domingo, enero 31, 2010

Almería: Los juzgados acogieron casi 100 juicios en 2009 por delitos ligados a construcciones ilegales

Los cinco juzgados de lo Penal de Almería acogieron durante el pasado año casi un centenar de procedimientos motivados por presuntos delitos ligados a construcciones de edificaciones ilegales motivados por ir contra el medio ambiente y la ordenación del territorio principalmente, de forma que cada uno tuvo una media de 20 procesos de este tipo.


Así lo indicó en declaraciones a los medios el juez decano de Almería, Luis Columna, durante la presentación de la memoria estadística y de necesidades de la provincia, cuyos datos indican que los juzgados almerienses, un total de 29, hubieran necesitado 33 salas más en relación a los módulos que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —850 por año y juzgado— debido al aumento de procedimientos.

En este sentido, Columna destacó que las demandas casi se han "duplicado" desde 2007, año en el que se interpusieron 11.249 demandas, cifra que dista de los 20.697 procedimientos acometidos durante el pasado año y entre los que también destacan los delitos contra los derechos de los trabajadores y derivados de los accidentes de trabajo, que ya registran señalamientos para 2011, según el juez decano.

En relación a la Jurisdicción Civil, Almería tiene en la actualidad ocho Juzgados de Primera Instancia con la circunstancia de que el Juzgado número 3 lleva también el Registro civil y el número 7 hace funciones de Juzgado de lo Mercantil, por lo que el primero sólo reciben un 75% y el segundo un 50% de procedimientos civiles en relación con el resto de Juzgados.

Así, la Junta de Jueces de solicitó en 2008 de forma "urgentísima" la creación de los Juzgados número 8, 9 y 10, el Juzgado de Familia número 2 y de uno de lo Mercantil, de los cuales, el de Primera Instancia número 8 comenzó a funcionar a principios de este año.

En la actualidad hay también seis Juzgados de Instrucción, que llevan la investigación de todos los delitos y hacen juicios de faltas de todas las materias penales a excepción de las de violencia de género, de los que conoce exclusivamente el Juzgado de Violencia sobre la mujer de los que en 2009 se habría necesitado total de 11,43 juzgados por el volumen de trabajo.

Para resolver esta problemática, los jueces propusieron la creación de dos nuevos partidos judiciales en los municipios de Vícar y Níjar, con dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en cada uno de ellos. Además, con esta medida se conseguiría, según apreció Columna, no congestionar la nueva Ciudad de la Justicia y aliviar la carga de trabajo de los Juzgados de la capital.

El doble de juzgados de lo social

Almería cuenta actualmente con cuatro juzgados de lo Social y el módulo de entrada es de 800 por juzgado y año. Así, en 2009 se llegó a los 6.890 procedimientos por lo que, según los cálculos de los jueces, se hubiera necesitado que Almería tuviera 8,61 juzgados de lo Social, de modo que cada juzgado trabajó como 2,15 dependencias. Así, se pidió la creación de los Juzgados número 5 y 6, al igual que en la Jurisdicción penal, uno en Levante y otro en Poniente.

En cuanto a otras jurisdicciones, se destacó la "preocupante" situación de los Juzgados de Menores, por lo que ven necesario la creación de un segundo juzgado a corto plazo, o bien el aumento de la plantilla de funcionarios, así como la de miembros del equipo técnico, lo que se debería hacer "de forma inmediata", bajo su criterio.

Fuente: 20minutos.es

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Portazo al partido judicial de Albocácer

El Ministerio de Justicia no creará el partido judicial de Albocácer porque la mera puesta en funcionamiento de la prisión no lo justifica. El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, fue rotundo al afirmar que «no se dan las razones para la creación del partido judicial».


Campo visitó la capital de La Plana para asistir a la inauguración del IV Congreso del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) en la Ciudad de la Justicia. Al ser preguntado sobre la creación de este partido judicial, reclamado por el Consell, manifestó que «la creación de un partido judicial responde a muchos parámetros y el hecho en sí mismo de que haya un centro penitenciario no significa que haga falta un juez, sí de vigilancia penitenciaria, pero no un juzgado, lo que hace falta es que haya un buen mecanismo de comunicación con ese centro».

Según explicó, «un juzgado lo que da es resolución a los conflictos de la ciudadanía y aquí no hablamos de eso, lo que hay son actos de comunicación, por tanto, habrá que establecer un buen mecanismo que permita con la mayor celeridad posible las comunicaciones». En este sentido habló de un sistema de correo segurizado que se ha puesto en marcha en España y que «permite la comunicación vía telemática con toda la seguridad que ello reclama». «Esta es la apuesta, no la creación de un órgano judicial, esta creación vendrá cuando haya una población que tenga litigios y tenga que afrontarlo en esos parámetros», dijo.

Por todo ello, el secretario de Estado de Justicia manifestó que en la actualidad «no se dan las razones para la creación de un partido judicial».

De esta forma se da un portazo a la creación del partido judicial en Albocácer, que formaba parte del plan elaborado por el Consell para crear cuatro nuevas demarcaciones en toda la Comunidad. En el caso de la provincia, Justicia considera que la puesta en marcha del centro penitenciario supone un notable incremento de la actividad en el partido judicial de Castellón del que depende, ya que, además de su trabajo ordinario, debe atender a la población reclusa, realizando actos de comunicación, declaraciones, incidencias, videoconferencias, etc.

Lo que sí se está manteniendo en estudio es la creación de un nuevo juzgado para desatascar el colapsado partido de Nules. «Se está barajando la propuesta de la Comunidad Autónoma, y se está valorando muy positivamente, la creación de un nuevo juzgado en 2010 para afrontar la sobrecarga que soporta este juzgado», avanzó Campo.

Según dijo, «desde el Ministerio de Justicia se está haciendo un papel enorme en cuanto al desarrollo y para completar la planta, de ahí que el plan estratégico haya abordado el crecimiento del territorio nacional». Por ello, dijo, «atendiendo a los informes del CGPJ se entiende la sobrecarga y desde el Ministerio se atenderán todas las peticiones de refuerzo con la celeridad que la ciudadanía reclama y exige».

Sobre la creación de nuevos juzgados, Juan Carlos Campo aseguró que se está haciendo un «esfuerzo enorme» para complementar la planta judicial. Por ello. «el plan estratégico ha abordado un crecimiento en todo el territorio nacional» y comparó las dos legislaturas anteriores a la llegada del partido socialista «en las que se crearon 80 unidades judiciales, mientras que en esta legislatura se han creado 175».

Fuente: lasprovincias.es

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Nicaragua: Juzgados seguirán amontonados

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) alega falta de financiamiento para construir el Complejo Judicial en Chinandega, por lo que remodelarán el edificio de tres plantas que alquilan por dos mil dólares al mes, ubicado al norte del mercado central y así unificar las 12 salas judiciales, Defensoría Pública y la oficina forense. Los juzgados que operan en esta localidad son de Audiencia, Penales, Civiles, de Sentencia, Laboral, Adolescente y Familia.


Una delegación presidida por la magistrada Alba Luz Ramos confirmó que preparan los diseños para la remodelación de las oficinas respectivas.

“Para nosotros es más fácil tener en una sola ubicación todos los despachos, resulta económico, más fácil de controlar, pero también en un momento dado vamos a traer el modelo nuevo de gestión”, confirmó Ramos.

En el edificio se encuentran ahora los Juzgados Primero y Segundo de Audiencia, con las doctoras Rosario Ibarra y Rosario Montealegre, respectivamente; el Penal Único Local, con la doctora Claudia Noguera; Primero y Segundo de Distrito Penal de Juicios con las doctoras Rosa Velia Baca y Zaskia Carrillo.

OTROS ESTÁN UBICADOS EN CUBÍCULOS

En pequeños cubículos fueron ubicados el de la Niñez y Adolescencia, Ejecución y Sentencias, la oficina de los forenses Róger Pereira Umaña y Silvia Villegas, Defensoría Pública y administración.

Disgregados en el barrio La Cruz se encuentra el Juzgado de la Familia y en el sector El Calvario se ubican los dos juzgados Civil y Laboral, lo que provoca atrasos a la ciudadanía.

Según indican los diseños, en el edificio será utilizada la planta baja para ubicar el archivo de juicios fenecidos, puesto que los expedientes atiborran ahora los despachos judiciales.

“También se ubicarán las ventanillas de atención al público para quienes pidan certificaciones de sentencias. Veríamos qué podemos hacer con las oficinas de las defensorías”, dijo la magistrada. Los diseños que se harán en dos partes serán licitados con los contratistas locales.

En la delegación de la CSJ que llegó a Chinandega estaban el secretario general administrativo, el director técnico, la delegada regional administrativa y el arquitecto Rodrigo Lacayo.

LEJOS LA TERCERA FASE

Ante la consulta para conocer el monto de la remodelación en el edificio, un representante del Poder Judicial informó que aún no se concluye el diseño, pero que supera el millón de córdobas.

La semana pasada se anunció que existe un proyecto general para la tercera fase que implica construir los complejos judiciales que no son sedes de Tribunales de Apelaciones como es el caso de Chinandega, pues la sede está en León.

Lejos del actual edificio se encuentran los dos juzgados de Distrito Civil y un Local, además del Laboral y el de la Familia. “(Concentrarlos) facilitaría no andar de un lado a otro”, refirió el doctor Argelio Mairena. Los usuarios de los juzgados esperan también que el horario de atención se extienda porque cuatro horas son insuficientes.

Fuente: laprensa.com.ni

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sábado, enero 30, 2010

Zaragoza: Belloch insiste en mantener los juzgados en la plaza del Pilar

El Ayuntamiento de Zaragoza está dispuesto a que los juzgados de la plaza del Pilar se conviertan en otro centro universitario, aunque el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, prefiere que las dependencias judiciales no se muevan del Casco Histórico. Así lo ha manifestado durante el tradicional reparto de roscón del día de San Valero.


“El Ayuntamiento no hace más que dar opiniones porque la DGA es la competente en este tema”, ha recordado, para añadir que su opción preferida es que los juzgados “se queden donde están”. En este sentido, ha avanzado que en el próximo pleno se presentará una moción, como ya se hizo en otra ocasión, instando al Gobierno de Aragón para que mantenga los tribunales que “será aprobada”.

Además, ha reiterado que si la decisión de la DGA es otra, la Universidad de Zaragoza también tendrá que tomar la iniciativa. “Vamos a decir al Gobierno y al rector que la ciudad está dispuesta a utilizarlo para la vida universitaria”, ha señalado.

Fuente: aragondigital.es

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Garzón tendrá que volver a declarar ante el Supremo como imputado

Por segunda vez en ocho meses el Tribunal Supremo admite a trámite una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Esta vez el Alto Tribunal lo investigará por los delitos de prevaricación, cohecho y estafa en relación con el dinero que pidió al Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York en los años 2005 y 2006.


En un auto notificado este jueves, la Sala de lo Penal admite a trámite la querella interpuesta contra el instructor por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea. Y aunque, a priori el Alto Tribunal rechazó investigar estos mismos extremos, entiende ahora la Sala que " a la vista de la documentación últimamente aportada, unida al resto de la recibida ya con anterioridad, y de los indicios que de la misma resultan" se debe investigar al juez estrella.

Dicha investigación, que llevará a cabo el magistrado Manuel Marchena, (designado por la Sala instructor del caso) deberá aclarar si en la entrega del dinero por parte del Santander al juez "medió la consideración el hecho de tratarse de un juez de instrucción de la Audiencia Nacional o si por el contrario tal cosa puede valorarse como una mera suposición o conjetura".

Vía penal

En el auto, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, se justifica la admisión de la querella a raíz del conocimiento de nuevos hechos denunciados por los letrados. Por ejemplo, "que el propio querellado solicitó personalmente a la entidad bancaria la entrega del dinero para sufragar los gastos que originarían unas actividades en las que participaría directa y personalmente de una forma relevante".

El pasado mes de diciembre salía a la luz pública que Garzón en una carta que contenía su firma a Emilio Botín que financiase el curso que dio en la ciudad estadounidense. A posteriori, ya en España, el magistrado archivó una querella que se interpuso en su juzgado contra altos cargos de la entidad bancaria que lo patrocinar.

Dice ahora el Supremo que de ser cierta la conducta imputada, "no puede excluirse absolutamente una eventual relevancia de su conducta posterior tal como se describe por los querellantes, pues no puede rechazarse en este momento la posibilidad de establecer alguna relación entre ambas".

Dado la verosimilitud de los hechos denunciados, junto con la participación del querellado en los mismo, entiende el Alto Tribunal que existen indicios suficientes para investigar al juez por los delitos de prevaricación, cohecho y estafa. Una querella ésta que hará que Garzón vuelva a declarar en calidad de imputado ante el Supremo.

Vía administrativa

Por otro lado, estos mismos hechos han sido ya denunciados por los letrados Mazón y Panea ante el Consejo General del Poder Judicial y podrían costarle a Garzón una sanción por falta muy grave prevista en el artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Se trataría de una falta de inobservancia del deber de abstención al archivar una querella contra varios directivos del Santander.

De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre 1 mes y 3 años (a partir de 6 meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso.

Por otro lado, los impulsores de la querella admitida este miércoles a trámite han solicitado al gobierno de los jueces que no espere a que termine la instrucción sobre este asunto a que el magistrado pueda ser sentado en el banquillo para suspenderle cautelarmente en sus funciones.

El escrito, que fue remitido a varios despachos del Consejo, recuerda que ésta es la segunda querella admitida a trámite por el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El escrito compara la situación de Garzón con la del juez de familia de Murcia condenado por prevaricación Fernando Ferrín Calamita, cuya suspensión fue acordada por el CGPJ tras la admisión a trámite de una querella contra él por un delito de retardo malicioso a la hora de tramitar una adopción por una pareja de lesbianas. En este caso, no se espero al procesamiento del juez, recuerdan los querellantes Mazón y Panea.

Fuente: Libertad Digital

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Detenidos en Mauritania tres sospechosos en relación con el secuestro de Alicia y sus compañeros

La detención de los tres sospechosos se produjo el pasado domingo en la región septentrional de Bir Mogrein, a unos 1.200 kilómetros de Nuakchot, señaló la fuente, que pidió el anonimato. Las fuerzas del Ejército mauritano se incautaron de un teléfono por satélite que llevaba uno de los miembros del grupo y que estaba siendo rastreado por la policía de este país.


La fuente agregó que los investigadores barajan la hipótesis de que entre los arrestados se encuentre algún ex combatiente del Frente Polisario.

La detención de estos tres presuntos terroristas, que han sido trasladados a Nuakchot para ser interrogados, se une a la que ayer anunciaron fuentes de la seguridad de Bu Uld Uimir, guarda jurado de la empresa de telecomunicaciones Mauritel, quien presuntamente había sido cómplice en el secuestro de los tres cooperantes.

Han pasado ya más de dos meses del secuestro de Albert Vilalta, Alicia Gámez y Roque Pascual, cooperantes españoles que viajaban por la carretera que une Nuadibú (norte) con Nuakchot dentro de una caravana de la ONG Barcelona Acción Solidaria. La organización Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) reivindicó la acción y supuestamente trasladó a los secuestrados al norte de Mali.

A raíz del secuestro de los cooperantes españoles y de una pareja de turistas italianos en el sur del país, Mauritania aprobó recientemente una nueva ley antiterrorista que autoriza los registros domiciliarios a cualquier hora del día, la escucha de los teléfonos móviles sospechosos y la detención de cualquier sospechoso de intentar perjudicar a la seguridad del país.

En los últimos días se han multiplicado las operaciones militares del Ejército mauritano en el norte del país para desmantelar las células de apoyo a AQMI en esa región desértica.

Fuente: estrelladigital.es

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La Coruña: Más goteras en los tribunales

El agua vuelve a filtrarse por la cubierta del edificio de los juzgados y la presencia, esta semana, de un cubo en los pasillos de la cuarta planta vuelve a poner de manifiesto unas filtraciones que habían sido corregidas en octubre del 2007 tras invertir 6.000 euros, pero no de una manera efectiva, ya que en junio del 2008 se volvieron a reproducir.


Esto sucede cuando la Xunta, administración competente en cuanto al mantenimiento de las sedes judiciales, ha anunciado que invertirá tres millones de euros en la rehabilitación de las instalaciones coruñesas. «La obra proyectada en el edificio espero que se ejecute este año y supondría el cambio íntegro de la cubierta, es una obra de gran calado», explica el juez decano, Antonio Fraga Mandián, que matiza que además está previsto que se subsanen otros problemas del edificio, como el sistema de climatización, que también generaba múltiples problemas, y se prevé que se remodelen los espacios del juzgado de guardia y de la oficina de atención al público.

Sin embargo, Fraga Mandián indica que espera que ante la nueva aparición de filtraciones se acometa algún tipo de sellado provisional, hasta que la renovación de toda la cubierta se cambie.

Análisis de la Xunta

Esto sucede cuanto todavía desde la Consellería de Presidencia se está analizando la documentación presentada sobre el inmueble de la Fábrica de Tabacos, que ofreció el Ayuntamiento para que puedan agruparse todas las dependencias judiciales que están diseminadas por la ciudad, tras quedarse pequeño el actual inmueble para acoger a las nuevas salas que se han ido creando en los últimos años.

Los técnicos de la Xunta, tras recibir la documentación complementaria que solicitaron sobre el inmueble de la antigua fábrica tras su visita al mismo, están estudiándola y se espera que «en breve» tengan listo el informe definitivo que permitirá tomar una decisión al respecto.

La Xunta, en su Plan de Infraestructuras Judiciales 2010-2013, incluye una partida de 15 millones de euros para lo que inicialmente se preveía como un nuevo edificio, que se llamó la torre de la justicia, y que podrían destinarse a la rehabilitación y acondicionamiento de Tabacos si finalmente se elige esa ubicación. De ser así se pondría fin a los rifirrafes mantenidos por el Ayuntamiento y la Xunta por la cesión del terreno para la nueva sede judicial, que inicialmente se había previsto ubicar en el puerto.

Fuente: lavozdegalicia.es

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Portugal: Arranca el año nuevo judicial

El año judicial portugués arrancó con Alberto Martins como ministro de Justicia, nombramiento que ha generado gran expectación porque el funcionario "está reformando las reformas mal hechas". El presidente del Sindicato de los Funcionarios Judiciales (SFJ), Fernando Jorge, citado por la prensa local, dijo que en estos tres primeros meses de mandato de Martins ha revelado "voluntad de cambiar lo que está mal" en la justicia portuguesa.


"Reformar las reformas que están mal ha sido su imagen de marca", afirmó Jorge y apuntó como ejemplo las recientes alteraciones anunciadas para revisar la reforma penal de 2007.

El presidente del Sindicato de Magistrados del Ministerio Público (SMMP), Joao Palma, dijo que no espera mucho en relación a la apertura del año judicial, y destacó apenas que será una oportunidad para hablar de la necesidad de revisar algunas leyes.

Joao Palma admitió que el presidente Aníbal Cavaco Silva puede volver a alertar sobre la falta de calidad de las leyes y consideró que la ceremonia debe servir para que todos los participantes discutan los caminos para la solución de los problemas de la justicia lusa.

Fuente: peopledaily.com.cn

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El Ejecutivo quiere recortar un 4% el gasto en funcionarios

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la aprobación del plan de austeridad de las Administraciones Públicas. "Afecta a todas las Administraciones, pero el Gobierno hace el gran esfuerzo", dijo Salgado. El Ejecutivo prevé una reducción en el gasto de los funcionarios del 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, un 4% menos en esta partida hasta 2013. El recorte afectará a las incorporaciones, los planes de pensiones y los salarios. El déficit público alcanzó el año pasado el 11,4% del PIB.


Las medidas de acción inmediata que se pondrán en marcha para cumplir con el Plan de Austeridad que ha aprobado el Gobierno incluyen una reducción de la oferta de empleo público hasta el 10% de la tasa de reposición de efectivos. Esto quiere decir que de cada diez funcionarios que se jubilen, sólo se contratará a una nueva persona. Además, Salgado ha asegurado que no se contratarán nuevos interinos.

En total, el plan de austeridad que ha aprobado el Ejecutivo estima que el ahorro alcanzará casi 50.000 millones de euros, de los cuales casi 40.000 corresponderán al Estado central. Su aplicación será entre 2010 y 2013 y tiene como objetivo situar el déficit público ese año en el 3% del PIB, para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro.

Esta iniciativa se compone de un plan de acción inmediata (2010) para la Administración Central del Estado, así como otro a medio plazo para el periodo 2011-2013. Además, el Ejecutivo ha elaborado otro plan marco para el resto de las administraciones (comunidades autónomas y ayuntamientos).

Plan de acción inmediata

"Comportará una reducción del gasto presupuestado inicialmente para este año equivalente al 0,5% del PIB", dice el Gobierno. Los distintos departamentos ministeriales deberán proponer antes del 1 de marzo al Ministerio de Economía las partidas concretas a las afectará esta restricción.

2011-2013

Las principales actuaciones se centran en reducción de gastos de personal (-0,3% del PIB), gastos de funcionamiento (-0,2%),inversiones (-0,5%) y transferencias y otros gastos (-1,6%). La vicepresidenta primera aseguró que el Plan de Austeridad "no recorta ni pensiones ni prestaciones por desempleo" ni las partidas destinadas a dependencia y políticas sociales, y tampoco afecta a las inversiones en educación e I+D+i, "principal motor de la nueva economía sostenible".

CCAA: un 5,7% del PIB menos

La dieta que propone el Gobierno también afectará a las comunidades autónomas y los ayuntamiento. Según ha anunciado, próximamente someterá a la aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo marco con el objetivo de que el ajuste estructural del conjunto de las administraciones alcance el 5,7% del PIB. Si se aprueba, las comunidades autónomas tendrán tres meses para aprobar un plan de reestructuración del gasto público.

El déficit público se dispara

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas se disparó el año pasado hasta el 11,4% del PIB, frente al 9,5% que estimaban los Presupuestos Generales del Estado presentados en septiembre pasado y al 4,1% registrado en 2008. "Este deterioro ha sido consecuencia tanto del impacto de la crisis en las diferentes partidas de ingresos y gastos como de las medidas temporales implementadas por el Gobierno para moderar el retroceso de la demanda y apuntalar la confianza", indica el Ejecutivo.

Cuadro macroeconómico

El Ejecutivo también ha presentado sus previsiones macroeconómicas para el periodo 2009-2013. Para 2009, estima una caída del PIB del 3,6% y para 2010, un 0,3% menos. "A partir de 2011 se iniciará una fase de recuperación más sólida que se intensificará en 2012 y 2013, con incrementos del 1,8%, 2,9% y 3,1%, respectivamente", señala.

Fuente: expansion.com

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Marbella: Roban cinco ordenadores del Juzgado de Violencia sobre la Mujer

La Policía Nacional investiga el robo de cinco ordenadores en el nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella. Los hechos ocurrieron en las dependencias judiciales situadas en la calle Doha del municipio. Los autores del robo accedieron al edificio por la puerta principal, que aún no estaba finalizada y se encontraba cubierta con una capa de pladur. Así, se llevaron cinco ordenadores que se encontraban en la sala de los funcionarios y que eran visibles desde del exterior con total facilidad.

El nuevo juzgado dedicado a la violencia de género, al frente del cual está la magistrada Carmen Rodríguez Medel, hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, debía comenzar a funcionar el pasado 28 de diciembre, pero, según manifestaron los trabajadores, no lo hizo hasta días después.

No es la primera vez que tienen lugar en Andalucía robos "curiosos", que incluso tienen importantes repercusiones judiciales y políticas.

El 17 de diciembre de 2003, el magistrado de Sevilla Conrado Gallardo daba los últimos retoques al fallo que condenaba a Juan Guerra a un año de prisión y 35 millones de multa por delito fiscal. Al regresar a su despacho tras una ausencia, comprobó que el borrador de la sentencia había desaparecido. Gallardo convocó a la prensa para adelantar su resolución y evitar así que alguien la aprovechara. Lo contó El País.

El mismo caso Juan Guerra originó que el juez Ángel Márquez descubriese una mañana que la mesa de su despacho estaba desordenada y algunos objetos del escritorio, entre ellos el teléfono, habían modificado su posición. La denuncia quedó archivada. Lo contó asimismo El País.

Cambiazo de billetes del caso Ollero. En contra de la orden judicial de custodia de los 22 millones pagados por la constructora Ocisa a Jorge Ollero, entre el banco y los empleados de una empresa de transporte se deshicieron del precinto y dieron curso al cuerpo del delito, los billetes de 10.000 pesetas intervenidos por la policía. Afortunadamente, según informó El País , en el acta judicial se habían anotado los números de serie y con ello quedó preservada la prueba.

En 2002, la Audiencia Provincial de Málaga reabría el caso por el robo de sumarios en Marbella tras estimar el recurso presentado por la portavoz del grupo municipal socialista, Isabel García Marcos, contra el auto de sobreseimiento provisional dictado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número tres de Marbella, María José Rivas. Esta juez abrió una investigación por la desaparición de casi 50.000 documentos judiciales en Marbella, muchos de ellos relacionados con procesos abiertos al ex alcalde Jesús Gil.

La prueba clave del proceso que seguía el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, contra El Mundo desapareció de un juzgado de Sevilla. Era un vídeo en el que un testigo acusaba a Chaves de estar tras el espionaje al presidente de Caja San Fernando. La cinta, de la que los juzgados tenían dos copias, mostraba cómo un supuesto espía acusa al presidente de la Junta de Andalucía y al secretario de Organización del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Luis Pizarro, de estar detrás del espionaje al ex presidente de Caja San Fernando.

En 2009, los juzgados de Sevilla han sufrido nuevos robos. Un juzgado de Sevilla ha sufrido en marzo el robo de un ordenador portátil y varios lápices de memoria que estaban depositados en un armario del despacho del secretario judicial, en un suceso que se une a la oleada de robos que sufrieron varios juzgados en septiembre pasado cuando los ladrones penetraron en varios de ellos y se llevaron ordenadores y teléfonos móviles.

Fuente: Libertad Digital

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viernes, enero 29, 2010

Navalmoral de la Mata: Instan al Ministerio a que construya un tercer juzgado

Reconocen la sobrecarga que sufren los juzgados de Navalmoral y transmitirán al Ministerio de Justicia la necesidad de construir un tercer juzgado de primera instancia e instrucción. Estos son los puntos que más destacan los abogados y procuradores de la zona de la respuesta recibida a sus quejas por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de su Unidad de Atención Ciudadana.


Aunque las demoras en la resolución de los procedimientos es algo generalizado en la mayor parte de los juzgados del país, los afectados por el mal funcionamiento de los juzgados de Navalmoral decidieron dar un paso al frente y hacer llegar al CGPJ y al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) su descontento con la particular situación de este partido judicial. Y lo hicieron con un duro escrito en el que además de mostrar su malestar solicitan la construcción de un tercer juzgado y de una oficina permanente de la fiscalía, comunicado que ha tenido respuesta.

En el mismo el CGPJ pide «mayor concreción» en sus denuncias, si bien reconocen la existencia de ciertas disfunciones. De ahí que anuncien el envío de una Unidad Inspectora, que visitará el palacio de Justicia en los próximos meses. Sobre el retraso en la incoación de las demandas civiles, reconocen que «la carga de trabajo de los juzgados de Navalmoral de la Mata es superior a los estándares de ingreso razonables para un juzgado de esas características». De hecho llegan a puntualizar que durante el pasado año el exceso alcanzó el 19%, mientras que sólo durante el primer semestre llegó a ascender hasta el 69%.

Proponer medidas

La Unidad de Atención Ciudadana insiste a los cerca de 30 abogados y procuradores que suscribieron la denuncia (casi el 100% de los que habitualmente desempeñan su labor en ambos juzgados) a que sean más concretos en sus denuncias, para que «pueda actuar y proponer medidas sobre la organización y gestión de los señalamientos y de las suspensiones y otras cuestiones similares sobre el funcionamiento diario de los Juzgados, siempre que se formule una queja concreta, por hechos que puedan comprobarse, por correo postal o electrónico».

Finalmente señalan que «si alguno de los profesionales que firman el escrito» desea presentar una queja debe contactar con la Unidad «detallando los hechos que sustentan la reclamación y, en su caso, el procedimiento afectado».

Fuente: hoy.es

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jueves, enero 28, 2010

Barcelona: El decano del Colegio de Abogados cree necesario potenciar el cuarto turno para paliar la falta de jueces

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Pedro Yúfera, consideró necesario potenciar el acceso a la carrera judicial a través del cuarto turno, es decir, a través de juristas con diez años de ejercicio, para así solucionar la falta de jueces en Cataluña, ya que esta vía "permite disponer de profesionales con experiencia y garantías de forma rápida".



En un comunicado, Yúfera consideró que la posibilidad de trabajar una tarde a la semana, planteada por la consellera de Justicia, Montserrat Tura, es un supuesto a valorar pero "no es la única solución", ya que el problema "no es para los abogados", que ya trabajan por la tarde, ni "tampoco para los jueces, que ya dictan sentencias".

Añadió que "no se trata de pagar horas extras, sino de disponer de más recursos y más jueces" por lo que reiteró que se potencie el acceso a través del cuarto turno y, que no contemplar esta vía, sería un "error".

Yúfera aseguró que también es un "error" no saber priorizar la justicia, un servicio público que es uno de los pilares fundamentales de nuestro estado de derecho.

Por otra parte, el ICAB denunció que el número de plazas convocadas por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 7 de enero entre juristas con más de diez años de ejercicio para acceder a la carrera judicial fue "totalmente insuficiente", teniendo en cuenta que se convocaron 60 plazas para toda España cuando solo en Cataluña hay 152 vacantes.

Fuente: La Ley

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Leguina habría encausado a Garzón si formara parte de la carrera judicial

El ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex diputado socialista Joaquín Leguina ha arremetido hoy contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, sobre el que ha asegurado que si él formara parte de la carrera judicial, "ya le habría encausado".


Así lo ha dicho en declaraciones a Onda Cero en las que, entre otras cosas, se ha preguntado por qué en los periódicos se publican secretos de sumario de casos que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid -del que Garzón es titular- "pero nadie investiga quién ha cometido ese delito".

"¿Qué pasa, que este señor tiene bula? Pues yo creo que en una democracia nadie tiene que tener bula", ha afirmado, antes de añadir que si él fuera juez "ya le habría encausado, pero en serio, no en broma; eso de quitarlo de en medio porque ha pedido el certificado de defunción de Franco me parece una broma".

De hecho, ha ironizado con la iniciativa del juez de la Audiencia comentando que "se ha enterado todo el mundo, menos Garzón" de que Franco ha muerto.

Más fe en Pedreira

Ha dicho, además, que se fía "mucho más" del juez que en estos momentos instruye la trama Gürtel, Antonio Pedreira, porque "es mucho más serio".

Sin dejar de referirse a Garzón, Leguina ha opinado que los jueces "no son para exhibirse como 'prima donnas'", y le ha recomendado "silencio y a trabajar".

"Cada cual tiene su 'san martín', y yo espero que le llegue a él también", ha añadido, después de comparar a Garzón con el banquero Mario Conde "en un sólo punto: han sido expuestos en plaza pública como grandes ejemplos para la juventud española, y ni el uno ni el otro son buenos ejemplos".

Fuente: EcoDiario

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Murcia: El TSJ tendrá dos representantes nacionales en la Comisión de implantación de la Oficina Judicial

Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), y Javier Parra García, secretario de Gobierno de ésta institución, han asumido un destacado papel en el proceso de transformación de la organización de la Administración de Justicia que culminará el próximo 5 de mayo y que se ha iniciado de forma piloto en la ciudad de Murcia.


Ambos han sido integrados en la recién creada Comisión Jurídica Asesora para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, de ámbito estatal, de la que forman parte además otros tres Magistrados designados por el Consejo General del Poder Judicial y tres Secretarios Judiciales nombrados por el Ministerio de Justicia, y que cuenta con el apoyo de técnicos de ambas instituciones.

En concreto, forman parte de esta Comisión Jurídica Asesora de ámbito estatal Juan Martínez Moya, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia; Ana Ferrer, Presidenta Audiencia Provincial de Madrid; María José Feliu, Magistrada Decana de Barcelona; Blanca Subiñas, Magistrada Decana de Burgos; María Antonia Amigó, Secretaria Gobierno Cataluña; Javier Parra, Secretario Gobierno Murcia; José Luis Gómez, Secretario Coordinador Burgos; María José Gandásegui, Secretaria en la Audiencia Nacional.

Además, Murcia es una de las ocho ciudades del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia en las que se va a proceder a la implantación de la Nueva Oficinal Judicial, junto con Burgos, Cáceres, Ceuta, Ciudad Real, Logroño, Melilla, Palma de Mallorca. Por lo que igualmente ésta contará con un Grupo Jurídicos de Implantación, de carácter territorial, integrado por el Juez Decano de la ciudad, Miguel Pasqual del Riquelme, la Secretaria Coordinadora Provincial, Nieves Sánchez Ruiz, además de magistrados y secretarios.

Esta Comisión tiene como objeto principal el establecimiento de recomendaciones de coordinación entre Jueces y Secretarios Judiciales para el adecuado desarrollo un nuevo sistema de ordenación y distribución de los recursos y de desempeño de la actividad judicial, con el fin de alcanzar un servicio público de calidad.

Fuente: murcia.com

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A la juez Angela Murillo le sale un grupo de fans en Facebook

En un solo día, la juez Ángela Murillo ha logrado copar titulares y despertar amores y odios a partes iguales. La magistrada que preside el tribunal encargado del caso de Arnaldo Otegi hizo correr ríos de tinta este jueves después de pronunciar varias expresiones que no han dejado a nadie indiferente. En concreto, Murillo contestó con la expresión "¡A mí como si quiere beber vino!", cuando la abogada de Otegi preguntó si su defendido podía beber agua. Poco después, pronunció la frase "es evidente que la Sala no ha entendido ni papa" tras emitirse un vídeo en euskera.



Esta forma de expresarse le valió no pocas críticas a lo largo del día. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y el PNV tardaron muy poco en salir a la palestra pública para protestar por su actitud dentro de la sala. Los primeros consideraron "desafortunados" estos giros, los segundos criticaron "las formas" y los terceros cuestionaron el uso de "expresiones castizas", en palabras de Emilio Olabarría.

Pero no todo fueron protestas. El Foro de Ermua salió en defensa de Murillo asegurando que está "actuando de manera absolutamente imparcial". El portavoz del Foro, Fernando García Capelo, recalcó que la juez está tomando incluso precauciones que sólo se dan cuando los acusados pertenecen a Batasuna y a su entorno. Citó, en este sentido, que Murillo ha permitido un segundo traductor, a pesar de que ya existía uno.

Eso sí, los que se han rendido a sus pies son los integrantes del grupo de fans que se ha creado inmediatamente en Facebook. Bajo el lema La juez Ángela Murillo (Por mí como si quiere beber vino), el grupo incluye una fotografía de la magistrada y este jueves por la tarde ya contaba con 56 fans.

Asimismo, en la presentación del grupo se incluye un enlace a un vídeo sobre el momento en el que Murillo pronunció la frase sobre el vino. En la presentación del grupo también se dice lo siguiente: "Con un par de ovarios, olé, olé, por Ángela Murillo".

Cabe recordar que Arnaldo Otegi está siendo juzgado estos días en la Audiencia Nacional por participar en un homenaje al etarra José María Sagarduy, alias Gatza, en 2005. Además, Otegi anunció a través de su abogada que lleva en huelga de hambre desde el lunes, secundando así la campaña de protestas anunciada por el colectivo de presos de ETA.

Claro que, lo que no podía esperar el dirigente batasuno es que iba a ser precisamente la juez de su caso la que le robara el protagonismo en los titulares, y su huelga (sin confirmar por Instituciones Penitenciarias) quedara deslucida de esta manera.

Fuente: elsemanaldigital.com

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miércoles, enero 27, 2010

Valladolid: Justicia deja en plena crisis a ocho juzgados sin nueve funcionarios

El Ministerio de Justicia comunicó la semana pasada al Decanato de los Jueces de Valladolid la supresión de nueve plazas de funcionarios por amortización, una circunstancia que afectará a ocho Juzgados de Primera Instancia que son los 'más castigados' por la crisis económica, al tramitar expedientes de reclamaciones por impagos de deudas y desahucios. Esta decisión ha causado un fuerte malestar no sólo entre la judicatura vallisoletana, sino entre el personal que lleva años trabajando en el mismo órgano jurisdiccional.


La desaparición de este puesto de trabajo afectará a un funcionario de tramitación (antiguos auxiliares) de cada uno de los siguientes juzgados de Primera Instancia: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos ellos, en los dos últimos años han visto crecer su carga de trabajo (una media de 2.800 asuntos por año) por los pleitos relacionados con la recesión económica.

El escrito del Ministerio del pasado 20 de enero establece que los funcionarios que están actualmente en esos destinos tienen cinco días para concursar para otros puestos en Juzgados de la capital. En el caso de que ninguno de los nueve empleados públicos quiera optar a otra vacante, deberá cesar el funcionario más moderno.

Fuentes del Ministerio argumentan que esta amortización de las nueve plazas de funcionarios servirá para reforzar los juzgados de Primera Instancia 3, 11, 12, 13, y 14 que se crearon con varios empleados menos. A los tres primeros irían trasladados tres funcionarios, al 13 dos, mientras que al Juzgado de Primera Instancia 14, que entró en servicio el pasado 30 de diciembre, se destinarían los cuatro funcionarios restantes.

Ignacio Segoviano, juez decano de Valladolid, dijo «no comprender esta decisión del Ministerio de amortizar plazas en plena crisis económica».

Fuente: nortecastilla.es

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Funcionarios y calorías

La crisis es un mal que puede venir bien si sacamos alguna enseñanza. Esto es especialmente vital en nuestro caso, porque la crisis española tiene sus peculiaridades, algunas propiciadas por las rigideces del mercado laboral o derivada ciertos lastres estructurales de nuestro sistema productivo. Una de esas peculiaridades es especialmente trágica, me refiero a un déficit público creciente. Según leo, 2009 puede haber cerrado alcanzando al 12% del PIB, con lo cual ya se empieza a vislumbrar para qué vamos a trabajar los españoles, de esta hora y de la venidera.


No entro en cómo han incidido en ese déficit medidas estrictamente paliativas que al final se traducen en más gasto, no precisamente productivo. Si hablo de sacar alguna enseñanza es porque, aprovechando la crisis, hay que plantearse no ya qué déficit puede soportar España y si tenemos capacidad para financiarlo sino, además, si el Estado diseñado en la Constitución lleva camino de ser inviable. No me refiero sólo a lo territorial, sino a otros aspectos más del día a día de cada ciudadano. Por ejemplo, habrá que plantearse si somos capaces de financiar un Estado Social cuyo mantenimiento exige buena y racional gestión y generar mucha riqueza.

Salarios públicos

Me detengo ahora en el titular de EXPANSIÓN del pasado día 15. Decía que “Los funcionarios cuestan 6.000 euros a cada familia”. Iba acompañado de un editorial cuyo título era toda una declaración de propósitos: “Pinchar la burbuja de los funcionarios”. Además, afirmaba que “Estado, autonomías y municipios ignoran la austeridad” pues uno de cada cuatro euros de gasto público está destinado a los salarios funcionariales. Soy juez, mi nómina está en los presupuestos generales del Estado, mis conciudadanos me la pagan, luego debo concluir que, técnicamente, soy funcionario. Leyendo esas páginas me sentí concernido y con cierto cargo de conciencia: ¿No seré un lastre? ¿Cuántos pierden el trabajo o no cobran paro mientras que a mi y a otros millones de funcionarios, el Estado nos paga una nómina? ¿Esto debe ser así?

Sólo dos países europeos se han multiplicado en los últimos treinta años. Uno es Alemania, tras la reunificación. Pese a ser una potencia, llevar ese peso le ha costado y le cuesta. El otro es España, que no está precisamente reunificándose. España se ha multiplicado y de su seno han salido diecisiete pequeños estados gastones, en muy buena medida sustentados por el Estado-matriz. Únase el dinamismo municipal, su endeudamiento y la proliferación en todos los ámbitos –estatal, autonómico, local– de órganos y organismos públicos varios. Si a esto se le añade, como decía, que la cláusula de Estado Social llama a una acción prestacional de todas las Administraciones, habrá que concluir que nuestra Constitución es cara, es casi un artículo de lujo, y todo lujo es lícito si uno puede permitírselo.

Horizonte de estancamiento

Hasta hace poco la estabilidad presupuestaria se cumplía, lo que demuestra que España puede financiarlo, todo depende de que se generen recursos y se financien los servicios racionalmente. Ahora que vamos a un horizonte de estancamiento es bueno plantearse con sinceridad si España, como Estado, vive por encima de sus posibilidades. Y esto lleva al número de funcionarios, lo que se presenta como paradigma de derroche público. Pero habría que aclarar qué se entiende por funcionario. Si lo entendemos en sentido jurídico o “funcionario” es todo aquel que cobra de un presupuesto público. Si es esto último también lo es el que trabaja para empresas que viven de subvenciones o son adjudicatarias de contratos públicos y hasta podríamos ensanchar el concepto para dar cabida a pensionistas, parados con subsidio de desempleo, trabajadores de baja, etc.

La otra España real

Me quedo con el concepto estricto de funcionario y resulta paradójico que el número de funcionarios haya aumentado hasta cifras a las que se referiría EXPANSIÓN y, sin embargo, hay cuerpos funcionariales cuya actividad es vital, pero que entran en el mismo saco junto con los “nuevos funcionarios”. Me refiero a los surgidos de unas Administraciones que han ido creando órganos y organismos prescindibles. Pienso por un momento en la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. No sé qué presupuesto consume, la tomo como simple muestra de laboratorio y me pregunto: ¿Para qué sirve? ¿Es razonable el gasto que implica, por poco que sea? Como se sabe, de esa Agencia salió la ministra Aido catapultada para otro órgano de dudosa utilidad: el Ministerio de Igualdad. Aquí tenemos dos muestras de la otra España real.

A partir de aquí podríamos plantearnos cuántos cargos se han generado a golpe de Administraciones, órganos y organismos manifiestamente prescindibles. Frente a tanto cargo inútil pienso en la injusticia que se hace con otros Cuerpos de gran prestigio, estimados por los ciudadanos; pienso en servicios esenciales gestionados por un personal cualificado y competente. Unos y otros sí son imprescindibles pero que hacen lo que pueden, siempre escasos de medios, tanto materiales como humanos. Mientras que se les mantiene en esa escasez, a su lado ha ido creciendo un bosque de Administraciones, poblado de centenares de árboles bien recargados de altos cargos, cargos de confianza, contratados laborales, funcionarios pertenecientes a Cuerpos de novísima creación, etc. que han ido absorbiendo todo el esfuerzo para financiar ese ingente gasto público.

La cuestión no es el número de funcionarios sino cuáles son los realmente necesarios; cuáles son rentables por aportar, por ejemplo, orden, seguridad, por gestionar servicios imprescindibles o esenciales. Si ponemos el listón en el número, tengan por seguro que lo determinante será esa tendencia del político a valorar lo que le da poder e influencia. Hay mucha materia grasa en este Estado tan obeso, que ha ganado tantos kilos a base de caprichos de esa clase política que nació a golpe de nuevas Administraciones, pero ya no hay dinero para tanta chuchería. Habrá que inculcarle nuevos hábitos alimenticios, empezando por lo que alimenta y genera grasa, pero de la necesaria.

Un artículo de opinión de Jose Luis Requero, magistrado.

Fuente: expansion.com

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Venezuela: Justicia hasta mediodía

La resolución del TSJ mediante la cual se limita el horario de funcionamiento de los tribunales del país hasta la 1:00 pm, constituye una de las consecuencias más graves del racionamiento eléctrico que el Gobierno nacional impuso a los venezolanos. Todas las instancias de la justicia se hallan parcialmente inoperantes, lo que limita sustancialmente el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.


En materia penal, por encontrarse en juego la libertad de las personas, la situación es más preocupante. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, de los casi 32 mil presos que hoy se encuentran en las cárceles, alrededor de 21 mil son procesados en espera de una decisión condenatoria o absolutoria. Con la medida restrictiva del trabajo de los juzgados, el retardo procesal aumentará de forma considerable. Las distintas audiencias son constantemente diferidas. El hacinamiento, que ya tiene colapsados a los penales, será aún mayor. A los detenidos se les está cercenando el derecho al debido proceso.

Por su parte, los ya condenados también ven disminuir la posibilidad de obtener la libertad condicional a través del otorgamiento de un beneficio procesal. El caos penitenciario recrudecerá.

En cuanto a las víctimas de los hechos punibles, las posibilidades de que obtengan justicia disminuyen drásticamente. De conformidad con el informe del Ministerio Público correspondiente a 2008, la impunidad en Venezuela en relación a los delitos comunes alcanzó cerca del 97%; es decir, sólo aproximadamente 3% de los delincuentes fueron acusados. Estas patéticas cifras de justicia se obtuvieron con los tribunales funcionando en horario completo. No resulta difícil imaginar lo que sucederá ahora que laborarán únicamente medio tiempo. Con esta situación, que también obstaculiza la labor investigativa de la Fiscalía, la gran mayoría de los aproximadamente 15.000 homicidios ocurridos en 2009 quedará sin castigo.

Tratados internacionales -como la Convención Interamericana de Derechos Humanos- establecen que la justicia no puede ser paralizada, ni siquiera mediante un decreto de suspensión de garantías. Hoy el TSJ lo hace mediante una simple resolución. De un plumazo, pues. A todos los ciudadanos se les está violando el derecho a la tutela judicial efectiva.

Actualmente, por culpa de un Gobierno que no hizo en su momento las inversiones necesarias para evitar la crisis eléctrica, los venezolanos se encuentran desamparados frente a los órganos de justicia. Lo paradójico es que mientras los tribunales laboran sólo medio día, los delincuentes trabajan a tiempo completo y hasta horas extras azotando la sociedad.

Fuente: eluniversal.com

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Ceuta: Apedrean a un agente judicial cuando iba a entregar una notificación

Un coche de la Policía Local fue apedreado el lunes cuando se encontraba en el interior de la barriada Príncipe Alfonso. Como consecuencia de la agresión al vehículo, una de las lunas presentaba un agujero, la chapa estaba dañada por diferentes zonas y sus ocupantes, un policía y un agente judicial, quedaron completamente sumidos en un estado de nerviosismo y ansiedad difícilmente superable a corto plazo.


Los hechos ocurrieron por la mañana, cuando el agente judicial se dirigía a una de las viviendas de la zona para entregar en mano una notificación oficial del Juzgado. Según fuentes cercanas, es habitual que un policía y un coche oficial perfectamente identificado acompañen al funcionario de Justicia para que pueda realizar su trabajo sin problemas. Fue en la calle San Daniel, en pleno corazón del Príncipe, cuando un grupo de individuos comenzó a lanzar piedras contra el vehículo.

De momento se desconocen los motivos de tal agresión, aunque los continuos altercados que se producen en la zona con los servicios públicos parecen haber convertido esta práctica en algo habitual. Precisamente la semana pasada, el viernes, el cuerpo de Bomberos se quejaba de que les habían apedreado cuando se disponía a apagar un contenedor ardiendo que había cerca del colegio Reina Sofía. Afortunadamente, nadie resultó herido en el ataque al coche policial ni a los Bomberos, aunque en ambos casos la indignación por los ataques se une a la incomprensión de tales hechos.

Con anterioridad, otros servicios públicos han sido objeto de agresiones injustificadas por parte de un grupo de vándalos que, en algunos casos, provocan incendios y situaciones similares para atraer a sus potenciales víctimas. Unas víctimas que se encuentran completamente desprotegidas, ya que los medios para evitar este tipo de incidencias no están funcionando de forma correcta. “No nos queda más remedio que seguir subiendo y aguantarnos”, aseguraron fuentes policiales. Los problemas con el autobús son un caso aparte. Los responsables políticos mediaron en ese conflicto y pusieron en marcha unas medidas extrapoliciales para atajar una cuestión que superaba a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y se centraba en lo meramente conductual. El transporte público llegó a no transitar por el interior de la barriada aunque, finalmente, tras el trabajo realizado, los conflictos se han reducido y el autobús está pudiendo realizar su recorrido a través del Príncipe.

Los apedreamientos, que se están convirtiendo en un mal endémico y permanente, deben ser tratados de forma urgente.

Fuente: elfarodigital.es

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Plasencia: Licencia de obras al proyecto de construcción de los nuevos juzgados

El Ayuntamiento otorgó licencia de obras a la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia para la construcción del nuevo edificio de los juzgados en una parcela situada cerca de la Factoría Joven. La edil de Urbanismo, María Victoria Domínguez, informó de la concesión de la licencia. El Ministerio de Justicia invertirá alrededor de 9 millones de euros en dichas obras, de los que 4,5 millones han sido consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2010.


El nuevo edificio de los juzgados tendrá una superficie construida de unos 7.500 metros cuadrados de los que las dependencias ocuparán unos 5.550, dedicándose el resto a zonas comunes, pasillos o vestíbulos. La superficie útil se queda en torno a los 6.500 metros. La nueva sede de la oficina judicial incluirá 10 órganos de distintas jurisdicciones.

Cuatro de reserva

Esta cifra engloba los seis existentes más cuatro de reserva con vistas a la implantación de nuevos tribunales. Actualmente, hay en la ciudad cuatro juzgados de Instrucción y Primera Instancia, uno de lo Penal y uno de Social.

El nuevo edificio contempla dos de reserva más de Primera Instancia e Instrucción y otros dos más, respectivamente de lo Penal y de lo Social o de lo Contencioso. Asimismo, acogerá un Juzgado y Fiscalía de Menores de reserva y habilitará una sede de Fiscalía con capacidad para 12 fiscales, seis más de los que hay en la actualidad.

Cada nuevo juzgado constará de un despacho para el juez, otro para el secretario, oficina de apoyo, sala de declaraciones anexas a los despachos de jueces y magistrados, antesala, sala de espera de detenidos y archivo. El acceso al público a estas dependencias queda restringido al público. Cada uno de los 10 juzgados se proyecta con una superficie de 135 metros cuadrados.

El Juzgado y Fiscalía de Menores tendrá una superficie de 200 metros cuadrados con despachos para juez, secretario, fiscal, asistente social psicólogo, educador, oficina UPAD, sala de declaraciones, de espera de detenidos, antesala y archivo. También tiene acceso restringido. La Fiscalía, con unos 380 metros cuadrados, acogerá 12 despachos más una oficina administrativa, sala de juntas y archivo, con acceso limitado al público.

Las salas de vistas del nuevo edificio son cinco, con una superficie de unos 60 metros cuadrados, más una de 90 metros cuadrados. Las dependencias del Registro Civil contarán con unos 300 metros con sala para la celebración de bodas. El Juzgado de guardia dispondrá de 191 metros y estará en una ubicación que le permita estar abierto al público fuera de horario normal margen del resto del inmueble.

Fuente: hoy.es

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martes, enero 26, 2010

Madrid: Granados pide más juzgados de Violencia de Género

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, insistió en que el Gobierno regional va a seguir en la línea de pedir más juzgados de Violencia de Género porque considera que los que hay actualmente son "insuficientes" y, sobre todo, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años se han triplicado el número de casos.


El consejero hizo esta petición durante su visita a las nuevas instalaciones de los Juzgados de Violencia de Género en la calle Manuel Tovar, 6, complejo que, desde el pasado 30 de diciembre, agrupa los 11 juzgados de Violencia sobre la Mujer con los que cuenta Madrid capital, así como 5 Juzgados de Primera Instancia.

Según indicó Granados, estos juzgados suponen el "primer paso hacia ese proceso de concentración de sedes judiciales" que ha anunciado el Gobierno de la Comunidad en varias ocasiones y que va ligado a uno de los objetivos básicos de la región: poner "todos los medios necesarios para luchar contra la violencia de género".

No obstante, destacó que el número de Juzgados en esta materia, y en todas en general, es "insuficiente" como lo son el número de jueces y fiscales en la Comunidad de Madrid. "Sin duda, la Comunidad es la que mayor carga de trabajo soporta por muchos motivos, entre ellos, por su capitalidad y eso hace que muchísimos asuntos terminen en Madrid aunque no se hayan iniciado en Madrid", destacó.

Teniendo en cuenta que en lo que se refiere a Violencia de Género, entre 2005 y 2009, según los últimos datos, se ha multiplicado por tres el número de asuntos que se han tramitado en los juzgados, Granados consideró que hay que "hacer un gran esfuerzo en medios de todo tipo, los de funcionarios, jueces y fiscales" para ganar "esa lucha implacable".

"Seguiremos insistiendo en que se siga abriendo Juzgados de Violencia. Este año se han abierto tres en esta planta, y seguiremos en esa línea de petición al Ministerio (de Justicia) porque sin duda son insuficientes", manifestó el consejero madrileño de Justicia.

El complejo visitado está constituido por tres edificios, con una superficie construida de 19.157 metros cuadrados. En ellos se encuentran 11 juzgados de Violencia de Género (todos los de Madrid capital), cada uno con su sala de vistas, y cinco Juzgados de Primera Instancia (los números 87, 88, 89, 90, 91).

Los primeros cuentan con un total de 135 funcionarios, entre los cuerpos de gestión, tramitación, auxilio judicial y médicos forenses; además tienen un psicólogo y un trabajador social por cada juzgado. Los de primera instancia, por su parte, disponen de 50 trabajadores, repartidos en los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial.

NEGOCIACIÓN CON LOS TRABAJADORES SOCIALES

Preguntado por cómo está la situación de la presencia de trabajadores sociales en las guardias de los juzgados, Granados recordó que se trata de un problema "antiguo" derivado de que no se alcanzó un acuerdo salarial con estos trabajadores en cuanto a la retribución de las guardias.

Según el consejero, esto está provocando que fuera del horario normal de trabajo no se estén prestando esas guardias, lo que no significa que "siempre que se haga necesaria la presencia de estos trabajadores fuera de este horario, por suerte, se desplacen y estén atendiendo cuando se producen estos casos".

Así, destacó que confía en que "muy rápidamente" se llegue a un acuerdo para que se preste ese servicio "tan importante y en las mejores condiciones". No obstante, subrayó que hasta lo que él sabe, "nunca se ha producido el que como consecuencia de esta pequeña diferencia salarial, no se haya atendido a nadie por este motivo. "No ha ocurrido y por eso agradezco esa disponibilidad a los trabajadores", concluyó.

Fuente: Europa Press

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Condenan a ocho semanas de prisión a una mujer por sus gritos al hacer el amor

Según BBC, Caroline Cartwright, británica de 48 años, ha sido condenada a ocho meses de prisión en suspenso por un tribunal de Newcastle por violar una sentencia anterior que advertía a la mujer por exceso de ruido y que derivó en una orden de conducta antisocial por incumplimiento. La mujer se ha defendido pidiendo "respeto a su vida privada y familiar".


Según la BBC, los vecinos reclamaban que los ruidos del matrimonio durante sus prácticas sexuales no dejaban a los vecinos dormir por las noches. La jueza Beatrice Bolton, que dictó la sentencia, ha asegurado haber escuchado un breve extracto de los ruidos de la mujer y dijo que "puedo comprender que sus vecinos estén ofendidos y angustiados". "El problema está en que sólo un día después de la primera sentencia, violó la orden. Tres días después, otra vez".

"Está claro que no hace ningún esfuerzo por guardar silencio", ha explicado la jueza, que además ha advertido a Caroline Cartwight que si vuelve a cometer nuevas infracciones de esta naturaleza, "irá a prisión". La mujer, si no quiere ingresar en la cárcel, deberá pasar doce meses sin gritar tanto mientras hace el amor.

Según expone la BBC, los vecinos denunciaron ruidos casi "sobrenaturales" que hacían pensar incluso en un asesinato a los vecinos. Algunos vecinos de los Cartwright contaron algunas de las molestias ocasionadas, como llegar tarde a su trabajo debido a imposibilidad de dormir por los ruidos "antinaturales" que producía.

En una audiencia previa, la mujer explicó que no lograba bajar el volumen de sus gritos cuando mantenía relaciones sexuales con su marido. Un sonómetro instalado en un apartamento vecino midió hasta 47 decibelios.

Fuente: Libertad Digital , Minuto Digital

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Zaragoza: Creada una coordinadora contra el traslado de las sedes judiciales

La Asociación de Vecinos Lazuna-Casco Viejo ha impulsado la creación de una coordinadora ciudadana contra el traslado de las dependencias judiciales del Casco Histórico a Ranillas. Así lo confirmó el presidente de esta agrupación vecinal, Javier Rodríguez, quien aclaró que han contactado ya con los trabajadores de Justicia, con los sindicatos, con el Colegio de Arquitectos de Zaragoza para defender esta postura.


En opinión de los vecinos del Casco Histórico, si los juzgados de la plaza del Pilar y los juzgados que ahora se ubican en el antiguo edificio de Gay en la calle Alfonso I se marchan al Actur, tal y como anunció el Gobierno de Aragón, "los pocos comercios que quedan y la hostelería se verán abocados al cierre".

Para este colectivo, no sería suficiente que los funcionarios de la consejería de Política Territorial y Justicia llegasen a la plaza del Pilar porque los juzgados mueven diariamente a unas 3.000 personas que acuden al Casco Histórico para intentar resolver numerosos trámites administrativos.

Rodríguez explicó que continuarán los contactos con otros colectivos ciudadanos para lograr más apoyos. El portavoz de esta coordinadora considera que dejar en el Casco Histórico la Audiencia Provincial, Fuenclara y la Imprenta Blasco no sería suficiente para mantener la vida en el barrio.

De hecho, el propio alcalde Juan Alberto Belloch ha explicado que si se cumplen estas decisiones del Gobierno autónomo habrá que pensar en llevar nuevos equipamientos públicos para el distrito y que, en cualquier caso, el proceso de regeneración emprendido se retrasará.

El acuerdo unilateral del Ejecutivo autónomo de llevar las dependencias judiciales a Ranillas ha causado también malestar en Izquierda Unida. El concejal de IU y presidente del distrito, José Manuel Alonso, se opone frontalmente al traslado porque supone "un ataque frontal a los intereses del corazón de la ciudad de la mano del peor modelo urbanístico". Según Alonso, el único interés del Gobierno aragonés pretende "dar un pelatozo urbanístico en toda regla en el corazón de la ciudad a fin de vaciarlo".

Fuente: elperiodicodearagon.com

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La Justicia catalana advierte de que la supresión del traslado forzoso la está dejando sin jueces

Los jueces escapan de Cataluña. Las últimas reformas legislativas que suprimieron el traslado forzoso cuando un juez asciende a magistrado, ha incrementado la ya crónica escasez de jueces titulares en la comunidad catalana, lo que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a advertir de que esta situación puede obligar a suspender juicios. Fuentes judiciales explicaron que pocos de los jueces que pasan por Cataluña se quieren quedar, por problemas con el idioma. Todas las actuaciones judiciales tiene que ser en catalán. «Hay más funcionarios dedicados a traducir los documentos al catalán que para tramitar los procesos».


La sala de gobierno del tribunal hizo público un comunicado en el que expresa su «profunda preocupación» por esta situación y de la petición al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para que solucionen el problema generado por las plazas vacantes de jueces y magistrados en Cataluña.

Precisa el comunicado que de las 735 plazas adjudicadas a la comunidad catalana hay actualmente 152 vacantes, lo que ha provocado que haya 200 jueces sustitutos trabajando (un 27% del total). Las vacantes se concentran en los órganos unipersonales y en las audiencias provinciales, por lo que la sala de gobierno «cree necesario y urgente adoptar medidas para paliar esta difícil situación».

Según el TSJC, este problema no existe en ninguna otra comunidad, «salvo en Canarias y en menor medida». Reconocen que esta situación «era previsible» tras suprimirse el traslado forzoso. Como solución proponen la revocación por necesidades del servicio de las comisiones de servicio concedidas a jueces y magistrados con destino en Cataluña y la denegación de las que puedan solicitarse hasta que se normalice la situación, y ofertar a los jueces adjuntos en prácticas plazas que estén desiertas, además de incentivar económica o profesionalmente las plazas en esta comunidad.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, les respondió que el Gobierno está realizando un «esfuerzo máximo» por incrementar el número de jueces de toda España y como prueba son las 750 nuevas plazas convocadas en los últimos tres años.

Fuente: lavozdegalicia.es

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lunes, enero 25, 2010

Málaga: Los asuntos judiciales pendientes crecen un 30% en dos años

Los asuntos judiciales pendientes en Málaga (que suman más de 119.000 a finales del año pasado) han aumentado un 30,2% desde 2007 a finales de 2009, según ha denunciado la portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, quien ha calificado esta cifra de "preocupante" y ha afirmado que la justicia en Andalucía, "no sólo no mejora sino que empeora permanentemente".


Asimismo, ha manifestado que la provincia malagueña es la que cuenta con más ejecutorias y procedimientos sin resolver de Andalucía, ya que cuenta con un 23,6% del total andaluz en el primer caso y un 21% en el segundo.

Por otra parte, Oña ha explicado que, de los 61 millones de euros de inversión que hay previstos destinar en materia de justicia en Andalucía "a Málaga sólo le corresponden 4,4 millones de euros, lo que representa el 7% del total andaluz". "Es injusto que sólo supongamos para el Gobierno andaluz el 7% de los presupuestos, ya que no se corresponden con las necesidades que tiene la provincia", añadió la portavoz popular.

"En Málaga existen 1285 funcionarios de justicia, sin embargo, según el crecimiento que el TSJ estima necesario para toda Andalucía, la provincia debería aumentar el personal en 242 personas", declaró Oña, quien añadió que de los 143 órganos judiciales que existen en la provincia, serían necesarios 21 más, "a pesar de que la promesa presupuestaria para este año es de sólo uno".

Respecto a los juzgados específicos de violencia de género, la popular explicó que existen sólo cinco cuando la ley establece que se deberían disponer de doce.

Fuente: elmundo.es

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El CGPJ pide estimar el coste judicial del cierre de páginas web

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cree que la asignación de la Audiencia Nacional como órgano competente para la autorización o no del cierre de páginas web de descargas ilegales podría suponer una sobrecarga de trabajo extra para la Administración de Justicia que el Gobierno debería tener en cuenta.


Así lo ha puesto de manifiesto en un informe jurídico sobre el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), remitido por el Ministerio de Justicia.

Al final del informe, el órgano de Gobierno de los jueces señala que en la Memoria de la Ley de Economía Sostenible "no se valora de forma específica el efecto que puede derivarse de la concentración en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de la nueva competencia atribuida en virtud del proyectado artículo 90.5 LOPJ".

El texto explica que se trata de una "materia que habría interesado especialmente al Consejo, dado que semejante atribución puede traducirse en una importante carga adicional de trabajo, lo que acaso pudiera derivar en la necesidad de ampliar la planta de esos juzgados o en establecer ciertas medidas de refuerzo".

Carga adicional

El Poder Judicial afirma que "es consciente de la dificultad de precisar el impacto económico y presupuestario de una Ley tan extensa y heterogénea como la Ley de Economía Sostenible".

Sin embargo, considera que "sería deseable que, tal y como en la propia Memoria del Análisis de Impacto Normativo se prevé (página 51), se aborde un análisis de tipo cuantitativo -aunque sea a posteriori- que tenga en cuenta el impacto de las reformas propuestas en términos de empleo, actividad y precios".

A lo que añade que, "cuando menos, podría hacerse alguna referencia -siquiera fuese aproximada- al número de procedimientos administrativos anuales que se calcula que podría tener que instruir y resolver la Comisión de Propiedad Intelectual en esta materia para, partiendo de esa cifra, establecer cuántas intervenciones podrían ser necesarias por parte de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo".

Funciones asignadas

Por lo demás, el informe del Poder Judicial considera adecuada la elección de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo como competentes para atender esta materia, "dado el ámbito territorial de los derechos en juego y del órgano del que emana la resolución".

Sostiene el texto que la asignación de competencias a órganos del orden contencioso-administrativo para autorizar o ratificar las medidas que haya podido adoptar un órgano administrativo con carácter previo, no son ajenas a nuestra legislación.

Recuerda que a la jurisdicción de lo contencioso-administrativa se le asigna toda una serie de funciones como, por ejemplo, la competencia para autorizar la entrada en domicilios y otros lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública, por lo que encaja con la competencia atribuida en este caso.

Fuente: EcoDiario

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Madrid: El Registro Civil Unico carece de salidas de emergencia y plan de seguridad

"El día que pase algo no sé cómo saldremos de aquí". Es la preocupación de José María Ferrer, uno de los cinco magistrados encargados del Registro Civil Único de la calle de Pradillo. Tres pisos más arriba, Ignacio, un arquitecto que tramita los documentos de su boda, se pregunta cómo salir de un edificio "donde la evacuación es imposible". La intranquilidad por la situación del Registro la comparten jueces, funcionarios y ciudadanos.


El edificio, construido en 1984, nunca ha cumplido un plan de seguridad antiincendios, no tiene salidas de emergencia y sus escaleras apenas miden un metro de ancho, haciendo imposible la evacuación. El responsable de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, de quien depende este edificio, por el que pasan diariamente más de 1.000 personas, reconoció que la situación es "injustificable".

La Comunidad de Madrid asumió las competencias del inmueble en 2003. Después de siete años sin que se haya tomado ninguna medida, Granados asegura que se enteró de la situación "hace unos días por los medios de comunicación". La Dirección General de Seguridad e Interior "tuvo constancia hace unos meses" de la situación del edificio, pero "ya ha recibido órdenes para poner en marcha un estudio para subsanar estas deficiencias", dijo Granados.

EL PAIS se puso en contacto con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para conocer las causas de las deficiencias en materia de incendios y el plan de evacuación del edificio el pasado martes. Una portavoz afirmó desconocer la existencia de un plan de seguridad y añadió que, en el caso de que fuera cierto que carece de salidas de emergencia, el edificio había sido cedido por el Ministerio de Justicia tal cual, "cuando ya estaban vigentes las actuales normativas de seguridad antiincendios". ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora? "Habría otras cosas más prioritarias que solucionar", zanjó la portavoz. El consejero Granados afirmó que se había puesto en marcha un estudio -con un presupuesto de 400.000 euros, según la consejería- para solventar las irregularidades.

La normativa de protección de incendios en vigor no es retroactiva. Es decir, que los edificios construidos antes de la publicación de los reglamentos -los dos que se tienen en cuenta en las inspecciones de los inmuebles madrileños datan de 1993 y 1997- no tienen la obligación legal de adaptarse a la norma.

Francisco Granados, a pesar de asumir su obligación, ha recordado que el edificio es "heredado", aunque esto no les "exime de responsabilidad". Sin embargo, afirmó que la misma situación del Registro Civil se produce "en otros inmuebles de la Comunidad, y en ayuntamientos de todo color político. Son edificios públicos, que tienen que ir adaptándose a la normativa actual". A lo que agregó: "Y nosotros lo vamos a hacer".

Fuente: elpais.com

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El Gobierno maniobra para evitarle un mal trago a Garzón

Cuenta ABC este lunes que el Ejecutivo ha intentado presionar al juez Luciano Varela para que archive la causa que instruye contra Garzón por un delito de prevaricación durante la investigación de las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. ¿Cómo? Ofreciéndole la suculenta oferta de ser miembro del Tribunal Constitucional.


A finales de este año las vacantes en el Tribunal Constitucional ascenderán de las cinco actuales a ocho. A las cuatro que llevan pendientes de renovación en el Senado desde hace más de dos años, se suman la causada por el fallecimiento de Roberto García Calvo y las otras tres cuya renovación deberá producirse también el próximo mes de noviembre en el Congreso.

Según el diario de Vocento, los cantos de sirena comenzaron en verano, procedientes de los ministerio de Presidencia o Interior. Coincidiendo o justo después de la declaración de Garzón como imputado, que se produjo a principios de septiembre. ¿Por qué al Gobierno le interesa evitar a toda costa una causa penal contra el juez estrella? Porque, de otra forma, Garzón sería suspendido y apartado del juzgado. Lo que le obligaría, entre otras cosas, a dejar la causa del chivatazo a ETA en otras manos.

Fuentes del TS creen que las presiones recibidas por Varela bien podrían ser la causa principal -aunque quizás no la única- de su tardanza en tomar una decisión sobre el archivo o no de las tres querellas presentadas contra Garzón. Máxime cuando, al poco tiempo de la admisión a trámite por la Sala Segunda de la primera de ellas -la de Manos Limpias, luego vendrían las de Libertad e Identidad y Falange Española de las Jons-, Varela afirmó delante de muchos de sus compañeros su intención de resolver rápidamente el asunto y, casi con toda seguridad, de llevar a juicio al querellado. El escrito de Manos Limpias fue admitido a trámite el 27 de mayo de 2009, pero al instructor le faltaba escuchar la versión de Garzón.


Fuente: elsemanaldigital.com

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Navarra: Consolidar las 50 plazas de refuerzo en Justicia ahorraría 250.000 euros

La Administración judicial navarra cuenta en la actualidad con medio centenar de funcionarios que ocupan plazas de interinos después de que sus puestos fueran creados en su día como plazas de refuerzo para afrontar así la sobrecarga de trabajo de las diferentes jurisdicciones. Estos interinos de refuerzo suponen el 10% de los 520 funcionarios de Justicia de la Administración foral.


Algunos de ellos remontan su eventualidad a hace ocho años y más de una decena cuentan con una antigüedad como refuerzo superior a seis años.

Tomando el dato como referencia, la comisión de Personal del funcionariado judicial envió una carta a la Dirección General de Justicia, al consejero del ramo, Javier Caballero, y a la mesa de Función Pública, realizando un análisis desglosado del coste de los trabajadores eventuales de refuerzo. Según calculan desde los sindicatos estos interinos suponen a la Administración un sobrecoste respecto a los trabajadores fijos de 250.000 euros al año, más de 5.000 euros por funcionario. Por tal motivo y con objeto de afianzar la planta de trabajadores, la comisión de Personal insiste en que se ha demostrado manifiestamente necesaria el trabajo de estos empleados, creados para reforzar ciertos órganos y que así han seguido perpetuándose sin que se sacara esa plaza a oposición.

Los sindicatos refieren que en cuanto a los nóminas "el coste del personal para la Administración es idéntico en el caso de titulares que de interinos. Pero el coste económico de un trabajador para la Administración no termina en el pago de las nóminas de éstos sino que va más allá, concretamente en el pago de las distintas cotizaciones a los correspondientes regímenes de cada empleado", señalan.

El sobrecoste de estos funcionarios interinos "viene determinado por que se trata de trabajadores que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social, a los que la empresa, en este caso la Administración, debe de aportar el 28,3% de todo el salario bruto del empleado. Sin embargo, los funcionarios fijos de Justicia cotizan al régimen de Clases Pasivas del Estado, la Mugeju (Mutualidad General de Justicia), cuya aportación de la Administración representa el 5,09% de los haberes reguladores que se fijan cada año en la Ley de Presupuestos del Estado, notablemente inferiores al salario bruto de cualquier trabajador de la Administración de Justicia". La diferencia de aportaciones por parte de la Administración Pública respecto de un tipo y otro de trabajadores "es más que notable", según señala la comisión de Personal, que denuncia que el Gobierno "se ofusca en mantener una plaza de refuerzo sin consolidar, una plaza vacante sin sacar a concurso o una desierta sin convocar una Oferta Pública de Empleo".

Según los cálculos realizados por los sindicatos a partir de cobros hipotéticos pero muy cercanos al salario real, por cada interino de refuerzo que la Administración consolidara se ahorraría en torno a 5.000 euros por trabajador al año. En los ejemplos expuestos se calcula que para los interinos del cuerpo de auxilio judicial, con un salario medio de 20.000 euros, la diferencia económica estimada es de 4.642 euros por trabajador, diferencia que se agranda en tramitación (5.220 euros), gestión procesal (6.675) y forenses (9.655,87).

Además, esgrimen que las distancias aumentarían por la mayor antigüedad en la Administración del personal interino, toda vez que la percepción económica de los trienios cotiza en el montante total de la aportación a la Seguridad Social, mientras que el abono para los titulares es siempre igual en cada cuerpo sea cual sea el tiempo que lleven trabajando y sus retribuciones.

Fuente: noticiasdenavarra.com

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domingo, enero 24, 2010

Absuelto el magistrado condenado por "mediar" a favor de un narco

El Tribunal Supremo ha decidido absolver al magistrado José Antonio Martín Martín, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y al que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió cautelarmente hace cuatro años en el ejercicio de sus funciones como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Martín Martín fue acusado de haber asesorado, a través de un intermediario, al abogado de un narcotraficante cuya libertad provisional debía decidir el tribunal que el propio Martín presidía.


Tras la celebración, el martes, de una vista pública en la que el fiscal solicitó la confirmación de la condena, la Sala Segunda del Supremo ha acordado por unanimidad absolver a José Antonio Martín Martín, aunque la sentencia y la totalidad de sus argumentos jurídicos no se conocerán hasta dentro de unos días. El TSJC le condenó a un año y medio de suspensión y al pago de una multa de 7.000 euros. Esa sentencia contó con el voto particular discrepante de un magistrado.

Fuentes del Supremo han explicado que los hechos probados no son constitutivos del delito imputado al magistrado. Señalan que el único consejo que Martín Martín transmitió al abogado del narcotraficante Rafael Bornia Bordón, siempre a través del intermediario W.L. Yanes, consistió en advertirle de que su exposición ante el tribunal debía ser «breve» porque de lo contrario podría poner a los magistrados en su contra.

Consejo sin trascendencia

Según las fuentes citadas, técnicamente no se puede hablar de delito de actividad prohibida a funcionarios. De hecho, explican, no hay un verdadero asesoramiento jurídico sobre qué argumentos debía exponer el abogado defensor del narcotraficante encarcelado; no le dio, en definitiva, un consejo que le ayudara a conseguir la libertad de su cliente y que, por lo tanto, pusiera a ese letrado en una situación de ventaja con respecto a las demás partes durante la vista. La Audiencia Provincial de las Palmas rechazó finalmente la petición de libertad provisional para Julio Bornia Bordón.

La decisión del Supremo supone el cierre del procedimiento penal abierto al ex presidente de la Audiencia grancanaria, hecho que, al mismo tiempo, permitirá al CGPJ reabrir las actuaciones disciplinarias que provocó la actuación de Martín Martín.

Fuentes del CGPJ han indicado que, una vez que el Supremo comunique oficialmente al Consejo la absolución del magistrado, lo más normal es que se levante la suspensión cautelar acordada el 19 de enero de 2006 y se le permita volver a ejercer como magistrado. Al menos hasta que se resuelva el expediente disciplinario.

El magistrado José Antonio Martín y Martín podría reclamar al Ministerio de Justicia miles de euros, en torno a 120.000, por los cuatro años que ha estado parcialmente suspendido de empleo y suelo, tras la sentencia del Supremo que le declara inocente.

El sueldo de un magistrado de la Audiencia ronda actualmente los 4.400 euros. Los presidentes de sección perciben un plus, pero bajo, no llega a los 100 euros.

Teniendo en cuenta que la suspensión cautelar de Martín redujo sus ingresos a unos 1.000 euros mensuales , el juez podría ahora invocar ante el Ministerio de Justicia su derecho a recuperar el dinero que no cobró, que en un cálculo a la baja, considerando que su sueldo era el de un presidente de sección, rondaría los 126.000 euros.

La cifra podría aumentar de forma sensible si Martín calculara lo que dejó de percibir como presidente de la Audiencia Provincial, cargo del que estuvo apartado hasta que cesó, esto es, de enero de 2006 a abril de 2008.

El proceso no se podrá en marcha hasta que no se notifique la sentencia del Tribunal Supremo.

Fuente: ABC.es , canarias7.es

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El tribunal también tiene su corazoncito




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Herrero afirma que la Justicia asturiana no consigue acabar con el atasco

El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, advirtió de la sobrecarga de trabajo existente en los juzgados de lo contencioso-administrativo y del atasco en la jurisdicción de lo social, aunque atisba una evolución positiva en el orden penal. Comentó además que uno de los problemas que acucia a la Justicia asturiana es el de la falta de medios, aunque indicó que se va mejorando «con las transferencias» a la Administración regional, y que, de esa forma, «la cuestión informática se va resolviendo».


De todas formas, entre los aspectos que más le siguen preocupando está «la sobrecarga de trabajo en lo contencioso-administrativo y lo social», órdenes «que cada día están más atascados». No obstante, mostró su satisfacción porque en el ámbito penal (en el que se resuelven los casos de delitos), que es en el que más interviene la Fiscalía, se está «muy al día».

Respecto a la carga de trabajo, comentó que Asturias está dentro del límite considerado como «normal» y recordó que en otras comunidades como Madrid o Cataluña los juzgados y tribunales están «atascados completamente».

«Asturias, en lo penal, va razonablemente bien. Está prácticamente al día en la Audiencia Provincial y en juzgados de guardia», insistió. Y además, el atasco en lo contencioso-administrativo «se ha suavizado con un plan de choque que hubo en los dos últimos años y ahora está teniendo problemas la sala de lo social, ya que ante ella, dijo, «se recurre todo».

También el coordinador de Jueces para la Democracia en Asturias, Julio Juan Martínez, valoró la situación de la Justicia en el Principado y estimó que está en una «mejor situación que otras comunidades».

Puntualizó asimismo que esto no quiere decir que los jueces sean mejores, sino que todo el personal que trabaja en Justicia es mejor que en otras regiones españolas, como por ejemplo en Madrid, donde la situación está «más saturada».

Martínez indicó además que Asturias tiene un volumen de litigios más bajo porque se está capeando «satisfactoriamente» el temporal de estos últimos dos años, periodo en el que hubo un incremento del volumen de trabajo.

«Aquí, afortunadamente, el sistema va mucho mejor, quizá sea porque es una comunidad más pequeña y por lo tanto es más fácil solucionar los problemas», añadió.

En cuanto a la Justicia en el medio rural, y como juez de Cangas de Narcea, Martínez opinó que es más difícil llevar a cabo el trabajo del proceso judicial, lo que afecta principalmente a los ciudadanos.

Fuente: elcomerciodigital.com

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