
El pasado septiembre el Parlamento aprobó con carácter retroactivo y por mayoría absoluta, una
ley que facilita el acceso de los jueces y magistrados a los distintos grupos políticos. A pesar de la urgencia y la poca publicidad con la que se llevó a cabo, el acontecimiento no ha pasado inadvertido para cierto sector de la judicatura española. Y no es para menos. Todos los jueces, fiscales o secretarios judiciales que tengan pensado incorporarse a algún partido político o ya lo hayan hecho, podrán conservar antigüedad, seguir tributando y volver a la plaza que tenían antes de su aventura política al estar considerados en “régimen especial”. Es decir, como si nunca hubiesen abandonado la Justicia.
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