación con las medidas impuestas, la misma estadística señala que los órganos judiciales adoptaron un total de 2.211 medidas penales, de las que 971 fueron órdenes de alejamiento mientras que otras 822 fueron prohibición de comunicarse y, ya a una distancia lejana, prohibición de volver al lugar del delito.

En cuanto a las medidas civiles que dictaron los jueces, se acordaron 501 en los juzgados de las tres provincias y las más numerosas hacían referencia a la prestación de alimentos, según la misma estadística elaborada por el órgano de gobierno de los jueces.

Fuente: levante-emv.com